El Banco de España obtuvo un beneficio neto de 2.004 millones de euros en 2007, lo que implica un incremento del 2,9% en comparación con los 1.947 millones ganados en 2006, según el Informe Anual correspondiente a 2007 publicado hoy por la entidad.
Dentro de estos resultados, el informe de la institución que dirige Miguel Angel Fernández Ordóñez destaca el 'fuerte incremento', del 44,8% de los ingresos obtenidos por intereses, debido en su mayor parte a las inversiones en euros, lo que permitió compensar el descenso del rendimiento de las inversiones en moneda extranjera.
De los 2.004 millones de euros que ganó el Banco de España en 2007 una vez deducida la dotación de 20,2 millones para el Fondo de Atenciones Benéfico-Sociales, 981,21 millones ya han sido ingresados en el Tesoro, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa española, explica el Informe.
A cierre de diciembre de 2007, los activos del Banco de España se elevaban hasta los 175.228,63 millones de euros, un 27,15% más que un año antes.
Asimismo, los activos en oro se situaban en 5.144 millones de euros a cierre de diciembre tras retroceder el 20,46 por ciento, en tanto que los activos en moneda extranjera crecían el 25%, hasta 6.328 millones, una vez sumados los correspondientes a los residentes y no residentes en la zona euro.
En el pasivo del balance del Banco de España destaca que al cierre de 2007 el saldo de los billetes en circulación era de 67.612 millones de euros, el 9,9% del total emitido por todos los bancos centrales de la eurozona, saldo que creció el 7,5% en comparación con el año anterior, explica la entidad.
Las distintas entidades de crédito mantenían en el Banco de España un volumen de depósitos de 52.320 millones de euros al final de 2007, unos 31.762 millones más que un año antes, debido especialmente al incremento de los depósitos a plazo fruto de la decisión del Instituto de absorber liquidez y contener así los tipos de interés en el mercado monetario a corto plazo.
En cuanto a las Administraciones Públicas, el saldo vivo de los depósitos que tenían en el Banco de España el pasado 31 de diciembre ascendía a 18.030 millones de euros, casi 3.000 millones más que en 2006, fundamentalmente por el incremento de los saldos mantenidos por las Administraciones de Seguridad Social.
La entidad destinó el año pasado 211,14 millones de euros a retribuir a su personal y a engordar sus planes de pensiones, lo que representó un 3,2% más que en 2006, consecuencia tanto de las mejoras recogidas en el Convenio Colectivo firmado en 2007 como del ligero descenso de la plantilla, explica el banco.
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Anónimo
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jueves, 19 junio, 2008
En su discurso de presentación del Informe, el gobernador destaca que las tasas de inflación superiores al 4 por ciento suponen una fuerte merma en el poder adquisitivo de la población, desanima el consumo corriente e induce un efecto negativo sobre la confianza de los agentes. En este sentido, señala que es poco probable que en el futuro inmediato haya correcciones significativas de los precios de la energía y de los alimentos, que seguramente, a su juicio, se mantendrán elevados.
Respecto al diferencial de precios de España con la Unión Económica y Monetaria (UEM), asegura que desde hace tiempo exige una corrección, "particularmente apremiante" cuando la economía española requiere un ajuste de los desequilibrios pasados.
La entidad supervisora cree que el sector exterior amortiguará parcialmente la pérdida de dinamismo de la demanda interna, con una adaptación de las ventas al exterior al menor crecimiento de los mercados mundiales, si bien, advierte de que, a su vez, las importaciones se ralentizarán de manera significativa.
Además, señala que la intensidad de la actual desaceleración de la economía española dependerá, en mayor medida, de la capacidad de las empresas españolas para compensar el debilitamiento de la demanda exterior con nuevas mejoras en su posición competitiva frente al ajuste del comercio mundial. En cualquier caso, destaca que la política presupuestaria se encuentra en una situación adecuada para que puedan funcionar los mecanismos automáticos de estabilización en la nueva fase cíclica.
Evitar un aumento del gasto público
Asimismo, Fernández Ordóñez aboga por evitar actuaciones de signo expansivo que impliquen un aumento del gasto público o una reducción de los impuestos que vayan más allá de los propios estabilizadores automáticos. Además, el Banco de España afirma que el avance en las reformas estructurales, con carácter europeo e incluso mundial, será decisivo, si bien subraya que es a las autoridades nacionales a quien corresponde velar por que su desarrollo sea suficientemente rápido y, sobre todo, efectivo.
La entidad supervisora destaca que el funcionamiento del mercado de trabajo determinará, en gran medida, la capacidad de ajuste de la economía. En este sentido, defiende la progresiva eliminación de las rigideces existentes, adecuando los incrementos salariales a los aumentos de la productividad y abordando algunas de las reformas pendientes en el ámbito de la contratación, de manera que se elimine la segmentación actual.
En su opinión, a estas medidas, debe unirse una mejora en la formación de los trabajadores que incremente su productividad -que Fernández Ordóñez no espera que se recupere a corto plazo- y que facilite su adaptación ante cambios en las necesidades de la demanda.
Además, defiende que continúe el aumento del grado de competencia en los distintos sectores de la economía, con políticas de liberalización y de desregulación.
El gobernador subraya que, a pesar de algunas rigideces, hay expectativas razonables sobre la capacidad de la economía para absorber los desequilibrios y las perturbaciones recientes.
Anónimo
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jueves, 19 junio, 2008
Preguntado por las recomendaciones del Banco de España de acometer una reforma en el sistema de pensiones, el presidente del Gobierno quiso transmitir un mensaje de tranquilidad, asegurando que la Seguridad Social goza de "buena salud", con un Fondo de Reserva que ya alcanza los 56.000 millones de euros, y una solidez que permitirá seguir incrementando las pensiones mínimas.
Aún así, el jefe del Ejecutivo dijo que "siempre conviene estar abiertos" a reformas para fortalecer el sistema de pensiones, y agradeció en este sentido que el Banco de España "esté atento" a esta cuestión, pero inmediatamente volvió a insistir en la solidez de la Seguridad Social. En cualquier caso, el presidente recordó que en la legislatura pasada ya se hizo una reforma en las pensiones, en vigor desde este año, y que el Pacto de Toledo se reunirá en septiembre para realizar una nueva valoración del sistema.
En cuanto a las llamadas a la moderación salarial efectuadas por la institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Zapatero señaló que el modelo actual de fijación salarial que utilizan empresarios y sindicatos "funciona" y el Gobierno "lo alienta y lo respeta". En todo caso, se mostró convencido de que los agentes sociales tendrán la "responsabilidad suficiente" como para tener en cuenta la situación económica.
Un documento conjunto antes del 31 de julio
Tras reunirse en el Palacio de La Moncloa por espacio de unas tres horas con los secretarios generales de CC.OO. y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Gerardo Díaz Ferrán y Jesús Bárcenas, Zapatero anunció todas las partes se han comprometido a elaborar antes del 31 de julio un documento conjunto en el que se concretarán el "amplio" temario a abordar en el diálogo social y los objetivos a perseguir.
Para demostrar la "importancia y la prioridad" que da el Gobierno al diálogo social, el jefe del Ejecutivo avanzó que él mismo se propone coordinar e impulsar la agenda que verá la luz antes de agosto y garantizó que no aprobará ninguna medida que afecte al ámbito laboral sin el consenso de los agentes sociales.
Zapatero, que estuvo acompañado por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y por los ministros de Trabajo, Industria e Igualdad, Celestino Corbacho, Miguel Sebastián y Bibiana Aído, explicó que el titular de Economía y Hacienda trasladará "cuanto antes" a sindicatos y empresarios los márgenes presupuestarios disponibles para el próximo año, desde el principio de "austeridad" que el Gobierno piensa aplicar en las cuentas públicas de 2009.
El jefe del Ejecutivo manifestó que, aunque ésta es la primera "gran reunión" que mantiene con sindicatos y empresarios, el diálogo social de esta legislatura "no empieza de cero" porque el trabajo conjunto de los últimos cuatro años ha sido "extraordinariamente positivo" y ha contribuido al crecimiento económico y del empleo, al desarrollo de las prestaciones sociales y de la Seguridad Social y avances en igualdad y dependencia, entre otras materias.
Zapatero subrayó que "hoy es un día para afirmar la confianza" y dijo que si hay algo que puede dar confianza a la economía, a las empresas y a los trabajadores es la responsabilidad "ejemplar" que han adquirido los agentes sociales y el Gobierno. "Vamos a superar las dificultades, que las tenemos, y recuperar una senda de desarrollo, de crecimiento y de bienestar", agregó.
Anónimo
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jueves, 19 junio, 2008
CASI TODOS LOS DATOS APUNTAN a que las instancias directoras de la Unión Europea, y con ellas la mayoría de los gobiernos de los Estados miembros, han decidido actuar como si nada hubiese ocurrido en Irlanda. Alguien dirá que, al fin y al cabo, esto es lo que, retórica aparte, hicieron también tres años atrás, cuando la mayoría de los franceses y de los holandeses se inclinaron por rechazar el tratado constitucional de la UE.
Porque, y no nos engañemos, el texto aprobado en Lisboa el pasado otoño, sometido al dictamen de los irlandeses, no es sino el viejo tratado constitucional con algunas leves modificaciones.
No se olvide al respecto, por cierto, que hace unos meses los responsables de los Estados integrantes de la Unión recibieron la recomendación expresa de no señalar, bajo ningún concepto, que el viejo tratado constitucional y el Tratado de Lisboa eran en sustancia lo mismo, no fuera a ser que, al menos en Francia y en Holanda, se hiciese valer algún legítimo descontento.
¿POR QUÉ SÓLO SE CONSULTA A LA CIUDADANÍA IRLANDESA?
Al margen de lo anterior, y ahora ya en relación con el referendo irlandés, los partidarios del Tratado de Lisboa han repetido en los últimos días dos argumentos que, en sí mismos, se antojan incontestables.
Mientras el primero ha tenido a bien recordar que en el no irlandés se han dado cita posiciones políticas extremadamente dispares (otro tanto cabe decir, bien es cierto, en lo que se refiere a los sucesivos síes que se han hecho valer en los últimos meses), el segundo ha venido a subrayar que no parecía razonable que un pequeño país, más bien irrelevante, procediese a dictar el camino que el conjunto de la UE debía aprestarse a seguir.
Aunque esos dos argumentos anotan ideas tan respetables como razonables, uno tiene derecho a certificar que, sin embargo, parecen olvidar lo principal: sabido es que, de manera un tanto sorprendente, Irlanda es el único Estado miembro de la Unión Europea que, bien que por imperativo constitucional, ha organizado una consulta popular en relación con el Tratado de Lisboa.
Si se trata de preguntarse por qué los demás países no han convocado referendos, la respuesta es sencilla: porque los gobiernos correspondientes tenían motivos suficientes para concluir que, de haberlo hecho, lo más probable es que los hubiesen perdido.
El resultado de la consulta celebrada el pasado día 12 es tanto más llamativo, por añadidura, cuanto que Irlanda es desde hace un par de lustros el país de la Unión Europea en el que –según dicen– ésta última ha generado los efectos más saludables. Si el tratado de Lisboa ha naufragado en Irlanda, ¿qué es lo que nos sucedería en otros escenarios menos beneficiados por las aparentes venturas que la Unión genera?
DOS POSIBLES CAMINOS
Si lo he entendido bien, y por lo demás, los estamentos directores de la UE parecen sopesar dos únicas posibilidades para salir de este liviano atolladero.
Si la primera pasa por forzar una repetición del referendo irlandés (con el escándalo, los cambalaches y los riesgos esperables), la segunda, y hoy por hoy la más probable, se asienta en la idea de seguir adelante con la ratificación del texto aprobado en la capital portuguesa y dejar, mal que bien, en la estacada a Irlanda.
Aunque la sociedad civil europea (si es que tal cosa existe) parece más bien desmovilizada, o, en su defecto, sólo saca la cabeza cuando expresamente se le pregunta algo, quiere uno creer que los dirigentes comunitarios están forzando en demasía las potestades que se hallan a su alcance.
Si, como se intuye, lo van a seguir haciendo, la Unión Europea puede adentrarse en una grave crisis que no tendrá su origen, pese a las apariencias, en el resultado de una u otra consulta popular celebrada en uno u otro país: nacerá, muy a contrario, de la creciente desafección de tantos ciudadanos que se sentirán legítimamente estafados y que, con su conducta futura, bien pueden colocar a una UE cada vez más tecnocratizada y burocratizada, y cada vez menos democrática, en un callejón sin salida.
A buen seguro, por cierto, que la reciente aprobación de esa impresentable ampliación de la semana laboral le ha abierto los ojos a más de un ciudadano irlandés.
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