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La «sumisión» de las fuerzas armadas |
El general de brigada en la reserva Blas Piñar Gutiérrez, hijo del ex dirigente de Fuerza Nueva Blas Piñar, fue arrestado tras enviar una carta al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix Sanz, en la que acusa a las Fuerzas Armadas de «sumisión» y de «respaldar posturas incompatibles con los compromisos asumidos con España», confirmaron fuentes militares.
Piñar, que ya fue sancionado en 1981 cuando era capitán por firmar el llamado 'Manifiesto de los cien', de apoyo a los golpistas del 23-F, arremete en su misiva contra el JEMAD, a quien acusa de tener una «muy especial responsabilidad» en la situación de un Ejército que, según dice, «se está vaciando institucionalmente» y que «no asume ni defiende realmente sus valores permanentes». A pesar de su descontento, el sancionado promete trabajar para «mantener la esperanza de que el Ejército quiera, sepa y pueda reaccionar antes de que sea demasiado tarde para España». colpisa
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comentarios.
Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, multitud, politica, violencia.
Anónimo
Aunque la mayoría de los detenidos residen en el País Valenciano, la trama llega a otros puntos del estado. El hecho que la Acción Popular contra la Impunidad se personara en esta causa ha evitado que el –caso todavía en fase d'instrucción– muriera antes de celebrarse el juicio, y hará que los procesados dejan de soñar en salir impunes como en ocasiones anteriores. Es un reportaje del equipo de investigación AIP.
Una organización criminal autodenominada Frente Anti Sistema (FAS) actuaba como una banda organizada con ánimo de lucro: planeaba robos y asaltos; también vendía toda clase de armas, en connivencia con militares en activo que no tuvieron reparos para sustraer armas del ejército español, como un lanzagranadas y armas cortas. El FAS estaba capitaneado por Juan Manuel Soria –un curtidor de pieles condenado a más de dos años de prisión por extorsión y amenazas graves a un cura valenciano–, que se rodeaba de una legión de individuos sin oficio conocido. Las armas servían para que individuos como Pedro Cuevas, el asesino de Guillem Agulló, pudieran lucrarse vendiéndolas por internet en aras de la patria. Esta es la denominada operación Panzer, toda una trama criminal neofascista que ha estado a punto de dormir el sueño del justo, si no fuese por la irrupción, hace cinco meses escasos, de la Acción Popular Contra la Impunidad, que se ha personado en la causa, cuando los 27 imputados ya se frotaban las manos pensando que, otra vez, podrían continuar actuando impunemente.
Militares, empresarios y delincuentes formaban parte de una trama valenciana que, bajo la bandera del III Reich, organizaba acciones de proselitisme nazi para captar nuevos militantes y distribuía toda clase de armamento, entre más actividades delictivas. La peligrosidad que detectó la Guardia Civil permitió emprender una investigación que condujo a destapar una organización criminal que poseía un auténtico arsenal y presuntos contactos dentro los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
"¡Lleva siempre un as a la manga!"
"Actualmente, a la vida cotidiana, debes velar por tu seguridad y la tranquilidad de los tuyos, como también la de tu comercio, locales y viviendas. Lleva siempre un as a la manga!" Esta frase encabezaba las webs de Prodef, sistemas de protección y defensa, y de otra web prácticamente igual denominada Streetdefense, ambas ilustradas con una foto dónde varios individuos patean a una persona que se cubre como puede en tierra, y bajo el símbolo neofascista de la cruz celta. La tranquilidad con la que se anuncia este negocio en internet y la denuncia que hacen varios colectivos llevan a la Guardia Civil, hacia final del año 2004, a investigar, dentro de la diversidad de webs neonazis, esta curiosa rama comercial dedicada a la venta de armas. Los productos que venden van desde esprais paralizantes hasta puños americanos, porras eléctricas y navajas de todos los tamaños, y todo apunta a que la trama parte desde el País Valenciano. Durante meses, los agentes interceptan los teléfonos de los responsables de las webs y detectan que, más allá de la venta de armas, hay una organización perfectamente estructurada y con unas finalidades dudosamente legales. Empieza así lo que la Guardia Civil bautiza con el nombre de operación Panzer.
Hacía diez años que la policía había desarticulado en Valencia el grupo neonazi más activo del País Valenciano, Acción Radical, protagonista de las cacerías contra inmigrantes y militantes de izquierdas y coordinadora de gran parte del movimiento skin español. Habían organizado conciertos de música RAC (Rock Anticomunista) durante las fallas del 1992 y el 1993, por los cuales se habían desplazado skinheads de toda Europa hasta la capital del Túria. La publicación en uno de sus fanzines de una lista negra de objetivos, entre los cuales figuraban profesores, okupas, homosexuales o independentistas, provocó su desarticulación. En esta ocasión también los encontraron armas, una estructura jerarquizada y propaganda racista. La historia parecía repetirse diez años más tarde, pero con una magnitud notablemente superior.
Todo empieza en Silla
Las pistas iniciales que aportaban las páginas webs detectadas a final del 2004 y los comentarios dentro el movimiento ultra apuntan demasiado a menudo a la localidad de Silla (Valencia). Esta población se ha convertido en uno de los actuales centros neurálgicos de la extrema derecha valenciana, hasta el punto de haber concedido al partido España2000 un concejal las pasadas elecciones municipales.
Varias fuentes indicaban que determinados individuos vinculados a los movimientos neonazis valencianos estaban detrás las páginas webs que ofrecían toda clase de armas y material racista. Un activo neonazi de Silla con antecedentes penales, Joaquín Saludes Prieto, junto con su mujer, María Sandra Rentero Monzó, centran gran parte de las primeras pesquisas de la investigación. Otro vecino de Silla bajo quien caen inicialmente las sospechas es Alejandro Serrador Ferrer, álias el Silla, miembro de la junta nacional de España2000 y conocido por una corpulencia exagerada y porque frecuenta los partidos del València CF con la peña Ultra Yomus, junto con Joaquín Saludes.Serrador formaba parte de la estructura interna y de los órganos de decisión de l'organización neonazi Frente Anti Sistema. Según fuentes de la investigación, la tranquilidad con qué actuaban había hecho que estas actividades se comentaran por los ambientes extremistas, como también se divulgaran las luchas intestinas que traspasaban enconadamente los muros de sus locales. Había una rivalidad entre sus miembros que demasiado a menudo pasaban de boca en boca entre el entorno ultra, con descalificaciones constantes de unos contra otras.
Pedro Cuevas vuelve a escena
Pedro José Cuevas Silvestre confirmaba su relación con organizaciones neonazis después de haber pasado por prisión por la muerte de Guillem Agulló. Su vinculación al FAS y los tareas que ejercía en esta trama devuelven a este siniestro personaje al mundo de la violencia y de la esvàstica. Él era uno de los principales encargados de la cadena de fabricación y venda de determinadas armas. Se sabia dentro el movimiento ultra que el homicida de Agulló podía conseguir puños americanos de precios y modelos diversos. Cuevas se había convertido en un personaje conocido dentro los ambientes neonazis por su triste antecedente homicida. Se sabia, además, que se sentía muy tranquilo después de haber superado el paso por la prisión a raíz del caso Agulló –que de ninguna forma había servido para rehabilitarlo. Se había convertido en un ejemplo de la impunidad, y su implicación en el FAS y en el negocio de las armas arreciaban esta imagen.
Venta de armas y propaganda nazi
A través de las páginas web, el FAS divulgaba su ideario nazi y a la vez enlazaba con más páginas dedicadas a la venta de armas, administradas por miembros de la misma organización. La sede, en la avenida Tres Cruces número 69, de la ciudad de Valencia, servía de centro de operaciones, dónde organizaban actividades de proselitismo a los qué simpatizantes de los idearios racistas acudían regularmente para ser instruidos, y donde podían adquirir material neonazi y asistir a charlas y conciertos de grupos de RAC. Actualmente, este mismo local es la sede del partido ultra Alianza Nacional, en el qué curiosamente militan varios implicados al caso Panzer y que acoje actividades parecidas a las organizadas por el FAS.
El primer golpe policial contra la organización fue el septiembre de 2005, cuando detuvieron a 22 personas y registraron varios locales en diversos puntos del País Valenciano. Los meses posteriores, la investigación de la Guardia Civil se alargó con la detención de cinco personas más, y llegó a la cifra de 27 imputados, el caso de más magnitud contra la extrema derecha del Estado. Las localidades dónde es desplegó la operación fueron València, Sagunt, Puçol, Xiva, la Pobla de Farnals, Torrent, Silla, Paterna, la Font de la Figuera, Burjassot y Xirivella. Entre el arsenal incautado hay desde bolígrafos pistola hasta puños americanos, pistolas, catanas, navajas, ballestas, escopetas recortadas y un lanzagranadas. Según la Guardia Civil, en las páginas web del entramado neonazi se hace una clara apología de la violencia con finalidades políticas, y se llega a proporcionar armas para tales objetivos, un negocio que servía para financiar la organización. Uno de los puntos preocupantes es la vinculación de soldados profesionales del ejército español en esta trama.
EL TEMPS ha podido saber que al menos tres de los detenidos trabajaban en las fuerzas armadas mientras militaban o colaboraban con esta organización. Para la Guardia Civil, los imputados pertenecen a una asociación ilícita, y les imputa los delitos de tenencia, tráfico y depósito d'armas y municiones, robos y delitos contra la salud pública, puesto que entre el arsenal incautado hay anabolizantes destinados a la venta ilegal para engordar la masa muscular de sus clientes.
De asociación ilícita a partidos políticos
Además de compartir local, el FAS –la organización desarticulada durante la operación Panzer– trasvasó parte de la militancia a un partido de creación reciente, Alianza Nacional, heredera de la extinta Alianza por la Unidad Nacional (AUN), la formación del histórico ultra Ricardo Sáez de Ynestrillas. Alianza Nacional, fundada en Valencia el 2006 y encabezada por Pedro Pablo Peña, proveniente d'AUN, se estrenó con el ingreso en prisión de este último y dos militantes más, al cabo de poco tiempo de fundarse por tratar de atentar con explosivos contra un autocar de familiares de presos de ETA.
"El local continúa abierto, y continuamos como antes, militando en Alianza Nacional." Tan claro lo deja Juan Manuel Soria Monfort en un foro d'una web neonazi cuando le preguntan qué queda del FAS. Soria, que fue considerado líder de la organización desarticulada bajo la operación Panzer, encabezó el proyecto de AN en el País Valenciano a los pocos meses de desmantelarse la organización ilegal. Cabe destacar el protagonismo en la controvertida visita del líder del Ku Klux Klan, David Duke, en València -el único lugar del estado español dónde pudo hacer una charla–, y que estuvo en todo momento acompañado por Soria. El acto tuvo que celebrarse en el local mencionado porque se les denegó el permiso consecutivamente en varios hoteles de Valencia, a raíz de la campaña de colectivos sociales y antifascistas contra la visita del racista norteamericano.
Juan Manuel Soria fue procesado un año después de la operación Panzer, acusado de haber extorsionado a un cura del Pla del Real con imágenes del religioso de explícito contenido sexual entre final del 2004 y principio del 2005. Su cómplice en esta aventura es también otro implicado en el caso Panzer, Pedro David Montiel García, álias Cráneo, uno de los que luchaba de manera más feroz dentro de la organización por conseguir el poder. Los acusados reconocieron los hechos en el caso del cura, y aceptaran la pena solicitada por el fiscal y la acusación particular, que no llegaba a dos años de prisión por los delitos de recaptación y amenazas. Los nazis habían conseguido las imágenes y le pedían 15.000 euros por no hacerlas públicas.
Pero el personaje que hizo saltar todas las alarmas, presente tanto en el FAS como después en las listas electorales de AN en Xiva, fue Pedro José Cuevas Silvestre, autor de la muerte de Guillem Agulló. Cuevas ocupó el número ocho de la candidatura municipal encabezada por Soria, y su presencia levantó la reacción de los movimientos sociales y políticos valencianos, que ofrecieron una conferencia de prensa denunciándolo y pidiendo la ilegalización de este partido. Otro implicado al caso Panzer ocupaba el segundo lugar en las listas de Xiva, Ramón Luis Gómez.
Otro partido salpicado por el caso Pànzer es el que encabeza el empresario ultra José Luís Roberto, España2000, que curiosamente obtuvo un concejal en las pasadas elecciones municipales en Silla, Andrés Vicent. Una de las pocas mujeres detenidas durante la operación, María Sandra Rentero Monzó, ocupaba el número tres de la candidatura por Silla, junto con otro implicado, Laureano Piquer Ruiz, trabajador de Levantina de Seguridad, empresa de Roberto, y número 38 de la candidatura d'E2000 a las Cortes Valencianas en las últimas elecciones. Piquer fue condenado por un delito de faltas el diciembre pasado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, que condenaba subsidiariamente también a la empresa Levantina de Servicios Generales, vinculada al polifacético empresario José Luís Roberto. Alejandro Serrador, el Silla, pertenece también al partido de Roberto, forma parte de la junta nacional y, según Andrés Vicent (el concejal de España 2000), colabora con los jóvenes del pueblo para "alejarlos de la violencia" y para "cambiar la estética". Su defensa en este caso está en manos del bufete de Roberto.
La presencia de la plataforma Acción Popular Contra la Impunidad ha dilatado el periodo de instrucción del caso, todavía abierto. Por esto hoy todavía no hay fecha de juicio, pero al menos ya podemos deducir que los hechos enjuiciados serán conocidos por la opinión pública y no pasarán desapercibidos como si se tratara de una banda de delincuentes comunes.
www.eltemps.net
Una organización criminal autodenominada Frente Anti Sistema (FAS) actuaba como una banda organizada con ánimo de lucro: planeaba robos y asaltos; también vendía toda clase de armas, en connivencia con militares en activo que no tuvieron reparos para sustraer armas del ejército español, como un lanzagranadas y armas cortas. El FAS estaba capitaneado por Juan Manuel Soria –un curtidor de pieles condenado a más de dos años de prisión por extorsión y amenazas graves a un cura valenciano–, que se rodeaba de una legión de individuos sin oficio conocido. Las armas servían para que individuos como Pedro Cuevas, el asesino de Guillem Agulló, pudieran lucrarse vendiéndolas por internet en aras de la patria. Esta es la denominada operación Panzer, toda una trama criminal neofascista que ha estado a punto de dormir el sueño del justo, si no fuese por la irrupción, hace cinco meses escasos, de la Acción Popular Contra la Impunidad, que se ha personado en la causa, cuando los 27 imputados ya se frotaban las manos pensando que, otra vez, podrían continuar actuando impunemente.
Militares, empresarios y delincuentes formaban parte de una trama valenciana que, bajo la bandera del III Reich, organizaba acciones de proselitisme nazi para captar nuevos militantes y distribuía toda clase de armamento, entre más actividades delictivas. La peligrosidad que detectó la Guardia Civil permitió emprender una investigación que condujo a destapar una organización criminal que poseía un auténtico arsenal y presuntos contactos dentro los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
"¡Lleva siempre un as a la manga!"
"Actualmente, a la vida cotidiana, debes velar por tu seguridad y la tranquilidad de los tuyos, como también la de tu comercio, locales y viviendas. Lleva siempre un as a la manga!" Esta frase encabezaba las webs de Prodef, sistemas de protección y defensa, y de otra web prácticamente igual denominada Streetdefense, ambas ilustradas con una foto dónde varios individuos patean a una persona que se cubre como puede en tierra, y bajo el símbolo neofascista de la cruz celta. La tranquilidad con la que se anuncia este negocio en internet y la denuncia que hacen varios colectivos llevan a la Guardia Civil, hacia final del año 2004, a investigar, dentro de la diversidad de webs neonazis, esta curiosa rama comercial dedicada a la venta de armas. Los productos que venden van desde esprais paralizantes hasta puños americanos, porras eléctricas y navajas de todos los tamaños, y todo apunta a que la trama parte desde el País Valenciano. Durante meses, los agentes interceptan los teléfonos de los responsables de las webs y detectan que, más allá de la venta de armas, hay una organización perfectamente estructurada y con unas finalidades dudosamente legales. Empieza así lo que la Guardia Civil bautiza con el nombre de operación Panzer.
Hacía diez años que la policía había desarticulado en Valencia el grupo neonazi más activo del País Valenciano, Acción Radical, protagonista de las cacerías contra inmigrantes y militantes de izquierdas y coordinadora de gran parte del movimiento skin español. Habían organizado conciertos de música RAC (Rock Anticomunista) durante las fallas del 1992 y el 1993, por los cuales se habían desplazado skinheads de toda Europa hasta la capital del Túria. La publicación en uno de sus fanzines de una lista negra de objetivos, entre los cuales figuraban profesores, okupas, homosexuales o independentistas, provocó su desarticulación. En esta ocasión también los encontraron armas, una estructura jerarquizada y propaganda racista. La historia parecía repetirse diez años más tarde, pero con una magnitud notablemente superior.
Todo empieza en Silla
Las pistas iniciales que aportaban las páginas webs detectadas a final del 2004 y los comentarios dentro el movimiento ultra apuntan demasiado a menudo a la localidad de Silla (Valencia). Esta población se ha convertido en uno de los actuales centros neurálgicos de la extrema derecha valenciana, hasta el punto de haber concedido al partido España2000 un concejal las pasadas elecciones municipales.
Varias fuentes indicaban que determinados individuos vinculados a los movimientos neonazis valencianos estaban detrás las páginas webs que ofrecían toda clase de armas y material racista. Un activo neonazi de Silla con antecedentes penales, Joaquín Saludes Prieto, junto con su mujer, María Sandra Rentero Monzó, centran gran parte de las primeras pesquisas de la investigación. Otro vecino de Silla bajo quien caen inicialmente las sospechas es Alejandro Serrador Ferrer, álias el Silla, miembro de la junta nacional de España2000 y conocido por una corpulencia exagerada y porque frecuenta los partidos del València CF con la peña Ultra Yomus, junto con Joaquín Saludes.Serrador formaba parte de la estructura interna y de los órganos de decisión de l'organización neonazi Frente Anti Sistema. Según fuentes de la investigación, la tranquilidad con qué actuaban había hecho que estas actividades se comentaran por los ambientes extremistas, como también se divulgaran las luchas intestinas que traspasaban enconadamente los muros de sus locales. Había una rivalidad entre sus miembros que demasiado a menudo pasaban de boca en boca entre el entorno ultra, con descalificaciones constantes de unos contra otras.
Pedro Cuevas vuelve a escena
Pedro José Cuevas Silvestre confirmaba su relación con organizaciones neonazis después de haber pasado por prisión por la muerte de Guillem Agulló. Su vinculación al FAS y los tareas que ejercía en esta trama devuelven a este siniestro personaje al mundo de la violencia y de la esvàstica. Él era uno de los principales encargados de la cadena de fabricación y venda de determinadas armas. Se sabia dentro el movimiento ultra que el homicida de Agulló podía conseguir puños americanos de precios y modelos diversos. Cuevas se había convertido en un personaje conocido dentro los ambientes neonazis por su triste antecedente homicida. Se sabia, además, que se sentía muy tranquilo después de haber superado el paso por la prisión a raíz del caso Agulló –que de ninguna forma había servido para rehabilitarlo. Se había convertido en un ejemplo de la impunidad, y su implicación en el FAS y en el negocio de las armas arreciaban esta imagen.
Venta de armas y propaganda nazi
A través de las páginas web, el FAS divulgaba su ideario nazi y a la vez enlazaba con más páginas dedicadas a la venta de armas, administradas por miembros de la misma organización. La sede, en la avenida Tres Cruces número 69, de la ciudad de Valencia, servía de centro de operaciones, dónde organizaban actividades de proselitismo a los qué simpatizantes de los idearios racistas acudían regularmente para ser instruidos, y donde podían adquirir material neonazi y asistir a charlas y conciertos de grupos de RAC. Actualmente, este mismo local es la sede del partido ultra Alianza Nacional, en el qué curiosamente militan varios implicados al caso Panzer y que acoje actividades parecidas a las organizadas por el FAS.
El primer golpe policial contra la organización fue el septiembre de 2005, cuando detuvieron a 22 personas y registraron varios locales en diversos puntos del País Valenciano. Los meses posteriores, la investigación de la Guardia Civil se alargó con la detención de cinco personas más, y llegó a la cifra de 27 imputados, el caso de más magnitud contra la extrema derecha del Estado. Las localidades dónde es desplegó la operación fueron València, Sagunt, Puçol, Xiva, la Pobla de Farnals, Torrent, Silla, Paterna, la Font de la Figuera, Burjassot y Xirivella. Entre el arsenal incautado hay desde bolígrafos pistola hasta puños americanos, pistolas, catanas, navajas, ballestas, escopetas recortadas y un lanzagranadas. Según la Guardia Civil, en las páginas web del entramado neonazi se hace una clara apología de la violencia con finalidades políticas, y se llega a proporcionar armas para tales objetivos, un negocio que servía para financiar la organización. Uno de los puntos preocupantes es la vinculación de soldados profesionales del ejército español en esta trama.
EL TEMPS ha podido saber que al menos tres de los detenidos trabajaban en las fuerzas armadas mientras militaban o colaboraban con esta organización. Para la Guardia Civil, los imputados pertenecen a una asociación ilícita, y les imputa los delitos de tenencia, tráfico y depósito d'armas y municiones, robos y delitos contra la salud pública, puesto que entre el arsenal incautado hay anabolizantes destinados a la venta ilegal para engordar la masa muscular de sus clientes.
De asociación ilícita a partidos políticos
Además de compartir local, el FAS –la organización desarticulada durante la operación Panzer– trasvasó parte de la militancia a un partido de creación reciente, Alianza Nacional, heredera de la extinta Alianza por la Unidad Nacional (AUN), la formación del histórico ultra Ricardo Sáez de Ynestrillas. Alianza Nacional, fundada en Valencia el 2006 y encabezada por Pedro Pablo Peña, proveniente d'AUN, se estrenó con el ingreso en prisión de este último y dos militantes más, al cabo de poco tiempo de fundarse por tratar de atentar con explosivos contra un autocar de familiares de presos de ETA.
"El local continúa abierto, y continuamos como antes, militando en Alianza Nacional." Tan claro lo deja Juan Manuel Soria Monfort en un foro d'una web neonazi cuando le preguntan qué queda del FAS. Soria, que fue considerado líder de la organización desarticulada bajo la operación Panzer, encabezó el proyecto de AN en el País Valenciano a los pocos meses de desmantelarse la organización ilegal. Cabe destacar el protagonismo en la controvertida visita del líder del Ku Klux Klan, David Duke, en València -el único lugar del estado español dónde pudo hacer una charla–, y que estuvo en todo momento acompañado por Soria. El acto tuvo que celebrarse en el local mencionado porque se les denegó el permiso consecutivamente en varios hoteles de Valencia, a raíz de la campaña de colectivos sociales y antifascistas contra la visita del racista norteamericano.
Juan Manuel Soria fue procesado un año después de la operación Panzer, acusado de haber extorsionado a un cura del Pla del Real con imágenes del religioso de explícito contenido sexual entre final del 2004 y principio del 2005. Su cómplice en esta aventura es también otro implicado en el caso Panzer, Pedro David Montiel García, álias Cráneo, uno de los que luchaba de manera más feroz dentro de la organización por conseguir el poder. Los acusados reconocieron los hechos en el caso del cura, y aceptaran la pena solicitada por el fiscal y la acusación particular, que no llegaba a dos años de prisión por los delitos de recaptación y amenazas. Los nazis habían conseguido las imágenes y le pedían 15.000 euros por no hacerlas públicas.
Pero el personaje que hizo saltar todas las alarmas, presente tanto en el FAS como después en las listas electorales de AN en Xiva, fue Pedro José Cuevas Silvestre, autor de la muerte de Guillem Agulló. Cuevas ocupó el número ocho de la candidatura municipal encabezada por Soria, y su presencia levantó la reacción de los movimientos sociales y políticos valencianos, que ofrecieron una conferencia de prensa denunciándolo y pidiendo la ilegalización de este partido. Otro implicado al caso Panzer ocupaba el segundo lugar en las listas de Xiva, Ramón Luis Gómez.
Otro partido salpicado por el caso Pànzer es el que encabeza el empresario ultra José Luís Roberto, España2000, que curiosamente obtuvo un concejal en las pasadas elecciones municipales en Silla, Andrés Vicent. Una de las pocas mujeres detenidas durante la operación, María Sandra Rentero Monzó, ocupaba el número tres de la candidatura por Silla, junto con otro implicado, Laureano Piquer Ruiz, trabajador de Levantina de Seguridad, empresa de Roberto, y número 38 de la candidatura d'E2000 a las Cortes Valencianas en las últimas elecciones. Piquer fue condenado por un delito de faltas el diciembre pasado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, que condenaba subsidiariamente también a la empresa Levantina de Servicios Generales, vinculada al polifacético empresario José Luís Roberto. Alejandro Serrador, el Silla, pertenece también al partido de Roberto, forma parte de la junta nacional y, según Andrés Vicent (el concejal de España 2000), colabora con los jóvenes del pueblo para "alejarlos de la violencia" y para "cambiar la estética". Su defensa en este caso está en manos del bufete de Roberto.
La presencia de la plataforma Acción Popular Contra la Impunidad ha dilatado el periodo de instrucción del caso, todavía abierto. Por esto hoy todavía no hay fecha de juicio, pero al menos ya podemos deducir que los hechos enjuiciados serán conocidos por la opinión pública y no pasarán desapercibidos como si se tratara de una banda de delincuentes comunes.
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Anónimo
Este domingo 1 de junio los nazis de Democracia Nacional Joven convocan una manifestación a las 12 en Cibeles con el lema Vivienda Social, Prioridad Nacional.
Comunicado de Madrid Antifascista
De sobra sabemos que a esta peña no les importa lo más mínimo el problema de la vivienda, sino que ven en él un buen filón con el que convencer a la gente puteada, con un discurso que nos separa a los trabajadores en nativos e inmigrantes, facilitando de este modo que los capitalistas nos toreen, y desviando la atención de las verdaderas causas de la dificultad en el acceso a una vivienda.
Esta escoria es la misma que convocaba una manifestación el 11 de noviembre del año pasado en el barrio madrileño de Usera con el lema Contra el racismo antiespañol. A impedir esta manifestación se dirigía Carlos, cuando fue apuñalado por un militante de Democracia Nacional, que además formaba parte del ejército español.
No podemos permitir que estos grupos salgan a la calle libremente.
Invitamos a todas las personas a demostrar, una vez más, que al fascismo se le combate en la calle.
FASCISTAS NO, NI EN LAS URNAS NI EN LAS CALLES.
Comunicado de Madrid Antifascista
De sobra sabemos que a esta peña no les importa lo más mínimo el problema de la vivienda, sino que ven en él un buen filón con el que convencer a la gente puteada, con un discurso que nos separa a los trabajadores en nativos e inmigrantes, facilitando de este modo que los capitalistas nos toreen, y desviando la atención de las verdaderas causas de la dificultad en el acceso a una vivienda.
Esta escoria es la misma que convocaba una manifestación el 11 de noviembre del año pasado en el barrio madrileño de Usera con el lema Contra el racismo antiespañol. A impedir esta manifestación se dirigía Carlos, cuando fue apuñalado por un militante de Democracia Nacional, que además formaba parte del ejército español.
No podemos permitir que estos grupos salgan a la calle libremente.
Invitamos a todas las personas a demostrar, una vez más, que al fascismo se le combate en la calle.
FASCISTAS NO, NI EN LAS URNAS NI EN LAS CALLES.
Anónimo
El caso se encuentra en manos del juez Víctor Montiglio, que investiga concretamente el “secuestro permanente” y la muerte, en 1975, de 42 víctimas de la Operación Colombo, y afecta en total a 98 ex agentes, entre militares en retiro, ex agentes civiles de la policía secreta y escuadrón de la muerte, la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), y personal jubilado de la fuerzas aérea, la armada y carabineros, destacó el portal web La Jornada, de México.
“Este es un trabajo de 33 años del Poder Judicial”, dijo el juez Montiglio, tras anunciar los procesamientos.
La Operación Colombo consistió en un montaje informativo que preparó la dictadura para encubrir la muerte de los 119 opositores, que fueron asesinados en la conocida Operación Cóndor que coordinó las acciones de represión de las dictaduras militares del cono sur en la década de los años 70.
De esta manera, se mantuvo una campaña de prensa que daba cuenta del supuesto reagrupamiento de izquierdistas en Argentina con el objeto de cruzar la frontera y emprender la lucha armada en Chile. Así fue como se difundió en una revista argentina llamada Lea, de sólo un número, el 15 de julio de 1975, la información sobre el “asesinato de alrededor de 60 extremistas chilenos que habrían sido ultimados en los últimos meses en ese país, Colombia, Venezuela, México, Panamá y Francia por sus propios compañeros de lucha”.
Días después, en otro diario simulado que circuló por única ocasión, O´Día, de Curitibia, Brasil, publicó una lista de 59 “extremistas chilenos” que fueron identificados entre los guerrilleros que murieron en enfrentamientos con efectivos policiales en la provincia argentina de Salta.
El ministro de Justicia de Chile, Carlos Maldonado, advirtió que “fue una operación yo diría especialmente siniestra, no sólo porque significó asesinatos de numerosos opositores al régimen militar, sino además acciones de encubrimiento bastante, yo diría, repugnantes”.
De igual manera manifestó que los inculpados iniciarán una batalla legal para recuperar su libertad ante la Corte Suprema, que hasta ahora ha ratificado la mayoría de las condenas emitidas por los tribunales de primera instancia.
La vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, calificó la resolución del juez como “un paso extraordinariamente positivo en favor de la justicia”, aunque manifestó que aún “quedan muchos casos” por ser esclarecidos.
“Este es un trabajo de 33 años del Poder Judicial”, dijo el juez Montiglio, tras anunciar los procesamientos.
La Operación Colombo consistió en un montaje informativo que preparó la dictadura para encubrir la muerte de los 119 opositores, que fueron asesinados en la conocida Operación Cóndor que coordinó las acciones de represión de las dictaduras militares del cono sur en la década de los años 70.
De esta manera, se mantuvo una campaña de prensa que daba cuenta del supuesto reagrupamiento de izquierdistas en Argentina con el objeto de cruzar la frontera y emprender la lucha armada en Chile. Así fue como se difundió en una revista argentina llamada Lea, de sólo un número, el 15 de julio de 1975, la información sobre el “asesinato de alrededor de 60 extremistas chilenos que habrían sido ultimados en los últimos meses en ese país, Colombia, Venezuela, México, Panamá y Francia por sus propios compañeros de lucha”.
Días después, en otro diario simulado que circuló por única ocasión, O´Día, de Curitibia, Brasil, publicó una lista de 59 “extremistas chilenos” que fueron identificados entre los guerrilleros que murieron en enfrentamientos con efectivos policiales en la provincia argentina de Salta.
El ministro de Justicia de Chile, Carlos Maldonado, advirtió que “fue una operación yo diría especialmente siniestra, no sólo porque significó asesinatos de numerosos opositores al régimen militar, sino además acciones de encubrimiento bastante, yo diría, repugnantes”.
De igual manera manifestó que los inculpados iniciarán una batalla legal para recuperar su libertad ante la Corte Suprema, que hasta ahora ha ratificado la mayoría de las condenas emitidas por los tribunales de primera instancia.
La vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, calificó la resolución del juez como “un paso extraordinariamente positivo en favor de la justicia”, aunque manifestó que aún “quedan muchos casos” por ser esclarecidos.
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