Para determinar la función que cumple el fascismo hay que determinar cuál es la realidad en la que se desenvuelve, que evidentemente no es la misma que la de los años 30.
La necesidad constante del desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo han llevado a éste a una crisis permanente. La crisis del modelo de desarrollo keynesiano desde principios de los años 70 conducen a una paulatina superación de este modelo (del Estado de Bienestar) y a la paulatina extensión de un nuevo (viejo) modelo de liberalismo. En la actualidad ambos modelos conviven y/o compiten en un marco internacionalizado de la economía de mercado.
Este estado de inestabilidad es susceptible de generar graves disfuncionalidades. La sustitución de un modelo en decadencia por uno en auge crea una situación de desprotección y una fuerte resistencia en grandes capas de la sociedad. A esto se añade la supuesta inmigración masiva como causa de disfuncionalidad añadida fruto de la internacionalización de la economía y el incremento de la explotación en los países de la periferia, así como de la marginación de grandes áreas geográficas del mercado-mundo. En resumidas cuentas este es el marco donde situar el fascismo hoy.
Su misión en él seria facilitar la transacción de un modelo a otro, desarrollando políticas tendentes no a tomar el poder (no por ahora) sino a fortalecerlo y totalizarlo por medio de leyes represivas, antiinmigración, etc. que impidan o neutralicen las posibles disfuncionalidades (que se traducirían en revueltas cíclicas o movimientos de resistencia) conservando y manteniendo formas de gobierno formalmente democráticos pero apuntalando el papel represivo del Estado capitalista.
El fascismo pues trataría de derechizar la sociedad a la par que desestabilizar para justificar medidas de urgencia por parte del Estado. Por otro lado se vuelve a plantear la dicotomía democracia o fascismo (dos caras del mismo capitalismo) que lleva a reforzar la alternativa democrática frente a la posibilidad fascista saliendo victorioso de este falso enfrentamiento el capital.
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Anónimo
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miércoles, 07 mayo, 2008
La norma prevé fijar hasta seis meses, ampliables a 18 en casos excepcionales, el tiempo máximo de detención de los inmigrantes sin documentos. La UE ha optado por el criterio de primar la seguridad que impulsan Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi frente al garantista aplicado hasta ahora en países como España, donde el tiempo máximo de detención es de 40 días.
La normativa comunitaria, no obstante, abre la puerta al Gobierno español para que amplíe el tiempo de detención, en línea con las orientaciones comunitarias. Para este mismo miércoles varias ONG han convocado una manifestación de rechazo en Bruselas, donde el clima político se ha tensado tras el reciente suicidio del ciudadano camerunés Ebenizer Folefack, que se encontraba retenido en la capital belga.
Los aspectos más polémicos de la Directiva de Retorno, además de la limitación a seis meses (a los que se pueden añadir otros 12 en casos excepcionales) del tiempo máximo de retención de los sin papeles, son la posibilidad de detención de los menores no acompañados y la prohibición a los expulsados de volver a entrar en la UE durante cinco años.
El reciente endurecimiento de la situación económica con el aumento del paro en varios países y la llegada de líderes con políticas más duras en esta materia -como Nicolas Sarkozy, en Francia, y Silvio Berlusconi, en Italia- han situado el debate de la situación de los sin papeles en el primer plano de la agenda europea.
Berlusconi ha prometido "cerrar las fronteras y construir campos para identificar a los ciudadanos extranjeros sin trabajo que se ven obligados a entrar en la vida de la delincuencia". Sarkozy quiere que la inmigración sea una de las prioridades de la próxima presidencia europea francesa. El dirigente francés es contrario a las regularizaciones y ha tachado de "hipócritas" a los empresarios que contratan a clandestinos y dicen luego que los quieren regularizar.
Europa está absorbiendo actualmente dos millones de inmigrantes cada año, más que ninguna otra parte del mundo -en proporción a su población-, incluida América del Norte, según señala Hugo Brady, investigador del Centre for European Reform. De estos dos millones que entran anualmente, entre medio millón y un millón son "irregulares", según la Comisión Europea.
El proyecto de directiva acordado por representantes del Consejo, Parlamento y la Comisión, al que ha tenido acceso EL PAÍS, persigue "establecer los criterios y procedimientos comunes que deben ser aplicados por los Estados miembros para el retorno" de los indocumentados. La norma se aplicará a los ciudadanos no pertenecientes a la Unión "que se encuentren ilegalmente en un Estado miembro". Los países podrán decidir no aplicar la directiva a los inmigrantes que "hayan sido rechazados en la entrada del país o interceptados en las fronteras".
La directiva no afecta a los demandantes de asilo, que se regulan por el Estatuto de Refugiado de la Convención de Ginebra de 1951. Aunque, como señala Brady, "los emigrantes a veces tratan de pedir asilo después de que se les ha denegado el visado". El proyecto precisa que los Estados "sólo podrán mantener detenidas" a las personas sometidas a procesos de retorno cuando "exista riesgo de fuga" o traten de "eludir o entorpecer" su repatriación.
El periodo de detención máximo de seis meses no se podrá ampliar "excepto por un período limitado de otros doce meses", en los casos en los que la operación de retorno se prolongue más "debido a la falta de cooperación del afectado" o a "retrasos en obtener la documentación necesaria por parte de los terceros países". Ello supone que en la práctica el inmigrante puede estar detenido 18 meses.
Ese aspecto representa un cambio sustancial con la situación actual de muchos países con períodos de detención muy dispares (ver gráfico adjunto). Cumplido el plazo, el detenido tiene que ser puesto en libertad y puede continuar sus actividades, a pesar de no tener papeles, confiando en una futura regulación.
El compromiso de acuerdo, impulsado por Francia, Italia y España, fue alcanzado el pasado 23 de abril y ha sido celebrado como un logro por la presidencia eslovena de la UE. Dragutin Mate, ministro de Interior de Eslovenia, manifestó: "Ahora podemos esperar con optimismo que el texto de compromiso sea aprobado por el Consejo; así el Parlamento europeo lo podrá aprobar lo antes posible".
El coordinador de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento europeo, el conservador Manfred Weber, ha advertido que la directiva sólo puede ser aplicada a los países con los que la UE ha suscrito acuerdos bilaterales de retorno. Ha precisado que los menores no acompañados tienen derecho a asistencia legal y que los afectados tienen derecho a una revisión judicial de su detención. En su opinión, "es un buen compromiso entre el principio básico del retorno de inmigrantes ilegales a sus países de origen de una parte y, de otra, los derechos básicos de las personas".
Javier Moreno, eurodiputado socialista, advierte que la directiva no afecta a rumanos y búlgaros, que no son países terceros. "Es una contradicción", señala, "porque en la práctica pueden residir los que son ricos y viven de renta pero no los trabajadores sin contrato".
Sin embargo, en el Parlamento europeo, la situación no es pacífica. Los socialistas y Los Verdes están muy divididos. La división depende en buena medida de si los partidos están o no en el Gobiernan. España apoya la directiva, porque la inmigración se ha convertido en un asunto cada vez más serio y busca el respaldo de la UE. En cambio, los socialistas franceses están en contra.
La portavoz socialista en la Eurocámara, Martin Roure, rechaza el acuerdo, por considerar que "18 meses es un periodo demasiado largo para mantener a los inmigrantes detenidos en los centros de retención".
El Gobierno español sufre la contradicción entre la primacía del derecho de seguridad, que inspira la legislación comunitaria, y el derecho de cualquier ser humano a emigrar, que defienden especialmente los países en desarrollo. "Es bastante vergonzoso", señala un funcionario comunitario español, "que nosotros que hemos sido recibidos con los brazos abiertos en Argentina, México y Venezuela, en momentos muy difíciles de nuestra historia, les demos ahora la espalda".Los defensores de la seguridad esgrimen que el tráfico de personas se ha convertido en el comercio ilegal más lucrativo del mundo, mucho más que el tráfico de drogas o de armas.
En los últimos años varios países europeos han intensificado las repatriaciones. Entre 2004 y 2007, España repatrió a 370.000 personas, un 43% más que durante el Gobierno del Partido Popular. En España, Canarias recibió más de 31.000 inmigrantes procedentes de África. En 2007, gracias a la colaboración de Marruecos y Senegal, el número de indocumentados detenidos se redujo a la mitad. Pero hay que tener en cuenta que los inmigrantes sin papeles procedentes de África, sólo representan el 5% de la población inmigrante española.
Anónimo
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miércoles, 07 mayo, 2008
Eurodiputados izquierda y onG se manifiestan contra la directiva de repatriación de inmigrantes
Unas 300 personas, entre ellas diputados de Los Verdes e Izquierda Unitaria Europea (IUE) y miembros de organizaciones de apoyo a los "sin papeles", se manifestaron hoy ante el Parlamento Europeo en contra del proyecto de directiva sobre repatriación de inmigrantes irregulares.
La propuesta, que permitiría recluir a los inmigrantes durante un máximo de seis meses, ampliable hasta 18 meses, supone "un retroceso de los derechos y principios en que se fundamenta la Unión Europea", según el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya Verds Raúl Romeva.
A su juicio, el proyecto armoniza las legislaciones de los Estados miembros tomando como referente las más restrictivas, en lugar de las que presentan más garantías, por lo que el Gobierno España, donde la retención máxima es de sólo 40 días, debería presionar para suavizar sus términos durante su tramitación.
Aunque el texto no obliga a los Estados con tiempos de retención menores a seis meses a elevarlos, Romeva alertó que estos países podrían emplear la norma como "coartada" para hacerlo.
"Es una propuesta racista", indicó por su parte el italiano de IUE, Vittorio Agnoletto, quien abogó por que el Parlamento Europeo rechace el texto en su voto del próximo junio y sea así coherente con el reciente informe en el que alertaba de la "vergonzosa" situación de los centros de retención de inmigrantes europeos.
La representante de la Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería, Begoña Martínez, se refirió a la norma como "directiva de la vergüenza, por las medidas tan restrictivas y carentes de fundamento hacia la inmigración" que plantea, y aventuró que su aplicación en España podría ser "inconstitucional".
La propuesta de directiva, cuyos términos han sido objeto de un preacuerdo entre el ponente del Parlamento Europeo, el conservador alemán Manfred Weber, y la presidencia de turno del Consejo de la UE, está pendiente de su aprobación en ambas instituciones.
Los embajadores de los Veintisiete tienen previsto pronunciarse hoy al respecto
Anónimo
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jueves, 08 mayo, 2008
"En España nadie va a perder derechos", afirmó el ministro en declaraciones a la Cadena Ser, Rubalcaba explicó que esta directiva pretende que los Estados miembro se pongan de acuerdo "sobre unos mínimos" en materia de inmigración, teniendo en cuenta que hay "países como España donde todo está muy regulado, con derechos perfectamente establecidos y cada paso regulado y judicializado", y otros países con "ninguna regulación".
De esta manera, subrayó, estos "mínimos" no van a "obligar" a los países que van "más allá", sino que va a dar "derechos donde no los había". "Los países que no tienen regulados esos derechos los van a tener regulados, y por tanto los inmigrantes ilegales van a tener derechos que no tenían, y los países donde estamos muy regulados, muy constreñidos por nuestra Constitución, naturalmente no vamos a tener disminución de derechos", afirmó el ministro, que lamentó que se haya hecho una explicación de la directiva que "no es correcta".
No obstante, Rubalcaba explicó que sí se producirán cambios en España en lo que al plazo de internamiento de los extranjeros indocumentados se refiere, con el objetivo de poder llevar a término los "complejísimos" procesos de repatriación. "¿Qué queremos hacer nosotros y qué propusimos en nuestro programa electoral? Aumentar ese plazo de 40 días, porque no resulta fácil conseguir la repatriación", indicó.
En concreto, el ministro explicó que la directiva europea "permitirá" a España "aumentar" el plazo establecido en la actualidad, aunque apuntó que no cree "necesario" llegar hasta los seis meses que contempla este texto, que sí limitará a los países en los que los inmigrantes "pueden estar retenidos infinitamente", aunque sí lo hará "algo más".
Rubalcaba explicó que el plazo actual no permite ejecutar en esos tiempos los proceso de repatriación, ya que es necesario contar con la colaboración de los mismos inmigrantes, que no desean ser expulsados, y de sus países de origen, que no los quieren aceptar, y el proceso es largo. "Todo el mundo arrastra los pies y por eso los plazos se quedan muy cortos", agregó.
De esta manera, defendió la necesidad de ampliar el plazo de manrea que se puedan "sortear las dificultades" del proceso, porque "si no no repatrías a nadie y al final acaban libres en España y sin papeles".
Firmeza contra la inmigración ilegal
Así, aunque aseguró que las repatraciones constituyen una de las "decisiones más difíciles que toma un ministro del Interior", Rubalcaba defendió que hay que ser duros con la inmigración ilegal: "Si somos laxos, primero potenciamos las mafias, y, segundo, esa avalancha no hay quien la pare", dijo.
En este sentido, abogó por lanzar "un mensaje a Africa" que consiste en decir a sus jóvenes que si quieren venir a trabajar a España hay "condiciones legales" para hacerlo, pero que si lo hacen ilegalmente van a ser devueltos.
"No lo contamos, porque a los países que aceptan las repatriaciones no les gusta, y es entendible, pero las hacemos, porque es nuestra obligación", afirmó el ministro, que destacó lo "dolorosísimo de estos procesos", que evitan "un efecto llamada". "La noche que sale un vuelo de Canarias a un país de Africa, esa noche no se duerme bien, porque uno piensa en la gente que se ha jugado la vida y que tiene que volver", aseguró.
En cualquier caso, recordó que este Gobierno ya dijo "desde un principio" que iba a ser "estricto con la inmigración ilegal", como, a su juicio, así lo atestiguan las cifras de repatriaciones, que en la pasada legislatura fueron "mayores" a las de los Gobiernos del PP, que mantuvieron una "retórica más dura", pero una práctica "más laxa".
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