| «« | »» |
Este es el momento histórico |
Es una prioridad indiscutible plantear y preparar los escenarios para la construcción y ejecución de las estrategias de transformación cultural en el menor tiempo posible, a fin de avanzar un paso al frente para contrarrestar definitivamente las prácticas y vicios de la sociedad de capital. Si no tomamos las riendas en el desarrollo de políticas firmes que combatan y conciban una nueva conciencia colectiva socialista, estaremos construyendo un modelo retórico alejado de la praxis, que en el tiempo, se derrumbará cual castillo de arena dejando para la historia una referencia más, de un sueño utópico o un boceto de un sueño irrealizable.
Pablo Sabala
Etiquetas: conocimiento, medios, mentiras, multitud, politica, sabiduria.
Anónimo
El plano teórico-conceptual se refiere a la estructuración de las ideas fundamentales de la búsqueda revolucionaria. Es, principalmente, la confrontación entre reforma (manutención de la estructura) o revolución (cambio de estructura). Lo que exige definiciones inequívocas.
Todavía el aparato del Estado y gran parte de las organizaciones de la sociedad guardan un porcentaje muy elevado de individuos que no se han podido desprender de la cultura reformista de la cuarta república; y, por lo tanto, sucumben ante la fascinación del poder. Se incrustan en la lujuria cupular del mando y se olvidan del prójimo. Se arman de interpretaciones subjetivas (disonancia cognitiva) de lo que es la revolución para montarse en la cacería de las comisiones. Caen en las redes de la corrupción y traicionan las metas revolucionarias.
Otros, que no son revolucionarios, siguen viviendo del Estado. Cargos, contratos y negociados se imponen por encima del Bien Común.
Se amparan ante un mal uso de la llamada “institucionalidad” para obstaculizar el avance del Proceso. Estos reformistas son en el fondo una cuerda de usufructuarios que haciendo uso del nombre de la revolución siguen alimentado la inmensa burocracia parasitaria y los hábitos del puntofijismo.
Sólo con la conciencia revolucionaria inspirada en el árbol de la tres raíces (Bolívar, Rodríguez, Zamora), inspirada también en la huella que orienta la concepción originaria (Cristo, Ché) y sustentada en la democracia directa del SSXXI, se deslastrará la revolución de quienes no saben qué es eso, pero que viven de ella.
El otro plano de la batalla, lo que se propone es materializar los Centros de Formación Ideológica (CFI).
La constitución de los CFI lleva implícito alcanzar la conciencia revolucionaria. Acto que obliga al estudio, la discusión y la investigación. En los CFI se aprende a pensar bajo los parámetros del marco conceptual de la tesis ideológica del Proceso Revolucionario. Además del CFI, en este plano operativo, se necesita crear el Centro de Estudio e Investigación de la Revolución Bolivariana (CEI-RB) para coordinar a la red ideológica tejida por los CFI, establecer la sede de los núcleos de investigación y generar la producción intelectual del Proceso.
La creación de los CFI y del CEI-RB, demanda voluntad y convencimiento políticos. Por lo que se requiere de una militancia revolucionaria despojada de los valores heredados de la democracia representativa para que pueda asumir la difusión ideológica como una tarea propia de la lucha cotidiana. Sin ese nivel de conciencia no solo se deja de operacionalizar la ideología, sino que veremos perecer la revolución.
Todavía el aparato del Estado y gran parte de las organizaciones de la sociedad guardan un porcentaje muy elevado de individuos que no se han podido desprender de la cultura reformista de la cuarta república; y, por lo tanto, sucumben ante la fascinación del poder. Se incrustan en la lujuria cupular del mando y se olvidan del prójimo. Se arman de interpretaciones subjetivas (disonancia cognitiva) de lo que es la revolución para montarse en la cacería de las comisiones. Caen en las redes de la corrupción y traicionan las metas revolucionarias.
Otros, que no son revolucionarios, siguen viviendo del Estado. Cargos, contratos y negociados se imponen por encima del Bien Común.
Se amparan ante un mal uso de la llamada “institucionalidad” para obstaculizar el avance del Proceso. Estos reformistas son en el fondo una cuerda de usufructuarios que haciendo uso del nombre de la revolución siguen alimentado la inmensa burocracia parasitaria y los hábitos del puntofijismo.
Sólo con la conciencia revolucionaria inspirada en el árbol de la tres raíces (Bolívar, Rodríguez, Zamora), inspirada también en la huella que orienta la concepción originaria (Cristo, Ché) y sustentada en la democracia directa del SSXXI, se deslastrará la revolución de quienes no saben qué es eso, pero que viven de ella.
El otro plano de la batalla, lo que se propone es materializar los Centros de Formación Ideológica (CFI).
La constitución de los CFI lleva implícito alcanzar la conciencia revolucionaria. Acto que obliga al estudio, la discusión y la investigación. En los CFI se aprende a pensar bajo los parámetros del marco conceptual de la tesis ideológica del Proceso Revolucionario. Además del CFI, en este plano operativo, se necesita crear el Centro de Estudio e Investigación de la Revolución Bolivariana (CEI-RB) para coordinar a la red ideológica tejida por los CFI, establecer la sede de los núcleos de investigación y generar la producción intelectual del Proceso.
La creación de los CFI y del CEI-RB, demanda voluntad y convencimiento políticos. Por lo que se requiere de una militancia revolucionaria despojada de los valores heredados de la democracia representativa para que pueda asumir la difusión ideológica como una tarea propia de la lucha cotidiana. Sin ese nivel de conciencia no solo se deja de operacionalizar la ideología, sino que veremos perecer la revolución.
Anónimo
Hay una “realidad poco conocida en el Estado español: las dificultades y riesgos de la labor de defensor de derechos humanos, sobre todo en aquellos ámbitos que tienen que ver con la denuncia de maltratos y torturas. A día de hoy, se registran un número más que considerable de casos de descalificación, obstrucción y criminalización”. Así de contundente empieza el informe que acaba de hacer público la Coordinadora para la Prevención de la Tortura.
Formada por 44 organizaciones sociales, profesionales y universitarias del Estado español, de procedencia muy diversa pero con una acreditada trayectoria, la Coordinadora ha querido hacer sonar la voz de alarma recopilando casos que se han producido durante los últimos diez años. “Hemos considerado que por su volumen y gravedad era necesario hacer pública esta realidad”. Y eso que en el propio informe reconoce que no ofrece más que “una reducida realidad, la conocida solamente a través de los casos de los que hemos tenido información”.
Los más de 20 casos recogidos van desde los insultos y descalificaciones, hasta la interposición de acciones judiciales, pasando siempre por la obstaculización y a veces prohibición para desarrollar las tareas de los organismos señalados. Así, uno de los casos reseñados son las amenazas recibidas en 2000 por miembros de la Asociación Contra la Tortura (ACT), que aparecieron en un grupo de noticias público de internet ligado a policías nacionales y en las que se incluían datos concretos y personales de los miembros de la ACT. Las amenazas se prolongaron posteriormente con llamadas telefónicas. Otro de los casos es la condena en 2006 por el Supremo a la Coordinadora de Barrios de Madrid y a los padres de un menor al pago de más de 10.000 euros, en concepto de costas. El alto tribunal había desestimado los recursos que éstos había presentado contra la absolución de cinco empleados del Centro de Menores Renasco y de la Comunidad de Madrid, acusados de haber lesionado a un menor. Y eso a pesar de que una sentencia judicial reconocía que uno de los acusados golpeó en el ojo al joven, si bien el agresor no pudo ser identificado.
Pero los episodios que más preocupan a la Coordinadora son aquellos en los que el denunciante pasa a ser denunciado. Y más concretamente “cuando la acusación penal que pesa sobre los defensores de derechos humanos es la de terrorismo. Esta última categoría se presenta como relativa novedad en expansión en el caso del Estado español. Se trata de un hecho de extrema gravedad ya que se produce un salto substancial en la criminalización”.
Aquí la Coordinadora cita como caso más grave el juicio que está teniendo lugar en la Audiencia Nacional contra 27 personas acusadas de terrorismo por formar parte de Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, dos organizaciones vascas de apoyo a las y los presos de la izquierda abertzale y de denuncia de la represión.
Y es que si hay algo que está quedando claro en la vista oral por el sumario 33/01 es que en el centro están las denuncias de torturas. Tras haber renunciado los acusados en la primera sesión a la defensa judicial, la vista quedó durante unos días en manos de las acusaciones.
Éstas presentaron como elementos incriminatorios los testimonios obtenidos en dependencias policiales de varias personas acusadas de relación con la lucha armada. En la sala los testigos volvieron a afirmar que sus declaraciones incriminatorias fueron dictadas por la policía a lo largo de sesiones de torturas. Días después, cuando llegó el turno de los pocos testigos presentados por las defensas, los testimonios volvieron a girar en torno a las torturas. Los relatos de las violencias fueron estremecedores. Quizás por eso la presidenta del tribunal, hasta entonces permisiva, empezó a limitar las declaraciones de los testigos.
Cada vez más casos
Según el Informe de la Coordinadora para la Prevención de la tortura, “son cada vez más numerosos los casos en los que, desde diversos estratos de los poderes públicos y en ocasiones sindicales, se desarrollan estrategias de obstrucción, descalificación y criminalización de aquellos organismos, ya sean sociales, ya profesionales, de derechos humanos dedicados a la tarea de denunciar y hacer visible la lacra de la tortura y otras formas de violencia institucional”. Las causas: “la nula voluntad de reconocer la existencia de malos tratos”. Los efectos: “en primer lugar, la impunidad en la que se asienta la tortura”.
Formada por 44 organizaciones sociales, profesionales y universitarias del Estado español, de procedencia muy diversa pero con una acreditada trayectoria, la Coordinadora ha querido hacer sonar la voz de alarma recopilando casos que se han producido durante los últimos diez años. “Hemos considerado que por su volumen y gravedad era necesario hacer pública esta realidad”. Y eso que en el propio informe reconoce que no ofrece más que “una reducida realidad, la conocida solamente a través de los casos de los que hemos tenido información”.
Los más de 20 casos recogidos van desde los insultos y descalificaciones, hasta la interposición de acciones judiciales, pasando siempre por la obstaculización y a veces prohibición para desarrollar las tareas de los organismos señalados. Así, uno de los casos reseñados son las amenazas recibidas en 2000 por miembros de la Asociación Contra la Tortura (ACT), que aparecieron en un grupo de noticias público de internet ligado a policías nacionales y en las que se incluían datos concretos y personales de los miembros de la ACT. Las amenazas se prolongaron posteriormente con llamadas telefónicas. Otro de los casos es la condena en 2006 por el Supremo a la Coordinadora de Barrios de Madrid y a los padres de un menor al pago de más de 10.000 euros, en concepto de costas. El alto tribunal había desestimado los recursos que éstos había presentado contra la absolución de cinco empleados del Centro de Menores Renasco y de la Comunidad de Madrid, acusados de haber lesionado a un menor. Y eso a pesar de que una sentencia judicial reconocía que uno de los acusados golpeó en el ojo al joven, si bien el agresor no pudo ser identificado.
Pero los episodios que más preocupan a la Coordinadora son aquellos en los que el denunciante pasa a ser denunciado. Y más concretamente “cuando la acusación penal que pesa sobre los defensores de derechos humanos es la de terrorismo. Esta última categoría se presenta como relativa novedad en expansión en el caso del Estado español. Se trata de un hecho de extrema gravedad ya que se produce un salto substancial en la criminalización”.
Aquí la Coordinadora cita como caso más grave el juicio que está teniendo lugar en la Audiencia Nacional contra 27 personas acusadas de terrorismo por formar parte de Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, dos organizaciones vascas de apoyo a las y los presos de la izquierda abertzale y de denuncia de la represión.
Y es que si hay algo que está quedando claro en la vista oral por el sumario 33/01 es que en el centro están las denuncias de torturas. Tras haber renunciado los acusados en la primera sesión a la defensa judicial, la vista quedó durante unos días en manos de las acusaciones.
Éstas presentaron como elementos incriminatorios los testimonios obtenidos en dependencias policiales de varias personas acusadas de relación con la lucha armada. En la sala los testigos volvieron a afirmar que sus declaraciones incriminatorias fueron dictadas por la policía a lo largo de sesiones de torturas. Días después, cuando llegó el turno de los pocos testigos presentados por las defensas, los testimonios volvieron a girar en torno a las torturas. Los relatos de las violencias fueron estremecedores. Quizás por eso la presidenta del tribunal, hasta entonces permisiva, empezó a limitar las declaraciones de los testigos.
Cada vez más casos
Según el Informe de la Coordinadora para la Prevención de la tortura, “son cada vez más numerosos los casos en los que, desde diversos estratos de los poderes públicos y en ocasiones sindicales, se desarrollan estrategias de obstrucción, descalificación y criminalización de aquellos organismos, ya sean sociales, ya profesionales, de derechos humanos dedicados a la tarea de denunciar y hacer visible la lacra de la tortura y otras formas de violencia institucional”. Las causas: “la nula voluntad de reconocer la existencia de malos tratos”. Los efectos: “en primer lugar, la impunidad en la que se asienta la tortura”.
Anónimo
En declaraciones a los periodistas después de asistir a la presentación de las nuevas patrulleras del servicio marítimo de la Guardia Civil en Cádiz, Rubalcaba ha indicado además que el caso concreto de los dos presuntos autores del atentado de la T-4 en Barajas se está investigando en sede judicial.
Asimismo ha explicado que en el Estado de Derecho no se "ampara nada", a pesar de que "todo el mundo sabe que ETA da instrucciones a sus militantes para que denuncien torturas inmediatamente después de ser detenidos".
Por ello ha aclarado que, aún sabiendo esas instrucciones, se investigan todas esas denuncias, ya que ha sostenido que "los primeros interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo" son la Guardia Civil y el Gobierno.
El ministro también ha hecho referencia a la reunión que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantendrá el martes con el lehendakari Juan José Ibarretxe, y ha expuesto que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar, pero ha advertido de que ese diálogo estará sometido al marco de las normas constitucionales.
El secretario general del PSE/EE, Patxi López, también ha lamentado que PNV, EA, EB, Aralar y EHAK aprobaran ayer en el Parlamento Vasco el "manual del terrorista detenido", "olvidando el asesinato" del guardia civil Juan Manuel Piñuel y "dando la espalda a un Estado de Derecho que funciona con todas las garantías democráticas".
"Es tremendo e inmoral -ha añadido- olvidarse tan rápidamente de la víctima del día anterior -en alusión al atentado contra la casa cuartel de Legutiano (Álava) en la que falleció Piñuel y otras cuatro personas resultaron heridas- y utilizar los argumentos de sus victimarios en un ejercicio de irresponsabilidad enorme", advierte.
Balza: 'El Parlamento expresa lo que piensa la sociedad vasca'
El consejero de Interior, Javier Balza, mantiene que el texto aprobado ayer por el Parlamento vasco, en el que acusa al Gobierno central de "amparar sin excepción" a las fuerzas policiales ante las denuncias de torturas, expresa lo que piensa la mayoría de la sociedad vasca.
En una rueda de prensa del PNV en Barakaldo (Vizcaya), Balza ha recalcado que esa iniciativa merece "todo el respeto" porque fue aprobada por la mayoría del Parlamento -con los votos a favor de PNV, EA, EB, EHAK-PCTV y Aralar- y "por tanto expresa lo que piensa la mayoría de la sociedad".
El consejero de Interior se ha ofrecido a "compartir" con el Estado el protocolo que aplica la Ertzaintza en las detenciones e incomunicaciones de presuntos terroristas, que ha sido calificado positivamente, según ha dicho Balza, por el relator de Derechos Humanos de la ONU.
Aguirre insta a Zapatero que no reciba a Ibarretxe
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, conminó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a no recibir al 'lehendakari', Juan José Ibarretxe, ante "la ofensa de la Cámara Vasca contra todos, y en especial contra la Guardia Civil, 48 horas después de haber enterrado al último servidor público víctima de ETA", en referencia a Juan Manuel Piñiel.
"No se puede poder en el mismo lado de la balanza a los terroristas y a los asesinados", aseveró Aguirre. Censuró así la decisión del tripartito vasco en aprobar un texto en el que se acusa al Gobierno de Zapatero de amparar torturas de la Benemérita a miembros de ETA.
Aguirre se pronunció así en el acto de inauguración del Monumento a las Víctimas del atentado que hace 22 años sesgó la vida de 12 guardias civiles e hirió a otras 60 en la plaza de la República Dominicana de Madrid.
Al acto acudieron el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el vicealcalde, Manuel Cobo, la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, el presidente honorífico del PP, Manuel Fraga, y el secretario General del PP en Madrid, Francisco Granados, y el secretario de Libertades Públicas del PP, Ignacio Astarloa, entre otras personajes.
Asimismo ha explicado que en el Estado de Derecho no se "ampara nada", a pesar de que "todo el mundo sabe que ETA da instrucciones a sus militantes para que denuncien torturas inmediatamente después de ser detenidos".
Por ello ha aclarado que, aún sabiendo esas instrucciones, se investigan todas esas denuncias, ya que ha sostenido que "los primeros interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo" son la Guardia Civil y el Gobierno.
El ministro también ha hecho referencia a la reunión que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantendrá el martes con el lehendakari Juan José Ibarretxe, y ha expuesto que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar, pero ha advertido de que ese diálogo estará sometido al marco de las normas constitucionales.
El secretario general del PSE/EE, Patxi López, también ha lamentado que PNV, EA, EB, Aralar y EHAK aprobaran ayer en el Parlamento Vasco el "manual del terrorista detenido", "olvidando el asesinato" del guardia civil Juan Manuel Piñuel y "dando la espalda a un Estado de Derecho que funciona con todas las garantías democráticas".
"Es tremendo e inmoral -ha añadido- olvidarse tan rápidamente de la víctima del día anterior -en alusión al atentado contra la casa cuartel de Legutiano (Álava) en la que falleció Piñuel y otras cuatro personas resultaron heridas- y utilizar los argumentos de sus victimarios en un ejercicio de irresponsabilidad enorme", advierte.
Balza: 'El Parlamento expresa lo que piensa la sociedad vasca'
El consejero de Interior, Javier Balza, mantiene que el texto aprobado ayer por el Parlamento vasco, en el que acusa al Gobierno central de "amparar sin excepción" a las fuerzas policiales ante las denuncias de torturas, expresa lo que piensa la mayoría de la sociedad vasca.
En una rueda de prensa del PNV en Barakaldo (Vizcaya), Balza ha recalcado que esa iniciativa merece "todo el respeto" porque fue aprobada por la mayoría del Parlamento -con los votos a favor de PNV, EA, EB, EHAK-PCTV y Aralar- y "por tanto expresa lo que piensa la mayoría de la sociedad".
El consejero de Interior se ha ofrecido a "compartir" con el Estado el protocolo que aplica la Ertzaintza en las detenciones e incomunicaciones de presuntos terroristas, que ha sido calificado positivamente, según ha dicho Balza, por el relator de Derechos Humanos de la ONU.
Aguirre insta a Zapatero que no reciba a Ibarretxe
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, conminó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a no recibir al 'lehendakari', Juan José Ibarretxe, ante "la ofensa de la Cámara Vasca contra todos, y en especial contra la Guardia Civil, 48 horas después de haber enterrado al último servidor público víctima de ETA", en referencia a Juan Manuel Piñiel.
"No se puede poder en el mismo lado de la balanza a los terroristas y a los asesinados", aseveró Aguirre. Censuró así la decisión del tripartito vasco en aprobar un texto en el que se acusa al Gobierno de Zapatero de amparar torturas de la Benemérita a miembros de ETA.
Aguirre se pronunció así en el acto de inauguración del Monumento a las Víctimas del atentado que hace 22 años sesgó la vida de 12 guardias civiles e hirió a otras 60 en la plaza de la República Dominicana de Madrid.
Al acto acudieron el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el vicealcalde, Manuel Cobo, la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, el presidente honorífico del PP, Manuel Fraga, y el secretario General del PP en Madrid, Francisco Granados, y el secretario de Libertades Públicas del PP, Ignacio Astarloa, entre otras personajes.
Anónimo
Precisamente la clave de la represión es la decisión de no aceptar la negación del respeto a la voluntad de la mayoría de la sociedad vasca. Negación que deviene pura represión sobre el sector que con más ahínco plantea esa reivindicación tan escrupulosamente democrática. Negación que provoca otra violencia en sentido contrario y que difícilmente se extinguirá con estériles condenas.
Porque las miles de personas que ayer recorrieron las calles de Bilbo representan, además, a quienes no se resignan tampoco a que sigan ocurriendo hechos como el atentado del pasado miércoles en Legutio. A quienes no se resignan a que se sigan sucediendo las diversas manifestaciones de violencia a las que, a pesar de tantos años conviviendo con ellas, este pueblo no ha de acostumbrarse.
Tras el atentado de Legutio, ha quedado una fotografía que por mucho empeño por parte de los retratados en presentarla como novedosa, resulta repetitiva. Y es que, aunque las caras que en ella aparecen van cambiando, el tono amarillento la delata como antigua. La una y otra vez ensayada «unidad frente al terrorismo» cuenta ya los años por decenas; los éxitos, en cambio, brillan por su ausencia. Todos los ministros de Interior españoles han anunciado la debilidad y el cercano fin de ETA, sin embargo todos sus gobiernos han aplicado la misma receta, una y otra vez fracasada, en clave de represión en lugar de apostar decididamente por la vía del acuerdo y el respeto de los derechos.
Consecuencia de esa política es, entre otros, el juicio a los procesados en el sumario 33/01, conocido como Gestoras/Askatasuna, vía criminalización, es decir, englobando a todo disidente en el concepto de «terrorismo», aunque para ello haya sido preciso cambiar, adaptar y retorcer las leyes hasta hacerlas irreconocibles en el Derecho.
Pero ese proceder tradicional del Gobierno español ha contado con el apoyo fundamental de partidos vascos que dicen apostar por el derecho de decisión de Euskal Herria y por una solución dialogada al conflicto político pues no han dudado en formar parte de esa «unidad frente al terrorismo» que ante todo niega esa solución y redunda en la espiral de represión. Hace escasas fechas mostraban su firme apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado en el Congreso de los Diputados de Madrid, a pesar de que, según ellos mismos aprobaron en el Parlamento de Gasteiz, son más que sospechosas de practicar la tortura a en sus centros de detención, ya que la propuesta aprobada denuncia a los torturadores y también el amparo del Estado español a los mismos. Una esquizofrenia que no les impide exigir a unos lo que no exige a quienes denuncia como vulneradores de derechos elementales pero no duda en pactar con ellos y reconocer como demócratas, sean creadores del GAL o ministros franquistas.
Homenaje y agravio en el Kursaal
Ciertamente, esa esquizofrenia no llega ni a dejar lugar a dudas. El homenaje que hoy, por enésima vez, rinde el Gobierno de Lakua a unas víctimas es una clara muestra de la escorada visión de ese Gobierno. Lo que presentan como un acto de reconocimiento y reparación a las víctimas, de defensa de los derechos humanos, es en primer lugar un agravio a las numerosas víctimas que quedan fuera incluso de la consideración de tales.
Resulta curioso que quienes tanto empeño ponen en condenar un tipo de violencia, y lo hacen además arrogándose el derecho de asignar credenciales de ética, ignoren a cientos de personas a las que niegan hasta el reconocimiento de su sufrimiento. Resulta curioso, pero es profundamente injusto.
El acto del Kursaal demuestra, además, que para sus promotores la violencia del Estado terminó con el franquismo o, mejor dicho, con Franco. Después, al parecer, la violencia sólo ha procedido de un lado. Si así fuese, sería incomprensible el hecho de que los partidos del tripartito no hayan podido hacer realidad democráticamente el respeto a la voluntad de los ciudadanos.
Hoy el Kursaal acoge un acto que ofrecerá, junto a la discriminación de muchas víctimas, condenas de una de las violencias existentes en este país. Pero será un acto que no busca poner fin a la prolongación del conflicto y, por tanto, del sufrimiento. El de todos. Ayer Bilbo acogía a quienes desean vehementemente el fin de la lamentable situación que vive este país. Y ofrecían algo más que condenas. Decisión y aunar fuerzas para lograr el final del sufrimiento. El de todos. Un acuerdo basado en la voluntad de los ciudadanos vascos. La de todos.
Porque las miles de personas que ayer recorrieron las calles de Bilbo representan, además, a quienes no se resignan tampoco a que sigan ocurriendo hechos como el atentado del pasado miércoles en Legutio. A quienes no se resignan a que se sigan sucediendo las diversas manifestaciones de violencia a las que, a pesar de tantos años conviviendo con ellas, este pueblo no ha de acostumbrarse.
Tras el atentado de Legutio, ha quedado una fotografía que por mucho empeño por parte de los retratados en presentarla como novedosa, resulta repetitiva. Y es que, aunque las caras que en ella aparecen van cambiando, el tono amarillento la delata como antigua. La una y otra vez ensayada «unidad frente al terrorismo» cuenta ya los años por decenas; los éxitos, en cambio, brillan por su ausencia. Todos los ministros de Interior españoles han anunciado la debilidad y el cercano fin de ETA, sin embargo todos sus gobiernos han aplicado la misma receta, una y otra vez fracasada, en clave de represión en lugar de apostar decididamente por la vía del acuerdo y el respeto de los derechos.
Consecuencia de esa política es, entre otros, el juicio a los procesados en el sumario 33/01, conocido como Gestoras/Askatasuna, vía criminalización, es decir, englobando a todo disidente en el concepto de «terrorismo», aunque para ello haya sido preciso cambiar, adaptar y retorcer las leyes hasta hacerlas irreconocibles en el Derecho.
Pero ese proceder tradicional del Gobierno español ha contado con el apoyo fundamental de partidos vascos que dicen apostar por el derecho de decisión de Euskal Herria y por una solución dialogada al conflicto político pues no han dudado en formar parte de esa «unidad frente al terrorismo» que ante todo niega esa solución y redunda en la espiral de represión. Hace escasas fechas mostraban su firme apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado en el Congreso de los Diputados de Madrid, a pesar de que, según ellos mismos aprobaron en el Parlamento de Gasteiz, son más que sospechosas de practicar la tortura a en sus centros de detención, ya que la propuesta aprobada denuncia a los torturadores y también el amparo del Estado español a los mismos. Una esquizofrenia que no les impide exigir a unos lo que no exige a quienes denuncia como vulneradores de derechos elementales pero no duda en pactar con ellos y reconocer como demócratas, sean creadores del GAL o ministros franquistas.
Homenaje y agravio en el Kursaal
Ciertamente, esa esquizofrenia no llega ni a dejar lugar a dudas. El homenaje que hoy, por enésima vez, rinde el Gobierno de Lakua a unas víctimas es una clara muestra de la escorada visión de ese Gobierno. Lo que presentan como un acto de reconocimiento y reparación a las víctimas, de defensa de los derechos humanos, es en primer lugar un agravio a las numerosas víctimas que quedan fuera incluso de la consideración de tales.
Resulta curioso que quienes tanto empeño ponen en condenar un tipo de violencia, y lo hacen además arrogándose el derecho de asignar credenciales de ética, ignoren a cientos de personas a las que niegan hasta el reconocimiento de su sufrimiento. Resulta curioso, pero es profundamente injusto.
El acto del Kursaal demuestra, además, que para sus promotores la violencia del Estado terminó con el franquismo o, mejor dicho, con Franco. Después, al parecer, la violencia sólo ha procedido de un lado. Si así fuese, sería incomprensible el hecho de que los partidos del tripartito no hayan podido hacer realidad democráticamente el respeto a la voluntad de los ciudadanos.
Hoy el Kursaal acoge un acto que ofrecerá, junto a la discriminación de muchas víctimas, condenas de una de las violencias existentes en este país. Pero será un acto que no busca poner fin a la prolongación del conflicto y, por tanto, del sufrimiento. El de todos. Ayer Bilbo acogía a quienes desean vehementemente el fin de la lamentable situación que vive este país. Y ofrecían algo más que condenas. Decisión y aunar fuerzas para lograr el final del sufrimiento. El de todos. Un acuerdo basado en la voluntad de los ciudadanos vascos. La de todos.
| «« | Inicio | »» |
