El neofascista Berlusconi azuza el odio contra los extranjeros, especialmente rumanos, dirigiendo la frustración de sectores de trabajadores y capas populares contra los inmigrantes en lugar de contra las verdaderas raíces políticas y sociales de los males que padecen.El primer ministro Silvio Berlusconi muestra su mano dura contra los inmigrantes en Italia
El mandato que hace una más de una semana inició ya contempla, entre otros, expulsar a extranjeros indocumentados. Su posición está generando molestia entre algunos de sus vecinos.
Una situación que se profundizará en los próximos meses pues se preparan normas estrictas para controlar los flujos migratorios que, de paso, podrían presionar la marcha de los 'indeseados' hacia otros países.
El miércoles pasado, en una operación a nivel nacional, fueron detenidos al menos 400 "sin papeles", a los que se investiga por tráfico de personas y de estupefacientes. La acción de la policía italiana fue apoyada por las fuerzas de seguridad rumanas, nacionalidad de buena parte de los arrestados.
La detención masiva de inmigrantes ilegales coincide con el repunte del odio que desde hace algunas meses se manifiesta hacia los rumanos de etnia gitana, los 'rom', llegados al país de manera masiva desde la adhesión de Rumania a la Unión Europea (UE), en enero del 2007. Desde esa fecha, los ciudadanos rumanos pueden migrar libremente a cualquier país de la Unión.
Aunque se ha dado en varias ciudades, incluida Roma, la capital, los sucesos de xenofobia más graves se vivieron en la ciudad de Nápoles, al sur del país, donde fueron atacados el miércoles pasado con cocteles Molotov tres poblados de nómadas rumanos.
Entre las gigantescas columnas de humo negro que desprendían las pequeñas casas de madera y cartón en llamas, la policía tuvo que intervenir para evacuar a los 'rom' y evitar que fueran agredidos por los vecinos.
Sin embargo, esta situación se veía venir, pues una de las plataformas de Berlusconi ha sido la de gestionar con orden y rigor la inmigración interna y externa de la Unión Europea para garantizar la convivencia pacífica, término que algunos dentro y fuera de Italia consideran de marcado corte xenófobo.
En los desórdenes de Nápoles no faltaron razones de los habitantes del barrio Ponticelli, donde se produjeron los ataques a los campamentos, pues se presentó un intento de secuestro de una recién nacida a manos de una joven gitana.
Era la chispa que faltaba para encender los ánimos, muy calientes ya por la gran degradación del barrio y la integración imposible de los 'rom' con la comunidad.
"Alguien del barrio ha decidido quemar el poblado. Menos mal. Si no, dentro de dos semanas están de nuevo aquí", dijo una señora de Ponticelli que, junto a otros vecinos, celebraba el desalojo de los gitanos mientras coreaba: "No los queremos aquí".
Incluso alguno de los habitantes de esta deprimida zona de Nápoles llegó a increpar a los bomberos por intentar apagar el fuego.
Aunque el malestar de los habitantes de Nápoles por la presencia de los 'rom' explica en parte los ataques a los campamentos, la mafia napolitana ha sido la encargada de prender la mecha.
140.000 pesos mensuales por cada casa de cartón
Desde que se instalaron en esta zona, los gitanos rumanos debían pagar a los camorristas un impuesto, el llamado 'pizzo', que también entregan todos los vecinos. Dada su condición de pobreza, la camorra exigía a los 'rom' que pagaran 50 euros (140.000 pesos) mensuales por cada casa de cartón y madera que levantasen.
Pagando este dinero, los inmigrantes podían practicar la mendicidad y cometer pequeños crímenes. Nada de tráfico de drogas ni grandes operaciones: eso es terreno de los mafiosos.
Cuando los capos camorristas de Ponticelli tuvieron noticia del intento de secuestro de la recién nacida consideraron que era demasiado. Por encima de cualquier cosa, los mafiosos se vanaglorian de mantener la paz en su territorio: es la mejor forma de proteger sus negocios. El rapto fallido era una acción indeseable por lo que, de acuerdo con muchas versiones, ellos mismos mandaron a quemar los poblados improvisados de los gitanos.
"Estamos pagando justos por pecadores. En todas las razas hay criminales, pero no es justo lo que está pasando", dijo a EL TIEMPO Nicolás, un gitano que vive en un campamento situado en el centro de Roma, a la orilla del río Tíber.
Viene más apretón La intensidad de los operativos y la violencia que se ha presentado no ha amilanado al Gobierno, que ha continuado con las redadas en los últimos días para expulsar a los extranjeros sin papeles.
El ministro del Interior, Roberto Maroni, perteneciente a la Liga Norte, partido aliado de Berlusconi, calificó de "injustificables" los incendios y la violencia. Sin embargo, aseguró que el Estado dará todo el apoyo necesario "para mejorar la seguridad" de Italia.
Y para demostrar que el asunto del control de la inmigración ilegal en Italia es un asunto serio, se anuncia que el próximo miércoles el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley sobre seguridad pública y lucha contra la inmigración ilegal.
Hasta el momento, nadie en Italia parece objetar las actuaciones y anuncios del Gobierno, que no han tenido respuesta por parte de la oposición. Pero en el plano internacional, se comienzan a ver algunas reacciones.
Tras la redada del miércoles en Nápoles, la vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega, en referencia al caso italiano, afirmó que no comparte "la política de expulsiones sin respeto de la ley ni los derechos de los inmigrantes, ni las actuaciones que pueden exaltar la violencia, el racismo y la xenofobia".
Aunque las palabras quedaron dichas, el secretario de Estado español para Asuntos Europeos, Diego López Garrido, aclaró que esa no es una posición del Gobierno y desactivó la polémica.
Así mismo, en Rumania se han presentado manifestaciones frente a consulados y la embajada italiana por parte de familiares de expulsados.
DARÍO MENOR
PARA EL TIEMPO ROMA
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conocimiento, memoria, multitud, politica, violencia.
Anónimo
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martes, 20 mayo, 2008
“Es un vergonzoso retroceso de los derechos humanos en Europa”, afirma SOS Racismo. “Es una degeneración jurídica que trata a los inmigrantes como una subespecie humana”, remacha el eurodiputado socialista Claudio Fava. Son reacciones ante la probable aprobación del proyecto de directiva europea sobre Procedimientos y normas comunes para el retorno de los nacionales de terceros países. O ‘directiva de la vergüenza’, como la llaman las organizaciones pro derechos humanos.
Según éstas, la directiva supone profundizar en las políticas de gestión de los flujos migratorios únicamente desde una óptica securitaria y represiva. La norma, que pretende homogeneizar las legislaciones nacionales, prevé medidas como el encierro de los sin papeles hasta 18 meses en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) –y si estos se encuentran saturados, en cárceles–. Los niños y adolescentes –solos o acompañados de sus padres– también podrán ser internados en los CIE. Si ahora se exige, como regla general, una orden judicial previa al encierro, con la directriz bastará una simple orden administrativa. Y los estados pueden prohibir durante cinco años el regreso a todo el territorio de la UE a las personas expulsadas. Según las organizaciones contrarias, la directriz estigmatiza, criminaliza y excluye a personas por cometer una infracción administrativa : no tener los documentos en regla.
Por su parte, las autoridades europeas consideran que la directiva es la palanca que necesitan para poder expulsar a los ocho millones de sin papeles que según la Comisión Europea, hay entre los 400 millones de habitantes de la UE-Schengen, (la UE más Noruega e Islandia). Según las mismas fuentes, de los 120 millones de ciudadanos de terceros países que cada año llegan, entre medio millón y un millón se quedaran como indocumentados. Cinco países –Francia, Italia, España, Reino Unido y Alemania– concentran el 80% de los flujos migratorios, los 20% restantes se reparten entre Portugal, Polonia y Austria, seguidos del resto de los Estados.
Tras tres años de negociaciones en torno al texto, a mediados de abril, la presidencia eslovena de la UE y un grupo de diputados europeos habían concluido un borrador de directiva, impulsado por Francia, Italia y España. Pero el 7 de mayo, en el comité de representantes de la UE, diez Estados encabezados por Francia y Alemania, exigieron incluir condiciones aún más duras –como, por ejemplo, no fijar tiempo máximo de detención para los sin papeles–, impidiendo que se aprobase el texto pactado. Estaba previsto que el 14 de mayo el comité se volviese a reunir para intentar lograr un acuerdo y así el texto resultante podría ser votado en el Parlamento Europeo el 20 de mayo. Francia es una de las adalides del abordaje represivo de los flujos migratorios.
Fue impulsora del paquete de medidas –fichaje de los datos biométricos de todo extranjero que soliciten visado, etc.– aprobadas por la UE el 13 de febrero de 2008 para cerrar aún más sus fronteras y en el que se ponía al mismo nivel terrorismo e inmigración. En septiembre de 2008, en París, tendrá lugar la conferencia ministerial para armonizar el asilo político a nivel europeo.
El presidente francés, Sarkozy, que ya ha anunciado que su presidencia de la UE, a partir de julio, se centrará en la inmigración, es también el promotor, junto al Gobierno español, de un pacto de control migratorio que implique a toda Europa. Por eso, la actitud francesa frente a la directiva de la vergüenza –impulsando un borrador para después rechazarlo– es entendida por algunos analistas como una táctica para lograr superar la oposición que el actual texto tiene entre parte de los eurodiputados: como mal menor puede ser aceptado frente a una propuesta aún más represiva. Las protestas no se han hecho esperar.
El 7 de mayo, cientos de personas se manifestaban en Bruselas en contra, y un documento de rechazo ha sido firmado por 33.000 personas, 880 organizaciones y 400 cargos públicos. En Francia hubo manifestaciones de repulsa en París, Marsella, Nantes, etc. Es “una medida en esencia contraria a los principios del Estado de derecho ya que legitima una privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito”, según SOS Racismo, para quien supone la generalización de las políticas de encierro de las personas sin papeles, con los CIE en el centro, como norma de gestión de la inmigración.
Mientras las protestas para exigir el cierre de los CIE, un trato humano para los sin papeles y su regularización no cejan. En Bélgica, el 28 de abril, en el CIE de Merkplas, el ciudadano camerunés Ebenizer Folefack prefería suicidarse antes que ser deportado. Horas más tarde, estallaba un motín. En Francia, el 1 de mayo, 100 internos del Centro de Retención Administrativa (CRA, el equivalente a los CIE) de Vincennes se declaraban en huelga de hambre. El 4 de mayo, más de 1.000 personas se manifestaban en solidaridad con su lucha. Hay también huelgas de hambre y protestas en los CRA de Nantes y Marsella. Y desde finales de abril, varios cientos de ‘sin papeles’ protagonizan encierros en una iglesia en Nanterre y en un edificio sindical en París, para exigir ser regularizados.
Fernán Chalmeta
Anónimo
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miércoles, 21 mayo, 2008
«Para que los gitanos puedan proteger su identidad, defiendo que la UE promueva la creación de un Estado gitano, en el Este de Europa, de donde viene la mayoría», dijo Romagnoli.
«Mejoraría su calidad de vida y, si me lo permiten, también mejoraría la nuestra», añadió Romagnoli, que hizo estas declaraciones en un agitado debate en el Parlamento Europeo sobre los recientes ataques a campamentos gitanos en Nápoles y Roma y las medidas contra los inmigrantes de Silvio Berlusconi.
«La historia europea nos demuestra que el racismo, la intolerancia y el odio étnico llevan tarde o temprano a la catástrofe», señaló el comisario europeo de Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, que no citó específicamente al eurodiputado Romagnoli.
Anónimo
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miércoles, 21 mayo, 2008
Frattini explicó que el consejo celebrado en la sureña ciudad de Nápoles duró alrededor de cuatro horas y sometió a consideración las propuestas del titular del Interior Roberto Maroni.
La reunión de este miércoles examinó también la posibilidad de crear patrullas conjuntas del ejército y la policía como parte de las medidas de seguridad, pero la idea fue descartada.
A pesar del rechazo de partidos de oposición y de la Iglesia, el gobierno de Berlusconi espera pasar las medidas en el parlamento tomando en cuenta la mayoría absoluta de que goza en ambas cámaras tras los comicios de abril último.
El paquete legislativo contempla, entre otros, la deportación de los ilegales con condenas superiores a los dos años de prisión, y hasta 18 meses de estancia en centros de retención para los extranjeros.
Asímismo, los nacionales que alquilen viviendas a clandestinos podrán ser condenados a entre seis meses y tres años de privación de libertad o pagar multas de hasta 150 mil euros y la confiscación de la vivienda.
Anónimo
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miércoles, 21 mayo, 2008
El jefe de Gobierno italiano, holgado vencedor de las elecciones legislativas de abril, decidió aplicar mano dura contra todas las formas de protesta organizadas en los últimos años contra la construcción de vertederos.
"Cualquier persona o minoría organizada que bloquee o dificulte el uso de los vertederos será castigada con penas severas que van de tres meses a un año de cárcel", advirtió.
"El Estado debe asumir su rol de Estado con fuerza y autoridad", dijo el magnate de las comunicaciones en un mensaje dirigido tanto a los habitantes de los barrios periféricos como a la mafia napolitana, la Camorra, acusada de haber descargado legal e ilegalmente, durante años y a bajo precio, millones de toneladas de residuos tóxicos provenientes de media Europa.
El Consejo de Ministros también dispuso la creación de cinco nuevos vertederos en la región de Nápoles, sin divulgar su ubicación precisa, y anunció que se construirán cuatro plantas incineradoras modernas "de última generación" para el tratamiento de las basuras de toda la zona.
El Gobierno adoptó igualmente un paquete de medidas de seguridad que fijan una línea dura contra la inmigración ilegal, tal como lo había prometido durante la campaña electoral, lo que ha alimentado una ola de xenofobia en toda la península.
"El Estado debe garantizar a todo ciudadano el derecho a no tener miedo", afirmó Berlusconi, al notificar las medidas.
Entre las medidas inmediatas aprobadas figuran la aceleración de las expulsiones de los indocumentados y la "confiscación de los apartamentos y residencias alquiladas a inmigrantes indocumentados", precisó el ministro del Interior, Roberto Maroni, uno de los autores de las medidas.
Maroni, exponente de la xenófoba y populista Liga Norte, precisó que se limitará la entrada de familiares del inmigrante legal al nivel de hijos y padres, quienes serán sometidos a pruebas de ADN, lo que ha suscitado la indignación de organizaciones no gubernamentales y católicas.
El gobierno conservador aprobará luego, antes de julio, por vía parlamentaria, una ley que introduce el delito de inmigración ilegal y prevé penas que van de 6 meses a cuatro años de cárcel.
Paralelamente a la reunión ministerial, cientos de personas salieron a manifestarse en Nápoles contra la política de Berlusconi, entre ellos numerosos desempleados, ecologistas, militantes antiglobalización y ciudadanos indignados por la crónica mala gestión de los desechos.
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