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Érase una vez un cuento económico |
A punto de empezar la nueva legislatura, en algo que se ha convertido en asunto de Estado ya están de acuerdo los dos grandes partidos políticos: en la economía. Al margen de matices sobre las décimas de fiebre que tiene el enfermo, José Luis Rodríguez Zapatero admitió por fin en su discurso de investidura lo que el acorralado Rajoy le había reiterado durante la campaña. Que estamos en crisis y que los datos no mienten.
Teniendo en cuenta la debilidad del rival, Zapatero tuvo la habilidad de maquillar, con la ayuda del independiente Banco de España, las cifras para convencer a la plebe y asegurarse cuatro años más de mandato en la Moncloa. Pero, apenas un mes después de los comicios, el político leonés se ha rendido ya a la evidencia de los números, que no admiten debate.
Zapatero ha pasado de decir “que el horizonte económico de España es positivo” porque la industria y los servicios muestran cifras alentadoras de inversión que compensarán la normalización (suponemos que quería decir catástrofe) del sector constructor, a contarnos ahora que vienen dos años duros, de los que hacen mella en el bolsillo del consumidor y en las cuentas del Estado ante el alargamiento de la cola del INEM.
El que va a ser nuevo presidente del Gobierno nos decía hasta hace cuatro días, en esa bonita foto al lado de un Emilio Botín en tirantes, que la inflación descendería a partir de marzo, que el Euribor comenzaría a bajar este mismo año y que se comprometía a cumplir la utopía del pleno empleo en su nueva legislatura.
Teniendo en cuenta que como pitoniso pasaría hambre, esperemos que las medidas de emergencia que propuso ayer para reactivar la economía den su fruto en un plazo razonable y a ser posible sin hipotecar el futuro de años venideros. Es decir, que Zapatero no dilapide el supervávit que tantos años nos ha costado conseguir para contentar al pueblo con medidas puramente electoralistas y que no solucionan el problema de fondo.
No es que Zapatero lo haya hecho todo mal. No. Hay asuntos como el de las pensiones y el salario mínimo interprofesional, entre otros, que han beneficiado a una gran mayoría de españoles. Pero con regalar la guardería, el dentista, 400 euros –no dan ni para pipas- y prometer rebajas fiscales y en los gastos de las hipotecas cuesta creer que se arreglará una crisis estructural.
Zapatero, como a Laporta, otro culé al que le ha dado otro ataque de sinceridad en cuanto ha visto que amenaza tormenta, es consciente que repetir el éxito electoral depende de saber gestionar lo que él llamaba “suave desaceleración” a la espera de que al otro lado haya un contrincante que le pueda apretar las tuercas como Dios manda.
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No obstante sería muy de agradecer que el juez Garzon que ha logrado investigar y paralizar las cuentas secretas de ETA en Liechtenstein, hiciera lo mismo con las cuentas de estos ladrones de guante blanco y lo hiciera con la misma valentía y determinación.
Estos defraudadores y poseedores de dinero negro ilegal, ladrones de guante blanco, no son demócratas, porque sus actos no lo son.
Estos "grandes patriotas" que luego se llevan el dinero de sus países, para proteger sus fortunas, recurren al método radical de crear sociedades tapadera o holdings que establecen en paraísos ficales como Liechtenstein y así escapar por completo de cualquier de fiscalidad o control público de sus actividades económicas, muchas de ellas ilegales, a las que si están sometidos con lupa el resto de los ciudadanos y la sociedad civil de las clases populares.
Los paraisos fiscales, como este de Liechtenstein, ofrecen una protección máxima contra todo procedimiento legal para investigar fortunas evadidas y dinero negro, son paraísos de los ricos donde los bancos no autorizan que se consulten balances ni movimientos de dinero, tampoco permiten que se sepa la identidad de los propietarios de las fortunas aunque sean obtenidas de foma ilegal. El secreto bancario es absoluto. Son bancos especializados en evasión fiscal y en ocultamiento de dinero negro obtenido de forma ilegal.
Estos "patriotas" que evaden dinero obtenido muchas veces de forma ilegal a estos paraisos fiscales, consideran en el fondo de sus mentes retorcidas, auque no lo expresen públicamente, que el fisco saquea sus grandes fortunas para trasvasarlo a las clases populares "torpes y vagas" que no tienen la inteligencia para ganar dinero como ellos; para ellos su único crimen es "haber triunfado en los negocios" y la "chusma" no tiene por qué beneficiarse de ello.
El no investigar este caso de Liechtenstein y ocultarlo o darlo por cerrado, se hace probablemente porque en la lista hay nombres que escandalizarian a la opinión pública y a la sociedad civil de las clases populares de toda Europa e incluso podría hacer tambalearse algún gobierno y sobre todo produciría el descrédito ante la sociedad del sistema Institucional, supuestamente, totalmente democrático.
Se está con esta actitud de ocultamiento poniendo en duda la independencia de la justicia, la imparcialidad de las Instituciones de los Estados y la credibilidad del llamado Estado de Derecho en su conjunto. Sólo se actua contra agún nuevo rico ignorante y torpe en su avaricia, que suele estar fuera de los grandes grupos de presión económicos y políticos, y que sirven además como justificación y tapadera de que la justicia y las Instituciones funcionan "siempre" en estos casos.
Los derechos democráticos de la sociedad civil de las clases populares, se convierten así en papel mojado. Este crimen económico organizado no es más que la cara destapada de un capitalismo cada vez más agudizado.
Ahora su construcción se desmorona. ¿Cómo podría ser de otro modo cuando algunos grandes bancos efectuaban enormes operaciones fuera de balance, construyendo un castillo de naipes con unos créditos dudosos y contribuyendo a la creación de una burbuja especulativa en el sector inmobiliario, que finalmente estalló? El sistema, lejos de dispersar el riesgo, hizo todo lo contrario, y los grandes bancos acumularon las fragilidades. Cada uno de éstos se esforzó entonces en pasar la patata caliente a su vecino, que ya estaba enredado con la suya.
En vez de reconocer sus errores y de asumir todas las consecuencias, los grandes bancos llamaron entonces en su ayuda al Estado, cuya acción, por otra parte, no cesan de denigrar: No vacilaron en reclamar al Estado, al que, en general, consideran demasiado intervencionista, que tomara medidas públicas enérgicas. En efecto, los lobbies de la gran banca privada repiten que el poder público debe plegarse a las leyes del mercado, que son las únicas que pueden gestionar con eficacia los recursos y fijar los precios a su justo valor.
Como simples subordinados, los poderes públicos de Estados Unidos y de Europa se pusieron manos a la obra de buena gana: no se puede negar nada a los directivos de los grandes bancos que sostienen a los principales candidatos en la elección presidencial, y que se mueven en los mismos círculos cerrados. Así, los gobernantes se apresuraron a salir en rescate del sector privado. En el menú: nacionalización de los bancos en dificultades, cambio de títulos devaluados por dinero fresco (200.000 millones de dólares en Estados Unidos), inyección de liquidez, planes de salvamento, reducción de la tasa de interés...
En Gran Bretaña, país puntero de la mundialización neoliberal, la crisis derribó al banco Northern Rock en septiembre de 2007, el que finalmente fue nacionalizado en febrero de 2008. Una vez que la empresa sea reflotada a costa de la colectividad, será devuelta al sector privado. Del mismo modo, en Estados Unidos, cuando el Bear Sterns, quinto banco de negocios del país, se encontró en dificultades de pago, el 13 de marzo de este año, las autoridades monetarias organizaron un montaje financiero, con el concurso del banco JP Morgan Chase, el cual compró a continuación el Bear Sterns a precio de bicoca.
Esta crisis demuestra con claridad que someter la gestión de la economía mundial a la lógica del máximo beneficio representa un coste enorme para la sociedad. Los bancos han jugado con el ahorro y los depósitos líquidos de centenares de millones de personas. Sur errores conducen a pérdidas enormes y a dramas humanos, como fue el caso de la quiebra de la multinacional Enron en el 2001. Unos 25.000 asalariados de Enron se encontraron con un retiro irrisorio porque los fondos de pensiones de la empresa habían sido descapitalizados por los directivos, que vendieron discretamente sus acciones por más de mil millones de dólares.
Entre el Norte y el Sur, las semejanzas son evidentes. En el Sur, la crisis de la deuda, producida a principios de los años 80, fue provocada por el aumento unilateral de los tipos de interés por Estados Unidos, lo que produjo una explosión de los desembolsos exigidos a los países del Tercer Mundo a los que los bancos habían incitado a tomar préstamos a tipo de interés variable. Al mismo tiempo, el hundimiento de los precios de las materias primas les impedía afrontar los pagos, sumiéndolos brutalmente en la crisis.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), teleguiado por Estados Unidos y otras potencias, impuso entonces a los países en desarrollo endeudados unos drásticos programas de ajuste estructural. En el menú, como en los países del Norte, recorte de los presupuestos sociales, liberalización total e inmediata de la economía, abandono del control de los movimientos de capitales, apertura completa de los mercados, privatizaciones masivas.
Pero, a diferencia de lo que ocurre actualmente en el Norte, a los Estados del Sur se les impidió la reducción de los tipos de interés y el aporte de liquidez a los bancos, lo cual provocó una cascada de bancarrotas y fuertes recesiones. Finalmente, como ahora, el Estado tuvo que reflotar los bancos en dificultades antes de privatizarlos, a menudo en beneficio de las grandes sociedades bancarias estadounidenses o europeas.
En México, el coste del salvamento de los bancos en la segunda mitad de los años 90 representó el 15 % del producto interior bruto (PIB). En Ecuador, una operación similar realizada en el 2000 costó el 25 % del PIB. En todos los casos, la deuda pública interna tuvo un fuerte crecimiento, pues el coste del salvamento de los bancos fue soportado por el Estado.
La desreglamentación económica de las últimas décadas ha terminado en un fiasco. La única salida válida es una inversión total de las prioridades: reglamentaciones muy estrictas para las empresas privadas; inversión pública masiva en los sectores que permitan garantizar el goce de los derechos humanos fundamentales y proteger el ambiente, la recuperación por los poderes públicos de las palancas de decisión para favorecer sin excepciones el interés general.
Si el tren neoliberal prosigue su carrera demencial, el crash está garantizado. Los que lo embalaron en esta vía quieren verlo aún más acelerado. La prueba más reciente: después de las últimas elecciones en Francia, Nicolas Sarkozy declaró que quería acelerar las reformas, mientras que los electores han expresado con claridad su rechazo a las opciones actuales.
Nadie duda de que un giro económico importante en el nivel internacional no podrá suceder sin una fuerte movilización popular. Cuarenta años después de mayo del 68, ésta es cada vez más urgente, para lograr por fin cuestionar el capitalismo.
En el Estado español las cifras económicas indican que la crisis hace tiempo que llama a la puerta con intenciones de entrar de lleno. La última predicción de la OCDE sitúa el crecimiento del PIB entorno al 2,5%, seis décimas por debajo de lo que había estimado el Gobierno. El aumento de los precios en el Estado español es cada día más elevado. En febrero, el IPC subió otra vez dos décimas, que lo sitúan en un 4’4%. Sólo el cartón de leche ha subido en un año un 27’7%.
Además, la economía del Estado español, como la norteamericana, depende en gran parte del mercado inmobiliario y de la construcción, y se ha basado durante todos este años en el aumento de los precios de las viviendas y en una gran dependencia del crédito exterior. La economía española ha estado —según datos de la Eurostat, la oficina de estadística de la UE — la que ha acusado más la caída de este sector, que ha bajado en un 8% con respecto al enero de 2007. La pérdida de puestos de trabajo en la construcción es una realidad creciente.
No ver la relación entre estas cifras con la crisis crediticia a nivel internacional y que más pronto que tarde acabará golpeando el Estado español es negar la realidad. El compromiso con el neoliberalismo del gobierno del PSOE durante los últimos cuatro años y su apuesta por el sector financiero y el sector de la construcción hace que las consecuencias de una fuerte recesión a nivel mundial tengan un gran impacto sobre la economía del Estado español. De hecho, según un estudio, el 90% de las empresas con sede en Estado español deberán afrontar este año problemas de liquidez.
El PSOE y los economistas neoliberales se apresuran a repetir una y otra vez que la crisis no afectará al Estado español porque la economía continúa creciendo, pero pensar que la crisis financiera no nos afectará al Estado español en un sistema global es como ver arder la casa de tu vecino y quedarte sentado pensando que el fuego pasará de largo.
Frente a esta situación, Zapatero ya está dejando ver sus cartas. Los resultados electorales han reforzado al PSOE en el gobierno, pero al mismo tiempo le permite buscar aliados como CiU y el PNV, que sin duda harán radicalizar sus políticas, sobre todo la económica, hacia la derecha. Zapatero ya ha dejado ver claramente que el ministro de economía, Pedro Solbes, tendrá un mayor poder de actuación. La patronal, al igual que Solbes, no quiere ni hablar de que la inflación se vea reflejada en un aumento de los salarios y ya se ha apresurado a preparar un “Plan de Acción” para entregar al nuevo gobierno, donde pone sobre papel sus exigencias. Todo esto supondrá medidas neoliberales mucho más profundas que hasta ahora. Los resultados serán la protección de los beneficios de los ricos y las consecuencias, unas condiciones de trabajo más precarias y una mayor política de contención salarial.
Nos encontramos en una situación creada por las propias clases dirigentes, que actúan buscando más y más beneficios y que sin duda acabaremos pagando entre todos y todas. A pesar de estas medidas, no podrán parar una crisis que va mucho más allá y que es intrínseca a la dinámica del propio sistema capitalista. Con la amenaza de un fuerte aumento del paro, Gobierno y patronal, presionarán para reducir los derechos de los trabajadores y trabajadoras, a través, por ejemplo, de la reducción de las pensiones y la firma de unos convenios colectivos a la baja. Una crisis de estas consecuencias y las medidas adoptadas por el PSOE inevitablemente harán crecer la tensión entre los trabajadores y la clase dirigente. Será entonces cuando será más necesaria que nunca una izquierda combativa y arraigada a las luchas de base para poder ofrecer una alternativa real, no sólo a las medidas neoliberales, sino al propio sistema.
Además, la institución monetaria internacional recomienda a los bancos centrales que aumenten tanto el rango de activos que admiten como colateral, como el tipo de entidades que pueden acceder a las inyecciones de liquidez en tiempos de estabilidad financiera, a la vez que les insta coordinar mejor su actividad supervisora compartiendo información entre ellos.
(mas...)
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