La sigla TPI suele utilizarse en castellano para referirse al Tribunal Penal Internacional que nació con un pacto internacional desinflado que se llamó pomposamente Tratado de Roma. Cuando se traduce directamente del inglés Falsimedia emplea también el término Corte Penal Internacional.
La redacción original del tratado -en la que se definían minuciosamente los “delitos de lesa humanidad”: Genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra; las responsabilidades penales de los gobernantes, los altos funcionarios y las autoridades militares; además de la competencia del Tribunal- era excelente.
La redacción final fue considerablemente mutilada por presiones irresistibles de los EEUU. Lo peor, sin embargo, vino después cuando Washington se negó a ratificar lo que había ya mutilado y no aceptó la jurisdicción del TPI contra su país.
Unos años más tarde Estados Unidos empezaba las guerras genocidas y multicriminales en Afganistán y en Iraq con plena participación de la totalidad de los países de la UE (como aliados incondicionales en Iraq, y como miembros de la OTAN (Afganistán).
Según el texto del tratado –aún después de ser mutilado-, en ambos países se han cometido decenas de miles de delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
La negativa de los EEUU de someterse a la jurisdicción del tribunal -ni en su país ni en cualquier otro lugar del mundo- ha amparado a verdaderos canallas de alta jerarquía política: estadounidenses, británicos, españoles, etc.
Entre los delincuentes directos por “complicidad” con crímenes que el tribunal italiano que juzgó la masacre nazi de las Fosas Ardeatinas denominó “incompatibles con el olvido”, se encuentra nuestro ilustrísimo José María Aznar.
Los que ante minucias como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, anteponen la estabilidad institucional de la constitución monárquica española, no deben preocuparse.
Aún en el caso de que Juan Carlos I de Borbón hubiese pronunciado discursos apoyando la intervención española en Iraq; la intervención en la “guerra mundial antiterrorista” de la OTAN (con responsabilidad del estado español según el TPI); o la realización de futuros genocidios económicos o genocidios sin más (con los crímenes nefandos concomitantes en Bolivia, Líbano, Venezuela o Cuba), no deben preocuparse.
Juan Carlos I de Borbón tiene -como sabemos pero no podemos entender (ni en barroquismo verbal, ni en la “teología”, ni en la lógica elemental, ni en la genética, ni en la historia familiar, ni en su poderoso papel constitucional) “impunidad e inmunidad interior absoluta”, e inmunidad exterior garantizada por el texto final del TPI y por el estado y el ejército de los EEUU.
Antonio Maira
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