Que la justicia como institución es, sobre todo, un flagelo contra los más débiles, es parte del saber experimental y del rumor sordo de protesta que ha acompañado siempre a su ejercicio cotidiano. Pero hace mucho tiempo que esta afirmación no resultaba tan evidente.
"Mientras yo siga respirando", dice Helms, "los Estados Unidos nunca permitirán que sus decisiones sobre seguridad nacional sean juzgadas por un Tribunal Penal Internacional".
Ya lo saben ustedes, en lo que se refiere a los EEUU el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, simplemente no existen.Que la justicia como institución es, sobre todo, un flagelo contra los más débiles, es parte del saber experimental y del rumor sordo de protesta que ha acompañado siempre a su ejercicio cotidiano. Pero hace mucho tiempo que esta afirmación no resultaba tan evidente.
¿Paradojas?
Desde hace meses 13 personas, 3 mujeres y 10 hombres, condenadas a cadena perpetua por el asalto del cuartel argentino de La Tablada, protestan de la única manera que les resulta posible –la huelga de hambre hasta el fin- por el derecho a una instancia de apelación y un juicio que revise su sentencia. Hasta el momento el gobierno y los legisladores no parecen conmoverse demasiado.
Simultáneamente a esa tragedia se producen otros hechos que implican actitudes radicalmente distintas del gobierno y de la oposición en Argentina.
Según denuncian organizaciones de derechos humanos y algunos periodistas de la casta de Rodolfo Walsh, como Horacio Verbistsky, Miguel Bonasso o Stella Calloni, el gobierno De la Rua, con la complicidad de la oposición peronista, ha ideado una estrategia y puesto en marcha a sus peones para evitar que el genocida Ricardo Cavallo sea extraditado a España. Pocas semanas atrás un documento evidentemente falso y la escandalosa complicidad de funcionarios y abogados argentinos y de jueces italianos devolvían a su país, es decir a la impunidad, a otra mixtura inhumana de secuestrador, violador, asesino y ladrón, llamada Jorge Olivera.
La Tablada... entonces
El cuartel de La Tablada fue asaltado en 1989 por militantes del Movimiento Todos por la Patria para promover una reacción del pueblo argentino ante el golpismo cotidiano e incontrolado de los “carapintada”. Un día sí y otro también militares fuertemente armados y pintarrajeados como los matarifes profesionales de las “fuerzas especiales”, asustaban y debilitaban los propósitos de hacer justicia por los miles de asesinatos y otras atrocidades casi inconcebibles cometidos por las Juntas Militares, y los de garantizar a un pueblo contra el retorno del exterminio.
En aquellos años era evidente la dirección –“encubierta”, naturalmente-, de aquella asonada perpetua por la cúpula militar. También lo era la imposición definitiva de la impunidad por el genocidio de amplio espectro que se llevó a cabo, con planificación minuciosa, en los años de las Juntas Militares. Los milicos enseñaban los dientes y revolvían en la memoria del terror, apenas sedimentado, de la gente.
La demanda de justicia fue arrinconada a golpe de coacciones uniformadas, y debilitada por alarmas continuas, advertencias públicas sobre lo que podría venirse encima, y cobardías de gobernantes. El chantaje violento y la complicidad minaron progresivamente la indignación popular.
Fueron años de exhibiciones de fuerza y de desvergüenza: los alardes militares de los comandos y las tropas especiales en la calle, y los engendros jurídicos de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.
Pocas situaciones puede haber más confusas que la de aquellos años para una evaluación racional de las consecuencias de una acción como la de La Tablada, y pocas más claras para una justificación moral del derecho de resistencia.
El resultado del asalto fue de varias decenas de muertos y sólo 21 sobrevivientes. Se denunciaron ejecuciones sumarias una vez rendidos los asaltantes. Algunos videos muy localizados y disponibles –uno de ellos de TVE- constituían pruebas evidentes, pero los hechos no fueron investigados nunca.
La Tablada hoy
Los asaltantes de La Tablada cumplen ahora 11 años de cárcel en condiciones muy duras. Cumplen también más de 90 días de huelga de hambre. En las celdas han oído de Videlas y Masseras indultados, y de notorios “carapintadas”, como Aldo Rico, ejerciendo de jefe de policía de un gobernador peronista en la provincia de Buenos Aires.
Las informaciones y las pruebas que se han ido acumulando sobre la realización por el ejército argentino de operativos similares a los de la guerra sucia con ocasión del asalto a la Tablada –torturas, ejecuciones, desapariciones-, y las complicidades resultantes de políticos radicales y peronistas, parecen ser la causa de la resistencia del gobierno y del parlamento a promover una reforma legal que haga posible el simple ejercicio del derecho de apelación que, por aplicación de la Ley de Defensa de la Democracia, siempre se les ha negado a los condenados. Tal garantía ha sido demandada incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¡Enviarnos un papelito!
Mientras los trece presos de La Tablada se están muriendo de su protesta, un oficial jefe de operaciones genocidas, Jorge Olivera, canalla de secuestros, botines, torturas, asesinatos y venta de niños, retorna desde Italia a la seguridad argentina.
Para la libertad de Olivera ha funcionado la antigua conexión italiana de los matarifes argentinos y chilenos, encarnada en una justicia, la de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Roma, que sólo precisó de la fotocopia de un documento cuya falsificación era evidente –el certificado de defunción de Marie Anne Frice- para decretar la inexistencia del delito de desaparición forzosa, su sustitución por un delito menor de “retención ilegal”, sujeto a prescripción y prescrito, y como consecuencia de todo ello resolver negativamente la extradición pedida por Francia.
El tribunal italiano, además de aceptar como prueba un papelito cualquiera, violaba claramente el tratado de extradición suplantando en sus consideraciones a la justicia francesa.
Olivera y sus abogados habían convertido en muerta regular a una ciudadana secuestrada, torturada y desaparecida. En Argentina jamás habían aparecido los restos de Marie Anne y tan sólo se había realizado una “declaración de ausencia con presunción de fallecimiento” que avalaba precisamente la persecución del delito de desaparición forzosa.
La ilegalidad del procedimiento fue tan clamorosa que los gobiernos argentino e italiano, para reducir la avalancha de protestas y sospecha, se han visto obligados a expresar sus “firmes intenciones” respectivas de procesar a Olivera por “falsificación de documentos” o de pedir la extradición por “fraude al Estado”.
Rescatar a un vulgar ratero
Hace varias semanas el periodista Horacio Verbitsky ha denunciado –y tal vez bloqueado temporalmente- la puesta en marcha por el gobierno argentino de una estrategia de recuperación de otro genocida notorio, Ricardo Cavallo. El ejecutivo estaría presionando a un juez para reactivar un proceso abierto por “robo a detenidos-desaparecidos”, un delito menor comparado con los que integran el genocidio, y solicitar la extradición a México. Simultáneamente, el gobierno trataría de obtener la prioridad de la petición argentina sobre la extradición solicitada por España. De este modo el ex militar argentino volvería a Argentina, protegido por las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, para “purgar” un delito abyecto pero desvinculado de su contexto y penalmente inapreciable.
Aquel botín que eran los niños
Pero no todo es desolación en el panorama de la justicia.
Con motivo del procesamiento y prisión preventiva de “Colores” y “El turco Julián” -otros dos genocidas reconocidos, entre otras razones porque se ufanaron de sus actividades criminales en la televisión argentina: “el criterio general era matar a todo el mundo”, afirmaría el Turco entre sincero y desvergonzado- ha aparecido el genocidio por primera vez en los tribunales argentinos.
La “sustración, retención y ocultamiento de una menor”, en este caso el secuestro y la apropiación de Claudia Victoria Poblete –con ocho meses de edad en noviembre de 1978, la fecha del asalto al domicilio-, constituye un delito de desaparición forzada de personas y hace inexcusable la aplicación del derecho de gente, es decir, de la legislación internacional.
Catalogado “como traslado de niños de un grupo al que se pretende destruir a otro”, el secuestro de la niña es un delito permanente, no prescriptible por el paso del tiempo, de genocidio. El tribunal argentino se ha movido desde los criterios formales hacia la demanda de justicia y ha aplicado los mismos argumentos que la Audiencia Nacional en el caso Pinochet.
Aquel botín que eran los niños se está convirtiendo en el talón de Aquiles de las leyes exculpatorias de Punto Final y de Obediencia Debida.
Juicio por el asesinato de un militar honrado
El juicio en Argentina por el asesinato del general Carlos Prats, antiguo jefe de las fuerzas armadas chilenas durante la presidencia de Allende, y de su mujer Sofía Cuthbert, que sufrieron un atentado -ordenado por Pinochet y organizado por Contreras, el jefe de la DINA- por explosión de una bomba bajo su coche en Buenos Aires en 1974, ha vuelto a poner en evidencia la enorme trama de las guerras sucias en América Latina y su expresión continental, la Operación Cóndor, que abarcaba –y no sólo en las operaciones realizadas, sino en los estados implicados- desde Washington hasta Santiago, desde los EEUU hasta Chile.
Pero no es sólo el hecho de que una viejísima evidencia aparezca por fin como tal -aunque presentada como nueva-, en los medios de comunicación y de la mano de un tribunal de justicia, lo único destacable del juicio.
Las víctimas empujan a la justicia
Tal vez lo más significativo es que como casi siempre en la historia de los genocidios contemporáneos han sido las víctimas las que han empujado a la justicia. Ha sido su largo esfuerzo –en este caso de las tres hijas de Cuthbert y de Prats, durante veintiséis años-, sin ayuda alguna de las fiscalías y los aparatos judiciales, y con frecuencia contra su resistencia o su complicidad en el encubrimiento de los delitos, el que ha conseguido convertir las evidencias clamorosas en procesos ante los tribunales.
El tribunal también ha abandonado las posiciones formales para satisfacer la necesidad social y humana de verdad y de justicia. Lo ha hecho al proclamar que el asesinato de Prats constituye un delito de lesa humanidad -y por tanto no sujeto a prescripción- al no ser en modo alguno un hecho aislado sino un crimen situado dentro de un marco de violación sistemática de los derechos humanos. Refuerzan ese carácter de delito de lesa humanidad, según los jueces, la trascendencia internacional del asesinato, el peligro que entrañaban estos delitos y la importancia extraordinaria de los medios estatales puestos en marcha para su ejecución.
La DINA-CIA, una asociación de criminales
Los jueces argentinos se refieren a la relación DINA-CIA como “asociación ilícita” responsable de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, de la que también formaron parte la Policía Federal y la Triple A argentinas. La CIA “formó y condujo” a los agentes de esa internacional del exterminio. Estas declaraciones judiciales plantean cuestiones de una importancia trascendental ¿Puede un tribunal argentino juzgar a la DINA y sobre todo a la CIA (es decir, a los EEUU) como asociación de malhechores? ¿Puede hacerlo un tribunal de otro país en aplicación de los principios, asentados ya, de persecución universal de los delitos de genocidio? ¿Puede un juez español, argentino, o de cualquier otra nacionalidad, reuniendo pruebas y testimonios que están ya al alcance de la mano, ordenar el procesamiento y solicitar la extradición del señor Kissinger, premio Nobel de la Paz, para escarnio de algunas instituciones internacionales pero triunfo de la justicia?
Componer el puzzle. El Tribunal Penal Internacional
Los avances en la justicia internacional en lo que a la persecución de los grandes crímenes de genocidio, lesa humanidad o tortura se refiere, y los estímulos que tales hechos han constituido para los difíciles progresos internos en países como Chile o Argentina, se han anticipado a la puesta en marcha de una efectiva jurisdicción internacional, la constituida por el TPI. Ciento veinte países aprobaron en Roma, en julio de 1998, la constitución y los estatutos de ese nuevo tribunal llamado a corregir la impunidad de los grandes crímenes, cometidos siempre por los grandes poderes y por lo tanto amparados por instrumentos legales de amnistía, perdón, inmunidad y jurisdicción corporativa de las propias instituciones que organizaron las grandes violaciones de los derechos humanos, y también por la capacidad de coacción, amenaza, ocultamiento de pruebas y ejercicio de la violencia, que conservan esos poderes aún después de procesos de transición que han partido de ellos mismos o que siempre los han incluido.
Pero tales avances han estado siempre amenazados.
El justiciero Supermán no se somete a ninguna ley
Los EEUU se negaron a aprobar la constitución del TPI. Para ellos no es aceptable un tribunal que pueda actuar con independencia de los propios EEUU y mucho menos una jurisdicción que esté autorizada para procesar a sus autoridades civiles, funcionarios o militares.
Washington pretendía someter las iniciativas de intervención de los fiscales y jueces del TPI a la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU en el que podrían ejercer el derecho de veto. El país más poderoso del mundo, el que alardea, sin escándalo público alguno, de promover la democracia y los derechos humanos en todo el planeta, el que aprovechando su inmenso poder ha promovido la creación de tribunales para procesar a sus enemigos, se niega a aceptar una jurisdicción internacional para juzgar los delitos de genocidio, y los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Pero no sólo es la negativa a aprobar la creación del Tribunal. Lo más significativo es que los EEUU parecen dispuestos a boicotearlo. Hace unos meses los senadores y congresistas republicanos presentaron en el Congreso una ley para adoptar sanciones contra los países que se atrevieran a ratificar el TPI.
Jesse Helms, poderosísimo presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, uno de los firmantes del proyecto legislativo. ha declarado sin tapujos el “deber norteamericano” de “aniquilara a ese monstruo” (el TPI), la necesidad de adoptar frente a él, no una posición indiferente sino firmemente agresiva.
Según este senador, que sin duda reproduce una opinión muy generalizada entre los políticos de su país, los ciudadanos de los EEUU pueden ser acusados de estos delitos –recordemos: genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra– fundamentalmente en relación con “actuaciones derivadas de la seguridad nacional”.
Helms conoce y asume sin problema alguno la historia negra de los presidentes, secretarios de Estado y de Defensa, y de tantos funcionarios de la “seguridad nacional” que han estado detrás de los genocidios chileno, argentino, guatemalteco, indonesio, y de tantos otros que respondieron a las doctrinas Monroe, de “contención del comunismo” o de la “seguridad hemiférica”, que respaldaban con contenidos ideológicos distintos los intereses económicos de los EEUU.
"Mientras yo siga respirando", dice Helms, "los Estados Unidos nunca permitirán que sus decisiones sobre seguridad nacional sean juzgadas por un Tribunal Penal Internacional".
Ya lo saben ustedes, en lo que se refiere a los EEUU el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, simplemente no existen.
Antonio Maira Rodríguez
Publicado por
Pause
contiene 0
comentarios.
