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Paraguay: Una operación encubierta de la CIA perfecta |
Todo el andamiaje de la CIA y sus extensiones y derivados, como USAID, la National Endowment for Democracy y la prensa adicta al imperio, se jugó por el obispo Fernando Lugo el 20 de abril.
En Paraguay, llamó la atención que las ONGs recibieran fuertes donaciones a partir de la llegada al país del embajador James Cason, un conocido desestabilizador apadrinado por Otto Reich. El objetivo de la operación encubierta era sufragar la alternancia en el poder, ubicando al obispo Fernando Lugo en la presidencia de Paraguay.
Entre las numerosas organizaciones beneficiarias de estos dólares distribuidos por la administración de George W. Bush que apoyaron a la campaña del obispo, sobresalieron Gestión Local y la Casa de la Juventud, que financiaron con fondos de USAID e IAF a los movimientos Tekojoja y Pmas, como en Nicaragua la NED y otros organismos alternativos de la CIA propiciaron la elección de Violeta Chamorro en 1989.
Las organizaciones no gubernamentales y voluntarias –lo que hoy conocemos por sociedad civil— son conocidas como una extensión de las políticas neoliberales de EE UU en todo el mundo.
La CIA y la US Agency for International Development (USAID ó AID) tienen un protagonismo central en el esquema de promover las ideas y hechos políticos favorables al imperio, y a ellas se añadió un nuevo organismo, creado en 1983, bautizado como The National Endowment for Democracy (NED).
En Paraguay, la NED ejerce un control total sobre la prensa mediática, a la que presenta listas indicando cuáles son los referentes políticos que puede promocionar. Son los principales referentes de la NED los propietarios de ABC color y radio Ñandutí, Aldo Zucolillo y Humberto Rubín, dueños de gran parte de lo que en el país se puede decir. En Brasil, a comienzos de los 60, se utilizaron idénticas operaciones de la CIA junto a las de la sociedad civil opuesta al gobierno, con el resultado de provocar el golpe militar de 1964 contra el presidente Joâo Goulart, que dio comienzo a 20 años de una represión política indescriptiblemente brutal.
En fechas más recientes coordinaron un golpe mediático contra el gobierno de Raúl Cubas en Paraguay (marzo de 1999) y aceitaron a la sociedad civil de oposición al gobierno venezolano de Hugo Chávez, donde el papel de organismos gubernamentales estadounidenses, la CIA y otros como la AID y la NED detrás del fallido golpe de estado de abril de 2002 fue evidente.
El embajador norteamericano James Cason, como un flautista de Hamelín dedicado a cantar folklore paraguayo, fue determinante para alinear a todas las ONGs y fundaciones que reciben dólares americanos detrás del clérigo-presidente, sobrino del agente de la CIA Epifanio Méndez (delatado por Agee) y que perpetúa hoy la tradición familiar.
Entre las organizaciones aparecieron incluso grupos de feministas, que se vieron obligadas a impulsar una candidatura de un obispo católico, a pesar del clásico antagonismo con el Vaticano.
Entre estas supuestas organizaciones civiles estuvieron las feministas de convicciones subsidiadas por USAID como las Mujeres Políticas en Red, Parlamento Mujer, Red de Mujeres Políticas, Red de Mujeres Munícipes del Paraguay (RMMP), Coordinadora Interpartidaria de Mujeres del Paraguay (CIMPAR), Mujeres Políticas por la Democracia y el Desarrollo,etc.
Son sufragadas desde la embajada norteamericana además de las redes de mujeres, Ideco (Roberto Ferreira), el Partido Demócrata Cristiano, Partido Encuentro Nacional, Patria Querida, el grupo de adherentes del Partido Unace que lidera Emma Rolón, la Red de Contralorías ciudadanas del Paraguay, la Contraloría Ciudadana de Ypané, Afosci, CIDSEP, CISNI, Fedem, Transparencia Paraguay, Semillas para la Democracia, radio Los Angeles, Radio Comunitaria de Villa Elisa, Fundación Tierra Nueva y GEAM, todos estos grupos aglutinados en el Grupo impulsor para la Regulación del Financiamiento Político en Paraguay.
La nómina sigue con Sakã (transparencia, en guaraní), integrada por cinco organizaciones no gubernamentales, Gestión Local, vinculada al Moviendo Tekojoja. Los "proyectistas" son Raúl Monte Domecq y Guillermina Kanonnikoff).
Otros grupos paraguayos financiados por extensiones de la CIA son Decidamos, Instituto de Geopolítica y Estudios Internacionales (IPEGEI), Radio CARITAS, Mujeres Por la Democracia, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos Fundación Paraguaya para la Cooperación y Desarrollo, Centro de Estudios Democráticos (CED), Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, Instituto de derecho y Economía Ambiental, Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo, Asociación de Empresarios, Comité Paraguay-Kansas, Asociación Afro Paraguaya Kamba Cua, Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política, Fundación Arlequín Teatro", Casa de la Juventud–Paraguay, cuna del Pmas de Camilo Soares, Cooperativa La Norteña y la Escuela Agrícola de Carumbey, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.
En el marco de la campaña pro-obispo, maletines de George W. Bush ingresaron en forma encubierta en Paraguay, yendo a parar a los bolsillos de los partidarios del obispo de los pobres y teólogo de la liberación, el marxista clérigo-presidente Fernando Lugo.
Por ejemplo, los 45,226.96 dólares que en nombre del Plan Umbral recibió recientemente la guevarista Casa de la Juventud (ONG que recauda para el PMas) de mano de organismos imperialistas bajo control de George W. Bush, supuestamente para enseñar a estudiantes secundarios algo fundamental: "identificar la corrupción" en Paraguay. Se suma el dinero a los 127.000 con que anteriormente les benefició la IAF. Se añaden en el mismo contexto las fuertes sumas que recibe Gestión Local, ONG cuyos responsables son a la vez financistas de Tekojoja, o los 132.700 dólares que en el 2006 recibió la Fundación Arlequín Tetro (refugio de organizadores de manifestaciones contra la actual administración municipal) para objetivos tan relacionados con el arte escénico como "ayudar a adolescentes de centros educativos a identificar, estudiar, discutir y atender las prioridades de la comunidad". Debemos agregar los 116.300 dólares de George W. Bush recibidos en el 2006 por el CIDSEP, los 95.000 dólares recibidos por la Fundación paraguaya para la Cooperación y Desarrollo del ex intendente Martín Burt, los 94.000 depositados a nombre de la ADEC, los 27.500 donados a la CPES de Domingo Rivarola, los 164.404 aportados a la CED, o las importantes donaciones que reciben el CIRD de Agustín Carrizosa para "apoyar a las organizaciones de la sociedad civil", la IDEA de Patricia Abed, o los sensibles ecologistas de Alter Vida como Jorge Lara Castro.
Como puede advertirse, la lista es bastante extensa y garantiza un amplio control sobre la "sociedad civil" paraguaya. No es la victoria electoral del Obispo Fernando Lugo la primera operación exitosa de la NED, USAID y la CIA en Paraguay, que ya actuó en Paraguay con eficacia varias veces. Por ejemplo, cuando en 1989 se derrumbaba la Unión Soviética, y con ella la propaganda con que el dictador Alfredo Stroessner justificaba sus abusos, se aseguró de promover un cambio a la medida de los intereses imperialistas, limpiando expedientes y ubicando en la presidencia a un célebre narcotraficante.
El mismo año el gobierno norteamericano invirtió mil millones de dólares en el triunfo de Violeta Chamorro en Nicaragua, imponiendo así una jefa de estado con los billetes provenientes de la National Endowment for Democracy, un inofensivo organismo llamado a tomar la posta de la CIA desde 1983.
Considerando inminente el fin de Stroessner, el imperio norteamericano se movilizó en ese entonces para impedir que sus adversarios tomen las riendas a su caída, para lo cual se apresuró a ganar para su causa a los disidentes con una muy buena remuneración.
El encargado de distribuír los dólares para "el cambio" fue el Dr. Carl Gershman, presidente de la NED. La Freedom House funcionó como un embudo por donde pasaron los fondos que concedía la NED, y gran parte de ellos fueron a parar a los bolsillos de los comunicadores destacados.
Radio Ñandutí, a través de la Casa de la Libertad, recibió importantes sumas de dinero de la National Endowment for Democracy (NED). Leonard Sussman, agente de la CIA y Director Ejecutivo de la Casa de la Libertad, realizó una visita a Paraguay a fines de 1987, guiado por Humberto Rubín, estableciendo contactos con varias organizaciones que luego recibirían fondos de la NED. El objetivo era "madurar" la idea del cambio.
A partir de entonces, estos organismos promovieron la estructuración de un andamiaje que hoy controla todo lo que en Paraguay se puede decir, paradójicamente con la coartada de que defienden la libertad de expresión.
Un organismo es la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), a la que acompaña Cerneco. Reciben con frecuencia los auspicios de USAID. Por ejemplo, el "Foro por la libertad de expresión", organizado por la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) y CERNECO en noviembre de 2004, fue auspiciada por la USAID (Agencia Internacional de desarrollo de los Estados Unidos). A este "Foro" asistió el señor Kevin Goldberg, "experto norteamericano en Libertad de Expresión y Derecho a la Información". Otro apéndice de la embajada norteamericana es el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (CERNECO), fundado en 1990. Humberto Rubin, vinculado con la Nacional Endowment for Democracy (NED), fue presidente de CERNECO entre 1992-2002.
CERNECO proclama que "Surgió como un medio para canalizar inquietudes, ideales y el espíritu de servicio y progreso de un grupo de personas vinculadas al campo de la comunicación masiva".
Se formó una línea de acción que enfocaba el tema del Código de Ética, que regulaba la conducta de los propios medios de comunicación, de las empresas anunciantes y de las agencias de publicidad. Integraron la comisión pro-Código de Ética: Carlos Jorge Biedermann, Rufo Medina e Ilde Silvero. Rufo Medina e Ilde Silvero son empleados de Aldo Zuccolillo, dueño del diario ABC Color. En cuanto a Carlos Jorge Biedermann, basta con señalar que es yerno del general de la "Operación Cóndor", Guillermo Federico Clebsch, egresado de la Escuela de las Américas, detalle que alcanza para conocer cuál es la tendencia de su "ética"
Otra organización vinculada a este grupo es CONAR: Consejo de Autorregulación Publicitaria de CERNECO, un ente privado cuyo objetivo es la autorregulación de la publicidad, proponiendo a través de sus recomendaciones, que los mensajes publicitarios se encuadren dentro de los principios de la legalidad, honestidad, decencia y veracidad".
Toda esa estructura estuvo al servicio del Obispo Fernando Lugo, en una operación magistralmente coordinada por el desestabilizador estrella de George W. Bush, James Cason, y presentada ante la prensa mediática y los incautos como "un gran triunfo de la izquierda". Lo que se dice una perfecta operación encubierta de la CIA en Paraguay.
LUIS AGÜERO WAGNER

Los acuerdos Paraguay-Colombia en materia de seguridad se firmaron a instancias de la embajadora de Estados Unidos en Asunción, Liliana Ayalde, en su momento operadora del Plan Colombia y jefa de las ventanillas de cobro de USAID en Bogotá.
A poco de asumir, el obispo estrechó vínculos con Bush, Felipe Calderón y Alvaro Uribe, a la manera de un "Eje del bien" latinoamericano, y el ministro del interior del obispo, Rafael Filizzola, incluso realizó una pasantía de varios días en Colombia. En la ocasión recorrió los centros desde donde Uribe, con respaldo del imperio, dirige la guerra sucia y violaciones de derechos humanos que su gobierno perpetra en su país.
La represión policíaca se disparó en Paraguay luego de estos tratos con Uribe, al igual que la criminalidad. Un asesor colombiano dirige, según fuentes cercanas al ministerio del interior, todos los pasos dados por la represión en Paraguay.
COLOMBIA, EJEMPLO DE VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD
La elección para elegir asesores en la lucha contra la violencia y la criminalidad no ha sido del todo afortunada, por parte del gobierno del obispo Fernando Lugo.
Según Agence France-Presse, al menos 13.634 personas murieron por "violencia sociopolítica" en Colombia bajo el actual gobierno, según un informe de ONGs revelado en coincidencia con el encuentro del lunes, entre el presidente Alvaro Uribe y la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navanethem Pillay.
El encuentro con la alta comisionada hace parte de la agenda que cumple Uribe en Nueva York, a donde viajó para asistir a la asamblea general de Naciones Unidas y que según el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, fue un diálogo "sincero y franco".
El documento dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirma que entre 2002 y diciembre de 2007, "por lo menos 13.634 personas perdieron la vida, fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica" y que esa cifra supera las 23.000 muertes, si se agregan los muertos en combate.
Según las ONGs, que citan informes judiciales y policiales, el Estado es responsable directa o indirectamente en 75% de los casos en los que el autor fue identificado. En 24,5% de las muertes la responsabilidad recae sobre la guerrilla.
En cada seis de diez casos la responsabilidad del Estado está relacionada con la "tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por los paramilitares" de extrema derecha, añaden las organizaciones no gubermentales.
"Han aumentado dramáticamente los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y el desplazamiento forzado", sostiene el documento firmado por más de un millar de organizaciones agrupadas en la Alianza de Organizaciones Sociales, la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos.
En diciembre el Consejo de Derechos Humanos tiene previsto realizar un exámen detallado a la situación en Colombia.
El documento también asegura que "al contrario de lo que manifiesta el gobierno, el paramilitarismo no ha sido desmantelado" y unos 9.000 combatientes de esos grupos siguen combatiendo, pese al proceso de paz concluido en 2006 en el cual -según cifras oficiales- se desarmaron más de 31.000 milicianos de extrema derecha.
Señala el informe que tan sólo 116 de esos paramilitares están siendo investigados por sus crímenes "y ninguno ha sido condenado, por lo que no se han garantizado los derechos de las víctimas".
El texto igualmente denuncia "los ataques permanentes del gobierno en contra de la Corte Suprema de Justicia" que investiga vínculos de paramilitares y congresistas.
Unos 60 legisladores, casi todos oficialistas, han sido investigados por nexos con las organizaciones armadas de extrema derecha.
Recordemos que la zona de San Pedro, ha sido escenario del choque entre grupos de Campesinos Sin Tierra, que exigen una reforma agraria; y productores de Soja paraguayos y brasileños, que se resisten a ella.
Los asaltantes que atacaron el puesto, sin dejar víctimas, robaron fusiles M-16, cajas de municiones y uniforme militar. Habrían arrojado planfletos con la leyenda "Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)".
Lugo habría manifestado su rechazo al accionar del supuesto grupo insurgente, y habría instruído a Policía y Fuerzas Armadas para aclarar el hecho y dar con los responsables del asalto al puesto militar.
Los presuntos integrantes del EPP estaban vestidos de militares, con pasa montañas.
El único guardia del puesto habría disparado contra los desconocidos, pero su arma se atascó.
Los atacantes lo redujeron, respetando su vida.
Luego quemaron con nafta el puesto militar de Tacuatí, y se retiraron en 4 motocicletas. Se llevaron armas y municiones.
Dejaron planfletos identificatorios del EPP.
Si bien, el presidente Lugo ha propuesto el desarrollo de una tibia reforma agraria, éste proceso no tiene la firmeza suficiente para dar tranquilidad ni a los Campesinos ni a los Productores.
Paraguay es el Sub-Campeón del Latifundio, detrás de Brasil.
La concentración de la Tierra en pocas manos, ha provocado durante más de 1 siglo un verdadero sangrado guaraní, que se ha saldado con el exilio de millones de paraguayos, fuera de su País.
(mas...)
Solicitamos a las autoridades responsables que se investigue la responsabilidad de los sojeros, latifundistas y que se retire inmediatamente a los militares de la custodia de los latifundios y de la seguridad interna.
Exigimos enérgicamente que se expulse a los agentes del imperialismo de EEUU del campo paraguayo. Los militares paraguayos todavía no rindieron cuentas por los delitos de lesa humanidad que cometieron durante la dictadura. Miles de ciudadanos paraguayos fueron desaparecidos, torturados y descuartizados. Luego los tiraron en el Río Paraná y a otros los tuvieron en las mazmorras por más de 20 años.
Hoy los hombres, mujeres, niños y ancianos son los mudos testigos de las exigencias que hacen los empresarios de la represión para militarizar el campo y criminalizar la lucha social de las organizaciones del pueblo campesino. Vamos a diferenciar las cosas ¿quienes son los terroristas en Paraguay hoy después de 60 años de dictadura y corrupción e impunidad? ¿Son los excluidos, los hambrientos y los desaparecidos sociales? Para los voceros de la mano dura es necesaria la ley antiterrorista que está en vigencia en toda Latinoamérica.
Hoy ser pobre, ser campesino sin tierra, ser ciudadano sin techo, mujeres y niños explotados, ancianos muertos como reptiles arrastrados en la tierra es ser terrorista, y más aún por la semilla sembrada por el ex-embajador Cason y el ex vicepresidente Castiglioni, quién con el ex fiscal Latorre, el comisario González Cuquejo, Cazal, Schembori y otros, formó un grupo terrorista de estado cuya continuidad atroz vimos en la actuación del fiscal asesino inventor de testigos falsos y causas de secuestro, el doctor Rogelio Ortúzar.
Estos son las caras visibles del terror. Ellos han ido a recibir sus diplomas en la escuela del narcoterrorista de estado Uribe, en Bogotá Colombia.
La sociedad los debe conocer para que no se dejen engañar sobre el montaje de responsabilidades del ataque en Tacuatí en San Pedro al destacamento militar que custodiaba el latifundio de estancia de la ganadera Mary Llorens. Denunciamos que ellos son los que montan la violencia , secuestran asesinan, desaparecen y torturan inocentes.
Nos solidarizamos con las organizaciones y el pueblo campesino al que se le proyecta una nueva represión para evitar la reforma agraria.
Comisión por los DDHH de Paraguayos Residentes en Buenos Aires
Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista
"En menos de tres meses hubo más de 30 desapariciones y varias muertes, todas ellas a manos de los terratenientes de cada lugar", explicó a la agencia Télam Nicolás Barreto, responsable internacional del Movimiento de Campesinos Paraguayo (MCP).
"Hace poco -agregó- murió en Itapúa y a causa de los agrotóxicos el niño Silvino Talavera, su madre hizo la denuncia y como venganza descuartizaron a su hermano y lo tiraron para que todos vean qué es capaz de hacer esa gente".
El lugar en cuestión es Mariscal Estigarribia, localidad ubicada a sólo cien kilómetros al norte de Salta y a 250 kilómetros de la boliviana Tarija. Allí, está ubicado el Comando Sur de los Estados Unidos emplazado con una fuerza de 2.800 marines.
"Nos parece increíble que se pueda guardar tanto silencio sobre el tema sobre todo porque el Parlamento ya le otorgó inmunidad nada menos que a 16 mil marines. Para tener una real dimensión, todo el ejército paraguayo, incluidos los retirados, tiene 14 mil efectivos.", afirmó Barreto.
Para explicar la represión que sufren los trabajadores rurales paraguayos, hay que saber que Paraguay, en todo su territorio, sigue dominado por latifundios como en pleno siglo XIX. A tal punto que si bien el 92 por ciento de la población es campesina, su inmensa mayoría no es dueña de la tierra.
Desde hace años, los campesinos -al igual que sucede en Brasil con el Movimiento de los Sin Tierra (MST), o con los movimientos sociales argentinos- vienen protagonizando reclamos y movilizaciones para tratar de conseguir la tierra. Y ante la organización campesina, surge la réplica terrateniente militarizando la lucha de los trabajadores.
"Con su anunciada política de tolerancia cero, el presidente (Nicolás) Duarte Frutos militarizó la lucha y le dio un marco de inusitada violencia. A tal punto que los marines participan en la represión y hasta ocupan escuelas agrícolas. Es decir, actúan como un verdadero ejército de ocupación", relató Barreto.
En esa zona el gobierno paraguayo creó la Guardia de Seguridad Ciudadana, un grupo especial que si bien responde al Estado, actúa -según todos las denuncias- con metodología paramilitar o parapolicial.
Organizaciones sociales y de derechos humanos pidieron recientemente que desarticulen a esos grupos parapoliciales, y el viceministro del Interior, comisario general Mario Agustín Saprisa, respondió que "en Estados Unidos y Colombia existen (grupos similares) y dieron buenos resultados".
"La metodología con la que actúan es similar a la de esos países, ya que reclutan a sus miembros de entre los hijos de los campesinos", señaló Barreto.
En Mariscal Estigarribia -hay que recordar, en pleno Chaco paraguayo- construyeron una pista de aterrizaje de 3.800 metros de largo para que puedan operar aviones de gran porte. Para tener una dimensión de la obra, hay que decir que es más grande que la del aeropuerto internacional de Asunción.
El permiso otorgado al Comando Sur vencía a fines de 2006, pero el vicepresidente Luis Castiglione anunció que se le extendió la licencia por un año más. El lugar donde actúan está estratégicamente ubicado cerca de la zona productora de litio (Salta) y la reserva gasífera más grande de la región (Tarija).
"Este no es un problema sólo paraguayo, acá se trata del Pentágono queriendo controlar a las democracias de la región y para eso buscan hacer de Paraguay un país satélite", denunció por su parte José Roselli, ex diputado nacional y actual dirigente del Partido por la Revolución Democrática (PRD) argentino.
Orlando Castillo, del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) paraguayo, por su parte, afirmó que "Estados Unidos tiene fuertes aspiraciones de convertir a Paraguay en otra Panamá para sus tropas, y no están lejos de controlar el cono sur y de extender la Guerra en Colombia".
Estados Unidos intentó desde 2004 que sus tropas obtengan "inmunidad" en Paraguay, lo que finalmente ocurrió aunque Washington advirtió que no tenía intención de establecer una base en territorio paraguayo.
Desde entonces, Estados Unidos realizó contactos con Perú, Ecuador, Venezuela y Paraguay para que firmen un acuerdo que le otorgue inmunidad al ejército estadounidense.
No obstante, y ante las denuncias, la embajada estadounidense en Paraguay afirmó a través de un comunicado que los ejercicios militares en cuestión suponen "asistencia humanitaria y médica a comunidades pobres así como entrenamiento militar" y "no tiene intención alguna de establecer una base militar en ningún lugar de Paraguay".
Ese fue el mismo argumento utilizado por el Pentágono para explicar sus maniobras en Manta, Ecuador, donde ahora se encuentra una base militar norteamericana de 80 millones de dólares.
Primero dijeron que las instalaciones eran una antigua mina que iba a ser usadas para monitoreo del clima y no albergaría de forma permanente personal estadounidense.
Días después, sin embargo, el Pentágono tuvo que revelar que en Manta se localizaría una importante base militar que llevaría a cabo misiones relacionadas con cuestiones de seguridad.
El FBI también tiene proyectos para Paraguay, tal como explicó el pasado 26 de octubre su director, Robert Mueller, al llegar al país para "comprobar los preparativos para el establecimiento de una oficina permanente en Asunción con el fin de cooperar con las organizaciones encargadas de la seguridad en la lucha contra la delincuencia internacional, el tráfico de drogas y los secuestros".
Informes de prensa citaron versiones sobre la supuesta existencia de campos de entrenamiento de Al Qaeda cerca del Paraguay, más precisamente en la zona de la Triple Frontera, entre Argentina, Brasil y Paraguay.
En tanto, el gobierno y de la oficina local de las Naciones Unidas (ONU) señaló ayer que El 40 por ciento de la población paraguaya es pobre. Paraguay tiene 5.837.000 habitantes, señaló el viceministerio de la Juventud al difundir un informe elaborado con la cooperación del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Los pobres paraguayos constituyen el 40 por ciento, situación que castiga con fuerza a las mujeres al no poseer condiciones económicas y financieras para cuidar su salud, razón por la cual las complicaciones durante el alumbramiento son la primera causa de fallecimiento en el grupo de 25 a 29 años de edad (182 muertes por cada 100 mil partos).
Otros datos indican que unos 242 mil niños salen de sus hogares a trabajar en cualquier actividad, dejando de lado la escuela.
En Paraguay sobreviven 17 etnias, totalizando una población de 90.000 personas que no se consideran paraguayas sino que reivindican su identidad como mbya, chamacoco y totobiegosode, por citar algunas naciones indígenas. De la cifra total de aborígenes, 47 de cada 100 tienen menos de 14 años de edad.
C&A convocó posteriormente a una licitación a las empresas que captaran interés en presentar propuestas para desarrollar e implementar un sistema informático que generara y administrara la base de datos del departamento de Identificaciones de la Policía, uno de los órganos más sensibles del Gobierno.
Las compañías interesadas en competir en el proceso licitatorio también debían presentar programas para la emisión de pasaportes, cédulas de identidad, además de equipos necesarios con miras a la digitalización de prontuarios y fichas dactilares. Igualmente, los oferentes debían contar con la tecnología a modo de desarrollar un sistema automático de identificación dactilar, conocido como AFIS.
C&A, como contratista de USAID, reportó a las empresas oferentes el 10 de junio de 2008 que la licitación fue adjudicada a la empresa L-1 Identity Solutions, con sede en Estados Unidos, según las fuentes consultadas.
Esta maniobra fue llevada a cabo en el marco de un supuesto “pacto de silencio”, ya que la citada compañía omitió en forma deliberada algunos requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones, los mismos por los que otros oferentes fueron descalificados.
MULTIMILLONARIO MONTO
El concurso fue amañado para beneficiar a una compañía de Estados Unidos.
Para impulsar este proyecto, USAID destinó en donación unos 5.395.000 dólares. Y precisamente aquí es donde, a criterio de algunos abogados, se configuró otra de las graves irregularidades, ya que el control y administración de los fondos era de absoluta competencia de USAID y la empresa Casals Associates.
La decisión es claramente violatoria de la Ley 1.535/99 de Administración Financiera del Estado Paraguayo y la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas, y los Decretos Reglamentarios 8.127 y 21.909.
En los artículos 12 y 35, la Ley 1.535, de Estructura del Presupuesto General de la Nación, se establece que “los fondos provenientes de donaciones, así como de empréstitos aprobados por ley, otorgados por los organismos y entidades del Estado, deberán ser canalizados por intermedio del Banco Central del Paraguay y depositados en la cuenta habilitada al efecto por el Ministerio de Hacienda”.
Todas estas previsiones legales fueron omitidas simplemente para asegurar que una compañía extranjera tuviera la autonomía para manejar los recursos y la base de datos de Identificaciones.
La embajadora de Estados Unidos, Liliana Ayalde, tuvo una activa intervención en todo el proceso, a partir de sus actividades en otros países, al frente de USAID.
ALGUNOS DETALLES
- El Senado de Estados Unidos aprobó el 8 de mayo del 2008 la designación de Liliana Ayalde como embajadora de ese país en el Paraguay.
- Precisamente, Ayalde se había unido al USAID en el año 1995 en Bangladesh.
- Más tarde fue nombrada directora de la misión USAID en Colombia, Guatemala, Nicaragua y Bolivia.
- Con el arribo al Paraguay de Liliana Ayalde, según las fuentes, se inició el curso de acción a modo de implementar el plan USAID-Casals-L-1 Identity Solutions para copar el departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.
- La diplomática pasó a desempeñarse como intermediaria entre USAID, las compañías citadas y el Ministerio del Interior.
- Varios funcionarios de Identificaciones fueron desplazados antes de comenzar a impulsarse el programa, precisamente como resultado de una auditoría previa llevada a cabo a modo de garantizar que no existieran “oposiciones”.
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