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Los "angelitos" de la DEA |
La CIA y la DEA son los custodios del narcotráfico boliviano.
La Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), fue acusada de fomentar, encubrir al narcotráfico e inmiscuirse en los asuntos políticos de Bolivia, por lo que sus acciones fueron suspendidas indefinidamente por orden presidencial el pasado 1 de noviembre, desencadenando una verdadera avalancha de protestas articuladas desde los medios de comunicación que se brindaron gustosos para canalizar la defensa del organismo norteamericano.
Durante un acto de entrega de movilidades y equipo antimotines a la Policía Nacional, el presidente Morales fue contundente al señalar que: "La DEA no es que lucha contra el narcotráfico, sino... fomenta el narcotráfico".
Hizo referencia a la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) y dijo que sus comandantes saben perfectamente lo que hacía la DEA. Recordó los años 80 cuando se descubrió la más grande fábrica de cocaína instalada en la serranía de Caparuch, en el lugar denominado Huanchaca, donde la narcohermandad DEA-CIA, se habían asociado para producir droga en abundancia e invertir sus ganancias en la compra de armas para los "contras" de Nicaragua que por entonces intentaban derrocar al gobierno sandinista.
El gerente de esa fábrica era el Cnl. Oliver North, hombre muy cercano a los gobernantes norteamericanos de la época. El científico Noel Kempff Mercado, descubrió por accidente ese lugar. La DEA y la CIA, no lo dejaron con vida.
Más tarde, el diputado socialista Edmundo Salazar, investigó, descubrió los hechos y cuando estaba a punto de presentar su informe al congreso, fue igualmente asesinado por los dos tenebrosos organismos. Poco después, también mataron a su esposa.
EL NARCOAVION Y "BARBASCHOCAS"
Durante las justificaciones contra la DEA, el presidente Morales, se refirió al caso del "narcoavión" que el viernes 15 de septiembre de 1995, fue detenido en Lima (Perú) con más de cuatro toneladas de droga que viajaba de La Paz a Mexicali (México). Luís Amado Pacheco Abraham (alias "Barbaschocas"), se inculpó de todo y nunca se supo quiénes eran los verdaderos inversionistas, socios y encubridores suyos en Bolivia.
Sobre este caso, el presidente Morales dijo: "¿Que nos digan que la DEA, no sabía que más de cuatro toneladas de cocaína salieron del aeropuerto internacional de El Alto hacia Perú?, falso... sabía".
LOS "ANGELITOS" ENCUBREN AL NARCOTRAFICO
Las sindicaciones contra la DEA y la CIA, no son nuevas. Como consecuencia del caso Huanchaca, los narcos fueron perseguidos y entre ellos el "Rey" Roberto Suárez Gómez, detenido en septiembre de 1988, tras cinco meses de resistencia en su estancia de Santa Ana (Beni). Tras ser llevado a la cárcel de San Pedro en La Paz y sintiéndose traicionado por sus protectores, estalló en cólera revelando que: "El gobierno de los Estados Unidos es el mayor narcotraficante del mundo". (1)
Su hijo, Robertito le secundó en una conferencia de prensa realizada en el auditorio de la Universidad estatal de Santa Cruz donde aseguró que: "La CIA y la DEA son los custodios del narcotráfico boliviano".
Por esa misma época, el Vicerrector de la Universidad cruceña, Francisco Kempff (hijo del asesinado biólogo Noel Kempff), dijo haber llegado a la conclusión que en medio de la selva y protegido por la CIAy la DEA funcionaba el mayor laboratorio de fabricación de cocaína del mundo con la finalidad de juntar fondos para la contra nicaragüense.
LOS NEOLIBERALES Y LA DROGA
Narcotráfico y narcotraficantes hubieron en nuestra historia a lo largo de todo el siglo XX, pero especialmente los políticos neoliberales, echaron el grito al cielo y rasgaron sus vestiduras, tras el anuncio que suspendía indefinidamente a la DEA.
Pronosticaron un crecimiento inmediato del narcotráfico y hasta lanzaron acusaciones de encubrimiento al actual gobierno de los indígenas.
Olvidaron convenientemente, que en el segundo quinquenio de los años 80, al instalarse la era neoliberal junto con su propia Constitución Política de facto, más conocido como el Decreto 21060, la superficie sembrada de coca creció vertiginosamente hasta las 200 mil hectáreas, en tanto la producción de cocaína se duplicó en los años ´90. Por esta época, Bolivia disfrutó de un sorprendente bajo perfil. El asunto de la cocaína, no aparece en los diarios, no aparece en la TV y lo que no aparece allí, no existe. (2)
Eran los años felices, cuando el 21060, permitía al Banco Central lavar los dólares que llegaban de las exportaciones de la "diosa blanca" y eran los años felices en que los narcos disfrutaron de un decreto que les permitía arrepentirse, entregarse y recibir condenas que generalmente no las cumplieron por ser muy reducidas. Eran los años en que los políticos de moda, aparecían fotografiándose con narcos o asistiendo a grandes parrilladas en haciendas del oriente.
El 27 de julio de 1999, el principal agente de la DEA en Buenos Aires, Abel Reynoso, denunció que Bolivia, se había convertido en el principal productor mundial de cocaína, continuando aceleradamente su producción. Inmediatamente, fue relevado del cargo.
"TERRO-CÍVICOS", DEA, CIA Y CONSPIRACION
En su libro, "Las cloacas del Imperio", (3) Santiago Camacho, señala: "Que en el trabajo de los servicios de inteligencia vale todo, es algo que más o menos tenemos asumido. Sin embargo, no puede menos que causar sorpresa descubrir que la CIA se ha encontrado detrás de buena parte del tráfico internacional de estupefacientes, con cuyos beneficios ha financiado guerrillas, golpes de Estado, asesinatos y otras operaciones clandestinas a lo largo y ancho del planeta".
Estos conceptos, pueden perfectamente acomodarse a las acusaciones realizadas oportunamente por Evo Morales contra el expulsado embajador Philip Goldberg, la DEA y otros organismos norteamericanos que subvencionaron el fracasado golpe cívico-prefectural que concluyó con el alejamiento del diplomático y el apresamiento del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
Los terroristas cívicos, ahora denominados "terro-cívicos", lograron destruir más de 150 oficinas del Estado, masacraron y asesinaron a un número aún no determinado de campesinos en el departamento de Pando y ejecutaron al niño Ramiro Tañini.
Aparentemente, la expulsión de Goldberg y la suspensión de la DEA, no han influido mucho, porque terro-cívicos, conspiradores y financiadores, asociados en el Consejo Nacional Democrático (Conalde), se reorganizan tras desarticular a su fracasado Poder Democrático y Social (Podemos).
Que la DEA y la CIA, ¿no están actuando?, es apenas un deseo, porque ambos organismos al margen de tener desplazados a numerosos agentes, informantes y sirvientes a sueldo, cuentan con numerosas Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en su beneficio, pues están autorizadas legalmente para actuar como las tapaderas de sus propios agentes.
La CIA, según Gilles Perrault, (4) es el "organismo destinado a comprar en el mundo entero a todos aquellos que están en venta". "La compra no se reduce simplemente a la corrupción de elementos políticos o económicos, sino que existe una auténtica labor de fondo basada en la financiación de obras científicas y artísticas, en las ayudas de estudio y en la subvención a universidades, en el apoyo a movimientos estudiantiles y sindicales, en la manipulación intencionada de los mitos, los modelos y los códigos de los productos de la cultura popular y de la comunicación de masas".
El trabajo de defensa que le espera al actual gobierno, no escaso.
NOTAS
(1)Narcos, banqueros & criminales. Libro de Juan Salinas
(2)Idem. Pag. 38
(3)Las cloacas del imperio. Libro de Santiago Camacho
(4)CIA: Del servicio secreto al gobierno invisible. Libro de G. Perrault
contiene 29
comentarios.
Anónimo
Estamos ante una forma de amedrentar al pueblo boliviano y pasarle por encima de su dignidad, señaló en una conferencia de prensa el mandatario, quien consideró falsos los argumentos esgrimidos por la Casa Blanca para justificar la medida.
La víspera, el presidente norteamericano George W. Bush anunció la exclusión indefinida de la nación andina del citado instrumento comercial, conocido como ATPDEA, al acusarla de fracasar en el combate contra el narcotráfico.
De acuerdo con Morales, semejante tesis resulta fácil de desenmascarar.
Aquí tenemos datos de Naciones Unidas sobre crecimiento y erradicación de cultivos de coca, así como de decomiso de cocaína, de manera comparativa entre Colombia, Perú y Bolivia, comentó el líder del Movimiento al Socialismo.
Las estadísticas -precisó- reflejan nuestros logros por encima de esos países que sí fueron certificados por Washington.
Por tanto, la Casa Blanca donde hay mayor crecimiento en las hectáreas de plantaciones de coca y menos reducción de las mismas no suspende el ATPDEA, afirmó.
Respecto a las incautaciones, Morales demostró con cifras la efectividad de su gestión. En 11 meses transcurridos de 2008 ya se ocuparon 27 toneladas de cocaína, tres veces más que las secuestradas en 2005, antes de su llegada a la presidencia.
Estos elementos ratifican el criterio de la venganza política, fustigó el gobernante de origen aymara.
El primer mandatario aprovechó el intercambio con la prensa en el Palacio de Gobierno para reiterar su compromiso con la comunidad internacional en el enfrentamiento al flagelo.
Respecto al impacto de la medida impulsada por Bush, el dirigente indígena minimizó las afectaciones a partir de la respuesta adoptada por Bolivia.
Morales explicó la creación de un fondo de ocho millones de dólares destinado a compensar la pérdida de ventajas arancelarias en el mercado estadounidense.
También resaltó el éxito de una ronda de comercio justo con Venezuela, en la cual se acordaron ventas por unos 47 millones de dólares en textiles, madera y joyería, montó muy superior -advirtió- al representado por las exportaciones de la nación andina dentro del ATPDEA norteamericano.
La víspera, el presidente norteamericano George W. Bush anunció la exclusión indefinida de la nación andina del citado instrumento comercial, conocido como ATPDEA, al acusarla de fracasar en el combate contra el narcotráfico.
De acuerdo con Morales, semejante tesis resulta fácil de desenmascarar.
Aquí tenemos datos de Naciones Unidas sobre crecimiento y erradicación de cultivos de coca, así como de decomiso de cocaína, de manera comparativa entre Colombia, Perú y Bolivia, comentó el líder del Movimiento al Socialismo.
Las estadísticas -precisó- reflejan nuestros logros por encima de esos países que sí fueron certificados por Washington.
Por tanto, la Casa Blanca donde hay mayor crecimiento en las hectáreas de plantaciones de coca y menos reducción de las mismas no suspende el ATPDEA, afirmó.
Respecto a las incautaciones, Morales demostró con cifras la efectividad de su gestión. En 11 meses transcurridos de 2008 ya se ocuparon 27 toneladas de cocaína, tres veces más que las secuestradas en 2005, antes de su llegada a la presidencia.
Estos elementos ratifican el criterio de la venganza política, fustigó el gobernante de origen aymara.
El primer mandatario aprovechó el intercambio con la prensa en el Palacio de Gobierno para reiterar su compromiso con la comunidad internacional en el enfrentamiento al flagelo.
Respecto al impacto de la medida impulsada por Bush, el dirigente indígena minimizó las afectaciones a partir de la respuesta adoptada por Bolivia.
Morales explicó la creación de un fondo de ocho millones de dólares destinado a compensar la pérdida de ventajas arancelarias en el mercado estadounidense.
También resaltó el éxito de una ronda de comercio justo con Venezuela, en la cual se acordaron ventas por unos 47 millones de dólares en textiles, madera y joyería, montó muy superior -advirtió- al representado por las exportaciones de la nación andina dentro del ATPDEA norteamericano.
Anónimo
En la operación se han incautado 22.500 cartuchos de calibre 22, 10.000 cartuchos para escopeta, 36.000 fulminantes y más de 111.000 balines de la categoría 5.5, así como vainas vacías recargables, indicó la Aduana Nacional de Bolivia en un comunicado.
El presidente de la Aduana, general Wilfredo Vargas, destacó la "peligrosidad" de este cargamento con origen en Estados Unidos y considerado como contrabando, porque llegó a Bolivia "camuflado en calidad de enseres personales" y sin la preceptiva licencia del Ministerio de Defensa.
Vargas se mostró preocupado ante la posibilidad de que "estén en camino cargamentos similares", por lo que la Aduana ha desplegado a su personal especializado para detectar eventuales embarques sospechosos.
En su nota, el presidente de la Aduana destaca que el calibre de la munición es el mismo que el que acabó con la vida de campesinos en la región de Pando y recordó al respecto que el Gobierno de Bolivia ha denunciado "afanes sediciosos en el país".
"Evidentemente faltaban algunas pruebas y este es el caso", agregó el general, quien sospecha que el destino de estas municiones podrían ser "grupos sediciosos".
La Aduana Nacional conoce la denominación de la empresa importadora de la munición incautada y los datos de la persona a cuyo nombre se declaró el cargamento, si bien no los ha dado a conocer.
Este organismo recuerda que el pasado 28 de agosto también se incautó, en un operativo realizado en la zona franca comercial de El Alto (ciudad aledaña a La Paz y donde está uno de los aeropuertos internacionales de Bolivia), de un cargamento de cascos y material bélico destinado al municipio de Santa Cruz.
El presidente de la Aduana, general Wilfredo Vargas, destacó la "peligrosidad" de este cargamento con origen en Estados Unidos y considerado como contrabando, porque llegó a Bolivia "camuflado en calidad de enseres personales" y sin la preceptiva licencia del Ministerio de Defensa.
Vargas se mostró preocupado ante la posibilidad de que "estén en camino cargamentos similares", por lo que la Aduana ha desplegado a su personal especializado para detectar eventuales embarques sospechosos.
En su nota, el presidente de la Aduana destaca que el calibre de la munición es el mismo que el que acabó con la vida de campesinos en la región de Pando y recordó al respecto que el Gobierno de Bolivia ha denunciado "afanes sediciosos en el país".
"Evidentemente faltaban algunas pruebas y este es el caso", agregó el general, quien sospecha que el destino de estas municiones podrían ser "grupos sediciosos".
La Aduana Nacional conoce la denominación de la empresa importadora de la munición incautada y los datos de la persona a cuyo nombre se declaró el cargamento, si bien no los ha dado a conocer.
Este organismo recuerda que el pasado 28 de agosto también se incautó, en un operativo realizado en la zona franca comercial de El Alto (ciudad aledaña a La Paz y donde está uno de los aeropuertos internacionales de Bolivia), de un cargamento de cascos y material bélico destinado al municipio de Santa Cruz.
Anónimo
El hecho de que la Embajada de EEUU pagara los sueldos de fiscales y comandantes policiales que le rendían informes directamente da una idea del descaro. Durante el reinado de la DEA, fábricas de cocaína usaron sus ganancias para combatir al gobierno sandinista [en su etapa revolucionaria], en tanto narcotraficantes asesinaron al científico cruceño Noel Kempff Mercado y al diputado socialista Edmundo Salazar, que investigaba el crimen.
En calles de Sinahota (Cochabamba), se llegó a vender cocaína con balanzas de precisión. Los ataques armados a campesinos contrastaban con la tolerancia exhibida, por ejemplo, en la salida de La Paz de un avión cargado de droga, en 1995, y capturado en Lima.
Sin embargo, la sola expulsión de la DEA no resolverá el problema del narcotráfico y el país puede ser su mayor víctima sino lo combate de manera efectiva y si las plantaciones de hoja de coca se tornan incontrolables. La tarea es complicada debido a la articulación de los traficantes con paraísos financiaros, donde se lava el dinero mal habido.
En lo interno, la próxima vigencia de autonomías regionales e indígenas, con competencias aún no determinadas, el inminente cambio de códigos y leyes vigentes a códigos y leyes plurinacionales y el desconocimiento de autoridades judiciales en poblaciones campesinas, en las que se dice estar vigente, la “justicia comunitaria”, no ayuda a fortalecer un Poder Judicial capaz de enfrentar el desafío.
Existe la necesidad de regionalizar la lucha antidroga a través de la CAN, MERCOSUR y UNASUR y aprobar el proyecto de Ley de Investigación de Fortunas, que presentamos en 1990, logramos su reposición, año tras año, hasta el 2002, y que ahora ha sido enviado al Congreso con el nombre de Ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, asesinado, en 1980 por la dictadura de Luís García Meza. La esencia de esta ley reside en que todos los ciudadanos deben demostrar el origen legal de sus ingresos, a fin de no ser pasibles de la investigación pertinente.
Evo necesita, en forma simultánea, eliminar los focos de corrupción denunciados en el Vice Ministerio de Vivienda (sobre precios en la construcción de viviendas sociales), la Aduana Nacional (contrabando de 33 camiones repletos de computadoras que fugaron de un recinto militar), la Administradora Boliviana de Carreteras (contratos lesivos con compañías brasileñas) y la Caja de Seguridad Socia (importaciones de medicamentos con escasa transparencia).
La lucha antidroga necesita un blindaje moral que permita a Bolivia plantear que la Ley de Investigación de Fortunas sea aprobada a nivel regional. Lo anterior constituiría un mensaje ético a una comunidad internacional, indignada, pero impotente, ante la corrupción creciente.
Se ha repetido que el narcotráfico, como parte de la ingerencia del poder mundial en los países marginados, está socavando el futuro de las nuevas generaciones. Razón demás para que países consumidores y productores coordinen la lucha contra el tráfico de drogas en condiciones de complementariedad y no de sumisión. El combate a las mafias no debe ser utilizado por las Metrópolis como arma política.
La expulsión de la DEA es un acierto, pero a condición de que esa decisión no signifique quedar atrapado en medio de un río caudaloso, sin poder cruzar a la otra orilla, con el agravante de que estancarse en ese lugar, es decir con la simple expulsión del organismos anti drogas, implica el riesgo de ser arrastrado por aguas turbulentas, en las que las bandas de narcotraficantes nadan como tiburones.
La Haine
En calles de Sinahota (Cochabamba), se llegó a vender cocaína con balanzas de precisión. Los ataques armados a campesinos contrastaban con la tolerancia exhibida, por ejemplo, en la salida de La Paz de un avión cargado de droga, en 1995, y capturado en Lima.
Sin embargo, la sola expulsión de la DEA no resolverá el problema del narcotráfico y el país puede ser su mayor víctima sino lo combate de manera efectiva y si las plantaciones de hoja de coca se tornan incontrolables. La tarea es complicada debido a la articulación de los traficantes con paraísos financiaros, donde se lava el dinero mal habido.
En lo interno, la próxima vigencia de autonomías regionales e indígenas, con competencias aún no determinadas, el inminente cambio de códigos y leyes vigentes a códigos y leyes plurinacionales y el desconocimiento de autoridades judiciales en poblaciones campesinas, en las que se dice estar vigente, la “justicia comunitaria”, no ayuda a fortalecer un Poder Judicial capaz de enfrentar el desafío.
Existe la necesidad de regionalizar la lucha antidroga a través de la CAN, MERCOSUR y UNASUR y aprobar el proyecto de Ley de Investigación de Fortunas, que presentamos en 1990, logramos su reposición, año tras año, hasta el 2002, y que ahora ha sido enviado al Congreso con el nombre de Ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, asesinado, en 1980 por la dictadura de Luís García Meza. La esencia de esta ley reside en que todos los ciudadanos deben demostrar el origen legal de sus ingresos, a fin de no ser pasibles de la investigación pertinente.
Evo necesita, en forma simultánea, eliminar los focos de corrupción denunciados en el Vice Ministerio de Vivienda (sobre precios en la construcción de viviendas sociales), la Aduana Nacional (contrabando de 33 camiones repletos de computadoras que fugaron de un recinto militar), la Administradora Boliviana de Carreteras (contratos lesivos con compañías brasileñas) y la Caja de Seguridad Socia (importaciones de medicamentos con escasa transparencia).
La lucha antidroga necesita un blindaje moral que permita a Bolivia plantear que la Ley de Investigación de Fortunas sea aprobada a nivel regional. Lo anterior constituiría un mensaje ético a una comunidad internacional, indignada, pero impotente, ante la corrupción creciente.
Se ha repetido que el narcotráfico, como parte de la ingerencia del poder mundial en los países marginados, está socavando el futuro de las nuevas generaciones. Razón demás para que países consumidores y productores coordinen la lucha contra el tráfico de drogas en condiciones de complementariedad y no de sumisión. El combate a las mafias no debe ser utilizado por las Metrópolis como arma política.
La expulsión de la DEA es un acierto, pero a condición de que esa decisión no signifique quedar atrapado en medio de un río caudaloso, sin poder cruzar a la otra orilla, con el agravante de que estancarse en ese lugar, es decir con la simple expulsión del organismos anti drogas, implica el riesgo de ser arrastrado por aguas turbulentas, en las que las bandas de narcotraficantes nadan como tiburones.
La Haine
Anónimo
Los norteamericanos no son muy dados a revelar los nombres de sus funcionarios que se han visto envueltos en delitos del tráfico de alucinógenos, afirmó.
La denuncia es la segunda respuesta de un miembro del gobierno dominicano a urticantes declaraciones esta semana del embajador estadounidense aquí, Robert Fannin en una alocución pública.
Un emplazamiento similar exteriorizó el presidente del Senado, Reinaldo Pared, quien propuso a Fannin que entregara una relación con los nombres al Presidente de la República o al Procurador General y prestara un servicio a la nación.
Por su parte, el cardenal primado, Nicolás de Jesús Rodríguez, dijo el viernes que Estados Unidos carece de calidad moral para enjuiciar el estado de cosas en esta isla caribeña.
Fannin aseguró el jueves que funcionarios dominicanos están ligados al narcotráfico, puso en dudas la calidad del estado de derecho en el país y aseguró que la corrupción oficial es rampante.
Como mismo el embajador pide que se castigue la corrupción y la delincuencia, debe solicitarlo para su país, dijo Fernández, hijo de una de las hermanas Mirabal, asesinadas por orden del dictador Rafael Trujillo.
El asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fue uno de los hechos que precipitó el complot para la eliminación de Trujillo, llevado al poder en la década de los ´30 por Estados Unidos.
La denuncia es la segunda respuesta de un miembro del gobierno dominicano a urticantes declaraciones esta semana del embajador estadounidense aquí, Robert Fannin en una alocución pública.
Un emplazamiento similar exteriorizó el presidente del Senado, Reinaldo Pared, quien propuso a Fannin que entregara una relación con los nombres al Presidente de la República o al Procurador General y prestara un servicio a la nación.
Por su parte, el cardenal primado, Nicolás de Jesús Rodríguez, dijo el viernes que Estados Unidos carece de calidad moral para enjuiciar el estado de cosas en esta isla caribeña.
Fannin aseguró el jueves que funcionarios dominicanos están ligados al narcotráfico, puso en dudas la calidad del estado de derecho en el país y aseguró que la corrupción oficial es rampante.
Como mismo el embajador pide que se castigue la corrupción y la delincuencia, debe solicitarlo para su país, dijo Fernández, hijo de una de las hermanas Mirabal, asesinadas por orden del dictador Rafael Trujillo.
El asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fue uno de los hechos que precipitó el complot para la eliminación de Trujillo, llevado al poder en la década de los ´30 por Estados Unidos.
Anónimo
El mandatario reclamó a los policías y militares del lugar por qué no comunicaron en su momento, posiblemente hace dos meses, que la DEA desmontó esas oficinas y sus antenas de transmisión.
Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social, encargado de la lucha contra el narcotráfico, dijo que esas oficinas servían para interceptar llamados telefónicos nacionales e internacionales.
Cáceres, según ABI, también sostuvo que desde esas oficinas se hacía incluso el control de las llamados que hacía el presidente Morales y otras autoridades porque a su juicio "más allá de la lucha contra las drogas, la DEA realizaba control político".
El 1 de noviembre pasado, Morales suspendió de forma indefinida a la DEA, cuyos agentes abandonaron el país, al acusarla de haber realizado espionaje político y ayudado a movimientos opositores durante las protestas sociales vividas en septiembre pasado.
Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social, encargado de la lucha contra el narcotráfico, dijo que esas oficinas servían para interceptar llamados telefónicos nacionales e internacionales.
Cáceres, según ABI, también sostuvo que desde esas oficinas se hacía incluso el control de las llamados que hacía el presidente Morales y otras autoridades porque a su juicio "más allá de la lucha contra las drogas, la DEA realizaba control político".
El 1 de noviembre pasado, Morales suspendió de forma indefinida a la DEA, cuyos agentes abandonaron el país, al acusarla de haber realizado espionaje político y ayudado a movimientos opositores durante las protestas sociales vividas en septiembre pasado.
Anónimo
Morales lo dijo durante la inauguración de una fábrica en la localidad de Achacachi, a casi 100 kilómetros al norte de La Paz, donde también recordó que la Constitución que se someterá a referendo el próximo 25 de enero rechaza cualquier base militar extranjera.
"Ahora no hay nada norteamericano en El Chapare", celebró el mandatario indígena al recordar los tiempos "difíciles" cuando la DEA "campaba, operaba, mandaba a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional" en esa zona cocalera del centro de Bolivia.
"Se han ido y se van a ir definitivamente, no tienen por qué volver los 'gringos' al Chapare ni a Bolivia", apuntó.
Las relaciones entre el gobernante y EE.UU. permanecen deterioradas desde que, en septiembre pasado, Morales expulsó al embajador Philip Goldberg y Washington replicó con una similar medida contra el boliviano Gustavo Guzmán.
Además de expulsar a la DEA, el líder indígena dejó en suspenso las actividades de la Agencia Estadounidense de Cooperación (USAID) en el Chapare, al acusarlos de conspirar en su contra.
"Ahora no hay nada norteamericano en El Chapare", celebró el mandatario indígena al recordar los tiempos "difíciles" cuando la DEA "campaba, operaba, mandaba a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional" en esa zona cocalera del centro de Bolivia.
"Se han ido y se van a ir definitivamente, no tienen por qué volver los 'gringos' al Chapare ni a Bolivia", apuntó.
Las relaciones entre el gobernante y EE.UU. permanecen deterioradas desde que, en septiembre pasado, Morales expulsó al embajador Philip Goldberg y Washington replicó con una similar medida contra el boliviano Gustavo Guzmán.
Además de expulsar a la DEA, el líder indígena dejó en suspenso las actividades de la Agencia Estadounidense de Cooperación (USAID) en el Chapare, al acusarlos de conspirar en su contra.
Anónimo
“Seguramente los responsables del nuevo gobierno de Estados Unidos no lo saben, pero los operadores están chantajeando con el propósito de que no haya reducción (de cultivos ilícitos de hoja de coca) y al final del año condenar” a La Paz con el argumento de que no se hizo nada en el combate al narcotráfico, aseveró Morales.
El presidente informó que en 2008, entre enero y febrero, ya se habían reducido 636 hectáreas de cocales ilícitos y este año, por estar esperando el aporte de la NAS, “hasta ahora han sido cero hectáreas reducidas”, situación que, añadió, se va a dar a conocer a la comunidad internacional, a la embajada y al gobierno de Estados Unidos.
Aseveró que, ante ese “chantaje” de la NAS, el gobierno boliviano va a empezar a reducir los cultivos de coca con recursos propios, que son limitados, porque en la NAS “siguen diciendo esperen 20 o 30 días más”.
Morales, quien los próximos días 15 y 16 estará de visita oficial en Rusia, informó que se están comprando en aquel país seis avionetas para controlar el narcotráfico, razón por la cual lo acompañará en su viaje el ministro de Defensa, Walker San Miguel.
El mandatario boliviano, quien el año pasado expulsó al embajador estadunidense y a la Agencia Antidrogas de ese país (DEA, por sus siglas en inglés) acusándolos de intervenir en asuntos del país y en conspiraciones contra el gobierno, expresó que esas cuestiones son diferentes a la ubicación y erradicación, materias en las cuales “hay acuerdos generales y responsabilidad compartida” con la comunidad internacional y, especialmente, con el gobierno de Estados Unidos, nación con la que “la relación diplomática es permanente”.
Sobre el monto de la cooperación de la NAS con el gobierno boliviano en interdicción y erradicación, un funcionario del viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas del ministerio de Gobierno informó a este diario que “no se tienen datos precisos”. Esa carencia de información es, dijo, “uno de los factores para generar susceptibilidad” entre el gobierno de Morales y la NAS, que ésta maneja “con hermetismo”.
Comentó que se estima que la NAS aporta unos 25 millones de dólares. “Ellos pagan los gastos de transporte aéreo, traslado, etcétera”, de parte del personal que ejecuta la interdicción y erradicación.
Apuntó que el gobierno boliviano destinará 20 millones de dólares este año a esas tareas: 16 millones para interdicción y 4 millones para erradicación de cultivos ilícitos de hojas de coca.
El presidente informó que en 2008, entre enero y febrero, ya se habían reducido 636 hectáreas de cocales ilícitos y este año, por estar esperando el aporte de la NAS, “hasta ahora han sido cero hectáreas reducidas”, situación que, añadió, se va a dar a conocer a la comunidad internacional, a la embajada y al gobierno de Estados Unidos.
Aseveró que, ante ese “chantaje” de la NAS, el gobierno boliviano va a empezar a reducir los cultivos de coca con recursos propios, que son limitados, porque en la NAS “siguen diciendo esperen 20 o 30 días más”.
Morales, quien los próximos días 15 y 16 estará de visita oficial en Rusia, informó que se están comprando en aquel país seis avionetas para controlar el narcotráfico, razón por la cual lo acompañará en su viaje el ministro de Defensa, Walker San Miguel.
El mandatario boliviano, quien el año pasado expulsó al embajador estadunidense y a la Agencia Antidrogas de ese país (DEA, por sus siglas en inglés) acusándolos de intervenir en asuntos del país y en conspiraciones contra el gobierno, expresó que esas cuestiones son diferentes a la ubicación y erradicación, materias en las cuales “hay acuerdos generales y responsabilidad compartida” con la comunidad internacional y, especialmente, con el gobierno de Estados Unidos, nación con la que “la relación diplomática es permanente”.
Sobre el monto de la cooperación de la NAS con el gobierno boliviano en interdicción y erradicación, un funcionario del viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas del ministerio de Gobierno informó a este diario que “no se tienen datos precisos”. Esa carencia de información es, dijo, “uno de los factores para generar susceptibilidad” entre el gobierno de Morales y la NAS, que ésta maneja “con hermetismo”.
Comentó que se estima que la NAS aporta unos 25 millones de dólares. “Ellos pagan los gastos de transporte aéreo, traslado, etcétera”, de parte del personal que ejecuta la interdicción y erradicación.
Apuntó que el gobierno boliviano destinará 20 millones de dólares este año a esas tareas: 16 millones para interdicción y 4 millones para erradicación de cultivos ilícitos de hojas de coca.
Anónimo
Morales, en declaraciones difundidas por el canal estatal de televisión, rechazó las averiguaciones que realiza en Bolivia el congresista peruano Walter Menchola, sobre el tipo de ayuda que brinda un hospital cubano a ciudadanos peruanos, en el poblado Copacabana, sobre el binacional Lago Titicaca.
La preocupación peruana se centra, además, en el trabajo que se estaría realizando desde Bolivia a las llamadas casas venezolanas de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) que operan en la región de Puno (sureste).
"No entiendo que algunos parlamentarios peruanos vienen a investigar las casas del ALBA", afirmó el presidente boliviano, aliado del mandatario venezolano Hugo Chávez.
Morales, con ironía, acotó que "yo también quisiera mandar a mis parlamentarios a investigar qué hace (en Perú) USAID (agencia de cooperación de EEUU), cómo es la base militar norteamericana en Perú (...) como registra la prensa en Iquitos", en la región de Loreto (noreste).
La presencia en Bolivia de la comisión de congresistas peruanos, encabezada por Cholanzo, provocó que el gobierno de La Paz -según el vocero Iván Canelas- la califique como "una intromisión de la derecha más extrema" y que se analizaría con la Cancillería de su país qué reclamo plantear.
Ante la reacción, el canciller de Perú, José García Belaúnde, afirmó que "yo no le veo ninguna intromisión" a la labor de la comisión parlamentaria peruana y dijo creer que la reacción de La Paz es "una declaración política, una más dentro del tono exultantemente izquierdista que no se corresponde con la realidad".
Según las primeras investigaciones, en el hospital cubano que funciona en Copacabana, sobre el binacional Lago Titicaca, 15.136 ciudadanos peruanos fueron atendidos por problemas oftalmológicos, en el marco de la Operación Milagro que el gobierno de La Habana ejecuta en varias poblaciones de Bolivia.
Esa labor, según el temor del Parlamento peruano, estaría vinculada a intenciones políticas en favor de grupos sociales contrarios al gobierno de Alan García e incluso hacia grupos terroristas peruanos.
La preocupación peruana se centra, además, en el trabajo que se estaría realizando desde Bolivia a las llamadas casas venezolanas de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) que operan en la región de Puno (sureste).
"No entiendo que algunos parlamentarios peruanos vienen a investigar las casas del ALBA", afirmó el presidente boliviano, aliado del mandatario venezolano Hugo Chávez.
Morales, con ironía, acotó que "yo también quisiera mandar a mis parlamentarios a investigar qué hace (en Perú) USAID (agencia de cooperación de EEUU), cómo es la base militar norteamericana en Perú (...) como registra la prensa en Iquitos", en la región de Loreto (noreste).
La presencia en Bolivia de la comisión de congresistas peruanos, encabezada por Cholanzo, provocó que el gobierno de La Paz -según el vocero Iván Canelas- la califique como "una intromisión de la derecha más extrema" y que se analizaría con la Cancillería de su país qué reclamo plantear.
Ante la reacción, el canciller de Perú, José García Belaúnde, afirmó que "yo no le veo ninguna intromisión" a la labor de la comisión parlamentaria peruana y dijo creer que la reacción de La Paz es "una declaración política, una más dentro del tono exultantemente izquierdista que no se corresponde con la realidad".
Según las primeras investigaciones, en el hospital cubano que funciona en Copacabana, sobre el binacional Lago Titicaca, 15.136 ciudadanos peruanos fueron atendidos por problemas oftalmológicos, en el marco de la Operación Milagro que el gobierno de La Habana ejecuta en varias poblaciones de Bolivia.
Esa labor, según el temor del Parlamento peruano, estaría vinculada a intenciones políticas en favor de grupos sociales contrarios al gobierno de Alan García e incluso hacia grupos terroristas peruanos.
Anónimo
El mandatario boliviano calificó el viernes pasado de "inoportuna y sospechosa" la visita que realizaron legisladores peruanos al país altiplánico, donde indagaron sobre las Casas de la Alternativa Boliviariana para las Américas (ALBA).
Morales cuestionó cuál sería la reacción del gobierno peruano si legisladores de Bolivia investigan si existen o no bases militares estadounidenses en Perú.
Alan García agregó que lo mejor en este intercambio de palabras es "poner paños fríos", al señalar que de las frases se pasa al adjetivo y luego al insulto, sin embargo calificó como una patraña los comentarios de Morales sobre la presencia de una base estadounidense en territorio peruano.
(Xinhua)
Morales cuestionó cuál sería la reacción del gobierno peruano si legisladores de Bolivia investigan si existen o no bases militares estadounidenses en Perú.
Alan García agregó que lo mejor en este intercambio de palabras es "poner paños fríos", al señalar que de las frases se pasa al adjetivo y luego al insulto, sin embargo calificó como una patraña los comentarios de Morales sobre la presencia de una base estadounidense en territorio peruano.
(Xinhua)
Anónimo
El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Fander Falconí, procedió el miércoles 18 de febrero a notificar la expulsión en las próximas 48 horas del adjunto civil de la embajada de los Estados Unidos en Quito, Mark Sullivan, por actuaciones ilegales de interferencia en la seguridad del Estado ecuatoriano.
Es el segundo diplomático norteamericano expulsado del Ecuador en los últimos 12 días, dado que el pasado 7 de febrero fue expulsado el agregado diplomático norteamericano de origen puertorriqueño, Armando Astorga, por un motivo similar.
En el caso de Mark Sullivan, este funcionario promovió la entrega de los archivos de seguridad nacional, por parte de los policías miembros de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).
La decisión de expulsión del funcionario estadounidense fue adoptada por el Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, al enterarse este que a través de Sullivan, la embajada norteamericana procedió a llevarse los archivos de seguridad del estado nacional, pertenecientes a la inteligencia policial.
“La expulsión del funcionario norteamericano se dio por intromisión en asuntos internos de Ecuador. Tiene 48 horas para salir del país”, afirmó el canciller Falconí en conferencia de prensa realizada en la mañana del 18, tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional del Ecuador (COSENA).
El empleado de la embajada norteamericana Mark Sullivan fue señalado por el mayor de policía Manuel Eduardo Silva Torres, jefe saliente de la UIES, como el funcionario que presionó y exigió la entrega de los archivos de seguridad, por lo cual habría cometido el delito de atentado contra la seguridad nacional.
Este acto incluyó una injerencia en las decisiones del mando policial y del Estado ecuatoriano, toda vez que la información que fuera sacada de los archivos de la UIES no estaba ligada al retiro de la cooperación norteamericana con la fuerza pública de Ecuador.
La ruptura de esta cooperación se dio el pasado 8 de enero, cuando el gobierno del Ecuador le indicó a la embajada de los Estados Unidos en Quito, que no estaba dispuesto a seguir permitiendo que los norteamericanos fuesen los que calificasen al personal de las unidades encargadas de lucha antinarcóticos y contra el tráfico de personas, de igual manera que tampoco se permitiría que fuesen los funcionarios estadounidenses quienes designasen al Comandante de dichas unidades policiales. Rafael Correa anunció en ese momento a la embajada gringa que esta situación significaba una clara renuncia a la soberanía nacional, y que desde la llegada del gobierno de la “revolución ciudadana” (15 de enero de 2007) este tipo de lógicas habían cambiado.
En el trasfondo político de esta cuestión están las formas de intervención e injerencia interna estadounidense sobre los países del Sur, entre otras temáticas, en materia de lo que en EE.UU. se considera la “guerra global contra las drogas”, y una lógica clientelar desarrollada desde el Imperio hacia los países del Sur en las políticas antinarcóticos diseñadas desde la Drug Enforcement Administration (DEA).
Políticas antinarcóticos en el Ecuador.
Ecuador es un país de tránsito de estupefacientes, no existe producción o cultivos. Su situación como país de tránsito implica que organizaciones criminales operen en zonas del territorio ecuatoriano para el acopio, almacenamiento y distribución de la mercadería, así como para actividades de lavado de activos y delitos conexos.
Al igual que en el resto del mundo, las políticas de mano dura en el Ecuador se han consolidado a partir de acuerdos y convenciones internacionales.
La Estrategia Nacional de Drogas desarrollada durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, contemplada para el período 2004-2008, enfatizó en la necesidad de reducir y anular la demanda de drogas y combatir el delito en todas sus manifestaciones como son la producción de plantas ilícitas, el lavado de activos, el ingreso de precursores, entre otros. Para esto se establecieron canales de cooperación económica y colaboración estratégica con el fin de unificar procedimientos, acciones, intercambio de información y asistencia judicial recíproca, en un claro planteamiento subsidiario de la política antinarcóticos norteamericana.
En la actualidad, en el marco de la era Correa, la tendencia a nivel diplomático ha pasado a ser impulsar procesos de integración y compromiso entre varios actores para fomentar el desarrollo local. Una de éstas es el Plan Ecuador, que se creó para impulsar en la frontera norte un proceso de paz, desarrollo y seguridad fundamentado en los principios del “desarrollo alternativo” y del “desarrollo alternativo preventivo”. Con este Plan se buscó establecer un proceso distinto al de la “guerra contra las drogas”, mediante el impulso desde el Estado de proyectos agroforestales y de producción de diversos productos agropecuarios cómo leche, caña de azúcar, cacao y café, así como ciertos estímulos para la comercialización interna y eventual exportación.
Afectación en la frontera norte del Ecuador del Plan Colombia.
Durante la última década se intensificó el enfoque represivo para la producción. En la región, el Plan Colombia es el ejemplo. A continuación se describen algunas de las principales consecuencias que ha generado el plan en la frontera ecuatoriana:
- Agudización del conflicto militar en la frontera norte.
Penetración de mafias y grupos irregulares (FARC y paramilitares) en als provincias fronterizas. Sicariato extendido en todo el país.
- Profundización de conflictos sociales y armados. Inseguridad. Pueblos colonos e indígenas en amenaza.
- Desplazamiento e incremento de refugiados colombianos.
- Destrucción de medios de vida de miles de productores.
- Las fumigaciones aéreas de “fusarium oxisporum” generaron severos impactos en la salud de la población de frontera y contaminación de recursos naturales.
- Se generaron las condiciones para el tráfico ilícito de derivados.
- Conformación de redes de trata y tráfico de personas.
- Corrupción de las autoridades locales y jueces. Desestructuración y debilitamiento de las instituciones del estado.
Estos impactos son asumidos casi en su totalidad por el Estado ecuatoriano. Los aportes obtenidos de la cooperación internacional se centraron en atacar los cultivos y muy poco se ha destinado al desarrollo e integración.
Sin embargo la evaluación de los datos es contundente: durante la ejecución del Plan Colombia, los cultivos de coca en la región andina se incrementaron en 16%, reduciéndose parcialmente en Perú y en Bolivia, mientras que en Colombia se expandía la superficie y mejoraban los rendimientos. En los últimos ocho años, la producción de Colombia se incrementó en 27% (datos del informe de la ONUDD, 2008).
En una evaluación sincera, habría que preguntarse: ¿para qué han servido la altísima inversión que se ha hecho en armamento y demás costos de orden militar y logístico en Colombia? Datos oficiales cifran en más de 5 mil millones la inversión desarrollada, y su único rédito ha sido incremento de la violación de derechos humanos en Colombia, deterioro de las instituciones del Estado a través de la “parapolítica” y fumigaciones a mansalva, lo que ha significado el desplazamiento de poblaciones residentes de los territorios fumigados, así como un incremento espectacular del número de refugiados especialmente hacia la frontera con el Ecuador.
Contexto internacional de la lucha antinarcóticos.
En las últimas décadas, la lucha antidrogas se ha constituido progresivamente como un eje fundamental de la política internacional de los EE.UU. y la UE en el continente Latinoamericano, y de forma especial en los países del eje andino.
La situación ha llegado a tal punto, que gran parte de las relaciones políticas, económicas y de cooperación están determinadas por los resultados que presentan anualmente la policía antinarcóticos de cada país.
Se ha desarrollado en el contexto mundial una lógica de protocolos internacionales, convenciones y tratados que han determinado la regulación, y esencialmente el control de la oferta de narcóticos diferenciando entre estos, actividades licitas e ilícitas, y estableciendo de acción, roles y funciones de instituciones del Estado para el control de la oferta y la demanda de estupefacientes.
En líneas generales, la evolución de las políticas de drogas a nivel mundial, ha estado enmarcada en tres etapas fundamentales en las que con el pasar de los años se ha intensificado gradualmente el enfoque de mano dura y “guerra contra las drogas” del Estado norteamericano.
La primera etapa se puede situar a inicios del siglo XX y estuvo caracterizado por el empuje que EE.UU. y China dieron para generar acuerdos mínimos a nivel internacional. Cabe significar que en aquel momento el tema no tenía un interés protagónico e incluso algunos países hasta veían con recelo este tipo de negociaciones. Sin embargo, se negociaron algunos tratados de carácter normativo que contemplaban la posibilidad de establecer restricciones administrativas a las exportaciones de opiáceos. Se destacan entre ellas la Primera Convención de La Haya (1912), la Convención Internacional sobre el Opio (1925) y la Convención de 1936. En esta última se acuerda por primera vez establecer prohibiciones pero con una participación de muy pocos países. Aún no existían las prohibiciones globales ni al cultivo ni al consumo.
La segunda etapa se caracteriza por la unificación y extensión de los acuerdos iniciales y la limitación del uso de plantas. Se dan las pautas para el abastecimiento de un sistema mundial de control y erradicación de cultivos, ahora llamados ilícitos, provenientes principalmente de países subdesarrollados. En esta etapa destacan: por un lado, la Convención Única de la ONU en 1961 y su enmienda por protocolo en 1972, donde se estableció un sistema universal para controlar el cultivo, producción, distribución, uso y posesión de sustancias narcóticas (se determina la prohibición y control de más de 100 sustancias clasificadas según su peligrosidad); por otro lado, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, donde se incluyen en esta lista más sustancias, esta vez farmacéuticas y anfetaminas.
La tercera etapa marca el inicio del proceso de intensificación y militarización de la “guerra contra las drogas” y se convierte en tema fundamental y visible de la agenda de seguridad de los países desarrollados. Las leyes y las penas se endurecen a nivel mundial y se inician distintas iniciativas de carácter general regional para diseñar sistemas de control y fiscalización. Estas políticas quedan enmarcadas en la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes en 1988 –donde se establecen medidas de acción contra el narcotráfico, blanqueo de dinero y la desviación de precursores químicos (se establece la obligación de criminalizar las actividades de producción, tráfico y posesión en todo el planeta)-, y en la Sesión Especial de la Asamblea General de las NN.UU. sobre Drogas (UNGASS) de 1998.
Con el conjunto de acuerdos y legislaciones internacionales emanados de estos encuentros, se constituye el sistema mundial de control antidroga, se otorgan lineamientos generales para el diseño de políticas a nivel nacional y también para el diseño de iniciativas regionales. Este marco general contiene concepciones sobre el control de la oferta organizada que poco a poco han ido tomando un carácter más punitivo, justificados en base a principios como “países libres de drogas”, “tolerancia cero”, “lucha contra el flagelo de las drogas”, entre otros. Al mismo tiempo, estas consignas fueron trasladadas mecánicamente al control de la demanda o consumo de sustancias psicoactivas.
Todo esto también generó voces discrepantes en algunos países de Europa y en especial en América Latina, con respecto a la escala de la militarización norteamericana en la lucha antinarcóticos y la injerencia interna.
A inicios de febrero del presente año, los EE.UU. resolvieron bloquear las negociaciones en caso de que se incluya el concepto de “reducción del daño” en la próxima declaración política. Este tema ha sido impulsado principalmente desde la UE y América Latina y el Caribe (ALC). El desenlace de esto está por verse y en las semanas previas a la reunión de la UNGASS (que tendrá lugar a mediados del mes de marzo).
Sin embargo, el principal argumento que sustentan las posiciones disidentes, y muy razonables por cierto, es que las reducciones de los cultivos de plantas ilícitas no se cumplieron con este tipo de políticas coercitivas y represoras. La marihuana y el opio han duplicado su superficie y la coca se ha incrementado en un 20%.
Las posiciones de los países son múltiples y responden a su propia realidad. Sin embargo, muchas se quedan en el discurso y finalmente la “guerra” continúa. Tal como están las cosas finalmente la cuestión en la reunión de la UNGASS el próximo mes está en la dicotomía de “reafirmar o replantear”.
Contexto regional andino.
En los países andinos se reproducen, en pequeña escala, los debates mundiales para enfrentar el tema de las drogas. Las posiciones de cada uno de los países responden a distintas realidades y por lo tanto las estrategias y objetivos nacionales difieren mucho entre sí.
La posición de Colombia y Perú está alineada en gran medida con la estrategia antidroga norteamericana, mientras que Bolivia sacó a la USAID y a la embajada americana acusándolas de intervenir en sus fuerzas armadas y de fragmentar al pueblo indígena.
La posición boliviana es una de las más vanguardistas en el mundo en lo que se refiere a la producción de droga ya que reclama la revalorización del cultivo de la hoja de coca y de las manos que lo hacen. La posición de Bolivia se fundamenta en el derecho de autodeterminación de los pueblos y en el hecho de que la hoja de coca no es nociva para la salud de ninguna manera (de hecho, un documento de la OMS de 2007, demuestra que la hoja de coca no es dañina para la salud y demuestra que además es una medicina muy útil para el tratamiento de muchas enfermedades –los EE.UU. amenazaron con recortar sus aportes a la organización en caso de que este estudio se publicase, hecho que evidentemente no sucedió-), y que además constituye un elemento sagrado de su cultura. A pesar que la posición boliviana fue tradicionalmente minimizada, actualmente muchas voces e instancias a nivel internacional la reconocen y promueven. Lamentablemente, los principales opositores a sus tesis se encuentran en su propia vecindad.
La influencia norteamericana en la región andina llevó a que se inserte, en el seno de la CAN, un fuerte debate acerca del vínculo conceptual entre terrorismo y narcotráfico.
Tanto Bolivia como Ecuador se oponen a este enfoque ya que aceptar el “terrorismo” puede ser motivo para justificar la violación de la Carta de Derechos Humanos y la soberanía e integridad territorial de los países.
En el marco ecuatoriano, la ruptura de determinados convenios de colaboración en lucha antinarcóticos con los EE.UU. a partir de las expulsiones de funcionarios gringos por injerencia en la seguridad nacional de este país, abre una nueva crisis para los norteamericanos en la región, a la que hay que sumar la salida de los estadounidenses de la Base de Manta en este año (la base de Manta fue justificada por los EE.UU. como un centro de operaciones protagónico en la lucha antinarcóticos en la región en el contexto del desarrollo del Plan Colombia).
Mafias mexicanas toman el relevo de los cárteles colombianos.
El control del ciclo del alcaloide, es decir el cultivo, procesamiento, transporte y comercialización de la cocaína procedente de la frontera colombiana ha pasado paulatinamente de las manos de mafias colombianas hacia mafias mexicanas. En este sentido, los mexicanos se aliaron primero con las organizaciones de Cali y del Norte del Valle, pero luego los abandonaron e incluso los delataron ante autoridades, por lo que importantes capos de estos grupos fueron y extraditados a EE.UU.
Ejemplos de mafias mexicanas: el cártel de Sinaloa opera en 35 países del mundo y es considerada como una de las mafias más poderosas. Actualmente, éste grupo enfrenta una verdadera guerra con el ejército mexicano y con otras mafias como el cártel del Golfo. La cabeza de su líder “El Chapo” Guzmán está valorada en 5 millones de dólares.
La violencia de estas mafias es una epidemia en varias ciudades de Brasil, Colombia y México, así como de otros países. Son agrupaciones con un elevado nivel de organización y acceso a tecnología y armamento muy sofisticados. Además las repercusiones de la actividad criminal de los implacables carteles mexicanos se sienten desde hace un par de años incluso en ciudades como Atlanta y Boston.
La mayor parte del armamento de los narcos proviene de EE.UU., de donde también fluye hacia México más de $30.000 millones al año, como producto de la venta de narcóticos. La larga guerra contra las drogas no ha logrado acabar con el consumo ni con los crímenes ¿habrá llegado la hora de considerar en serio la legalización como medio para poner fin a la violencia?
(mas...)
Es el segundo diplomático norteamericano expulsado del Ecuador en los últimos 12 días, dado que el pasado 7 de febrero fue expulsado el agregado diplomático norteamericano de origen puertorriqueño, Armando Astorga, por un motivo similar.
En el caso de Mark Sullivan, este funcionario promovió la entrega de los archivos de seguridad nacional, por parte de los policías miembros de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).
La decisión de expulsión del funcionario estadounidense fue adoptada por el Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, al enterarse este que a través de Sullivan, la embajada norteamericana procedió a llevarse los archivos de seguridad del estado nacional, pertenecientes a la inteligencia policial.
“La expulsión del funcionario norteamericano se dio por intromisión en asuntos internos de Ecuador. Tiene 48 horas para salir del país”, afirmó el canciller Falconí en conferencia de prensa realizada en la mañana del 18, tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional del Ecuador (COSENA).
El empleado de la embajada norteamericana Mark Sullivan fue señalado por el mayor de policía Manuel Eduardo Silva Torres, jefe saliente de la UIES, como el funcionario que presionó y exigió la entrega de los archivos de seguridad, por lo cual habría cometido el delito de atentado contra la seguridad nacional.
Este acto incluyó una injerencia en las decisiones del mando policial y del Estado ecuatoriano, toda vez que la información que fuera sacada de los archivos de la UIES no estaba ligada al retiro de la cooperación norteamericana con la fuerza pública de Ecuador.
La ruptura de esta cooperación se dio el pasado 8 de enero, cuando el gobierno del Ecuador le indicó a la embajada de los Estados Unidos en Quito, que no estaba dispuesto a seguir permitiendo que los norteamericanos fuesen los que calificasen al personal de las unidades encargadas de lucha antinarcóticos y contra el tráfico de personas, de igual manera que tampoco se permitiría que fuesen los funcionarios estadounidenses quienes designasen al Comandante de dichas unidades policiales. Rafael Correa anunció en ese momento a la embajada gringa que esta situación significaba una clara renuncia a la soberanía nacional, y que desde la llegada del gobierno de la “revolución ciudadana” (15 de enero de 2007) este tipo de lógicas habían cambiado.
En el trasfondo político de esta cuestión están las formas de intervención e injerencia interna estadounidense sobre los países del Sur, entre otras temáticas, en materia de lo que en EE.UU. se considera la “guerra global contra las drogas”, y una lógica clientelar desarrollada desde el Imperio hacia los países del Sur en las políticas antinarcóticos diseñadas desde la Drug Enforcement Administration (DEA).
Políticas antinarcóticos en el Ecuador.
Ecuador es un país de tránsito de estupefacientes, no existe producción o cultivos. Su situación como país de tránsito implica que organizaciones criminales operen en zonas del territorio ecuatoriano para el acopio, almacenamiento y distribución de la mercadería, así como para actividades de lavado de activos y delitos conexos.
Al igual que en el resto del mundo, las políticas de mano dura en el Ecuador se han consolidado a partir de acuerdos y convenciones internacionales.
La Estrategia Nacional de Drogas desarrollada durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, contemplada para el período 2004-2008, enfatizó en la necesidad de reducir y anular la demanda de drogas y combatir el delito en todas sus manifestaciones como son la producción de plantas ilícitas, el lavado de activos, el ingreso de precursores, entre otros. Para esto se establecieron canales de cooperación económica y colaboración estratégica con el fin de unificar procedimientos, acciones, intercambio de información y asistencia judicial recíproca, en un claro planteamiento subsidiario de la política antinarcóticos norteamericana.
En la actualidad, en el marco de la era Correa, la tendencia a nivel diplomático ha pasado a ser impulsar procesos de integración y compromiso entre varios actores para fomentar el desarrollo local. Una de éstas es el Plan Ecuador, que se creó para impulsar en la frontera norte un proceso de paz, desarrollo y seguridad fundamentado en los principios del “desarrollo alternativo” y del “desarrollo alternativo preventivo”. Con este Plan se buscó establecer un proceso distinto al de la “guerra contra las drogas”, mediante el impulso desde el Estado de proyectos agroforestales y de producción de diversos productos agropecuarios cómo leche, caña de azúcar, cacao y café, así como ciertos estímulos para la comercialización interna y eventual exportación.
Afectación en la frontera norte del Ecuador del Plan Colombia.
Durante la última década se intensificó el enfoque represivo para la producción. En la región, el Plan Colombia es el ejemplo. A continuación se describen algunas de las principales consecuencias que ha generado el plan en la frontera ecuatoriana:
- Agudización del conflicto militar en la frontera norte.
Penetración de mafias y grupos irregulares (FARC y paramilitares) en als provincias fronterizas. Sicariato extendido en todo el país.
- Profundización de conflictos sociales y armados. Inseguridad. Pueblos colonos e indígenas en amenaza.
- Desplazamiento e incremento de refugiados colombianos.
- Destrucción de medios de vida de miles de productores.
- Las fumigaciones aéreas de “fusarium oxisporum” generaron severos impactos en la salud de la población de frontera y contaminación de recursos naturales.
- Se generaron las condiciones para el tráfico ilícito de derivados.
- Conformación de redes de trata y tráfico de personas.
- Corrupción de las autoridades locales y jueces. Desestructuración y debilitamiento de las instituciones del estado.
Estos impactos son asumidos casi en su totalidad por el Estado ecuatoriano. Los aportes obtenidos de la cooperación internacional se centraron en atacar los cultivos y muy poco se ha destinado al desarrollo e integración.
Sin embargo la evaluación de los datos es contundente: durante la ejecución del Plan Colombia, los cultivos de coca en la región andina se incrementaron en 16%, reduciéndose parcialmente en Perú y en Bolivia, mientras que en Colombia se expandía la superficie y mejoraban los rendimientos. En los últimos ocho años, la producción de Colombia se incrementó en 27% (datos del informe de la ONUDD, 2008).
En una evaluación sincera, habría que preguntarse: ¿para qué han servido la altísima inversión que se ha hecho en armamento y demás costos de orden militar y logístico en Colombia? Datos oficiales cifran en más de 5 mil millones la inversión desarrollada, y su único rédito ha sido incremento de la violación de derechos humanos en Colombia, deterioro de las instituciones del Estado a través de la “parapolítica” y fumigaciones a mansalva, lo que ha significado el desplazamiento de poblaciones residentes de los territorios fumigados, así como un incremento espectacular del número de refugiados especialmente hacia la frontera con el Ecuador.
Contexto internacional de la lucha antinarcóticos.
En las últimas décadas, la lucha antidrogas se ha constituido progresivamente como un eje fundamental de la política internacional de los EE.UU. y la UE en el continente Latinoamericano, y de forma especial en los países del eje andino.
La situación ha llegado a tal punto, que gran parte de las relaciones políticas, económicas y de cooperación están determinadas por los resultados que presentan anualmente la policía antinarcóticos de cada país.
Se ha desarrollado en el contexto mundial una lógica de protocolos internacionales, convenciones y tratados que han determinado la regulación, y esencialmente el control de la oferta de narcóticos diferenciando entre estos, actividades licitas e ilícitas, y estableciendo de acción, roles y funciones de instituciones del Estado para el control de la oferta y la demanda de estupefacientes.
En líneas generales, la evolución de las políticas de drogas a nivel mundial, ha estado enmarcada en tres etapas fundamentales en las que con el pasar de los años se ha intensificado gradualmente el enfoque de mano dura y “guerra contra las drogas” del Estado norteamericano.
La primera etapa se puede situar a inicios del siglo XX y estuvo caracterizado por el empuje que EE.UU. y China dieron para generar acuerdos mínimos a nivel internacional. Cabe significar que en aquel momento el tema no tenía un interés protagónico e incluso algunos países hasta veían con recelo este tipo de negociaciones. Sin embargo, se negociaron algunos tratados de carácter normativo que contemplaban la posibilidad de establecer restricciones administrativas a las exportaciones de opiáceos. Se destacan entre ellas la Primera Convención de La Haya (1912), la Convención Internacional sobre el Opio (1925) y la Convención de 1936. En esta última se acuerda por primera vez establecer prohibiciones pero con una participación de muy pocos países. Aún no existían las prohibiciones globales ni al cultivo ni al consumo.
La segunda etapa se caracteriza por la unificación y extensión de los acuerdos iniciales y la limitación del uso de plantas. Se dan las pautas para el abastecimiento de un sistema mundial de control y erradicación de cultivos, ahora llamados ilícitos, provenientes principalmente de países subdesarrollados. En esta etapa destacan: por un lado, la Convención Única de la ONU en 1961 y su enmienda por protocolo en 1972, donde se estableció un sistema universal para controlar el cultivo, producción, distribución, uso y posesión de sustancias narcóticas (se determina la prohibición y control de más de 100 sustancias clasificadas según su peligrosidad); por otro lado, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, donde se incluyen en esta lista más sustancias, esta vez farmacéuticas y anfetaminas.
La tercera etapa marca el inicio del proceso de intensificación y militarización de la “guerra contra las drogas” y se convierte en tema fundamental y visible de la agenda de seguridad de los países desarrollados. Las leyes y las penas se endurecen a nivel mundial y se inician distintas iniciativas de carácter general regional para diseñar sistemas de control y fiscalización. Estas políticas quedan enmarcadas en la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes en 1988 –donde se establecen medidas de acción contra el narcotráfico, blanqueo de dinero y la desviación de precursores químicos (se establece la obligación de criminalizar las actividades de producción, tráfico y posesión en todo el planeta)-, y en la Sesión Especial de la Asamblea General de las NN.UU. sobre Drogas (UNGASS) de 1998.
Con el conjunto de acuerdos y legislaciones internacionales emanados de estos encuentros, se constituye el sistema mundial de control antidroga, se otorgan lineamientos generales para el diseño de políticas a nivel nacional y también para el diseño de iniciativas regionales. Este marco general contiene concepciones sobre el control de la oferta organizada que poco a poco han ido tomando un carácter más punitivo, justificados en base a principios como “países libres de drogas”, “tolerancia cero”, “lucha contra el flagelo de las drogas”, entre otros. Al mismo tiempo, estas consignas fueron trasladadas mecánicamente al control de la demanda o consumo de sustancias psicoactivas.
Todo esto también generó voces discrepantes en algunos países de Europa y en especial en América Latina, con respecto a la escala de la militarización norteamericana en la lucha antinarcóticos y la injerencia interna.
A inicios de febrero del presente año, los EE.UU. resolvieron bloquear las negociaciones en caso de que se incluya el concepto de “reducción del daño” en la próxima declaración política. Este tema ha sido impulsado principalmente desde la UE y América Latina y el Caribe (ALC). El desenlace de esto está por verse y en las semanas previas a la reunión de la UNGASS (que tendrá lugar a mediados del mes de marzo).
Sin embargo, el principal argumento que sustentan las posiciones disidentes, y muy razonables por cierto, es que las reducciones de los cultivos de plantas ilícitas no se cumplieron con este tipo de políticas coercitivas y represoras. La marihuana y el opio han duplicado su superficie y la coca se ha incrementado en un 20%.
Las posiciones de los países son múltiples y responden a su propia realidad. Sin embargo, muchas se quedan en el discurso y finalmente la “guerra” continúa. Tal como están las cosas finalmente la cuestión en la reunión de la UNGASS el próximo mes está en la dicotomía de “reafirmar o replantear”.
Contexto regional andino.
En los países andinos se reproducen, en pequeña escala, los debates mundiales para enfrentar el tema de las drogas. Las posiciones de cada uno de los países responden a distintas realidades y por lo tanto las estrategias y objetivos nacionales difieren mucho entre sí.
La posición de Colombia y Perú está alineada en gran medida con la estrategia antidroga norteamericana, mientras que Bolivia sacó a la USAID y a la embajada americana acusándolas de intervenir en sus fuerzas armadas y de fragmentar al pueblo indígena.
La posición boliviana es una de las más vanguardistas en el mundo en lo que se refiere a la producción de droga ya que reclama la revalorización del cultivo de la hoja de coca y de las manos que lo hacen. La posición de Bolivia se fundamenta en el derecho de autodeterminación de los pueblos y en el hecho de que la hoja de coca no es nociva para la salud de ninguna manera (de hecho, un documento de la OMS de 2007, demuestra que la hoja de coca no es dañina para la salud y demuestra que además es una medicina muy útil para el tratamiento de muchas enfermedades –los EE.UU. amenazaron con recortar sus aportes a la organización en caso de que este estudio se publicase, hecho que evidentemente no sucedió-), y que además constituye un elemento sagrado de su cultura. A pesar que la posición boliviana fue tradicionalmente minimizada, actualmente muchas voces e instancias a nivel internacional la reconocen y promueven. Lamentablemente, los principales opositores a sus tesis se encuentran en su propia vecindad.
La influencia norteamericana en la región andina llevó a que se inserte, en el seno de la CAN, un fuerte debate acerca del vínculo conceptual entre terrorismo y narcotráfico.
Tanto Bolivia como Ecuador se oponen a este enfoque ya que aceptar el “terrorismo” puede ser motivo para justificar la violación de la Carta de Derechos Humanos y la soberanía e integridad territorial de los países.
En el marco ecuatoriano, la ruptura de determinados convenios de colaboración en lucha antinarcóticos con los EE.UU. a partir de las expulsiones de funcionarios gringos por injerencia en la seguridad nacional de este país, abre una nueva crisis para los norteamericanos en la región, a la que hay que sumar la salida de los estadounidenses de la Base de Manta en este año (la base de Manta fue justificada por los EE.UU. como un centro de operaciones protagónico en la lucha antinarcóticos en la región en el contexto del desarrollo del Plan Colombia).
Mafias mexicanas toman el relevo de los cárteles colombianos.
El control del ciclo del alcaloide, es decir el cultivo, procesamiento, transporte y comercialización de la cocaína procedente de la frontera colombiana ha pasado paulatinamente de las manos de mafias colombianas hacia mafias mexicanas. En este sentido, los mexicanos se aliaron primero con las organizaciones de Cali y del Norte del Valle, pero luego los abandonaron e incluso los delataron ante autoridades, por lo que importantes capos de estos grupos fueron y extraditados a EE.UU.
Ejemplos de mafias mexicanas: el cártel de Sinaloa opera en 35 países del mundo y es considerada como una de las mafias más poderosas. Actualmente, éste grupo enfrenta una verdadera guerra con el ejército mexicano y con otras mafias como el cártel del Golfo. La cabeza de su líder “El Chapo” Guzmán está valorada en 5 millones de dólares.
La violencia de estas mafias es una epidemia en varias ciudades de Brasil, Colombia y México, así como de otros países. Son agrupaciones con un elevado nivel de organización y acceso a tecnología y armamento muy sofisticados. Además las repercusiones de la actividad criminal de los implacables carteles mexicanos se sienten desde hace un par de años incluso en ciudades como Atlanta y Boston.
La mayor parte del armamento de los narcos proviene de EE.UU., de donde también fluye hacia México más de $30.000 millones al año, como producto de la venta de narcóticos. La larga guerra contra las drogas no ha logrado acabar con el consumo ni con los crímenes ¿habrá llegado la hora de considerar en serio la legalización como medio para poner fin a la violencia?
(mas...)
Anónimo
“Sullivan era el director de la CIA en Ecuador”, resaltó Correa en su enlace radio-televisivo de este sábado, realizado desde la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua.
Al funcionario se le expulsó por intentar subordinar las competencias de autoridades nacionales a la continuación de cierta cooperación.
Medios de prensa nacionales señalaron este diplomático fue el que sustrajo las computadoras de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).
El mandatario destacó que esto ocurrió después de que se decidiera sustituir al jefe de la UIES, el mayor Manuel Silva, por su responsabilidad en la no captura del ex empleado del gobierno José Ignacio Chauvín, quien posteriormente se entregó a la justicia.
Un comunicado de la cancillería, difundido en días pasados, reveló que Suvillan fue declarado persona no grata por injerencia en los asuntos internos del Estado ecuatoriano.
Poco antes de la expulsión del director de la CIA en esta nación, el gobierno nacional ordenó también la salida forzosa del agregado estadounidense Armando Astorga por condicionar la entrega de ayuda a la UIES a la calificación y designación de los jefes y miembros de ese grupo.
Al funcionario se le expulsó por intentar subordinar las competencias de autoridades nacionales a la continuación de cierta cooperación.
Medios de prensa nacionales señalaron este diplomático fue el que sustrajo las computadoras de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).
El mandatario destacó que esto ocurrió después de que se decidiera sustituir al jefe de la UIES, el mayor Manuel Silva, por su responsabilidad en la no captura del ex empleado del gobierno José Ignacio Chauvín, quien posteriormente se entregó a la justicia.
Un comunicado de la cancillería, difundido en días pasados, reveló que Suvillan fue declarado persona no grata por injerencia en los asuntos internos del Estado ecuatoriano.
Poco antes de la expulsión del director de la CIA en esta nación, el gobierno nacional ordenó también la salida forzosa del agregado estadounidense Armando Astorga por condicionar la entrega de ayuda a la UIES a la calificación y designación de los jefes y miembros de ese grupo.
Anónimo
"La decisión del gobierno de Ecuador de expulsar a un segundo diplomático estadounidense es muy preocupante y genera serias inquietudes con respecto al deseo de Ecuador de mantener una relación productiva", dijo el vocero adjunto del Departamento de Estado, Gordon Duguid.
El gobierno ecuatoriano expulsó el miércoles a un segundo diplomático estadounidense en este mes por su "inaceptable intromisión" en el nombramiento de oficiales de policía dentro de programas que reciben ayuda de Estados Unidos.
"Declaramos al Sr. Mark Sullivan persona non grata. Se trata del primer secretario de la embajada y le concedemos 48 horas para abandonar el país", dijo el ministro de Relaciones Exteriores Flander Falconí.
El gobierno de Ecuador ordenó el 7 de febrero la expulsión del agregado de la embajada Armando Astorga por razones similares.
La relación entre Estados Unidos y Ecuador ha sido tensa desde que el presidente Rafael Correa, cuya popularidad en Ecuador asciende al 70 por ciento, rechazó renovar la renta a fines de este año de una base aérea costera utilizada por soldados de Estados Unidos.
(Xinhua)
El gobierno ecuatoriano expulsó el miércoles a un segundo diplomático estadounidense en este mes por su "inaceptable intromisión" en el nombramiento de oficiales de policía dentro de programas que reciben ayuda de Estados Unidos.
"Declaramos al Sr. Mark Sullivan persona non grata. Se trata del primer secretario de la embajada y le concedemos 48 horas para abandonar el país", dijo el ministro de Relaciones Exteriores Flander Falconí.
El gobierno de Ecuador ordenó el 7 de febrero la expulsión del agregado de la embajada Armando Astorga por razones similares.
La relación entre Estados Unidos y Ecuador ha sido tensa desde que el presidente Rafael Correa, cuya popularidad en Ecuador asciende al 70 por ciento, rechazó renovar la renta a fines de este año de una base aérea costera utilizada por soldados de Estados Unidos.
(Xinhua)
Anónimo
Hemos expulsado del país a este señor (Max) Sullivan, de la embajada estadounidense, que, hablemos claro, era el director de la CIA en Ecuador, dijo Correa en su informe semanal de labores.
Calificó como una "barbaridad" que el ex funcionario haya ordenado el retiro de computadores con datos sobre seguridad interna donados por Estados Unidos a una unidad policial.
Las computadoras se retiraron después de suspender la ayuda económica a la dependencia policial una vez que Quito se negó a coordinar con Estados Unidos la designación de las autoridades de esa unidad policial.
La Embajada se pone brava porque ellos son los acostumbrados a poner al comandante policial y por eso es que se llevan las computadoras y se ha armado todo ese escándalo, indicó Correa.
Negó que tanto un reciente cambio de jefes policiales o la expulsión de Sullivan y la orden en el mismo sentido hace quince días contra otro funcionario estadounidense sean una maniobra para desviar las investigaciones por narcotráfico contra una supuesta red a la que se vincula con las FARC.
"Dicen que estamos removiendo gente para que no se investigue. (...) Investiguen lo que les de la gana, no tenemos nada que esconder", añadió el gobernante.
La embajada de Estados Unidos en Ecuador confirmó ayer la salida del país de Sullivan, a quien el Gobierno ecuatoriano le había dado un plazo de 48 horas para que abandonara el país por "una intromisión inaceptable en los asuntos internos" de la nación.
El pasado 18 de febrero, el Gobierno hizo pública la expulsión inmediata de Sullivan por su injerencia en asuntos de seguridad de Ecuador, concretamente en la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES).
La salida de Sullivan se suma a la del agregado de la misma Embajada, Armando Astorga, quien también fue expulsado por el Ejecutivo después de que se revelara una carta en la que daba por finalizado un convenio "verbal" e "informal" con algunas unidades de la Policía.
El gobierno ecuatoriano le dio el miércoles 48 horas al diplomático para que abandonara el territorio nacional, tras declararlo persona no grata y acusarlo de intromisión por hacer cuestionamientos al alto mando policial respecto el traslado del director de una unidad especial que recibe cooperación de Estados Unidos. Sullivan se marchó el viernes.
Según Correa, el jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales, mayor Manuel Silva, trabajaba en coordinación con el funcionario estadounidense -no aclaró en qué términos-, y también encabezó las pesquisas en un caso de narcotráfico que ha salpicado a ex funcionarios del gobierno.
Correa admitió que el traslado de Silva obedeció a una sanción por haber fracasado en capturar al ex secretario de coordinación política del ministerio de gobierno, José Chauvin, pero sostuvo que la sanción la dictó sin saber que el mayor había estado a cargo del fallido operativo.
La tesis del Gobierno de Correa es que como país soberano no puede permitir la intromisión de autoridades de otros países en asuntos internos y que con estas medidas, pretende transparentar los acuerdos de cooperación internacional en todos los ámbitos.
El pasado 2 de febrero Correa ordenó a las unidades policiales que devolvieran a la embajada todo el material que le había sido donado por la representación diplomática, pero en el trámite no sólo se entregaron vehículos y computadoras sino también información reservada.
Calificó como una "barbaridad" que el ex funcionario haya ordenado el retiro de computadores con datos sobre seguridad interna donados por Estados Unidos a una unidad policial.
Las computadoras se retiraron después de suspender la ayuda económica a la dependencia policial una vez que Quito se negó a coordinar con Estados Unidos la designación de las autoridades de esa unidad policial.
La Embajada se pone brava porque ellos son los acostumbrados a poner al comandante policial y por eso es que se llevan las computadoras y se ha armado todo ese escándalo, indicó Correa.
Negó que tanto un reciente cambio de jefes policiales o la expulsión de Sullivan y la orden en el mismo sentido hace quince días contra otro funcionario estadounidense sean una maniobra para desviar las investigaciones por narcotráfico contra una supuesta red a la que se vincula con las FARC.
"Dicen que estamos removiendo gente para que no se investigue. (...) Investiguen lo que les de la gana, no tenemos nada que esconder", añadió el gobernante.
La embajada de Estados Unidos en Ecuador confirmó ayer la salida del país de Sullivan, a quien el Gobierno ecuatoriano le había dado un plazo de 48 horas para que abandonara el país por "una intromisión inaceptable en los asuntos internos" de la nación.
El pasado 18 de febrero, el Gobierno hizo pública la expulsión inmediata de Sullivan por su injerencia en asuntos de seguridad de Ecuador, concretamente en la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES).
La salida de Sullivan se suma a la del agregado de la misma Embajada, Armando Astorga, quien también fue expulsado por el Ejecutivo después de que se revelara una carta en la que daba por finalizado un convenio "verbal" e "informal" con algunas unidades de la Policía.
El gobierno ecuatoriano le dio el miércoles 48 horas al diplomático para que abandonara el territorio nacional, tras declararlo persona no grata y acusarlo de intromisión por hacer cuestionamientos al alto mando policial respecto el traslado del director de una unidad especial que recibe cooperación de Estados Unidos. Sullivan se marchó el viernes.
Según Correa, el jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales, mayor Manuel Silva, trabajaba en coordinación con el funcionario estadounidense -no aclaró en qué términos-, y también encabezó las pesquisas en un caso de narcotráfico que ha salpicado a ex funcionarios del gobierno.
Correa admitió que el traslado de Silva obedeció a una sanción por haber fracasado en capturar al ex secretario de coordinación política del ministerio de gobierno, José Chauvin, pero sostuvo que la sanción la dictó sin saber que el mayor había estado a cargo del fallido operativo.
La tesis del Gobierno de Correa es que como país soberano no puede permitir la intromisión de autoridades de otros países en asuntos internos y que con estas medidas, pretende transparentar los acuerdos de cooperación internacional en todos los ámbitos.
El pasado 2 de febrero Correa ordenó a las unidades policiales que devolvieran a la embajada todo el material que le había sido donado por la representación diplomática, pero en el trámite no sólo se entregaron vehículos y computadoras sino también información reservada.
Anónimo
"Lamentablemente ha habido presencia de la CIA en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y algunos de nuestros compañeros han sido atrapados por esta infiltración externa", afirmó el mandatario boliviano ante una concentración de campesinos en la provincia de Chapare, en el este de Bolivia.
Morales, recién llegado de su gira por Rusia y Francia, añadió que la CIA pinchó la estatal de petróleos, envuelta en un caso de corrupción tras la detención del ex presidente de la petrolera, Santos Ramírez, por uso indebido de influencias y un consorcio para la construcción de una planta separadora de líquidos.
"Después de que fracasaron en sacarnos del Palacio mediante el voto, mediante un golpe de estado civil, ahora va a venir por el sector de Yacimientos, el sector petróleo", dijo en declaraciones a la Agencia Boliviana de Información (ABI) recogidas por Europa Press.
En "cualquier momento vamos a denunciar nombres (de los infiltrados vinculados a la CIA). Y ahora cómo desde el exterior, desde Estados Unidos, a los corruptos que estaban dentro de Yacimientos, van defendiendo, van protegiendo legalmente, con abogados desconocidos pero expertos en defender a los delincuentes, a los corruptos", agregó.
Morales, recién llegado de su gira por Rusia y Francia, añadió que la CIA pinchó la estatal de petróleos, envuelta en un caso de corrupción tras la detención del ex presidente de la petrolera, Santos Ramírez, por uso indebido de influencias y un consorcio para la construcción de una planta separadora de líquidos.
"Después de que fracasaron en sacarnos del Palacio mediante el voto, mediante un golpe de estado civil, ahora va a venir por el sector de Yacimientos, el sector petróleo", dijo en declaraciones a la Agencia Boliviana de Información (ABI) recogidas por Europa Press.
En "cualquier momento vamos a denunciar nombres (de los infiltrados vinculados a la CIA). Y ahora cómo desde el exterior, desde Estados Unidos, a los corruptos que estaban dentro de Yacimientos, van defendiendo, van protegiendo legalmente, con abogados desconocidos pero expertos en defender a los delincuentes, a los corruptos", agregó.
Anónimo
Lamentablemente ha habido presencia de la CIA en YPFB y algunos de nuestros compañeros resultaron atrapados por esa penetración externa, afirmó la víspera el mandatario, durante un acto en la cochabambina localidad del Chapare.
Periódicos como Los Tiempos, Opinión y El Deber reflejan las declaraciones del jefe de Estado, quien prometió revelar detalles del accionar desestabilizador.
En cualquier momento señalaremos nombres de los involucrados, adelantó.
De acuerdo con Morales, se trata de un nuevo intento de derrocar al Movimiento al Socialismo.
Después de fracasar en sacarnos del gobierno por las vías del voto y del golpe cívico-prefectural, lo intentan por el sector de los hidrocarburos, motor impulsor de la economía boliviana, advirtió.
Según el dirigente, siempre esperó la subversión foránea, pero no por la vía del ex presidente de YPFB Santos Ramírez y su entorno.
Ramírez está detenido en el paceño penal de San Pedro, acusado de corrupción.
Desde finales de enero la petrolera estatal es sacudida por un escándalo de falta de transparencia, el cual investigan varias entidades, entre ellas la Fiscalía, el Senado y el Poder Ejecutivo.
La denuncia de Morales sobre la labor subversiva de la CIA se suma a las realizadas en 2008 contra el embajador estadounidense en Bolivia, Philip Goldberg, y la Agencia Antidrogas.
Ambos fueron expulsados de este país andino, acusados de promover la desestabilización interna.
Periódicos como Los Tiempos, Opinión y El Deber reflejan las declaraciones del jefe de Estado, quien prometió revelar detalles del accionar desestabilizador.
En cualquier momento señalaremos nombres de los involucrados, adelantó.
De acuerdo con Morales, se trata de un nuevo intento de derrocar al Movimiento al Socialismo.
Después de fracasar en sacarnos del gobierno por las vías del voto y del golpe cívico-prefectural, lo intentan por el sector de los hidrocarburos, motor impulsor de la economía boliviana, advirtió.
Según el dirigente, siempre esperó la subversión foránea, pero no por la vía del ex presidente de YPFB Santos Ramírez y su entorno.
Ramírez está detenido en el paceño penal de San Pedro, acusado de corrupción.
Desde finales de enero la petrolera estatal es sacudida por un escándalo de falta de transparencia, el cual investigan varias entidades, entre ellas la Fiscalía, el Senado y el Poder Ejecutivo.
La denuncia de Morales sobre la labor subversiva de la CIA se suma a las realizadas en 2008 contra el embajador estadounidense en Bolivia, Philip Goldberg, y la Agencia Antidrogas.
Ambos fueron expulsados de este país andino, acusados de promover la desestabilización interna.
Anónimo
De acuerdo con el mandatario, la penetración en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ocurrió a través de su ex gerente nacional de Comercialización Rodrigo Carrasco, quien participó en más de una quincena de cursos en territorio norteamericano.
Carrasco fue entrenado y comprado por la CIA, la cual lo dotó de habilidades para desarrollar trabajos encubiertos, entre ellos el establecimiento de una red de corrupción, aseveró en la localidad cochabambina de Lauka Ñ, donde relanzó la radioemisora comunitaria Kausachum Coca.
Según el expediente leído a través del éter por Morales, el otrora funcionario estuvo en varias instalaciones estadounidenses encargadas de crear expertos en inteligencia, seguridad, comunicación y hasta cuestiones de perfil político.
Entre esos centros sobresale la Escuela de las Américas, cuya misión no tengo que explicarle a los bolivianos, comentó al referirse a la entidad renombrada en 2001, formadora de dictadores latinoamericanos.
Para el Presidente, desde su posición de agente de la CIA, Carrasco cumplió múltiples misiones en países de la región, como Argentina, Brasil y Chile, y en Iraq, bajo la fachada de especialista de seguridad en el sector de los hidrocarburos.
Siempre -dijo- mantuvo estrecho contacto con la embajada de Washington en Bolivia, y con la USAID (entidad que recibe directrices del Departamento de Estado).
También integró la policía y el desarticulado Comando de Operaciones Especiales, grupo de inteligencia política vinculado con la sede diplomática norteamericana, agregó.
Pregunté cómo alguien así pudo entrar en YPFB, y la respuesta fue “por sus conocimientos”, comentó Morales.
El jefe de Estado aseguró haber indicado cuatro veces al depuesto presidente de la petrolera, Santos Ramírez, el despido del mencionado, a quien atribuyó además responsabilidad en la carencia de combustibles que recientemente sembró malestar en la población.
De acuerdo con el mandatario, continúan las investigaciones sobre el caso de corrupción desatado desde finales de enero pasado en YPFB, y la participación de la CIA en el mismo.
Otros ex funcionarios están bajo pesquisa, adelantó.
Carrasco fue entrenado y comprado por la CIA, la cual lo dotó de habilidades para desarrollar trabajos encubiertos, entre ellos el establecimiento de una red de corrupción, aseveró en la localidad cochabambina de Lauka Ñ, donde relanzó la radioemisora comunitaria Kausachum Coca.
Según el expediente leído a través del éter por Morales, el otrora funcionario estuvo en varias instalaciones estadounidenses encargadas de crear expertos en inteligencia, seguridad, comunicación y hasta cuestiones de perfil político.
Entre esos centros sobresale la Escuela de las Américas, cuya misión no tengo que explicarle a los bolivianos, comentó al referirse a la entidad renombrada en 2001, formadora de dictadores latinoamericanos.
Para el Presidente, desde su posición de agente de la CIA, Carrasco cumplió múltiples misiones en países de la región, como Argentina, Brasil y Chile, y en Iraq, bajo la fachada de especialista de seguridad en el sector de los hidrocarburos.
Siempre -dijo- mantuvo estrecho contacto con la embajada de Washington en Bolivia, y con la USAID (entidad que recibe directrices del Departamento de Estado).
También integró la policía y el desarticulado Comando de Operaciones Especiales, grupo de inteligencia política vinculado con la sede diplomática norteamericana, agregó.
Pregunté cómo alguien así pudo entrar en YPFB, y la respuesta fue “por sus conocimientos”, comentó Morales.
El jefe de Estado aseguró haber indicado cuatro veces al depuesto presidente de la petrolera, Santos Ramírez, el despido del mencionado, a quien atribuyó además responsabilidad en la carencia de combustibles que recientemente sembró malestar en la población.
De acuerdo con el mandatario, continúan las investigaciones sobre el caso de corrupción desatado desde finales de enero pasado en YPFB, y la participación de la CIA en el mismo.
Otros ex funcionarios están bajo pesquisa, adelantó.
Anónimo
Morales explicó que representantes de la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPBF) se reunirán hoy con una comisión de este país para tratar el tema.
"Tendremos una gran reunión con algunos expertos y técnicos de Venezuela para seriamente debatir la planta separadora de líquidos en el Chaco boliviano", afirmó el jefe de Estado.
Las declaraciones del presidente Morales se produjeron durante la emisión de un programa en una radio comunitaria, que él mismo dirigió, y que se extendió por más de seis horas y media.
El mandatario destacó, además, la apuesta de su Gobierno por la industrialización de los hidrocarburos especialmente dirigidos al sector petroquímico en planes de gran envergadura, pero también en pequeños proyectos que tienen como urgencia las necesidades de los pueblos campesinos.
Asimismo, Morales denunció una infiltración de la agencia estadounidense de inteligencia CIA en la petrolera estatal YPBF, con el supuesto propósito de hacer fracasar la nacionalización del sector de los hidrocarburos.
"Está totalmente confirmada una infiltración (en YPBF) de agentes externos, agentes de la CIA", insistió Evo Morales.
"Tendremos una gran reunión con algunos expertos y técnicos de Venezuela para seriamente debatir la planta separadora de líquidos en el Chaco boliviano", afirmó el jefe de Estado.
Las declaraciones del presidente Morales se produjeron durante la emisión de un programa en una radio comunitaria, que él mismo dirigió, y que se extendió por más de seis horas y media.
El mandatario destacó, además, la apuesta de su Gobierno por la industrialización de los hidrocarburos especialmente dirigidos al sector petroquímico en planes de gran envergadura, pero también en pequeños proyectos que tienen como urgencia las necesidades de los pueblos campesinos.
Asimismo, Morales denunció una infiltración de la agencia estadounidense de inteligencia CIA en la petrolera estatal YPBF, con el supuesto propósito de hacer fracasar la nacionalización del sector de los hidrocarburos.
"Está totalmente confirmada una infiltración (en YPBF) de agentes externos, agentes de la CIA", insistió Evo Morales.
Anónimo
Según el mandatario boliviano, Carrasco, destituido en enero último de la Gerencia Nacional de Comercialización de la estatal YPFB, fue "asesor para implementar seguridad física en campamentos petroleros en Irak”.
Asimismo, Morales detalló durante un programa radial en esta localidad cocalera a unos 600 km al este de La Paz, retransmitido por la Radio Patria Nueva, que Carrasco como policía fue entrenado por más de una década en labores de inteligencia, seguridad, escuchas, vigilancia, comunicaciones y operaciones antinarcóticos encubiertas y, entre otras especialidades, manejo de crisis internacionales, en centros de Estados Unidos.
De igual modo refirió que Ramiro Carrasco también se empleó en empresas agropecuarias del oriente boliviano, opuestas terminantemente a las políticas reformistas de Morales, y se desempeñó como "expositor" en la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia, institución privada que alberga a una veintena de empresas petroleras internacionales que operan en el país exportador de gas natural, desde la década de los años 90.
El jefe de Estado admitió que en diversas sesiones de su gabinete planteó sus dudas sobre el desempeño de Carrasco, en especial a Ramírez, que ejerció en 2008 y fines de enero último la presidencia ejecutiva de YPFB.
"He preguntado por qué podían contratar esta clase de personas. Lo que me comentaron era que (el supuesto agente de la CIA era) tan convencedor, tan conocedor y como no conocíamos de su trayectoria" lo aceptaron nada menos que como gerente nacional de Comercialización de la estatal del petróleo boliviano.
Carrasco fue cesado de sus funciones cuando trataba de desbaratar información que pudiera comprometerle contenida en un ordenador de YPFB, según descubrieron la comisión de fiscales asignados a desentrañar el caso de corruptela en la estatal petrolera.
Por orden de Morales dos días después del atraco que cegó la vida del empresario tarijeño Jorge OíConnor DíArlach quien portaba 450 mil dólares dinero presuntamente dirigido a Santos Ramírez para hacerle efectivo una coima, se la intervino y la nueva administración se dio cuenta que Carrasco "era un gran impostor", que falseó títulos y honores para penetrar los mandos altos de la compañía estatal, afirmó Morales.
Luego de removido Ramírez por decisión del propio mandatario, "se dieron cuenta que (Carrasco) ingresó con el título de ingeniero comercial cuando no tenía realmente dicho título profesional", reseñó.
Morales durante cuatro horas expuso, en su programa de radio, todo el desempeño de Carrasco, pero también se refirió sobre su compañero de lucha política Santos Ramírez a quien dijo haberle pedido "por lo menos cuatro veces, despedir a este funcionario y otros" más.
Ramírez, que "era un compañero conocido y de mucho compromiso" con la causa del gobierno boliviano, hizo caso omiso y cayó "en la trampa", supuestamente tendida por Carrasco, narró Morales.
"Si no me hacen caso en tema corrupción hay que despedir al ministro, de repente porque está, por algo, protegiendo algún corrupto o protegerse entre ellos", remarcó.
Deploró la deslealtad de Ramírez, quien en una entrevista desde la cárcel en La Paz, reconoció haber incurrido en "algunos" errores.
"La justicia debe juzgar igual a todos, sean o no del MAS (Movimiento Al Socialismo, oficialista), sean de la CIA o no", enfatizó.
"Sospechosamente algunos colaboradores de Santos Ramírez están fuera de la cárcel. ¿Qué está pasando en la justicia?. Como Presidente, como gobierno, vamos a hacer profundo seguimiento sobre la justicia boliviana", remarco Morales, en alusión a la libertad condicional que una jueza instruyó para la asesora jurídica de YPFB, Esther Carmona.
Asimismo, Morales detalló durante un programa radial en esta localidad cocalera a unos 600 km al este de La Paz, retransmitido por la Radio Patria Nueva, que Carrasco como policía fue entrenado por más de una década en labores de inteligencia, seguridad, escuchas, vigilancia, comunicaciones y operaciones antinarcóticos encubiertas y, entre otras especialidades, manejo de crisis internacionales, en centros de Estados Unidos.
De igual modo refirió que Ramiro Carrasco también se empleó en empresas agropecuarias del oriente boliviano, opuestas terminantemente a las políticas reformistas de Morales, y se desempeñó como "expositor" en la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia, institución privada que alberga a una veintena de empresas petroleras internacionales que operan en el país exportador de gas natural, desde la década de los años 90.
El jefe de Estado admitió que en diversas sesiones de su gabinete planteó sus dudas sobre el desempeño de Carrasco, en especial a Ramírez, que ejerció en 2008 y fines de enero último la presidencia ejecutiva de YPFB.
"He preguntado por qué podían contratar esta clase de personas. Lo que me comentaron era que (el supuesto agente de la CIA era) tan convencedor, tan conocedor y como no conocíamos de su trayectoria" lo aceptaron nada menos que como gerente nacional de Comercialización de la estatal del petróleo boliviano.
Carrasco fue cesado de sus funciones cuando trataba de desbaratar información que pudiera comprometerle contenida en un ordenador de YPFB, según descubrieron la comisión de fiscales asignados a desentrañar el caso de corruptela en la estatal petrolera.
Por orden de Morales dos días después del atraco que cegó la vida del empresario tarijeño Jorge OíConnor DíArlach quien portaba 450 mil dólares dinero presuntamente dirigido a Santos Ramírez para hacerle efectivo una coima, se la intervino y la nueva administración se dio cuenta que Carrasco "era un gran impostor", que falseó títulos y honores para penetrar los mandos altos de la compañía estatal, afirmó Morales.
Luego de removido Ramírez por decisión del propio mandatario, "se dieron cuenta que (Carrasco) ingresó con el título de ingeniero comercial cuando no tenía realmente dicho título profesional", reseñó.
Morales durante cuatro horas expuso, en su programa de radio, todo el desempeño de Carrasco, pero también se refirió sobre su compañero de lucha política Santos Ramírez a quien dijo haberle pedido "por lo menos cuatro veces, despedir a este funcionario y otros" más.
Ramírez, que "era un compañero conocido y de mucho compromiso" con la causa del gobierno boliviano, hizo caso omiso y cayó "en la trampa", supuestamente tendida por Carrasco, narró Morales.
"Si no me hacen caso en tema corrupción hay que despedir al ministro, de repente porque está, por algo, protegiendo algún corrupto o protegerse entre ellos", remarcó.
Deploró la deslealtad de Ramírez, quien en una entrevista desde la cárcel en La Paz, reconoció haber incurrido en "algunos" errores.
"La justicia debe juzgar igual a todos, sean o no del MAS (Movimiento Al Socialismo, oficialista), sean de la CIA o no", enfatizó.
"Sospechosamente algunos colaboradores de Santos Ramírez están fuera de la cárcel. ¿Qué está pasando en la justicia?. Como Presidente, como gobierno, vamos a hacer profundo seguimiento sobre la justicia boliviana", remarco Morales, en alusión a la libertad condicional que una jueza instruyó para la asesora jurídica de YPFB, Esther Carmona.
Anónimo
“Lamentablemente, ha habido presencia de la CIA en YPFB y algunos de nuestros compañeros han sido atrapados por esa infiltración externa”, dijo Morales al referirse a los recientes acontecimientos que involucran a Santos Ramirez, uno sus más cercanos colaboradores dentro del gobierno y que es procesado por presunta corrupción.
Desde su llegada al gobierno, la embajada norteamericana, no descansa en su afán por terminar con el gobierno del primer indígena sudamericano que pretende ejecutar una política antiimperialista.
Hasta ahora, los organismos de inteligencia norteamericanos coaligados con la oposición política y los sectores gamonales de Bolivia, fracasaron primero en impedir la llegada de Morales al gobierno mediante el voto, luego, el propio embajador Philip Goldberg, se involucró en un golpe civil-militar y tras su expulsión, la CIA comenzó a actuar de manera más contundente.
El nombre de un primer sospechoso de ser agente al servicio del organismo norteamericano, salió como consecuencia del escándalo en YPFB. Se trata del exgerente Rodrigo Carrasco, a quien se ha identificado como un expolicía al servicio de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) y luego del Centro de Operaciones Policiales Especiales (COPES), otro organismo financiado por la embajada norteamericana.
Las investigaciones de los organismos nacionales, permitirán que en poco tiempo se conozcan detalles sobre el accionar de la CIA en Bolivia, actividades que en anteriores ocasiones ya fueron descubiertas, incluso durante el gobierno del ultraderechista Hugo Banzer.
En esa ocasión, el italiano Marino Diodato, casado con una sobrina del dictador, pretendió congraciarse con Banzer y descubrió que en Palacio de Gobierno, existían más de 35 micrófonos encubiertos que permitían a la embajada tener detalles de cuanto se hablaba allí. Este incidente, provocó la ira norteamericana que terminó con el desprestigio del terrorista italiano y su final desaparición.
Dólares para conspirar
Hace poco, la abogada venezolana-estadounidense, Eva Golinger (1), estuvo en el Programa La Hojilla de VTV, donde mostró la forma cómo se utilizaron a organismos estadounidenses como la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y la Agencia para El Desarrollo Internacional (USAID), además de otros, para organizar “programas de ayuda” y transferir fondos a organizaciones no gubernamentales y grupos de la oposición de Bolivia. Golinger aseguró que Estados Unidos, ha transferido más de 120 millones de dólares anuales a los opositores de Evo Morales.
Si esto es así, se puede explicar claramente la vehemencia empleada por todos los sectores opositores, tanto de políticos, como de organizaciones cívicas, medios de comunicación y hasta organismos sindicales, adecuadamente estipendiados por esos dineros.
Golinger, demostró cómo desde el año 2005, el aspirante presidencial, Evo Morales ya era una preocupación para Estados Unidos, razón por la que se entregaban 120 millones de dólares a organizaciones que eran parte del conflicto político nacional. Esos dineros llegaron abiertamente bajo el argumento de estar destinados a la lucha contra el narcotráfico. Eran las épocas en que Morales era tipificado como líder cocalero
En marzo de 2004, USAID abrió una “Oficina para las Iniciativas de Transición (OTI), presuntamente para reducir las tensiones en zonas de conflicto y apoyar con la preparación de los eventos electorales. En realidad, tales iniciativas estaban dirigidas a financiar y apoyar económicamente a los partidos de derecha que intentaban detener la llegada de Morales al gobierno.
USAID contrató a la empresa norteamericana, Casals & Associates Inc, para manejar los millones de dólares destinados a los opositores. Esta consultora es presidida por la cubana Beatriz C. Casals, ligada a la mafia de los denominados gusanos cubanos asentados en Miami.
Esta empresa es la encargada de repartir el dinero para la conspiración. Desde 2004, por lo menos 450 organizaciones trabajaron para combatir al actual gobierno, fueron financiadas a través de la Casals.
Golinger, acusó a USAID y su Oficina para Iniciativas de Transición de apoyar abiertamente a las regiones que impulsaron el separatismo de la denominada “media luna”, bajo el pretexto de “autonomía” y que en septiembre de 2008, conspiraron para derrocar a Morales y su gobierno indígena. En esa ocasión el propio embajador Goldberg, comandó a los comités cívicos y los prefectos rebeldes, pero tras fracasar, fue expulsado con ignominia del país.
Nuevo comandante opositor… La CIA
Philip Goldberg, fue enviado a Bolivia para trabajar en la división de Bolivia, tal como hizo con éxito en Yugoslavia, pero fracasó rotundamente, lo que le valió el repudio nacional y su salida del país, por la puerta de la expulsión.
La oposición quedó desarticulada, sin financiamiento y sin comandante que les guíe por la senda de la conspiración.
Pero eso es aparentemente cosa del pasado. Opositores y separatistas, parecen haber encontrado un nuevo comandante en la tenebrosa organización de espionaje que es la CIA y cuyo propósito es intervenir violentamente en cualquier parte del mundo o inmiscuirse en los asuntos internos de los países que intentan liberarse de la opresión estadounidense.
Para ese propósito, canaliza grandes cantidades de dinero para financiar la manipulación de las noticias, esparcir rumores, provocar revueltas y cambiar las razones de las protestas que en algunos casos pueden ser legítimas. La CIA no escatima gastos a la hora de “comprar” a quienes deseen venderse en los medios de comunicación o en las organizaciones sindicales y sociales.
Los agentes de la CIA han cambiado en cierto modo su forma de acción. En la actualidad, el agente sirve menos como fuente de información y es utilizado más como provocador de acciones políticas.(2)
Las hermanas de la CIA
La CIA no es aparentemente la única que está actuando en Bolivia. El Pentágono estadounidense, dispone de su propia agencia de información. Se trata de la Defense Intelligence Agency (DIA), el Departamento de Estado que tiene a la “Intelligence and Research Service, dedicada a las informaciones políticas y económicas. Y la National Security Agency (NSA), que según algunos es más importante que la propia CIA. (3).
En todo caso, la especialidad privativa de los “golpes bajos” o “golpes sucios” corre a cargo de la tenebrosa CIA, razón por la que siempre estuvo en medio de críticas y polémicas por su labor descarada. Siempre ha negado su participación en los golpes que prepara y comanda en base a su teoría de la “negación creíble”.
Como es costumbre, la Embajada ya salió a la luz pública negando todo. ¿Qué más podría hacer?.O¿Esperamos que confirme que sus espías efectivamente están trabajando como hormiguitas?.
Instrumento de los poderosos
La CIA es sin duda un organismo profundamente antidemocrático, que en todo caso es el instrumento represor de los intereses económicos más poderosos que el gobierno mismo de Estados Unidos. La CIA tiene su propio ejército, organizado bajo la protección del asesinado John Kennedy, se trata de los famosos Boinas Verdes. Fue Kenney, quien les asignó la misión de ser en América Latina y fuera de ella, los guardianes de los intereses norteamericanos y quien les proporcionó los medios para ejecutar esa misión. Por esta razón, “mientras existan intereses económicos basados en el imperialismo y la explotación de los autóctonos, será necesaria la CIA”. (4)
No debe extrañar, que después de los acontecimientos de septiembre y sobre todo, después de la masacre de Pando, los grupos que persisten en teorizar sobre la existencia de dos Bolivias, anuncien la reorganización del Conalde y persistan en aplicar sus propios “estatutos autonómicos” en franca provocación. No es raro que los grupos políticos, se hayan tornado nuevamente violentos y provocadores.
Tampoco debe extrañar la presencia de por lo menos mil cubanos, solo en la ciudad de Santa Cruz. Pero, no se trata de revolucionarios, se trata de cubanos que se desplazaron desde Miami, son los “gusanos cubanos” que están llegando para participar de los nuevos intentos de golpe para derrocar al actual gobierno.
Existe el financiamiento adecuado, hay suficiente dinero para impedir la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado, pero sobre todo para impedir la reelección de Evo Morales, el próximo 6 de diciembre.
La CIA y sus hermanas se encuentran en acción, razón por la que el gobierno, no tiene el derecho a mantener en reserva, los nombres de quienes están involucrados. Evo Morales, anunció que dará a conocer los nombres de quienes están al servicio de organismos de inteligencia de Estados Unidos. Es hora de exigir, cumpla su palabra.
Notas:
1) Eva Golinger: EE.UU. ha transferido más de 120 millones de dólares anuales a oposición boliviana. Por Luigino Bracci Roa.
2) CIA: Del Servicio Secreto al gobierno invisible. Pilles Perrault.
3) Idem
4) Idem
Fortunato Esquivel
Desde su llegada al gobierno, la embajada norteamericana, no descansa en su afán por terminar con el gobierno del primer indígena sudamericano que pretende ejecutar una política antiimperialista.
Hasta ahora, los organismos de inteligencia norteamericanos coaligados con la oposición política y los sectores gamonales de Bolivia, fracasaron primero en impedir la llegada de Morales al gobierno mediante el voto, luego, el propio embajador Philip Goldberg, se involucró en un golpe civil-militar y tras su expulsión, la CIA comenzó a actuar de manera más contundente.
El nombre de un primer sospechoso de ser agente al servicio del organismo norteamericano, salió como consecuencia del escándalo en YPFB. Se trata del exgerente Rodrigo Carrasco, a quien se ha identificado como un expolicía al servicio de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) y luego del Centro de Operaciones Policiales Especiales (COPES), otro organismo financiado por la embajada norteamericana.
Las investigaciones de los organismos nacionales, permitirán que en poco tiempo se conozcan detalles sobre el accionar de la CIA en Bolivia, actividades que en anteriores ocasiones ya fueron descubiertas, incluso durante el gobierno del ultraderechista Hugo Banzer.
En esa ocasión, el italiano Marino Diodato, casado con una sobrina del dictador, pretendió congraciarse con Banzer y descubrió que en Palacio de Gobierno, existían más de 35 micrófonos encubiertos que permitían a la embajada tener detalles de cuanto se hablaba allí. Este incidente, provocó la ira norteamericana que terminó con el desprestigio del terrorista italiano y su final desaparición.
Dólares para conspirar
Hace poco, la abogada venezolana-estadounidense, Eva Golinger (1), estuvo en el Programa La Hojilla de VTV, donde mostró la forma cómo se utilizaron a organismos estadounidenses como la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y la Agencia para El Desarrollo Internacional (USAID), además de otros, para organizar “programas de ayuda” y transferir fondos a organizaciones no gubernamentales y grupos de la oposición de Bolivia. Golinger aseguró que Estados Unidos, ha transferido más de 120 millones de dólares anuales a los opositores de Evo Morales.
Si esto es así, se puede explicar claramente la vehemencia empleada por todos los sectores opositores, tanto de políticos, como de organizaciones cívicas, medios de comunicación y hasta organismos sindicales, adecuadamente estipendiados por esos dineros.
Golinger, demostró cómo desde el año 2005, el aspirante presidencial, Evo Morales ya era una preocupación para Estados Unidos, razón por la que se entregaban 120 millones de dólares a organizaciones que eran parte del conflicto político nacional. Esos dineros llegaron abiertamente bajo el argumento de estar destinados a la lucha contra el narcotráfico. Eran las épocas en que Morales era tipificado como líder cocalero
En marzo de 2004, USAID abrió una “Oficina para las Iniciativas de Transición (OTI), presuntamente para reducir las tensiones en zonas de conflicto y apoyar con la preparación de los eventos electorales. En realidad, tales iniciativas estaban dirigidas a financiar y apoyar económicamente a los partidos de derecha que intentaban detener la llegada de Morales al gobierno.
USAID contrató a la empresa norteamericana, Casals & Associates Inc, para manejar los millones de dólares destinados a los opositores. Esta consultora es presidida por la cubana Beatriz C. Casals, ligada a la mafia de los denominados gusanos cubanos asentados en Miami.
Esta empresa es la encargada de repartir el dinero para la conspiración. Desde 2004, por lo menos 450 organizaciones trabajaron para combatir al actual gobierno, fueron financiadas a través de la Casals.
Golinger, acusó a USAID y su Oficina para Iniciativas de Transición de apoyar abiertamente a las regiones que impulsaron el separatismo de la denominada “media luna”, bajo el pretexto de “autonomía” y que en septiembre de 2008, conspiraron para derrocar a Morales y su gobierno indígena. En esa ocasión el propio embajador Goldberg, comandó a los comités cívicos y los prefectos rebeldes, pero tras fracasar, fue expulsado con ignominia del país.
Nuevo comandante opositor… La CIA
Philip Goldberg, fue enviado a Bolivia para trabajar en la división de Bolivia, tal como hizo con éxito en Yugoslavia, pero fracasó rotundamente, lo que le valió el repudio nacional y su salida del país, por la puerta de la expulsión.
La oposición quedó desarticulada, sin financiamiento y sin comandante que les guíe por la senda de la conspiración.
Pero eso es aparentemente cosa del pasado. Opositores y separatistas, parecen haber encontrado un nuevo comandante en la tenebrosa organización de espionaje que es la CIA y cuyo propósito es intervenir violentamente en cualquier parte del mundo o inmiscuirse en los asuntos internos de los países que intentan liberarse de la opresión estadounidense.
Para ese propósito, canaliza grandes cantidades de dinero para financiar la manipulación de las noticias, esparcir rumores, provocar revueltas y cambiar las razones de las protestas que en algunos casos pueden ser legítimas. La CIA no escatima gastos a la hora de “comprar” a quienes deseen venderse en los medios de comunicación o en las organizaciones sindicales y sociales.
Los agentes de la CIA han cambiado en cierto modo su forma de acción. En la actualidad, el agente sirve menos como fuente de información y es utilizado más como provocador de acciones políticas.(2)
Las hermanas de la CIA
La CIA no es aparentemente la única que está actuando en Bolivia. El Pentágono estadounidense, dispone de su propia agencia de información. Se trata de la Defense Intelligence Agency (DIA), el Departamento de Estado que tiene a la “Intelligence and Research Service, dedicada a las informaciones políticas y económicas. Y la National Security Agency (NSA), que según algunos es más importante que la propia CIA. (3).
En todo caso, la especialidad privativa de los “golpes bajos” o “golpes sucios” corre a cargo de la tenebrosa CIA, razón por la que siempre estuvo en medio de críticas y polémicas por su labor descarada. Siempre ha negado su participación en los golpes que prepara y comanda en base a su teoría de la “negación creíble”.
Como es costumbre, la Embajada ya salió a la luz pública negando todo. ¿Qué más podría hacer?.O¿Esperamos que confirme que sus espías efectivamente están trabajando como hormiguitas?.
Instrumento de los poderosos
La CIA es sin duda un organismo profundamente antidemocrático, que en todo caso es el instrumento represor de los intereses económicos más poderosos que el gobierno mismo de Estados Unidos. La CIA tiene su propio ejército, organizado bajo la protección del asesinado John Kennedy, se trata de los famosos Boinas Verdes. Fue Kenney, quien les asignó la misión de ser en América Latina y fuera de ella, los guardianes de los intereses norteamericanos y quien les proporcionó los medios para ejecutar esa misión. Por esta razón, “mientras existan intereses económicos basados en el imperialismo y la explotación de los autóctonos, será necesaria la CIA”. (4)
No debe extrañar, que después de los acontecimientos de septiembre y sobre todo, después de la masacre de Pando, los grupos que persisten en teorizar sobre la existencia de dos Bolivias, anuncien la reorganización del Conalde y persistan en aplicar sus propios “estatutos autonómicos” en franca provocación. No es raro que los grupos políticos, se hayan tornado nuevamente violentos y provocadores.
Tampoco debe extrañar la presencia de por lo menos mil cubanos, solo en la ciudad de Santa Cruz. Pero, no se trata de revolucionarios, se trata de cubanos que se desplazaron desde Miami, son los “gusanos cubanos” que están llegando para participar de los nuevos intentos de golpe para derrocar al actual gobierno.
Existe el financiamiento adecuado, hay suficiente dinero para impedir la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado, pero sobre todo para impedir la reelección de Evo Morales, el próximo 6 de diciembre.
La CIA y sus hermanas se encuentran en acción, razón por la que el gobierno, no tiene el derecho a mantener en reserva, los nombres de quienes están involucrados. Evo Morales, anunció que dará a conocer los nombres de quienes están al servicio de organismos de inteligencia de Estados Unidos. Es hora de exigir, cumpla su palabra.
Notas:
1) Eva Golinger: EE.UU. ha transferido más de 120 millones de dólares anuales a oposición boliviana. Por Luigino Bracci Roa.
2) CIA: Del Servicio Secreto al gobierno invisible. Pilles Perrault.
3) Idem
4) Idem
Fortunato Esquivel
Anónimo
En el programa Dando y Dando que transmite Venezolana de Televisión, Alvarado ratificó que la denuncia realizada por el presidente boliviano, Evo Morales, quien asegura que hay infiltración de la CIA en el hermano país, es un hecho real.
“Estados Unidos ha tocado el punto más sensible de Bolivia, que es el gas, y han propiciado con los oposicionistas una serie de atentados contra el presidente Morales, dieron un golpe de Estado, llamaron a referéndum, y seguro continuarán intentando la desestabilización de la empresa nacional”, asintió el diplomático.
El fin está claro, aseveró Alvarado: "Lo que quieren es evitar que continúe la nacionalización de la gasífera estatal y en consecuencia el derrocamiento del presidente Morales".
Comentó que Venezuela ha representado un patrón importante y definitorio para que Bolivia fortalezca su soberanía e independencia.
“Estados Unidos ha tocado el punto más sensible de Bolivia, que es el gas, y han propiciado con los oposicionistas una serie de atentados contra el presidente Morales, dieron un golpe de Estado, llamaron a referéndum, y seguro continuarán intentando la desestabilización de la empresa nacional”, asintió el diplomático.
El fin está claro, aseveró Alvarado: "Lo que quieren es evitar que continúe la nacionalización de la gasífera estatal y en consecuencia el derrocamiento del presidente Morales".
Comentó que Venezuela ha representado un patrón importante y definitorio para que Bolivia fortalezca su soberanía e independencia.
Anónimo
Durante un acto en la Academia de Policía, Morales agregó que si algún funcionario de la embajada de Estados Unidos lo niega sólo falta al respeto y a la verdad en nuestro país, aseveró.
La embajada estadunidense negó ayer las acusaciones de Morales en el sentido de que la CIA se infiltró en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, donde quedó al descubierto un escándalo de corrupción que ha llevado a la cárcel a su ex presidente, Santos Ramírez, hombre cercano a Morales. La legación, en un comunicado, rechazó esa afirmación del Ejecutivo.
El mandatario dijo que no se arrepiente de haber expulsado a la DEA (agencia antidrogas estadunidense) y resaltó que sin la participación de dicha agencia ha mejorado la lucha contra el narcotráfico.
La embajada estadunidense negó ayer las acusaciones de Morales en el sentido de que la CIA se infiltró en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, donde quedó al descubierto un escándalo de corrupción que ha llevado a la cárcel a su ex presidente, Santos Ramírez, hombre cercano a Morales. La legación, en un comunicado, rechazó esa afirmación del Ejecutivo.
El mandatario dijo que no se arrepiente de haber expulsado a la DEA (agencia antidrogas estadunidense) y resaltó que sin la participación de dicha agencia ha mejorado la lucha contra el narcotráfico.
Anónimo
De acuerdo con el ministro del interior, Alfredo Rada, un diplomático estadounidense se vinculó al ex gerente de YPFB, Rodrigo Carrasco, acusado de infiltrar esa entidad por indicación de la CIA.
Rada señaló que tiene pruebas que muestran a Carrasco en encuentros con el ciudadano de origen mexicano Francisco Martínez, señalado por la sede diplomática de Washington como su segundo secretario en este país.
¿Qué tenía que hacer el entonces directivo de la petrolera estatal reunido con el funcionario norteamericano?, cuestionó Rada en un encuentro con la prensa.
Asimismo explicó que Martínez presenta irregularidades en su estatuto migratorio, entre ellas la carencia de trámites de permanencia y la no declaración de sus entradas y salidas.
Méndez aseguró que hay testimonios sobre la existencia de otros contactos y labores sospechosas del diplomático.
Buscaremos el momento oportuno para revelar dichos movimientos, advirtió.
Rada aprovechó el encuentro con periodistas nacionales y extranjeros para reiterar el currículo del ex gerente de Comercialización de la petrolera estatal, acusado de establecer una red de corrupción dentro de la empresa considerada el motor de la economía boliviana.
Los 21 cursos y los viajes al exterior de Carrasco fueron patrocinados por la embajada estadounidense, lo cual prueba el interés de la CIA de especializarlo en trabajos encubiertos, ratificó.
La denuncia se produce en medio de una lucha campal contra la corrupción que asocian al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, y a una decena de sus colaboradores.
Por otra parte, el diálogo sobre autonomías entre el ejecutivo y el opositor Consejo Nacional Democrático (CONALDE) se vio afectado esta semana.
Las autoridades de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca insisten en la necesidad de garantizar libertades como la excarcelación de personas.
Según la recién promulgada Carta Magna (7 de febrero), el Congreso tiene 60 días para sancionar una ley que implemente el mecanismo de autonomías, el cual deberá ponerse en vigor antes de concluir la primera semana de abril.
Resulta bien compleja la tarea del Parlamento, teniendo en cuenta la diversidad de iniciativas y las contradicciones entre las mismas, según expertos.
En la Comisión de Constitución de la cámara baja se estudian proyectos del Poder Ejecutivo, la Corte Nacional Electoral, organizaciones indígenas y los tres principales bloques opositores (Poder Democrático Social, Unidad Nacional y Movimiento Nacionalista Revolucionario).
Finalmente, Bolivia es azotada desde enero pasado por una epidemia de dengue que en su versión más letal -el hemorrágico- ha cobrado la vida hasta el momento de 19 personas y se registran casi 40 mil casos de contagiados por la picada del mosquito Aedes Aegypti.
El dengue desata alarma además en regiones vecinas luego de aparecer en Argentina, Chile, Brasil y Paraguay.
Rada señaló que tiene pruebas que muestran a Carrasco en encuentros con el ciudadano de origen mexicano Francisco Martínez, señalado por la sede diplomática de Washington como su segundo secretario en este país.
¿Qué tenía que hacer el entonces directivo de la petrolera estatal reunido con el funcionario norteamericano?, cuestionó Rada en un encuentro con la prensa.
Asimismo explicó que Martínez presenta irregularidades en su estatuto migratorio, entre ellas la carencia de trámites de permanencia y la no declaración de sus entradas y salidas.
Méndez aseguró que hay testimonios sobre la existencia de otros contactos y labores sospechosas del diplomático.
Buscaremos el momento oportuno para revelar dichos movimientos, advirtió.
Rada aprovechó el encuentro con periodistas nacionales y extranjeros para reiterar el currículo del ex gerente de Comercialización de la petrolera estatal, acusado de establecer una red de corrupción dentro de la empresa considerada el motor de la economía boliviana.
Los 21 cursos y los viajes al exterior de Carrasco fueron patrocinados por la embajada estadounidense, lo cual prueba el interés de la CIA de especializarlo en trabajos encubiertos, ratificó.
La denuncia se produce en medio de una lucha campal contra la corrupción que asocian al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, y a una decena de sus colaboradores.
Por otra parte, el diálogo sobre autonomías entre el ejecutivo y el opositor Consejo Nacional Democrático (CONALDE) se vio afectado esta semana.
Las autoridades de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca insisten en la necesidad de garantizar libertades como la excarcelación de personas.
Según la recién promulgada Carta Magna (7 de febrero), el Congreso tiene 60 días para sancionar una ley que implemente el mecanismo de autonomías, el cual deberá ponerse en vigor antes de concluir la primera semana de abril.
Resulta bien compleja la tarea del Parlamento, teniendo en cuenta la diversidad de iniciativas y las contradicciones entre las mismas, según expertos.
En la Comisión de Constitución de la cámara baja se estudian proyectos del Poder Ejecutivo, la Corte Nacional Electoral, organizaciones indígenas y los tres principales bloques opositores (Poder Democrático Social, Unidad Nacional y Movimiento Nacionalista Revolucionario).
Finalmente, Bolivia es azotada desde enero pasado por una epidemia de dengue que en su versión más letal -el hemorrágico- ha cobrado la vida hasta el momento de 19 personas y se registran casi 40 mil casos de contagiados por la picada del mosquito Aedes Aegypti.
El dengue desata alarma además en regiones vecinas luego de aparecer en Argentina, Chile, Brasil y Paraguay.
Anónimo
"Hoy día decidí declarar persona non grata a Francisco Martfnez, ciudadano mexicano-norteamericano que trabaja en la embajada de Estados Unidos. Pido públicamente a la cancillería de comunicar esta decisión a la embajada", dijo Morales en un acto público el lunes.
"Yo quiero aprovechar esta oportunidad para que el pueblo boliviano sepa que después de profundas investigaciones de agentes externos el señor Francisco Martínez, mexicano-norteamericano, era el contacto permanente con grupos opositores", afirmó.
En los últimos días, el mandatario ha acusado a Martínez de "coordinar labores de enlace" con un infiltrado de la agencia de inteligencia CIA en la petrolera estatal boliviana.
"Yo quiero aprovechar esta oportunidad para que el pueblo boliviano sepa que después de profundas investigaciones de agentes externos el señor Francisco Martínez, mexicano-norteamericano, era el contacto permanente con grupos opositores", afirmó.
En los últimos días, el mandatario ha acusado a Martínez de "coordinar labores de enlace" con un infiltrado de la agencia de inteligencia CIA en la petrolera estatal boliviana.
Anónimo
"Hoy día decidí declarar persona no grata a Francisco Martínez, mexicano norteamericano (estadounidense) que trabaja en la embajada de Estados Unidos", afirmó Morales durante un acto público en el Palacio Presidencial, en el que posesionó de manera rutinaria al nuevo comandante de la Policía.
Martínez, continuó Morales, "era el contacto permanente con grupos opositores, durante toda la etapa de conspiración".
Según el Jefe de Estado boliviano, dicha conspiración se habría ejecutado en el mes de septiembre del año pasado, cuando se registraron violentas protestas en contra de su gobierno en cinco de las nueve regiones del país.
Para septiembre del 2008, Evo Morales expulsó al embajador estadounidense, Philip Goldberg. Dos meses después, hizo lo mismo con la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), por el mismo cargo de confabulación.
Frente a este acontecimiento, el mandatario sudamericano dijo que Martínez era el contacto de la delegación diplomática con "ex policías que operaban" con COPES, una oficina de inteligencia policial.
Tal como denunció Morales, un ex policía del COPES, Rodrigo Carrasco, se infiltró en la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para hacer fracasar la nacionalización hidrocarburífera.
Para el gobierno, el ex gerente de YPFB Carrasco, habría propiciado la corrupción en esta empresa, donde su presidente, Santos Ramírez, fue involucrado en la recepción de un soborno de una firma petrolera privada argentino-boliviana.
Tras la decisión del mandatario boliviano, l Gobierno de Estados Unidos tildó de "injustificada" la decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, de expulsar al diplomático Francisco Martínez, y rechazó las acusaciones contra él.
La decisión "contradice las declaraciones recientes del Gobierno de Bolivia que expresaban su deseo de mejorar las relaciones bilaterales", dijo Andy Laine, portavoz del departamento de Estado.
Martínez, continuó Morales, "era el contacto permanente con grupos opositores, durante toda la etapa de conspiración".
Según el Jefe de Estado boliviano, dicha conspiración se habría ejecutado en el mes de septiembre del año pasado, cuando se registraron violentas protestas en contra de su gobierno en cinco de las nueve regiones del país.
Para septiembre del 2008, Evo Morales expulsó al embajador estadounidense, Philip Goldberg. Dos meses después, hizo lo mismo con la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), por el mismo cargo de confabulación.
Frente a este acontecimiento, el mandatario sudamericano dijo que Martínez era el contacto de la delegación diplomática con "ex policías que operaban" con COPES, una oficina de inteligencia policial.
Tal como denunció Morales, un ex policía del COPES, Rodrigo Carrasco, se infiltró en la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para hacer fracasar la nacionalización hidrocarburífera.
Para el gobierno, el ex gerente de YPFB Carrasco, habría propiciado la corrupción en esta empresa, donde su presidente, Santos Ramírez, fue involucrado en la recepción de un soborno de una firma petrolera privada argentino-boliviana.
Tras la decisión del mandatario boliviano, l Gobierno de Estados Unidos tildó de "injustificada" la decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, de expulsar al diplomático Francisco Martínez, y rechazó las acusaciones contra él.
La decisión "contradice las declaraciones recientes del Gobierno de Bolivia que expresaban su deseo de mejorar las relaciones bilaterales", dijo Andy Laine, portavoz del departamento de Estado.
Anónimo
La decisión tomada por el mandatario boliviano implica la salida en las próximas 48 horas del diplomático estadounidesne, de origen mexicano, previa notificación a través del ministerio de Relaciones Exteriores.
"El señor Francisco Martínez era el contacto permanente con grupos opositores durante toda la etapa de conspiración, era la persona de la Embajada de los Estados Unidos que se contactaba con algunos ex policías", señaló Morales.
El mandatario aprovechó el acto de posesión del nuevo Comandante General de la Policía, Víctor Hugo Escobar, que se realizó en el salón de los Espejos del Palacio Quemado, para anunciar la situación legal en el país del diplomático estadounidense.
El presidente de Bolivia dijo que tomó esa decisión luego de profundas investigaciones sobre agentes externos infiltrados, por lo cual pidió al canciller David Choquehuanca comunicar a la embajada su resolución.
"Todo por la dignidad de los bolivianos, todo para acabar con la imposición externa de los agentes que se conectan con los opositores" , remarcó.
En ocasiones anteriores Morales vinculó a Francisco Martínez con la infiltración en los casos de corrupción que se investigan en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En septiembre de 2008 el gobierno boliviano expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg.
En reciprocidad, el representante boliviano, Gustavo Guzmán, salió de Washington.
El presidente Morales también ordenó la salida de la oficina antidrogras de Estados Unidos (DEA) y restringió las labores de la agencia de cooperación USAID en la zona del Chapare.
(Xinhua)
"El señor Francisco Martínez era el contacto permanente con grupos opositores durante toda la etapa de conspiración, era la persona de la Embajada de los Estados Unidos que se contactaba con algunos ex policías", señaló Morales.
El mandatario aprovechó el acto de posesión del nuevo Comandante General de la Policía, Víctor Hugo Escobar, que se realizó en el salón de los Espejos del Palacio Quemado, para anunciar la situación legal en el país del diplomático estadounidense.
El presidente de Bolivia dijo que tomó esa decisión luego de profundas investigaciones sobre agentes externos infiltrados, por lo cual pidió al canciller David Choquehuanca comunicar a la embajada su resolución.
"Todo por la dignidad de los bolivianos, todo para acabar con la imposición externa de los agentes que se conectan con los opositores" , remarcó.
En ocasiones anteriores Morales vinculó a Francisco Martínez con la infiltración en los casos de corrupción que se investigan en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En septiembre de 2008 el gobierno boliviano expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg.
En reciprocidad, el representante boliviano, Gustavo Guzmán, salió de Washington.
El presidente Morales también ordenó la salida de la oficina antidrogras de Estados Unidos (DEA) y restringió las labores de la agencia de cooperación USAID en la zona del Chapare.
(Xinhua)
Anónimo
En menos de seis meses el presidente de Bolivia, Evo Morales, realizó su tercera expulsión de funcionarios estadounidenses acreditados en La Paz.
Este lunes, el mandatario declaró "persona no grata" al segundo secretario de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, Francisco Martínez, a quien acusa de ser el contacto con un supuesto agente infiltrado de la CIA en la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
También le atribuyó su presunta participación en el denominado "intento de golpe civil" que, según Morales, los prefectos de la oposición estuvieron a punto de ejecutar en septiembre del año pasado.
Según fuentes diplomáticas, la declaración de "persona no grata" implica que el funcionario debe abandonar el país inmediatamente.
En septiembre pasado, Morales siguió el mismo procedimiento para expulsar al entonces embajador de EE.UU., Philip Goldberg, a quien acusó de conspirar en contra de su gobierno.
En noviembre, el gobierno boliviano suspendió las actividades de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), a la que también denunció como partícipe de un complot. Los oficiales de la DEA abandonaron el país, concretamente la región cocalera del Chapare.
Morales declaró "persona no grata" a Martínez este lunes, en un acto de relevo rutinario del comandante general de la Policía.
"Hoy día decidí declarar persona no grata a Francisco Martínez, mexicano-norteamericano (estadounidense) que trabaja en la embajada de Estados Unidos", dijo Morales, quien luego agregó que Martínez "era el contacto permanente con grupos opositores, durante toda la etapa de conspiración".
Se espera que el diplomático abandone el país en breve. En el caso de Goldberg, la salida se produjo 48 horas.
Reacción de Washington
El Departamento de Estado de EE.UU. dijo, a través de una declaración, que la decisión de expulsar a Martínez "no ha sido comunicada oficialmente a través de canales diplomáticos".
"Rechazamos las acusaciones del gobierno boliviano. Esta decisión es arbitraria e injustificada. No guarda coherencia con declaraciones recientes del gobierno de Bolivia, que expresaron un deseo de mejorar las relaciones bilaterales", completó.
Morales tomó la decisión de expulsar al funcionario estadounidense luego de insistir en que Martínez era el contacto con un supuesto agente de la CIA que se habría infiltrado en la estatal YPFB, donde se produjo un resonante caso de corrupción.
Morales cree que el presunto agente, un policía boliviano llamado Rodrigo Carrasco, se infiltró en YPFB para hacer fracasar el proceso de nacionalización de los hidrocarburos.
Una vez descubierto el caso de corrupción, el ex presidente de la compañía y ex hombre fuerte del partido de Morales, Santos Ramírez, fue remitido a una cárcel de La Paz.
El gobierno considera que Carrasco pasaba información a Martínez y que éste, a su vez, sostenía reuniones con opositores para intentar el derrocamiento de Morales.
Relación maltrecha
La expulsión de Martínez es un episodio más en la maltrecha relación de Bolivia con Estados Unidos.
El analista boliviano Roberto Laserna dijo a BBC Mundo que este incidente confirma que "el problema no está del lado estadounidense, sino del lado boliviano".
Según el especialista, lo ocurrido va a contramano de lo que hace unos días había sugerido el influyente legislador demócrata Eliot Engel, quien abogó por "un diálogo bilateral de alto nivel" entre Washington y La Paz.
Laserna cree que Morales no está dispuesto a mejorar las relaciones con Estados Unidos y que, al contrario, busca generar más tensiones para obtener ganancias en la política interna. Según él, "la retórica en contra del imperio vende".
Laserna calcula que estos incidentes les pasarán la factura a los bolivianos, y no precisamente al gobierno de Morales, en alusión a que Bolivia está perdiendo mercados para sus manufacturas y cooperación de Estados Unidos en diferentes áreas.
En menos de seis meses el presidente de Bolivia, Evo Morales, realizó su tercera expulsión de funcionarios estadounidenses acreditados en La Paz.
Este lunes, el mandatario declaró "persona no grata" al segundo secretario de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, Francisco Martínez, a quien acusa de ser el contacto con un supuesto agente infiltrado de la CIA en la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
También le atribuyó su presunta participación en el denominado "intento de golpe civil" que, según Morales, los prefectos de la oposición estuvieron a punto de ejecutar en septiembre del año pasado.
Según fuentes diplomáticas, la declaración de "persona no grata" implica que el funcionario debe abandonar el país inmediatamente.
En septiembre pasado, Morales siguió el mismo procedimiento para expulsar al entonces embajador de EE.UU., Philip Goldberg, a quien acusó de conspirar en contra de su gobierno.
En noviembre, el gobierno boliviano suspendió las actividades de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), a la que también denunció como partícipe de un complot. Los oficiales de la DEA abandonaron el país, concretamente la región cocalera del Chapare.
Morales declaró "persona no grata" a Martínez este lunes, en un acto de relevo rutinario del comandante general de la Policía.
"Hoy día decidí declarar persona no grata a Francisco Martínez, mexicano-norteamericano (estadounidense) que trabaja en la embajada de Estados Unidos", dijo Morales, quien luego agregó que Martínez "era el contacto permanente con grupos opositores, durante toda la etapa de conspiración".
Se espera que el diplomático abandone el país en breve. En el caso de Goldberg, la salida se produjo 48 horas.
Reacción de Washington
El Departamento de Estado de EE.UU. dijo, a través de una declaración, que la decisión de expulsar a Martínez "no ha sido comunicada oficialmente a través de canales diplomáticos".
"Rechazamos las acusaciones del gobierno boliviano. Esta decisión es arbitraria e injustificada. No guarda coherencia con declaraciones recientes del gobierno de Bolivia, que expresaron un deseo de mejorar las relaciones bilaterales", completó.
Morales tomó la decisión de expulsar al funcionario estadounidense luego de insistir en que Martínez era el contacto con un supuesto agente de la CIA que se habría infiltrado en la estatal YPFB, donde se produjo un resonante caso de corrupción.
Morales cree que el presunto agente, un policía boliviano llamado Rodrigo Carrasco, se infiltró en YPFB para hacer fracasar el proceso de nacionalización de los hidrocarburos.
Una vez descubierto el caso de corrupción, el ex presidente de la compañía y ex hombre fuerte del partido de Morales, Santos Ramírez, fue remitido a una cárcel de La Paz.
El gobierno considera que Carrasco pasaba información a Martínez y que éste, a su vez, sostenía reuniones con opositores para intentar el derrocamiento de Morales.
Relación maltrecha
La expulsión de Martínez es un episodio más en la maltrecha relación de Bolivia con Estados Unidos.
El analista boliviano Roberto Laserna dijo a BBC Mundo que este incidente confirma que "el problema no está del lado estadounidense, sino del lado boliviano".
Según el especialista, lo ocurrido va a contramano de lo que hace unos días había sugerido el influyente legislador demócrata Eliot Engel, quien abogó por "un diálogo bilateral de alto nivel" entre Washington y La Paz.
Laserna cree que Morales no está dispuesto a mejorar las relaciones con Estados Unidos y que, al contrario, busca generar más tensiones para obtener ganancias en la política interna. Según él, "la retórica en contra del imperio vende".
Laserna calcula que estos incidentes les pasarán la factura a los bolivianos, y no precisamente al gobierno de Morales, en alusión a que Bolivia está perdiendo mercados para sus manufacturas y cooperación de Estados Unidos en diferentes áreas.
Anónimo
"El (Martínez) ha salido en el vuelo de American (Airlines) hoy a las 5 de la mañana (09H00 GMT) y está fuera del país", declaró a medios locales el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en La Paz, Kris Urs, quien dijo que la decisión de expulsarlo fue "arbitraria e injustificada".
Morales acusó el lunes a Martínez de haber participado en una conspiración el año pasado contra su gobierno. La Cancillería le fijó de inmediato un plazo de 72 horas para abandonar el país.
Tras comunicar la salida del diplomático, Urs señaló que "las acusaciones que ha hecho el presidente Morales (contra Martínez) son completamente injustificadas y arbitrarias, no son verdades".
Urs, actualmente el funcionario de más alto rango de EEUU en La Paz tras la expulsión del embajador en septiembre pasado acusado también de conspiración, afirmó que las decisiones que está asumiendo Bolivia, con fuertes discursos antiestadounidenses, "no ayudan a mejorar las relaciones" bilaterales.
Además, dijo que EEUU "está revisando" su relación con Bolivia, aunque evitó comentar qué implicaba ese proceso de evaluación.
Luego de la denuncia de Morales, el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, aseguró que Martínez se habría reunido con gobernadores rebeldes y contactado a ex policías de una oficina de inteligencia policial que fue desarticulada por el poder Ejecutivo en enero de 2008.
Según la versión del ministro boliviano, quien no mostró pruebas, el diplomático expulsado es un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y desde esa función apoyó una presunta infiltración en la estatal petrolera YPFB, donde se denunció la existencia de corrupción.
El presidente de YPFB, Santos Ramírez, el más estrecho colaborador político de Morales, fue destituido del cargo y luego encarcelado a fines de enero pasado, sindicado de ser el receptor de unos 450.000 dólares de una firma privada argentina-boliviana que se adjudicó la construcción de una planta de gas por 86 millones de dólares.
El nuevo incidente diplomático entre La Paz y Washington se suma a una cadena de choques que comenzaron en junio pasado, cuando campesinos cocaleros del Chapare, la cuna política del presidente Morales, expulsaron de la zona al programa de cooperación norteamericano USAID, una acción que el gobierno de La Paz no condenó.
Ese mismo mes miles de vecinos pro-gobierno asediaron la embajada estadounidense en La Paz e intentaron tomársela, aunque no lo lograron gracias a a la intervención de la Policía local.
En septiembre de 2008 fue expulsado el embajador Philip Goldberg, y dos meses después la agencia antidrogas DEA, bajo el mismo cargo planteado por Morales: un supuesto complot contra su gobierno, junto a grupos civiles de derecha, aunque también sin pruebas.
El Departamento de Estado emitió hace dos semanas sendos informes mundiales que cuestionan la situación de los derechos humanos en Bolivia y critican los esfuerzos bolivianos en la lucha contra el narcotráfico, la erradicación de cultivos ilegales de coca y el control en el lavado de dinero, visiones rechazadas por La Paz.
El gobierno de Bolivia, fiel aliado de Venezuela y Cuba, dos enconados rivales de Washington, indicó que espera mejorar las relaciones con EEUU, sumidas en una grave crisis, y exige que se respeten sus políticas económicas.
Morales acusó el lunes a Martínez de haber participado en una conspiración el año pasado contra su gobierno. La Cancillería le fijó de inmediato un plazo de 72 horas para abandonar el país.
Tras comunicar la salida del diplomático, Urs señaló que "las acusaciones que ha hecho el presidente Morales (contra Martínez) son completamente injustificadas y arbitrarias, no son verdades".
Urs, actualmente el funcionario de más alto rango de EEUU en La Paz tras la expulsión del embajador en septiembre pasado acusado también de conspiración, afirmó que las decisiones que está asumiendo Bolivia, con fuertes discursos antiestadounidenses, "no ayudan a mejorar las relaciones" bilaterales.
Además, dijo que EEUU "está revisando" su relación con Bolivia, aunque evitó comentar qué implicaba ese proceso de evaluación.
Luego de la denuncia de Morales, el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, aseguró que Martínez se habría reunido con gobernadores rebeldes y contactado a ex policías de una oficina de inteligencia policial que fue desarticulada por el poder Ejecutivo en enero de 2008.
Según la versión del ministro boliviano, quien no mostró pruebas, el diplomático expulsado es un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y desde esa función apoyó una presunta infiltración en la estatal petrolera YPFB, donde se denunció la existencia de corrupción.
El presidente de YPFB, Santos Ramírez, el más estrecho colaborador político de Morales, fue destituido del cargo y luego encarcelado a fines de enero pasado, sindicado de ser el receptor de unos 450.000 dólares de una firma privada argentina-boliviana que se adjudicó la construcción de una planta de gas por 86 millones de dólares.
El nuevo incidente diplomático entre La Paz y Washington se suma a una cadena de choques que comenzaron en junio pasado, cuando campesinos cocaleros del Chapare, la cuna política del presidente Morales, expulsaron de la zona al programa de cooperación norteamericano USAID, una acción que el gobierno de La Paz no condenó.
Ese mismo mes miles de vecinos pro-gobierno asediaron la embajada estadounidense en La Paz e intentaron tomársela, aunque no lo lograron gracias a a la intervención de la Policía local.
En septiembre de 2008 fue expulsado el embajador Philip Goldberg, y dos meses después la agencia antidrogas DEA, bajo el mismo cargo planteado por Morales: un supuesto complot contra su gobierno, junto a grupos civiles de derecha, aunque también sin pruebas.
El Departamento de Estado emitió hace dos semanas sendos informes mundiales que cuestionan la situación de los derechos humanos en Bolivia y critican los esfuerzos bolivianos en la lucha contra el narcotráfico, la erradicación de cultivos ilegales de coca y el control en el lavado de dinero, visiones rechazadas por La Paz.
El gobierno de Bolivia, fiel aliado de Venezuela y Cuba, dos enconados rivales de Washington, indicó que espera mejorar las relaciones con EEUU, sumidas en una grave crisis, y exige que se respeten sus políticas económicas.
Anónimo
Kris Urs, el máximo responsable de la legación estadounidense en Bolivia tras la expulsión del embajador Philip Goldberg en septiembre, declaró hoy a los medios que Martínez salió de La Paz en un vuelo de American Airlines a las cinco de la mañana hora local (9:00 GMT).
El presidente Morales declaró el pasado lunes persona "non grata" a Martínez, secretario segundo de la embajada estadounidense, porque, según dijo, actuó como "contacto" de los grupos opositores que intentaron el año pasado un "golpe de Estado civil".
El anuncio se produjo seis meses después de la expulsión del embajador Goldberg, al que Morales acusó igualmente de conspirar contra él apoyando a sus rivales políticos.
El nombre de Francisco Martínez salió a la luz por boca del propio Evo Morales el pasado 26 de febrero, cuando denunció que la CIA tenía agentes infiltrados en la petrolera estatal YPFB, envuelta en un escándalo de corrupción que ha provocado el encarcelamiento de su presidente, un líder oficialista muy cercano al mandatario.
El gobernante vinculó a Martínez con supuestos agentes de la CIA infiltrados en esta empresa.
Hoy, el encargado de la Embajada de EE.UU en La Paz subrayó que las acusaciones de Morales contra Martínez son "completamente injustificadas y arbitrarias" y que la información que maneja el Gobierno de Bolivia sobre este asunto es "incorrecta".
"El hecho es que él (Francisco Martínez) nunca se ha reunido con las personas que ha mencionado el Gobierno ni las conoce", añadió Kris Urs.
Tras recordar que las relaciones entre los Estados Unidos y Bolivia "están en revisión", Urs advirtió que este tipo de acciones "no ayudan" a mejorarlas.
La decisión de Morales de expulsar a Martínez supone un nuevo punto de tensión bilateral.
Además de expulsar a dos diplomáticos estadounidenses en los últimos seis meses, Morales también prohibió el año pasado las actividades en Bolivia de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos.
Washington respondió a estas decisiones con la expulsión del embajador boliviano en Estados Unidos, Gustavo Guzmán, y con la suspensión al país andino de los beneficios arancelarios que concede a varios gobiernos de la región por sus esfuerzos en la lucha antidrogas.
El presidente Morales declaró el pasado lunes persona "non grata" a Martínez, secretario segundo de la embajada estadounidense, porque, según dijo, actuó como "contacto" de los grupos opositores que intentaron el año pasado un "golpe de Estado civil".
El anuncio se produjo seis meses después de la expulsión del embajador Goldberg, al que Morales acusó igualmente de conspirar contra él apoyando a sus rivales políticos.
El nombre de Francisco Martínez salió a la luz por boca del propio Evo Morales el pasado 26 de febrero, cuando denunció que la CIA tenía agentes infiltrados en la petrolera estatal YPFB, envuelta en un escándalo de corrupción que ha provocado el encarcelamiento de su presidente, un líder oficialista muy cercano al mandatario.
El gobernante vinculó a Martínez con supuestos agentes de la CIA infiltrados en esta empresa.
Hoy, el encargado de la Embajada de EE.UU en La Paz subrayó que las acusaciones de Morales contra Martínez son "completamente injustificadas y arbitrarias" y que la información que maneja el Gobierno de Bolivia sobre este asunto es "incorrecta".
"El hecho es que él (Francisco Martínez) nunca se ha reunido con las personas que ha mencionado el Gobierno ni las conoce", añadió Kris Urs.
Tras recordar que las relaciones entre los Estados Unidos y Bolivia "están en revisión", Urs advirtió que este tipo de acciones "no ayudan" a mejorarlas.
La decisión de Morales de expulsar a Martínez supone un nuevo punto de tensión bilateral.
Además de expulsar a dos diplomáticos estadounidenses en los últimos seis meses, Morales también prohibió el año pasado las actividades en Bolivia de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos.
Washington respondió a estas decisiones con la expulsión del embajador boliviano en Estados Unidos, Gustavo Guzmán, y con la suspensión al país andino de los beneficios arancelarios que concede a varios gobiernos de la región por sus esfuerzos en la lucha antidrogas.
Anónimo
Personalmente he decidido hacer un seguimiento a esas labores, no para defender al Gobierno, sino para defender a la patria, afirmó durante un encuentro con oficiales de alto rango.
De acuerdo con el mandatario, pudiera tratarse de la venta de información de interés nacional.
Eso sería una gran traición, advirtió el líder del Movimiento al Socialismo, quien se abstuvo de mencionar el nombre del presunto espía.
Morales aprovechó el intercambio con los jefes militares para solicitarles compromiso y respaldo en el enfrentamiento a enemigos internos y externos.
Mi pedido, comandantes de grandes y pequeñas unidades es hacer un seguimiento en aras de descubrir infiltraciones, apuntó.
Las declaraciones del jefe de Estado llegan en medio de denuncias de la penetración de la CIA en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, entidad en la cual presuntamente creó una red de corrupción.
Según el gobierno, el ex gerente de Comercialización de la principal empresa de este país Rodrigo Carrasco actuó al servicio de la agencia norteamericana. Como vínculos de Carrasco, el ejecutivo mencionó al funcionario de la embajada de Washington en La Paz Francisco Martínez, expulsado esta semana.
Antes, Morales tomo idéntica decisión con el embajador Philip Goldberg y con la Agencia Antidrogas estadounidense.
De acuerdo con el mandatario, pudiera tratarse de la venta de información de interés nacional.
Eso sería una gran traición, advirtió el líder del Movimiento al Socialismo, quien se abstuvo de mencionar el nombre del presunto espía.
Morales aprovechó el intercambio con los jefes militares para solicitarles compromiso y respaldo en el enfrentamiento a enemigos internos y externos.
Mi pedido, comandantes de grandes y pequeñas unidades es hacer un seguimiento en aras de descubrir infiltraciones, apuntó.
Las declaraciones del jefe de Estado llegan en medio de denuncias de la penetración de la CIA en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, entidad en la cual presuntamente creó una red de corrupción.
Según el gobierno, el ex gerente de Comercialización de la principal empresa de este país Rodrigo Carrasco actuó al servicio de la agencia norteamericana. Como vínculos de Carrasco, el ejecutivo mencionó al funcionario de la embajada de Washington en La Paz Francisco Martínez, expulsado esta semana.
Antes, Morales tomo idéntica decisión con el embajador Philip Goldberg y con la Agencia Antidrogas estadounidense.
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