Informe de Médicos por los Derechos Humanos
Acusan a Israel de reclutar como informantes a enfermos de Gaza a cambio de tratamiento.
Médicos por los Derechos Humanos-Israel (MDHI), sucursal israelí de la ONG dedicada a velar por el respeto a los derechos básicos y, en especial, por el derecho a la salud en Israel y los territorios palestinos, ha denunciado este lunes ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas el uso, por parte de los Servicios de Seguridad israelíes, de enfermos de Gaza como informantes y la extorsión a la que éstos son sometidos en caso de negarse a cooperar.
Los testimonios recogidos por la ONG israelí y difundidos este lunes en Ginebra "indican un aumento en el número de pacientes palestinos interrogados y forzados a proveer información como precondición para salir de Gaza y recibir cuidado médico", indica el informe de la organización, que ya el año pasado advirtió de que el Shin Bet (Inteligencia Interna) "opera sistemáticamente para reclutar pacientes como colaboradores".
Pero, si en el primer trimestre del año pasado, el 1,45% de los palestinos que trataron de salir de Gaza para recibir asistencia sufrieron interrogatorios o intentos de extorsión, en el mismo periodo de este año -que coincidió con la ofensiva israelí que se cobró más de 1.400 vidas en Gaza, la 'operación Plomo Sólido'- la cifra aumentó hasta el 17%, según ha documentado la citada ONG en un informe del que se ha hecho eco la prensa israelí.
Entre enero de 2009 y marzo de 2009, MDHI ha confirmado 438 interrogatorios de enfermos, entre ellos menores de edad. El Shin Bet habría fotografiado pacientes en contra de su voluntad, emprendido interrogatorios sin previo aviso, detenido por periodos indeterminados de tiempo a los afectados y "acosado, acusado, insultado e intimidado a los pacientes durante los interrogarios", según la denuncia de la ONG.
Estos métodos violan el Derecho Internacional y la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe presionar a civiles para recabar información, aunque los palestinos parecen ajenos a los beneficios de las convenciones. Muchos de los que se negaron a colaborar vieron rechazada su solicitud de salir de Gaza para recibir tratamiento y fueron obligados a volver a la franja mediterránea.
Maraña burocrática
Del Shin Bet depende el último permiso de salida dentro de la maraña burocrática que suele mantener a los enfermos de Gaza enredados durante meses. Cuando un hospital de la franja –con graves carencias en equipamiento y dotación de medicinas a causa del cierre de Gaza- se ve incapaz de tratar a un enfermo por falta de medios, lo remite a una institución médica de Israel, Cisjordania, Jerusalén o Egipto. Israel suele permitir la recepción de 'casos humanitarios', aunque desde la llegada del Movimiento de Resistencia Islámica al poder la salida de enfermos se ha reducido notablemente.
Las dificultades para salir comienzan ya en la franja. Tras un lento proceso de investigación, es la Autoridad Palestina –apenas presente en Gaza después de que Hamas expulsara a Fatah por las armas en 2008- la que debe autorizar la financiación del traslado. Una vez que todo el procedimiento finaliza, el enfermo autorizado a desplazarse a Israel, Cisjordania o Jerusalén tiene que lograr la autorización de la Seguridad israelí para atravesar el cruce de Erez. Algunas ONG palestinas denuncian que decenas de personas han muerto en los últimos 18 meses a la espera de este último permiso.
Es entonces cuando se producen los intentos de extorsión denunciados en su informe por el MDHI. Son casos como el de R, una joven palestina de 17 años enferma de cáncer que iba a ser transferida al Sheba Medical Center, en Israel. Acompañada de su madre, llegó al cruce de Erez a las 9.00 horas. Dos horas y media de espera después, tres agentes del Shabak de paisano se llevaron a la menor para ser interrogada, pese a las lágrimas de su madre, que no fue autorizada a acompañarla. Durante una hora en la que se le privó de su teléfono móvil, la chica fue cuestionada acerca de su padre y su tio, sus lugares de trabajo y demás detalles. Cinco horas y media después, R. pudo entrar en Israel.
Entre Israel y Hamas
En este conflicto, los enfermos de Gaza se encuentran atrapados entre dos fuegos. Cuando no se trata de Israel, es la lucha interna entre las facciones palestinas la que perjudica a sus enfermos, como ya denunció la Organización Mundial para la Salud a principios de año. El MDHI acusa a la policía de Hamas de impedir a algunos pacientes llegar hasta el cruce de Erez. Por su parte, el Centro Palestino para los Derechos Humanos instó el 7 de abril a los dirigentes de Fatah y Hamas a que ayuden a salvar las vidas de los pacientes de Gaza poniendo a un lado sus diferencias políticas.
"El CPDH considera a las autoridades ocupantes israelíes en primer lugar, y a los ministerios de Salud de Gaza y Ramala en segundo, responsables del deterioro [en la calidad de la salud de Gaza], dado que ambos Ejecutivos han tomados medidas que han llevado a paralizar el traslado de pacientes a hospitales israelíes, desde enero, y a hospitales de Cisjordania, incluido Jerusalén, desde el pasado marzo", informaba el Centro.
A causa de su conflicto político con Hamas, Fatah ha suspendido la financiación de tratamientos médicos en hospitales israelíes para los enfermos de Gaza desde el pasado enero, mientras que el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, ha desmontado por la fuerza el departamento de la ANP ocupado de supervisar las evacuaciones de pacientes.
Gracias a todo ello, denuncia la citada ONG palestina, "toda evacuación de pacientes fuera de Gaza ha quedado paralizada, la coordinación con las fuerzas de ocupación israelíes para asegurar el paso de los afectados mediante Erez ha sido congelada y el cruce de Rafah [que conecta Gaza con Egipto] continúa cerrado. Las vidas de cientos de pacientes están en peligro dada la ausencia de tratamiento médico avanzado en los hospitales de Gaza".
(continue)
Mónica G. Prieto
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Israel: Miles de palestinos al borde del desalojo
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martes, 05 mayo, 2009
Decenas de miles de palestinos de Jerusalén oriental están en peligro inminente de quedarse sin casas tras las primeras órdenes de desalojo contra residentes del barrio de Silwan, denunció la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).
Al menos 60.000 palestinos, de los 225.000 que residen en Jerusalén oriental, podrían perder sus viviendas pues las autoridades emitieron órdenes de desalojo alegando que son ilegales, señaló OCHA en un informe divulgado el viernes.
Unos 90 edificios habitados por palestinos fueron destruidos en 2008, lo que dejó a unas 400 personas sin hogar.
Las demoliciones forman parte de una política sistemática de Israel para mantener su predominio en esta ciudad, pese a las muchas resoluciones de las Naciones Unidas que determinaron la ilegalidad de la construcción de asentamientos en Jerusalén oriental.
Hasta ahora, un tercio de Jerusalén oriental ha sido expropiado y 200.000 colonos se han instalado en el área.
Desde una tienda de campaña, cuyas paredes están hechas de redes negras que cuelgan de un techo de lona con clavos y maderos, se organiza la defensa de unos 1.500 palestinos en peligro inminente de perder sus casas.
Fakhri Abu Diab vive desde hace 47 años en el barrio de Silwan, pero le dijeron que él y su familia debían abandonar la vivienda pues las autoridades pretenden extender un plan de arqueología bíblica.
Unas 88 viviendas tienen orden de demolición, según la municipalidad de Jerusalén, para ampliar la Ciudad de David, un parque que rinde honores al rey que conquistó esta ciudad hace tres milenios.
La bandera israelí que flamea en la fachada de un reluciente edificio de apartamentos sobre una colina desde la que se ve la tienda, revela las verdaderas intenciones de la municipalidad, remarcó Diab.
Las autoridades tampoco disimulan lo que han gastado en seguridad para proteger a los colonos israelíes que ocupan el edificio. En cambio, a la comunidad árabe, que está aquí desde mucho antes, le falta una escuela secundaria y servicios esenciales.
"Sabemos que la municipalidad quiere instalar colonos aquí", señaló Diab. "No quieren que estemos aquí, no quieren que haya palestinos".
Al igual que muchos de sus vecinos, Diab vive en una casa construida antes de la invasión israelí de Jerusalén oriental en 1967. "Vivimos aquí desde hace generaciones. No tengo otro lugar adonde ir".
Un breve paseo por la zona del histórico hotel American Colony permite ver que los residentes del barrio Jeque Jarrah se preparan para otra ola de demoliciones.
En 1972, dos organizaciones de colonos israelíes convencieron a las autoridades de que registraran a su nombre unos 28.000 metros cuadrados.
Activistas de Escocia y República Checa fuman y toman café en el salón de la casa de Maher Hanun, quien se niega desde hace tiempo a pagar la renta exigida por las organizaciones de colonos. Incluso el año pasado estuvo preso unos días por no respetar los términos de la orden de desalojo.
"Varias veces abogados de colonos israelíes nos han ofrecido dinero", relató Hanun. "Pero no se trata de eso. Esta es la casa donde nací y donde nacieron mis cinco hijos. Quieren construir 250 apartamentos para ellos después de que nos echen".
Hanun, quien lleva adelante una prolongada batalla legal, prometió seguir resistiendo. "No peleamos con armas", apuntó. "Luchamos con nuestros cuerpos y nuestras voces".
Otro caso emblemático es el de la familia Al-Kurd que vivía en una casa construida en el marco de un proyecto conjunto del gobierno jordano y de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés).
La iniciativa se propuso realojar a unas 28 familias palestinas desplazadas por el conflicto de 1948, considerado por Israel una guerra de independencia y calificado de "nakbah" (catástrofe) por los palestinos.
En noviembre de 2008, soldados israelíes desalojaron por la fuerza a toda la familia. Ese mismo mes, Mohammad Al-Kurd, conocido como Abu Kamel, murió de un infarto atribuido a la impresión que le causó lo ocurrido.
En la década de los 90, la entonces secretaria de Estado (canciller) estadounidense, Madeleine Albright, logró detener la construcción de asentamientos israelíes en Ras Al-Amud, otra localidad de Jerusalén oriental.
Los trabajos prosiguieron en cuanto ella abandonó el cargo, pero activistas de derechos humanos lo recuerdan como un ejemplo de lo que se puede lograr en los contados casos en que el principal aliado de Israel lo somete a una intensa presión.
En cambio, la actual secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, emitió una suave reprimenda por la ampliación de asentamientos, que calificó de "poca ayuda".
Por su parte, la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), reconoció en un documento interno filtrado a la prensa a principios de este año, que las actividades de Israel en Jerusalén y sus alrededores "constituyen uno de los mayores desafíos" a superar para lograr un acuerdo de paz con los palestinos.
Es la segunda vez que la Comisión Europea reconoce el problema en los últimos años, indicó Jeff Halper, del Comité Israelí contra la Demolición de Viviendas. Pero nunca se han tomado medidas al respecto.
Sin embargo, Halper se mostró confiado de que con el gobierno estadounidense de Barack Obama y la repugnancia que causó el último ataque de Israel al territorio palestino de Gaza, del 27 de diciembre al 19 de enero, Washington y la UE se sientan obligados a reclamar a Israel un verdadero cambio de conducta.
"La gente comienza a denunciar la situación como nunca antes", señaló. Pero "es muy pronto para decir si los últimos acontecimientos marcan el principio de una nueva era o es sólo un fenómeno pasajero".
David Cronin
IPS
Juez español dice investigará a israelíes por bombardeo en Gaza. Un juez español anunció el lunes que continuará investigando a siete funcionarios y ex funcionarios israelíes por un bombardeo sobre la Franja de Gaza en 2002, donde murió un presunto líder de Hamas y otros 14 civiles, incluidos nueve niños.
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martes, 05 mayo, 2009
La fiscalía pidió el mes pasado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que archivase el proceso, ya que el estado de Israel todavía investigaba el ataque.
Sin embargo, Andreu rechazó en un escrito la recomendación, argumentando que no había encontrado evidencia alguna de que las autoridades israelíes estuvieran estudiando lo ocurrido.
"En el caso que nos ocupa", dijo el juez, "no ha existido, ni existe en Israel ningún procedimiento judicial dirigido a la investigación de los hechos denunciados".
Mientras el gobierno de Israel calificó la decisión de "ridícula", el grupo palestino que redactó la denuncia aseguró que se trata de una "gran victoria".
Andreu decidió abrir el caso en enero, tras aceptar una demanda de familiares de las víctimas presentada por el Centro Palestino para los Derechos Humanos.
El juez explicó que los siete ciudadanos israelíes _ entre los que se encuentra Benjamín Ben-Eliezer, ministro de Defensa cuando tuvo lugar el bombardeo _ se enfrentan a un posible cargo de delito de crímenes contra la humanidad y precisó que actúa bajo la doctrina que permite a España investigar casos de esta naturaleza, incluso si se han cometido fuera de sus fronteras.
Andreu dijo que el ataque de Israel en julio de 2002 pretendía acabar con la vida de Salah Shehadeh, considerado en aquel momento como uno de los comandantes de Hamas.
Según el juez, una bomba potente lanzada por el ejército israelí alcanzó de lleno la casa de Shehadeh, quien falleció en el acto, y afectó a uno de los barrios más habitados de la Franja de Gaza. Otras 14 personas perdieron la vida a consecuencia del bombardeo, nueve de ellos menores.
Andreu aseguró que los hechos podrían constituir un delito de crímenes contra la humanidad por tratarse de un ataque contra la población civil "claramente desproporcionado y excesivo".
No obstante, el gobierno de Israel volvió a expresar el lunes su malestar con los tribunales españoles por no cerrar el proceso definitivamente.
El portavoz del Ministerio israelí de Exteriores, Yigal Palmor, explicó a AP que todo este procedemiento es ridículo.
"(La decisión) es incosistente con las leyes internacionales. Esto es una maniobra puramente política que desacredita el sistema judicial español", dijo.
Por su parte, el ministro de Exteriores, Ehud Barak, señaló que tiene intención de hablar con el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero si hace falta para, dijo, revocar esta "malévola decisión".
"No hay un ejército más ético que las Fuerzas Armadas de Israel", afirmó ante un grupo de periodistas. "No tengo ninguna duda de que aquellos que actuaron para alcanzar a Sheahadeh lo hicieron con la cabeza puesta en un sólo objetivo: proteger a la población israelí".
Por su parte, Raji Sourani, director del Centro Palestino para los Derechos Humanos en la Franja de Gaza, consideró que la investigación es un primer paso para hacer justicia.
"Celebramos esta decisión como el primer paso hacia la justicia para los supervivientes de esta operación de ejecución ilegal masiva perpetrada por las fuerzas de ocupación israelíes. Es una gran victoria", subrayó.
Hace unos meses, el canciller español Miguel Angel Moratinos anunció que el gobierno podría reformar la ley para que los tribunales sólo pudieran investigar casos de justicia universal en los que hubiera víctimas españolas.
Hasta el momento, no se ha tramitado ninguna norma para aprobar estos cambios.
Israel causó daños a la ONU por 10 millones de dolares. Ese país es responsable en siete incidentes en el que personal del organismo perdió la vida o resultó lesionado, acusa la Comisión Especial sobre el ataque en Gaza.
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miércoles, 06 mayo, 2009
El Ejército de Israel causó pérdidas por 10 millones de dólares a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante los ataques que perpetró en la Franja de Gaza, y es responsable directo en siete incidentes en el que personal del organismo perdió la vida o resultó lesionado, utilizando en seis de los casos proyectiles con fósforo blanco.
Estas son las conclusiones a las que arribó la Comisión Especial que designó la ONU para investigar los incidentes en que resultaron afectados su personal e instalaciones, que fue entregado hoy al Consejo de Seguridad, y en el que se recomenda pedir al gobierno israelí la reparación de daños.
Ante los resultados a los que arribó la Comisión -cuyo resumen consta de 180 página-, el secretario General de la ONU, Ban Ki-moon "enfatizó la naturaleza independiente del informe" sobre incidentes los que afectaron a personal y edificios del organismo mundial durante la
incursión israelí en Gaza.
En un comunicado emitido por la ONU, se detalla que el texto de la Comisión "establece que de los nueve casos de muertes, heridas y daños relacionados con la ONU, 6 fueron causados directamente por acciones militares de las Fuerzas de Defensas Israelíes, y corrobora que usaron proyectiles con fósforo blanco".
También "se responsabiliza al Gobierno de Tel Aviv por los muertos y heridos provocados en siete incidentes y por causar pérdidas en sus instalaciones superiores a los 10 millones de dólares".
Sin embargo, se aclaro que debido a que la Comisión que designó para la investigación no era un organismo judicial ni un tribunal "por tanto, no debe esperarse acciones legales tras el anuncio de sus hallazgos".
"Establecimos esta Comisión para tener claridad sobre los hechos que rodearon a estos serios incidentes, sus causas y determinar las responsabilidades", dijo Ban.
Aunque la Comisión sugirió a la ONU solicitar a Israel compensación por los daños sufridos y asegurar la protección del personal internacional.
La ONU denuncia la existencia en Israel de un centro secreto de detención. Las 600 denuncias por torturas registradas entre 2001 y 2006 se ha investigado.
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miércoles, 06 mayo, 2009
El Comité de la ONU contra la Tortura ha denunciado la existencia en Israel de un centro secreto de detención y su utilización por los servicios secretos israelíes para llevar a cabo interrogatorios.
La cuestión sobre la llamada "instalación 1391", situada en "un lugar indeterminado de Israel e inaccesible para el Comité Internacional de la Cruz Roja", fue una de las acusaciones presentadas por los expertos del comité, reunido en Ginebra, y que ha estudiado el informe presentado por Israel.
"El Comité ha recibido quejas sobre torturas, malos tratos y condiciones de detención deficientes en esas instalaciones", señaló la ONU.
En una respuesta escrita por parte de Israel, se afirma que el país no usa ese centro "desde hace años" y que allí no se desarrolla ningún interrogatorio.
En la sesión del comité, su presidente y relator sobre el informe de Israel, Fernando Mariño Menéndez, preguntó si existía en el país el "reconocimiento tácito" de que sus servicios de seguridad podían emplear métodos de tortura debido a los requerimientos de seguridad por el conflicto con los palestinos.
Denuncias sin investigar
Y dijo que de unas 600 denuncias por torturas registradas entre 2001 y 2006 ninguna se había investigado.
Otros expertos preguntaron por la práctica de los "asesinatos selectivos" de supuestos líderes de organizaciones palestinas.
También se abordaron los casos de violencia cometidos por colonos judíos en los territorios ocupados, y las informaciones de que las fuerzas de seguridad nunca han actuado para evitarlos.
Otra denuncia se refirió a la disparidad de la edad legal según la legislación israelí, que es de 18 años para los israelíes y de 16 para los palestinos.
El Comité también se mostró sorprendido de que la llamada "prisión administrativa" (sin juicio) fuera calificada por Israel de "excepcional", cuando "900 palestinos están bajo esa detención administrativa desde 2007".
Mariño Menéndez señaló que los periodos de detención administrativa son "excesivamente largos" y pueden durar desde semanas hasta meses sin que se presenten cargos contra el detenido.
Denuncia ONU centro de detención y tortura en Israel. La denuncia fue presentada la víspera por el Comité contra la Tortura (CCT), conformado por 10 expertos independientes, que presentó un informe al representante de Israel en el que denuncia "quejas sobre torturas".
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miércoles, 06 mayo, 2009
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas denunció la existencia en Israel de un centro de detención denominado "instalación 1391", utilizado por la inteligencia judía para interrogatorios y probablemente para infringir torturas.
La denuncia fue presentada la víspera por el Comité contra la Tortura (CCT), conformado por 10 expertos independientes, que presentó un informe al representante de Israel en el que denuncia "quejas sobre torturas".
"El comité ha recibido quejas sobre torturas, malos tratos y condiciones de detención deficientes en esas instalaciones", advirtió el presidente del comité, Fernando Mariño Fernández.
Señaló que la "instalación 1391 se localiza en un lugar indeterminado de Israel, inaccesible para el Comité Internacional de la Cruz Roja".
Indicó que entre 2001 y 2005 se registraron 600 denuncias por torturas y "ninguna de ellas ha sido investigada".
Mariño Fernández preguntó si existía en el país el "reconocimiento tácito" de que sus servicios de seguridad podían emplear métodos de tortura debido al conflicto con los palestinos.
El grupo de expertos también denunció la práctica de "asesinatos selectivos en Gaza y Cisjordania", la violencia de los residentes judíos en los territorios ocupados y en las "detenciones administrativas" de 900 palestinos desde 2007.
En la reunión vespertina de este miércoles del Comité contra la Tortura, el representante de Israel deberá responder estas denuncias y aclarar los casos relacionados a la llamada "instalación 1391".
Notimex
La ONU exige a Israel reparaciones por los bombardeos a sus instalaciones en Gaza.
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miércoles, 06 mayo, 2009
La ONU exigió hoy a Israel el pago de reparaciones por los daños que causó a sus instalaciones durante su ofensiva militar en Gaza y que una comisión investigadora atribuyó a la "negligencia y la imprudencia" del Ejército hebreo.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró que considera a Israel responsable de los daños valorados en 10,5 millones de dólares que sufrieron escuelas, clínicas y oficinas del organismo internacional a causa de los bombardeos hebreos del territorio palestino.
"Vamos a pedir reparaciones", aseguró Ban en una conferencia de prensa posterior a la publicación de un informe de la comisión que investigó nueve ataques sufridos por personal e instalaciones de Naciones Unidas durante en diciembre y enero pasados.
El secretario general de la ONU indicó que el documento señala a los israelíes como "la causa innegable" de los bombardeos (algunos de ellos con fósforo blanco), de tres escuelas, una clínica y la sede en Gaza de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).
Sin embargo, descartó seguir la recomendación de los autores del informe de poner en marcha una investigación imparcial de las supuestas violaciones del derecho internacional cometidas en Gaza y el sur de Israel durante las hostilidades.
"Mi intención es abordar cualquier otro incidente vinculado al personal de la ONU caso por caso, y mediante un diálogo con el Gobierno de Israel", indicó Ban, que agradeció a las autoridades israelíes su colaboración en esta investigación.
El informe, que fue entregado a los quince miembros del Consejo de Seguridad, es un sumario de un documento más amplio de 184 páginas que no se hará público porque contiene información confidencial, agregó.
La comisión, integrada por cuatro miembros, fue nombrada en febrero pasado por el secretario general, que colocó a su frente al ex presidente de Amnistía Internacional Ian Martin.
En el informe se afirma que Israel fue el responsable de siete de los nueve ataques investigados, que se saldaron con cerca de 50 muertos, y que en dos de ellos empleó fósforo blanco.
Asimismo, los autores del informe acusan al Ejército israelí de no adoptar las precauciones, ni realizar el esfuerzo necesario, para asegurar el respeto de la inviolabilidad de la ONU y proteger a los miles de civiles que se refugiaron en sus inmuebles.
La comisión concluye que "en la actuación del Ejército israelí se encuentran varios niveles de negligencia e imprudencia con respecto a las instalaciones de Naciones Unidas y la seguridad de su personal y otros civiles".
El informe afirma que el Ejército israelí fue "indiscutiblemente" el autor de los bombardeos contra tres escuelas y una clínica de UNRWA, así como la sede en Gaza de esta organización.
También responsabiliza a soldados israelíes de los disparos contra un convoy con ayuda humanitaria de esa misma agencia, así como de la destrucción del despacho en Gaza del enviado especial de la ONU para Oriente Medio.
En cuanto a los otros dos incidentes restantes, en uno no pudo determinar de dónde partió el fuego, y en el otro contra un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA), lo atribuyó a un cohete del movimiento radical islámico Hamás.
La comisión advirtió que no pudo esclarecer todas las circunstancias relacionadas con estos incidentes, en particular el bombardeo el 6 de enero de las inmediaciones de una escuela de UNRWA en Jabalia, en el que perecieron más de 40 personas.
Así mismo, pidió que se investigue la posible vulneración del derecho internacional por el uso de proyectiles con fósforo blanco en zonas pobladas y que asegura que se empleó en dos de los bombardeos contra instalaciones de Naciones Unidas.
"El personal de la ONU y todos los civiles dentro de sus instalaciones, así como los civiles en las inmediaciones, deber estar protegidos de acuerdo a las reglas y los principios del derecho humanitario internacional", recuerda el documento.
Por su parte, el Gobierno israelí calificó el contenido del informe de "tendencioso" y consideró que fueron ignorados los hechos que se presentaron a los integrantes de la comisión.
La ofensiva contra Hamás llevada a cabo por el Ejército israelí entre el 27 de diciembre y el 17 de enero pasados se saldó con 1.400 palestinos muertos y 5.000 heridos.
Los cohetes lanzados por milicianos palestinos desde Gaza contra localidades israelíes causaron heridas a 13 civiles.
Informe de la ONU denuncia que Israel atacó intencionalmente refugios en Gaza. El documento establece que Israel utilizó fósforo blanco y causó daños superiores a los 10 millones de dólares.
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miércoles, 06 mayo, 2009
Un informe interno de las Naciones Unidas acusó a Israel de haber disparado intencionalmente contra instituciones de la Unrwa (la agencia de la ONU para los refugiados palestinos) durante la operación "Plomo Fundido" en la Franja de Gaza.
El documento establece que Israel fue responsable de siete ataques a escuelas e instalaciones de la ONU, en los que usó fósforo blanco y causó daños superiores a los 10 millones de dólares.
"La comisión halló que el gobierno de Israel es responsable de la muerte y las heridas que se produjeron dentro de las instalaciones de Naciones Unidas, así como de los daños físicos que se causaron a las instalaciones y propiedades de la ONU en estos incidentes", señala el documento.
El Ministerio del Exterior israelí rechazó el contenido del texto, al que calificó de "tendencioso, totalmente no equilibrado, y ciego frente a los hechos", informó hoy el periódico Yediot Ahronot.
El informe, realizado por Ian Martin, acusó a Israel de haber hecho un uso excesivo de la fuerza y de haber golpeado a civiles palestinos sin que fuera indispensable.
La publicación del informe coincide con la reunión de hoy en la sede de las Naciones Unidas entre el presidente israelí, Shimon Peres, y el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon.
La operación militar israelí contra Hamas en la Franja de Gaza, comenzó a fines de diciembre y concluyó el 18 de enero, y causó cerca de 1.400 palestinos muertos.
ONU critica a Israel por Gaza (version BBC)
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miércoles, 06 mayo, 2009
Una investigación de las Naciones Unidas (ONU) responsabiliza al ejército israelí de seis de los nueve ataques producidos contra sus instalaciones -incluyendo bombardeos a escuelas y al cuartel general de la organización- durante la ofensiva militar contra los militantes palestinos en la Franja de Gaza.
El documento difundido este martes sostiene que las acciones israelíes violaron el acuerdo de que los edificios de la ONU y aquellos que buscaban refugio en ellos debían ser inmunes a cualquier ataque, lo que causó muertos y heridos entre su personal y la población civil.
La corresponsal de la BBC en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Laura Trevelyan, indicó que se trata de un documento muy crítico con Israel, no sólo contra las acciones militares en el terreno sino también contra las explicaciones y justificaciones brindadas luego por las autoridades israelíes.
El Ministerio de Exteriores israelí tachó al informe de "tendencioso y claramente sesgado tanto en espíritu como en el lenguaje" y agregó que los autores del documento "ignoran los hechos presentados ante el comité".
"La comisión ha preferido las posiciones de Hamas, una organización terrorista y asesina, y haciendo eso está engañando a la opinión pública", dice el comunicado oficial.
Las Naciones Unidas responsabilizaron también a los militantes palestinos -probablemente de Hamas- de lanzar un cohete contra uno de sus almacenes.
Admisión y compensación
El informe de la ONU quiere además que Israel "reconozca formalmente" la falsedad de su acusación de que militantes palestinos disparaban desde una de las escuelas de la organización y desde el interior del cuartel general de la misma.
El texto también recomienda que las Naciones Unidas soliciten una compensación apropiada por el daño contra sus propiedades, que calculan en US$10 millones.
La comisión investigadora también llama la atención al ejército israelí por el uso de casquetes de fósforo blanco cerca de escuelas de la organización, algo que los investigadores consideraron "un desprecio temerario" por la seguridad de los civiles.
Además, sugiere que sea objeto de otro informe si los soldados israelíes y los militantes palestinos cometieron crímenes de guerra durante los enfrentamientos.
El presidente de Israel, Shimon Peres, culpó al equipo de investigadores de defender sólo "un lado" del conflicto, pero confió en la intervención del secretario general de la organización, Ban Ki-Moon, según dijo en Washington donde visitó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Una investigación oficial confirma la responsabilidad israelí en los ataques a la ONU en Gaza. El informe documenta los abusos cometidos por el Ejército israelí durante la ofensiva militar en la franja de Gaza entre el 27 de diciembre y el 18 de enero pasados, denominada "operación Plomo Sólido".
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jueves, 07 mayo, 2009
Israel fue responsable de siete ataques a escuelas e instalaciones de la ONU que albergaban a civiles en su interior durante su ofensiva militar contra Gaza, en los que empleó fósforo blanco y causó daños superiores a los 10 millones de dólares, según el informe de una comisión del organismo mundial cuyo resumen fue divulgado este martes.
"La comisión concluyó que el Gobierno de Israel es responsable de la muerte y las heridas que se produjeron dentro de las instalaciones de las Naciones Unidas, así como de los daños físicos que se causaron a las instalaciones y propiedades de la ONU en estos incidentes", afirma el documento.
El informe documenta los abusos cometidos por el Ejército israelí durante la ofensiva militar en la franja de Gaza entre el 27 de diciembre y el 18 de enero pasados, denominada "operación Plomo Sólido".
Su contenido será debatido por el Consejo de Seguridad el próximo jueves, según anunció el presidente en funciones del órgano de la ONU, el ruso Vitali Churkin.
Tras conocerse las críticas del gobierno de Israel, que tildó el informe de "partidista", el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, remarcó en su encuentro mensual con la prensa la "naturaleza independiente" de los miembros que realizaron el documento y remarcó que no tiene carácter judicial, por lo que dijo que no iba a llevar la investigación más allá.
"Quería enfatizar -dijo- que el comité responsable de la investigación no es un órgano o corte judicial. No extrae conclusiones legales y no considera cuestiones sobre responsabilidad legal".
La comisión de investigación sobre los incidentes en Gaza que redactó el documento está encabezada por Ian Martin (Reino Unido), a quien asisten Larry Johnson (EEUU), Sinha Basnayake (Sri Lanka) y Patrick Eichenberger (Suiza). Comenzó su labor el pasado 12 de febrero de 2009.
Según Ban, el objetivo de la investigación era "desarrollar un análisis claro de los hechos alrededor de estos serios incidentes y sus causas y determinar dónde radica la responsabilidad". "No es mi intención llevar a cabo otra investigación", añadió.
El secretario general explicó que decidió entregar un resumen y no el informe completo al Consejo de Seguridad porque contiene cierta información que si se diera a conocer "podría perjudicar la seguridad o la conducta apropiada de las operaciones de la ONU".
El resumen de la investigación, de 184 páginas, fue remitido al Consejo de Seguridad de la ONU con un añadido de Ban Ki-moon, donde señala que Israel ha accedido a reunirse con funcionarios de la ONU para discutir la puesta en marcha de las recomendaciones realizadas por el comité de tres miembros.
En el informe, los miembros del comité piden a Naciones Unidas que tome medidas apropiadas con respecto a Israel y exijan reparaciones por las muertes y los daños causados al personal de la organización y sus instalaciones. En el ataque israelí contra el colegio de Yabalia, gestionado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), murieron entre 30 y 40 palestinos que se refugiaban allí.
El estudio se suma a una lista de duras críticas internacionales a la ofensiva militar israelí que se prolongó 22 días y dejó 1.400 palestinos muertos, y 5.000 heridos, así como 13 israelíes.
Israel, que no ha asumido su responsabilidad moral en la muerte de civiles durante la contienda, ha rechazado, por medio de un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores, "la crítica contenida en el borrador del informe de la comisión". Asimismo, considera que, "tanto en espíritu como en el lenguaje", el informe "es tendencioso, claramente sesgado, e ignora los hechos presentados ante el comité" de la ONU que investigó los hechos.
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