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De nuevo vuelve a la palestra el tema de las pensiones. Un informe del Gobernador del Banco de España plantea la necesidad de afrontar una serie de reformas estructurales y ¡cómo no! entre ellas aparece la del sistema de pensiones.

En los últimos días se ha podido escuchar el riesgo de que esté próximo el momento en que el sistema actual no pueda atender el pago de las pensiones. Veamos: lo primero que hay que hacer es precisar si se está hablando de cambiar radicalmente el modelo que soporta el sistema de pensiones que tenemos en España, o se quiere decir que hay que mantener el actual sistema pero aplicando medidas correctoras que eviten los problemas de futuro que se avecinan.

Empezando por la primera reflexión, hay que precisar que existen dos modelos distintos para concebir el sistema de pensiones: el modelo de ‘capitalización’ y el de ‘reparto’.

En el modelo de capitalización cada trabajador va aportando a lo largo de su vida laboral un porcentaje de su sueldo a un fondo de pensiones, con el objetivo de constituir un capital que le permita, en el momento de su jubilación, asegurar un rendimiento suficiente para cubrir sus necesidades económicas. Es una concepción racional, ahorrar hoy para disfrutar mañana, en la que se apoya cualquier modalidad de seguro que pretenda funcionar de manera correcta y con unos principios sanos de financiación. Se constituye un capital, formado con el esfuerzo personal según sus posibilidades y sus deseos (con unos mínimos obligatorios), que le permitirá recoger el fruto del mismo cuando deje de trabajar.

En el modelo de reparto se abandona la racionalidad financiera y se escoge el principio de solidaridad. Solidaridad intergeneracional: una generación en activo, con sus cuotas a la seguridad social, sufraga el monto de las pensiones a otra generación que está en situación pasiva, ya jubilada. Una generación, por tanto, no depende de lo que haya hecho por sí misma sino de lo que la generación más joven y en activo sea capaz de financiar. Suena muy bien y resulta socialmente bien acogido este enfoque.

El problema evidente que plantea es el siguiente: ¿Qué pasará cuando haya más personal pasivo que activo? Es decir, cuando las cotizaciones no puedan hacer frente al monto de las pensiones. O lo que es lo mismo, si se mantiene la tendencia demográfica actual, el personal en activo disminuyendo y el pasivo aumentando, sólo quedaría calcular la fecha exacta en que se produciría la quiebra del sistema, si se mantienen las variables de cálculo que se prevén en la actualidad.

Problemas de difícil resolución

¿Cambiar de sistema? Aunque sería una opción racional, e incluso aconsejable, presenta muchos problemas técnicos, económicos e ideológicos muy difíciles de resolver y, por el momento, los partidos políticos no se atreven a afrontarlos. La segunda alternativa consiste en tomar decisiones que palien el problema, del estilo de las que se adoptaron en 1995 en el Pacto de Toledo. Sólo caben dos tipos de medidas:

1.- Incrementar el número de años para el cálculo de la base reguladora, que es la que determina el monto de la pensión, hasta llevarlo a toda la vida laboral, de manera que la pensión que se obtenga, sea la menor posible. Esta medida supondría que las personas que se vayan a jubilar en el futuro, percibirían una cantidad menor de la que hoy, en el caso de jubilarse, percibirían. De esta forma, el problema que genera el sistema de reparto se intenta resolver traspasando al ciudadano su coste, al cobrar una pensión inferior, y se le anima, eso sí, a que suscriba un fondo privado para que complemente la ‘disminuida’ pensión que le vaya a corresponder. En estos momentos, los años de cálculo son quince y se está hablando de llevarlo a toda la vida laboral.

2.- Atrasar la edad de jubilación. Ésta es una medida que se debería impulsar de manera decidida. El aumento que ha experimentado la edad media de vida aconseja incrementar los años que se consideran para la jubilación normal. Es decir, los 65 años han quedado desfasados y la lógica aconsejaría fijar los 70 años como edad de jubilación o, lo que sería mejor aún, crear la jubilación flexible entre los 65 y los 75, de manera que cada persona, en función de su condición física y psíquica, llegara a un acuerdo con la empresa para elegir el momento más adecuado para jubilarse.

3.- Impulsar medidas que ayuden a incrementar el número de personas que cotizan a la Seguridad Social. Entre otras, la disminución del paro, la incorporación al mercado de trabajo de la mujer, de los inmigrantes, aunque sólo se podrá lograr en las fases expansivas de la Economía.

Lo que resulta difícilmente comprensible es que una persona que haya cotizado puntualmente a lo largo de su vida laboral pueda llegar en algún momento a escuchar cuando acuda a la ventanilla del pago de las pensiones, algo similar a lo siguiente: “Lo siento mucho, pero el sistema no puede pagarle, porque no hay nadie en activo que con sus cotizaciones le cubra el importe de su pensión”. “Oiga, dirá el desconcertado personaje, ¿cómo es posible que después de estar cotizando toda mi vida laboral ahora me diga Ud. que no puedo cobrar lo que me he ganado en tantos años de trabajo?” El problema, además de sin sentido, es profundamente injusto y obligaría a encontrar alguna solución extraordinaria para evitar una movilización ciudadana generalizada.

Sandalio Gómez López-Egea

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