El ex-presidente del gobierno de España, José Mª Aznar, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad por la violación fragrante de toda la compilación legal de derecho internacional público por su complicidad activa y participación directa en la ocupación ilegítima de Irak, ha estado estos días entrevistándose con su correligionario Álvaro Uribe, una de las piezas claves en la política contrarrevolucionaria imperialista en América Latina.
En una entrevista concedida al periódico colombiano El Tiempo, el actual presidente de FAES, Fundación destacada por la Universidad de Pensylvania en un informe conocido como "Think Tanks y sociedad civil" como una de las cincuenta más importantes "fábrica de ideas" del mundo y la primera española, ha arremetido contra los países vecinos de Colombia acusándolos de cobijar a la guerrilla de las FARC-EP, de justificarla y compartir sus causas y sus intereses. Aznar no ha tenido empacho en decir que hay países como Venezuela, Ecuador o Bolivia que "a través de procedimientos democráticos han vaciado a la democracia de contenido y la han convertido en sistemas autoritarios". Estas afirmaciones por parte del ex-presidente de gobierno español son inquietantes y muy peligrosas en la medida en que señalan vías para justificar una posible intervención de EEUU y sus aliados europeos en la zona con la excusa de combatir a supuestas "organizaciones terroristas" y "Estados totalitarios" que estarían amparándolas.
La FAES está en contacto con los principales centros de pensamiento político de EEUU y ya en el año 2007 publicó el documento "América Latina: una agenda para la libertad" en el que establece de manera nítida cómo "América Latina es una parte sustancial de Occidente". En el mismo documento se dice textualmente que "América Latina debe incorporarse a la cooperación transatlática entre Europa y América del Norte y debe cooperar en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo internacional junto a Europa y América del Norte, mediante la creación de una asociación estratégica entre la OTAN y Colombia". En el citado informe se destaca siempre a Colombia como representativa de la definición correcta de lo que entienden por democracia.
Colombia tiene como presidente de gobierno a una persona que ha sido elegida con la participación electoral de sólo el 45,05% de los ciudadanos colombianos inscritos en el censo electoral en las últimas elecciones y que ha conseguido su presidencia y reelección mediante mecanismos de compra de votos y connivencia expresa con las organizaciones criminales de narcoparamilitares. De hecho, la Corte Suprema del país tiene enjuiciado a un amplísimo número de senadores vinculados a la coalición del gobierno y a miembros destacados de organismos del Estado por este motivo. Todo ello, mencionando de pasada el terror impuesto con la "seguridad democrática" que Álvaro Uribe ha puesto en marcha en su lucha contrainsurgente dentro de territorio colombiano y que hace poco expresó llevaría a todos los rincones del mundo en busca de los que considera partidarios del ELN y las FARC-EP.
El presidente de Colombia cuenta de manera evidente con la complicidad y, al menos, el apoyo mediático de este ex-presidente de gobierno español acusado igualmente de crímenes de lesa humanidad.
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En un acto profundamente inmoral y provocador, que se celebrará en Madrid (España), en Casa de América el 29 de abril a las 11 horas, le será entregado personalmente al Presidente de Colombia Alvaro Uribe Vélez el Premio “Cortes de Cádiz a la Libertad”. Como colofón de su extraordinaria gira de amistad –mercado, se reunirá a manteles en los refinados clubes de conspiración económica con los magnates empresarios españoles, alucinados por siempre con la rica orografía de Colombia, sempiterno “Dorado” codiciado, y la robustez productiva de los brazos “esclavos” colombianos.
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lunes, 27 abril, 2009
Excelentes lugares para programar entre bastidores una nueva subasta de territorios y bienes colombianos, de la que nuevamente obtendrán y compartirán jugosos beneficios los indomeñables “conquistadores” hispanos de acá y los criollos cipayos de ultramar, acullá. Suculento banquete , que contribuirá generosamente a hacer más ligera la crisis económica del reino español a expensas del menor desarrollo y de la soberanía recortada del país latinoamericano humillado.
Uribe arribará a Madrid el martes 28 “en visita oficial”, donde habrá de reunirse con los Gerentes oficiales de las instituciones públicas y privadas españolas, encubridoras y cómplices de su tenebroso sistema de gobierno.
Lleva repleta su agenda de actividad exterior: Palacio gubernamental de la Moncloa, Palacio real de la Zarzuela, palacio de las otras Cortes o del Congreso de los Diputados, y en la que no faltarán los agasajos interesados de la real burguesía española.
Como colofón de su extraordinaria gira de amistad –mercado, se reunirá a manteles en los refinados clubes de conspiración económica con los magnates empresarios españoles, alucinados por siempre con la rica orografía de Colombia, sempiterno “Dorado” codiciado, y la robustez productiva de los brazos “esclavos” colombianos.
Excelentes lugares para programar entre bastidores una nueva subasta de territorios y bienes colombianos, de la que nuevamente obtendrán y compartirán jugosos beneficios los indomeñables “conquistadores” hispanos de acá y los criollos cipayos de ultramar, acullá.
Suculento banquete, que contribuirá generosamente a hacer más ligera la crisis económica del reino español a expensas del menor desarrollo y de la soberanía recortada del país latinoamericano humillado.
El escenario escogido para galardonarlo está lejos del lugar de origen de las Cortes y del Premio.
Por lo menos eso.
Lejos de la Alameda de Apodaca, el espléndido paseo de Cádiz, la “tacita de plata”, por donde el Libertador Bolívar, aún no soldado bolivariano, paseando en sus ratos de sosiego militar, rumiaba las consignas de libertad y derechos humanos que traían por el mar a esta ciudad milenaria los portadores de las ideas libres y las nuevas concepciones del Estado.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), junto con otras 150 organizaciones, entre los que se encuentran la Asamblea Internacional por la Paz de Colombia; la Plataforma Colombiana por los Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Asociación para la Defensa de la Libertad Religiosa o Mujeres por La Paz de Madrid, entregaron en el Ayuntamiento de Cádiz un memorando solicitando a la Alcaldesa el retiro del premio a Uribe.
Aluden en su escrito a que son contrarios a este galardón, que “denigra al propio premio llamado “Cortes de Cadiz: a las libertades”, porque Uribe "es casi un dictador capaz de manipular al Parlamento para intentar perpetuarse en el poder" ... "no es un buen ejemplo de democracia, libertades y derechos humanos en América Latina".
Recién conocido el otorgamiento del Premio, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en un comunicado hecho público el 12 de enero, se lamentaba de “que la buena iniciativa de establecer el Premio Cortes de Cádiz a la libertad se haya visto empañada por la elección como primer destinatario de esta distinción a un personaje de trayectoria controvertida, por no decir oscura, en materia de Derechos Humanos en su propio país”.
Manifestaba que “de todos es conocida la complacencia con la que el galardonado convive con los grupos paramilitares colombianos y la corrupción que salpica a su gobierno y en la que están implicados numerosos diputados de su partido, sin hablar de las ya reconocidas matanzas perpetradas por su ejército”.
Concluía el documento:
“Si este es el primero, ignoramos quien va a aspirar a ser el segundo. Es un oprobio para el pueblo de Cádiz y un descrédito para el recién inaugurado Premio Cortes de Cádiz a la libertad, concederle el primero de estos premios al personaje de Uribe y a las prácticas políticas y sociales que representa”.
Nada va a impedir la consagración de un acto injustificable que hiere la dignidad y la conciencia moral de los millones de campesinos, indígenas y negros desplazados de extensos territorios del país por el terror de los paramilitares amparados por la cúpula militar y por el Gobierno; de los torturados, desaparecidos y asesinados por el terror de Estado de la “seguridad democrática” del régimen, denunciado y condenado por todos los organismos de derechos humanos y asociaciones de juristas, nacionales e internacionales; de los cientos de colombianos: sindicalistas, profesionales y dirigentes políticos residentes en España y en Europa, amenazados, perseguidos y huidos.
Frente a los crímenes del gobierno colombiano y de su siniestro personero narco-para-militar, se yergue entronizada en el reino de España una especial Razón de Estado, de amparo primordial a los intereses económicos trasatlánticos de la gran burguesía inversora y exportadora española, “vitales” al reino, para tolerar y encubrir las ignominias del ilustre presidente galardonado.
Peculiar razón de Estado, bien empotrada en el alma política del paradigmático Estado-mercader español, tal cual se presenta.
Hugo Gomez
Uribe recibió premio en España en medio de fuertes protestas. Con pancartas donde podían leerse slogans como ''Uribe Parademócrata, España Cómplice'' y ''Uribe Asesino'', alrededor de 200 personas se manifestaron en Madrid, frente a la embajada de Colombia para repudiar la entrega del premio ''Córtes de Cádiz a la Libertad'', al presidente colombiano Álvaro Uribe.
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sábado, 02 mayo, 2009
Para el abogado español Enrique Santiago Romero, experto en DDHH e integrante de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, que confirma un incremento de las ejecuciones extrajudiciales en ese país desde la implementación de la Política de Seguridad Democrática impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe desde 2002, ''la entrega del premio de DDHH de la ciudad de Cádiz es un insulto a la inteligencia, un descrédito absoluto para el citado premio y un ofensa a los defensores de los Derechos Humanos, sencillamente porque Uribe está acusado de vulneración y violación sistemática de los DDHH, tanto en su mandato como Gobernador de Antioquia como en sus dos mandatos presidenciales. Además de que se lo sindica como instigador de grupos paramilitares y como responsable de haber ordenado varias masacres.También rechazaron el otorgamiento del premio más de un centenar de organizaciones de todo el mundo que señalan al mandatario colombiano como ''cómplice'' de delitos de lesa humanidad.
El Premio ''Cortes de Cádiz a la Libertad'', fue concedido por el Ayuntamiento de la ciudad de Cádiz en reconocimiento a la labor del mandatario contra el terrorismo, en una ceremonia presidida por los Príncipes de Asturias y celebrado en la residencia del embajador de Colombia en España, en Madrid. Uribe recibió el premio de manos de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, del Partido Popular (PP) y posteriormente lo dedicó a los ''miles de soldados y policías mutilados'' por las minas antipersonales en Colombia, y a sus familias.
Aunque obtuvieron escasa repercusión mediática, las quejas de los numerosos colectivos que rechazaron la concesión del premio a Uribe surtieron eco y obligaron a trasladar de sitio la ceremonia por lo menos en dos ocasiones. En principio, el acto de entrega del premio iba a tener lugar en la austral ciudad de Cádiz, pero ante las anunciadas movilizaciones en protesta de este hecho, ''la alcaldesa del lugar, no se atrevió a entregarlo allí'', detalla Fran Pérez Esteban, Secretario de Derechos Humanos y Solidaridad Internacional de Izquierda Unida de España. Posteriormente, se convino que la ceremonia se haría en Casa de América -ubicada en una de las zonas más céntricas y turísticas de Madrid-. Lo cierto es que ''las asociaciones defensoras de los DDHH hemos logrado `arrinconar' a Uribe en su propio territorio y que no le quedó otra opción que recibir este premio en la misma embajada de Colombia, es decir en territorio colombiano, cuando seguramente, para él, hubiera sido todo un logro recibirlo en la sede oficial del Ministerio de Exteriores'', agrega Pérez Esteban.
Por su parte, la Fundación Madrid Paz y Solidaridad de CCOO señaló, comunicado mediante, que quien concede el premio al ejecutivo colombiano ''ignora la realidad de falta de libertades y de violaciones de derechos humanos existente en Colombia''.
La entrega del premio fue considerado como un ''agravio'' para los refugiados colombianos en España, ''y para las familias de los muertos en Colombia'', explica Teófilo Rangel, refugiado colombiano y secretario general del Centro Internacional para la Promoción, Protección e Investigación de los Derechos Humanos en España (CINPROINDH). Rangel consideró también que quienes entregaron este premio Uribe ''desconocen absolutamente la historia de Colombia y de este personaje -en referencia al presidente Álvaro Ubirbe''. Por su parte, y según agrega Santiago Romero, ''no hay duda de que la alcaldesa de Cádiz ha querido realizar una descomunal provocación a los defensores de los derechos humanos, otorgando un premio en DDHH a una persona responsable de la comisión de sistemáticos crímenes de Lesa Humanidad. Y ello sin entrar en valorar las responsabilidades de Uribe por las prácticas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia -denunciadas por la ONU, por la OEA y por varias misiones de observación y reconocido por el propio gobierno colombiano''.
Alrededor de las 12.15 del mediodía, los efectivos de la Policía Nacional disolvieron la concentración frente a la Embajada de Colombia, en Madrid, en contra de la concesión del premio Cortes de Cádiz a la libertad otorgado al presidente de este país.
Según la policía la concentración no había sido autorizada en este sitio. Aunque Franz Pérez, de Izquierda Unida, explicó a Telesur que ''la manifestación estaba autorizada en el lugar donde en principio se iba a efectuar la entrega del premio, es decir en Casa de América, pero que a última hora se cambió a la Embajada de Colombia sin que se volviera a autorizar, en este nuevo emplazamiento''.
Entre los manifestantes, había integrantes de UGT, Izquierda Unida, Justicia por Colombia, Cristianos de Base y Ecologistas en Acción colectivos de refugiados colombianos, el Comité Óscar Romero y de CCOO. Esta última organización, también rechazó, comunicado mediante, la concesión del premio a Uribe porque ''tres de cada cuatro sindicalistas asesinados en el mundo son de Colombia''.
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Diario El País decide prestarse como órgano propagandístico para la reelección de Uribe. El diario español "El País", propiedad del Grupo PRISA, con fuertes intereses en Colombia, publica este jueves una "noticia" titulada "las empresas españolas apuestan por la reelección de Álvaro Uribe". Ni una palabra sobre las ejecuciones extrajudiciales, los vínculos de Uribe con el narco-paramilitarismo, y los escándalos de las escuchas del DAS.
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sábado, 02 mayo, 2009
El diario español "El País", propiedad del Grupo PRISA, con fuertes intereses en Colombia, publica este jueves una "noticia" titulada "las empresas españolas apuestan por la reelección de Álvaro Uribe", en la que destaca que en su visita al Reino de España, "el mandatario colombiano se ha llevado consigo el visto bueno de las empresas españolas presentes en Colombia a su posible reelección el próximo año, aún sin dilucidar". Ni una palabra sobre las ejecuciones extrajudiciales, los vínculos de Uribe con el narco-paramilitarismo, y los escándalos de las escuchas del DAS.
Reproducimos a continuación apartes de la información-propaganda del diario El País:
"Al término del encuentro que mantuvo con los empresarios ayer por la mañana, el presidente de las Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro, aseguró que la posibilidad de que Uribe se vuelva a presentar -lo que supondría, en caso de ganar, un tercer mandato, y para lo cual es necesario una reforma constitucional- "es una buena noticia".
"[Uribe] ha demostrado que cumple sus promesas, lo que, a su vez, da seguridad a las empresas", afirmó Gómez-Navarro tras una reunión con el presidente colombiano, "un gran conocedor de la realidad de su país y de las inversiones españolas". Asimismo, reconoció que el mandatario aportó información "muy valiosa" de la situación económica de su país a los empresarios, que han asumido "muchos riesgos" para invertir en Colombia. El presidente de las Cámaras recordó, a la salida del acto, que Colombia ha sido el único país latinoamericano que jamás ha renegociado su deuda y, a pesar del daño que ha hecho el terrorismo, Uribe ha logrado que las empresas recuperen la confianza para que acudan al país sin ningún temor.
Al encuentro con los empresarios, que según la delegación colombiana desbordó las previsiones, asistieron, entre otros, presidentes y consejeros del Grupo PRISA (editor de EL PAÍS), Endesa, Iberia, Telefónica Latinoamérica, BBVA y Cepsa.
Al concluir el acto, el presidente colombiano se entrevistó en la Embajada de Colombia con el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, a quien reconoció que la situación económica española, debido a la crisis, está afectando a Colombia, ya que España es el segundo país inversor, informa Efe. Como ya ocurrió el martes por la tarde con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Uribe también abordó con Rajoy la lucha antiterrorista, con especial énfasis en la que mantiene su país con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Uribe, galardonado
Esa labor contra el terrorismo ha propiciado que el Ayuntamiento de Cádiz concediese a Uribe el Premio Libertad Cortes de Cádiz, un obsequio criticado por más de 150 colectivos, que opinan que premiar a Uribe, a quien consideran "autoritario" y "cómplice" de delitos de lesa humanidad, por ese motivo es insultar a los derechos humanos.
En su discurso de agradecimiento, muy similar al que ofreció el día anterior en un coloquio organizado por el Foro de la Nueva Economía, Uribe ofreció el premio a los cerca de 1.700 "soldados y policías" de su país mutilados por las minas antipersonas, y que aún se encuentran en algún hospital militar de Colombia recuperándose".
Ésta es solamente una muestra de cómo un diario que se vendió en su día como un medio independiente, se pliega a los intereses empresariales para no informar de las protestas que hubo en Madrid, exigiendo que le retiraran los honores, por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que la política de "seguridad democrática" promovida por el presidente Álvaro Uribe promueve en Colombia, entre ellas las más de mil ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos asesinados por el ejército y presentados como guerrilleros caídos en combate en el marco de la "lucha antiterrorista" y los probados vínculos del uribismo con organizaciones criminales paramilitares, responsables de incontables masacres y del desplazamiento forzado de millones de colombianos, además de delitos de narcotráfico, por cierto.
Con respecto al tema de la reelección presidencial, llama poderosamente la atención el doble rasero que sin ningún pudor exhibe el diario El País, distinguiendo entre presidentes que "aspiran a la reelección" y presidentes que "concentran el poder".
Véase si no, el editorial de El País del 17 de febrero de este año, tras el triunfo de la reforma constitucional que abrió en Venezuela la posibilidad de postularse sucesivamente a la reelección de los cargos públicos, sin otro límite que la voluntad popular expresada en las urnas.
O, sin ir más lejos, véase en la edición de ayer, el artículo de Miguel Ángel Bastenier, editorialista y ex responsable de internacional del diario, titulado gráficamente: "Correa, centro del mundo". Vale recordar la respuesta que certeramente le dedicó Pascual Serrano al mismo columnista, por haberse dedicado a insultar a los presidentes latinoamericanos democráticamente elegidos que no son del gusto del periódico, vale decir, del capital, español.
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Eurodiputados reclaman que la UE investigue violación de derechos humanos en Colombia. En un encuentro de debate el miércoles 29 de abril entre parlamentarios, sindicalistas internacionales, políticos, indígenas y trabajadores colombianos, convocada por el presidente de la Comisión de de Comercio Internacional de la eurocámara Helmut Markov, parlamentarios europeos concluyeron que la UE no puede firmar un acuerdo comercial con Colombia sin que antes se investigue desde su seno, la violación a los derechos humanos y la situación de los sindicalistas en ese país.
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sábado, 02 mayo, 2009
¿Puede la UE firmar un TLC con Colombia, traicionando sus principios en materia de derechos humanos?
Esa fue la pregunta que rondó durante las tres horas de este debate, previo a la tercera ronda de negociaciones que realizará Europa con el gobierno colombiano entre el 5 y el 8 de mayo próximos. “Ese acuerdo no se ajusta a los valores de la UE”, subrayó el presidente de la Comisión de Comercio Internacional, Helmut Markov. Por su parte, Gabriela Cretu, eurodiputada también y vicepresidenta de la Delegación para los países andinos, señaló que para firmar el TLC con Colombia, no se puede obviar “que el Parlamento Europeo tiene un compromiso con los valores de la UE”.
En este encuentro se puso de relieve que Colombia es el país en el que más sindicalistas se asesina en el mundo y en el que más se ha destruido el tejido sindical. A manera de ejemplo, la CUT, la principal central de trabajadores colombianos llegó a tener millón y medio de afiliados, y hoy, debido a su aniquilamiento, únicamente cuenta con 420.000, sin que el gobierno de Álvaro Uribe haya hecho nada para frenar la ola de asesinatos contra sus miembros, y sí, por el contrario, dedicarse a obstruir la creación de nuevos sindicatos; su administración ha denegado hasta 515 solicitudes.
El laborista Richard Howitt, pidió que la Comisión Europea abra una investigación para constatar las graves denuncias existentes en Colombia: “Europa no puede dejar todo a la OIT y a Naciones Unidas, y lavarse las manos con lo que pasa allí” mientras que señalaba con dureza que, “aquí no se puede hacer comercio con los derechos humanos”. “Con la actual forma de la negociación de la Comisión Europea”, advirtió el eurodiputado Alain Lipietz, “se está acabando con el prestigio internacional de la UE en materia de derechos humanos”.
En este encuentro entre políticos y sociedad civil europea con trabajadores, indígenas y políticos colombianos, y apoyado por las ONG europeas, FIDH, ALOP, Grupo Sur, Amigos de la Tierra Europa, OIDHACO, Red UE-CAN, Coordinación Belga por Colombia, Justice for Colombia y el Transnational Institute , se escucharon los testimonios de indígenas y trabajadores que, una vez más, denunciaron ante la UE la aniquilación del movimiento sindical en Colombia y la persecución contra las etnias y las minorías por parte de la administración colombiana, al tiempo que solicitaron el respaldo de los europeos para que, de una vez por todas, los derechos humanos en Colombia sean un tema prioritario para Europa. De la misma manera, el sindicato británico Unite y el sindicato de acero de EEUU, que representan 3,6 millones de trabajadores, anunciaron el inicio de una campaña en diversos países europeos para detener la firma del tratado de libre comercio con Colombia.
Gran Bretaña suspende ayuda militar a Colombia. Preocupación por los derechos humanos precipita la decisión. Colombia sostiene que la medida constituye un "duro golpe" para el estamento militar.
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sábado, 02 mayo, 2009
Gran Bretaña ha dado por terminada la ayuda militar que durante una década había venido brindando a las fuerzas armadas de Colombia, ante las acusaciones que pesan sobre ellas por graves violaciones de los derechos humanos, incluido el asesinato de civiles que fueron fusilados y reportados como guerrilleros muertos en combate.
El gobierno colombiano se mostró "extremadamente sorprendido" por la decisión de suspensión de los programas de cooperación bilateral, según declaraciones del Viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, al The Guardian.
El Secretario de Relaciones Exteriores británico, David Miliband, anunció la medida en una declaración escrita a la Cámara de los Comunes durante el mes pasado, afirmando que el Gobierno "comparte la preocupación ... de que hay oficiales y soldados de las fuerzas armadas colombianas que han participado en, o permitido, los abusos".
"Nuestros proyectos bilaterales en materia de derechos humanos con el Ministerio de Defensa de Colombia cesarán", advirtió la declaración.
Los proyectos incluyen un programa de limpieza de minas terrestres que se han llevado a cabo desde el año 2000 y un proyecto de formación en materia de derechos humanos que se inició en 2006. En conjunto, la financiación de los programas ascendió a un total de £ 190.000 al año.
Aunque el valor financiero es relativamente pequeño, la terminación de la ayuda militar británica tiene un significado simbólico para Colombia. Jaramillo llamó a la decisión como un "duro golpe" a las fuerzas armadas de parte de un "gran aliado".
"Ningún otro país europeo ha trabajado tan estrechamente con el ejército como el Reino Unido", dijo.
Los militares colombianos han sido acusados durante mucho tiempo de connivencia con grupos paramilitares ilegales de derecha. Los investigadores están estudiando 1.296 casos reportados sobre ejecuciones de civiles por soldados del ejército, quienes posteriormente vestían las víctimas con uniformes de los rebeldes insurgentes y les plantaban armas para presentarlos como guerrilleros muertos de manera legítima en combate.
El Alto Comisionado de la onU para los derechos humanos calificó esa práctica como "generalizada y sistemática". Muchos de los casos salieron a la luz pública después de una protesta por la suerte de 11 hombres desaparecidos de un suburbio pobre de Bogotá, quienes días después de su desaparición fueron reportados como muertos en combate a miles de kilómetros de su residencia. Veintisiete oficiales, entre ellos tres generales, fueron retirados del servicio activo debido a los asesinatos.
Un portavoz de Relaciones Exteriores dijo que ninguna de las ayudas ha ido directamente a cualquiera de las unidades implicadas en el asesinato de civiles, y añadió que sería "muy lamentable" si así hubiera sido, puesto que el Reino Unido apoya con el programa de formación en sensibilización sobre derechos humanos.
Jaramillo sostiene que precisamente debido a esta situación, "no tiene sentido alguno cortar el apoyo para derechos humanos en este momento crítico".
En noviembre los EE.UU., el mayor donante de ayuda militar a Colombia con cerca de $ 500m (£ 340m) al año, suspendió de la elegibilidad para la financiación a varias unidades del ejército que se creía estaban involucradas en las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos".
Acogiendo con satisfacción la decisión del Reino Unido como "un paso en la dirección correcta", el grupo con sede en Londres, Justicia para Colombia, dijo que lo más significativo de los elementos de la ayuda militar británica en la asistencia a la lucha contra los estupefacientes, no se vio afectada.
El portavoz de Relaciones Exteriores reconoció que continuará trabajando con "algunos miembros de las fuerzas armadas" en los programas contra las drogas. El Reino Unido no revela el valor económico de esta asistencia por “razones de seguridad", dijo.
El Reino Unido también continuará financiando proyectos de remoción de minas a través de la oficina de la onU en Colombia, lo mismo que destinará más de £ 1m para proyectos de derechos humanos con civiles, £ 900,000 para apoyar proyectos de las Naciones Unidas contra las drogas, y £ 250.000 para luchar contra lo que se ha descrito como la impunidad rampante en la justicia, que sufren la mayoría de los colombianos.
En la declaración a la Cámara de los Comunes, Miliband dijo:
"El reto para el gobierno colombiano es garantizar que los principios estratégicos de derechos humanos que hemos contribuido a promover sean asumidos y coherentemente practicados por todos los miembros de sus fuerzas armadas".
Traducido por: Martha Eugenia Botero Terreros
PDA Colombia
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Decenas y decenas de miles de trabajadores, estudiantes, migrantes y organizaciones populares y sociales marcharon este Primero de Mayo, llenando las calles y las plazas de Italia. En las movilizaciones más importantes se destacó un fuerte grupo de participantes que protestaron contra la visita del presidente narco-paramilitar Álvaro Uribe Vélez, quien fue recibido por el Papa, el primer Ministro Berlusconi y la alcaldesa derechista de Milán, Letizia Moratti. Fue precisamente en esta ciudad donde una pancarta gigante, que llevaba la consigna “URIBE FASCISTA USTED ES EL TERRORISTA – FUORI DALL’ITALIA”, fue aplaudida por unos 16.000 manifestantes.
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martes, 05 mayo, 2009
Centenares fueron los que se acercaron al grupo expresando un contundente rechazo hacia Uribe y su gobierno.
Entre ellos Angela, una estudiante de ciencias políticas de 23 años, que dijo:
“La presencia de este criminal en Italia es un insulto a todos los que en nuestro país murieron por culpa de la mafia, es una vergüenza que las instituciones reciban a este narcotraficante”.
Otro colombiano, José, aseguró:
“Soy colombiano, de Medellín, y me acuerdo los tiempos en que Uribe era Gobernador de este departamento, y legalizó a los paracos. Uribe es un criminal y tiene que ser juzgado por la Corte Penal Internacional, ¡gracias muchachos por la solidaridad con mi País!”.
Innumerables los aplausos y las consignas de la gente, así como las fotografías que reporteros de distintos medios sacaron a la pancarta anti-Uribe en la manifestación.
Otras protestas y expresiones de denuncia del indigno papel de las autoridades italianas y vaticanas, culpables de haber recibido al mafioso de la Casa de Nariño, y de condena del terrorismo de Estado en Colombia, tuvieron lugar en Roma y Turín.
Quedó claro que el pueblo italiano sabe quien es Uribe, sabe de las violaciones de los derechos humanos, de los asesinatos de sindicalistas y opositores políticos, de las desapariciones y torturas por parte de un régimen criminal y terrorista.
El mensaje fue muy rotundo y diáfano:
“¡Fuera Uribe de Italia, fuera sus diplomáticos paramilitares!”
Un'altra Colombia è possibile!
El Parlamento Europeo se opone al TLC con Colombia por las violaciones de los derechos humanos.
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jueves, 07 mayo, 2009
La audiencia fue convocada el día 29 de abril por el Presidente de la Comisión de Comercio Internacional de la eurocámara, Helmut Markov, junto con el Presidente de la Delegación para la relaciones con los países andinos Alain Lipietz y la Vice-Presidente de dicha Delegación, Gabriela Cretu. El Senador colombiano Jorge Enrique Robledo, así como otros testigos colombianos e internacionales de la sociedad civil y del sector sindical llamaron la atención del Parlamento Europeo sobre las graves consecuencias de aprobar un tratado de libre comercio (TLC) con Colombia. La audiencia, que se desarrolló durante 2 horas y medio ante un público nutrido, contaba con el apoyo de las organizaciones europeas e internacionales FIDH, ALOP, Grupo Sur, Amigos de la Tierra, OIDHACO, Red UE-CAN, Coordinación Belga por Colombia, Justice for Colombia, Transnational Institute.
El eurodiputado Helmuth Markov, presidente de la Comisión de Comercio internacional, fue categórico en señalar que "ese acuerdo no se ajusta a los valores de la UE". Criticó que la Comisión Europea tenga como principal objetivo de "abrir mercado", en detrimento de la situación de pobreza y de derechos humanos en Colombia". En ese mismo sentido se pronunció la diputada europea Gabriela Cretu, al afirmar que muchos ciudadanos europeos no aceptaban de cerrar los ojos frente a situaciones tan graves como la Colombiana, sólo para el beneficio de algunos. "Lo mejor que la UE puede exporta son sus valores básicos, y en primer lugar los derechos humanos" enunció, antes de concluir "el Parlamento Europeo tiene un compromiso con los valores de la UE".
"No se puede hacer comercio con los derechos humanos" advirtió por su parte el diputado europeo Richard Howitt. Pidió que la Comisión Europea abra una investigación para constatar las graves denuncias existentes en Colombia. "No puede dejar todo en mano de la OIT y de Naciones Unidas, agregó, y lavarse las manos de lo que pasa en Colombia".
En cuanto al presidente de la Delegación de la eurocámara para los países andinos, Alain Lipietz, lamentó la actual inversión de situaciones, entre la UE y los EEUU en la negociación comercial con Colombia. Con la forma actual de negociación, la Comisión Europea "está acabando con el prestigio internacional de la UE en el tema de derechos humanos". "Si no hay un giro, la UE será el "Bush" de los años 2010" concluyó.
El Senador Robledo recordó que si el TLC con EEUU se encontraba paralizado en ese país no era propiamente por razones económicas sino porque el partido demócrata consideraba que el gobierno de Uribe no pasaba un examen de derechos humanos. Además "no hay negociación", agregó, hablando del TLC con la UE, "lo que hay son unas potencias que definen las condiciones para sus empresas, y ésas deben ser aceptadas por Colombia". Criticó que en 19 años de apertura económica de su país, el resultado había sido la desindustrialización, la pérdida de soberanía alimentaria, la disminución de salarios y de condiciones laborales para los trabajadores. "Sería grave que, con la firma de un TLC, la UE absuelva el gobierno de Uribe en el tema de derechos humanos" concluyó.
El presidente de la CUT Tarcisio Mora denunció "la política de exterminio contra el movimiento sindical" que opera en Colombia, recordando que en promedio en los últimos 23 años, cada 3 días se ha asesinado un sindicalista en este país. Recordó que por esta persecución, la CUT, que fue creada con 1,4 millones de afiliados, hoy sólo cuenta con 420.000 miembro, que cumplen su labor sindical en medio del terror. "En Colombia es más fácil crear un grupo paramilitar, con personería jurídica, que un sindicato" manifestó el dirigente sindical al refirirse a las 515 solicitudes de registro de nuevos sindicatos negadas por el actual gobierno. Terminó dirigiendo un SOS a los sindicatos europeos, para que ayuden a proteger al movimiento sindical colombiano oponiéndose al TLC.
Delegados de sindicatos de EEUU y Gran Bretaña hicieron eco a este llamado. "La UE debería estar del lado de la decencia y de la justicia" precisó Simon Dubbins, del sindicato inglés Unite y directivo de la Confederación Europea de Sindicatos. Anunció una campaña del movimiento sindical europeo para oponerse a un TLC con Colombia. A su vez, el director de derechos humanos de la Confederación Internacional de Sindicatos, con sede en Bruselas, Steve Benedict, presentó un cuadro abrumador de la situación de los sindicalistas en Colombia, afirmando que "en Colombia, no sólo están matando a líderes sindicales sino a sindicatos". Comparó el caso colombiano a Birmania, señalando que desde hace varios años Colombia supera todos los récord en la OIT.
El delegado indígena Javier Sánchez, del pueblo Sicuani en el departamento del Vichada, denunció los ataques crecientes a los pueblos indígenas en Colombia. Informó que en los 3 primeros meses de 2009, 50 indígenas habían sido asesinados y 3000 de ellos desplazados. "Entre 2002 y 2008, 1253 indígenas han sido asesinados en Colombia" agregó, deplorando la imposibilidad de dialogar con las autoridades, pese a muchos esfuerzos. Ilustró los efectos perversos del libre comercio para los pueblos indígenas, diciendo que mientras 500.000 indígenas vivían sin garantías en cuanto a la tenencia de su territorio, el gobierno colombiano estaba entregando 6 millones de hectáreas a grandes empresarios para cultivos de agro combustibles.
Marc Maes de la plataforma de ONG flamencas 11.11.11 explicó que si la UE quería incidir en la situación de derechos humanos de Colombia, un TLC constituiría un escenario mucho más difícil que el régimen actual de preferencias arancelarias. Así mismo, criticó la falta de transparencia de las negociaciones en curso y el retroceso democrático que implicaría un TLC para Colombia, en la medida en que muchos campos de regulación interna quedaría subordinados a las cláusulas del tratado, como en el caso de las políticas ambientales y sociales.
Hallan en Colombia restos de 2.164 personas en fosas comunes.
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sábado, 16 mayo, 2009
Las autoridades colombianas han encontrado restos de dos mil 164 personas que desaparecieron en el marco del conflicto armado interno, la mayoría de ellas en la zona norte del país, informó este jueves la Fiscalía.
En un balance que entregó este jueves a través de un comunicado, la entidad judicial señaló que los restos humanos fueron hallados en mil 761 fosas comunes que se ubicaron en los últimos meses en distintas regiones del país sudamericano.
Según el balance de la Unidad Nacional de Fiscalías, la mayoría de los cuerpos fueron hallados en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Magdalena, donde el conflicto ha tenido un mayor impacto.
Las autoridades han localizado las fosas comunes con base en las confesiones que han hecho irregulares desmovilizados a instancias de la Ley de Justicia y Paz, que regula el desarme paramilitar desde 2005.
Grupos humanitarios acusan a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de desaparecer y dar muerte a más de 20 mil civiles en la guerra que han librado contra las guerrillas de izquierda.
La Fiscalía recordó que desde que entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, se han recibido miles de denuncias sobre civiles desaparecidos así como información de la ubicación de fosas comunes.
"Por este motivo ha sido creado un grupo especial conformado por fiscales, investigadores, técnicos y expertos encargados de realizar exhumaciones a lo largo y ancho del país", indicó la entidad.
Casi dos mil jóvenes, ejecutados tras ser acusados de guerrilleros. El fiscal colombiano considera que los militares asesinos también han incurrido en "tráfico humano".
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lunes, 18 mayo, 2009
La Fiscalía de Colombia afirmó hoy que militares que están bajo investigación por ejecuciones extrajudiciales también han incurrido en el delito de tráfico humano, al organizarse para buscar a jóvenes que luego mataron y mostraron como guerrilleros abatidos en combate.
El fiscal Alberto Vargas dijo que varios militares pagaron el equivalente a 88 dólares por un joven al que luego mostraron como guerrillero muerto en combate.
Vargas obtuvo el testimonio de un hombre que fungió de reclutador de jóvenes de origen humilde de Soacha, quien ofrecía falsos trabajos a desempleados para llevarlos a una zona del noreste del país donde los entregaba a militares para que éstos los mataran y los hicieran pasar por guerrilleros.
La afirmación fue hecha en el contexto de una audiencia que se cumple desde este jueves casi de forma ininterrumpida en Soacha, población próxima a Bogotá, en la cual se presentan cargos contra militares investigados por un caso que estremece al país desde 2008.
El fiscal Alberto Vargas dijo que varios militares pagaron el equivalente a 88 dólares por un joven al que luego mostraron como guerrillero muerto en combate.
Vargas obtuvo el testimonio de un hombre que fungió de reclutador de jóvenes de origen humilde de Soacha, quien ofrecía falsos trabajos a desempleados para llevarlos a una zona del noreste del país donde los entregaba a militares para que éstos los mataran y los hicieran pasar por guerrilleros.
La declaración del reclutador Alexander Carretero fue citada por Vargas en la audiencia contra seis de casi 50 militares que están siendo investigados por ejecuciones extrajudiciales.
Estos casos, llamados por la prensa colombiana falsos positivos, han sido denunciados desde hace años en el país, pero empezaron a llamar la atención desde septiembre del año pasado, cuando se descubrió que cerca de 20 jóvenes que habían desaparecido a comienzos de 2008 en Soacha estaban sepultados cerca de la frontera con Venezuela.
El ejército aseguró que se trataba de guerrilleros abatidos en combate, pero el proceso judicial comenzó luego de que los familiares de los jóvenes aseguraran que éstos no pertenecían a grupo armado y que desaparecieron después de que una persona les ofreciera trabajo en otro lugar del país.
Las investigaciones de la fiscalía han apuntado desde entonces a la existencia de una red dedicada a reclutar a gente de origen humilde para entregarlos a militares que los ejecutaban para ganar reconocimiento de sus superiores o premios, como días de descanso.
A solicitud del fiscal, un juez de garantías de Soacha ratificó una orden de detención contra seis de los militares bajo cargos de colusión para delinquir, homicidio, desaparición forzada y falsedad.
Durante la primera jornada de la audiencia se trató el caso de Fair Leonardo Porras, un joven analfabeto y con problemas de sicomotricidad, derivados de una meningitis que lo afectó de niño.
El fiscal Vargas dijo que Carretero confesó que reclutó a los jóvenes y los entregó a miembros de un batallón destacado en el departamento Norte de Santander.
Porras fue hallado muerto con una pistola en la mano derecha, tras un supuesto enfrentamiento con militares. En el proceso se documentó que el joven era zurdo.
Vargas dijo que el caso de Porras no es el único y que se considera que los militares forman parte de una organización dedicada al tráfico de seres humanos.
Según el senador opositor Juan Manuel Galán, que ha promovido en el Congreso varios debates sobre los falsos positivos, los casos de ejecuciones de ese tipo pueden sumar entre mil 500 y 2 mil en la última década.
El presidente Álvaro Uribe defiende la idea de que el Estado debe defender a los militares y policías que son llevados a los tribunales para contrarrestar la acción de organizaciones no gubernamentales del exterior, que según el mandatario pagan a abogados colombianos para que hagan falsas acusaciones de violaciones de los derechos humanos en el país.
Dpa/Rebelión/inSurGente
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