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La CIA y sus "prisiones secretas" |
La CIA anuncia el cierre de prisiones secretas
Esta noticia confirma la existencia de "prisiones secretas" por parte de la CIA, plantea a demás el interrogante sobre su cierre. La tortura es un delito de lesa humanidad, sanciones internacionales contra EEUU podrían ayudar a acelerar el proceso de cierre de los centros de tortura.
La CIA anuncia el cierre de prisiones secretas
El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU, León Panneta, anunció el cierre de prisiones secretas en las que se recluyen a sospechosos de terrorismo para ser interrogados.
"La CIA ya no utiliza esas prisiones que se encuentran en zonas secretas y planea poner fin a las que están operando", dice el mensaje electrónico de Panneta enviado a los empleados de esta dependencia.
Entre las primeras promesas que el presidente de EEUU, Barack Obama, hizo apenas asumiera el mando presidencial fueron: el cese de los juicios militares, como también el cierre de la cárcel en la base naval de Guantánamo (Cuba), el acabar con los controvertidos métodos empleados por la CIA durante la administración Bush, como las torturas a detenidos, y el cierre de las prisiones secretas de la CIA.
(continue)

Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, multitud, politica, violencia.
Además, agregó que la agencia ha apartado a las personas contratadas para realizar los interrogatorios, algo que pedían influyentes miembros del Congreso, que los habían calificado como una invitación al abuso. "La CIA ya no opera en instalaciones de detención o 'black sites' (sitios negros) y ha propuesto un plan para desmantelar los lugares restantes", escribió Panetta.
"He ordenado a nuestro personal de la agencia encargarse del proceso de desmantelamiento y además que los contratos de seguridad de los lugares sean inmediatamente terminados", agregó en la carta, una copia de la cual fue obtenida por Reuters.
Las actualmente vacías prisiones secretas, ubicadas en países no identificados, eran utilizadas para detener a sospechosos que fueron capturados en la "guerra contra el terrorismo" lanzada por el ex presidente de Estados Unidos George W. Bush después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Los tres sospechosos que la CIA ha reconocido que fueron sometidos a ahogamiento simulado, maniobra que busca inducir pánico y que ha sido ampliamente criticada como una forma de tortura, fueron interrogados en ese tipo de lugares. Los sospechosos de conspirar para perpetrar los ataques del 11 de septiembre fueron Jalid Sheikh Mohammed y los presuntos miembros de Al Qaeda Abu Zubayhda y Abd al Rahim al Nishiri.
Panetta comentó que la CIA continuará interrogando a los sospechosos si es necesario. Sin embargo precisó que utilizaría un "estilo de interrogatorio a través del diálogo, que es completamente consecuente con las propuestas autorizadas y enumeradas en el manual de la Fuerza Armada (Army Field Manual)", que prohibe técnicas violentas.
"Los funcionarios de la CIA no tolerarán y continuarán informando inmediatamente de cualquier conducta inadecuada o acusaciones de abuso. Eso se mantiene sea que el sospechoso esté bajo custodia de un compatriota estadounidense o de un servicio de enlace extranjero", aseguró. El director también expresó que los contratados de la CIA no realizarán los interrogatorios.
Entrevista al periodista de investigación y premio Pulitzer, Seymour Hersh
El periodista de investigación ganador del Premio Pulitzer, Seymour Hersh, causó sensación a comienzos de mes cuando dijo que el gobierno de Bush dirigía un “centro ejecutivo de asesinato” que dependía directamente del vicepresidente Dick Cheney.
“Por autoridad del presidente Bush, han estado yendo a países, sin hablar con el embajador o con el jefe de estación de la CIA, encontraban a personas en una lista, las ejecutaban y volvían a partir”, dijo Hersh.
AMY GOODMAN:
El periodista investigativo ganador del Premio Pulitzer causó sensación el mes pasado cuando dijo que el gobierno de Bush dirigió un centro ejecutivo de asesinato que dependía directamente del vicepresidente Dick Cheney.
Hersh hizo su comentario durante un discurso en la Universidad de Minnesota el 10 de marzo.
Bienvenido a Democracy Now!, Sy Hersh.
Fue un placer verlo anoche en Georgetown.
Hable primero sobre esos comentarios que hizo en la Universidad de Minnesota.
SEYMOUR HERSH:
El Congreso no tenía control del asunto.
Se trata esencialmente de un ala ejecutiva de asesinato. Y ha sido algo continuo, que sigue y sigue. Y precisamente hoy hubo un artículo en el Times que dice que su jefe, un almirante de tres estrellas llamado McRaven, ordenó detener ciertas actividades porque hubo tantas muertes colaterales.
AMY GOODMAN:
Ayer, CNN entrevistó al ex consejero nacional de seguridad de Dick Cheney, John Hannah. Wolf Blitzer preguntó a Hannah sobre la afirmación de Sy Hersh.
WOLF BLITZER:
¿Hay por ahí una lista de terroristas, presuntos terroristas, que pueden ser asesinados?
JOHN HANNAH:
Evidentemente hay un grupo de personas que pasan por un proceso extremadamente bien examinado, un proceso entre agencias, como creo que explicó en su artículo, que han cometido actos de guerra contra EE.UU., que están en guerra contra EE.UU., o de las que se sospecha que planifican operaciones de guerra contra EE.UU., por lo que se da autoridad a los soldados en el terreno y en ciertos teatros de operaciones bélicas para que las capturen o maten.
Ciertamente es así.
WOLF BLITZER:
Y por lo tanto, desde su perspectiva –y usted trabajo durante muchos años en el gobierno de Bush– sería totalmente constitucional, totalmente legal, ir y encontrar a esos sujetos y liquidarlos.
JOHN HANNAH:
No cabe duda de que en un teatro de operaciones bélicas, cuando estamos en guerra, y sabemos – no cabe duda, de que estamos todavía en guerra contra al-Qaeda en Iraq, al-Qaeda en Afganistán y en la frontera paquistaní, que nuestras tropas tienen la autoridad para perseguir, capturar y matar al enemigo, incluyendo a la dirigencia del enemigo.
AMY GOODMAN:
Era John Hannah, ex consejero de seguridad nacional de Dick Cheney.
Seymour Hersh habla ahora conmigo aquí en Washington, D.C. Escribe para la revista The New Yorker.
Su último artículo aparece en la edición actual, llamado “Syria Calling: The Obama Administration’s Chance to Engage in a Middle East Peace” [Siria llama: la oportunidad para el gobierno de Obama de involucrarse en una Paz en Oriente Próximo].
SEYMOUR HERSH:
Bueno, en cierto modo fue estúpido que comenzara a hablar de cosas que no he escrito.
Siempre me doy un puntapié cuando lo hago.
Pero estaba con Walter Mondale, el ex vicepresidente, quien se mostró sorprendentemente abierto y como que, en su caso –había ido muy lejos– ya que lo conocí como senador renuente a oponerse a la Guerra de Vietnam. Y por lo tanto, me preguntaron sobre cosas futuras, y yo sólo – estoy estudiando cosas.
He hecho – no hay realmente nada que haya dicho en Minnesota que no haya escrito en el New York Times.
El verano pasado, escribí un largo artículo sobre el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas.
Y sólo para volver a lo que es –fue– John Hannah, creo que terminó por ser el máximo consejero nacional de seguridad, casi – si no jefe de gabinete, jefe de gabinete adjunto de Dick Cheney en los últimos tres o cuatro años, lo que dijo es simplemente que, sí, perseguimos a gente sospechosa –fue la palabra que utilizó– de crímenes contra EE.UU. Y tengo que decirle que hay una orden ejecutiva, firmada por Jerry Ford, el presidente Ford, en los años setenta, prohibiendo acciones semejantes.
No es sólo contrario, - es ilegal, es inmoral, es contraproducente.
La evidencia – el problema de que se haga que militares vayan a matar a gentes cuanto no están directamente en combate, eso de pedir a soldados estadounidenses que vayan y busquen gente y, como usted dijo antes, en una de las declaraciones que hice, que usted reprodujo, van a países sin informar a ninguna de las autoridades, al embajador estadounidense, al jefe de la CIA, ciertamente a nadie en el gobierno donde vamos, y es mucho más que sólo en áreas de combate. Hay más – por lo menos una docena de países y tal vez más.
El presidente ha autorizado ese tipo de acciones en Oriente Próximo y también en Latinoamérica; se lo diré, Centroamérica, algunos países.
Han estado –a nuestros muchachos les han dicho que pueden ir y emprender el tipo de acción ejecutiva que necesiten, y eso es simplemente– no existe una base legal para hacerlo.
Y no sólo eso, si usted considera Guantánamo, el gobierno estadounidense sabía cuando – bueno, veamos, Guantánamo abrió a comienzos de 2002.
“Gitmo” lo llaman, la base en Cuba para supuestos terroristas de al-Qaeda.
Un informe interno sobre el que escribí en un libro que hice hace años, un informe interno hecho en el verano de 2002, estimó que por lo menos la mitad y posiblemente más, no tenían nada que ver con acciones contra EE.UU.
La información de inteligencia que tenemos es a menudo muy fragmentaria, no muy buena.
Y la idea de que el presidente de EE.UU. vaya a pensar que tiene el poder constitucional o el derecho legal de decir a soldados que no participan en combate inmediato que busquen a personas sobre la base de listas y las ejecuten es simplemente algo sorprendente para mí.
Es sorprendente para mí.
Y no sólo eso, Amy, el tema respecto a George Bush es, todo es hecho en cierto modo a plena vista.
En su discurso del Estado de la Unión, creo que fue el 28 de enero de 2003, cerca de un mes y medio antes de que fuéramos a Iraq, Bush describió el progreso en la guerra, y dijo –estoy parafraseando, pero es bastante cercano– dijo que habíamos capturado a más de 3.000 miembros de al-Qaeda y a presuntos miembros, gente sospechada de operaciones en contra nuestra.
Y luego agregó con esa sonrisita que tiene:
“Y quisiera decirle, algunos de esos sujetos no podrán volver a operar de nuevo. Eso se lo puedo asegurar. No estarán en condiciones de hacerlo”.
Obviamente habla de matar a gente, y lo aplaude.
De modo que aquí estamos.
No retiro lo que dije.
Quisiera no haberlo dicho ad hoc, porque, como espero que hablemos en un minuto, paso mucho tiempo escribiendo artículos para The New Yorker, y son muy cuidadosamente investigados, y a veces cuando uno habla improvisadamente, no se es tan preciso.
AMY GOODMAN:
Explique lo que es el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, y qué tipo de supervisión tiene el Congreso de esas actividades.
SEYMOUR HERSH:
Bueno, es una unidad especial.
Tenemos algo llamado el Comando de Operaciones Especiales que opera desde Florida, e involucra numerosas ramas. Y una de las unidades que trabaja bajo el manto del Comando de Operaciones Especiales es conocida como Operaciones Especiales Conjuntas – JSOC.
Es una unidad especial.
Lo que la hace tan especial, es que es un grupo de gente elite que incluye a Seals de la Armada, algunos Seals de la Armada, de la Fuerza Delta, nuestras – lo que llamamos nuestras unidades ocultas, las unidades de comando.
“Comando” es una palabra que no les gusta, pero así los llamamos nosotros, la mayoría entre nosotros. Y promueven desde el interior.
Es una unidad que tiene su propia estructura de promoción. Y uno de los elementos, debo decirle, para avanzar en la promoción es la cantidad de muertes que cada cual realiza.
Evidentemente.
Porque ha sido básicamente ideado – ha sido transformado, si se quiere, en esta unidad que va en busca de objetivos de alto valor.
Y aquí entra en escena Cheney y la idea de un círculo de asesinato –en realidad dije “rama”, pero de una rama de asesinato– que depende de Cheney se refería simplemente a que hacen aprobar las listas a través de la oficina del vicepresidente.
No está ahí sentado buscando objetivos.
Hacen aprobar las listas.
Y ciertamente está muy involucrado, menos y menos con el pasar del tiempo, claro está, pero al principio muy involucrado. Y es la unidad de elite.
Pienso que hacen tours de tres meses.
Y el verano pasado, escribí un largo artículo para The New Yorker, en julio pasado, sobre cómo el funcionamiento de la operación de las JSOC simplemente no está disponible, y que no hay ninguna información suministrada por el ejecutivo al Congreso.
AMY GOODMAN:
¿Qué países, Sy Hersh – en qué países operan?
SEYMOUR HERSH: Muchos países.
AMY GOODMAN: Nombre algunos.
SEYMOUR HERSH:
No, porque no he escrito al respecto, Amy. Y le diré, como digo, en Centroamérica, es más que sólo las áreas de las que ha hablado el señor Hannah – Afganistán, Iraq.
Se puede entender una operación como ésta en el calor de la batalla en Iraq –asesinar– quiero decir, eliminar al enemigo. Eso es guerra.
Pero cuando se va a otros países –digamos Yemen, digamos Perú, digamos Colombia, digamos Eritrea, digamos Madagascar, digamos Kenia, países como esos– y se mata a gente de la que se cree que está en una lista como al-Qaeda o vinculados a al-Qaeda o anti-estadounidenses, se viola la mayoría de los preceptos.
Somos un país que cree fuertemente en el debido proceso.
De eso se trata.
No damos al presidente de EE.UU. el derecho a decir a los militares, incluso en una guerra – y es una guerra contra una idea, una guerra contra el terrorismo.
Y no es como si estuviésemos en guerra contra un enemigo uniformado comprometido.
Estamos involucrados en una guerra muy complicada.
Y con cada una de esas acciones, evidentemente, siempre hay muertes colaterales, y siempre hay más gente que se convierte en nuestros enemigos.
Es la tragedia de Guantánamo.
Para cuando la gente, haya estado con nosotros o contra nosotros cuando llegó allí, para cuando ha estado allí tres o cuatro meses, se ha hecho peligrosa para nosotros, por el modo cómo la hemos tratado. Pero me gustaría pasar a lo que escribí en The New Yorker.
AMY GOODMAN:
Una pregunta: ¿sigue existiendo la rama de asesinato bajo el presidente Obama?
SEYMOUR HERSH:
¿Cómo lo voy a saber? Espero que no.
(mas...)
Esa institución ha sido blanco de críticas de jueces y organizaciones defensoras de los derechos civiles por su conducta impropia durante el mandatario del ex presidente George W. Bush, destaca.
Durante su administración el entonces secretario de Justicia Alberto González renunció tras conocerse que despidió a varios jueces federales contrarios a las políticas de Bush.
Además defendió e intentó buscar un basamento legal para justificar las torturas cometidas en los interrogatorios a prisioneros extranjeros.
Según el matutino, para cambiar la imagen del Departamento, Holder prometió nombrar fiscales con una larga trayectoria en lugar de priorizar las conexiones políticas.
En ese sentido, el Procurador General nombró a Mary Patrice Brown para encabezar la Oficina de Responsabilidad Profesional, que en la actualidad analiza si los abogados del anterior ejecutivo dieron luz verde a las torturas.
Los cambios coinciden con las amenazas de los senadores republicanos de impedir la confirmación de dos funcionarios, uno de ellos de esa secretaría, si la Casa Blanca divulga documentos secretos de la anterior administración.
Los legisladores de ese partido se oponen a que la Oficina Oval revele memorandos secretos que autorizaron la tortura de prisioneros.
Como forma de presión los senadores advirtieron que podrían obstruir el nombramiento de Dawn Johnsen como directora de la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia, y el de Harold Koh como asesor legal del Departamento de Estado.
Los símbolos más claros de las violaciones de los derechos humanos y de los abusos que cometió Bush en su supuesta lucha contra el terrorismo internacional parecen llegar a su fin.
El director de la CIA, Leon Panetta, anunció que esas instalaciones y otros sitios secretos han dejado de funcionar. "Nos hemos propuesto un plan para desmantelar los sitios que quedan", aseguró en un mail enviado a los funcionarios de la Central de Inteligencia.
"Ordené que las contrataciones para la seguridad llegaran a término rápidamente", lo que hará "ahorrar hasta 4 millones de dólares" a Estados Unidos cuando la CIA se encargue de la misión, detalló. "Los interrogatorios no serán realizados por subcontratados" de aquí en más, añadió Panetta.
"En virtud del decreto presidencial (firmado en enero por Obama), la CIA no usa técnicas violentas en interrogatorios, que eran autorizadas por el Departamento de Justicia (estadounidense) entre 2002 y 2009", dijo.
Sin embargo, advirtió, "la CIA preserva el derecho de detener individuos por un plazo corto y de manera provisoria. Esperamos devolver a todas las personas bajo nuestra supervisión a las autoridades militares o a su país de origen, en función de la situación".
Las revelaciones de la existencia de cárceles secretas de la CIA en el extranjero, lugares donde la tortura no estaba prohibida, como en Irak o en Afganistán, había provocado un fuerte rechazo internacional a las medidas adoptadas durante el gobierno de Bush.
En el mensaje, Panetta dijo sin embargo que quienes participaron en esos interrogatorios "no deberían ser investigados, ni menos castigados" porque bajo el anterior gobierno sus acciones fueron consideradas legales.
El diario New York Times cita hoy un informe de la Cruz Roja Internacional que indica que los prisioneros fueron también golpeados contra los muros, obligados a mantenerse en pie durante días con las manos atadas al techo, confinados en cajas y retenidos en celdas bajo temperaturas heladas.
Según el diario, Panetta indicó que esas instalaciones ya no están en operaciones pero explicó que se han continuado allí las operaciones de seguridad y mantenimiento a expensas de los contribuyentes desde el 2006. Hasta ahora la CIA nunca ha revelado dónde se encuentran esas cárceles secretas.
Con esta decisión, y con la publicación de una serie de memorandos que revelan el razonamiento legal que se usó para justificar tácticas que se equiparan con la tortura durante 2002 y 2005 contra militantes de Al Qaeda en las prisiones secretas que EEUU tenía en el exterio, Barack Obama dio el jueves un paso más para cerrar lo que consideró "un oscuro y doloroso capítulo" de la historia norteamericana.
"Es hora de reflexionar y no de castigar", señaló el presidente en un comunicado y en una carta enviada a los agentes de la CIA, en la que aseguraba que la nación debía proteger sus identidades "tanto como ellos protegen nuestra seguridad".
"Sería injusto procesar a los entregados hombres y mujeres que trabajaban para proteger a EEUU por una conducta que fue autorizada por el Departamento de Justicia", manifestó por su parte el fiscal general del Estado, Eric Holder. Leon Panneta, director de la CIA, escribió en un mensaje a sus empleados: "La CIA responde según el deber lo requiere".
Los memorandos redactados por la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia entre 2002 y 2005 se han hechos públicos tras una demanda interpuesta y ganada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés).
En esos informes -cuatro en total- los abogados de Bush dieron el visto bueno a una serie de métodos de interrogatorio que se usaron contra 28 sospechosos de terrorismo.
Las tácticas empleadas van desde el tristemente método conocido como waterboarding o axfisia simulada hasta usar un collar de plástico para mantener a los detenidos sujetos por el cuello a los muros de las celdas de interrogatorio.
Obama señaló que autorizó la publicación de los documentos para evitar "una descripción imprecisa de lo que ocurrió", lo que, en su opinión, "alentaría presunciones erróneas e inflamatorias de las medidas adoptadas por EEUU". Pero insistió en que en momentos de grandes desafíos y falta de unidad, "no se gana nada al invertir tiempo y energía en asignar culpas por lo que pasó".
Eric Holder, el Fiscal General de EEUU --cargo equivalente al de ministro de Justicia--, ha anunciado que su Gobierno no emprenderá procesos judiciales contra los funcionarios de la CIA que sometieron a sospechosos de terrorismo a técnicas de interrogación, consideradas como torturas, como la asfixia simulada.
Holder argumenta, en un comunicado divulgado el jueves, que sería injusto enjuiciar a funcionarios por seguir el consejo legal que se les dio en su momento.
Los informes se hicieron públicos a petición de un tribunal de California, que había dado al Gobierno de plazo hasta el jueves para publicar los documentos en respuesta a una querella presentada por una organización de defensa de los derechos civiles o bien explicar por qué no podía sacarlos a la luz.
Los autores de los reportes son Jay Bybee y Steven Bradbury, que trabajaban como abogados para la Asesoría Jurídica de la Casa Blanca (Office of Legal Counsel, OLC) durante los gobiernos de George W. Bush (2001-2009).
Los documentos facilitaron el marco legal para practicar unas tácticas de interrogatorio ampliamente consideradas como tortura, como la asfixia simulada.
Holder agregó que el gobierno estadounidense defenderá a cualquier empleado de la CIA en cualquier juicio que se emprenda dentro o fuera de EEUU.
Para la máxima autoridad de la Administración de Justicia de Estados Unidos, la práctica de la tortura y la elaboración de una cobertura legal para la misma no deben ser perseguidas penalmente cuando hayan sido el resultado de una práctica institucionalizada por un gobierno anterior.
El presidente Obama defiende el derecho al secretismo en aras de la seguridad nacional, y afirma que su intención es asegurarse de que las personas que utilizaron las técnicas de tortura "basándose de buena fe en el asesoramiento legal del Departamento de Justicia no serán perseguidos".
Finalmente, advierte de que este hecho es excepcional y defiende "la naturaleza clasificada de las actividades secretas". Y añade: "Siempre hará lo que sea necesario para proteger la seguridad nacional de EEUU".
"Este es un tiempo de reflexión, no de retribución", entiende el presidente de EEUU, en una señal clara de que no satisfará las demandas de Justicia de quienes esperan ver procesados a los instigadores de violaciones de derechos humanos.
"Hemos atravesado un capítulo oscuro y doloroso de nuestra historia", reconoce Obama, para quien "no se ganará nada empleando nuestro tiempo y energía buscando culpables de lo ocurrido en el pasado".
Hay que recordar que la investigación y las denuncias de los casos de las torturas de la CIA fueron utilizados como caballito de batalla por Obama y del Partido Demócrata durante la pasada campaña presidencial.
Estas prácticas fueron avaladas por el gobierno de George W. Bush (2001-2009).
Los textos fueron presentados ante el juez Alvin Hellerstein, designado durante la administración de Bill Clinton (1993-2001) en la Corte de Distrito de Nueva York, en respuesta a una demanda presentada por la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (Aclu) citando la Ley de Libertad de Información.
El tribunal le había dado plazo al gobierno para que entregara el jueves los memorandos, elaborados por Jay Bybee y Steven Bradbury, entonces los principales abogados en la OLC, o que al menos explicara por qué aún no habían sido divulgados al público.
Para sorpresa de muchos observadores, el Departamento de Justicia optó por entregar los documentos en tiempo.
La OLC provee asesoramiento legal al presidente y a todas las agencias de la rama ejecutiva. Redacta opiniones legales del fiscal general y también brinda sus propias opiniones escritas y consejos orales en respuestas a cualquier pedido del gobierno.
La Aclu pidió al Departamento de Justicia que designara un fiscal independiente para investigar las torturas durante la administración de Bush.
Tres de los memorandos divulgados el jueves fueron escritos en 2005 por Bradbury. El cuarto fue redactado en agosto de 2002 por Bybee, quien era el director de la oficina. Ahora es juez federal, designado por Bush.
"Los memorandos escritos por la OLC, incluyendo los divulgados hoy (por el jueves), proveyeron los fundamentos para el programa de torturas de la administración de Bush", dijo el director del Proyecto de Seguridad Nacional de la Aclu, Jameel Jaffer.
"A través de estos memorandos, los abogados del Departamento de Justicia autorizaron a los interrogadores usar los métodos más bárbaros, incluyendo los que una vez Estados Unidos juzgó como crímenes de guerra. Los memorandos están basados en un razonamiento jurídico falaz, y al final de cuenta no son para nada legales. Son simplemente instrumentos destinados a proveer una fachada para crímenes de guerra", sostuvo Jaffer.
"Si bien estos memorandos nunca debieron haber sido escritos, celebramos su divulgación. La transparencia es el primer paso hacia la responsabilidad", afirmó.
Desde 2003, la Aclu ha presentado varias demandas apelando a la Ley de Libertad de Información y exigiendo la divulgación de documentos del gobierno sobre torturas, detenciones, vigilancias y "entregas extraordinarias", mecanismo empleado por Washington para capturar a sospechosos de terrorismo y transferirlos, sin pasar por los tribunales, a terceros países en los que por lo general son torturados, según activistas.
Las demandas de Aclu han permitido la divulgación de miles de registros.
Pese a que Obama, poco después de asumir, prohibió las torturas a los detenidos en la "guerra contra el terrorismo" como el submarino, la privación del sueño, el encierro del prisionero en una habitación pequeña llena de insectos, los golpes en el rostro y abdomen, y mantener al detenido desnudo, el jueves anunció que los agentes de la CIA involucrados no serían procesados.
El mandatario arguyó que estos desempeñaron sus tareas de buena fe bajo el marco legal avalado entonces por la OLC.
El independiente Centro para Derechos Constitucionales, uno de los grupos cuyos abogados han asistido a los presos en la cárcel de la base militar estadounidense de Guantánamo, Cuba, respondió rápidamente al anuncio presidencial.
"Es una de las más grandes decepciones de esta administración, que parece indispuesta a asumir la ley cuando se han cometido crímenes por ex funcionarios", señaló la organización.
"Se les garantice o no inmunidad a los funcionarios de la CIA que realizaron los submarinos, son los altos niveles que concibieron, justificaron y ordenaron el programa de torturas quienes tienen la mayor responsabilidad por violar el derecho nacional e internacional, y los que deben ser juzgados", señaló el Centro.
"En la declaración del presidente, la contradicción más perturbadora es el contraste entre las palabras: ‘Es tiempo para la reflexión, no la retribución’ con: ‘Estados Unidos es una nación de leyes’. Funcionarios de gobierno rompieron varias leyes importantes. Que no haya consecuencias de eso no sólo pone en duda todo nuestro sistema, sino que deja la puerta abierta a que ocurra otra vez", añadió.
Tim Hancock, de Amnistía Internacional, señaló que el gobierno "parece haberle ofrecido un pase libre de la cárcel a las personas involucradas en la tortura".
No obstante, Alez Abdo, abogado del Programa de Seguridad Nacional de Aclu, destacó que "Obama dejó la puerta abierta a un juicio a quienes elaboraron los memorandos". "Esperamos que nombre a un fiscal especial" para asumir ese proceso, afirmó.
Por su parte, Michael Ratner, del Centro para los Derechos Constitucionales, sostuvo que el mandatario "tomó su decisión como si fuera un jurado, un juez o un fiscal". "No es quién para tomar la decisión", afirmó.
"Se rompieron leyes y se cometieron delitos. Si realmente somos una nación de leyes, como él dice, se debe designar un fiscal y las decisiones sobre los que estuvieron involucrados en el programa de torturas deben tomarse en un tribunal", sostuvo.
William Fisher
Citando a ex funcionarios de inteligencia y una nota a pie de página en uno de los memorandos que revelan los métodos de interrogatorio de la era Bush, el diario afirma que se exigieron esas técnicas de interrogatorio a pesar de que los interrogadores pensaban que Abu Zubayda había dicho todo lo que sabía.
Los métodos particularmente brutales autorizados en la sede de la CIA contra el primer presunto miembro influyente de Al Qaida detenido por Estados Unidos tras el 11 de setiembre, estaban basados en una evaluación muy sobrestimada de su papel en el seno de la red, indica The New York Times.
Además del 'submarino', las técnicas de interrogatorio incluían recurrir al aislamiento del prisionero y golpear violentamente al detenido contra una pared.
The Washington Post, por su parte, informa que el primer gesto de la CIA fue limitar los contactos del detenido a dos personas: un interrogador de la CIA y un psicólogo. Este último habría justificado y preconizado el recurso a métodos violentos de interrogatorio.
Cuatro notas internas secretas, redactadas para la CIA por abogados del departamento de Justicia en 2002 y 2005 que detallaban las técnicas de interrogatorio utilizadas durante la era Bush, fueron publicadas el jueves. Las mismas incluían, entre otras, la privación del sueño, la exposición a temperaturas extremas y el mantenimiento del detenido en posiciones penosas.
Nowak señaló que “Estados Unidos, al igual que los otros países adheridos a la Convención de la ONU contra la Tortura, se ha comprometido a investigar torturas y poner ante la justicia a todas las personas con pruebas en su contra".
El funcionario consideró que si la justicia estadounidense no juzga a esos oficiales, otros países podrían enjuiciarlos, informó la agencia de noticias EFE. Según Nowak, lo más importante en este momento es una investigación exhaustiva por instancias independientes.
"Es muy importante que las víctimas reciban una indemnización", añadió.
El presidente estadounidense, Barack Obama, anunció esta semana que no serán investigados aquellos colaboradores de la CIA que utilizaron métodos inhumanos contra sospechosos de terrorismo.
"Aquellos que cumplieron con sus obligaciones, fiándose de buena fe del asesoramiento legal del Departamento de Justicia, no serán enjuiciados", indicó el mandatario.
Los interrogadores de la CIA sabían del pánico a los insectos de Abu Zubaida, sospechoso de pertenecer a Al Qaeda, e idearon la forma más sencilla de hacerle hablar: alimentar sus fobias. "Informáis a Zubaida de que le vais a meter un bicho en la caja en la que está encerrado". Esta recomendación para sacar información del sospechoso está recogida en uno de los cuatro documentos, hasta ahora secretos, hechos públicos esta semana y redactados por los abogados de George W. Bush en el Departamento de Justicia para justificar los métodos usados por la Agencia Central de Inteligencia para interrogar a prisioneros en la guerra contra el terrorismo.
Pero los arquitectos de la doctrina del terror sabían que bordeaban la ilegalidad, que debían diseñar un manual de tortura que no pudiera definirse legalmente como tal, por lo que todas las técnicas aprobadas llegan hasta el límite de lo que se considera (o ellos consideraban) trato cruel o inhumano, prohibido por la octava enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Por eso, la siguiente recomendación a los agentes de la CIA es decirles que en lugar de un insecto venenoso introdujeran en la caja (otra de las técnicas recomendadas para romper la voluntad del detenido) de Zubaida una inofensiva oruga. Esta técnica de interrogatorio nunca llegó a ser puesta en práctica. El coordinador de los muyaidin en Afganistán se libró de ser encerrado en una caja hermética bañado en insectos. Pero existe en negro sobre blanco.
Como existe el waterboarding, o asfixia simulada, que sí se utilizó para sacar información de Zubaida. Tumbado sobre una tabla, boca arriba, con los pies más altos que la cabeza, con una toalla o trapo que le cubría la boca, al detenido se le echaba agua desde una altura de 30 centímetros durante treinta o cuarenta segundos. "La sensación de ahogamiento es inmediata cuando se retira el trapo", se lee en uno de los informes.
"El objetivo es causar pánico", se añade. Se recomienda que el proceso sea repetido cuantas veces sea necesario. También se anota que el waterboarding es mucho más efectivo si se aplica junto a la privación de sueño o la manipulación en la dieta.
Tiempos oscuros en la historia de Estados Unidos que ahora salen a la luz. "Nuestro país ha atravesado un capítulo negro y doloroso de su historia", declaró Barack Obama tras conocerse la publicación de los informes del Departamento de Justicia. Capítulo que se cierra sin castigo, ya que el presidente ha decidido no llevar ante los tribunales a los responsables. "Aquellos que cumplieron con sus obligaciones fiándose de buena fe del asesoramiento legal del Departamento de Justicia no serán enjuiciados", declaró Obama. "Ya he puesto punto final a las técnicas descritas en los informes", concluyó el mandatario.
El debate interno hasta llegar a la decisión de desclasificar los informes y no enjuiciar a los responsables de esos interrogatorios ha sido intenso dentro de la Casa Blanca. "Es hora de reflexionar y no de castigar", reiteró el presidente en un comunicado y en una carta enviada a los agentes de la CIA, carta en la que les aseguraba que la nación debía proteger sus identidades "tanto como ellos protegen nuestra seguridad".
"Sería injusto procesar a los entregados hombres y mujeres que trabajaban para proteger América por una conducta que fue autorizada por el Departamento de Justicia", manifestó en el mismo sentido el fiscal general del Estado, Eric Holder. Leon Panneta, actual director de la CIA, escribió en un mensaje a sus empleados: "La CIA responde según el deber lo requiere". Dennis C. Blair, director de Inteligencia Nacional, quita peso al asunto y recuerda que esos informes se escribieron cuando los hombres de la CIA trabajaban frenéticamente para evitar que se produjera un nuevo 11-S. "Estos métodos, leídos en una soleada y segura mañana de abril de 2009, perturban y parecen terribles", declaró esta semana Blair. "Pero sin ninguna duda defenderé a aquellos que entonces los redactaron".
Los cuatro memorandos describen gráficamente y con todo lujo de detalles los brutales métodos que la CIA utilizó en las cárceles secretas que la Agencia tenía dispersas por el mundo sobre cerca de dos docenas de detenidos que, entre 2002 y 2005 (época a la que pertenecen los informes), fueron considerados terroristas que disponían de información vital sobre las operaciones de Al Qaeda.
Basándose en esas técnicas, los interrogadores desnudaban, esposaban y cubrían la cabeza de los detenidos antes de ser interrogados. Cuando el interrogatorio comenzaba, el agente de la CIA de turno descubría el rostro del sospechoso. Si éste no resultaba cooperativo, se abría el catálogo de horrores.
Los informes recomiendan abofetear con la mano abierta: "Produce sorpresa, susto y humillación"; lanzar contra una falsa pared al detenido (técnica llamada walling): "no se trata tanto de hacer daño como de asustar ante el impacto y ruido que produce"; obligar a adoptar "posiciones estresantes"; amarrar al detenido a la pared con un collar de plástico; quitarle la comida; impedirle dormir (hasta un máximo de 180 horas, siete días y medio)... despojarle de toda su ropa y sólo permitirle ponerse un pañal durante la noche...
Algunas de estas técnicas, como desnudar a un detenido, privarle del sueño o ponerle una capucha sobre la cabeza, están prohibidas en el Manual de Campo del Ejército de EE UU. A pesar de ello, entre 2002 y 2005, el Departamento de Justicia autorizó a los agentes de la CIA a aumentar la presión sobre detenidos como Zubaida en aras de la seguridad nacional, recurriendo a métodos de interrogatorio que, incluso hoy en día, el propio Estados Unidos, considera tortura.
Un relator especial de Naciones Unidas, Manfred Nowak, sostiene que EE.UU. está obligado bajo la Convención contra la Tortura de procesar a aquellos que la practican.
Obama autorizó la publicación de cuatro memorandos sobre los métodos de interrogación extrema sancionados por la anterior administración de George W. Bush.
Nowak pidió que se realice una investigación independiente y compensación para las víctimas.
"Estados Unidos, como otros países que participan en la convención de la ONU contra la tortura, está comprometido a realizar investigaciones criminales sobre la tortura y a llevar ante un tribunal a todos aquellos contra los que haya una sólida evidencia al respecto", señaló Nowak al diario austriaco Der Standard.
Los memorandos aprobaron técnicas que incluyen el ahogamiento simulado, la privación del sueño, desnudez forzada y las posiciones dolorosas.
Tribunales por tortura
El jueves Obama expresó que no procesaría, según las leyes anti tortura, al personal de inteligencia que actuó de buena fe bajo las opiniones legales emitidas por la administración Bush después de los ataques de septiembre 11.
Nowak -que viajará a Washington para reunirse con funcionarios del gobierno- dijo que ese podría ser un factor mitigante, pero que no exonera aquellos involucrados.
Nowak, un profesor de leyes austriaco, dijo que los tribunales de EE.UU. podrían juzgar a los sospechosos de torturar ya que Obama no ha buscado amparar al personal de la CIA bajo una ley de amnistía.
El experto en leyes pidió que una comisión independiente realice una investigación antes de que los sospechosos fueran enjuiciados y subrayó que es importante que las víctimas reciban resarcimiento.
Grupos defensores de los derechos humanos han criticado la decisión de Obama de proteger a los interrogadores de la CIA, diciendo que las acusaciones en su contra son necesarias para la rendición de cuentas por parte de los responsables y evitar abusos futuros.
El presidente Obama prohibió el uso de las polémicas tácticas de interrogación durante su primera semana en el poder.
Sus comentarios se producen tras la publicación de memorandos escritos por abogados de la administración del ex presidente Bush donde justifican esas técnicas, en especial el tormento de toca, también conocido como ahogamiento simulado.
Cheney aseguró que la decisión de publicarlos fue un error.
Además el ex vicepresidente aseveró que su revelación a los medios se hizo de manera engañosa ya que -afirma- los documentos no incluían las técnicas de interrogatorio aplicadas por los agentes de inteligencia que sí fueron "exitosas".
"Desagradable"
"Una de las cosas que encuentro un poco desagradable sobre las más recientes revelaciones es que dieron a conocer los memorandos legales... pero no publicaron memos que muestran el éxito de ese esfuerzo", le dijo Cheney al canal de noticias estadounidense Fox News.
"Hay informes que muestran específicamente que obtuvimos un beneficio como resultado de esta actividad. Esos no han sido desclasificados. Formalmente pido que sean desclasificados ahora".
Cheney agregó que el pueblo estadounidense debería tener la oportunidad de sopesar la información de inteligencia obtenida paralelo al debate legal.
El ex alto funcionario hizo los comentarios luego de que el presidente Barack Obama visitara la sede de la CIA este lunes.
Obama respalda a la CIA
En una iniciativa que fue vista como una forma de levantar la moral de los funcionarios de inteligencia, Obama dijo que la CIA sigue siendo clave para proteger al país.
Obama reconoció que la CIA ha enfrentado días "difíciles", pero que tenía su apoyo, especialmente en su trabajo para hacer frente a amenazas de grupos como al-Qaeda.
El presidente dijo que no tuvo otra opción que revelar las justificaciones legales sobre las técnicas de interrogatorio usadas durante el gobierno de Bush que además consideró como tortura.
"No se sientan mal si tenemos que reconocer que potencialmente hemos cometido algunos errores".
"Así es como aprendemos", aseguró Obama.
Los memos sobre las justificaciones legales de las técnicas de interrogatorio fueron revelados el 16 de abril y, entre otras cosas, detallan que el ahogamiento simulado fue usado con dos sospechosos de terrorismo de al-Qaeda hasta 266 veces.
En todo caso, Obama aseguró que los funcionarios de la CIA no serán procesados bajo las leyes anti-tortura.
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