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El rescate de las teles privadas |
El debate sobre la financiación de la televisión pública siempre ha estado sobre la mesa, especialmente porque el Ente de RTVE siempre, desde su primera emisión en 1956, ha dado pérdidas. Pero ha cogido más enjundia al calor de una reestructuración del sector audiovisual que va a cambiar el mapa de lo privado y de lo público.
A TVE le tocará jugar un papel fundamental en las posibles fusiones que se avecinan forzadas porque cada vez está más cerca el apagón tecnológico que obliga a una revisión del modelo de negocio de las televisiones generalistas, basado en grandes audiencias para poco operadores, y por la brusca caída de ingresos publicitarios en el sector. En un año ha descendido en casi 400 millones de euros, según Infoadez, y para este ejercicio no se prevé mejor panorama.
El Gobierno ha aprobado una reforma legal del espectro audiovisual y un giro en el desarrollo de la TDT dejando la puerta abierta a contenidos de pago. La primera maniobra permite las fusiones de los operadores privados con licencia en abierto, primer paso para garantizar la supervivencia de las actuales cadenas privadas. Lo de facilitar una TDT de pago es una forma de que rentabilicen el lanzamiento de unos canales vagos de contenidos y de que La Sexta pueda compensar las millonarias inversiones en derechos deportivos. Y la promesa de rebajar la publicidad en la televisión pública es una inyección indirecta de capital a las privadas, en un intento de contentar a todas las partes.
El nuevo sistema de financiación estará basado en el modelo francés, en el que la cadena irá reduciendo progresivamente la publicidad hasta su desaparición, a cambio de un porcentaje que variará entre un 1,5 y un 3% de los ingresos publicitarios de las cadenas privadas. Una fórmula que es insuficiente para que TVE ofrezca un servicio de calidad y rentable. El año pasado el Ente tuvo un presupuesto algo superior a 1.000 millones de euros. Aproximadamente 600 millones fueron por los ingresos publicitarios y el resto de la partida de los Presupuestos del Estado.
Y echando las cuentas de la vieja, la fórmula no sale. Entre Telecinco, Antena 3 -los datos de estas dos son públicos-, La Sexta y Cuatro apenas aportarían entre 60 y 80 millones si ceden el 3% de sus ingresos publicitarios al ente público. Por tanto, cabe preguntarse quién pagará el diferencial. Parece claro que la vamos a pagar todos, pero la pregunta es cómo.
¿Se va a elevar la partida de los Presupuesto o bien se van a inventar un impuesto?
Cualquiera de las opciones supondrá que el bolsillo del contribuyente va a tener un nuevo agujero, que servirá para financiar un nuevo sistema de televisión del que principalmente se beneficiarán los operadores privados.

Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, monopolios, multitud, politica.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado a los directivos de TVE su intención de eliminar en septiembre gran parte de la publicidad de la cadena pública "si los plazos parlamentarios se cumplen con rapidez".
Según explicaron fuentes de la corporación, el Ejecutivo plantea presentar un proyecto de ley antes del verano, aunque la aprobación definitiva del texto dependerá finalmente de los plazos establecidos para las enmiendas de los partidos políticos y su tramitación en el Congreso.
No obstante, estas mismas fuentes aludieron a la "dificultad" para llevar a cabo esta propuesta, ya que, previo a su entrada en el Parlamento, deberá pasar por el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado. Por ello, el Gobierno contempla también otro margen "más amplio" para la entrada en vigor de esta ley, si bien dentro del periodo que abarca el último cuatrimestre del año.
Una medida criticada
El Gobierno desarrollará esta medida "aparte" de la Ley general Audiovisual y, entre las soluciones propuestas para financiar a TVE, se incluirán previsiblemente una tasa a las televisiones privadas del 3% de sus ingresos brutos de explotación, así como otra de un 0,9% para los operadores de telecomunicaciones, según explicó De la Vega.
Cabe recordar que esta medida ya ha sido criticada por el sector de las telecomunicaciones, a través del presidente de la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (AETIC), Jesús Banegas, que considera "un sinsentido" obligar a este sector a financiar en parte a TVE.
En declaraciones a Europa Press, Banegas explicó que los operadores del sector ya soportan "una carga importante de impuestos especiales".
Además, entre las nuevas medidas, De la Vega plantea destinar un porcentaje de la tasa por la utilización del espacio público radioeléctrico -que entró en vigor este año-, y que previsiblemente destinará un 80% del total de los ingresos por este concepto.
Reuniones con Uteca
Estas fueron las principales actuaciones que De la Vega adelantó al presidente de la corporación, Luis Fernández. Durante su comparecencia la semana pasada ante la comisión mixta de RTVE, Fernández aseguró que no conocía el modelo de financiación que está elaborando el Gobierno para RTVE, después de que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciara una "reducción drástica" de la publicidad en la televisión pública.
El Gobierno también prevé reunirse a última hora de hoy con los sindicatos y, "en un plazo de tres días", con los representantes de las televisiones privadas y las operadoras de telecomunicaciones para exponer estos primeros pasos hacia la eliminación de la publicidad en TVE.
Agencias/inSurGente
Siguiendo el modelo francés, el Gobierno cargará al sector de las telecomunicaciones una nueva tasa del 0,9% de sus ingresos brutos (unos 288 millones). Con ello se pretende sufragar el 24% del presupuesto anual de RTVE (1.200 millones). El resto de la financiación se completará con la aportación de los Presupuestos Generales del Estado (45%=550 millones), el 3% de los ingresos de las televisiones privadas (120) y la tasa por el uso del espectro radioeléctrico (20%=240).
Los sectores implicados no han recibido muy bien la noticia, algunos defienden la eliminación de la publicidad de TVE, si bien no comparten la fórmula elegida por el Gobierno como alternativa a la financiación del Ente público. El ejecutivo ha decidido que las cadenas privadas contribuyan a financiar TVE a través del 3% de sus ingresos. Este impuesto se une al del 5% que abonan desde hace 10 años (1999) a la industria cinematográfica y al 6% de sus ingresos que abonan a las entidades de gestión de derechos.
Por otro lado, el Gobierno se ha comprometido a que en ese 5% se puedan computar también las series de televisión.
Así las cosas, las cadenas privadas pagarán un canon de 120 millones de euros al año con destino a las arcas de TVE, pero a cambio se repartirán una cantidad cinco veces mayor: 600 millones de euros. Aunque este "botín" podría desviarse por los anunciantes a otros soportes publicitarios, los planificadores y las agencias tienen muy claro que no todos los medios tienen el mismo impacto a la hora de comunicar determinados mensajes.
Las que peor han aceptado la decisión del Gobierno han sido las operadoras de telecomunicaciones. De hecho, ya han comunicado que subirán la factura del teléfono e internet de los usuarios para así financiar el fin de la publicidad en TVE. Así de claro lo ha advertido esta misma semana Jesús Banegas, el presidente de la asociación que agrupa a las empresas del sector de las TIC.
Algunas de las compañías especificarán en las facturas mensuales y en color rojo el porcentaje que pagan sus clientes por mantener TVE. "La nueva tasa del Gobierno para TVE se suma al canon digital que también pagarán los consumidores, incluso aquellos que no ven la televisión", ha denunciado Banegas.
TVE tendrá nuevas limitaciones con este nuevo modelo
El anteproyecto del Gobierno para TVE recoge también la limitación de 80 películas de estreno (norteamericanas). La cadena no podrá emitir más que estas películas en el conjunto de sus canales en prime time. Por otro lado, la pública tendría restringido el acceso a acontecimientos deportivos de primer nivel, ya que en ningún caso podrá destinarse más del 10% del presupuesto anual a este tipo de adquisiciones, salvo en el caso de los JJ.OO y los Juegos Paralímpicos.
Además, TVE tendrá nuevas obligaciones -según el proyecto- de servicio público sobre los debates parlamentarios, la oferta infantil o la subtitulación de programas. No hay que olvidar que TVE tendrá que hacer frente a 8.000 nuevas horas de emisión, el equivalente a la desaparición de los anuncios en La 1 y La 2.
Las cadenas privadas seguirán obligadas a destinar el 5% de sus ingresos a financiar largometrajes españoles o europeos, una tasa que en el caso de TVE pasará a ser del 6%.
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