Si entre los 43 relatores especiales de Naciones Unidas cuatro son designados para que investiguen en detalle lo que pasa en Colombia, significa que es alta la preocupación en el mundo por las violaciones a los derechos humanos en este país, pero es de alarma general si esos relatores tienen que ocuparse de crímenes de lesa humanidad como ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, desplazamiento y desaparición forzada.
Y en esas estamos. Después de escuchar la rendición de cuentas que presentó Colombia en las sesiones del Examen Universal sobre Derechos Humanos realizada en Ginebra en diciembre pasado, cerca de 30 países levantaron la mano para hacer preguntas difíciles al delegado colombiano.
Pero mientras en todas partes del planeta cuando se habla de Colombia se piensa en la violencia crónica y en la peste del narcotráfico, por aquí nos hacemos los de la vista gorda. Los informes del Vicepresidente cuando regresa de Ginebra o Nueva York siempre repiten al mejor estilo del ’Pibe’ Valderrama, "todo bien, todo bien, nos felicitaron, reconocieron el esfuerzo del Gobierno", y la única mancha apareció cuando unos cuantos malagradecidos y antipatriotas se dedicaron a desprestigiar al país contando de muertes y responsabilidades estatales en lugar de lavar la ropa sucia en casa.
Eso de lavar la ropa sucia en casa cuando de lo que se trata es de violación a los derechos humanos no clasifica ni para Sábados Felices. Menos en esta era de la globalización de la información y de los derechos humanos. Se demoraron más planeando la presunta emboscada y asesinato de Edwin Legarda, el esposo de la dirigente del CRIC y de las marchas indígenas, que lo que tardó la noticia en dar la vuelta al mundo. Y así ocurre con todas las atrocidades que son asunto de todos los días en este país del "todo bien".
Los relatores especiales
En el transcurso de 2009 tendremos, entonces, varias visitas de los relatores especiales de Naciones Unidas, personalidades reconocidas en sus países e internacionalmente por su experiencia en los temas de las investigaciones extraconvencionales.
El profesor Philip Alston, quien hará el seguimiento a las ejecuciones extrajudiciales, tiene entre sus credenciales haber sido presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para Derechos Económicos y Sociales y cabeza de misión en varios países. Vendrá el relator sobre Asuntos Indígenas, James Anaya, sorprendido por el rechazo gubernamental de ratificar la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Margaret Sekaggia revisará la situación de los defensores de derechos humanos que siguen siendo calificados desde el Gobierno como simples disidentes o tolerantes con el terrorismo. Y Leandro Despouy examinará la situación de los magistrados de las Cortes permanentemente acusados por el Ejecutivo con toda suerte de descalificativos y forzados a pedir protección internacional ante el cerco que denuncian les han tendido desde el Das y otras dependencias adscritas a la Presidencia de la República.
Entonces no se trata de cuatro turistas o conferencistas de asuntos varios, sino de personajes de primera línea que vienen a un país problema. El solo anuncio de su misión ya es por lo menos una amonestación o una sanción política a un Estado o gobierno que no cumple satisfactoriamente los compromisos ante la comunidad de naciones. Sin embargo, aquí se trata de minimizar el significado de su mandato, presentándolo como un asunto normal o como una iniciativa oficial para demostrar el grado de transparencia o voluntad humanitaria del Gobierno.
Ciertamente es un tratamiento de excepción utilizado cuando la situación es muy crítica y crónica o existen problemas estructurales y evidente complicidad de agentes estatales en las infracciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Informes y más informes
Durante los últimos meses hemos tenido una verdadera avalancha de informes sobre la grave situación de derechos humanos en Colombia y por esto no suena impertinente la pregunta sobre el impacto que podrán tener cuatro más de los relatores especiales.
Después del Examen Universal de diciembre pasado, se dieron a conocer los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (19 de febrero, 2009) y el Informe Anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (25 de febrero, 2009). En ellos se reconocen los esfuerzos del Gobierno para mejorar el panorama pero señalan sin ambigüedad la gravedad de las violaciones ocurridas durante 2008, comenzando por los "asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas; colaboración militar insubordinada con nuevos grupos ilegales y paramilitares que se rehúsan a desmovilizarse; tortura y maltrato de detenidos; hacinamiento e inseguridad en prisiones; arrestos arbitrarios; impunidad; intimidación a la justicia, ineficiencia de esa justicia; persecución e intimidación de periodistas; condiciones antihigiénicas de asentamiento de personas desplazadas, con acceso limitado a salud, educación o empleo; corrupción; persecución a defensores de derechos humanos; violencia contra la mujer, incluidas violaciones".
Y sigue la lista de graves transgresiones a los derechos que documenta en detalle el Departamento de Estado indicando como responsables a agentes estatales o de la fuerza pública. En este informe como en el de la Alta Comisionada, la lista de infracciones por parte de la guerrilla o de los grupos surgidos de la desmovilización paramilitar es igual de larga, pero llama la atención la crudeza con la cual señalan responsabilidad desde esferas estatales.
A todos estos informes y a los presentados dentro del país por entidades de control y varias ONG se sumarán los de los relatores. La presión sobre el Gobierno y sobre los grupos ilegales llegará por alguna vía así todos se empeñen en no darse por aludidos. Por lo pronto, el Ministro de Defensa está repitiendo que desde octubre de 2008 desaparecieron los falsos positivos.
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Colombia: 1.686 desaparecidos en dos años
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sábado, 28 marzo, 2009
El 6 de marzo, una gran manifestación denunció la desaparición de miles de personas a manos del Estado.
Sólo entre 2007 y 2008 fueron 1.686 los ‘falsos positivos’ ejecutados por el Ejército.
El mayor escándalo asociado a la doctrina de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe comenzó en septiembre pasado cuando se conocía que 19 jóvenes de barrios marginales de Bogotá habían sido ultimados por el Ejército y presentados como guerrilleros caídos en combate, a cambio de lo cual los militares recibían las recompensas y permisos promovidos por el Gobierno de Uribe para estos casos.
A partir de ese momento, las cifras de los casos relacionados con los llamados “falsos positivos” no hicieron más que crecer.
Según un reciente informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sólo entre el 1 de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008 se habría dado un total de 1.686 desapariciones forzadas, la mayor parte de ellas relacionadas con ejecuciones extrajudiciales.
La respuesta del Gobierno no se hacía esperar y una treintena de mandos militares eran destituidos.
Mario Montoya, comandante en jefe del Ejército, dejaba su puesto y a cambio era nombrado recientemente embajador en la República Dominicana. Posibles vínculos de Montoya con paramilitares cuando ejercía de comandante en Medellín (refrendados por informes de la CIA) y su pertenencia a la Alianza Anticomunista Americana, encargada en los años ‘70 de actuar contra opositores, abogados y periodistas, son algunos de los antecedentes de Montoya.
Ley de Víctimas
Casi de manera paralela al escándalo de los “falsos positivos”, la mayoría parlamentaria del grupo liderado por Uribe aprobaba una nueva Ley de Víctimas que daba la espalda a las propuestas emanadas de las propias víctimas, varios congresistas y miembros de la sociedad civil.
La nueva ley, entre otras cosas, obliga a las víctimas de crímenes de Estado –a diferencia de lo que ocurre con las de grupos ilegales– a contar con una sentencia ejecutoria de un organismo judicial para poder acceder a las reparaciones.
Unas reparaciones que serán otorgadas por el Estado por “solidaridad” y no basadas en posibles responsabilidades del mismo.
La Ley, que aún debe pasar por el Senado, “pretende consolidar la usurpación ilegal de las tierras”, ya que “las víctimas de desplazamiento forzado ya no serán propietarios (…) de las tierras usurpadas porque tendrían que ceder sus derechos al Estado, que a través de su estrategia militar y paramilitar los obligó a desplazarse”, según denunciaba a través de un comunicado el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
Lo que conviene a Uribe
“Pareciera que al presidente Uribe le convenga la situación de guerra que se vive en el país y que a las FARC les gusta que esté en el poder”, declaró Alan Jara, ex gobernador del Departamento del Meta, después de ser liberado de manera unilateral por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras más de siete años de cautiverio.
Su llamada, así como la del también liberado Sigifredo López –ex diputado del departamento del Cauca–, a la solución negociada al conflicto armado que vive Colombia desde hace cinco décadas fue objetada con rotundidad por el presidente colombiano:
“El único acuerdo humanitario que se acepta es que liberen unilateralmente y de inmediato a todos los secuestrados”.
Así respondía no sólo a los recién liberados y al grupo Colombianos/as por la Paz, sino también a la propuesta de las FARC de poner en libertad a 22 policías en su poder a cambio de la de 500 presos guerrilleros.
ENTREVISTA A IVÁN CEPEDA, MIEMBRO DE COLOMBIANOS/AS POR LA PAZ Y PORTAVOZ DEL MOVICE
“El paramilitarismo sigue siendo una realidad en Colombia”
El portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) habló con DIAGONAL sobre liberaciones de rehenes y la narcopolítica de Uribe.
Sergio de Castro Sánchez / Bogotá (Colombia)
Iván Cepeda es uno de los impulsores de la iniciativa civil Colombianos/as por la Paz que respaldada por 130.000 firmas, ha emprendido un diálogo epistolar con las FARC cuyo primer éxito ha llevado a la libertad a seis retenidos por el grupo insurgente. A sus integrantes, Uribe los ha acusado de “bloque intelectual de las FARC” que defiende al grupo guerrillero con “su cuentico de la paz”.
Según Cepeda, las liberaciones pueden llevar a “la creación de condiciones para un diálogo político que busque resolver el conflicto”, a pesar de los señalamientos y el intento de Uribe de “torpedearlas”, “al punto que en la primera de las entregas se desplegó un operativo militar en la zona en donde se estaban realizando”.
Para el también portavoz del MOVICE, la “criminalidad estatal” –como la que se ha dado en el caso de los “falsos positivos”– es “uno de los factores que impiden que en Colombia avancemos hacia un proceso de paz”.
Se trata de “un problema muy profundo que atañe a la doctrina del Ejército en Colombia, a la manera en como se concibe el papel del Estado y a la forma en como se actúa para criminalizar a los sectores de oposición”. Una criminalidad que, junto a la paramilitar, se ha reducido en lo que se refiere al número de masacres, pero que ha supuesto “el aumento del desplazamiento forzado, de las ejecuciones por parte de los miembros de la fuerza pública y de las desapariciones forzadas”.
Frente a la posición de Uribe, para Cepeda, “el paramilitarismo sigue siendo una realidad en Colombia”.
Según el Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, actualmente existen más de 100 grupos armados –entre los que destacan las Águilas Negras– que actúan como lo hacían las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Un paramilitarismo que, según señala Cepeda, además de su actividad armada, sigue presente tanto en las estructuras políticas como económicas de Colombia.
Actualmente, el 33% de los miembros del Senado y el 15% de los representantes de la Cámara –muchos de ellos pertenecientes a la órbita uribista– están siendo investigados por vínculos con el narcoparamilitarismo.
Para Cepeda, “es cierto que los paramilitares han utilizado a políticos, pero aún es más cierto que los políticos han utilizado a los paramilitares para ganar posiciones políticas”.
El presidente colombiano “ha hecho esfuerzos muy claros por ir debilitando e incluso intentar acabar con esos procesos de investigación”, llegando a acusar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar los casos, “de estar sesgados ideológicamente, tildándolos prácticamente de aliados de la guerrilla”.
Señalamientos que se han recrudecido a partir del proceso a que se ha visto sometido Mario Uribe Escobar, primo de Uribe y también senador de la República.
Unas injerencias que también se han dado en el caso de los juicios a paramilitares, en donde “el Gobierno ha intentado siempre limitar a su mínima expresión los alcances de estos procesos”, por ejemplo, “haciendo desaparecer a muchos de sus actores esenciales, como es el caso de la extradición de 14 de los jefes paramilitares”.
Este contexto de “poder mafioso” tiene su continuidad en lo económico. Proyectos como el Estatuto de Desarrollo Rural “son parte de un proyecto social, político y económico” que busca “capturar al Estado” y “que tiene que ver con intereses económicos, con poder legalizar las tierras que los paramilitares capturaron y usurparon durante un proceso de desplazamiento forzado muy masivo”.
El pacto de Ralito
El 23 de julio de 2001 se reunían en Santa Fe de Ralito (Departamento de Córdoba) 11 congresistas, dos gobernadores, tres alcaldes, varios concejales y funcionarios públicos con cuatro jefes paramilitares.
Su intención de “refundar nuestra patria” a través de “un nuevo contrato social”, según refleja el documento firmado por los presentes, fue acompañada por una campaña paramilitar que aseguró unos buenos resultados electorales en 2002 a todos los firmantes.
Entre ellos, muchos colaboradores directos de Álvaro Uribe, que ganaría ese año la Presidencia por primera vez.
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Colombia: Se entrega gobernador por nexos paramilitares
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sábado, 28 marzo, 2009
Fuentes de la Fiscalía General colombiana informaron este jueves que el gobernador del departamento del Guaviare (sureste), Óscar López Cadavid, se entregó a las autoridades de ese país, procesado por nexos con paramilitares y el narcotráfico.
El gobernador López, es procesado por presuntos nexos con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), especialmente con el narcoparamilitar Pedro Oliveiro, alias 'Cuchillo', uno de los delincuentes más buscados del país.
La entrega voluntaria del gobernador a las autoridades se produjo en horas de la mañana, en el búnker de la Fiscalía, una semana después de que ordenaran su captura.
López se puso a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la fiscalía, precisaron las fuentes, que recordaron que la causa contra el funcionario es seguida por la delegación de la entidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El gobernador de la región selvática del Guaviare se entregó diez días después de que el fiscal general, Mario Iguarán, ordenara que fuera detenido para que compareciera en un proceso por concierto para delinquir.
Iguarán informó entonces de su decisión al Gobierno del presidente Álvaro Uribe, para que designara a un gobernador interino para el mismo departamento.
El expediente de López señala que hubo negocios entre el gobernador y jefes paramilitares para la adquisición de tierras y el posterior cultivo en ellas.
Además de eso, hay denuncias de personas que han alegado haber sido desplazados de predios y tierras por paramilitares, y que al final terminaron en manos del gobernador López.
Nexos con 'cuchillo'
No obstante, la compra tierras no es el único detalle que enreda a la autoridad local, puesto que su nombre aparece al lado de otros jefes 'paras' del Llano en la conformación de la empresa Explotación y Exportación Minera del Llano Limitada.
Víctor Hugo Floriano Huertas, cuñado del mandatario seccional; el ex parlamentario Albeiro Mejía y Henry Rincón, actual secretario de Gobierno del Guaviare, también hicieron parte de esa sociedad.
Mejía es, según un testimonio del hermano de 'H.H.', la persona que lo visitó para pedirle que hablara con Ever Veloza para que el extraditado jefe para se retractara en las versiones que comprometían a López.
En su indagatoria, Óscar López aseguró que fue socio de 'Cuchillo' cuando se encontraba desmovilizado. Agregó que se trató de una empresa de papel de la que hizo parte por algunos meses y que no asistió a ninguna junta.
López cedió sus acciones en la empresa de explotación minera a su amigo, el ex parlamentario Albeiro Mejía, el mismo a quien Freddy Veloza, 'Loratuerta', señala de haberle pedido que intercediera ante 'H.H.' para que no declarara contra el Gobernador López.
Colombia: Paramilitares prometen muerte a indígenas
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domingo, 12 abril, 2009
El 27 de enero de 2009, fue emitido por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, el Informe de Riesgo No. 002-09, en el cual se focaliza entre otros sectores como la comunidad árabe, los comerciantes y los dirigentes de las Juntas de Acción Comunal, a las comunidades Wayuu del área rural de Maicao ubicadas en los corregimientos de Montelara, La Majayura, Carraipía y, a la organización Fuerza de Mujeres Wayuu, esta última dedicada entre otras actividades, a la denuncia de los crímenes cometidos por actores armados en contra de comunidades Wayuu localizadas en Maicao.
A pesar que algunas autoridades e instituciones citaron a un consejo de seguridad, para supuestamente, atender a las recomendaciones emitidas en el Informe de Riesgo, la Fuerza de Mujeres Wayuu, no fue convocada para acudir a esta reunión, como tampoco lo fueron, las comunidades Wayuu que, aparecen mencionadas en dicho documento.
Es preciso se ñalar que, en las últimas semanas, han dejado a la entrada de las comunidades Wayuu, una serie de panfletos que advierten a la población, de la limpieza social que se implementará en el municipio fronterizo, la cual ha generado que se esté atendiendo a las restricciones impuestas sobre la movilidad, en el sentido de que después de determinadas horas, todos deben confinarse en sus residencias.
El temor se hace más intenso cuando los mensajes, rumores y advertencias que llegan a las comunidades, intimidan y condicionan a los Wayuu que atienden procesos para procurar la verdad, la justicia y la reparación. En este sentido se viene amedrentando a las comunidades, con el propósito de que no participen en las actividades que desarrolla la Fuerza de Mujeres Wayuu en torno a las víctimas del conflicto armado, ya que se pretende accionar un plan para atentar contra la vida y la integridad personal de algunas de sus dirigentas.
Enfatizamos que, además de las amenazas proferidas en contra de las Mujeres Wayuu, se han venido cometiendo asesinatos selectivos en contra de sectores poblacionales que habían sido ya identificados en el Informe de Riesgo de la Defensoría del Pueblo, por lo cual, subrayamos que, en caso de concretarse las amenazas hacia alguna de las dirigentas de la Fuerza de Mujeres Wayuu, hacemos exclusivamente responsable, al gobierno nacional por omisión, ya que ha evadido la atención a las recomendaciones emitida por el Sistema de Alertas Tempranas.
Por lo anterior, hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, para que estime seriamente, la ampliación de las Medidas Cautelares tanto a la Fuerza de Mujeres Wayuu, como a las comunidades Wayuu del municipio de Maicao-La Guajira, que especialmente hemos venido denunciando y participando en actividades relacionadas con los derechos de las víctimas del paramilitarismo y del conflicto armado colombiano.
Solicitamos una reunión con las entidades gubernamentales concernidas en el Informe de Riesgo y las organizaciones y comunidades Wayuu de Maicao que adelantamos el proceso de denuncia por las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, con el objeto de discutir la ruta a seguir en materia de prevención y protección, las cuales deben ser concertadas de manera inmediata.
Finalmente, hacemos un llamado fraternal a las organizaciones de derechos humanos, y a la opinión pública nacional e internacional, para que acompañen el proceso de consolidación de las comunidades Wayuu que nos hemos declarado en reconstrucción.
Asesinan en Colombia a campesina líder de desplazados
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jueves, 16 abril, 2009
La campesina colombiana Ana Isabel Gómez Pérez, líder de un movimiento que trabaja en la recuperación de tierras usurpadas por paramilitares, fue asesinada por desconocidos cuando se movilizaba por una calle del norteño departamento de Córdoba, informó hoy la prensa local.
De acuerdo con una versión de la página electrónica del diario El Tiempo, de Bogotá, Gómez Pérez, de 46 años, fue tiroteada en el municipio de Los Córdobas, en el departamento de Córdoba, mientras que su hija, una menor de 16 años, resultó ilesa.
Agrega que los asesinos huyeron del lugar en una motocicleta aprovechando la confusión de los lugareños.
Gómez integraba la junta del Comité de Familiares Víctimas de la Violencia en Córdoba (Comfavic), que aglutina a más de 4.000 personas que reclaman, como víctimas de los paramilitares, reparaciones a que tienen derecho según la Ley de Justicia y Paz.
La mujer denunció a comienzos de este mes, que venía siendo víctima de amenazas por parte de desconocidos que la amenazaban de muerte.
La líder de desplazados había tenido que abandonar, seis años atrás, su natal Unguía, en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, al recibir amenazas del bloque "Elmer Cárdenas" de las autodefensas lideradas por Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán".
A partir de entonces, Gómez Pérez vivía en la municipalidad de Los Córdobas, desde donde había comenzado su lucha porque las autodefensas devolvieran a campesinos de la zona unas 300 hectáreas de tierra que les habían arrebatado.
El asesinato de Ana Isabel Pérez se une al de la también líder de desplazados Yolanda Izquierdo, ocurrido en 2007, en Montería, capital del departamento de Córdoba.
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