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Muerte a crédito |
Pérdida de confianza. Esa es una de las claves de la actual debacle de la banca española. Por eso su diagnóstico es de carácter reservado. Hace unos meses bancos y cajas se ufanaban, casi con regodeo, de una salud de cemento armado cuando en el resto del mundo a sus pares les caían chuzos de punta. “Crisis, yo no estoy en crisis”, decía con sorna el rey midas del sector, Emilio Botín, escoltado a su derecha por Rodríguez Zapatero, en una bicefalia mediática de gran fuerza simbólica.
Y después vinieron campañas de doma y cata para convencer a la ciudadanía de su solvencia y credibilidad, casi a rebufo de que el presidente del gobierno, entonces con la gorra de secretario general del PSOE, clausurara el congreso del partido al patético grito de ¡a consumir, a consumir!
Por no hablar del papelón de la televisión pública al servicio privado de los caudillos de la banca en una edición monográfica de Informe Semanal, que ni así se las ponían a Felipe II.
Y todo porque el Estado y su copiosa Administración estaban trabajando, por nuestro bien, a favor del sistema financiero. Porque ya se sabe lo que proclama la cultura dominante, si el explotador quiebra el explotado se queda en paro. Socializar el sufrimiento, es la consigna civil de la servidumbre voluntaria.
Pero del dicho al hecho hay un trecho.
Enseguida surgieron los primeros problemas y se pudo comprobar que, como casi siempre ocurre con los que padecen el mal de altura, el rey estaba desnudo. El banco Santander, precisamente el buque insignia de la égida zapaterista, empezó a mostrar su talón de Aquiles. Una pifia tras otra, el orgulloso Botín tuvo que ir encajando escándalos varios viendo su bruñido apellido ligado a múltiples latrocinios como Lehman Brothers, Madoff y el “corralito” de su Fondo Inmobiliario Banif.
Mario Conde, redescubierto como todólogo por la telebasura, aseguraba que por mucho menos le habían enviado a él a la cárcel. Pero el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Para entonces, el antiguo Banesto de M.C., ahora en la escudería del cántabro que ve salir el sol, ya había acudido a la subasta de dinero público ofertada por el gobierno de Z.P. para que nuestro bancos y cajas prosperen en la liga de campeones tahúres.
Y con Banesto otros tantas entidades financieras, sobre todo cajas de ahorro, que siguiendo dictados de los virreyes políticos de las comunidades autónomas se habían dedicado a dar créditos a mansalva a constructores de probada fidelidad con el partido gobernante en salvada sea la parte. Y claro, lo uno trajo a lo otro y entre todos lo enterraron.
Las agencias internacionales de rating rebajaron primero la solvencia de España como país, y luego hicieron lo mismo con el núcleo duro de cajas y bancos. Lo que significa que, nulla estética sine ética, el endeudamiento contraído en nuestro nombre por el Estado para sanear las trampas de la banca nos va a costar más caro y que ni por esas, bancos y cajas, han cumplido su autoprofecía. Están, según el argot de esos auditores financieros en “perspectiva negativa”. O sea, van camino de la UCI y pueden terminar ingresados en la UVI.
Y todo ello después de haber tenido la sartén por el mando y el mango también. Porque, lejos de funcionar en condiciones de transparencia, todos, desde el gobierno, el Estado, los sindicatos, los partidos políticos y los poderes fácticos, han conspirado en su favor. Descaradamente, aunque hincharan pecho y hablaran de desregulación culpable, el as que escondían en la manga era lisa y llanamente un proteccionismo como la copa de un pino.
Claro que como la crisis conlleva una guerra ideológica, victoriosa hasta estos momentos para los cleptómanos que nos dominan, la buena gente cree que está bien empleado, porque si no se les rescatara con los recursos disponibles, la casa se derrumbaría encima de todos.
Eric Fromm lo llamaba Miedo a la libertad.
Es la misma ideología de resignación que sirvió en la transición política de los setenta para que los víctimas pidieran perdón a los verdugos como condición sine qua nom para “conquistar” la democracia.
¡Menudo invento!
Parasitismo. Necrofilia. Da igual el nombre que se ponga al saqueo, nadie es responsable. Es más, cuando las aguas vuelvan a su cauce y el capitalismo depredador emprenda su penúltima aventura equinoccial, todo el mundo dará por sabido que el sistema incentiva a la mafia, uno de los nuestros.
Y volveremos a reconfortarnos en las imágenes de famosos, como Rafa Nadal o Imanol Arias, anunciándonos las bondades de tal o cual “corralito·” financiero, aunque por las mañanas, cuando vayamos a afeitarnos, nos resulte difícil mirarnos a la cara.
No es ya que la patronal con ayuda del gobernador del Banco de España Miguel Fernández Ordoñez y la complicidad de las cúpulas de UGT y CCOO lancen una contraofensiva laboral para capear su crisis. Estamos tocando el fondo.
Es el propio presidente de la Generalitat, José Montilla, quien se atreve a sugerir a su homólogo Rodríguez Zapatero que precisamente ahora es el momento para profundizar en la liberalización del mercado, llegando incluso a lanzar el globo sonda de si no sería conveniente acabar ya con la gratuidad total de la sanidad. Verde y con asas.
Mientras, ellos a lo suyo.
La Comunidad de Madrid entierra la comisión de investigación sobre el caso de espionaje destapado por Garzón; Garzón se lo lleva crudo por el morro y en dólares del Tío San; Camps se llama a andana; el Gobierno se pasa por el forro por la Ley de Costas y en Alcaucin y otros municipios-feudos, el pueblo sigue gritando ¡vivan las caenas!
Si alguien no lo remedia, al final la crisis puede servir de sudario para los pobres y de palio triunfal para los ricos. Y es que algunas imágenes invitan a la ternura y claman en el desierto, como la de esa Comisión de Economía del Congreso, presidida por el antiguo secretario general del Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, escuchando el no mea culpa de Miguel Martín, hoy máximo responsable de la patronal bancaria AEB y ayer servidor público como subgobernador del Banco de España.
Por este camino, ellos se quedarán con la banca y nosotros volveremos al Monte de Piedad. No es broma. Van dos ejemplos.
¿Sabe alguien si el gobierno, una vez rebajado por las agencias de calificación de riesgos el rating de la mitad de la banca española va a renegociar los activos devaluados que recibió como contraparte del dinero público entregado?
¿Por qué los bancos y cajas exigen a sus embargados el cien por cien del valor de las hipotecas cuando estas entidades inflan sus activos al permitirles el gobierno contabilizarlos a precios distintos de su valor de mercado?
O sea, se cobra al alza y se paga a la baja.
Ni confianza en la banca ni esperanza en el gobierno. PSOE y PP acaban de votar juntos en el Senado para tumbar una proposición de reforma de la Ley de Memoria Histórica pidiendo que el Estado asumiera la exhumación de las víctimas de la guerra.
Muerte a crédito, pero nos queda la memoria.
Rafael Cid

Etiquetas: conocimiento, memoria, monopolios, multitud, politica, sabiduria.
La ARMH, en un comunicado, explica que, de haberse aprobado la petición, se habría ayudado a miles de familias que esperan encontrar a sus familiares desaparecidos.
"Nos parece incomprensible y extremadamente inhumano que 233 representantes de los ciudadanos nieguen la ayuda humanitaria a familias que han vivido no sólo el terror de haber perdido a un ser querido asesinado violentamente, sino haber sido gobernados durante casi cuatro décadas por quienes promovieron esos crímenes", subraya la Asociación.
Tras recordar que en casi nueve años la ARMH ha podido exhumar a casi 1.600 personas, considera que eso demuestra que el Gobierno, si quisiera poner los medios necesarios, podría solucionar el problema en tres años.
La Asociación ve incomprensible que el Gobierno no ponga las medidas pertinentes para ello y lamenta especialmente la "falta de compromiso" de los senadores socialistas.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, que defendió la propuesta, dijo que "la mayoría de los ciudadanos y profesionales son partidarios de la eutanasia y el suicidio asistido, que ya existen en España aunque de manera clandestina".
En su opinión, la regulación de la eutanasia es imprescindible porque aportaría al enfermo terminal "seguridad, sensación de control y mayor serenidad para soportar ese último tramo y resolvería el absurdo debate entre dejar morir y ayudar a morir, entre la eutanasia pasiva y la eutanasia activa".
Además, subrayó que "la posición contra la eutanasia es una creencia, la de la santidad e inviolabilidad de la vida, respetable como posición personal, pero que no puede convertirse en el único criterio" y avisó de que en España "se puede producir un 'caso Eluana'".
Por su parte, la diputada socialista Pilar Grande señaló que la iniciativa de ERC-IU-ICV reproduce "casi literalmente" las rechazadas en la legislatura séptima y octava y agregó que estas propuestas se registran en el Congreso "cada vez que los medios de comunicación recogen un acontecimiento" relacionado con la eutanasia.
La diputada del PSOE destacó que "es necesario un debate sostenido en el tiempo con todos los operadores jurídicos, científicos, asistenciales e institucionales" y "quizá la sociedad española, tras este debate responsable y sosegado", solicite al Gobierno "subir otro peldaño y acometer la regulación legal del derecho de los pacientes afectados por determinadas enfermedades invalidantes o terminales a poner fin a su vida". "Pero no creemos que este momento haya llegado", enfatizó.
A su vez, el diputado del PP Santiago Cervera afirmó "el derecho a la vida está protegido por la Constitución" y que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, "no existe el derecho a la propia muerte o al suicidio".
Además, recalcó que ni la eutanasia ni el suicidio asistido están amparados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que los ciudadanos ya tiene reconocido el derecho a una muerte digna. Por último, criticó a Llamazares por presentar "iniciativas oportunistas que no forma parte de las preocupaciones y prioridades de los españoles".
Ares ha comparecido en en Bilbao acompañado por los secretarios generales de las tres ejecutivas territoriales del PSE -Txarli Prieto (Álava), José Antonio Pastor (Vizcaya) e Iñaki Arriola (Guipúzcoa)- para analizar las reuniones mantenidas esta semana con el PP, Aralar, EA, EB y UPyD.
El dirigente socialista ha agradecido a todas las formaciones su disposición a hablar para alcanzar acuerdos, al tiempo que ha lamentado que el PNV se haya "autoexcluido" de la ronda de contactos, lo que evidencia, a su juicio, "un escaso talante democrático".
El PNV rehusó la invitación del PSE a reunirse porque, según dijo el presidente de la formación en Vizcaya, Andoni Ortuzar, dicho encuentro sería un "paripé".
Rodolfo Ares ha dicho que el PSE vuelve a ofrecer "su mano tendida y su disposición a llegar a acuerdos con todas las formaciones, el PNV incluido", tanto antes del debate de la investidura como posteriormente para alcanzar acuerdos de contenido político sobre la acción de un posible gobierno encabezado por Patxi López.
Por su parte, la vicesecretaria general del PP del País Vasco, Arantza Quiroga, ha afirmado que este partido afronta las negociaciones con el PSE-EE para apoyar la investidura de López como lehendakari con "clara voluntad" de llegar a un acuerdo y de "clarificar" en qué se va a materializar el "cambio".
Quiroga ha explicado que el PP fue a la primera reunión mantenida ayer con la comisión negociadora del PSE "fundamentalmente a escuchar" la propuesta de los socialistas.
"Es importante que los ciudadanos sepan y conozcan en qué va a consistir ese cambio" a partir del "día de la investidura de Patxi López como lehendakari", ha manifestado.
La dirigente y miembro de la comisión negociadora del PP ha solicitado al PSE-EE que sea "recíproco" con la "buena fe y buena voluntad" con la que el Partido Popular "afronta estas negociaciones" porque lo "importante" es conseguir una "alternativa a las políticas nacionalistas del PNV de los últimos 30 años".
Este porcentaje del 60% hubiera supuesto elevar el SMI a cerca de 800 euros mensuales, un nivel que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido a alcanzar para 2012
El PSOE y el PP unieron fuerzas esta tarde en el Pleno del Congreso de los Diputados para rechazar la toma en consideración de una proposición de ley remitida por el Parlament de Cataluña que proponía modificar el Estatuto de los Trabajadores para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado actualmente en 624 euros, para que "en ningún caso" fuera inferior al 60% del sueldo medio neto en España.
Este porcentaje del 60% hubiera supuesto elevar el SMI a cerca de 800 euros mensuales, un nivel que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido a alcanzar para 2012, si bien la subida aprobada en 2009 fue sólo de un 4%, muy por debajo del incremento medio anual del 7,5% necesario para cumplir con esta promesa electoral.
La portavoz de Trabajo del PSOE y también diputada del PSC, Isabel López i Chamosa, aseguró que "nadie tiene más ganas" que ella de subir el salario mínimo, pero afirmó que ahora "no toca", argumentando que este incremento generaría "una alarma muy importante" para los empresarios.
"No es el momento y a los trabajadores hay que decirles la verdad", señaló, recordando no obstante que el Gobierno se ha comprometido a cerrar la legislatura con un SMI de 800 euros.
Por su parte, la representante del PP, Carmen Álvarez-Arenas, estimó que la medida era "improcedente, inoportuna e incongruente" ante la situación de crisis económica, pues altera "arbitrariamente" el Estatuto de los Trabajadores "al margen de los agentes sociales".
PSC ADMITE QUE "NO ES EL MOMENTO".
La iniciativa, aprobada por el Parlamento catalán en 2004, fue presentada en la Cámara Baja por una delegación de la Cámara autonómica, encabezada por la diputada regional de CiU, Meritxell Borràs, quien lamentó la "triste y cruda realidad" de que el PSOE la haya bloqueado, lo que supone una "gran contradicción" de la política catalana.
La parlamentaria de ICV Laura Massana recalcó que resulta "del todo necesario" corregir el mecanismo de aplicación para "proteger a mujeres y jóvenes" ante la actual coyuntura. "No es el momento de los salarios bajos y los despidos baratos", incidió.
Por su parte, la representante del PSC Montserrat Capdevila admitió que la propuesta "no llega en el mejor momento" y celebró los objetivos a largo plazo del Gobierno, detallados por López i Chamosa, aunque valoró positivamente el texto del Parlamento catalán por surgir de las reclamaciones de los ciudadanos.
Y es que esta propuesta nació a instancias de asociaciones juveniles de trabajadores de UGT, preocupadas por la pérdida de poder adquisitivo en un momento en que la media del salario mínimo se situaba en el 37% del salario medio neto del país.
TRAS EL TALANTE, LA BARAKA.
El resto de portavoces de los grupos minoritarios mostró su apoyo a la iniciativa, y se mostraron especialmente críticos con la postura del PSOE. Así, el representante de CIU Carles Campuzano recalcó la "coherencia" de su apoyo a la iniciativa, si bien admitió que es "cuestionable" estudiar este incremento del SMI en un momento de crisis "que aconseja moderación salarial".
El portavoz de Trabajo del PNV, Emilio Olabarría, aprovechó el debate para reprochar al PSOE que dicha "coherencia" no forme parte de su "quehacer metacultural en la cultura parlamentaria", y le advirtió que acabado "el talante", tendrá que recurrir a la "baraka" (suerte en árabe) ante su soledad parlamentaria. "Vamos a ver cuánto dura la baraka, si aguanta hasta los próximos Presupuestos", auguró.
Por su parte, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, apoyó la toma en consideración de la proposición "por la justicia social en España", mientras que su compañero de grupo parlamentario y diputado de ERC, Joan Tardá, recalcó que "no es la primera vez que el PSC vota en Madrid contra el PSC", aunque ahora lo hace en un "escenario de guerra" cuando el "capital" y los trabajadores se están "resituando".
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