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España: nacionalizan pequeño banco |
El Banco de España ha decidido intervenir Caja Castilla-La Mancha en lo que supone la primera intervención de una gran entidad financiera desde la de Banesto en 1993 y la primera desde Eurobank del Mediterráneo en 2003.
Dirigentes del Banco de España estaban estudiando desde poco después del mediodía en una reunión extraordinaria con el presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, la posible intervención de la entidad.
El Consejo de Ministros celebrará una reunión de urgencia y durante la tarde dará un comunicado.
Caja Castilla-La Mancha contaba con créditos concedidos por importe de 19.536 millones de euros a cierre de 2008 y con depósitos de clientes por valor de 17.265 millones de euros, que están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos.
La intervención del Banco de España está amparada por el artículo 31 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Dicho artículo establece que "únicamente cuando una entidad de crédito se encuentre en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia, podrá acordarse la intervención de la misma o la sustitución provisional de sus órganos de administración o dirección". El artículo permite al supervisor del sector financiero a mantener las medidas "hasta que se supere la situación" de extrema gravedad.
El Consejo de Administración de Caja Castilla-La Mancha (CCM) tenía previsto reunirse el próximo martes con el objetivo de adelantar al 31 de diciembre de 2008 las dotaciones previstas para el 2009 e incurrir incluso en resultados negativos, con la finalidad de fortalecer su estructura patrimonial, según señalaron a Efe fuentes próximas al órgano de administración.
El presidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, fue llamado a las 14.00 hora local para una reunión de urgencia en la sede central del Banco de España en Madrid, que según las fuentes consultadas podría haber empezado a las 16.00 horas.
Proceso de fusión truncado
CCM se encontraba inmersa en un proceso de conversaciones con la entidad andaluza Unicaja para una futura fusión, operación que se vería frustrada con esta decisión del Banco de España. Desde hace unas semanas diversas informaciones han apuntado a un posible agujero patrimonial en la caja, que no obstante fue desmentido la semana pasada desde fuentes oficiales de CCM. La caja tiene previsto celebrar consejo de administración de caracter ordinario el próximo martes, día 31 de marzo. Unicaja celebró el suyo el pasado viernes y aseguró que las conversaciones para la fusión proseguían "con total normalidad".
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Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, monopolios, multitud, politica.
El Gobierno ha asegurado que los depósitos y los ahorros de los clientes de Caja Castilla-La Mancha están garantizados tanto por el Ejecutivo como por el Banco de España, según ha afirmado la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. El Gobierno ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario para estudiar el Decreto Ley sobre la decisión del Banco de España de intervenir la Caja Castilla-La Mancha, en lo que supone la primera intervención de una gran entidad financiera desde la de Banesto en 1993.
El Consejo va a aprobar un Decreto Ley por el que se autoriza la concesión de garantías derivadas de la financiación que puede otorgar el Banco de España a favor de la Caja de Ahorros de Castilla-la Mancha, según fuentes de Presidencia del Gobierno. El decreto es consecuencia de un acuerdo del Banco de España del 28 de marzo por el que se decide la sustitución del consejo de administración de la Caja de Castilla-La mancha y la inyección de una cantidad de dinero a esta entidad.
Caja Castilla-La Mancha contaba con créditos concedidos por importe de 19.536 millones de euros a cierre de 2008 y con depósitos de clientes por valor de 17.265 millones de euros, que están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, hasta un límite de 100.000 euros por cliente.
La intervención del Banco de España está amparada por el artículo 31 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que establece que "únicamente cuando una entidad de crédito se encuentre en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia, podrá acordarse la intervención de la misma o la sustitución provisional de sus órganos de administración o dirección".
El Consejo de Administración de CCM tenía previsto reunirse el próximo martes con el objetivo de adelantar al 31 de diciembre de 2008 las dotaciones previstas para el 2009 e incurrir incluso en resultados negativos, con la finalidad de fortalecer su estructura patrimonial.
Caja Castilla-La Mancha contaba con créditos concedidos por importe de 19.536 millones de euros a cierre de 2008 y con depósitos de clientes por valor de 17.265 millones de euros, que están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, hasta un límite de 100.000 euros por cliente.
La intervención del Banco de España está amparada por el artículo 31 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que establece que "únicamente cuando una entidad de crédito se encuentre en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia, podrá acordarse la intervención de la misma o la sustitución provisional de sus órganos de administración o dirección".
El Consejo de Administración de CCM tenía previsto reunirse el próximo martes con el objetivo de adelantar al 31 de diciembre de 2008 las dotaciones previstas para el 2009 e incurrir incluso en resultados negativos, con la finalidad de fortalecer su estructura patrimonial.
El Gobierno avalará hasta 9.000 millones para que el Banco de España intervenga en Caja Castilla La Mancha. El Gobierno ha aprobado hoy un decreto-ley por el que autoriza la emisión de un aval del Tesoro de hasta 9.000 millones de euros, para que el Banco de España intervenga en Caja Castilla La Mancha y solvente sus problemas de liquidez.
Tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, Pedro Solbes, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, ha asegurado que este aval no supone una inyección directa de efectivo por parte del Gobierno en la entidad, sino que simplemente supone una garantía "sin cargo a las partidas presupuestarias".
El Banco de España tomó ayer la decisión de intervenir Caja Castilla-La Mancha y hoy se lo ha comunicado oficialmente al presidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, según fuentes de La Moncloa. Por otra parte, fuentes de CCM han comunicado que la reunión entre el Banco de España y la Caja ya ha finalizado.
Solbes ha hecho hincapié varias veces en que CCM es una entidad solvente y que simplemente tiene "problemas transitorios de liquidez".
El Banco de España ha decidido tomar el control de CCM para su gestión directa, tras fracasar el intento de fusión con Unicaja, y es la primera toma de control de una entidad española desde la intervención de Banesto en 1993 (en 2003, el Fondo de Garantía de Depósitos intervino Eurobank, y en 1996, el Banco Credipás).
El supervisor ha comunicado que el consejo de Administración de CCM va a ser sustituido por una comisión elegida por el propio Banco de España. "La decisión de la Comisión Ejecutiva del BE se ha adoptado después de que no hayan fructificado las conversaciones mantenidas en las últimas semanas con objeto de encontrar una solución en el ámbito del Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas de ahorros. Esta iniciativa era valorada de forma positiva por el Banco de España en la medida en que hubiera evitado la utilización de recursos públicos", asegura el Banco de España en un comunicado.
El supervisor asegura que los ahorros de los clientes están garantizados y que en estos momentos se negocia con el Gobierno unos fondos urgentes para dotar a la caja de liquidez y que pueda seguir funcionando.
El Banco de España evaluará los pasivos de la entidad para dar los próximos pasos y la reunión con el Ejecutivo para los fondos necesarios podría producirse este martes.
La toma de control implica la dimisión de todo el Consejo de Administración de CCM. Moltó ha convocado una reunión en la sede de CCM en Madrid, en la Carrera de San Jerónimo, con altos cargos directivos para analizar la intervención.
Fracaso de la fusión
La caja intervenida, que en todo momento negó tener un agujero contable , barajó la posibilidad de adelantar a 31 de diciembre de 2008 las dotaciones previstas para 2009 e incurrir en resultados negativos, de cara a facilitar una fusión con Unicaja. La operación contaba con el apoyo del Banco de España, que había puesto a disposición de la entidad malagueña 1.600 millones de euros en emisiones preferentes y avales del Fondo de Garantía de Depósitos.
Durante estos últimos meses, CCM ha estado envuelta en una gran polémica. El Partido Popular ha pedido la creación de una comisión de investigación en la cámara manchega para determinar la posibilidad de exigir responsabilidades a los gestores de la entidad.Fuentes de CCM asegurán que esta "campaña de desprestigio" ha provocado una retirada masiva de depósitos en enero de unos 300 millones de euros y hasta el mes de marzo alcanzó los 1.500 millones de euros.
Las cuentas de CCM
La entidad tuvo un beneficio consolidado en 2008 de 29,8 millones de euros, el 87,1% menos que el año anterior, y acusó el incremento de las dotaciones a provisiones, que se triplicaron de los 5,4 millones a los 16,5 millones, así como las pérdidas por deterioro de activos financieros que llegaron a los 140 millones, cuando el ejercicio anterior fueron de 117 millones.
De los 140 millones de pérdidas por deterioro de activos financieros, 91 millones correspondieron a inversiones crediticias. Asimismo, la Caja concedió 19.536,8 millones de euros de créditos a la clientela, mientras que los depósitos ascendieron a 17.265 millones, que están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, hasta un límite de 100.000 euros por cliente.
La intervención del Banco de España está amparada por el artículo 31 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Las principales empresas participadas por la caja son Plainsa S.A.; Angalia Tour Operador, S.A.; Agrocaja, S.A.; Instituto de Economía y Empresa; Las Cabezadas Aranjuez, S.L.; Centro de Servicios de Castilla-La Mancha; Táctica Global; Desarrollos Aeronáuticos Castilla-La Mancha; Lhotse Desarrollos Inmobiliarios; Paralia Global de Inversiones; Pagos de Familia Marqués de Griñón; CR Aeropuertos; Hormigones y Aridos Aricam. En 2007, la Caja Castilla-La Mancha tenía 582 oficinas en España y siete internacionales, contaba con 2.292 empleados y su obra social alcanzaba los 56,7 millones de euros.
El Banco de España tomó ayer la decisión de intervenir Caja Castilla-La Mancha y hoy se lo ha comunicado oficialmente al presidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, según fuentes de La Moncloa. Por otra parte, fuentes de CCM han comunicado que la reunión entre el Banco de España y la Caja ya ha finalizado.
Solbes ha hecho hincapié varias veces en que CCM es una entidad solvente y que simplemente tiene "problemas transitorios de liquidez".
El Banco de España ha decidido tomar el control de CCM para su gestión directa, tras fracasar el intento de fusión con Unicaja, y es la primera toma de control de una entidad española desde la intervención de Banesto en 1993 (en 2003, el Fondo de Garantía de Depósitos intervino Eurobank, y en 1996, el Banco Credipás).
El supervisor ha comunicado que el consejo de Administración de CCM va a ser sustituido por una comisión elegida por el propio Banco de España. "La decisión de la Comisión Ejecutiva del BE se ha adoptado después de que no hayan fructificado las conversaciones mantenidas en las últimas semanas con objeto de encontrar una solución en el ámbito del Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas de ahorros. Esta iniciativa era valorada de forma positiva por el Banco de España en la medida en que hubiera evitado la utilización de recursos públicos", asegura el Banco de España en un comunicado.
El supervisor asegura que los ahorros de los clientes están garantizados y que en estos momentos se negocia con el Gobierno unos fondos urgentes para dotar a la caja de liquidez y que pueda seguir funcionando.
El Banco de España evaluará los pasivos de la entidad para dar los próximos pasos y la reunión con el Ejecutivo para los fondos necesarios podría producirse este martes.
La toma de control implica la dimisión de todo el Consejo de Administración de CCM. Moltó ha convocado una reunión en la sede de CCM en Madrid, en la Carrera de San Jerónimo, con altos cargos directivos para analizar la intervención.
Fracaso de la fusión
La caja intervenida, que en todo momento negó tener un agujero contable , barajó la posibilidad de adelantar a 31 de diciembre de 2008 las dotaciones previstas para 2009 e incurrir en resultados negativos, de cara a facilitar una fusión con Unicaja. La operación contaba con el apoyo del Banco de España, que había puesto a disposición de la entidad malagueña 1.600 millones de euros en emisiones preferentes y avales del Fondo de Garantía de Depósitos.
Durante estos últimos meses, CCM ha estado envuelta en una gran polémica. El Partido Popular ha pedido la creación de una comisión de investigación en la cámara manchega para determinar la posibilidad de exigir responsabilidades a los gestores de la entidad.Fuentes de CCM asegurán que esta "campaña de desprestigio" ha provocado una retirada masiva de depósitos en enero de unos 300 millones de euros y hasta el mes de marzo alcanzó los 1.500 millones de euros.
Las cuentas de CCM
La entidad tuvo un beneficio consolidado en 2008 de 29,8 millones de euros, el 87,1% menos que el año anterior, y acusó el incremento de las dotaciones a provisiones, que se triplicaron de los 5,4 millones a los 16,5 millones, así como las pérdidas por deterioro de activos financieros que llegaron a los 140 millones, cuando el ejercicio anterior fueron de 117 millones.
De los 140 millones de pérdidas por deterioro de activos financieros, 91 millones correspondieron a inversiones crediticias. Asimismo, la Caja concedió 19.536,8 millones de euros de créditos a la clientela, mientras que los depósitos ascendieron a 17.265 millones, que están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, hasta un límite de 100.000 euros por cliente.
La intervención del Banco de España está amparada por el artículo 31 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Las principales empresas participadas por la caja son Plainsa S.A.; Angalia Tour Operador, S.A.; Agrocaja, S.A.; Instituto de Economía y Empresa; Las Cabezadas Aranjuez, S.L.; Centro de Servicios de Castilla-La Mancha; Táctica Global; Desarrollos Aeronáuticos Castilla-La Mancha; Lhotse Desarrollos Inmobiliarios; Paralia Global de Inversiones; Pagos de Familia Marqués de Griñón; CR Aeropuertos; Hormigones y Aridos Aricam. En 2007, la Caja Castilla-La Mancha tenía 582 oficinas en España y siete internacionales, contaba con 2.292 empleados y su obra social alcanzaba los 56,7 millones de euros.
Caja Castilla La Mancha: La primera en ser intervenida, ¿pero será la última?
El Banco de España ha decidido intervenir Caja Castilla La Mancha. No ha querido esperar a que fructificasen las negociaciones de fusión con la caja andaluza Unicaja, el socio fuerte de esta ya fallida fusión.
Mucho se ha hablado del supuesto agujero en las cuentas de la entidad. Las cifras han bailado desde los 500 millones hasta los 3.000 millones. Cualquiera que fuera la realidad, Unicaja exigía ayudas públicas proporcionales para asumir los riesgos extras que supondría absorber la cartera de activos morosos de CCM. Pero ha sido imposible llegar a un acuerdo y el supervisor ha decidido tirar por el camino más drástico: la intervención de la entidad. La primera en España desde el caso Banesto en 1993.
Pero probablemente no será la última entidad en ser intervenida. La banca española ha sido una de las que mejor ha soportado el primer embate de la crisis financiera. Cuando la mayoría de bancos internacionales presentaban pérdidas milmillonarias, los bancos y cajas españoles seguían registrando beneficios.
Pero eso fue en la primera fase, cuando la causa de las pérdidas en empresas financieras era la exposición a activos tóxicos que se habían contabilizado fuera del balance de las entidades. Esta práctica estaba prohibida en España y, por tanto, los bancos españoles no contaban con esa clase de activos en su propiedad. Pero tenían otros, que son los que están aflorando en la segunda fase de la crisis financiera: la fase de la contracción económica, el incremento del paro y la subida de la morosidad.
Los bancos y cajas españoles cuentan con más de 300.000 millones en préstamos concedidos a promotores inmobiliarios, una industria en pleno shock, tras muchos años de bonanza irracional. Lo que fue el filón de enriquecimiento y mejora de condiciones de vida de muchos empresarios y trabajadores, se ha convertido ahora en un foco de morosidad y destrucción de empleo. Y quienes prestaron dinero a ese sector están viendo como cada vez es más difícil recuperarlos.
Créditos por valor de 300.000 millones de euros suponen mucho dinero por devolver, sobre todo en un sector prácticamente cerrado por derribo. Sólamente las entidades más fuertes sobrevivirán. Las que no han sabido manejar su exposición al sector inmobiliario se verán abocadas a una absorción por parte de otra más saneada o bien a una intervención directa por parte del Banco de España.
Abróchense el cinturón, que vienen curvas.
Mucho se ha hablado del supuesto agujero en las cuentas de la entidad. Las cifras han bailado desde los 500 millones hasta los 3.000 millones. Cualquiera que fuera la realidad, Unicaja exigía ayudas públicas proporcionales para asumir los riesgos extras que supondría absorber la cartera de activos morosos de CCM. Pero ha sido imposible llegar a un acuerdo y el supervisor ha decidido tirar por el camino más drástico: la intervención de la entidad. La primera en España desde el caso Banesto en 1993.
Pero probablemente no será la última entidad en ser intervenida. La banca española ha sido una de las que mejor ha soportado el primer embate de la crisis financiera. Cuando la mayoría de bancos internacionales presentaban pérdidas milmillonarias, los bancos y cajas españoles seguían registrando beneficios.
Pero eso fue en la primera fase, cuando la causa de las pérdidas en empresas financieras era la exposición a activos tóxicos que se habían contabilizado fuera del balance de las entidades. Esta práctica estaba prohibida en España y, por tanto, los bancos españoles no contaban con esa clase de activos en su propiedad. Pero tenían otros, que son los que están aflorando en la segunda fase de la crisis financiera: la fase de la contracción económica, el incremento del paro y la subida de la morosidad.
Los bancos y cajas españoles cuentan con más de 300.000 millones en préstamos concedidos a promotores inmobiliarios, una industria en pleno shock, tras muchos años de bonanza irracional. Lo que fue el filón de enriquecimiento y mejora de condiciones de vida de muchos empresarios y trabajadores, se ha convertido ahora en un foco de morosidad y destrucción de empleo. Y quienes prestaron dinero a ese sector están viendo como cada vez es más difícil recuperarlos.
Créditos por valor de 300.000 millones de euros suponen mucho dinero por devolver, sobre todo en un sector prácticamente cerrado por derribo. Sólamente las entidades más fuertes sobrevivirán. Las que no han sabido manejar su exposición al sector inmobiliario se verán abocadas a una absorción por parte de otra más saneada o bien a una intervención directa por parte del Banco de España.
Abróchense el cinturón, que vienen curvas.
De la Vega: "Sus ahorros están garantizados". ¿por ahora?
La noticia de que el Banco de España interviene en CCM ha dado la voz de alarma entre los clientes de la entidad, pero la medida extraordinaria implica que el supervisor tome, mediante una comisión especial, el control directo de la caja con el objetivo de garantizar su normal funcionamiento.
María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidente del Gobierno, ha asegurado hoy su intención de "enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos en general y muy especialmente a aquellos que tienens sus ahorros en CCM".
"Con esta decisión el Banco de España y el Gobierno garantizan sus ahorros y sus depósitos: sus ahorros y su dinero están garantizados", aseguró la vicepresidenta en una intervención tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros celebrada este domingo.
El Banco de España lanza un mensaje de tranquilidad
El Banco de España ha acordado la sustitución de los administradores de Caja Castilla-La Mancha por otros designados por el organismo y ha asegurado que la intervención garantiza que la caja cumplirá sus obligaciones, por lo que los depositantes y acreedores "pueden estar absolutamente tranquilos".
En un comunicado, el Banco de España recuerda que Caja Castilla- La Mancha tiene un patrimonio neto positivo y es "una entidad solvente", pero tanto la situación de su capital regulatorio como sus perspectivas financieras aconsejaban "buscar soluciones que garantizaran su futuro".
Tanto esta medida, como el Decreto-Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros, aseguran que cumplirá con todas sus obligaciones frente a terceros.
En el comunicado del Banco de España se destaca que la decisión de la Comisión Ejecutiva del organismo "se ha adoptado después de que no hayan fructificado las conversaciones mantenidas en las últimas semanas con objeto de encontrar una solución en el ámbito del Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas de ahorros".
Esta iniciativa era valorada de "forma positiva" por el Banco de España en la medida en que hubiera evitado la utilización de recursos públicos.
El deterioro al que podía verse expuesta la entidad en caso de continuar la búsqueda de este tipo de soluciones ha hecho aconsejable la actuación del Banco de España para evitar que el resultado final pudiera resultar muy costoso para el contribuyente, subraya el organismo.
La decisión del Banco de España "está plenamente en línea con los principios acordados en la moción aprobada en el Congreso de los Diputados el 17 de marzo sobre la estrategia de reestructuración del sistema financiero español".
Caja Castilla-La Mancha representa menos del 1 por ciento de los activos del sistema bancario español, y el Banco de España "quiere insistir en que el sistema financiero español sigue siendo sólido, aunque no puede ser inmune a la crisis financiera internacional".
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se ha dirigido a la Comisión de Economía del Congreso mostrando su disposición a comparecer para informar sobre esta decisión.
CCM será la primera caja de ahorros intervenida en la historia de España y desde 1993, cuando el Banco de España tomó el control de Banesto, no se producía un caso similar. En aquel momento, el Banco de España sustituyó a Mario Conde, ex presidente de Banesto, y a su consejo y ningún cliente perdió sus ahorros. En cualquier caso, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubre hasta 100.000 euros por cliente.
La intervención de Banesto supuso un coste de 1.168 millones para el FGD con el que se cubrieron las pérdidas de la entidad. Otra intervención histórica fue la de Banca Catalana, ahora integrada en BBVA, en 1983.
María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidente del Gobierno, ha asegurado hoy su intención de "enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos en general y muy especialmente a aquellos que tienens sus ahorros en CCM".
"Con esta decisión el Banco de España y el Gobierno garantizan sus ahorros y sus depósitos: sus ahorros y su dinero están garantizados", aseguró la vicepresidenta en una intervención tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros celebrada este domingo.
El Banco de España lanza un mensaje de tranquilidad
El Banco de España ha acordado la sustitución de los administradores de Caja Castilla-La Mancha por otros designados por el organismo y ha asegurado que la intervención garantiza que la caja cumplirá sus obligaciones, por lo que los depositantes y acreedores "pueden estar absolutamente tranquilos".
En un comunicado, el Banco de España recuerda que Caja Castilla- La Mancha tiene un patrimonio neto positivo y es "una entidad solvente", pero tanto la situación de su capital regulatorio como sus perspectivas financieras aconsejaban "buscar soluciones que garantizaran su futuro".
Tanto esta medida, como el Decreto-Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros, aseguran que cumplirá con todas sus obligaciones frente a terceros.
En el comunicado del Banco de España se destaca que la decisión de la Comisión Ejecutiva del organismo "se ha adoptado después de que no hayan fructificado las conversaciones mantenidas en las últimas semanas con objeto de encontrar una solución en el ámbito del Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas de ahorros".
Esta iniciativa era valorada de "forma positiva" por el Banco de España en la medida en que hubiera evitado la utilización de recursos públicos.
El deterioro al que podía verse expuesta la entidad en caso de continuar la búsqueda de este tipo de soluciones ha hecho aconsejable la actuación del Banco de España para evitar que el resultado final pudiera resultar muy costoso para el contribuyente, subraya el organismo.
La decisión del Banco de España "está plenamente en línea con los principios acordados en la moción aprobada en el Congreso de los Diputados el 17 de marzo sobre la estrategia de reestructuración del sistema financiero español".
Caja Castilla-La Mancha representa menos del 1 por ciento de los activos del sistema bancario español, y el Banco de España "quiere insistir en que el sistema financiero español sigue siendo sólido, aunque no puede ser inmune a la crisis financiera internacional".
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se ha dirigido a la Comisión de Economía del Congreso mostrando su disposición a comparecer para informar sobre esta decisión.
CCM será la primera caja de ahorros intervenida en la historia de España y desde 1993, cuando el Banco de España tomó el control de Banesto, no se producía un caso similar. En aquel momento, el Banco de España sustituyó a Mario Conde, ex presidente de Banesto, y a su consejo y ningún cliente perdió sus ahorros. En cualquier caso, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubre hasta 100.000 euros por cliente.
La intervención de Banesto supuso un coste de 1.168 millones para el FGD con el que se cubrieron las pérdidas de la entidad. Otra intervención histórica fue la de Banca Catalana, ahora integrada en BBVA, en 1983.
INFORME CAJA CASTILLA LA MANCHA
1.- EL ENTRAMADO
Las relaciones de CajaCastilla-La Mancha y Cajasol.
Según publicó El Mundo hace unos días, la situación de Caja Castilla La Mancha (CCM), es preocupante.
Sólo tres promotores consumen casi el 40% de sus recursos propios, según ha podido saber este periódico de fuentes internas de la entidad. Se trata de Ignacio Barco, Domingo Díaz de Mera y Román Sanahuja.
La Caja presidida por Juan Pedro Hernández Moltó ha concedido en los últimos años créditos a las sociedades patrimoniales de estos tres promotores (SOLVENTIA, INDOMA y SACRESA) por un valor total de unos 700 millones de euros, según las fuentes consultadas.
Ese dinero está aún sin pagar.
Los recursos propios de la caja ascendieron en 2007, según los datos de la entidad, a 1.865 millones de euros, lo que significa que casi la mitad de sus fondos están comprometidos en operaciones relacionadas con estos tres empresarios.
Consultado al respecto, un portavoz de CCM declinó hablar de clientes concretos ateniéndose al deber de confidencialidad.
Estos empresarios, muy conocidos en la provincia, están vinculados al presidente de la Junta de Castilla La Mancha, José María Barreda, según ha denunciado el Partido Popular.
Domingo Díaz de Mera y Román Sanahuja estuvieron juntos en el capital de Metrovacesa cuando presidía la inmobiliaria Joaquín Rivero.
La escisión de la empresa en dos partes hizo que Sanahuja se endeudara para quedarse con la inmobiliaria. Finalmente no ha podido pagar su deuda y la compañía ha pasado a estar controlada por los bancos.
Las cosas para Díaz de Mera no han ido mucho mejor. Su inversión en Colonial a través de Global Cartera de Valores (una sociedad en la que también participa la caja manchega) acabó en concurso de acreedores, presentado el pasado mes de diciembre.
Díaz de Mera también es el principal accionista del aeropuerto de Ciudad Real.
Aquí vuelve a aparecer la caja, que participa con un 25%.
Además es el dueño del equipo Balonmano Ciudad Real.
Aquí vuelve a aparecer la caja, que patrocina con unos 300.000 euros al equipo.
El tercer empresario es Ignacio Barco Fernández, que está presente en muchos negocios con Díaz de Mera.
Además de formar parte del accionariado del aeropuerto manchego, Barco estaba presente junto al anterior en Grupo Lábaro, una inmobiliaria que presentó concurso de acreedores el pasado año.
Barco también es el propietario de las conocidas bodegas Pago del Vicario, de Ciudad Real.
Junto a Díaz de Mera, además, participa en varios negocios de comunicación de la provincia.
En el seno de la caja manchega ya hay muchas voces que preguntan por estos créditos dudosos.
La delicada situación por la que atraviesa la entidad ha motivado la dimisión de su vicepresidente, Jesús Bárcenas, quien llevaba meses sin firmar las cuentas ni aparecer por ningún consejo.
El confidencial indica que CR Aeropuertos, la sociedad que promueve el aeropuerto de Ciudad Real, junto con Domingo Díaz de Mera Lozano y Sacresa Terrenos Promoción SL.
En el accionariado de CR figuran, además de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, la Corporación, el Grupo Isolux Corsan, la Corporación Empresarial Cajasol, Iberdrola y hasta la Universidad de Castilla-La Mancha y su fundación.
Sucede que el aeropuerto de Ciudad Real está buscando dinero.
Interviú publicaba recientemente que el aeropuerto está en venta, lo que ha llevado al accionariado a reconocer que está buscando un socio para relanzar el proyecto.
La Junta de Accionistas de Ciudad Real Aeropuerto Sociedad Limitada aprobó el pasado jueves día 16 una ampliación de capital de 125 millones de euros para completar las obras de las instalaciones aeroportuarias.
La prensa castellano-manchega se hace eco de que los propietarios del proyecto aseguran que:
“Hay dos gestores europeos de aeropuertos, uno estadounidense y otros dos de Oriente Medio interesados en el aeropuerto de Ciudad Real”.
El Reino de Don Quijote es otro proyecto de la Corporación que integra a varios de los mismos empresarios entre sus administradores.
A saber: Domingo Díaz de Mera o Ignacio Barco Fernández.
Entre sus accionistas, además de la Caja, se encuentran Valcansado, Autocampo, el Grupo Empresarial Natura, Urbanizaciones Burgalesas, Iberdrola Inmobiliaria, Dinaqua, Grupo de Empresas HC, Gravillas Santa Cruz y Foromed.
En este mismo mes de octubre, los socios del complejo de ocio y juego El Reino de Don Quijote andan enfrascados en una nueva ampliación de capital sin desvelar la cuantía ni cómo se llevará a cabo.
La compañía cerró 2007 con pérdidas de 3,4 millones de euros.
2.- OTRAS RELACIONES DE CAJA SOL
Recordar que en El Reino de Don Quijote tiene interés Cajasol a través de una sociedad llamada El bosque de don Quijote.
En el Bosque de Don Quijote encontramos a la Caja de Castilla-La Mancha (40%), Cajasol y los hermanos Raúl y Pedro San José, así como el Grupo Avantis (grupo GEDECO), uno de los principales responsables de El Reino de Don Quijote.
También Cajasol tenía parte del accionariado a través de la sociedad Grupo de Empresas HC de las que más tarde se deshizo, y que por estos hechos está la querella de El Monte a Bueno Lidón, relación de la que se hablará más adelante.
3.- RELACIONES DIAZ DE MERA-CAJASOL-IGNACIO DEL BARCO: LA ANDALUZA CAJA SOL EN LA SALSA
La siguiente información se recoge en el blog notitia-criminis.
Una de las empresas relacionadas con Diaz de Mera, Ignacio del barco y la actual Cajasol es a través de una empresa denominada Desarrollos Urbanísticos Veneciola, donde también está Cajasur.
Los negocios de CAJASOL (”El Monte”) con la trama malaya han sido ya puestos de manifiesto en diversas ocasiones por la prensa.
Así, por ejemplo, se han descubierto relaciones mercantiles con empresas del grupo del detenido Fidel San Román y con el citado antes Luis Maya Galarraga, socio de la KUTXA (la Caja de San Sebastián y Guipuzcoa) Hasta que ésta escindió las sociedades que tenía en común con los “amigos” vascos de Roca cuando el asunto saltó a la prensa.
Sin embargo, como es de suponer, los imputados en el caso Malaya no son los únicos con los que la Caja presidida por Bueno Lindón ha hecho negocios.
Dos sociedades del grupo empresarial de CAJASOL, a saber: DESARROLLOS URBANÍSTICOS VENECIOLA S.L. e ISOLUX CORSAN, tienen en su consejo de administración a Domingo Díaz de Mera, a Juan Tomás Vidal y a José Luis Rodriguez Holgado, la primera; y la segunda a Juan José Avila González que además de tener, ambién, el cargo de “apoderado” de CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN S.A., es Consejero en ENERGÍAS EÓLICAS MANCHEGAS S.A., de la cual Aurelio González Villarejo es Presidente.
En otras palabras, Cajasol, nuevamente una Caja de Ahorros, conecta empresarialmente, bien que de forma indirecta, a varios imputados en la Operación Malaya con Juan Tomás Vidal vicepresidente de VILLA ROMANA GOLF S.L., la empresa del grupo PEYBER que desarrolla el PAU del campo de golf en Carranque, con José Luis Rodríguez Holgado, consejero de esa misma compañía y con Aurelio González Villarejo, que preside el Grupo G.V., dentro del cual está DESARROLLOS URBAPLANING S.L., la concesionaria en Carranque de los PAUs de las Montanillas I y II y “postulante” a Agente Urbanizador en el PAU de las 20.000 viviendas de Illescas.
Por supuesto, que una Caja de Ahorros invierta en proyectos de gente “poco recomendable” o que tiene relaciones con gente poco recomendable, no significa que todos sus otros socios sean tenidos por sospechosos, pero lo cierto es que las coincidencias no acaban aquí.
En la próxima entrega habrá que seguir otro hilo que parte de Cajasol y que nos llevará en una nueva dirección, la de los hermanos Domingo y Antonio Díaz de Mera, para volver a encontrarnos, enseguida, con la ya famosa Montserrat Corulla y con los socios vascos de Juan Antonio Roca.
Las relaciones de Díaz de Mera, imputado por el caso Metrovacesa, GRUPO DE EMPRESAS HC. ha sido el instrumento societario mediante el cual Domingo Díaz de Mera, Román Sanahuja, José Selfa de la Gándara y José María Bueno Lidón consumaron los hechos por los que ahora se encuentran imputados tras las querellas presentadas contra ellos por la delegación de Sevilla de la Fiscalía Anticorrupción.
Los hechos tuvieron lugar entre los años 2004 y 2005.
En ese momento José María Bueno Lidon era, con plenos poderes, Presidente del Consejo de Administración de EL MONTE, el grupo industrial de lo que ahora se denomina CAJASOL. José Selfa de la Gándara, por su parte, era miembro de ese mismo Consejo.
Tras las correspondientes inspecciones, el BANCO DE ESPAÑA advirtió a CAJASOL sobre la necesidad de iniciar un proceso de ventas de activos ante la concentración “inapropiada” de riesgos en el sector inmobiliario. Iniciado tal proceso, CAJASOL decidió deshacerse de su participación en GRUPO DE EMPRESAS HC. Dicha entidad pertenecía, inicialmente, a Domingo Díaz de Mera en un 60% y en el restante 40% a EL MONTE.
En esta situación comienzan varios movimientos accionariales durante el año 2004.
En julio, Domingo Díaz de Mera vendió el 29,99% a CRESA PATRIMONIAL, empresa instrumental de los Sanahuja, entonces ya con una posición preponderante en METROVACESA.
En noviembre del mismo año, EL MONTE vendió el 10% de su participación a LESEPA INVERSIONES SL. Esta entidad, a través de GRUPO DE NEGOCIOS URBAJA SL y de SOLVENTIA CORPORATIVA es propiedad de Ignacio Barco Fernández y de su familia y aquí hay que hacer una advertencia.
Los hermanos Ignacio y Antonio Barco Fernández aparecen casi sistemáticamente en todas las múltiples sociedades de Domingo Díaz de Mera, entre ellas GLOBAL CONSULTING PARTNERS, lo cual es relevante para el caso que aquí se trata como se verá enseguida.
En definitiva, después de estos trasiegos de acciones, la propiedad de GRUPO DE EMPRESAS HC, quedó de la siguiente manera:
EL MONTE, mantenía el 30,03% de las acciones y en representación de este porcentaje, José María Bueno Lidón y José Selfa de la Gándara, estaban presentes en su Consejo.
CRESA PATRIMONIAL, la sociedad de Román Sanahuja el 29,99%.
CORPORACIÓN INDO MA, la sociedad controlada por Domingo Díaz de Mera, otro 29,99%.
Finalmente, LESEPA INVERSIONES, propiedad de los Barco Fernández, tenía un 10%.
Ahora bien, esta distribución accionarial era engañosa y oculta una unidad de acción y propósito mucho más estrecha de lo que aparentemente se podría pensar porque CORPORACIÓN INDO MA participa en otra de las empresas de Domingo Díaz de Mera, a saber:
GLOBAL CONSULTING PARTNERS y resulta que en esta última también son accionistas los Sanahuja, a través de SACRESA y los Barco Fernández, a través de la ya conocida LESEPA.
En definitiva, que todo queda en casa o cerca de ella.
En este contexto, los Sanahuja, con la intención de ampliar su posición de dominio en METROVACESA, se interesan por las participaciones de ésta en poder de HC, lo que parece ser el inicio de toda la operación porque, según la Fiscalía Anticorrupción, paralelamente, en el seno de HC se toman dos decisiones de alcance que, a la luz de los hechos posteriores, se pueden considerar preparatorias del plan trazado.
En la Junta Extraordinaria de HC celebrada el 29 de marzo del 2004, con la presencia y voto faborable de Bueno Lidon y Selfa de la Gándara, se acuerda la supresión del derecho de adquisición preferente entre socios de las acciones de la compañía, transformándose éstas en acciones al portador sin ningún tipo de limitación para su transmisión a terceros.
Al mismo tiempo entran en el Consejo tres miembros del grupo de los Sanahuja.
Como he dicho, este acuerdo se revela, a la luz de los hechos posteriores, como fundamental para impedir cualquier reacción defensiva por parte de CAJASOL.
Posteriormente, en la Junta de 30 de septiembre de 2005, también con la participación y voto de Bueno Lidon y Selfa de la Gándara, se elimina otro obstáculo o se facilita la futura venta de la sociedad, acordándose la escisión de ésta con la consiguiente reducción de capital.
A partir de aquí, los hechos se precipitan.
La venta de la participación de EL MONTE en HC se consumó el 5 de octubre de 2005, es decir, días después del último de los acuerdos de Junta citados, pero dicha venta se enmascara en un supuesto contrato, no de compraventa, sino de opción de compra, lo que resulta fundamental para cubrir el presunto engaño del que iban a ser, también presuntamente, víctimas los otros órganos de CAJASOL con competencia para decidir sobre esa venta.
Es decir, pese al nomen iuris: “contrato de opción de compra”, los términos y las obligaciones contenidos y que se derivaban de dicho contrato, convertían la venta de las acciones de HC que poseía EL MONTE en un hecho consumado, y anulaban o pretendían anular, cualquier reacción de los órganos competentes de la Caja.
Veamos cómo.
El contrato en cuestión se establece entre OLDNEW INVESTMENT SL, una sociedad instrumental de los Sanahuja, y José Selfa de la Gándara en representación de EL MONTE.
Hasta ahí todo bien, salvo que a Selfa de la Gándara no le estaban permitidos actos dispositivos, es decir, ventas, de valores mobiliarios de EL MONTE, sin la autorización previa de su Consejo de Administración, cuando el valor de esos valores superara los 6.000.000 de € y este era, precisamente, el caso.
Esto, no obstante, no afectaba a la validez del contrato con los Sanahuja o, si se quiere, con OLDNEW INVESTMENT, puestos que estos se cubrían en una aparente “tercería de buena fe” que no podía verse perjudicada porque el mandatario de EL MONTE, es decir, Selfa de la Gándara, hubiera actuado sobrepasando el límite de su mandato.
Selfa de la Gándara, de ser descubierto, respondería ante su mandante del hipotético daño patrimonial causado por excederse en su mandato y actuar sin la autorización requerida, pero EL MONTE no podría ir contra el “tercero de buena fe”, es decir contra los Sanahuja, anulando el contrato porque, en principio, estos no tenían por qué conocer las normas internas de EL MONTE ni saber que Selfa estaba yendo más allá de lo que podía.
Dicho de otra manera, porque los Sanahuja eran o pretendían pasar por “terceros de buena fe”.
Así, el contrato de supuesta “opción de compra” adquirió apariencia de plena eficacia y es ahora cuando llegamos al meollo del asunto.
Según los términos del contrato, las partes se otorgaban opción de compra y opción de venta recíprocas y coincidentes, lo cual no es otra cosa que marear la perdiz porque la supuesta opción de venta recíproca de EL MONTE en realidad no era otra cosa que la obligación de la entidad de vender siempre que los Sanahuja quisieran comprar.
Además, para su ejercicio, no se estableció prima alguna y el incumplimiento de OLDNEW INVESTMENT carecía de penalizaciones.
El precio del paquete de acciones de HC (el 30,02% de su capital social) en poder de EL MONTE se estableció en 32.000.000 de €.
Las acciones que HC tenía de METROVACESA (el verdadero objetivo de los Sanahuja) incluidas en su capital social y que formaban parte del total de los 32 millones citados, se fijó en 41,2 € por unidad y es aquí cuando la cosa se pone verdaderamente interesante porque, a fecha del contrato, el valor en bolsa de esas acciones era de 57,6 €, evidentemente, muy superior al acordado por las partes.
Además, para evitar sorpresas, una de las cláusulas del contrato se acordó que el precio acordado sería inalterable “cualquiera que sea la evolución de la cotización en bolsa, de las acciones de METROVACESA.
Las partes, además, se sometían a algo imprescindible en la operación: un “estricto compromiso de confidencialidad”.
Es evidente que sin un riguroso secreto el castillo que se estaba construyendo se derrumbaría irremediablemente.
Hechos estos preparativos, aún quedaba una parte esencial de la maniobra por culminar.
He dicho antes que, al amparo de la tercería de buena fe, el contrato adquiría apariencia de plena validez y eso, junto con los preparativos previos hechos en el seno del consejo de HC, blindaba el contrato contra posibles reacciones de los órganos de CAJASOL.
Sin embargo, la apariencia de tercero de buena fe no hacía por completo inatacable el conjunto de la operación.
Selfa de la Gándara tenía que saber, perfectamente, que estaba actuando fuera de su mandato, es decir, sin autorización y, también, tenía que saber que así las cosas y a la vista de la dramática minusvaloración de las acciones de METROVACESA en poder de HC, alguien en el seno de CAJASOL o, incluso, de EL MONTE podía empezar a pensar que la jurisdicción penal quizás tuviera algo que decir.
Dicho de otra manera, ahora había que conseguir que los órganos administrativos competentes de CAJASOL y EL MONTE estuvieran y pasaran, mansamente y sin algarabía, por la operación planeada.
Para ello, el compromiso de secreto era más que necesario, pero no bastaba.
Para evitar, presuntamente, que los hechos adquirieran todos los visos de una estafa, en el contrato se añadió una cláusula que condicionaba la validez del contrato a la “ratificación” del Consejo de Administración de EL MONTE.
Nótese aquí que dicha cláusula utilizaba el término “ratificación”, es decir, que el Consejo se encontraba, sorpresivamente, ante un plato de lentejas, que podía tomar o dejar, pero en modo alguno aderezar.
Aún así, este era un peligro que había que sortear.
Según la Fiscalía Anticorrupción, si bien esa cláusula existía, también era cierto que se habían eludido todos los trámites de “aprobación previa” imprescindibles según las normas internas de la Caja y que garantizaban el conocimiento y estudio necesario por parte de los órganos competentes de la entidad.
De hecho, también según la Fiscalía y los auditores que analizaron la operación posteriormente, las acciones de HC, incluyendo el paquete de METROVACESA, nunca fueron sometidas “a un estudio, valoración o tasación previa, por instancias terceras independientes, para garantizar mínimas condiciones razonables de venta, conforme a precio de mercado”.
Además, según las normas de inversión de la Caja, una desinversión de este volumen, debía ser precedida por los informes y aprobación de la “Comisión de Grupo Empresarial y Mercados” y de la “Comisión de Inversiones”.
Pues bien, la operación se presentó, por primera vez, a la Comisión de Grupo Empresarial etc., el día 17 de octubre del 2005, doce días después de que Selfa y la sociedad de los Sanahuja firmaran el contrato de “opción de compra”.
En consecuencia, deduce la Fiscalía, se hurtó la posibilidad de que los órganos técnicos y de asesoramiento de la Caja, tuvieran conocimiento y capacidad de estudio de la operación, que cuando se les presentó, se les presentó ya consumada.
No quedó aquí la cosa, no solamente se presentaron hechos consumados, sino que Selfa, cuando lo hizo, lo hizo como “una mera propuesta de venta susceptible de ser negociada con posterioridad”, lo que era radicalmente incierto puesto que recordemos que se había estipulado la inmodificabilidad del precio pactado y la plena validez del contrato a expensas, sólo, del último de los trámites de aprobación en el Consejo de CAJASOL.
Los miembros de la comisión creyeron en lo que Selfa de la Gándara les decía, esto es, que se trataba de una mera “propuesta” y, por eso, encargaron al citado Selfa que estudiara la posibilidad de adquirir las acciones, para lograr la mayoría en HC y poder actuar luego libremente, bien ejercitando el derecho de adquisición preferente u otras vías.
Estas personas, por supuesto, ignoraban que el contrato no era una “propuesta”, sino un contrato “plenamente negociado y rubricado” y que, además, previamente, en el Consejo de HC, los consejeros (recordemos: Díaz de Mera; sus socios habituales los hermanos Barco Fernández; los Sanahuja, evidentes beneficiarios de la operación; y los propios Selfa de la Gándara y Bueno Lidón) habían convertido las acciones de nominativas a al portador y habían suprimido todos los derechos de suscripción preferente entre socios.
n esa misma reunión de 17 de octubre de 2005, el avisado Sr. Selfa de la Gándara, también presentó como una mera “propuesta” la posibilidad de una escisión parcial de HC y la venta de la participación de EL MONTE en esta mercantil por valor de 32.000.000 €, con lo cual, volvía a faltar radicalmente a la verdad, porque esa escisión parcial, recordémoslo, ya había sido aprobada en el seno del Consejo de HC con los votos favorables de Selfa y Bueno Lidón, en la foto, tras declarar como imputado por el caso en los Juzgados de Sevilla.
Días después, el 21 de octubre del 2005, Selfa se presenta en la reunión del “Comité del Grupo Empresarial El Monte” presionando a los otros miembros y diciendo que lo que, conforme con el encargo hecho el anterior día 17, lo que entonces era mera propuesta, se había convertido ya en una oferta firme y rubricada por las partes, lo cual volvía a ser incierto o puramente falso, porque el acuerdo firme y rubricado no se había consumado entre los días 17 y 21, sino mucho antes, el día 5, y sin conocimiento alguno por parte del Comité.
Tres días después, el 24, se reunió la “Comisión de Inversiones”, órgano con competencia para tomar decisiones sobre el caso, pero Selfa retiró del orden del día el asunto de HC “al no estar culminados los detalles de la operación”, lo cual, con cierta ironía, era cierto, porque no eran los detalles los que estaban culminados, sino la propia operación.
El siguiente paso se dio el 14 de noviembre, cuando se reúne el Comité de Dirección de EL MONTE” presidido por Bueno Lidón y con la asistencia de Selfa de la Gándara.
Este órgano no tenía competencia, al contrario que la “Comisión de Inversiones” para decidir o informar sobre la operación, pero no obstante así se hizo, arteramente al parecer, dentro del epígrafe “Asuntos Varios”.
En ese momento Bueno Lidón advirtió a los presentes de “la necesidad de culminar la operación en las condiciones anunciadas”.
La cosa, negocio o, para algunos, “enjuague” estaba terminada.
Con la colaboración necesaria de Domingo Díaz de Mera y sus habituales socios, los hermanos Barco Fernández, en los actos preparatorios decididos en el Consejo de Administración de HC, y con la colaboración aún más necesaria de José María Bueno Lidón y José Selfa de la Gándara en el interior de “EL MONTE”, los Sanahuja consiguieron hacerse con las acciones de METROVACESA propiedad de HC a un precio más que “ventajoso” y, además, cinco meses antes de que estos lanzaran una OPA hostil por el 20% de METROVACESA, provocando que se disparara el precio de las acciones.
Mejor dicho, la cosa habría estado terminada si el Banco de España no hubiera detectado esta y otras operaciones similares en el transcurso de una inspección.
En ella, el daño patrimonial causado a CAJASOL por la infravaloración de las acciones de METROVACESA se cifró en 19,3 millones de Euros.
Tras la inspección, el Banco de España remitió requerimiento a la Dirección de la Caja advirtiendo la “irregularidad” detectada y solicitando que se encargara una “revisión” del procedimiento de venta, la cual debería ser realizada por firmas de auditoría de reconocido prestigio y que no hubieran tenido relaciones profesionales con la Caja en los últimos 5 años.
En atención a este requerimiento la Caja encargó dicha revisión a PRICE WHATERHOUSE COOPERS, ERNEST & YOUNG y a Javier Vega Fernández e Ildefonso del Castillo Tono.
Con ligeras diferencias, todos los auditores coinciden en la lesión patrimonial de la Caja y en la irregularidad de la actuación de Bueno Lidón y Selfa de la Gándara.
PRICE WHATERHOUSE COOPERS fijó el daño patrimonial sufrido por la entidad en un intervalo que iba de 13.420.504 € a 19.441.951 €. Javier Vega Fernández estimó la lesión patrimonial en 17.988.870 €, cantidad idéntica a la reclamada por la Caja en su demanda inicial.
Es cierto que, inicialmente, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, admitida a trámite por los Juzgados de Sevilla, se dirigió, únicamente, contra los directivos de CAJASOL, Bueno Lidón y Selfa de la Gándara.
Sin embargo, como era de esperar, el 12 de noviembre del 2008 se hacía pública la noticia de que el Juzgado de Sevilla que llevaba el caso había imputado a Román Sanahuja y a Domingo Díaz de Mera tras la ampliación de la denuncia presentada contra ellos por la Fiscalía.
Ni que decir tiene que los abogados de los Sanahuja se apresuraron a declarar que la causa no tenía pies ni cabeza porque afectaba a sujetos particulares y que estaban “muy tranquilos”.
Debe ser verdad que tanto Domingo Díaz de Mera como Román Sanahuja y todos sus abogados están muy tranquilos.
Es público y notorio el efecto narcotizante que producen las querellas criminales sobre personajes de esta condición, pues no hay uno sólo que, una vez imputado, no se apresure a declarar a los medios de comunicación lo tranquilo que está.
Una última cosa de interés o, incluso, de mucho interés.
Resulta que CAJASOL, antes Caja de Sevilla y San Fernándo, compró las acciones de METROVACESA, según se lee en esta página, donde se cita un artículo de El Mundo:
“En una adquisición concertada con el empresario sevillano Luis Portillo, empresario andaluz conectado esencialmente con el PSOE andaluz y el clan Toscano de Dos Hermanas; y el Grupo HC. El vendedor de ese 7% fue el fondo de inversión ADIA, de Abu Dhabi”.
En definitiva, que otra vez todos juntos, Luis Portillo, Díaz de Mera, Aurelio González Villarejo, etc. etc. La vis atractiva de Marbella parece ser irresistible.
4.- RELACIONES DÍAZ DE MERA-JUNTA DE ANDALUCÍA.
La empresa Green Publicidad ha sido adjudicada con varias licencias TDT en Andalucía y concedidas en julio de 2008 por la Junta de Andalucia.
Green Publicidad es la propietaria de los canales CRN (canal regional de noticias).
Díaz de Mera intentó la compra del periódico socialista El Correo de Andalucía hace unos años, compra que finalmente hizo el empresario extremeño afín al PSOE.
Prisa, la de Polanco, quería vender algunos medios de comunicación andaluces: El Correo de Andalucía, símbolo de la resistencia democrática al franquismo cuando estuvo en manos del padre Javierre y el Diario Jaén.
El comprador fue finalmente el grupo Gallardo, de Extremadura, vinculado estrechamente al PSOE.
Pero, ¿cómo es que de la nada ha surgido un poderoso grupo mediático industrial que les hace favores a Polanco, a Chaves, a Ibarra y a los demás miembros de las oligarquías que dominan el Sur de España desde 1982? Esta es su historia llena de "coincidencias" y de "influencias".
Es una historia más del régimen.
Hasta finales de los ochenta Alfonso Gallardo se dedicaba a recorrer el sur de Badajoz con una furgoneta comprando chatarra y pieles.
Dos décadas después posee el grupo industrial más poderoso de la región, con dos siderúrgicas, con fábricas de ferromallas, de laminados, de galvanizados, de tubos, de corrugados y de cemento, con dos almacenes en Madrid y tres en Euskadi, con plantas de fabricación en Extremadura, Madrid, Euskadi y Asturias, con más de 2000 trabajadores, con líneas de ferrocarril propias, con líneas de alta tensión propia y con subestación eléctrica propia.
Alfonso Gallardo posee la Medalla de Extremadura, el premio al Empresario del año 1997, el premio al empresario del año 2001, el premio Emprendedor 2002 (Todos ellos otorgados por la Junta) y una cátedra en la Universidad de Extremadura con su nombre.
Anualmente, el Grupo Industrial Alfonso Gallardo factura el equivalente al tercio de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma extremeña.
¿CUAL ES SU SECRETO?
Tomen algunas notas:
Francisco Fuentes Gallardo, sobrino directo y único heredero de Alfonso Gallardo, es secretario regional del PSOE, fue hasta el año 2000 senador y es la mano derecha de Rodríguez Ibarra.
Carmen Pereira, compañera sentimental de Francisco Fuentes Gallardo, es Delegada de Gobierno en Extremadura.
Luis Revello, ex-Director Gral. De Trabajo de la Junta de Extremadura, es asesor de Alfonso Gallardo y amigo íntimo del actual director.
Diego Baena, Director Gral. De Promoción Industrial de la Junta de Extremadura, responsable último de Incentivos Empresariales, es trabajador en excedencia de Alfonso Gallardo.
NOTA: Tomar esta informacion con precaucion.
Las relaciones de CajaCastilla-La Mancha y Cajasol.
Según publicó El Mundo hace unos días, la situación de Caja Castilla La Mancha (CCM), es preocupante.
Sólo tres promotores consumen casi el 40% de sus recursos propios, según ha podido saber este periódico de fuentes internas de la entidad. Se trata de Ignacio Barco, Domingo Díaz de Mera y Román Sanahuja.
La Caja presidida por Juan Pedro Hernández Moltó ha concedido en los últimos años créditos a las sociedades patrimoniales de estos tres promotores (SOLVENTIA, INDOMA y SACRESA) por un valor total de unos 700 millones de euros, según las fuentes consultadas.
Ese dinero está aún sin pagar.
Los recursos propios de la caja ascendieron en 2007, según los datos de la entidad, a 1.865 millones de euros, lo que significa que casi la mitad de sus fondos están comprometidos en operaciones relacionadas con estos tres empresarios.
Consultado al respecto, un portavoz de CCM declinó hablar de clientes concretos ateniéndose al deber de confidencialidad.
Estos empresarios, muy conocidos en la provincia, están vinculados al presidente de la Junta de Castilla La Mancha, José María Barreda, según ha denunciado el Partido Popular.
Domingo Díaz de Mera y Román Sanahuja estuvieron juntos en el capital de Metrovacesa cuando presidía la inmobiliaria Joaquín Rivero.
La escisión de la empresa en dos partes hizo que Sanahuja se endeudara para quedarse con la inmobiliaria. Finalmente no ha podido pagar su deuda y la compañía ha pasado a estar controlada por los bancos.
Las cosas para Díaz de Mera no han ido mucho mejor. Su inversión en Colonial a través de Global Cartera de Valores (una sociedad en la que también participa la caja manchega) acabó en concurso de acreedores, presentado el pasado mes de diciembre.
Díaz de Mera también es el principal accionista del aeropuerto de Ciudad Real.
Aquí vuelve a aparecer la caja, que participa con un 25%.
Además es el dueño del equipo Balonmano Ciudad Real.
Aquí vuelve a aparecer la caja, que patrocina con unos 300.000 euros al equipo.
El tercer empresario es Ignacio Barco Fernández, que está presente en muchos negocios con Díaz de Mera.
Además de formar parte del accionariado del aeropuerto manchego, Barco estaba presente junto al anterior en Grupo Lábaro, una inmobiliaria que presentó concurso de acreedores el pasado año.
Barco también es el propietario de las conocidas bodegas Pago del Vicario, de Ciudad Real.
Junto a Díaz de Mera, además, participa en varios negocios de comunicación de la provincia.
En el seno de la caja manchega ya hay muchas voces que preguntan por estos créditos dudosos.
La delicada situación por la que atraviesa la entidad ha motivado la dimisión de su vicepresidente, Jesús Bárcenas, quien llevaba meses sin firmar las cuentas ni aparecer por ningún consejo.
El confidencial indica que CR Aeropuertos, la sociedad que promueve el aeropuerto de Ciudad Real, junto con Domingo Díaz de Mera Lozano y Sacresa Terrenos Promoción SL.
En el accionariado de CR figuran, además de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, la Corporación, el Grupo Isolux Corsan, la Corporación Empresarial Cajasol, Iberdrola y hasta la Universidad de Castilla-La Mancha y su fundación.
Sucede que el aeropuerto de Ciudad Real está buscando dinero.
Interviú publicaba recientemente que el aeropuerto está en venta, lo que ha llevado al accionariado a reconocer que está buscando un socio para relanzar el proyecto.
La Junta de Accionistas de Ciudad Real Aeropuerto Sociedad Limitada aprobó el pasado jueves día 16 una ampliación de capital de 125 millones de euros para completar las obras de las instalaciones aeroportuarias.
La prensa castellano-manchega se hace eco de que los propietarios del proyecto aseguran que:
“Hay dos gestores europeos de aeropuertos, uno estadounidense y otros dos de Oriente Medio interesados en el aeropuerto de Ciudad Real”.
El Reino de Don Quijote es otro proyecto de la Corporación que integra a varios de los mismos empresarios entre sus administradores.
A saber: Domingo Díaz de Mera o Ignacio Barco Fernández.
Entre sus accionistas, además de la Caja, se encuentran Valcansado, Autocampo, el Grupo Empresarial Natura, Urbanizaciones Burgalesas, Iberdrola Inmobiliaria, Dinaqua, Grupo de Empresas HC, Gravillas Santa Cruz y Foromed.
En este mismo mes de octubre, los socios del complejo de ocio y juego El Reino de Don Quijote andan enfrascados en una nueva ampliación de capital sin desvelar la cuantía ni cómo se llevará a cabo.
La compañía cerró 2007 con pérdidas de 3,4 millones de euros.
2.- OTRAS RELACIONES DE CAJA SOL
Recordar que en El Reino de Don Quijote tiene interés Cajasol a través de una sociedad llamada El bosque de don Quijote.
En el Bosque de Don Quijote encontramos a la Caja de Castilla-La Mancha (40%), Cajasol y los hermanos Raúl y Pedro San José, así como el Grupo Avantis (grupo GEDECO), uno de los principales responsables de El Reino de Don Quijote.
También Cajasol tenía parte del accionariado a través de la sociedad Grupo de Empresas HC de las que más tarde se deshizo, y que por estos hechos está la querella de El Monte a Bueno Lidón, relación de la que se hablará más adelante.
3.- RELACIONES DIAZ DE MERA-CAJASOL-IGNACIO DEL BARCO: LA ANDALUZA CAJA SOL EN LA SALSA
La siguiente información se recoge en el blog notitia-criminis.
Una de las empresas relacionadas con Diaz de Mera, Ignacio del barco y la actual Cajasol es a través de una empresa denominada Desarrollos Urbanísticos Veneciola, donde también está Cajasur.
Los negocios de CAJASOL (”El Monte”) con la trama malaya han sido ya puestos de manifiesto en diversas ocasiones por la prensa.
Así, por ejemplo, se han descubierto relaciones mercantiles con empresas del grupo del detenido Fidel San Román y con el citado antes Luis Maya Galarraga, socio de la KUTXA (la Caja de San Sebastián y Guipuzcoa) Hasta que ésta escindió las sociedades que tenía en común con los “amigos” vascos de Roca cuando el asunto saltó a la prensa.
Sin embargo, como es de suponer, los imputados en el caso Malaya no son los únicos con los que la Caja presidida por Bueno Lindón ha hecho negocios.
Dos sociedades del grupo empresarial de CAJASOL, a saber: DESARROLLOS URBANÍSTICOS VENECIOLA S.L. e ISOLUX CORSAN, tienen en su consejo de administración a Domingo Díaz de Mera, a Juan Tomás Vidal y a José Luis Rodriguez Holgado, la primera; y la segunda a Juan José Avila González que además de tener, ambién, el cargo de “apoderado” de CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN S.A., es Consejero en ENERGÍAS EÓLICAS MANCHEGAS S.A., de la cual Aurelio González Villarejo es Presidente.
En otras palabras, Cajasol, nuevamente una Caja de Ahorros, conecta empresarialmente, bien que de forma indirecta, a varios imputados en la Operación Malaya con Juan Tomás Vidal vicepresidente de VILLA ROMANA GOLF S.L., la empresa del grupo PEYBER que desarrolla el PAU del campo de golf en Carranque, con José Luis Rodríguez Holgado, consejero de esa misma compañía y con Aurelio González Villarejo, que preside el Grupo G.V., dentro del cual está DESARROLLOS URBAPLANING S.L., la concesionaria en Carranque de los PAUs de las Montanillas I y II y “postulante” a Agente Urbanizador en el PAU de las 20.000 viviendas de Illescas.
Por supuesto, que una Caja de Ahorros invierta en proyectos de gente “poco recomendable” o que tiene relaciones con gente poco recomendable, no significa que todos sus otros socios sean tenidos por sospechosos, pero lo cierto es que las coincidencias no acaban aquí.
En la próxima entrega habrá que seguir otro hilo que parte de Cajasol y que nos llevará en una nueva dirección, la de los hermanos Domingo y Antonio Díaz de Mera, para volver a encontrarnos, enseguida, con la ya famosa Montserrat Corulla y con los socios vascos de Juan Antonio Roca.
Las relaciones de Díaz de Mera, imputado por el caso Metrovacesa, GRUPO DE EMPRESAS HC. ha sido el instrumento societario mediante el cual Domingo Díaz de Mera, Román Sanahuja, José Selfa de la Gándara y José María Bueno Lidón consumaron los hechos por los que ahora se encuentran imputados tras las querellas presentadas contra ellos por la delegación de Sevilla de la Fiscalía Anticorrupción.
Los hechos tuvieron lugar entre los años 2004 y 2005.
En ese momento José María Bueno Lidon era, con plenos poderes, Presidente del Consejo de Administración de EL MONTE, el grupo industrial de lo que ahora se denomina CAJASOL. José Selfa de la Gándara, por su parte, era miembro de ese mismo Consejo.
Tras las correspondientes inspecciones, el BANCO DE ESPAÑA advirtió a CAJASOL sobre la necesidad de iniciar un proceso de ventas de activos ante la concentración “inapropiada” de riesgos en el sector inmobiliario. Iniciado tal proceso, CAJASOL decidió deshacerse de su participación en GRUPO DE EMPRESAS HC. Dicha entidad pertenecía, inicialmente, a Domingo Díaz de Mera en un 60% y en el restante 40% a EL MONTE.
En esta situación comienzan varios movimientos accionariales durante el año 2004.
En julio, Domingo Díaz de Mera vendió el 29,99% a CRESA PATRIMONIAL, empresa instrumental de los Sanahuja, entonces ya con una posición preponderante en METROVACESA.
En noviembre del mismo año, EL MONTE vendió el 10% de su participación a LESEPA INVERSIONES SL. Esta entidad, a través de GRUPO DE NEGOCIOS URBAJA SL y de SOLVENTIA CORPORATIVA es propiedad de Ignacio Barco Fernández y de su familia y aquí hay que hacer una advertencia.
Los hermanos Ignacio y Antonio Barco Fernández aparecen casi sistemáticamente en todas las múltiples sociedades de Domingo Díaz de Mera, entre ellas GLOBAL CONSULTING PARTNERS, lo cual es relevante para el caso que aquí se trata como se verá enseguida.
En definitiva, después de estos trasiegos de acciones, la propiedad de GRUPO DE EMPRESAS HC, quedó de la siguiente manera:
EL MONTE, mantenía el 30,03% de las acciones y en representación de este porcentaje, José María Bueno Lidón y José Selfa de la Gándara, estaban presentes en su Consejo.
CRESA PATRIMONIAL, la sociedad de Román Sanahuja el 29,99%.
CORPORACIÓN INDO MA, la sociedad controlada por Domingo Díaz de Mera, otro 29,99%.
Finalmente, LESEPA INVERSIONES, propiedad de los Barco Fernández, tenía un 10%.
Ahora bien, esta distribución accionarial era engañosa y oculta una unidad de acción y propósito mucho más estrecha de lo que aparentemente se podría pensar porque CORPORACIÓN INDO MA participa en otra de las empresas de Domingo Díaz de Mera, a saber:
GLOBAL CONSULTING PARTNERS y resulta que en esta última también son accionistas los Sanahuja, a través de SACRESA y los Barco Fernández, a través de la ya conocida LESEPA.
En definitiva, que todo queda en casa o cerca de ella.
En este contexto, los Sanahuja, con la intención de ampliar su posición de dominio en METROVACESA, se interesan por las participaciones de ésta en poder de HC, lo que parece ser el inicio de toda la operación porque, según la Fiscalía Anticorrupción, paralelamente, en el seno de HC se toman dos decisiones de alcance que, a la luz de los hechos posteriores, se pueden considerar preparatorias del plan trazado.
En la Junta Extraordinaria de HC celebrada el 29 de marzo del 2004, con la presencia y voto faborable de Bueno Lidon y Selfa de la Gándara, se acuerda la supresión del derecho de adquisición preferente entre socios de las acciones de la compañía, transformándose éstas en acciones al portador sin ningún tipo de limitación para su transmisión a terceros.
Al mismo tiempo entran en el Consejo tres miembros del grupo de los Sanahuja.
Como he dicho, este acuerdo se revela, a la luz de los hechos posteriores, como fundamental para impedir cualquier reacción defensiva por parte de CAJASOL.
Posteriormente, en la Junta de 30 de septiembre de 2005, también con la participación y voto de Bueno Lidon y Selfa de la Gándara, se elimina otro obstáculo o se facilita la futura venta de la sociedad, acordándose la escisión de ésta con la consiguiente reducción de capital.
A partir de aquí, los hechos se precipitan.
La venta de la participación de EL MONTE en HC se consumó el 5 de octubre de 2005, es decir, días después del último de los acuerdos de Junta citados, pero dicha venta se enmascara en un supuesto contrato, no de compraventa, sino de opción de compra, lo que resulta fundamental para cubrir el presunto engaño del que iban a ser, también presuntamente, víctimas los otros órganos de CAJASOL con competencia para decidir sobre esa venta.
Es decir, pese al nomen iuris: “contrato de opción de compra”, los términos y las obligaciones contenidos y que se derivaban de dicho contrato, convertían la venta de las acciones de HC que poseía EL MONTE en un hecho consumado, y anulaban o pretendían anular, cualquier reacción de los órganos competentes de la Caja.
Veamos cómo.
El contrato en cuestión se establece entre OLDNEW INVESTMENT SL, una sociedad instrumental de los Sanahuja, y José Selfa de la Gándara en representación de EL MONTE.
Hasta ahí todo bien, salvo que a Selfa de la Gándara no le estaban permitidos actos dispositivos, es decir, ventas, de valores mobiliarios de EL MONTE, sin la autorización previa de su Consejo de Administración, cuando el valor de esos valores superara los 6.000.000 de € y este era, precisamente, el caso.
Esto, no obstante, no afectaba a la validez del contrato con los Sanahuja o, si se quiere, con OLDNEW INVESTMENT, puestos que estos se cubrían en una aparente “tercería de buena fe” que no podía verse perjudicada porque el mandatario de EL MONTE, es decir, Selfa de la Gándara, hubiera actuado sobrepasando el límite de su mandato.
Selfa de la Gándara, de ser descubierto, respondería ante su mandante del hipotético daño patrimonial causado por excederse en su mandato y actuar sin la autorización requerida, pero EL MONTE no podría ir contra el “tercero de buena fe”, es decir contra los Sanahuja, anulando el contrato porque, en principio, estos no tenían por qué conocer las normas internas de EL MONTE ni saber que Selfa estaba yendo más allá de lo que podía.
Dicho de otra manera, porque los Sanahuja eran o pretendían pasar por “terceros de buena fe”.
Así, el contrato de supuesta “opción de compra” adquirió apariencia de plena eficacia y es ahora cuando llegamos al meollo del asunto.
Según los términos del contrato, las partes se otorgaban opción de compra y opción de venta recíprocas y coincidentes, lo cual no es otra cosa que marear la perdiz porque la supuesta opción de venta recíproca de EL MONTE en realidad no era otra cosa que la obligación de la entidad de vender siempre que los Sanahuja quisieran comprar.
Además, para su ejercicio, no se estableció prima alguna y el incumplimiento de OLDNEW INVESTMENT carecía de penalizaciones.
El precio del paquete de acciones de HC (el 30,02% de su capital social) en poder de EL MONTE se estableció en 32.000.000 de €.
Las acciones que HC tenía de METROVACESA (el verdadero objetivo de los Sanahuja) incluidas en su capital social y que formaban parte del total de los 32 millones citados, se fijó en 41,2 € por unidad y es aquí cuando la cosa se pone verdaderamente interesante porque, a fecha del contrato, el valor en bolsa de esas acciones era de 57,6 €, evidentemente, muy superior al acordado por las partes.
Además, para evitar sorpresas, una de las cláusulas del contrato se acordó que el precio acordado sería inalterable “cualquiera que sea la evolución de la cotización en bolsa, de las acciones de METROVACESA.
Las partes, además, se sometían a algo imprescindible en la operación: un “estricto compromiso de confidencialidad”.
Es evidente que sin un riguroso secreto el castillo que se estaba construyendo se derrumbaría irremediablemente.
Hechos estos preparativos, aún quedaba una parte esencial de la maniobra por culminar.
He dicho antes que, al amparo de la tercería de buena fe, el contrato adquiría apariencia de plena validez y eso, junto con los preparativos previos hechos en el seno del consejo de HC, blindaba el contrato contra posibles reacciones de los órganos de CAJASOL.
Sin embargo, la apariencia de tercero de buena fe no hacía por completo inatacable el conjunto de la operación.
Selfa de la Gándara tenía que saber, perfectamente, que estaba actuando fuera de su mandato, es decir, sin autorización y, también, tenía que saber que así las cosas y a la vista de la dramática minusvaloración de las acciones de METROVACESA en poder de HC, alguien en el seno de CAJASOL o, incluso, de EL MONTE podía empezar a pensar que la jurisdicción penal quizás tuviera algo que decir.
Dicho de otra manera, ahora había que conseguir que los órganos administrativos competentes de CAJASOL y EL MONTE estuvieran y pasaran, mansamente y sin algarabía, por la operación planeada.
Para ello, el compromiso de secreto era más que necesario, pero no bastaba.
Para evitar, presuntamente, que los hechos adquirieran todos los visos de una estafa, en el contrato se añadió una cláusula que condicionaba la validez del contrato a la “ratificación” del Consejo de Administración de EL MONTE.
Nótese aquí que dicha cláusula utilizaba el término “ratificación”, es decir, que el Consejo se encontraba, sorpresivamente, ante un plato de lentejas, que podía tomar o dejar, pero en modo alguno aderezar.
Aún así, este era un peligro que había que sortear.
Según la Fiscalía Anticorrupción, si bien esa cláusula existía, también era cierto que se habían eludido todos los trámites de “aprobación previa” imprescindibles según las normas internas de la Caja y que garantizaban el conocimiento y estudio necesario por parte de los órganos competentes de la entidad.
De hecho, también según la Fiscalía y los auditores que analizaron la operación posteriormente, las acciones de HC, incluyendo el paquete de METROVACESA, nunca fueron sometidas “a un estudio, valoración o tasación previa, por instancias terceras independientes, para garantizar mínimas condiciones razonables de venta, conforme a precio de mercado”.
Además, según las normas de inversión de la Caja, una desinversión de este volumen, debía ser precedida por los informes y aprobación de la “Comisión de Grupo Empresarial y Mercados” y de la “Comisión de Inversiones”.
Pues bien, la operación se presentó, por primera vez, a la Comisión de Grupo Empresarial etc., el día 17 de octubre del 2005, doce días después de que Selfa y la sociedad de los Sanahuja firmaran el contrato de “opción de compra”.
En consecuencia, deduce la Fiscalía, se hurtó la posibilidad de que los órganos técnicos y de asesoramiento de la Caja, tuvieran conocimiento y capacidad de estudio de la operación, que cuando se les presentó, se les presentó ya consumada.
No quedó aquí la cosa, no solamente se presentaron hechos consumados, sino que Selfa, cuando lo hizo, lo hizo como “una mera propuesta de venta susceptible de ser negociada con posterioridad”, lo que era radicalmente incierto puesto que recordemos que se había estipulado la inmodificabilidad del precio pactado y la plena validez del contrato a expensas, sólo, del último de los trámites de aprobación en el Consejo de CAJASOL.
Los miembros de la comisión creyeron en lo que Selfa de la Gándara les decía, esto es, que se trataba de una mera “propuesta” y, por eso, encargaron al citado Selfa que estudiara la posibilidad de adquirir las acciones, para lograr la mayoría en HC y poder actuar luego libremente, bien ejercitando el derecho de adquisición preferente u otras vías.
Estas personas, por supuesto, ignoraban que el contrato no era una “propuesta”, sino un contrato “plenamente negociado y rubricado” y que, además, previamente, en el Consejo de HC, los consejeros (recordemos: Díaz de Mera; sus socios habituales los hermanos Barco Fernández; los Sanahuja, evidentes beneficiarios de la operación; y los propios Selfa de la Gándara y Bueno Lidón) habían convertido las acciones de nominativas a al portador y habían suprimido todos los derechos de suscripción preferente entre socios.
n esa misma reunión de 17 de octubre de 2005, el avisado Sr. Selfa de la Gándara, también presentó como una mera “propuesta” la posibilidad de una escisión parcial de HC y la venta de la participación de EL MONTE en esta mercantil por valor de 32.000.000 €, con lo cual, volvía a faltar radicalmente a la verdad, porque esa escisión parcial, recordémoslo, ya había sido aprobada en el seno del Consejo de HC con los votos favorables de Selfa y Bueno Lidón, en la foto, tras declarar como imputado por el caso en los Juzgados de Sevilla.
Días después, el 21 de octubre del 2005, Selfa se presenta en la reunión del “Comité del Grupo Empresarial El Monte” presionando a los otros miembros y diciendo que lo que, conforme con el encargo hecho el anterior día 17, lo que entonces era mera propuesta, se había convertido ya en una oferta firme y rubricada por las partes, lo cual volvía a ser incierto o puramente falso, porque el acuerdo firme y rubricado no se había consumado entre los días 17 y 21, sino mucho antes, el día 5, y sin conocimiento alguno por parte del Comité.
Tres días después, el 24, se reunió la “Comisión de Inversiones”, órgano con competencia para tomar decisiones sobre el caso, pero Selfa retiró del orden del día el asunto de HC “al no estar culminados los detalles de la operación”, lo cual, con cierta ironía, era cierto, porque no eran los detalles los que estaban culminados, sino la propia operación.
El siguiente paso se dio el 14 de noviembre, cuando se reúne el Comité de Dirección de EL MONTE” presidido por Bueno Lidón y con la asistencia de Selfa de la Gándara.
Este órgano no tenía competencia, al contrario que la “Comisión de Inversiones” para decidir o informar sobre la operación, pero no obstante así se hizo, arteramente al parecer, dentro del epígrafe “Asuntos Varios”.
En ese momento Bueno Lidón advirtió a los presentes de “la necesidad de culminar la operación en las condiciones anunciadas”.
La cosa, negocio o, para algunos, “enjuague” estaba terminada.
Con la colaboración necesaria de Domingo Díaz de Mera y sus habituales socios, los hermanos Barco Fernández, en los actos preparatorios decididos en el Consejo de Administración de HC, y con la colaboración aún más necesaria de José María Bueno Lidón y José Selfa de la Gándara en el interior de “EL MONTE”, los Sanahuja consiguieron hacerse con las acciones de METROVACESA propiedad de HC a un precio más que “ventajoso” y, además, cinco meses antes de que estos lanzaran una OPA hostil por el 20% de METROVACESA, provocando que se disparara el precio de las acciones.
Mejor dicho, la cosa habría estado terminada si el Banco de España no hubiera detectado esta y otras operaciones similares en el transcurso de una inspección.
En ella, el daño patrimonial causado a CAJASOL por la infravaloración de las acciones de METROVACESA se cifró en 19,3 millones de Euros.
Tras la inspección, el Banco de España remitió requerimiento a la Dirección de la Caja advirtiendo la “irregularidad” detectada y solicitando que se encargara una “revisión” del procedimiento de venta, la cual debería ser realizada por firmas de auditoría de reconocido prestigio y que no hubieran tenido relaciones profesionales con la Caja en los últimos 5 años.
En atención a este requerimiento la Caja encargó dicha revisión a PRICE WHATERHOUSE COOPERS, ERNEST & YOUNG y a Javier Vega Fernández e Ildefonso del Castillo Tono.
Con ligeras diferencias, todos los auditores coinciden en la lesión patrimonial de la Caja y en la irregularidad de la actuación de Bueno Lidón y Selfa de la Gándara.
PRICE WHATERHOUSE COOPERS fijó el daño patrimonial sufrido por la entidad en un intervalo que iba de 13.420.504 € a 19.441.951 €. Javier Vega Fernández estimó la lesión patrimonial en 17.988.870 €, cantidad idéntica a la reclamada por la Caja en su demanda inicial.
Es cierto que, inicialmente, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, admitida a trámite por los Juzgados de Sevilla, se dirigió, únicamente, contra los directivos de CAJASOL, Bueno Lidón y Selfa de la Gándara.
Sin embargo, como era de esperar, el 12 de noviembre del 2008 se hacía pública la noticia de que el Juzgado de Sevilla que llevaba el caso había imputado a Román Sanahuja y a Domingo Díaz de Mera tras la ampliación de la denuncia presentada contra ellos por la Fiscalía.
Ni que decir tiene que los abogados de los Sanahuja se apresuraron a declarar que la causa no tenía pies ni cabeza porque afectaba a sujetos particulares y que estaban “muy tranquilos”.
Debe ser verdad que tanto Domingo Díaz de Mera como Román Sanahuja y todos sus abogados están muy tranquilos.
Es público y notorio el efecto narcotizante que producen las querellas criminales sobre personajes de esta condición, pues no hay uno sólo que, una vez imputado, no se apresure a declarar a los medios de comunicación lo tranquilo que está.
Una última cosa de interés o, incluso, de mucho interés.
Resulta que CAJASOL, antes Caja de Sevilla y San Fernándo, compró las acciones de METROVACESA, según se lee en esta página, donde se cita un artículo de El Mundo:
“En una adquisición concertada con el empresario sevillano Luis Portillo, empresario andaluz conectado esencialmente con el PSOE andaluz y el clan Toscano de Dos Hermanas; y el Grupo HC. El vendedor de ese 7% fue el fondo de inversión ADIA, de Abu Dhabi”.
En definitiva, que otra vez todos juntos, Luis Portillo, Díaz de Mera, Aurelio González Villarejo, etc. etc. La vis atractiva de Marbella parece ser irresistible.
4.- RELACIONES DÍAZ DE MERA-JUNTA DE ANDALUCÍA.
La empresa Green Publicidad ha sido adjudicada con varias licencias TDT en Andalucía y concedidas en julio de 2008 por la Junta de Andalucia.
Green Publicidad es la propietaria de los canales CRN (canal regional de noticias).
Díaz de Mera intentó la compra del periódico socialista El Correo de Andalucía hace unos años, compra que finalmente hizo el empresario extremeño afín al PSOE.
Prisa, la de Polanco, quería vender algunos medios de comunicación andaluces: El Correo de Andalucía, símbolo de la resistencia democrática al franquismo cuando estuvo en manos del padre Javierre y el Diario Jaén.
El comprador fue finalmente el grupo Gallardo, de Extremadura, vinculado estrechamente al PSOE.
Pero, ¿cómo es que de la nada ha surgido un poderoso grupo mediático industrial que les hace favores a Polanco, a Chaves, a Ibarra y a los demás miembros de las oligarquías que dominan el Sur de España desde 1982? Esta es su historia llena de "coincidencias" y de "influencias".
Es una historia más del régimen.
Hasta finales de los ochenta Alfonso Gallardo se dedicaba a recorrer el sur de Badajoz con una furgoneta comprando chatarra y pieles.
Dos décadas después posee el grupo industrial más poderoso de la región, con dos siderúrgicas, con fábricas de ferromallas, de laminados, de galvanizados, de tubos, de corrugados y de cemento, con dos almacenes en Madrid y tres en Euskadi, con plantas de fabricación en Extremadura, Madrid, Euskadi y Asturias, con más de 2000 trabajadores, con líneas de ferrocarril propias, con líneas de alta tensión propia y con subestación eléctrica propia.
Alfonso Gallardo posee la Medalla de Extremadura, el premio al Empresario del año 1997, el premio al empresario del año 2001, el premio Emprendedor 2002 (Todos ellos otorgados por la Junta) y una cátedra en la Universidad de Extremadura con su nombre.
Anualmente, el Grupo Industrial Alfonso Gallardo factura el equivalente al tercio de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma extremeña.
¿CUAL ES SU SECRETO?
Tomen algunas notas:
Francisco Fuentes Gallardo, sobrino directo y único heredero de Alfonso Gallardo, es secretario regional del PSOE, fue hasta el año 2000 senador y es la mano derecha de Rodríguez Ibarra.
Carmen Pereira, compañera sentimental de Francisco Fuentes Gallardo, es Delegada de Gobierno en Extremadura.
Luis Revello, ex-Director Gral. De Trabajo de la Junta de Extremadura, es asesor de Alfonso Gallardo y amigo íntimo del actual director.
Diego Baena, Director Gral. De Promoción Industrial de la Junta de Extremadura, responsable último de Incentivos Empresariales, es trabajador en excedencia de Alfonso Gallardo.
NOTA: Tomar esta informacion con precaucion.
El comunicado del Banco de España acerca de la intervención de la CMM
La Comisión Ejecutiva del Banco de España (BE), en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Disciplina e Intervención Bancaria, ha acordado la sustitución de los administradores de Caja Castilla La Mancha por otros designados por el BE. Caja Castilla La Mancha tiene un patrimonio neto positivo y es, por tanto, una entidad solvente, pero tanto la situación de su capital regulatorio como sus perspectivas financieras aconsejaban buscar soluciones que garantizaran su futuro.
Tanto esta medida, como el Decreto-Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros, aseguran que Caja Castilla La Mancha cumplirá con todas sus obligaciones frente a terceros. Esto significa que los depositantes y los acreedores pueden estar absolutamente tranquilos.
La decisión de la Comisión Ejecutiva del BE se ha adoptado después de que no hayan fructificado las conversaciones mantenidas en las últimas semanas con objeto de encontrar una solución en el ámbito del Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas de ahorros. Esta iniciativa era valorada de forma positiva por el Banco de España en la medida en que hubiera evitado la utilización de recursos públicos.
El deterioro al que podía verse expuesta la entidad en caso de continuar la búsqueda de este tipo de soluciones ha hecho aconsejable la actuación del Banco de España para evitar que el resultado final pudiera resultar muy costoso para el contribuyente.
La decisión del Banco de España está plenamente en línea con los principios acordados en la moción aprobada en el Congreso de los Diputados el 17 de marzo sobre la estrategia de reestructuración del sistema financiero español. Caja Castilla La Mancha representa menos del 1% de los activos del sistema bancario español.
El Banco de España quiere insistir en que el sistema financiero español sigue siendo sólido, aunque no puede ser inmune a la crisis financiera internacional.
El Gobernador del BE se ha dirigido al presidente de la Comisión de Economía del Congreso mostrando su disposición a comparecer, si se considera oportuno, para informar sobre esta decisión.
Tanto esta medida, como el Decreto-Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros, aseguran que Caja Castilla La Mancha cumplirá con todas sus obligaciones frente a terceros. Esto significa que los depositantes y los acreedores pueden estar absolutamente tranquilos.
La decisión de la Comisión Ejecutiva del BE se ha adoptado después de que no hayan fructificado las conversaciones mantenidas en las últimas semanas con objeto de encontrar una solución en el ámbito del Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas de ahorros. Esta iniciativa era valorada de forma positiva por el Banco de España en la medida en que hubiera evitado la utilización de recursos públicos.
El deterioro al que podía verse expuesta la entidad en caso de continuar la búsqueda de este tipo de soluciones ha hecho aconsejable la actuación del Banco de España para evitar que el resultado final pudiera resultar muy costoso para el contribuyente.
La decisión del Banco de España está plenamente en línea con los principios acordados en la moción aprobada en el Congreso de los Diputados el 17 de marzo sobre la estrategia de reestructuración del sistema financiero español. Caja Castilla La Mancha representa menos del 1% de los activos del sistema bancario español.
El Banco de España quiere insistir en que el sistema financiero español sigue siendo sólido, aunque no puede ser inmune a la crisis financiera internacional.
El Gobernador del BE se ha dirigido al presidente de la Comisión de Economía del Congreso mostrando su disposición a comparecer, si se considera oportuno, para informar sobre esta decisión.
El hasta hoy presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, pidió a los clientes de la entidad que sigan confiando en ella "si cabe ahora más que hace unos meses", porque está, tras haber sido intervenida por el Banco de España, "en las mejores manos".
En declaraciones a los periodistas tras su reunión en Madrid con directivos de la caja, que el Banco de España ha sustituido por tres administradores, Hernández Moltó insistió en que los ahorradores y trabajadores de CCM "pueden estar muy tranquilos".
"Estamos en las mejores manos en las que puede estar una entidad financiera", subrayó el ya ex presidente de CCM, quien aseguró que el equipo directivo de la caja se ha tomado con una "gran profesionalidad" la decisión de la intervención, que calificó de "adecuada para el momento actual".
Hernández Moltó se mostró convencido de que las sucursales y oficinas de la caja abrirán mañana "con normalidad" y aseguró que los clientes que quieran retirar sus fondos no tendrán "ningún problema" para hacerlo, como así han prometido tanto el Gobierno como el Banco de España.
Sin embargo, insistió en pedir a los clientes "que sigan confiando en la entidad en la que han confiado siempre y si cabe ahora más que nunca".
"Yo también me he puesto alguna vez en su situación (la de los clientes)" y en "lo mal que lo han tenido que pasar" cuando hace algunos meses se rumoreaba "injustificadamente" sobre la intervención, a pesar de que ahora sea la decisión adecuada.
Por su parte, el hasta hoy consejero del Partido Popular en Caja Castilla-La Mancha Luis Francisco Galán Polo transmitió un "mensaje de tranquilidad" porque la caja "no tiene ningún agujero" patrimonial.
El consejero insistió en que "la caja no tiene ningún agujero sino una situación transitoria de falta de liquidez, como muchas cajas pueden estar próximas, al igual que otras empresas y entidades" de España.
"Es así, y lo llevo manteniendo desde que me incorporé a la caja" a finales del pasado mes de febrero en sustitución de la dimitida Rosa Romero, señaló Galán.
"Estamos en las mejores manos en las que puede estar una entidad financiera", subrayó el ya ex presidente de CCM, quien aseguró que el equipo directivo de la caja se ha tomado con una "gran profesionalidad" la decisión de la intervención, que calificó de "adecuada para el momento actual".
Hernández Moltó se mostró convencido de que las sucursales y oficinas de la caja abrirán mañana "con normalidad" y aseguró que los clientes que quieran retirar sus fondos no tendrán "ningún problema" para hacerlo, como así han prometido tanto el Gobierno como el Banco de España.
Sin embargo, insistió en pedir a los clientes "que sigan confiando en la entidad en la que han confiado siempre y si cabe ahora más que nunca".
"Yo también me he puesto alguna vez en su situación (la de los clientes)" y en "lo mal que lo han tenido que pasar" cuando hace algunos meses se rumoreaba "injustificadamente" sobre la intervención, a pesar de que ahora sea la decisión adecuada.
Por su parte, el hasta hoy consejero del Partido Popular en Caja Castilla-La Mancha Luis Francisco Galán Polo transmitió un "mensaje de tranquilidad" porque la caja "no tiene ningún agujero" patrimonial.
El consejero insistió en que "la caja no tiene ningún agujero sino una situación transitoria de falta de liquidez, como muchas cajas pueden estar próximas, al igual que otras empresas y entidades" de España.
"Es así, y lo llevo manteniendo desde que me incorporé a la caja" a finales del pasado mes de febrero en sustitución de la dimitida Rosa Romero, señaló Galán.
Nueva intervención a la Banca en España
El Banco de España ha decidido intervenir Caja Castilla-La Mancha, según fuentes cercanas a la caja, en lo que supone la primera intervención de una gran entidad financiera desde la de Banesto en 1993 . Ha habido intervenciones posteriores de entidades más pequeñas, la última de las cuales fue la de Eurobank del Mediterráneo en el 2003.
Caja Castilla-La Mancha contaba con créditos concedidos por importe de 19.536 millones de euros a cierre del 2008 y con depósitos de clientes por valor de 17.265 millones de euros, que están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, hasta un límite de 100.000 euros por cliente.
La intervención del Banco de España está amparada por el artículo 31 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Dicho artículo establece que «únicamente cuando una entidad de crédito se encuentre en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia, podrá acordarse la intervención de la misma o la sustitución provisional de sus órganos de administración o dirección». El artículo permite al supervisor del sector financiero a mantener las medidas «hasta que se supere la situación» de extrema gravedad.
Caja Castilla-La Mancha contaba con créditos concedidos por importe de 19.536 millones de euros a cierre del 2008 y con depósitos de clientes por valor de 17.265 millones de euros, que están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, hasta un límite de 100.000 euros por cliente.
La intervención del Banco de España está amparada por el artículo 31 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Dicho artículo establece que «únicamente cuando una entidad de crédito se encuentre en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia, podrá acordarse la intervención de la misma o la sustitución provisional de sus órganos de administración o dirección». El artículo permite al supervisor del sector financiero a mantener las medidas «hasta que se supere la situación» de extrema gravedad.
Malestar en CEOE por la alarma creada en la intervención de CCM
Convocó al Comité Ejecutivo de CEOE por SMS en cuanto se enteró de la decisión del Banco de España.
El presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, se reunió ayer a la una de la tarde con sus vicepresidentes para fijar una posición común de los empresarios sobre la intervención de Caja Castilla La Mancha.
En un cónclave que se prolongó una hora y veinte minutos y al que asistieron el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Juan Ramón Quintás, y de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, todos coincidieron en mostrar su preocupación por las formas utilizadas, “que no abonan la tranquilidad del sistema y generan aún más alarma social”, según explicó a El Confidencial uno de los presentes.
“Al final, el procedimiento es el que es. Pero no debemos olvidar que esa entidad financiera ni siquiera representa el 1% de todo el sistema bancario español. Y, sin embargo, se produce la intervención un domingo, lo que obliga a convocar un Consejo de Ministros extraordinario, aprobar un Real Decreto para que el Banco de España tome las riendas de la Caja… El mecanismo no ayuda a trasladar ni mucho menos tranquilidad a los ciudadanos”, aseguran estas fuentes.
Precisamente ese mensaje es el que quería transmitir Gerardo Díaz Ferrán al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con quien se reunió posteriormente en un encuentro convocado para intentar sellar algún avance en el proceso de diálogo social.
“Estos temas hay que tratarlos con mucha prudencia. Y hay que evaluar muy bien cómo se hacen, no vaya a ser que al final se provoquen aún más daños de los que ya de por sí existen”, aseguró otro de los que expresó su opinión en el Comité Ejecutivo.
En la patronal también existe un claro convencimiento de que es necesario que desde el Gobierno y los organismos supervisores se ponga en marcha una hoja de ruta, un plan de actuación definido al que atenerse, lejos de ambigüedades.
“A estas alturas no sabemos si hay 20 cajas afectadas o no hay ninguna”, se asegura, al tiempo que se recuerda que, “de hecho, la premura de la intervención tiene que ver con que la fusión con Unicaja quedó abortada el viernes”.
Especialmente uno de los presentes en la reunión podía expresarse con verdadero conocimiento de causa.
Jesús Bárcenas, presidente de Cepyme, vicepresidente de CEOE y también protagonista en el encuentro con Zapatero como representante de la pequeña y mediana empresa, fue vicepresidente de Caja Castilla La Mancha hasta el pasado 30 de enero.
Bárcenas discrepaba de la gestión, hasta el punto de de que no acudía físicamente a la entidad financiera desde mayo.
“Ni siquiera firmó las cuentas”, aseguran fuentes conocedoras de su relación con la Caja.
En un comunicado remitido a última hora de la tarde, la patronal daba cuenta del Comité extraordinario, y aunque apuntaba que el Banco de España y el Gobierno han actuado correctamente, añadía que “se debería modificar la regulación correspondiente para evitar un procedimiento tan complejo”.
Asimismo, exponía que, ante la actual situación financiera de las empresas, CEOE “quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los agentes políticos, económicos y sociales con el fin de no debilitar aún más el flujo de crédito a las empresas, en el que las cajas de ahorro tienen un papel muy importante”.
Coberturas para todos
Los vicepresidentes de CEOE mostraron su preocupación por las coberturas que va a tener ahora Caja Castilla La Mancha, al contar con el aval del Estado en sus operaciones.
“Hemos pasado de la entidad más insegura a la más segura”, se explica.
En esta línea, fuentes presentes en el foro aseguran que la patronal estudiará solicitar al Gobierno que se dé cobertura al cien por cien de los depósitos de todas las entidades.
El pasado mes de octubre, el Ejecutivo acordó elevar hasta 100.000 euros la cobertura del fondo de garantía de depósitos y del de garantía de inversiones para los clientes de entidades financieras.
No estaban todos.
Faltaba, por ejemplo, Santiago Herrero, el presidente de los empresarios andaluces, pero sí “los que tenían que estar”. Y es que la presencia de Quintás y Martín en el encuentro no pasa inadvertida.
Las relaciones entre CEOE y el presidente de la AEB no han sido fáciles en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de las críticas recibidas por los bancos en el seno de la patronal por las restricciones de crédito.
Martín llegó a asegurar que “cuando voy a CEOE les pido que no me hablen de su primo o de su empresa, sino que me hablen de cómo se reducen las necesidades de financiación y endeudamiento”.
Díaz Ferrán ha buscado conciliar en sus últimas intervenciones.
“La posición de Quintás y Martín ayer fue la misma que la del resto”, se asevera.
El presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, se reunió ayer a la una de la tarde con sus vicepresidentes para fijar una posición común de los empresarios sobre la intervención de Caja Castilla La Mancha.
En un cónclave que se prolongó una hora y veinte minutos y al que asistieron el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Juan Ramón Quintás, y de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, todos coincidieron en mostrar su preocupación por las formas utilizadas, “que no abonan la tranquilidad del sistema y generan aún más alarma social”, según explicó a El Confidencial uno de los presentes.
“Al final, el procedimiento es el que es. Pero no debemos olvidar que esa entidad financiera ni siquiera representa el 1% de todo el sistema bancario español. Y, sin embargo, se produce la intervención un domingo, lo que obliga a convocar un Consejo de Ministros extraordinario, aprobar un Real Decreto para que el Banco de España tome las riendas de la Caja… El mecanismo no ayuda a trasladar ni mucho menos tranquilidad a los ciudadanos”, aseguran estas fuentes.
Precisamente ese mensaje es el que quería transmitir Gerardo Díaz Ferrán al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con quien se reunió posteriormente en un encuentro convocado para intentar sellar algún avance en el proceso de diálogo social.
“Estos temas hay que tratarlos con mucha prudencia. Y hay que evaluar muy bien cómo se hacen, no vaya a ser que al final se provoquen aún más daños de los que ya de por sí existen”, aseguró otro de los que expresó su opinión en el Comité Ejecutivo.
En la patronal también existe un claro convencimiento de que es necesario que desde el Gobierno y los organismos supervisores se ponga en marcha una hoja de ruta, un plan de actuación definido al que atenerse, lejos de ambigüedades.
“A estas alturas no sabemos si hay 20 cajas afectadas o no hay ninguna”, se asegura, al tiempo que se recuerda que, “de hecho, la premura de la intervención tiene que ver con que la fusión con Unicaja quedó abortada el viernes”.
Especialmente uno de los presentes en la reunión podía expresarse con verdadero conocimiento de causa.
Jesús Bárcenas, presidente de Cepyme, vicepresidente de CEOE y también protagonista en el encuentro con Zapatero como representante de la pequeña y mediana empresa, fue vicepresidente de Caja Castilla La Mancha hasta el pasado 30 de enero.
Bárcenas discrepaba de la gestión, hasta el punto de de que no acudía físicamente a la entidad financiera desde mayo.
“Ni siquiera firmó las cuentas”, aseguran fuentes conocedoras de su relación con la Caja.
En un comunicado remitido a última hora de la tarde, la patronal daba cuenta del Comité extraordinario, y aunque apuntaba que el Banco de España y el Gobierno han actuado correctamente, añadía que “se debería modificar la regulación correspondiente para evitar un procedimiento tan complejo”.
Asimismo, exponía que, ante la actual situación financiera de las empresas, CEOE “quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los agentes políticos, económicos y sociales con el fin de no debilitar aún más el flujo de crédito a las empresas, en el que las cajas de ahorro tienen un papel muy importante”.
Coberturas para todos
Los vicepresidentes de CEOE mostraron su preocupación por las coberturas que va a tener ahora Caja Castilla La Mancha, al contar con el aval del Estado en sus operaciones.
“Hemos pasado de la entidad más insegura a la más segura”, se explica.
En esta línea, fuentes presentes en el foro aseguran que la patronal estudiará solicitar al Gobierno que se dé cobertura al cien por cien de los depósitos de todas las entidades.
El pasado mes de octubre, el Ejecutivo acordó elevar hasta 100.000 euros la cobertura del fondo de garantía de depósitos y del de garantía de inversiones para los clientes de entidades financieras.
No estaban todos.
Faltaba, por ejemplo, Santiago Herrero, el presidente de los empresarios andaluces, pero sí “los que tenían que estar”. Y es que la presencia de Quintás y Martín en el encuentro no pasa inadvertida.
Las relaciones entre CEOE y el presidente de la AEB no han sido fáciles en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de las críticas recibidas por los bancos en el seno de la patronal por las restricciones de crédito.
Martín llegó a asegurar que “cuando voy a CEOE les pido que no me hablen de su primo o de su empresa, sino que me hablen de cómo se reducen las necesidades de financiación y endeudamiento”.
Díaz Ferrán ha buscado conciliar en sus últimas intervenciones.
“La posición de Quintás y Martín ayer fue la misma que la del resto”, se asevera.
MAFO reconoce que habrá que reestructurar entidades pequeñas y medianas si la crisis se prolonga
El sistema financiero español es sólido, pero no inmune. Así lo ha afirmado esta mañana el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en un concurrido encuentro organizado por el Foro Cinco Días.
Con la intervención de Caja Castilla La Mancha aún reciente, las palabras del gobernador adquirieron más relevancia que de costumbre.
Tal vez por eso, no se salió ni un ápice del discurso que llevó preparado.
Aún así, sus reflexiones dejaron en evidencia algunas de las creencias levantadas en torno a la salud de bancos y cajas españoles.
En opinión de Fernández Ordóñez, si la crisis se prolonga, será necesario reestructurar en entidades pequeñas y medianas.
Sin concretar de qué manera, el gobernador defendió la opción de agotar todas las posibilidades existentes, tratando de evitar siempre cualquier tipo de coste al contribuyente.
“Ha de ser el menor posible”.
Lo que dejó bien claro es que no es partidario de planes de recapitalización generalizados.
Las ayudas deben estar ligadas a la salvación de las entidades y al cese de los equipos gestores, asumiendo estos las responsabilidades que les correspondan.
De acuerdo con los modelos posibles, la actuación del Banco de España debe pasar siempre por garantizar los derechos de los acreedores y favorecer la transparencia de las actuaciones.
Aún así, respecto a este último punto, el Gobernador se manifestó claramente contrario a la retransmisión pública que se ha realizado de la situación de Caja Castilla La Mancha, aunque no citó expresamente su nombre, y reconoció su preferencia por llevar a cabo estas actuaciones con la máxima discreción posible, como haría si estuviera al frente de un banco privado y tuviera que ampliar capital.
Respecto al papel de la clase política, Mafo dejó ver su descontento por el tono del discurso político existente, sobre todo en el caso de las cajas, dada la presencia de representantes políticos en sus órganos de gobierno.
“Las disputas no son positivas. Al final, eso puede costarle dinero al contribuyente”.
Los responsables públicos deberían realizar un ejercicio de contención y contribuir a la creación de un modelo con más herramientas de actuación, que permita la toma de decisiones más ágiles y resolutivas.
A pesar de la expectación, Fernández Ordóñez no entró en muchos detalles cuando contestó a las tres preguntas cerradas que le trasladó el presentador.
Los detalles serán para su comparecencia en el Congreso. Así, sobre Caja Castilla La Mancha, explicó que la intervención se produjo después de que fracasara por segunda vez el intento de fusión con Unicaja.
Agotada la opción privada, como subrayó, lo lógico era que los administradores no continuaran y que el Banco de España, dada la situación de la entidad, se hiciera responsable de su gestión.
La conclusión de Mafo es reveladora. Aunque la solvencia y rentabilidad del sistema financiero español es netamente mejor que la del resto de países, es saludable que se produzca una restructuración.
La restricción del acceso a la financiación en los mercados, junto al aumento de la morosidad y la caída de los márgenes, hace inevitable una caída global del volumen del negocio.
Ante este escenario, lo mejor es que se produzca una reducción ordenada del número de entidades y que se liberen recursos para otras actuaciones.
Como se tiene grabado a fuego en las tripas del BdE, la crisis de los 80 ya marcó el camino.
Reformas estructurales y flexibilidad salarial
Su repaso sobre la salud del sistema financiero ocupó el último tercio de la intervención, aunque eclipsó en buena parte el resto del discurso.
Para arrancar, Fernández Ordóñez hizo un barrido macro sobre las previsiones económicas del país, que no pasan por su mejor momento y cada trimestre se ven superados por un retrato de la realidad sustancialmente peor.
Igual que nadie pudo imaginar un fallo sistémico global, tampoco ahora se pueden realizar proyecciones fiables a futuro.
En cualquier caso, lo más importante, reiteró el Gobernador, es saber la dimensión real de la crisis para conocer la fuerza de las medidas a tomar.
Como es por todos conocido, la crisis en España se ha cebado con la construcción y el ladrillo, los dos sectores donde más fuerzas de capital se habían concentrado en los últimos años.
Si además, tanto particulares como empresas viven una situación de elevado endeudamiento por un pasado reciente de acceso al crédito favorable, resulta inevitable que se vean lastradas las decisiones de consumo e inversión, primándose ahora el recorte del gasto y el ahorro. En el fondo, como apuntó Mafo, una perdida de confianza que va consustancialmente ligada con la percepción del desempleo.
“Las reformas estructurales son necesarias y urgentes”. Ni la exageración de las consecuencias de la crisis, ni tampoco llamadas ilusorias a la confianza van a generar una recuperación espontánea. Hacen falta ajustes y “debemos centrar esfuerzos en identificar las medidas y acciones necesarias”.
De lo contrario, según Fernández Ordóñez, será imposible salir de “los círculos viciosos que alimentan las fuerzas contractivas”. Y así, cuando la parte más severa de la crisis quede superada, España no podrá crecer como harán otros países si antes no se abordan estos cambios.
Mafo cree imprescindible, prioritario, el establecimiento de un nuevo patrón de crecimiento por la vía de una mayor productividad.
Hay que evitar situaciones como la actual, muy grave, que ha demostrado el rasgo diferencial del modelo español: la destrucción de empleo.
Según el espíritu de sus palabras, hay que reformar un modelo que permite realizar el grueso de los ajustes vía empleo, provocando tal vez de manera innecesaria, destrucción de puestos de trabajo.
Para atajar esta situación tal vez sería necesario, según la receta del Gobernador, una revisión de los convenios colectivos, favoreciendo condiciones laborales que eviten los despidos.
Con la intervención de Caja Castilla La Mancha aún reciente, las palabras del gobernador adquirieron más relevancia que de costumbre.
Tal vez por eso, no se salió ni un ápice del discurso que llevó preparado.
Aún así, sus reflexiones dejaron en evidencia algunas de las creencias levantadas en torno a la salud de bancos y cajas españoles.
En opinión de Fernández Ordóñez, si la crisis se prolonga, será necesario reestructurar en entidades pequeñas y medianas.
Sin concretar de qué manera, el gobernador defendió la opción de agotar todas las posibilidades existentes, tratando de evitar siempre cualquier tipo de coste al contribuyente.
“Ha de ser el menor posible”.
Lo que dejó bien claro es que no es partidario de planes de recapitalización generalizados.
Las ayudas deben estar ligadas a la salvación de las entidades y al cese de los equipos gestores, asumiendo estos las responsabilidades que les correspondan.
De acuerdo con los modelos posibles, la actuación del Banco de España debe pasar siempre por garantizar los derechos de los acreedores y favorecer la transparencia de las actuaciones.
Aún así, respecto a este último punto, el Gobernador se manifestó claramente contrario a la retransmisión pública que se ha realizado de la situación de Caja Castilla La Mancha, aunque no citó expresamente su nombre, y reconoció su preferencia por llevar a cabo estas actuaciones con la máxima discreción posible, como haría si estuviera al frente de un banco privado y tuviera que ampliar capital.
Respecto al papel de la clase política, Mafo dejó ver su descontento por el tono del discurso político existente, sobre todo en el caso de las cajas, dada la presencia de representantes políticos en sus órganos de gobierno.
“Las disputas no son positivas. Al final, eso puede costarle dinero al contribuyente”.
Los responsables públicos deberían realizar un ejercicio de contención y contribuir a la creación de un modelo con más herramientas de actuación, que permita la toma de decisiones más ágiles y resolutivas.
A pesar de la expectación, Fernández Ordóñez no entró en muchos detalles cuando contestó a las tres preguntas cerradas que le trasladó el presentador.
Los detalles serán para su comparecencia en el Congreso. Así, sobre Caja Castilla La Mancha, explicó que la intervención se produjo después de que fracasara por segunda vez el intento de fusión con Unicaja.
Agotada la opción privada, como subrayó, lo lógico era que los administradores no continuaran y que el Banco de España, dada la situación de la entidad, se hiciera responsable de su gestión.
La conclusión de Mafo es reveladora. Aunque la solvencia y rentabilidad del sistema financiero español es netamente mejor que la del resto de países, es saludable que se produzca una restructuración.
La restricción del acceso a la financiación en los mercados, junto al aumento de la morosidad y la caída de los márgenes, hace inevitable una caída global del volumen del negocio.
Ante este escenario, lo mejor es que se produzca una reducción ordenada del número de entidades y que se liberen recursos para otras actuaciones.
Como se tiene grabado a fuego en las tripas del BdE, la crisis de los 80 ya marcó el camino.
Reformas estructurales y flexibilidad salarial
Su repaso sobre la salud del sistema financiero ocupó el último tercio de la intervención, aunque eclipsó en buena parte el resto del discurso.
Para arrancar, Fernández Ordóñez hizo un barrido macro sobre las previsiones económicas del país, que no pasan por su mejor momento y cada trimestre se ven superados por un retrato de la realidad sustancialmente peor.
Igual que nadie pudo imaginar un fallo sistémico global, tampoco ahora se pueden realizar proyecciones fiables a futuro.
En cualquier caso, lo más importante, reiteró el Gobernador, es saber la dimensión real de la crisis para conocer la fuerza de las medidas a tomar.
Como es por todos conocido, la crisis en España se ha cebado con la construcción y el ladrillo, los dos sectores donde más fuerzas de capital se habían concentrado en los últimos años.
Si además, tanto particulares como empresas viven una situación de elevado endeudamiento por un pasado reciente de acceso al crédito favorable, resulta inevitable que se vean lastradas las decisiones de consumo e inversión, primándose ahora el recorte del gasto y el ahorro. En el fondo, como apuntó Mafo, una perdida de confianza que va consustancialmente ligada con la percepción del desempleo.
“Las reformas estructurales son necesarias y urgentes”. Ni la exageración de las consecuencias de la crisis, ni tampoco llamadas ilusorias a la confianza van a generar una recuperación espontánea. Hacen falta ajustes y “debemos centrar esfuerzos en identificar las medidas y acciones necesarias”.
De lo contrario, según Fernández Ordóñez, será imposible salir de “los círculos viciosos que alimentan las fuerzas contractivas”. Y así, cuando la parte más severa de la crisis quede superada, España no podrá crecer como harán otros países si antes no se abordan estos cambios.
Mafo cree imprescindible, prioritario, el establecimiento de un nuevo patrón de crecimiento por la vía de una mayor productividad.
Hay que evitar situaciones como la actual, muy grave, que ha demostrado el rasgo diferencial del modelo español: la destrucción de empleo.
Según el espíritu de sus palabras, hay que reformar un modelo que permite realizar el grueso de los ajustes vía empleo, provocando tal vez de manera innecesaria, destrucción de puestos de trabajo.
Para atajar esta situación tal vez sería necesario, según la receta del Gobernador, una revisión de los convenios colectivos, favoreciendo condiciones laborales que eviten los despidos.
El Banco de España al Gobierno: la crisis no se resuelve con buenas palabras
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha vuelto a advertir al Gobierno de que España necesita reformas estructurales para salir de la crisis.
Con un tono mucho más contundente que en anteriores discursos, Ordóñez ha criticado la actitud “perezosa” de quienes opinan que la crisis pasará sola.
En su opinión, hace falta una reforma urgente del mercado laboral, que permita a las empresas ajustar los contratos en función de la situación económica.
“Debería flexibilizarse, al menos durante la crisis, la aplicación de los convenios colectivos”, ha reclamado el gobernador y ha pedido que se conceda a las empresas y a los trabajadores la posibilidad de alcanzar acuerdos temporales, para que los ajustes no deriven necesariamente en pérdida de empleo.
Más reestructuraciones
El Gobernador del Banco de España ha advertido hoy de que si la crisis se prolonga es probable que se tengan que reestructurar más entidades de pequeño y mediano tamaño, como Caja Castilla-La Mancha (CCM).
Fernández Ordóñez ha dicho que España tiene que estar preparada para emplear más recursos públicos "para ayudar al sistema financiero" con respecto a crisis anteriores.
El gobernador ha explicado -en el Foro Cinco Días- que las recapitalizaciones generalizadas o la compra de activos malos "no son medidas que garantizan que el crédito vuelva a fluir hacia el sector productivo", un paso necesario para que la economía se recupere.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha dicho que el negocio bancario está destinado a disminuir en los próximos años.
Cree que en España "hay un exceso de entidades" y su número "está destinado a reducirse".
Además, advierte que las entidades tienen que ser "ayudadas" intentando un menor gasto para las arcas públicas.
El 'capo' del BdE considera que cuando se ayuda a una entidad tiene que estar vinculada a su reestructuración.
Asimismo, los directivos que se equivoquen tienen que "asumir consecuencias".
Fernández Ordóñez ha añadido que todas las decisiones del Banco de España "están basadas en criterios profesionales".
Por otro lado, el gobernador del BdE volvía a pedir al Gobierno "reformas estructurales urgentes", si no España "no saldrá de la crisis".
Con un tono mucho más contundente que en anteriores discursos, Ordóñez ha criticado la actitud “perezosa” de quienes opinan que la crisis pasará sola.
En su opinión, hace falta una reforma urgente del mercado laboral, que permita a las empresas ajustar los contratos en función de la situación económica.
“Debería flexibilizarse, al menos durante la crisis, la aplicación de los convenios colectivos”, ha reclamado el gobernador y ha pedido que se conceda a las empresas y a los trabajadores la posibilidad de alcanzar acuerdos temporales, para que los ajustes no deriven necesariamente en pérdida de empleo.
Más reestructuraciones
El Gobernador del Banco de España ha advertido hoy de que si la crisis se prolonga es probable que se tengan que reestructurar más entidades de pequeño y mediano tamaño, como Caja Castilla-La Mancha (CCM).
Fernández Ordóñez ha dicho que España tiene que estar preparada para emplear más recursos públicos "para ayudar al sistema financiero" con respecto a crisis anteriores.
El gobernador ha explicado -en el Foro Cinco Días- que las recapitalizaciones generalizadas o la compra de activos malos "no son medidas que garantizan que el crédito vuelva a fluir hacia el sector productivo", un paso necesario para que la economía se recupere.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha dicho que el negocio bancario está destinado a disminuir en los próximos años.
Cree que en España "hay un exceso de entidades" y su número "está destinado a reducirse".
Además, advierte que las entidades tienen que ser "ayudadas" intentando un menor gasto para las arcas públicas.
El 'capo' del BdE considera que cuando se ayuda a una entidad tiene que estar vinculada a su reestructuración.
Asimismo, los directivos que se equivoquen tienen que "asumir consecuencias".
Fernández Ordóñez ha añadido que todas las decisiones del Banco de España "están basadas en criterios profesionales".
Por otro lado, el gobernador del BdE volvía a pedir al Gobierno "reformas estructurales urgentes", si no España "no saldrá de la crisis".
El Banco de España desmonta la versión del Gobierno sobre la intervención de CCM. Ni "actuación preventiva", ni "problema puntual de liquidez". La explicación oficial del Gobierno para la intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM) ha saltado por los aires. El demoledor informe con el que el Banco de España justifica su actuación deja bien claro que la entidad que presidía Juan Pedro Hernández-Moltó no era solvente, como ha repetido el Ejecutivo hasta la saciedad, sino todo lo contrario: no cumplía los mínimos de solvencia y, si no era intervenida, amenazaba con acabar en quiebra.
Pedro Solbes ha peregrinado esta semana por las principales cadenas de radio y televisión para repetir una y otra vez la doctrina oficial lanzada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario del domingo: que CCM no tenía ningún problema de solvencia ("tiene fondos propios positivos" era el argumento de autoridad), que se trataba de una carencia de liquidez a corto plazo que no afectaba al futuro de la firma y que la intervención era una medida preventiva para evitar males mayores.
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha insistido también en que la caja "no tiene un problema patrimonial, sino de liquidez coyuntural", provocada tras una "caída abrupta" del sector de la construcción por la crisis, así como a una "campaña de descrédito, de acoso y derribo de algunos sectores"; se refiere al PP, naturalmente, al que acusa de provocar la salida masiva de depósitos de la entidad. Barreda también acusó a Unicaja de llevar a CCM al abismo por sus "pretensiones excesivas".
Estas explicaciones no habían convencido a casi nadie, ni siquiera a los medios más afines al PSOE. Era demasiado llamativo que, por un problema puntual de liquidez, se tuvieran que inyectar 9.000 millones nada menos a la entidad y, además, destituir al consejo de administración en pleno, empezando por el destacado ex diputado socialista. Resultaba evidente que tenía que haber algo más, como ya señaló el propio domingo El Confidencial al llamar la atención sobre estas contradicciones.
El Banco de España no deja lugar a dudas
Ahora, es el mismísimo Banco de España el que da la razón a los escépticos y pone la cara colorada al Gobierno, que ahora queda en una situación muy embarazosa tras haber sido pillado en este renuncio. Porque el informe del supervisor que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez no deja lugar para la duda: CCM presentaba un déficit regulatorio de recursos propios de 157 millones al cierre de 2008, con un ratio de solvencia (que incluye todos los compartimentos del capital) del 7,2%. Es decir, aunque es cierto que los fondos propios todavía son positivos, se encuentran por debajo de lo exigido por la normativa para que una entidad se considere solvente.
Es más, el informe utiliza exactamente esas palabras cuando afirma que la "fuerte relajación de los criterios de concesión" (de créditos, se entiende) es lo que "ha desembocado en la situación actual, socavando de forma muy grave la solvencia y la viabilidad de la entidad". Además, las cosas amenazaban con ponerse mucho peor todavía: "La situación empeorará sensiblemente si se tienen en cuenta los 600 millones de euros de ajustes al patrimonio neto que, previsiblemente, se derivarán de la inspección en curso". Lo cual significa que, si el Banco de España no la hubiera intervenido, la caja amenazaba con llegar a la quiebra.
La cuestión de los fondos propios positivos
Pero es que todavía hay más. Sólo se puede sostener que tenía fondos propios positivos "valorando los activos de la entidad a valor nominal, sin ajuste alguno derivado de la evolución de los mercados, tanto financieros como inmobiliarios", en palabras de nuestro analista S.McCoy. Y todos sabemos lo que ha ocurrido en los mercados en el último año y medio. De hecho, la manga ancha del propio Banco de España con las tasaciones de los activos inmobiliarios es lo que había evitado que CCM tuviera que anotarse unas enormes pérdidas y que sus fondos propios estuvieran en situación crítica.
Por descontado, la caja tenía un problema de liquidez, que es previo al de solvencia. Según el citado informe, el cierre de los mercados interbancarios se agravó todavía más en el caso de CCM a raíz de la bajada de rating decidida por Standard & Poor's en febrero. Además, señala que CCM carecía de activos aptos para descontar en el BCE, es decir, que no podía utilizar la vía favorita de financiación de la banca española. Ante esta situación, la fuga de depósitos de los últimos meses volvía insostenible la situación de la entidad, que no era capaz de hacer frente a sus obligaciones -es decir, era insolvente a corto plazo- y tuvo que solicitar una provisión urgente de liquidez de 900 millones.
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha insistido también en que la caja "no tiene un problema patrimonial, sino de liquidez coyuntural", provocada tras una "caída abrupta" del sector de la construcción por la crisis, así como a una "campaña de descrédito, de acoso y derribo de algunos sectores"; se refiere al PP, naturalmente, al que acusa de provocar la salida masiva de depósitos de la entidad. Barreda también acusó a Unicaja de llevar a CCM al abismo por sus "pretensiones excesivas".
Estas explicaciones no habían convencido a casi nadie, ni siquiera a los medios más afines al PSOE. Era demasiado llamativo que, por un problema puntual de liquidez, se tuvieran que inyectar 9.000 millones nada menos a la entidad y, además, destituir al consejo de administración en pleno, empezando por el destacado ex diputado socialista. Resultaba evidente que tenía que haber algo más, como ya señaló el propio domingo El Confidencial al llamar la atención sobre estas contradicciones.
El Banco de España no deja lugar a dudas
Ahora, es el mismísimo Banco de España el que da la razón a los escépticos y pone la cara colorada al Gobierno, que ahora queda en una situación muy embarazosa tras haber sido pillado en este renuncio. Porque el informe del supervisor que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez no deja lugar para la duda: CCM presentaba un déficit regulatorio de recursos propios de 157 millones al cierre de 2008, con un ratio de solvencia (que incluye todos los compartimentos del capital) del 7,2%. Es decir, aunque es cierto que los fondos propios todavía son positivos, se encuentran por debajo de lo exigido por la normativa para que una entidad se considere solvente.
Es más, el informe utiliza exactamente esas palabras cuando afirma que la "fuerte relajación de los criterios de concesión" (de créditos, se entiende) es lo que "ha desembocado en la situación actual, socavando de forma muy grave la solvencia y la viabilidad de la entidad". Además, las cosas amenazaban con ponerse mucho peor todavía: "La situación empeorará sensiblemente si se tienen en cuenta los 600 millones de euros de ajustes al patrimonio neto que, previsiblemente, se derivarán de la inspección en curso". Lo cual significa que, si el Banco de España no la hubiera intervenido, la caja amenazaba con llegar a la quiebra.
La cuestión de los fondos propios positivos
Pero es que todavía hay más. Sólo se puede sostener que tenía fondos propios positivos "valorando los activos de la entidad a valor nominal, sin ajuste alguno derivado de la evolución de los mercados, tanto financieros como inmobiliarios", en palabras de nuestro analista S.McCoy. Y todos sabemos lo que ha ocurrido en los mercados en el último año y medio. De hecho, la manga ancha del propio Banco de España con las tasaciones de los activos inmobiliarios es lo que había evitado que CCM tuviera que anotarse unas enormes pérdidas y que sus fondos propios estuvieran en situación crítica.
Por descontado, la caja tenía un problema de liquidez, que es previo al de solvencia. Según el citado informe, el cierre de los mercados interbancarios se agravó todavía más en el caso de CCM a raíz de la bajada de rating decidida por Standard & Poor's en febrero. Además, señala que CCM carecía de activos aptos para descontar en el BCE, es decir, que no podía utilizar la vía favorita de financiación de la banca española. Ante esta situación, la fuga de depósitos de los últimos meses volvía insostenible la situación de la entidad, que no era capaz de hacer frente a sus obligaciones -es decir, era insolvente a corto plazo- y tuvo que solicitar una provisión urgente de liquidez de 900 millones.
Preguntas y respuestas sobre la intervención de CCM. Guía sobre el alcance de la insolvencia de la caja manchega.
¿Cómo afecta la intervención de CCM al sistema financiero español?
Aunque la caja de ahorros sólo supone el 0,8% del sistema financiero de España, el impacto de su intervención es mayor en cuanto a que genera desconfianza sobre el mismo. La banca española sufre ahora las consecuencias de la excesiva exposición al sector inmobiliario y el parón de la actividad, que ha disparado la tasa de morosidad de la mayoría de las entidades, dificultando su gestión. La caída de la caja aumenta el risgo país y encarece las emisiones de las entidades.
¿Corren riesgos los depositantes?
Los clientes de la caja intervenida no deben temer por su dinero, ya que el Banco de España está detrás aportando financiación pública. El Gobierno dijo en un principio que ponía a su disposición un aval del Tesoro de hasta 9.000 millones de euros. Esta semana ha firmado una primera autorización de 3.000 millones.
¿Interviene el Fondo de Garantía?
En caso de quiebra, que no parece probable en este caso, actuaría el Fondo de Garantía de Depósitos, que tiene el objetivo de asegurar a los depositantes de las entidades de crédito la recuperación de sus depósitos, ya sea en efectivo o valores, hasta los límites establecidos. El Gobierno elevó en octubre este límite desde 20.000 hasta 100.000 euros por titular y entidad. El depósito puede utilizarse para reforzar la solvencia y el funcionamiento de una entidad en dificultades en defensa de los depositantes.
¿Tiene que preocuparse el inversor en fondos de inversión?
Casi 9.000 partícipes poseen fondos de la entidad rescatada. Estos productos de inversión cuentan con una regulación que les protege de situaciones como la que atraviesa CCM. Parte de la premisa de que todos los partícipes son los dueños del capital de fondos y separa gestora y depositarios para que los inversores no puedan perder su dinero debido a los problemas financieros de una entidad. Ni siquiera el hecho de que CCM sea depositaria de catorce fondos genera ningún problema porque, en el peor de los casos, la CNMV puede disponer de este dinero y llevarlo a otro depositario.
¿Qué impacto tendrá para los que invirtieron renta fija emitida por CCM?
Al menos 60 fondos nacionales tienen exposición a la caja manchega a través de vehículos de renta fija emitidos por la entidad, como pagarés, obligaciones y depósitos. Todo apunta que ninguna de estas inversiones corre peligro, ya que los 9.000 millones de aval anunciados por el gobierno irán destinados a cubrir también el vencimiento de emisiones de la caja. El Gobernador del Banco de España ha dicho que la entidad mantendrá inalterados los pagos a sus acreedores, por lo que no hay que temer.
¿Cómo afectará al bolsillo de los españoles?
El gobernador del Banco de España ha señalado que aún no se conoce el coste. Puntualiza que no le va a costar 9.000 millones al contribuyente, ya que es un aval que sirve para financiar a la entidad. Aseguró que el coste podría ser cero, porque la entidad es solvente. La operación sólo costará algo a los contribuyentes si la caja tuviera al final patrimonio negativo o si otra entidad exigiera algo más para quedarse con ella.
¿Vuelta a la normalidad?
En un plazo de entre tres y seis meses el Banco de España tendrá listo un informe en el que se refleje la situación de la caja. En ese momento se decidirá su futuro. Si las pérdidas no son muy elevadas se optaría por reflotar la caja y que siga operando como hasta ahora. Si se llega a la conclusión de que la entidad no puede seguir operando, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) puede subastar los activos y pasivos de la entidad a través de una cesión. La duda está en saber si sólo optarían a la subasta cajas de ahorros o se abriría a bancos. La última opción y, menos probable, es la liquidación de la entidad.
¿Quién asumirá las pérdidas si CCM no consigue devolver la financiación del Tesoro?
Solbes asegura que el quebranto para el Estado en este tipo de intervenciones puede ser mínimo. Como máximo podría ascender al 10% del total de los avales. El FGD de las cajas de ahorros tendrá que asumir una parte proporcional del quebranto (la parte proporcional de lo que suponen los depósitos sobre el pasivo total de la caja).
Aunque la caja de ahorros sólo supone el 0,8% del sistema financiero de España, el impacto de su intervención es mayor en cuanto a que genera desconfianza sobre el mismo. La banca española sufre ahora las consecuencias de la excesiva exposición al sector inmobiliario y el parón de la actividad, que ha disparado la tasa de morosidad de la mayoría de las entidades, dificultando su gestión. La caída de la caja aumenta el risgo país y encarece las emisiones de las entidades.
¿Corren riesgos los depositantes?
Los clientes de la caja intervenida no deben temer por su dinero, ya que el Banco de España está detrás aportando financiación pública. El Gobierno dijo en un principio que ponía a su disposición un aval del Tesoro de hasta 9.000 millones de euros. Esta semana ha firmado una primera autorización de 3.000 millones.
¿Interviene el Fondo de Garantía?
En caso de quiebra, que no parece probable en este caso, actuaría el Fondo de Garantía de Depósitos, que tiene el objetivo de asegurar a los depositantes de las entidades de crédito la recuperación de sus depósitos, ya sea en efectivo o valores, hasta los límites establecidos. El Gobierno elevó en octubre este límite desde 20.000 hasta 100.000 euros por titular y entidad. El depósito puede utilizarse para reforzar la solvencia y el funcionamiento de una entidad en dificultades en defensa de los depositantes.
¿Tiene que preocuparse el inversor en fondos de inversión?
Casi 9.000 partícipes poseen fondos de la entidad rescatada. Estos productos de inversión cuentan con una regulación que les protege de situaciones como la que atraviesa CCM. Parte de la premisa de que todos los partícipes son los dueños del capital de fondos y separa gestora y depositarios para que los inversores no puedan perder su dinero debido a los problemas financieros de una entidad. Ni siquiera el hecho de que CCM sea depositaria de catorce fondos genera ningún problema porque, en el peor de los casos, la CNMV puede disponer de este dinero y llevarlo a otro depositario.
¿Qué impacto tendrá para los que invirtieron renta fija emitida por CCM?
Al menos 60 fondos nacionales tienen exposición a la caja manchega a través de vehículos de renta fija emitidos por la entidad, como pagarés, obligaciones y depósitos. Todo apunta que ninguna de estas inversiones corre peligro, ya que los 9.000 millones de aval anunciados por el gobierno irán destinados a cubrir también el vencimiento de emisiones de la caja. El Gobernador del Banco de España ha dicho que la entidad mantendrá inalterados los pagos a sus acreedores, por lo que no hay que temer.
¿Cómo afectará al bolsillo de los españoles?
El gobernador del Banco de España ha señalado que aún no se conoce el coste. Puntualiza que no le va a costar 9.000 millones al contribuyente, ya que es un aval que sirve para financiar a la entidad. Aseguró que el coste podría ser cero, porque la entidad es solvente. La operación sólo costará algo a los contribuyentes si la caja tuviera al final patrimonio negativo o si otra entidad exigiera algo más para quedarse con ella.
¿Vuelta a la normalidad?
En un plazo de entre tres y seis meses el Banco de España tendrá listo un informe en el que se refleje la situación de la caja. En ese momento se decidirá su futuro. Si las pérdidas no son muy elevadas se optaría por reflotar la caja y que siga operando como hasta ahora. Si se llega a la conclusión de que la entidad no puede seguir operando, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) puede subastar los activos y pasivos de la entidad a través de una cesión. La duda está en saber si sólo optarían a la subasta cajas de ahorros o se abriría a bancos. La última opción y, menos probable, es la liquidación de la entidad.
¿Quién asumirá las pérdidas si CCM no consigue devolver la financiación del Tesoro?
Solbes asegura que el quebranto para el Estado en este tipo de intervenciones puede ser mínimo. Como máximo podría ascender al 10% del total de los avales. El FGD de las cajas de ahorros tendrá que asumir una parte proporcional del quebranto (la parte proporcional de lo que suponen los depósitos sobre el pasivo total de la caja).
CCM necesita 6.000 millones para pago de deuda en los próximos tres años y 3.000 para "sanear" su balance. Caja Castilla La Mancha necesitará, en el peor de los escenarios, 9.000 millones de euros. Esta cantidad, como ayer anunció el vicepresidente Pedro Solbes, se corresponde con la línea de avales facilitada por el Gobierno para que la entidad intervenida ayer domingo por el Banco de España pueda cumplir con “todas sus obligaciones frente a depositantes y acreedores”.
De acuerdo con las fuentes financieras consultadas, CCM necesita disponer de liquidez suficiente por importe de 6.000 millones en los próximos tres años*, fundamentalmente para hacer frente a compromisos de pago. Estos vencimientos de deuda, recursos obtenidos en los mercados de capitales en los últimos años para financiar el crecimiento de su actividad crediticia, han sido incluidos en el plan de rescate puesto en marcha por el BdE.
Este mismo año, CCM tiene un vencimiento de 425 millones, a los que se suman los 1.000 millones en depósitos que han sido retirados por los clientes en los dos primeros meses de 2009. Además, en los tres primeros meses ha amortizado pagarés por un total de 578 millones. Una dinámica, con vistas a corto plazo, que había obligado a la caja a tener programada una emisión de pagarés por un máximo de 1.500 millones.
La cantidad restantes, 3.000 millones de euros, coincide con la cantidad cuantificada por PriceWaterHouse Coopers, en su informe preliminar, sobre el posible desajuste patrimonial de la entidad, que equivaldría al desfase existente entre el valor de la cartera crediticia y las provisiones que serían necesarias para compensar la depreciación y riesgo de impago sobre esos activos.
De hecho, el pasado mes de febrero, la agencia de medición de riesgo Fitch rebajó la calificación a largo plazo de CCM de BBB+ a BB+, la de corto plazo de F2 a B y la individual de E a C, encareciendo así su salida al mercado de capitales en busca de nueva financiación. Una revisión a la baja que se correspondía a la creencia de que la entidad necesitaría apoyo externo, aunque desconocían cómo y cuándo sería ejecutado ese soporte.
Estas rebajas, que también afectan a los instrumentos financieros de la entidad, refleja el impacto negativo del profundo ajuste que se está produciendo en la economía española, en especial en el sector inmobiliario, donde CCM tiene un alto riesgo por la concentración de su cartera crediticia, al tiempo que ha aumentado el ratio de morosidad de los clientes. Además, según explicó Fitch, el entorno coyuntural empeorará en los próximos meses.
El marcaje del Banco de España
En palabras del propio Pedro Solbes, la intervención de CCM no se debe a la existencia de "ningún agujero financiero", sino a los "problemas de liquidez”, que sólo “pueden ser resueltos a través de la financiación del Banco de España". El vicepresidente no habló en ningún momento de solvencia para referirse a la actuación del Gobierno, que actúa mediante la concesión de garantías derivadas de la financiación que pueda otorgar el Banco de España.
Desde hace varios meses, CCM venía siendo objeto de atención especial por parte del Banco de España. El desembarco del organismo supervisor se ha producido dos días antes de que mañana martes, día 31 de marzo, la caja fuera a celebrar su consejo de administración ordinario, fecha límite para que presentara sus cuentas consolidadas de 2008, las cuales no estaba dispuesta a firmar su auditor Ernst & Young.
* Con anterioridad, se incluyó por error la fecha de dos años
Este mismo año, CCM tiene un vencimiento de 425 millones, a los que se suman los 1.000 millones en depósitos que han sido retirados por los clientes en los dos primeros meses de 2009. Además, en los tres primeros meses ha amortizado pagarés por un total de 578 millones. Una dinámica, con vistas a corto plazo, que había obligado a la caja a tener programada una emisión de pagarés por un máximo de 1.500 millones.
La cantidad restantes, 3.000 millones de euros, coincide con la cantidad cuantificada por PriceWaterHouse Coopers, en su informe preliminar, sobre el posible desajuste patrimonial de la entidad, que equivaldría al desfase existente entre el valor de la cartera crediticia y las provisiones que serían necesarias para compensar la depreciación y riesgo de impago sobre esos activos.
De hecho, el pasado mes de febrero, la agencia de medición de riesgo Fitch rebajó la calificación a largo plazo de CCM de BBB+ a BB+, la de corto plazo de F2 a B y la individual de E a C, encareciendo así su salida al mercado de capitales en busca de nueva financiación. Una revisión a la baja que se correspondía a la creencia de que la entidad necesitaría apoyo externo, aunque desconocían cómo y cuándo sería ejecutado ese soporte.
Estas rebajas, que también afectan a los instrumentos financieros de la entidad, refleja el impacto negativo del profundo ajuste que se está produciendo en la economía española, en especial en el sector inmobiliario, donde CCM tiene un alto riesgo por la concentración de su cartera crediticia, al tiempo que ha aumentado el ratio de morosidad de los clientes. Además, según explicó Fitch, el entorno coyuntural empeorará en los próximos meses.
El marcaje del Banco de España
En palabras del propio Pedro Solbes, la intervención de CCM no se debe a la existencia de "ningún agujero financiero", sino a los "problemas de liquidez”, que sólo “pueden ser resueltos a través de la financiación del Banco de España". El vicepresidente no habló en ningún momento de solvencia para referirse a la actuación del Gobierno, que actúa mediante la concesión de garantías derivadas de la financiación que pueda otorgar el Banco de España.
Desde hace varios meses, CCM venía siendo objeto de atención especial por parte del Banco de España. El desembarco del organismo supervisor se ha producido dos días antes de que mañana martes, día 31 de marzo, la caja fuera a celebrar su consejo de administración ordinario, fecha límite para que presentara sus cuentas consolidadas de 2008, las cuales no estaba dispuesta a firmar su auditor Ernst & Young.
* Con anterioridad, se incluyó por error la fecha de dos años
El Gobierno avala hasta 9.000 millones para salvar CCM. El Gobierno ha aprobado un decreto-ley por el que autoriza la emisión de un aval del Tesoro de hasta 9.000 millones de euros, para que el Banco de España intervenga en Caja Castilla La Mancha y solvente sus problemas de liquidez.
El Banco de España se ha visto obligado a entrar en acción e intervenir Caja Castilla-La Mancha y evitar males mayores para la entidad. El supervisor acordó el sábado sustituir a la actual cúpula gestora de la entidad, una información que se hizo pública ayer, por tres administradores de la propia institución financiera que toman las riendas de la caja. El Gobierno, vía decreto ley urgente, decidió "tras una reunión extraordinaria ayer del consejo de ministros" financiar a la entidad a través del Banco de España con avales del Tesoro de hasta 9.000 millones de euros. En una comparecencia a última hora de la tarde, los dos vicepresidentes del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes, quisieron tranquilizar a depositantes y acreedores de la entidad, asegurando que la caja cumplirá "todas sus obligaciones".
El vicepresidente económico apuntó que "no hay ningún agujero financiero en la entidad" y que se trata de problemas de liquidez que sólo pueden ser resueltos con esta intervención del Banco de España, tras dos intentos frustrados de CCM de solventar sus problemas con una fusión apoyada por el Fondo de Garantía de Depósitos. En el último intento, Unicaja no había aceptado las condiciones ofertadas por el supervisor para fusionarse con CCM, por lo que se frustró esta solución. Solbes quiso restar importancia a esta actuación al calificarla de "una cuestión menor y de trámite", ya que la entidad intervenida "representa sólo el 1% de los activos del sistema financiero español". Asimismo, quiso distanciarse de la última gran operación similar en España, el caso Banesto, ya que "en aquella ocasión se trataba de un banco muy importante del país".
La intervención del Banco de España ha estado motivada fundamentalmente por dos factores, según distintas fuentes consultadas. Por un lado, la entidad debía aprobar sus cuentas antes del 31 de marzo. Según la información pública, hasta diciembre había tenido unas ganancias de 30 millones de euros, un 87% menos que el año anterior. No obstante, tras los procesos de comprobación del Banco de España, se evidenció que realmente sus cuentas presentaban "pérdidas" debido a la necesidad de hacer mayores provisiones. El futuro inmediato de CCM es seguir operando hoy con tranquilidad. "Mañana puede ir cualquier cliente tranquilamente a retirar su dinero", afirmó el vicepresidente.
Sobre el futuro más a largo plazo, se abren más incógnitas. "La entidad es solvente y aportamos financiación para que lo siga siendo, hasta que se adopten otras soluciones", afirmó Solbes. Ahora les toca a los nuevos gestores del Banco de España el control de la actividad ordinaria de la caja y "diseñar las medidas necesarias para afrontar la situación en la que se encuentra la entidad", según la disposición del Banco de España publicada ayer en el BOE. A largo plazo, según señalaron ayer fuentes oficiales del ministerio de Economía, todas las opciones están abiertas sobre el destino final de la caja, desde la fusión hasta su liquidación.
El Gobierno y el Banco de España volvieron a insistir ayer en la solidez del sistema financiero español, aunque Solbes reconoció que "si seguimos teniendo problemas de liquidez, nadie es inmune a largo plazo", con lo que no descarta nuevas intervenciones por parte del Banco de España.
Las ayudas
Del importe total de 9.000 millones en avales, el Ejecutivo y el Banco de España no prevén se usen más de entre 2.000 y 3.000 millones. La ayuda a la caja se instrumenta como una operación financiera. El Banco de España aportará a CCM la financiación que requiera y luego la caja deberá devolver este dinero. Solbes reconoció ayer que puede haber cierto quebranto para el Estado en esta operación. Estas pérdidas podrían suponer entre un 5 y un 10% del total financiado. Si se produce este quebranto, el Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas de ahorros tendrá que hacer frente a él en el mismo porcentaje que el peso de los depósitos de la clientela tiene en el activo total de la caja de ahorros.
El vicepresidente económico apuntó que "no hay ningún agujero financiero en la entidad" y que se trata de problemas de liquidez que sólo pueden ser resueltos con esta intervención del Banco de España, tras dos intentos frustrados de CCM de solventar sus problemas con una fusión apoyada por el Fondo de Garantía de Depósitos. En el último intento, Unicaja no había aceptado las condiciones ofertadas por el supervisor para fusionarse con CCM, por lo que se frustró esta solución. Solbes quiso restar importancia a esta actuación al calificarla de "una cuestión menor y de trámite", ya que la entidad intervenida "representa sólo el 1% de los activos del sistema financiero español". Asimismo, quiso distanciarse de la última gran operación similar en España, el caso Banesto, ya que "en aquella ocasión se trataba de un banco muy importante del país".
La intervención del Banco de España ha estado motivada fundamentalmente por dos factores, según distintas fuentes consultadas. Por un lado, la entidad debía aprobar sus cuentas antes del 31 de marzo. Según la información pública, hasta diciembre había tenido unas ganancias de 30 millones de euros, un 87% menos que el año anterior. No obstante, tras los procesos de comprobación del Banco de España, se evidenció que realmente sus cuentas presentaban "pérdidas" debido a la necesidad de hacer mayores provisiones. El futuro inmediato de CCM es seguir operando hoy con tranquilidad. "Mañana puede ir cualquier cliente tranquilamente a retirar su dinero", afirmó el vicepresidente.
Sobre el futuro más a largo plazo, se abren más incógnitas. "La entidad es solvente y aportamos financiación para que lo siga siendo, hasta que se adopten otras soluciones", afirmó Solbes. Ahora les toca a los nuevos gestores del Banco de España el control de la actividad ordinaria de la caja y "diseñar las medidas necesarias para afrontar la situación en la que se encuentra la entidad", según la disposición del Banco de España publicada ayer en el BOE. A largo plazo, según señalaron ayer fuentes oficiales del ministerio de Economía, todas las opciones están abiertas sobre el destino final de la caja, desde la fusión hasta su liquidación.
El Gobierno y el Banco de España volvieron a insistir ayer en la solidez del sistema financiero español, aunque Solbes reconoció que "si seguimos teniendo problemas de liquidez, nadie es inmune a largo plazo", con lo que no descarta nuevas intervenciones por parte del Banco de España.
Las ayudas
Del importe total de 9.000 millones en avales, el Ejecutivo y el Banco de España no prevén se usen más de entre 2.000 y 3.000 millones. La ayuda a la caja se instrumenta como una operación financiera. El Banco de España aportará a CCM la financiación que requiera y luego la caja deberá devolver este dinero. Solbes reconoció ayer que puede haber cierto quebranto para el Estado en esta operación. Estas pérdidas podrían suponer entre un 5 y un 10% del total financiado. Si se produce este quebranto, el Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas de ahorros tendrá que hacer frente a él en el mismo porcentaje que el peso de los depósitos de la clientela tiene en el activo total de la caja de ahorros.
Solbes adelanta que ha firmado una primera autorización de recursos para la caja por 3.000 millones. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, adelantó hoy que ha firmado una primera autorización de recursos para Caja-Castilla-La Mancha por un importe de 3.000 millones, en el marco del aval del Tesoro anunciado por el Gobierno para intervenir la caja de ahorros.
Así lo puso de manifiesto Solbes en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en respuesta a la pregunta formulada por el diputado popular Álvaro Nadal sobre la intervención de Caja Castilla-La Mancha. El vicepresidente económico explicó que el Banco de España se vio obligado a intervenir la entidad después del fracaso del proceso de integración con Unicaja, que había erosionado el coeficiente de solvencia de la caja de ahorros castellano-manchega.
En todo caso, el domingo Solbes ya adelantó que los 9.000 millones es una "cifra maximalista" que el Ejecutivo "espera no utilizar", ya que la horquilla que bajara el Banco de España sería de entre 2.000 y 3.000 millones. Solbes explicó que los Presupuestos Generales del Estado tienen una partida de 100.000 millones para avalar a las entidades financieras.
En todo caso, el domingo Solbes ya adelantó que los 9.000 millones es una "cifra maximalista" que el Ejecutivo "espera no utilizar", ya que la horquilla que bajara el Banco de España sería de entre 2.000 y 3.000 millones. Solbes explicó que los Presupuestos Generales del Estado tienen una partida de 100.000 millones para avalar a las entidades financieras.
Bruselas pide información sobre el rescate de CCM. La Comisión Europea (CE) ha pedido a España los detalles sobre el rescate de Caja Castilla La Mancha porque hasta ahora no ha recibido del Gobierno ninguna información sobre la intervención pública para estabilizar esta entidad. Según ha explicado el portavos de Competencia del ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, "la Comisión no ha sido informada sobre el rescate y por eso en estos momentos estamos pidiendo información a las autoridades españolas".
Dado que todavía no ha recibido ningún dato sobre la intervención en la Caja Castilla la Mancha, la Comisión no sabe si tendrá que examinar el plan de rescate de manera individualizada y, en su caso, autorizarlo.
El Ejecutivo comunitario es el responsable de vigilar que los planes aprobados por los diferentes Estados miembros, ya sea generales para todo el sector bancario o específicos para una entidad, limitan al mínimo las distorsiones a la competencia y garantizan la igualdad de trato de las entidades. Hasta ahora, Bruselas ha autorizado el fondo de compra de activos sanos diseñado por España y también las garantías para emisión de deuda.
El Ejecutivo comunitario es el responsable de vigilar que los planes aprobados por los diferentes Estados miembros, ya sea generales para todo el sector bancario o específicos para una entidad, limitan al mínimo las distorsiones a la competencia y garantizan la igualdad de trato de las entidades. Hasta ahora, Bruselas ha autorizado el fondo de compra de activos sanos diseñado por España y también las garantías para emisión de deuda.
Solbes recalca la oposición de España a un supervisor financiero único en UE. España se opone frontalmente al establecimiento de un supervisor financiero único para toda la UE, aunque sí está a favor de armonizar las normas regulatorias y de poner en marcha un nuevo órgano para vigilar la estabilidad del sistema financiero, que emitiría alertas en caso de riesgo.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, ha resumido así la posición española en el debate sobre el futuro del modelo de supervisión comunitario mantenido por los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), reunidos en sesión informal en Praga.
Los Veintisiete han discutido por primera vez las propuestas del grupo de expertos liderado por el ex director-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Jacques de Larosière para avanzar hacia un sistema de supervisión más integrado.
Los expertos plantean, además del dispositivo de vigilancia de riesgos sistémicos, apoyado en la estructura del Banco Central Europeo (BCE), la creación de tres nuevas autoridades europeas para la supervisión del sector bancario, asegurador y bursátil.
La vigilancia de la actividad diaria de las entidades seguiría siendo competencia de los supervisores nacionales -aunque también se crearían colegios de supervisores para los principales grupos transfronterizos-, pero las tres nuevas autoridades se encargarían de mediar en caso de desacuerdo y sus decisiones serían vinculantes.
Valoración positiva del informe
El vicepresidente español ha valorado el enfoque del informe De Larosière, que ha calificado de "muy pragmático". Pero ha dejado claro que en ningún caso debe interpretarse como un paso intermedio hacia la creación de un sistema unificado de supervisión en Europa.
La delegación española argumenta que mientras sigan siendo las autoridades nacionales las que carguen con el coste de las quiebras bancarias las responsabilidad en materia de supervisión deben mantenerse en manos nacionales.
España sí apoya la creación de tres nuevas autoridades, con poder efectivo para hacer cumplir sus decisiones, pero insiste en que los supervisores nacionales deben conservar el grueso de sus competencias.
Esas autoridades deben tener capacidad para establecer orientaciones comunes en materia de supervisión, vinculantes para los Estados miembros, algo que resultaría muy útil para avanzar hacia la convergencia regulatoria, ha explicado Solbes.
El único caso en el que España admite la supervisión a nivel comunitario es para las entidades cuya actividad es realmente trasnacional, como las agencias de calificación de riesgos, matiza el vicepresidente.
Intereses de los Veintisiete En cuanto a la creación de un Consejo europeo para prevenir riesgos sistémicos, España está de acuerdo en partir de la estructura del BCE, aunque "hay otras posibilidades", y también propone una presidencia rotatoria entre los gobernadores de los bancos centrales de los Veintisiete, para garantizar a los países de fuera de la zona del euro una representación adecuada.
El informe de De Larosière proponía cambios graduales para implantar el nuevo modelo de supervisión en 2012, pero la Comisión Europea cree que sería conveniente adelantarlo a 2010 y, con ese objetivo, presentará varias iniciativas legislativas el próximo otoño. Solbes también considera que hay que resolver estas cuestiones "cuanto antes" y confía en que algunos cambios estén ya en vigor en 2010.
(continue)
Los Veintisiete han discutido por primera vez las propuestas del grupo de expertos liderado por el ex director-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Jacques de Larosière para avanzar hacia un sistema de supervisión más integrado.
Los expertos plantean, además del dispositivo de vigilancia de riesgos sistémicos, apoyado en la estructura del Banco Central Europeo (BCE), la creación de tres nuevas autoridades europeas para la supervisión del sector bancario, asegurador y bursátil.
La vigilancia de la actividad diaria de las entidades seguiría siendo competencia de los supervisores nacionales -aunque también se crearían colegios de supervisores para los principales grupos transfronterizos-, pero las tres nuevas autoridades se encargarían de mediar en caso de desacuerdo y sus decisiones serían vinculantes.
Valoración positiva del informe
El vicepresidente español ha valorado el enfoque del informe De Larosière, que ha calificado de "muy pragmático". Pero ha dejado claro que en ningún caso debe interpretarse como un paso intermedio hacia la creación de un sistema unificado de supervisión en Europa.
La delegación española argumenta que mientras sigan siendo las autoridades nacionales las que carguen con el coste de las quiebras bancarias las responsabilidad en materia de supervisión deben mantenerse en manos nacionales.
España sí apoya la creación de tres nuevas autoridades, con poder efectivo para hacer cumplir sus decisiones, pero insiste en que los supervisores nacionales deben conservar el grueso de sus competencias.
Esas autoridades deben tener capacidad para establecer orientaciones comunes en materia de supervisión, vinculantes para los Estados miembros, algo que resultaría muy útil para avanzar hacia la convergencia regulatoria, ha explicado Solbes.
El único caso en el que España admite la supervisión a nivel comunitario es para las entidades cuya actividad es realmente trasnacional, como las agencias de calificación de riesgos, matiza el vicepresidente.
Intereses de los Veintisiete En cuanto a la creación de un Consejo europeo para prevenir riesgos sistémicos, España está de acuerdo en partir de la estructura del BCE, aunque "hay otras posibilidades", y también propone una presidencia rotatoria entre los gobernadores de los bancos centrales de los Veintisiete, para garantizar a los países de fuera de la zona del euro una representación adecuada.
El informe de De Larosière proponía cambios graduales para implantar el nuevo modelo de supervisión en 2012, pero la Comisión Europea cree que sería conveniente adelantarlo a 2010 y, con ese objetivo, presentará varias iniciativas legislativas el próximo otoño. Solbes también considera que hay que resolver estas cuestiones "cuanto antes" y confía en que algunos cambios estén ya en vigor en 2010.
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La intervención de CCM, principal accionista de Aernnova, "preocupa" a Hegal. El presidente del comité de empresa de Hegal, Jesús Antolín, ha dicho hoy que la intervención de Caja de Castilla-La Mancha (CCM) "preocupa" a la plantilla de esta planta alavesa, perteneciente al grupo Aernnova, ya que esta caja es la principal accionista del grupo aeronáutico.
Antolín ha hecho estas declaraciones durante una concentración en la Plaza de Correos de Vitoria, donde alrededor de cuarenta trabajadores de Hegal se han concentrado en oposición al expediente de regulación de empleo presentado por la empresa. Se trata de un ERE suspensivo de 99 días para 274 de sus 301 empleados.
Antolín ha mostrado su "preocupación" por la intervención de Caja-Castilla-La Mancha por parte del Banco de España, ya que es el principal accionista del grupo Aernnova, "y no sabemos si se podrían llegar a vender activos" debido a su situación, "y Aernnova es de los principales activos de Caja Castilla La Mancha", ha recordado.
"La inquietud y el miedo en el cuerpo lo tenemos", ha afirmado Antolín, quien ha dicho que a esta situación se une a la preocupación que tenían los comités de las plantas alavesas del grupo en vista de que "las administraciones vascas habían dejado de apostar por el sector aeronáutico alavés".
"Caja-Castilla-La Mancha fue de los primeros que compró y las evidencias nos están diciendo que no era un comprador bueno", ha subrayado.
Asimismo, ha opinado que si se decidió abrir una planta de Aernnova en Toledo es porque "se siguieron las pautas del primer accionista de Aernnova".
Por otro lado, Antolín ha denunciado que detrás del ERE de Hegal "está una pura deslocalización del sector aeronáutico en Álava" y ha afirmado que "mientras los trabajadores de estructuras en Álava (Hegal, Moasa y Fuasa) estamos viendo cómo nuestras plantillas se reducen, Aernnova no para de abrir plantas en todo el mundo y el trabajo que se estaba haciendo en Álava se va a otras plantas como a México".
En la concentración celebrada esta mañana frente a la sede de la patronal alavesa, los trabajadores de Hegal han portado gorros y ponchos mexicanos, para denunciar esta situación.
Asimismo, han coreado consignas como "Gandasegui mamón, traenos un avión" o "Gandasegui marrano, te has vuelto mexicano".
Durante la protesta, el comité de Hegal ha repartido un comunicado en el que denuncia que poco antes de presentar el ERE en Hegal, el grupo "sacó" de Álava carga de trabajo con dirección a México y decidió que la nueva factoría para fabricar el nuevo "supercontrato" del A350 se ubicará en Toledo.
Antolín ha mostrado su "preocupación" por la intervención de Caja-Castilla-La Mancha por parte del Banco de España, ya que es el principal accionista del grupo Aernnova, "y no sabemos si se podrían llegar a vender activos" debido a su situación, "y Aernnova es de los principales activos de Caja Castilla La Mancha", ha recordado.
"La inquietud y el miedo en el cuerpo lo tenemos", ha afirmado Antolín, quien ha dicho que a esta situación se une a la preocupación que tenían los comités de las plantas alavesas del grupo en vista de que "las administraciones vascas habían dejado de apostar por el sector aeronáutico alavés".
"Caja-Castilla-La Mancha fue de los primeros que compró y las evidencias nos están diciendo que no era un comprador bueno", ha subrayado.
Asimismo, ha opinado que si se decidió abrir una planta de Aernnova en Toledo es porque "se siguieron las pautas del primer accionista de Aernnova".
Por otro lado, Antolín ha denunciado que detrás del ERE de Hegal "está una pura deslocalización del sector aeronáutico en Álava" y ha afirmado que "mientras los trabajadores de estructuras en Álava (Hegal, Moasa y Fuasa) estamos viendo cómo nuestras plantillas se reducen, Aernnova no para de abrir plantas en todo el mundo y el trabajo que se estaba haciendo en Álava se va a otras plantas como a México".
En la concentración celebrada esta mañana frente a la sede de la patronal alavesa, los trabajadores de Hegal han portado gorros y ponchos mexicanos, para denunciar esta situación.
Asimismo, han coreado consignas como "Gandasegui mamón, traenos un avión" o "Gandasegui marrano, te has vuelto mexicano".
Durante la protesta, el comité de Hegal ha repartido un comunicado en el que denuncia que poco antes de presentar el ERE en Hegal, el grupo "sacó" de Álava carga de trabajo con dirección a México y decidió que la nueva factoría para fabricar el nuevo "supercontrato" del A350 se ubicará en Toledo.
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