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Argentina intensifica medidas proteccionistas |
El ministerio argentino de la Producción fijó nuevas medidas antidumping, que afectan a productos provenientes de Brasil, China, Tailandia y Alemania, para proteger algunos sectores de la industria nacional.
De acuerdo con reportes emitidos el día 26 en el Boletín Oficial, las restricciones operan sobre la importación de cubiertos metálicos brasileños y chinos, equipos de aire acondicionado tailandeses y bornes de conexión eléctrica alemanes y chinos.
El gobierno, sin embargo, dijo que no se trata de medidas proteccionistas que podrían ser enmarcadas como una tendencia, sino de atacar acciones concretas de competencia desleal.
Las nuevas disposiciones se suman a otras medidas similares que, en las últimas semanas, limitaron el ingreso o elevaron el valor de referencia para distintos productos, principalmente de origen asiático.
Las nuevas resoluciones imponen un "derecho antidumping provisional del 413,43 por ciento sobre el valor FOB (libre de gastos e impuestos) a los cubiertos de acero inoxidable provenientes de Brasil".
Para los mismos productos, cuando provienen de China, los exportadores abonarán una nueva tasa (derecho antidumping) del 1.450, 21 por ciento.
En el caso de los equipos de aire acondicionado provenientes de Tailandia, se estableció un valor mínimo de 476,89 dólares por las unidades con capacidad menor a 2.500 frigorías/hora y de 526,74 dólares para los aparatos de rendimiento superior.
Para los bornes de conexión eléctrica se fijó un derecho de importación de 53,47 por ciento, si provienen de Alemania, y de 850 por ciento, si son de origen chino.
(Xinhua)
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Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, monopolios, multitud, politica.
Anónimo
Joaquín Agut, ex presidente de Endemol y ex presidente de Terra, tuvo que desplazarse a Buenos Aires. En su actual cargo de director general de Cirsa International Gaming Corporation, debía comparecer en la capital argentina debido a un proceso que se sigue en este distrito por un presunto delito de falsificación de facturas.
El sumario se lleva en el juzgado de primera instancia de lo criminal y correccional federal número 12 de la capital argentina con el número de diligencias 9147/08.
Agut fue convocado como uno de los responsables de la sociedad Casinos de Buenos Aires, perteniente al grupo CIRSA -cuyo propietario es Manuel Lao- y que tiene el barco casino fondeado en la capital argentina.
Tras su declaración, salió en libertad después de depositar 50.000 pesos de fianza.
Fuentes cercanas al caso manifestaron a El Confidencial que existen sospechas de que la multinacional del juego realizó operaciones oscuras en el país sudamericano.
Por contra, fuentes de CIRSA afirman que se trata de una cortina de humo de una de las empresas proveedoras que ha querido desviar sospechas sobre irregularidades de sus actividades que investiga la Hacienda argentina.
El actual problema de Cirsa en Argentina derivó de unas supuestas facturas falsas que la multinacional española había presentado en aquel país.
Según los responsables de la empresa Maumis, esta sociedad se vio obligada a extender diversas facturas durante los años 2005 y 2006.
En concreto, según su declaracióin ante el juzgado 12 de Buenos Aires, habían pagado siete facturas por trabajos que no se habían realizado.
Las facturas estaban extendidas por 172.703, 288.101, 71.970, 210.056, 135.520, 76.520 y 65.582 dólares.
Las facturas estaban libradas a la sociedad Casino Buenos Aires SA, propiedad de la multinaconal catalana Cirsa, que administra los casinos de la capital argentina.
No sabía nada
Según manifestaron a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación, Agut declaró ante el juez que no sabía nada del asunto porque jamás ha intervenido en la administración Casino Buenos Aires.
El directivo de Cirsa manifestó que desconocía la composición del accionariado de esta compañía argentina y desvió las responsabilidades hacia el director ejecutivo y el administrador de la empresa del juego en Argentina.
Además, reconoció que Cirsa no ejerce ningún control sobre las sociedades y los fondos que manejan las compañías que tiene en diversos países del mundo.
También afirmó que desconoce si las empresas de la multinacional pueden operar a sus anchas o han de solicitar algún permiso a su matriz en España para disponer de los fondos que tengan.
Además, Agut se desmarcó del pleito diciendo que él llegó al grupo Cirsa en junio del 2006, por lo que lo que desconocía lo que había sucedido antes. Y las facturas eran de medio año atrás.
Fuentes de Cirsa maninifestaron a este periódico que todo se debió a “la denuncia de un proveedor que estaba siendo investigado por la Hacienda argentina”.
Este proveedor, que debía hacerse cargo de las instalaciones del segundo barco casino que Cirsa quería abrir en Buenos Aires, estaba siendo investigado por Hacienda.
“Para librarse de la inspección, presentó una querella contra tres funcionarios de Hacienda que encontraron irregularidades en sus obras. Su intención era desviar la intención”, afirman estas fuentes.
Según estas mismas fuentes, Agut acudió a declarar porque el juzgado creía que era el presidente de Casino Buenos Aires.
“Pero ni siquiera llegó a ser interrogado por el juez, sino por un funcionario del juzgado. Es verdad que tuvo que depositar 50.000 pesos, pero esa medida se debe a que, como es ciudadano español y con residencia en España, se dictó una medida cautelar para poder asegurar su presencia en el pleito. Sin embargo, cuando los denunciantes dicen que sucedieron los hechos no estaba ni siquiera en el grupo Cirsa. Todo es una maniobra de la empresa proveedora”.
En el juzgado argentino dudan de que la compañía con sede en el “Reino de España” no tenga absolutamente ningún control sobre las compañías subsidiarias que tienen en otros países.
Según estas fuentes, se le interrogó sobre supuestas cajas fuertes con importantes sumas de dinero que escapan al control de Hacienda.
En este punto, Agut también afirmó desconocer todo.
La responsabilidad es, según el alto ejecutivo de Cirsa, del director general y del director financiero de Cirsa en Argentina.
Mientras, ha vuelto a su casa de Matadepera, cerca de Terrassa, a esperar un final feliz en el pleito con sus proveedores argentinos.
“La tramuntana -viento frío del nordeste que azota la costa catalana- le sienta mejor que el anticiclón atlántico que sopla por Argentina”, dicen sus allegados.
El sumario se lleva en el juzgado de primera instancia de lo criminal y correccional federal número 12 de la capital argentina con el número de diligencias 9147/08.
Agut fue convocado como uno de los responsables de la sociedad Casinos de Buenos Aires, perteniente al grupo CIRSA -cuyo propietario es Manuel Lao- y que tiene el barco casino fondeado en la capital argentina.
Tras su declaración, salió en libertad después de depositar 50.000 pesos de fianza.
Fuentes cercanas al caso manifestaron a El Confidencial que existen sospechas de que la multinacional del juego realizó operaciones oscuras en el país sudamericano.
Por contra, fuentes de CIRSA afirman que se trata de una cortina de humo de una de las empresas proveedoras que ha querido desviar sospechas sobre irregularidades de sus actividades que investiga la Hacienda argentina.
El actual problema de Cirsa en Argentina derivó de unas supuestas facturas falsas que la multinacional española había presentado en aquel país.
Según los responsables de la empresa Maumis, esta sociedad se vio obligada a extender diversas facturas durante los años 2005 y 2006.
En concreto, según su declaracióin ante el juzgado 12 de Buenos Aires, habían pagado siete facturas por trabajos que no se habían realizado.
Las facturas estaban extendidas por 172.703, 288.101, 71.970, 210.056, 135.520, 76.520 y 65.582 dólares.
Las facturas estaban libradas a la sociedad Casino Buenos Aires SA, propiedad de la multinaconal catalana Cirsa, que administra los casinos de la capital argentina.
No sabía nada
Según manifestaron a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación, Agut declaró ante el juez que no sabía nada del asunto porque jamás ha intervenido en la administración Casino Buenos Aires.
El directivo de Cirsa manifestó que desconocía la composición del accionariado de esta compañía argentina y desvió las responsabilidades hacia el director ejecutivo y el administrador de la empresa del juego en Argentina.
Además, reconoció que Cirsa no ejerce ningún control sobre las sociedades y los fondos que manejan las compañías que tiene en diversos países del mundo.
También afirmó que desconoce si las empresas de la multinacional pueden operar a sus anchas o han de solicitar algún permiso a su matriz en España para disponer de los fondos que tengan.
Además, Agut se desmarcó del pleito diciendo que él llegó al grupo Cirsa en junio del 2006, por lo que lo que desconocía lo que había sucedido antes. Y las facturas eran de medio año atrás.
Fuentes de Cirsa maninifestaron a este periódico que todo se debió a “la denuncia de un proveedor que estaba siendo investigado por la Hacienda argentina”.
Este proveedor, que debía hacerse cargo de las instalaciones del segundo barco casino que Cirsa quería abrir en Buenos Aires, estaba siendo investigado por Hacienda.
“Para librarse de la inspección, presentó una querella contra tres funcionarios de Hacienda que encontraron irregularidades en sus obras. Su intención era desviar la intención”, afirman estas fuentes.
Según estas mismas fuentes, Agut acudió a declarar porque el juzgado creía que era el presidente de Casino Buenos Aires.
“Pero ni siquiera llegó a ser interrogado por el juez, sino por un funcionario del juzgado. Es verdad que tuvo que depositar 50.000 pesos, pero esa medida se debe a que, como es ciudadano español y con residencia en España, se dictó una medida cautelar para poder asegurar su presencia en el pleito. Sin embargo, cuando los denunciantes dicen que sucedieron los hechos no estaba ni siquiera en el grupo Cirsa. Todo es una maniobra de la empresa proveedora”.
En el juzgado argentino dudan de que la compañía con sede en el “Reino de España” no tenga absolutamente ningún control sobre las compañías subsidiarias que tienen en otros países.
Según estas fuentes, se le interrogó sobre supuestas cajas fuertes con importantes sumas de dinero que escapan al control de Hacienda.
En este punto, Agut también afirmó desconocer todo.
La responsabilidad es, según el alto ejecutivo de Cirsa, del director general y del director financiero de Cirsa en Argentina.
Mientras, ha vuelto a su casa de Matadepera, cerca de Terrassa, a esperar un final feliz en el pleito con sus proveedores argentinos.
“La tramuntana -viento frío del nordeste que azota la costa catalana- le sienta mejor que el anticiclón atlántico que sopla por Argentina”, dicen sus allegados.
Anónimo
En el mercado bursátil, el monto de los negocios sumó 57 millones 352 mil pesos (unos 15 millones 843 mil dólares USA), frente a los 50 millones 454 mil pesos de la jornada anterior.
En el balance final de la jornada del día 2 determinó que de las 56 firmas operadas 2 registraron alzas contra 51 bajas, mientras 3 quedaron sin modificaciones en precio.
La paridad promedia entre el peso y el dólar se cotizó hoy a 3,58 pesos por dólar para la compra y 3,62 pesos para la venta en las casas de cambio de esta ciudad.
(Xinhua)
En el balance final de la jornada del día 2 determinó que de las 56 firmas operadas 2 registraron alzas contra 51 bajas, mientras 3 quedaron sin modificaciones en precio.
La paridad promedia entre el peso y el dólar se cotizó hoy a 3,58 pesos por dólar para la compra y 3,62 pesos para la venta en las casas de cambio de esta ciudad.
(Xinhua)
Anónimo
Con la anuencia de la autoridad monetaria en Argentina, el peso se ha depreciado frente al dólar mientras que la Bolsa de Buenos Aires cayó este lunes 7,34 por ciento.
Desde diciembre pasado, el gobierno dejó crecer el precio del billete verde ante la demanda de devaluación de la Unión Industrial Argentina (UIA), la mayor central empresarial.
El dólar se cotizó este lunes en 3,62 por ciento a la venta y 3, 58 a la compra en lo que las autoridaes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) describen como una "devaluación administrada" que reactivará las exportaciones.
Diversos operadores cambiarios dijeron a Xinhua que el alza en el precio del dólar se sebió una fuerte demanda del billete verde por parte de bancos e inversores privados. La depreciación alcanzó 1,11 por ciento de la anterior jornada a la actual.
Los informantes precisaron que en las últimas semanas los exportadores no liquidaron sus ingresos en divisa estadounidense porque estiman que más tarde que temprano el valor de esa moneda aumentará y les dejará una ganancia.
El dólar, en Argentina, desde hace muchos años, además de ser un refugio para que los ahorros o simples ingresos no pierdan valor, según explican los expertos, es también "un producto más" que los argentinos compran como otros bienes.
Analistas aseguran que cuando finalice octubre el dólar se comercializará entre 3,75 y 3,80 pesos por unidad y luego de esa fecha, finalice noviembre, se cotizará entre los 3,85 y 3,95 pesos, aunque unos pocos calculan que el valor llegará a los 4 pesos.
MAYOR DEPRECIACION
Desde los equipos técnicos de la oposición interna el el seno del oficialista Partido Justicialista (PJ) también se demandaba devaluar.
El economista Ricardo Delgado, ex integrante de la consultora Ecolatina, cercana al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, señaló la necesidad de que el valor del dólar se ubique cercano a los 4,40 pesos.
Funcionarios que solicitaron el anonimato dijeron que Delgado está trabajando para el ex presidente Eduardo Duhalde (2002-2003) quien lidera la más dura oposición interna a los Kirchner en el Partido Justicialista, en el gobierno.
Estos portavoces, sostienen que "ese pedido concreto de devaluar hasta poner el dólar a 4,40 pesos apunta a que, consecuentemente, haya un reacomodamiento de los precios internos lo que aceleraría más allá de lo razonable el proceso inflacionario".
"Lo que Duhalde nos está pidiendo y no vamos a ceder en ello es que devaluemos para que la inflación nos haga perder las elecciones en el Gran Buenos Aires", sentencian los consultados.
En las principales calles céntricas de esta capital, al igual que en las más importantes capitales provinciales, se puede advertir, frente a las casas de cambios, largas colas de personas que tratan de comprar dólares.
El domingo, en la apertura del periodo de sesiones ordinarias del congreso, la presidenta Cristina Fernández describió un panorama exitoso sobre la marcha de su programa económico y minimizar los efectos de la crisis global en el país.
Paralelamente con el alza en el precio del dólar, también se verificó en esta jornada una caída en la bolsa local conforme a la tónica de las principales plazas bursátiles en el mundo.
En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice Merval de las acciones de las empresas líderes cayó este martes 7,41 por ciento y se ubicó en 943,75 puntos.
El Indice General de la Bolsa se ubicó en 53.252,64 puntos, un retroceso del 7,34 por ciento, en tanto que el Merval 25 se desplomó el 7,19 por ciento, hasta las 936,6 unidades.
(Xinhua)
Desde diciembre pasado, el gobierno dejó crecer el precio del billete verde ante la demanda de devaluación de la Unión Industrial Argentina (UIA), la mayor central empresarial.
El dólar se cotizó este lunes en 3,62 por ciento a la venta y 3, 58 a la compra en lo que las autoridaes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) describen como una "devaluación administrada" que reactivará las exportaciones.
Diversos operadores cambiarios dijeron a Xinhua que el alza en el precio del dólar se sebió una fuerte demanda del billete verde por parte de bancos e inversores privados. La depreciación alcanzó 1,11 por ciento de la anterior jornada a la actual.
Los informantes precisaron que en las últimas semanas los exportadores no liquidaron sus ingresos en divisa estadounidense porque estiman que más tarde que temprano el valor de esa moneda aumentará y les dejará una ganancia.
El dólar, en Argentina, desde hace muchos años, además de ser un refugio para que los ahorros o simples ingresos no pierdan valor, según explican los expertos, es también "un producto más" que los argentinos compran como otros bienes.
Analistas aseguran que cuando finalice octubre el dólar se comercializará entre 3,75 y 3,80 pesos por unidad y luego de esa fecha, finalice noviembre, se cotizará entre los 3,85 y 3,95 pesos, aunque unos pocos calculan que el valor llegará a los 4 pesos.
MAYOR DEPRECIACION
Desde los equipos técnicos de la oposición interna el el seno del oficialista Partido Justicialista (PJ) también se demandaba devaluar.
El economista Ricardo Delgado, ex integrante de la consultora Ecolatina, cercana al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, señaló la necesidad de que el valor del dólar se ubique cercano a los 4,40 pesos.
Funcionarios que solicitaron el anonimato dijeron que Delgado está trabajando para el ex presidente Eduardo Duhalde (2002-2003) quien lidera la más dura oposición interna a los Kirchner en el Partido Justicialista, en el gobierno.
Estos portavoces, sostienen que "ese pedido concreto de devaluar hasta poner el dólar a 4,40 pesos apunta a que, consecuentemente, haya un reacomodamiento de los precios internos lo que aceleraría más allá de lo razonable el proceso inflacionario".
"Lo que Duhalde nos está pidiendo y no vamos a ceder en ello es que devaluemos para que la inflación nos haga perder las elecciones en el Gran Buenos Aires", sentencian los consultados.
En las principales calles céntricas de esta capital, al igual que en las más importantes capitales provinciales, se puede advertir, frente a las casas de cambios, largas colas de personas que tratan de comprar dólares.
El domingo, en la apertura del periodo de sesiones ordinarias del congreso, la presidenta Cristina Fernández describió un panorama exitoso sobre la marcha de su programa económico y minimizar los efectos de la crisis global en el país.
Paralelamente con el alza en el precio del dólar, también se verificó en esta jornada una caída en la bolsa local conforme a la tónica de las principales plazas bursátiles en el mundo.
En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice Merval de las acciones de las empresas líderes cayó este martes 7,41 por ciento y se ubicó en 943,75 puntos.
El Indice General de la Bolsa se ubicó en 53.252,64 puntos, un retroceso del 7,34 por ciento, en tanto que el Merval 25 se desplomó el 7,19 por ciento, hasta las 936,6 unidades.
(Xinhua)
Anónimo
En estos días, comenzó a circular la versión de que el gobierno, ante el constante bloqueo político al que se ve sometido desde hace un año por las corporaciones agropecuarias, estaría elaborando un proyecto de intervención en el mercado agropecuario a través de la recuperación de la Junta Nacional de Granos, organismo liquidado por Domingo Cavallo en 1992.
Un poco de historia.
La historia argentina conoce varios ejemplos de este tipo de intervención regulatoria, con distintos referentes, diferentes objetivos y diversos resultados. Las Juntas de Producción aparecieron por primera vez bajo estos cielos en la presidencia de Justo. Pensadas como instrumento para evitar las pérdidas de los productores en el contexto de la Gran Depresión, su sentido se invirtió cuando, a partir de 1934, los términos del intercambio comenzaron a mejorar. Las ganancias del Estado le permitieron mejorar sustancialmente sus finanzas, todavía bajo los efectos de la Gran Depresión. Muchos autores, de hecho, ven en estos desarrollos el antecedente directo de la política agropecuaria del peronismo.
Bajo el peronismo, la preocupación por planificar la economía llevó al gobierno a la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI). A diferencia de las Juntas, el IAPI era el único ente autorizado a comprar la producción, por lo que se encontraba en condiciones monopólicas para regular los precios que recibía el productor.
Si bien es cierto que inicialmente el IAPI obtuvo márgenes importantes de recursos, con los que se financiaron los créditos oficiales a la industria nacional, debe señalarse que esta apropiación de rentas no impidió un marcado aumento del ingreso rural en aquellos años. Por otra parte, muchos de los productos exportados por la Argentina en aquellos años se vendían sólo gracias a los convenios pactados entre el gobierno argentino, representado por el IAPI, y sus compradores, convenios que incluían sustanciales líneas crediticias otorgadas desde el Estado nacional.
Durante décadas, la literatura neoclásica ha culpado al IAPI del estancamiento de la producción agropecuaria en el país. Para ello, se han utilizado dos tipos de evidencia: la drástica reducción de la superficie sembrada total, y la reducción de la superficie disponible para las exportaciones tradicionales. De este modo, se ha argumentado que el IAPI fue la pieza decisiva de la sistemática discriminación del sector agrícola acaecida bajo el gobierno peronista.
Sin embargo, como ya hemos marcado, la política de regulación del mercado de granos no es privativa del peronismo, sino que guarda antecedentes directos en la política sectorial de los gobiernos de la propia restauración oligárquica. Por otra parte, referido a la reducción del área sembrada total, no se menciona que ésta era función del viraje desde la agricultura hacia la ganadería, verificado entre 1937 y 1947. En éste último año, la producción argentina de carnes parecía tener buenas chances de ingresar, finalmente, al mercado norteamericano. Por el contrario, entre 1938 y 1944 la producción de granos estuvo subsidiada por el gobierno: debido a la falta de mercados, los cereales se pudrían o bien se utilizaban como combustible. Europa, ciertamente, necesitaba alimentos, pero no tenía capacidad de pago. Estas condiciones relativamente favorables explican la expansión ganadera, y al mismo tiempo la reducción de la superficie agrícola.
Con referencia al comportamiento de los cultivos tradicionales, de nuevo encontramos cronologías y procesos que no coinciden en lo absoluto con el ascenso del peronismo. Los problemas del comercio internacional habían dado lugar, ya en la década del veinte, a un desplazamiento de la producción hacia los cultivos industriales, como la caña de azúcar, el algodón, la vid, el tabaco, la yerba mate, etc. Estos cultivos estaban dirigidos de modo predominante hacia el mercado interno.
El rumor y las reacciones.
Apenas conocido el rumor, las corporaciones agropecuarias emitieron duras señales de rechazo.
La Sociedad Rural, en un comunicado, advirtió que:
“Sus efectos serían aún más devastadores que la Resolución 125, y seguramente colocarían al país en un escenario de mayor conflictividad social del que ya se vivió en 2008”.
Más moderado, pero igualmente crítico, fue el tono de Ulises Forte, de la Federación Agraria Argentina, quien señaló:
“Si hay voluntad de hacer algo, deberían crear un organismo moderno. No, que monopolice, sino que compita con otras entidades del mercado y dé ventajas al pequeño y mediano productor. Y no que distorsionen como distorsionan (el secretario de Comercio Interior) Guillermo Moreno y el (titular de la AFIP) Ricardo Echegaray. Eso sería un peligro”.
No obstante, Forte había afirmado a La Nación que:
“Lo que sería interesante es armar un organismo público que compita con los privados en una sana competencia, pero el monopolio es malo sea público o privado, y eso sería una barbaridad”.
Las dificultades de Federación Agraria para oponerse de plano al proyecto tienen una explicación simple: la recreación de la Junta Nacional de Granos figura en su agenda hace años. No hace tanto, el propio Eduardo Buzzi señalaba:
“La experiencia de la última década pone de relieve que es tiempo de corregir las distorsiones y los abusos que caracterizan la comercialización granaria, sometida, bajo la excusa del “libre juego de la oferta y la demanda”, a los designios de los factores dominantes del mercado. [...] Esto no ocurría cuando la Junta Nacional de Granos operaba como reguladora, estableciendo equilibrios, funcionando como testigo del mercado interno y externo, definiendo estándares, negociando exportaciones de país a país, etcétera. En consecuencia, el reparto de oportunidades era más justo. Aun con los problemas que suelen afectar a este tipo de organismos, de su utilidad son clara referencia su mantenimiento en países de características agropecuarias parecidas al nuestro, pero con un agro mucho más próspero, como Australia y Canadá. Frente a todo ello, nos definimos concretamente por la creación de una nueva Junta Nacional de Granos -con las adaptaciones que imponga una realidad distinta de la que convivía con la anterior versión-. Esta posición está avalada, además de lo apuntado, por lo que ocurre diariamente en la comercialización granaria”.
El proyecto como tal.
El proyecto como tal, que contaría con el aval del bloque parlamentario del SI, conducido por el diputado Eduardo Macaluse, así como de parte de Proyecto Sur, no contiene, sin embargo, referencia alguna a la posibilidad de reinstaurar un monopolio estatal del comercio de granos. Según Roberto Navarro:
“El punto destinado a generar las mayores controversias entre los protagonistas del negocio agroexportador se refiere a que ese organismo podría “comprar, vender, almacenar y distribuir productos agropecuarios y alimentos, por sí o por terceros, para estabilizar precios y garantizar la seguridad alimentaria de la población”. A diferencia de la Junta Nacional de Granos, que compraba y revendía toda la producción agropecuaria, la intención de los autores del proyecto es intervenir en los mercados que generen importantes distorsiones en la distribución de la renta o que generen injustificados aumentos de precios al público”.
Es decir, se trata no tanto de una nacionalización/estatización del mercado, difícilmente viable en este contexto sociopolítico, como de un mecanismo no compulsivo de regulación, con atribuciones y competencias limitadas, como los que existen en casi todos los países del mundo. En este sentido, nos permitimos sugerir que el mismo sea complementario de la organización de juntas zonales de producción, integradas por el gobierno en sus tres niveles (nacional, provincial y comunal), el INTA y los productores. De este modo, el contralor ciudadano, tan necesario en tiempos de desconfianza, estaría garantizado.
¿Un nuevo conflicto?
Durante todo el año pasado, el gobierno nacional intentó infructuosamente dividir el frente agrario, ora atrayendo para sí a la Federación Agraria, y aislando a la Sociedad Rural, o bien al revés, negociando bajo cuerda con la Sociedad Rural. Ambas estrategias fracasaron, y en el camino migraron de veinte a treinta puntos de intención de voto hacia las filas opositoras.
Es por eso que, ante la escasa concurrencia campestre al acto de lanzamiento de la campaña de Leones, muchos en el oficialismo se preguntan si éste es el mejor momento para lanzar una propuesta de esta naturaleza ¿No sería preferible esperar a las elecciones de octubre, arguyen estas mismas voces, y en todo caso actuar sobre el resultado?
Las apuestas en política siempre son difíciles. La sociedad ya ha mostrado durante todo el año pasado la crudeza de las fracturas sociales y culturales propiciadas por el neoliberalismo. Por otra parte, el indudable repunte en las encuestas del oficialismo no resistiría otro conflicto sin sentido, por lo menos no sin un sentido explicado y debatido. Veremos…
Un poco de historia.
La historia argentina conoce varios ejemplos de este tipo de intervención regulatoria, con distintos referentes, diferentes objetivos y diversos resultados. Las Juntas de Producción aparecieron por primera vez bajo estos cielos en la presidencia de Justo. Pensadas como instrumento para evitar las pérdidas de los productores en el contexto de la Gran Depresión, su sentido se invirtió cuando, a partir de 1934, los términos del intercambio comenzaron a mejorar. Las ganancias del Estado le permitieron mejorar sustancialmente sus finanzas, todavía bajo los efectos de la Gran Depresión. Muchos autores, de hecho, ven en estos desarrollos el antecedente directo de la política agropecuaria del peronismo.
Bajo el peronismo, la preocupación por planificar la economía llevó al gobierno a la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI). A diferencia de las Juntas, el IAPI era el único ente autorizado a comprar la producción, por lo que se encontraba en condiciones monopólicas para regular los precios que recibía el productor.
Si bien es cierto que inicialmente el IAPI obtuvo márgenes importantes de recursos, con los que se financiaron los créditos oficiales a la industria nacional, debe señalarse que esta apropiación de rentas no impidió un marcado aumento del ingreso rural en aquellos años. Por otra parte, muchos de los productos exportados por la Argentina en aquellos años se vendían sólo gracias a los convenios pactados entre el gobierno argentino, representado por el IAPI, y sus compradores, convenios que incluían sustanciales líneas crediticias otorgadas desde el Estado nacional.
Durante décadas, la literatura neoclásica ha culpado al IAPI del estancamiento de la producción agropecuaria en el país. Para ello, se han utilizado dos tipos de evidencia: la drástica reducción de la superficie sembrada total, y la reducción de la superficie disponible para las exportaciones tradicionales. De este modo, se ha argumentado que el IAPI fue la pieza decisiva de la sistemática discriminación del sector agrícola acaecida bajo el gobierno peronista.
Sin embargo, como ya hemos marcado, la política de regulación del mercado de granos no es privativa del peronismo, sino que guarda antecedentes directos en la política sectorial de los gobiernos de la propia restauración oligárquica. Por otra parte, referido a la reducción del área sembrada total, no se menciona que ésta era función del viraje desde la agricultura hacia la ganadería, verificado entre 1937 y 1947. En éste último año, la producción argentina de carnes parecía tener buenas chances de ingresar, finalmente, al mercado norteamericano. Por el contrario, entre 1938 y 1944 la producción de granos estuvo subsidiada por el gobierno: debido a la falta de mercados, los cereales se pudrían o bien se utilizaban como combustible. Europa, ciertamente, necesitaba alimentos, pero no tenía capacidad de pago. Estas condiciones relativamente favorables explican la expansión ganadera, y al mismo tiempo la reducción de la superficie agrícola.
Con referencia al comportamiento de los cultivos tradicionales, de nuevo encontramos cronologías y procesos que no coinciden en lo absoluto con el ascenso del peronismo. Los problemas del comercio internacional habían dado lugar, ya en la década del veinte, a un desplazamiento de la producción hacia los cultivos industriales, como la caña de azúcar, el algodón, la vid, el tabaco, la yerba mate, etc. Estos cultivos estaban dirigidos de modo predominante hacia el mercado interno.
El rumor y las reacciones.
Apenas conocido el rumor, las corporaciones agropecuarias emitieron duras señales de rechazo.
La Sociedad Rural, en un comunicado, advirtió que:
“Sus efectos serían aún más devastadores que la Resolución 125, y seguramente colocarían al país en un escenario de mayor conflictividad social del que ya se vivió en 2008”.
Más moderado, pero igualmente crítico, fue el tono de Ulises Forte, de la Federación Agraria Argentina, quien señaló:
“Si hay voluntad de hacer algo, deberían crear un organismo moderno. No, que monopolice, sino que compita con otras entidades del mercado y dé ventajas al pequeño y mediano productor. Y no que distorsionen como distorsionan (el secretario de Comercio Interior) Guillermo Moreno y el (titular de la AFIP) Ricardo Echegaray. Eso sería un peligro”.
No obstante, Forte había afirmado a La Nación que:
“Lo que sería interesante es armar un organismo público que compita con los privados en una sana competencia, pero el monopolio es malo sea público o privado, y eso sería una barbaridad”.
Las dificultades de Federación Agraria para oponerse de plano al proyecto tienen una explicación simple: la recreación de la Junta Nacional de Granos figura en su agenda hace años. No hace tanto, el propio Eduardo Buzzi señalaba:
“La experiencia de la última década pone de relieve que es tiempo de corregir las distorsiones y los abusos que caracterizan la comercialización granaria, sometida, bajo la excusa del “libre juego de la oferta y la demanda”, a los designios de los factores dominantes del mercado. [...] Esto no ocurría cuando la Junta Nacional de Granos operaba como reguladora, estableciendo equilibrios, funcionando como testigo del mercado interno y externo, definiendo estándares, negociando exportaciones de país a país, etcétera. En consecuencia, el reparto de oportunidades era más justo. Aun con los problemas que suelen afectar a este tipo de organismos, de su utilidad son clara referencia su mantenimiento en países de características agropecuarias parecidas al nuestro, pero con un agro mucho más próspero, como Australia y Canadá. Frente a todo ello, nos definimos concretamente por la creación de una nueva Junta Nacional de Granos -con las adaptaciones que imponga una realidad distinta de la que convivía con la anterior versión-. Esta posición está avalada, además de lo apuntado, por lo que ocurre diariamente en la comercialización granaria”.
El proyecto como tal.
El proyecto como tal, que contaría con el aval del bloque parlamentario del SI, conducido por el diputado Eduardo Macaluse, así como de parte de Proyecto Sur, no contiene, sin embargo, referencia alguna a la posibilidad de reinstaurar un monopolio estatal del comercio de granos. Según Roberto Navarro:
“El punto destinado a generar las mayores controversias entre los protagonistas del negocio agroexportador se refiere a que ese organismo podría “comprar, vender, almacenar y distribuir productos agropecuarios y alimentos, por sí o por terceros, para estabilizar precios y garantizar la seguridad alimentaria de la población”. A diferencia de la Junta Nacional de Granos, que compraba y revendía toda la producción agropecuaria, la intención de los autores del proyecto es intervenir en los mercados que generen importantes distorsiones en la distribución de la renta o que generen injustificados aumentos de precios al público”.
Es decir, se trata no tanto de una nacionalización/estatización del mercado, difícilmente viable en este contexto sociopolítico, como de un mecanismo no compulsivo de regulación, con atribuciones y competencias limitadas, como los que existen en casi todos los países del mundo. En este sentido, nos permitimos sugerir que el mismo sea complementario de la organización de juntas zonales de producción, integradas por el gobierno en sus tres niveles (nacional, provincial y comunal), el INTA y los productores. De este modo, el contralor ciudadano, tan necesario en tiempos de desconfianza, estaría garantizado.
¿Un nuevo conflicto?
Durante todo el año pasado, el gobierno nacional intentó infructuosamente dividir el frente agrario, ora atrayendo para sí a la Federación Agraria, y aislando a la Sociedad Rural, o bien al revés, negociando bajo cuerda con la Sociedad Rural. Ambas estrategias fracasaron, y en el camino migraron de veinte a treinta puntos de intención de voto hacia las filas opositoras.
Es por eso que, ante la escasa concurrencia campestre al acto de lanzamiento de la campaña de Leones, muchos en el oficialismo se preguntan si éste es el mejor momento para lanzar una propuesta de esta naturaleza ¿No sería preferible esperar a las elecciones de octubre, arguyen estas mismas voces, y en todo caso actuar sobre el resultado?
Las apuestas en política siempre son difíciles. La sociedad ya ha mostrado durante todo el año pasado la crudeza de las fracturas sociales y culturales propiciadas por el neoliberalismo. Por otra parte, el indudable repunte en las encuestas del oficialismo no resistiría otro conflicto sin sentido, por lo menos no sin un sentido explicado y debatido. Veremos…
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