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Tropelías Fiscales S.A. |
España ya está oficialmente en recesión. Se cumple el requisito oficial de dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo de la economía. Tiene razón el Presidente del Gobierno cuando dice que el mal es de muchos. Se le olvida continuar la sentencia con el latigazo semántico del consuelo de tontos.
La debacle financiera internacional, cierto es, está expandiendo la crisis entre economías de lo más dispar.
Pero la cuestión clave no es esa: la pregunta del millón es si la actual coyuntura está de visita o ha venido para quedarse.
Si una vez superado el mal trago exterior, los resortes internos serán lo suficientemente potentes para emprender el camino de vuelta.
Trabajar desde la comparación ajena es una absurda pérdida de tiempo en el momento actual.
Tratar de establecer los mecanismos para engancharnos a la recuperación es la prioridad.
Se ha explicado hasta la saciedad el problema de España.
No nos vamos a extender sobre la ausencia de resortes monetarios o cambiarios, la falta de competitividad, la fragmentación del mercado interior, la dependencia financiera y energética exterior y todos esos otros elementos que hemos citado plúmbeamente estos últimos meses.
Ni siquiera merece la pena entretenerse en el desastre que va a suponer para nuestro país el comprometer las cuentas públicas para mantener el Estado del Bienestar, en lugar de para dedicarlas a mejoras educativas, de innovación o competitivas.
Demasiado de puntillas se ha pasado por el absurdo que supone mejorar la eficacia de la Administración, reconocimiento implícito de su ineficiencia, mediante una reducción de gasto de 1.500 millones que se destinará a algo tan intrínsecamente improductivo como dar peces a esos parados que lo que están deseando es pescar.
Sinceramente creo que hemos entrado en una dinámica de tolerancia del absurdo de tal calibre que ya nada nos sorprende.
No.
Hoy es momento de mirar a las consecuencias futuras de todo lo que ahora acontece, objetivo primero y principal siempre de este Valor Añadido. Ya sabemos que la Comisión Europea nos ha sacado tarjeta amarilla.
Para 2011 el déficit público tendrá que volver al primigenio límite de Maastricht del 3% del PIB.
En definitiva no está sino señalando lo mismo que el ahora ensalzado Keynes defendía hace 80 años: la temporalidad de la actuación extraordinaria del Estado en la economía.
Aunque me temo que a nuestra administración actual las amonestaciones comunitarias le entran por un oído y le salen por el otro, nada mejor que tener un elemento externo al echar encima las culpas de los errores internos, lo cierto es que la amenaza de sanciones plantea una cuestión cuya resolución va a tener un enorme impacto para el conjunto de la sociedad española.
Hacia una mayor presión tributaria.
La única manera de corregir una situación de desequilibrio presupuestario del tamaño del que se está formando en España, que superará con creces a finales de 2009 el doble del límite comunitario, es a través de una reducción de la inversión de las distintas instituciones públicas o de una mejora de los ingresos fiscales.
Es una obviedad de tal calibre que casi da vergüenza escribirla. Sean condescendientes que es sábado.
Sin embargo, el proceso que se está produciendo en la actualidad es justamente el contrario: la recaudación impositiva se reduce con el parón del consumo y el deterioro en renta de ciudadanos y empresas, a la vez que las nuevas necesidades asistenciales hacen que gran parte del gasto comprometido sea estructural y que el circunstancial remanente se dispare.
Dada la voluntad, manifestada hasta la aburrida reiteración, del Presidente del Gobierno de mantener intactos los mecanismos de protección social actualmente en vigor -y visto que cualquier ajuste en el monstruoso tamaño de la Administración Pública, cuya gestación colectiva de la mano del irracional modelo autonómico hemos entre todos consentido, es inoportuna en un entorno de desempleo furibundo como el actual-, la vía más clara, y aparentemente única, de actuación del ejecutivo es a través de un impulso de la entrada de dinero a las arcas del Estado.
Esto implica: aumento significativo de los procesos de inspección, reforzamiento en la lucha contra el fraude tributario, endurecimiento de la normativa especialmente por lo que a bonificaciones y deducciones se refiere y, sobre todo, recuperación de figuras impositivas que la bonanza económica había permitido desterrar, fundamentalmente Impuesto de Donaciones y Sucesiones y Patrimonio.
Primero zanahoria y después palo.
El artículo se llama Tropelías Fiscales, S.A. porque es como si lo estuviera viendo.
Ya el pasado mes de octubre se extendió entre la ciudadanía una cierta situación de pánico que fue la que condujo a la mayoría de los gobiernos de las economías occidentales a garantizar de modo ilimitado, en algunos casos, y con un límite cuantitativo significativo, en otros, los importes depositados por el sector privado en las respectivas instituciones financieras nacionales.
El caso español no fue distinto.
Un movimiento similar a día de hoy sería la puntilla para nuestro sistema financiero. De ahí que sean tan irracionales como irresponsables los mensajes que auguran una salida de nuestro país del euro lo que provocaría, de facto, ante la perspectiva de que ocurra, un acopio de capitales por los particulares y la insumisión fiscal y, como consecuencia de ello, la imposición de un corralito forzado por parte de las autoridades.
Más bien al contrario, hay que fomentar la confianza entre los impositores. Y aflorar tanto capital oculto como sea posible para reforzar la débil situación actual.
El gobierno, que ya ha lanzado globos sonda a través de la Fundación Ideas de Caldera, tiene claro lo que hacer.
Vamos a encontrarnos en breve con una amnistía fiscal con objeto no sólo de mantener sino de aumentar los recursos financieros de la economía.
No se referiría exclusivamente a la repatriación de capitales desde los paraísos fiscales, que también. Se trataría de un borrón y cuenta nueva en toda regla.
No hay que olvidar que los procesos de crisis como el actual incentivan el crecimiento de la economía sumergida, precisamente en el momento en el que la oficial necesita más de su riqueza.
La emergencia nacional sería el argumento esgrimido.
Perdonemos a unos pocos por el bien de todos.
Suponiendo que lo oculto es un 20% del PIB español y que el 25% de los evasores acuden a la llamada del fisco, en muchos casos como una ventana de oportunidad para salvar sus propias empresas aflorando liquidez, veríamos una inyección automática del 5% del Producto Interior Bruto español.
Una tentación que el curso de los acontecimientos va a hacer demasiado atractiva como para resistirse.
Por supuesto vendrá adornada de toda la panoplia de nuevas medidas de control, sanciones más elevadas a los defraudadores y similares.
Puré de zanahoria.
Una vez conseguido el primer objetivo, zaca: un aumento importante de la presión impositiva en los términos anteriormente señalados que, entre otros factores, fue lo que permitió a la Depresión americana acompañarse para la Historia del epíteto de Gran.
Pedazo de oportunismo.
Una medida restrictiva para el conjunto de los ciudadanos que desincentiva la actividad privada y produce un deterioro aún mayor de las cuentas públicas al aumentar su dependencia de la ineficaz iniciativa estatal y mermar las posibilidades recaudatorias a futuro.
As de bastos.
Lo mismo esto no es más que otra historieta más de ciencia ficción económico-empresarial de las que tanto le gustan a este McCoy, pero si uno se para a pensar en las, pocas, alternativas que le queda al gobierno de esta nuestra comunidad patria para ajustarse a la disciplina y la ortodoxia que impone la zona común, -un mensaje que se irá diluyendo, sin duda, en la medida en la que se vaya asumiendo la gravedad de la crisis- ésta es quizá de más evidentes.
O no.
Puro Food for Thought para el fin de semana.
El lunes les espero.
Vengan guapos.
(continue)
S. McCoy

Etiquetas: conocimiento, inteligencia, monopolios, multitud, politica.
Las grietas del edificio son bastante grandes y las autonomías van a tener que echar mano de la deuda para repararlas.
La agencia de calificación de riesgo Fitch Rating estima que el endeudamiento regional rozará en 2009 los 76.000 millones de euros, es decir, 12.000 millones más que en 2008.
De este modo, los ejecutivos regionales se suman a la fuerte emisión de deuda que ya ha anunciado el Gobierno central.
Según el vicepresidente económico, Pedro Solbes, el ratio de deuda sobre PIB crecerá en torno a 14,2 puntos entre 2009 y 2010 (unos 150.000 millones de euros), hasta el 54%.
Fitch Rating no prevé, por el momento, revisar la calidad crediticia de los ejecutivos regionales.
Standard & Poor’s, en cambio, sí que lo ha hecho con el Estado.
La rebaja del rating de España, desde la máxima calificación AAA hasta la AA+, supondrá un sobrecoste de 11.000 millones de euros para las finanzas públicas.
Maquillaje de las cuentas
El endeudamiento y la creación de empresas de titularidad pública han sido instrumentos utilizados por todos los gobiernos autonómicos para maquillar sus cuentas.
Con un crecimiento económico anual del 3,4% en la última década, la Ley de Estabilidad Presupuestaria obligaba a las autonomías a cerrar el ejercicio en superávit fiscal.
En ese mismo periodo, las comunidades han asumido un número de competencias cada vez mayor y, por tanto, también un gasto público más pesado.
A la espera de que la nueva reforma de la financiación autonómica corrija el desequilibrio entre ingresos y gastos del Estado, los ejecutivos autonómicos han suplido esta escasez con más endeudamiento.
Las empresas públicas también han servido para cubrir algunos puntos negros de los presupuestos.
El agujero acumulado por estos entes repuntó un 20% en 2008, hasta rozar los 11.500 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España.
Sólo la deuda de las empresas públicas catalanas, 4.995 millones, casi iguala, por ejemplo, a las de RENFE (2.780 millones) y Adif (3.426 millones) juntas.
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, autorizó en verano a las comunidades a cerrar 2008 con un déficit conjunto del 1% del PIB –supuesto permitido por la ley siempre que el crecimiento del PIB sea inferior al 2%–.
Pero los números rojos volverán a crecer este año a pesar de la reforma de la financiación. La recesión ha secado las arcas del Estado.
La recesión pincha los músculos de la recaudación
Las comunidades esperan con ansiedad el secreto mejor guardado de Solbes.
El vicepresidente económico ha desgranado cómo se repartirá el dinero en la nueva financiación, pero no cuánto pondrá sobre la mesa.
La evolución de la actividad no anima a esperar grandes alegrías.
La crisis derrumbó ya los ingresos públicos en 2008. Y, según la previsión de todos los organismos nacionales e internacionales, no fue más que la antesala de la recesión.
Según los últimos datos de recaudación de Hacienda (hasta noviembre), los ingresos del Impuesto sobre la Renta cayeron un 20% en 2008; la recaudación del IVA se recortó un 49%; y los Impuestos Especiales, en los que también participan las autonomías, perdieron un 20%.
Otros impuestos propios de las regiones, como el de Patrimonio, cayó un 4,8%; el de Sucesiones y Donaciones, un 15%; y el AJD, un 39%.
La caja, por tanto, hace aguas.
A preguntas de los periodistas, Martínez Camino aclaró que el ingreso de este dinero no repercutirá en un aumento del sueldo de sacerdotes y obispos, de 800 euros y 1.000 euros, respectivamente, ni tampoco qué harán con el dinero.
Además, el también obispo auxiliar de Madrid valoró positivamente la campaña de comunicación realizada por la CEE para aumentar el número de contribuyentes que marquen la casilla asignada a la Iglesia Católica. Según dijo, en esta iniciativa la Iglesia católica invirtió 3,2 millones de euros.
Por su parte, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, explicó que el gobierno del PSOE adelantó a la Iglesia Católica 150,3 millones de euros el pasado año a cuenta del IRPF de 2007 y que el pasado mes de enero le reportó los 91 millones restantes.
Eso sí, los distintos departamentos repitieron al unísono la consigna de que en ningún caso afectará a las políticas sociales.
El plan de recorte de gastos del Gobierno esconde una reducción del 6,6%_en el presupuesto del Ministerio de Vivienda, a pesar de que el presidente del Gobierno ha repetido hasta la saciedad que la vivienda protegida y el Plan Estatal de Vivienda están entre sus políticas clave.
Y es que, si se comparan las cifras ofrecidas por Zapatero con el presupuesto total que maneja cada ministerio, el polémico departamento de Corredor es el más perjudicado.
Desde Vivienda aseguraron que el recorte "que reducirá el gasto en 105 millones de euros" se hará "del remanente de crédito de los planes de vivienda anteriores", y que "en ningún caso afectará al nuevo Plan de Vivienda, ni a a la renta básica de emancipación".
Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente "otro de los más afectados" recortará sus gastos en un 4,8% y el de Ciencia e Innovación "que tiene cedidas las competencias de Universidades" en un 4,7%, según las cifras que dio a conocer el viernes el Gobierno tras el Consejo de Ministros.
Entre los distintos departamentos aún no hay consenso en cómo se van a llevar a cabo los "ajustes".
Fuentes del departamento de Medio Ambiente "al que le afectará el plan en 200 millones de euros", destacaron que "se ahorrará en las cuestiones de siempre, en aplicar un poco más de eficiencia".
Por su parte, uno de los asesores del Ministerio de Educación aseguró que sólo conocía que "no va a haber recortes en becas y dependencia". "Todavía no está detallado el resto, no lo sé decir", reconoció.
Fuentes de Fomento "que rebajará sus gastos en 300 millones de euros y que recortará en casi un 4% su presupuesto" reconocieron que el ahorro lo conseguirán de reducir los gastos corrientes. "En fotocopias y en calefacción", resumieron.
En gastos corrientes
La misma respuesta ofreció el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que ya había anunciado el pasado verano que obligaría a ahorrar recursos apagando la calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano.
Tan sólo el Ministerio de Sanidad y Consumo explicó de manera detallada el ahorro que prevén "a pesar de que tan sólo tendrán que reducir sus gastos en 20 millones de euros".
Remarcaron que conseguirán acortar en un 2,8% su presupuesto reduciendo, entre otras partidas, la propaganda, la dietas de personal, los gastos en locomoción y en taxis para los empleados y en las obras en el propio edificio.
¿Por qué no se utilizó la tijera en el Congreso?
El Gobierno ha apretado un poco más los presupuestos "austeros y responsables" que aprobó Solbes en el Congreso hace dos meses.
Pero los 1.500 millones de ahorro en los Ministerios anunciado por Zapatero no tapa las grietas de las cuentas públicas.
Sólo las prestaciones sociales cuestan al Estado 2.300 millones de euros mensuales, con lo que esos 1.500 millones no servirían para cubrir ni 3 semanas de prestaciones (en concreto, 2,7 semanas).
O, como mucho, para pagar un mes de subsidios.
Es decir, bajando el consumo de energía, las fotocopias o las dietas a los funcionarios no se arregla el agujero de las arcas públicas.
Ni mucho menos el fuerte repunte de la protección social, que Zapatero defiende a capa y espada.
Si el gasto social es intocable, tan sólo queda sacar la tijera para rebajar el gasto productivo, así lo denomina en la memoria de los Presupuestos Generales del Estado, al que, precisamente, el Gobierno dedicará 1.518 millones de euros en 2009.
Aunque la cuestión principal es por qué lanza ahora esta medida de ajuste y no hace dos meses, cuando todos los grupos políticos exigieron a Pedro Solbes en el Congreso la rectificación de unas cuentas irreales.
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