Parece redundante pero no lo es, en una situación como la que estamos viviendo es un insulto que el gobierno de más de 21 millones de euros al sindicalismo oficial que lejos de hacer algo para evitar la sangría de parados que día a día tenemos no hace otra cosa que marear la perdiz y echar las culpas a todos… menos al gobierno, que es, ¡oh! casualidad, el que paga.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009 traen en sus programas 19.01.291M.480 y 19.01.291M.489 las cantidades que este año van a destinar a los Sindicatos. En concreto, “A los participantes en órganos consultivos y consejos”; es decir, a CC.OO., UGT, ELA, USO y la patronal CEOE la friolera de 5.300.790 de euros, que al cambio viene a ser más de 765 millones de pesetas. Pero esto no es todo, porque la parte del león viene a continuación en el concepto “Financiación y compensaciones económicas”, con 15.798.500 de euros, que pasados a pesetas son más de 2.628 millones.
El importe total previsto en los PGE para 2009 es de 21.099.290 de euros, casi 3.400 millones de pesetas. Si lo comparamos con lo previsto para el año 2008 nos topamos con la sorpresa que han congelado la asignación, que no la han subido para gran disgusto, suponemos, de Cándido y del camarada Toxo.
El reparto, para que no haya disputas, es de imaginar que se hará igual que los anteriores y que entre los 10 primeros se lleven casi todo. Llama la atención que sindicatos como ELA, LAB o la CIG no duden en pedir dinero al estado del que presuntamente quieren desligarse. Cosas más raras se han visto.
Porque, para raro raro es el concepto en el que meten la partida económica (los 19.01.291M.480 y 19.01.291M.489, obviamos el lenguaje farragoso de los presupuestos para que se pueda entender bien) porque estas partidas corresponden a las destinadas a “Familias e instituciones sin ánimos de lucro”. Es decir, que los casi 3.400 millones de pesetas van a parar a unas organizaciones que no tienen ánimo de lucro ni, añadimos nosotros, ánimo de nada, excepto cobrar.
Lo hemos dicho muchas veces, mientras el sindicalismo dependa de las subvenciones para subsistir no sirve como herramienta de lucha; los sindicatos deben hacerse atractivos para los trabajadores a través de su actuación diaria, enfrentándose a las injusticias y evitando que las crisis las paguen los que menos culpa tienen. Si se consigue una afiliación masiva y que los trabajadores participen con sus cuotas en el sostenimiento de los Sindicatos habremos dado un paso de enorme calado para que vuelvan a ser temidos.
Por eso y porque es de justicia que nadie esté obligado a participar económicamente, en este caso vía impuestos, en el sostenimiento de algo que no le sirve, desde CNT pedimos la supresión de todas las subvenciones que reciben los Sindicatos y que ese dinero ya presupuestado vaya a financiar proyectos sociales para los parados.
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Anónimo
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martes, 24 febrero, 2009
En este sentido, afirmó que "hemos convocado cuatro huelgas generales, tres contra Felipe González y una contra el Gobierno de Aznar y las cuatro por recortes de derechos". "En la actualidad esa situación no se está produciendo", señaló Méndez, que mostró su convicción de que existen "grupúsculos mediáticos que nos critican con saña ya que pretenden que convoquemos una huelga general para tener coartada de que se aplasten de nuevo los derechos de los trabajadores".
El responsable sindical ha incidido también, durante su intervención en el homenaje al histórico líder sindical Manuel Llaneza en Mieres, en que un posible abaratamiento del despido provocaría "un conflicto social y más paro", lo que conllevaría "más problemas y más estrecheces a las pequeñas empresas" que, resaltó, "son la clave del empleo y de la actividad productiva".
Los consejos de UGT para la crisis
En este sentido, Méndez resaltó que si bien hay 3,3 millones de desempleados en el país, "también hay 16 millones de personas que tienen trabajo y que tienen que sacar al país adelante con esfuerzo y consumiendo", algo que no harán, aseguró, "si un día sí y otro también se les amenaza con despidos".
"Hay que exigir medidas públicas, las únicas eficaces para proteger a los desempleados y evitar la destrucción de empleo", indicó Méndez, que garantizó que "hay recursos y herramientas para combatir la crisis económica".
(continue)
Anónimo
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martes, 24 febrero, 2009
Desapercibido, el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, dio el visto bueno, el 11 de enero, a las medidas propuestas por el Gobierno, y ahondó en la concepción utilitarista de la migración, según denuncian diversas asociaciones por la defensa de los derechos de inmigrantes y sin papeles.
El CES está compuesto por la CEOE, la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), sindicatos agrarios y regionales, así como las dos grandes centrales sindicales: CC OO y UGT.
En declaraciones a este periódico, Mikel Mazkarian, de SOS Racismo, señala que, a pesar de la composición variada del Consejo, ambos sindicatos tienen un peso importante en el mismo, lo que señala que las centrales “muestran al menos un cierto acuerdo con el Gobierno”.
Para Mazkarian, “si bien era previsible que las organizaciones empresariales estuvieran de acuerdo en los términos en los que se plantea la reforma, sí preocupa que los sindicatos mayoritarios hayan apoyado el dictamen en los términos en que ha salido”.
Luis de los Santos, de la sociedad andaluza de juristas para la defensa de los derechos humanos, Grupo 17 de marzo, valora para DIAGONAL esta reforma, a la que considera “hija de la Directiva europea de Retorno”.
Para este abogado, el dictamen no discute el monopolio de la violencia por parte del Estado: “No sólo contra los inmigrantes sino contra los colectivos de apoyo a los mismos. Tendremos que estar atentos a cómo se interpreta el artículo 53.2 c) [que controla el llamado “empadronamiento solidario”], ya que puede suponer una vuelta de tuerca a la criminalización de las redes de apoyo al inmigrante”.
El porqué de la reforma
La abogada Amanda Romero recuerda que, en los últimos años, los sindicatos “no se están decantando precisamente por cambios importantes que redunden en beneficio de los trabajadores inmigrantes”.
No obstante, considera que en este informe se han señalado las dificultades que encuentran los ‘sin papeles’ a la hora de ejercer el derecho de asociación que reconoció el Tribunal Constitucional. “Lo que no tiene mucho sentido es plantear la libertad sindical como derecho reconocido a personas que no tienen papeles y que luego se considere una infracción grave el estar trabajando sin la autorización preceptiva, porque con eso se dificulta el ejercicio de ese derecho”, señala Romero.
Según Mazkarian, el CES cuestiona este derecho en lo que concierne a personas en situación irregular.
La redacción del dictamen, que reconoce las dificultades “que en la práctica puede entrañar el ejercicio de este derecho”, abre un abanico de interpretaciones que los actores que componen el CES no se han mostrado dispuestos a clarificar en el texto que han hecho público.
En otros puntos, sin embargo, el Consejo no ha empleado la misma cautela.
Así, ha tomado los criterios más duros de la Directiva europea de Retorno a la hora de recomendar al Gobierno que amplíe hasta diez años el plazo de entrada en territorio español a los expulsados cuando supongan no sólo un riesgo de orden público o de seguridad nacional, sino también “una amenaza para la salud pública”.
En opinión de Mazkarian, el Gobierno ha cogido “la interpretación más extrema y dura de la Directiva”.
No considera justificado el beneplácito de CCOO y UGT: “Haciendo una lectura atenta del dictamen, se llega a la conclusión de que han pasado por la derecha al Gobierno. Le han indicado los puntos en los que tiene que ser más duro”.
Derechos progresivos
SOS Racismo denuncia que “a la división entre personas que estuvieran en situación irregular y quienes estén regularizados, se añade un nuevo estatus, el de residente de larga duración, donde se concentran los mínimos de seguridad que son exigibles”, explica Mazkarian, que añade que el CES no ha hecho objeciones a este tipo de ciudadanía de segunda categoría.
Luis de los Santos considera que este Consejo pide en su dictamen que la residencia de larga duración dependa de las situaciones fluctuantes del empleo: “Esta recomendación va más lejos que la ley y está de acuerdo con los postulados que defienden CC OO, UGT y CEOE, en el sentido de vincular al extranjero al puesto de trabajo”.
El anteproyecto contempla que sólo podrán optar a viviendas de protección oficial los residentes de larga duración, algo que en la práctica ya se ha establecido como requisito en los sorteos realizados por numerosos Gobiernos locales.
Las personas extranjeras que no alcancen el permiso de larga duración, según Mazkarian, “van a ver cada vez más limitados sus derechos y sus garantías desde el punto de vista jurídico, de acceso a los derechos sociales, etc”.
Este miembro de SOS Racismo considera que el anteproyecto introduce “con calzador” el debate sobre la bidireccionalidad de las migraciones y apuesta, en la práctica, por un modelo en el que es responsabilidad del extranjero adecuarse a las características del país.
Para Mazkarian, “se parte de la idea de una inmigración ordenada, cosa que en ningún país del mundo existe o ha existido”.
En este sentido, el CES no hace sino constatar el empeño de los Gobiernos europeos de cerrar puertas y acumular “grandes masas de sin papeles”.
Según las fuentes consultadas, el dictamen aprobado por los sindicatos justifica la aprobación de la reforma por el “nuevo contexto” laboral, lo que, a juicio de Mazkarian, constituye un error, ya que los plazos en que se mide una crisis económica no son tan dilatados como los que han de usarse para ponderar el fenómeno migratorio.
El silencio con el que se ha aprobado el dictamen contrasta con las reacciones que los sindicatos hicieron públicas con motivo de la aprobación de la Directiva de Retorno.
En aquella ocasión, Comisiones emitió un comunicado en el que rechazaba dicha directiva porque “criminaliza la inmigración y supone un grave retroceso democrático”.
Un silencio estrepitoso
Cualquier voto negativo habría quedado registrado en el texto aprobado por el Consejo. No ha sido así.
Tampoco en el punto de ampliación a 60 días de los plazos de estancia en los Centros de Internamientos para Extranjeros, punto en el que se produjo el llamado “silencio positivo”.
El consenso ha alcanzado todo el articulado sancionador, que regula temas como el empadronamiento o el cambio de actividad. Otro aspecto que no ha provocado objeciones ha sido el espectacular aumento de las sanciones económicas.
¡Despenalización del top manta ya!
Más de mil personas marcharon el pasado 12 de febrero por Madrid para reivindicar que la venta de CD y DVD piratas deje de considerarse como delito en la reforma prevista del Código Penal.
En la actualidad, el artículo 270 prevé de seis meses a dos años de prisión para quien reproduzca, plagie o distribuya obras “de autoría registrada”.
Como señalan los convocantes, hay 63 personas cumpliendo penas de prisión por vender en la calle, otros cientos tienen causas pendientes y sufren el acoso de los cuerpos de seguridad del Estado.
Asociaciones y migrantes reclaman, entre otras cosas, la excarcelación de quienes se encuentren cumpliendo penas por este delito, el sobreseimiento de las causas y el derecho a una vida digna y en igualdad a todas las personas independientemente de su origen.
Tres días después el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunciaba presiones de los mandos para que cumplan un cupo semanal de detención de sin papeles en Madrid.
Según el SUP, se premia con días libres a quienes cumplan los objetivos y se “recomienda” la detención de marroquíes ya que los trámites de expulsión de estos son menos costosos.
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Anónimo
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martes, 24 febrero, 2009
Corbacho ha presidido la constitución del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo en el que ha asegurado que el dialogo social se encuentra a punto de entrar en tiempo añadido, utilizando el símil futbolístico, y ha destacado que "las negociaciones no pueden ser eternas”.
El tiempo que se marca Trabajo para alcanzar los acuerdos y sacar adelante las medidas es “esta semana o, como máximo, la siguiente".
La patronal sigue demandando al ejecutivo que tome medidas drásticas para recuperar la creación de empleo como abaratar el despido, reducir las cotizaciones a la Seguridad Social o la supresión de la autorización administrativa a la hora de realizar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Con estas peticiones, la patronal bloquea de momento la negociación ya que el ministerio de Trabajo no se encuentra por la labor de acceder a las peticiones de los empresarios y sigue teniendo como base negociadora diez medidas que con las que espera proteger a los parados y estimular la generación de empleo.
Más medidas
Además, Corbacho ha anunciado que el Gobierno limitará a un máximo de 120 días (o 4 meses) la reposición de la prestación por desempleo consumida por los trabajadores en una suspensión de empleo temporal.
El titular de Trabajo ha asegurado que el ejecutivo se encuentra estudiando la posibilidad de bonificar la cotización de las empresas a la Seguridad durante este periodo de suspensión de empleo.
En este tramo, administración y empresarios compartirían el gasto.
Corbacho ha señalado que hay que llegar de manera urgente a un acuerdo con los agentes sociales para poner en marcha estas medidas, que califica de "imprescindibles y necesarias".
Asimismo, ha apuntado que tienen que prever "cómo hacemos que las empresas puedan tener una menor carga", en lo relativo a cuota social y en lo relativo a mejorar el acceso al crédito y a la liquidez.
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