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Las FARC por el pueblo colombiano |
Culmina otro año vergonzoso para los colombianos caracterizado como nunca por una sucesión de crímenes, corrupción y gravísimos escándalos en las más altas esferas del poder. Un año que será recordado por la infame cadena de asesinatos, violencia y terror cometidos por la fuerza pública contra nuestro pueblo, lo que ratifica una verdad que hemos gritado ante el mundo entero desde hace más de 40 años: en Colombia hay un régimen de terrorismo de Estado.
No obstante, este 2008 también será recordado como el año en que se fue descorriendo el velo del inmenso y engañoso fraude que han significado los 6 años del gobierno fascista encabezado por el dictador Álvaro Uribe Vélez; porque fue un fraude su reelección alcanzada con engaños, sobornos, truculencias y traiciones; fue un fraude su promesa de acabar con el paramilitarismo que, por el contrario, creció y mostró que sus tentáculos y ramificaciones llegaron a dominar no solo organismos de inteligencia como el Das, sino que alcanzaron la propia casa de Nariño; fue un fraude su política de acabar con la corrupción y la politiquería, pues no conoce la historia de Colombia administración más corrupta que la actual. Pasaron los años y este congreso será recordado en la posteridad como un parlamento, (con honrosas excepciones de la oposición) plagado de delincuentes confesos, mafiosos, componenderos y paramilitares con las manos tintas en sangre de compatriotas.
Fue un fraude su política anti drogas, pues en estos años aumentó la producción de cocaína y se develó con meridiana claridad que los paramilitares son una mafia del narcotráfico nunca combatida por las fuerzas militares, que contaron y cuentan con la protección oficial y que en nefanda alianza asesinaron sin compasión a millares de inocentes en campos y poblados. Fue un fraude su proclamada victoria contra la insurgencia. Las abultadas cifras de muertos engañosamente presentadas a la opinión como pruebas de los pretendidos triunfos contra la guerrilla alcanzados por sus falsos "héroes," devinieron de la horrenda masacre de miles de humildes compatriotas, asesinados en un festín de muerte, llegando al extremo de legalizar cadáveres y crear carteles para cobrar recompensas por ellos, o, en su degradación moral, utilizarlos para obtener un permiso o una licencia de vacaciones. Tras la hipócrita denominación de "falsos positivos" lo que se esconde no es más que un nauseabundo y espantoso crimen de lesa humanidad contra los colombianos que apenas da una idea de la honda dimensión de un genocidio ejecutado sistemáticamente durante décadas por la fuerza pública contra nuestro pueblo y que reclama no destituciones compensadas con embajadas, sino condenas penales ejemplarizantes. Proponer, como lo hizo Uribe, que en las Unidades militares se reciban las denuncias sobre violación de los DD.HH., es como si Hitler le hubiera pedido a las SS que recibieran las quejas de los abusos cometidos por la Gestapo.
Esta engañosa salida no es más que otra estafa al dolor de miles de colombianos que claman por conocer la verdad, sobre la suerte corrida por sus familiares asesinados a manos de las Fuerzas Militares del régimen. Lo que el Gobierno pretende es eludir la cuestión fundamental de todo este drama y no responder qué pasó realmente con el asesinato de miles de nuestros compatriotas, ni por qué fueron retirados 27 altos mandos militares incluidos varios generales, a tiempo que otros renunciaron incluyendo al comandante del ejército. El qué, el cómo, el cuándo y el por qué de toda esta tragedia, son preguntas que aún están sin respuesta.
No puede ser casual ni coyuntural una crisis que se repite cíclicamente y por años. Estamos ante la evidencia de un hecho denunciado y negado mil veces. Escándalos que se tapan con otros escándalos producto de crímenes y de masacres: Mapiripán, La Rochela, El Aro, San José de Apartado, Urabá, El Naya, Jamundí, Guaitarilla, Cajamarca son nombres ligados ya por la memoria colectiva a otras tantas tragedias y a los nombres de generales como Rito Alejo del Río, Uscátegui, Manosalva, Montoya, Yanine, Iván Ramírez, Bedoya Pizarro, Mora Rangel, Ospina y al mismo presidente Uribe. El velo de las mentiras se está corriendo y más temprano que tarde brillará la verdad plena, para bien de la Patria.
Es la concepción mafiosa de la Seguridad Nacional y del Estado, la que está en entredicho. Es la legitimidad de unas Fuerzas Militares, que reclaman el monopolio de las armas de la República y se valen de ellas para mancillarlas y para asesinar a su propio pueblo, lo que está en juego. Es la propia legitimidad del Estado la que está cuestionada porque detrás de la mentirosa retórica de la mal llamada "Seguridad Democrática" lo que se esconde es la guerra sucia contra el pueblo: el terrorismo del Estado. Está comprobado que las Fuerzas Militares actuando conjuntamente con los paramilitares han desplazado a mas de 4 millones de personas, desaparecido a más de 25 mil compatriotas, lanzando sus cuerpos a los ríos, convirtiendo a estos en cementerios sin tumbas, o en ocasiones arrojando vivas a sus víctimas a las fauces de cebados cocodrilos, como solían hacerlo en la hacienda de Miky Ramírez en Bolívar y en la hacienda "Villa Sandra", en Puerto Asís (Putumayo). En los últimos 5 años, han asesinado a más de 1.800 indígenas y 2.570 sindicalistas.
Las confesiones de los jefes paramilitares sobre sus espeluznantes matanzas, de sus estrechas relaciones y su financiamiento por parte de empresas nacionales y multinacionales sorprendieron al país nacional, pero no al establecimiento. Empresas como Postobón, Bavaria, Coca-Cola, Carbones del Caribe, Brasilia, Copetran, Vikingos, Palmicultores del Magdalena, Cafeteros de la Sierra Nevada, Carboneras del Cesar, Ecopetrol, Prodeco, Pizano, Maderas del Darién; Maderas de la Cuenca del río Truandó, Transportadores de Carbón del Monte, Bancol, Drumond, Hyundai, Corcel, Club Vacacional Mendihuaca, Caribbean Resort, algunos contratistas de Gases del Caribe, Chiquita Brands (le regaló 3.000 fusiles a los paramilitares), Dole, Probán, Unibán y Sociedad Emilia Hazbún y Cia., han utilizado al paramilitarismo para imponer relaciones laborales precapitalistas y en otros casos, para realizar sus grandes proyectos arrasando por completo con pueblos de pobres y de indígenas como sucedió en la Sierra Nevada de Santa Marta, para la construcción de la represa sobre el río Bessote; la represa de Urrá en Córdoba, donde sin contemplación desalojaron a todos los Embera katíos; y en Urabá, para el desarrollo de los proyectos de palma africana y banano, donde el mismo paramilitar H.H. reconoció sin rubor, haber asesinado a más 3.000 personas.
El monstruo de la narco-para-política se tomó a Colombia y compromete a toda la cúpula del Estado, empezando por el propio Uribe cabecilla principal del paramilitarismo, al Vicepresidente Francisco Santos inspirador del "Bloque Capital", a la Comandancia del Ejército y de la Policía (los Montoyas, los Padillas y los Naranjos), al ministro de defensa Juan Manuel Santos (que conspiró con Carlos Castaño), al exjefe del Das Jorge Noguera y a más del 35 por ciento del Congreso. Este régimen terrorista del gran capital y del latifundio genera una profunda corrupción. Nunca antes las instituciones se habían enlodado tanto por descender tan bajo, ni tampoco la delincuencia organizada había subido tan alto, al punto, que la augusta Casa de Nariño conocida históricamente como residencia presidencial y sede del gobierno de turno, ha sido convertida por el presidente Uribe en algo así como el "Basurero de doña Juana", de cuyo fondo emanan tóxicos y pestilencias que a diario envenenan el organismo de la Nación y contaminan el ambiente más allá de las frontera patrias. Porque todo en este gobierno hiede. Como el inmoral caso de la Yidis política, que estremeció al país cuando se conoció que la aprobación de la primera reelección en el Congreso, fue producto del pago en prebendas a Yidis Medina y Teodolindo Avendaño por parte de los Ministros de la Protección Social e Interior, Diego Palacios Betancourt y Sabas Pretelt respectivamente y que hoy se repite agigantada, la inmoralidad que pretende una repudiable segunda reelección de Uribe, sostenida sobre trampas, narco-dineros, sobornos y engaños a la población.
El derrumbe de las pirámides, de las que hace parte la familia presidencial y cuyos costos tratan de descargar sobre los hombros de la gente humilde, es otra muestra del engaño, la corrupción y las componendas de la narcotizada clase política colombiana. Todo esto acontece en medio de una crítica situación social deteriorada al extremo por la Reforma Laboral uribista que cercenó las conquistas obtenidas por los trabajadores tras años de intensas luchas y que generalizó el esclavista sistema de las Cooperativas de Empleo para explotar más a los obreros y empleados, situación afectada también porque una buena cantidad de hospitales han sido cerrados, muchas universidades públicas están sin presupuesto y otras paramilitarizadas, las empresas estatales más rentables fueron entregadas a precio de ganga al capital trasnacional (sobre todo gringo y español), el desempleo sigue su línea ascendente, los salarios son bajos y la depauperización permanente, el déficit de vivienda aumenta, la cobertura social del sistema de salud es absolutamente precaria, las insuficiencias educativas son crecientes, gran porcentaje de los municipios del país carecen de agua potable, el arrasamiento del equilibrio ecológico presagia catástrofes, los damnificados de la violencia se sumen en el olvido oficial, se mantiene la desnutrición secular de franjas importantes de la niñez colombiana, todo esto como manifestaciones de la política de un estado y de una oligarquía voraz, que solo piensa en su chequera y que como si fuera poco pretende comprometer al país en un oneroso e inaceptable tratado comercial (TLC) con los Estados Unidos. Y mientras campea esa miseria social, el Gobierno colombiano gasta anualmente 22. 21 billones de pesos, un 6,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) que asciende a 351,2 billones de pesos. Si el Estado destinara a educación y salud el total del gasto militar, con ese dinero podrían construirse 3.666 escuelas y 220 hospitales de tercer y cuarto nivel.
Pero no, todas las llaves que puedan conducir al mejor estar del pueblo están cerradas, el único grifo que dejan abierto para que el pueblo lo utilice hasta saciarse, es el de la muerte. A tal despilfarro militar se suman los cerca de 10 mil millones de dólares gastados por el gobierno de los Estados Unidos durante los últimos 6 años en su guerra contra el pueblo colombiano a través del imperial, inútil y fracasado Plan Colombia, porque la verdad es que nuestra soberanía está completamente deshilachada, ya que la injerencia norteamericana es cada vez más grande y mayor la sumisión de Uribe, a quien el imperio le designó en Latinoamérica el mismo papel de Caín que juega Israel en el Medio Oriente. Por ello conspira y provoca buscando desestabilizar los gobiernos de Chávez y Correa.
Vale recordar que el capitalismo mundial vive su peor crisis en muchos años y que los efectos del colapso neoliberal y del capitalismo salvaje atropellan a millones de seres humanos y al mundo, sin que el sistema vislumbre en su horizonte ninguna perspectiva para superarlo, aunque en los Estados Unidos hayan elegido como Presidente a Barack Obama, quien a pesar de las expectativas que ha generado, difícilmente podrá colmar las esperanzas que muchos han depositado en el. Sólo la iniciativa creadora de los pueblos y sus luchas pueden corregir el rumbo del actual caos, y el Socialismo se yergue otra vez, como el único que puede humanizar el planeta y enrumbar a la sociedad por caminos de paz, igualdad, justicia, desarrollo, bienestar y felicidad social. Es la enseñanza que surge de los procesos en marcha bajo el influjo actuante de las mayorías, en el Viejo Mundo, en nuestra América y en el Caribe.
En este gran contexto nacional y mundial germinan fundadas razones para el optimismo. Se levantan con inagotable fuerza, grandes manifestaciones sociales de campesinos, trabajadores, indígenas, estudiantes, del movimiento popular y de las fuerzas democráticas, como esa formidable corriente de opinión que constituyen los "Colombianos por la paz". A todos ellos desde aquí, nuestro saludo combativo colmado del irrevocable compromiso por la solución política, hacia una verdadera paz con justicia social. En esta gesta heroica, los mandos y combatientes de las FARC-EP estaremos, como desde Marquetalia, acompañando al pueblo en sus más altos empeños hasta alcanzar la Nueva Colombia, porque los farianos nos nutrimos e inspiramos de las invencibles luchas de nuestro pueblo, de las certezas que nos han acompañado durante 44 años de lucha revolucionaria, del ejemplo y sacrificio de Raúl, Iván, Felipe, Camilo, Dago y tantos otros caídos y especialmente del ejemplo y enseñanzas del invencible y legendario conductor de guerrillas, Comandante en Jefe, Manuel Marulanda Vélez.
Saludamos y les manifestamos nuestra solidaridad militante en las cárceles del régimen a los guerrilleros y a todos los presos políticos, a Sonia, Simón e Iván Vargas, a todos les reiteramos que no cejaremos la lucha por cristalizar un Acuerdo Humanitario. Saludamos a los guerrilleros y guerrilleras de las FARC-EP, a las Milicias Bolivarianas, Partido Clandestino, Movimiento Bolivariano, otras organizaciones revolucionarias, organizaciones de masas, fuerzas democráticas, a nuestros simpatizantes y amigos los alentamos a redoblar esfuerzos. Los colombianos no podemos tener como destino las actuales desgracias, porque el futuro nos pertenece es que debemos labrarlo desde siempre, y eso solo será posible mediante la unidad y la convergencia del esfuerzo colectivo.
Al pueblo colombiano le proponemos trabajar por un nuevo Gobierno, Patriótico, Democrático, Bolivariano con rumbo al Socialismo, que desarrolle la Plataforma Bolivariana, trabaje por una constituyente que sea respetada en sus decisiones, representativa de todos los sectores de muestra nacionalidad, que aborde los temas vedados a la constituyente de 1991 y así cimentar sobre sus bases la paz democrática que anhelamos la enorme mayoría de los colombianos.
En Bolívar nos encontramos todos
¡Honor y gloria a nuestros combatientes caídos!
¡Hasta la victoria siempre!
¡Hemos jurado vencer y venceremos!
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP.
Montañas de Colombia, Diciembre 22 del 2008.

Etiquetas: conocimiento, inteligencia, medios, memoria, multitud, politica.
"Saludamos y les manifestamos nuestra solidaridad militante en las cárceles del régimen a los rebeldes y a todos los presos políticos. A todos les reiteramos que no cejaremos en la lucha por cristalizar un acuerdo humanitario", manifestó la organización.
El mensaje se conoció mientras se espera que las FARC concreten su gesto de buena voluntad unilateral, que consiste en la liberación de seis retenidos, tal y como los anunciaron el pasado 21 de diciembre.
Los nombres anunciados forman parte de los "canjeables" que no han podido concretar su liberación por la falta de disposición del gobierno del presidente, Álvaro Uribe, de quebrar el encierro del grupo de guerrilleros presos políticos y desmilitarizar dos zonas de la geografía colombiana.
En su mensaje, las FARC calificaron 2008 como "otro año vergonzoso para los colombianos, caracterizado como nunca por una sucesión de crímenes, corrupción y gravísimos escándalos".
Asimismo, insistieron en su propuesta de trabajar por un nuevo gobierno patriótico, democrático, bolivariano, con rumbo al socialismo, y por una Asamblea Constituyente que sea respetada en sus decisiones, representativa de todos los sectores.
"Al pueblo colombiano le proponemos trabajar por un nuevo Gobierno, Patriótico, Democrático, Bolivariano con rumbo al Socialismo, que desarrolle la Plataforma Bolivariana, trabaje por una constituyente que sea respetada en sus decisiones, representativa de todos los sectores de muestra nacionalidad, que aborde los temas vedados a la constituyente de 1991 y así cimentar sobre sus bases la paz democrática que anhelamos la enorme mayoría de los colombianos".
Las FARC aprovecharon para acusar a la Fuerzas Militares de Colombia de estar aliados con el paramilitarismo derechista, que azota a la nación neogranadina, para causar el desplazamiento de más de 4 millones de personas y la desaparición de más de 25 mil.
La organización también se refirió al escándalo por la detención de numerosos políticos con nexos con paramilitares de derecha y aseguró que el caso compromete a toda la cúpula del Estado.
Criticó el despilfarro militar del Gobierno colombiano y aseguró que en los últimos seis años Estados Unidos ha destinado 10 mil millones de dólares al "imperial, inútil y fracasado" Plan Colombia que presuntamente sirvió contra las drogas y el terrorismo.
Añadió que EE.UU. busca desestabilizar los Gobiernos vecinos de Colombia como el del presidente venezolano Hugo Chávez y el ecuatoriano Rafael Correa.
Las FARC subrayó que el neoliberalismo mundial vive su peor crisis en muchos años y los "efectos del colapso neoliberal y del capitalismo salvaje atropellan a millones de seres humanos".
El movimiento hace referencia a los seis años del "gobierno fascista" de Álvaro Uribe, y describen su reelección como un "fraude con engaños, sobornos, truculencias y traiciones".
Además sostienen que el Congreso de ese país será recordado como "un parlamento, (con honrosas excepciones de la oposición) plagado de delincuentes confesos, mafiosos, componenderos y paramilitares con las manos tintas en sangre de compatriotas".
En el mensaje también nombran a varias empresas privadas por financiar al paramilitarismo para que ejecuten "sus espeluznante matanzas".
Entre las compañías nombradas están: "Postobón, Bavaria, Coca-Cola, Carbones del Caribe, Brasilia, Copetran, Vikingos, Palmicultores del Magdalena, Cafeteros de la Sierra Nevada, Carboneras del Cesar, Ecopetrol, Prodeco, Pizano, Maderas del Darién; Maderas de la Cuenca del río Truandó, Transportadores de Carbón del Monte, Bancol, Drumond, Hyundai, Corcel, Club Vacacional Mendihuaca, Caribbean Resort, algunos contratistas de Gases del Caribe, Chiquita Brands (le regaló 3.000 fusiles a los paramilitares), Dole, Probán, Unibán y Sociedad Emilia Hazbún y Cia".
También denunció al gobierno de gastar anualmente más de 22 billones de pesos (9 mil 691 millones de dólares) un 6,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) que asciende a 351,2 billones de pesos. "Si el Estado destinara a educación y salud el total del gasto militar, con ese dinero podrían construirse 3.666 escuelas y 220 hospitales de tercer y cuarto nivel", destacá el movimiento rebelde.
Según la información el jefe de la comisión internacional de las FARC, Iván Márquez, dio instrucciones a guerrilleros en Europa para que hagan gestiones en ese sentido.
El mensaje de la guerrilla agrega: 'Nuestra tarea allá (en Europa) es estrictamente diplomático-política'.
Según el informe, la coordinación de las gestiones está a cargo del 'canciller' de las FARC, Rodrigo Granda.
Los guerrilleros encargados de las gestiones europeas son Alberto Martínez y Lucas Gualdrón, miembros de la Comisión Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los dos tendrían la orden de contactar a funcionarios de la Unión Europea, sindicatos y movimientos políticos para que se unan a la presión internacional.
Un grupo de intelectuales colombianos, que trabaja en pos de la liberación de 28 rehenes políticos, 'nos debe ayudar en ese propósito' ante Bogotá, señala Márquez en un segundo correo divulgado por RCN.
El informe revela igualmente que para 2009 las FARC 'tienen previsto adelantar un trabajo para que la Unión Europea (UE), las saque de la lista de organizaciones terroristas del mundo'.
En 1912, el presidente norteamericano de la época, William H. Taft, sostenía sin inmutarse:
"Todo el hemisferio será nuestro de hecho, como en virtud de nuestra superioridad de raza, ya es nuestro moralmente".
Su principal relación con nuestro país es violenta, gracias a la pusilanimidad de la clase dirigente.
Su expresión más contundente tiene que ver con su política de la doctrina de la seguridad nacional y que tuvo desarrollo en la tenebrosa "escuela de las Américas", que funcionó durante algún tiempo en Panamá.
Allí se prepararon militares colombianos para luego reprimir cobarde y criminalmente al pueblo colombiano, concretamente a la oposición al régimen liberal–conservador.
Estatuto de Seguridad
Terminada la década de 1970, las fuerzas militares toman el control del país, tras la máscara presidencial y de la supuesta "democracia".
El 7 de agosto de 1978, toma la presidencia, Julio Cesar Turbay Ayala, un oscuro turco, gangoso, astuto y taimado.
Era militarista a ultranza, pues había sido ministro de la junta militar que gobernó a Colombia en 1958, además, como congresista presentó sendos proyectos de leyes para beneficiar y aumentar los sueldos de los altos mandos.
En el primer mes de su nefasto y antipopular mandato, Turbay sancionó el terrorífico Estatuto de Seguridad, al amparo del Estado de Sitio.
Prácticamente, lo traía bajo el brazo.
Con todas las arbitrariedades reseñadas por defensores de derechos humanos y connotados juristas del país, la corte suprema de justicia lo declara exequible.
Ni más ni menos, las fuerzas militares y de policía, fueron investidas de facultades judiciales, se inventaron supuestos delitos que atentaban contra el orden público y condenas exageradas.
Por ejemplo, una contravención que era sancionada con 30 días de arresto, ahora era de uno a cinco años de prisión.
Las condenas proferidas por los comandantes de brigada, carecían de recurso de apelación, es decir, segunda instancia.
Se criminalizó la oposición política en Colombia, es decir, todo tipo de protesta: sindical, popular, libre circulación y expresión, etc.
Toda manifestación de inconformidad era catalogada y castigada como subversiva.
El militarismo más recalcitrante era el protagonista, con el aval incondicional de los Estados Unidos, en los últimos dos años del mandato de Alfonso López Miquelsen y la administración de Turbay Ayala.
Éstos eran simples arlequines.
En diciembre de 1979, fue editada por el comando del ejército, con el sello de "restringido" el "manual de instrucciones generales para operaciones contra–guerrillas", en uno de sus acápites se lee:
"Se establece que se deben organizar grupos de autodefensa (paramilitares) a nivel de caserío y veredas con el fin de que los habitantes del área contribuyan en forma activa en la lucha".
Otro de las siniestras consecuencias del Estatuto de Seguridad es la tecnificación de la tortura, pues esta se hizo sistemática, tecnificada, "científica", la doctrina de la seguridad nacional propuesta por los Estados Unidos, con el argumento del enemigo interno.
En esas condiciones estaba en la mira de la represión los sindicalistas, los estudiantes, docentes, intelectuales, algunos periodistas, algunos sacerdotes y por supuesto, los comunistas, los demócratas y militantes de izquierda.
El asesino general Fernando Landazábal Reyes, sostenía:
"Nada más nocivo para el curso de las operaciones contrarrevolucionarias que dedicar todo el esfuerzo al combate y represión de las organizaciones armadas del enemigo, dejando en plena capacidad de ejercicio libre de acción a la dirección política del movimiento".
Se impuso dramáticamente la sentencia del mayor Ñunpo:
"Es mejor condenar a un inocente que dejar en libertad a un guerrillero".
En el primer año del crudo mandato Turbayista, según datos estadísticos del mismo ministerio de defensa, fueron privados de la libertad 60.000 personas.
Los medios de comunicación se pusieron a la orden de los militares y del Estatuto de Seguridad, aplicando sin descaro la censura y la autocensura.
También:
"Algunos médicos fueron fundamentales para indicarle al torturador cuándo debía detenerse: justo antes que el cerebro, el corazón o los pulmones le estallaran a la víctima que aún no debía morir".
Son apenas acápites del alcance monstruoso del tenebroso Estatuto de Seguridad que tanta sangre humilde, tanta tortura, tanto desplazamiento, tanto dolor humano, tantas lágrimas, tanto desaparecido se sucedió en Colombia.
Pero lo más grave es que este genocidio no es cosa del pasado. Porque el narcotraficante y paramilitar presidente Uribe Vélez, también obedeciendo los dictámenes de los Estados Unidos en cabeza de George W. Bush, implementa su estatuto quizás más criminal que el anterior intitulado: "Seguridad Democrática".
A la sombra de éste, viene violando los derechos humanos, matando la oposición política, desplazando, desapareciendo, originando detenciones masivas, estigmatizando, sindicando a todo luchador por la paz y la democracia de terrorista, negando que en Colombia hay un conflicto social y político hace más de 40 años y cuyas causas permanecen ahí, sin resolver.
En esos términos hay que reconocer que el país se ha mantenido en las garras del terrorismo de Estado. Ayer era "El estatuto de Seguridad" de Julio Cesar Turbay Ayala, hoy es "La Seguridad democrática" de Álvaro Uribe Vélez.
Una guerra contra el pueblo, que el partido comunista colombiano rechaza, condena y repudia. Y a su vez, exhorta a las fuerzas de izquierda condensadas en el Polo Democrático Alternativo, PDA, a la unidad, la organización y la acción de masas, en aras de construir una sociedad democrática que garantice la construcción del Socialismo.
Al respecto recuerda que se debe tener en cuenta los abusos que el gobierno ha cometido, en nombre de esa institución y bajo la protección de su distintivo con fines de engaño.
Ello es una referencia directa a la operación Jaque, que en julio de 2008 permitió liberar a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y otras 14 personas, y en la que fue utilizado ilegalmente el emblema de la Cruz Roja.
El texto insiste en que los seis liberados serán entregados a Piedad Córdoba “acompañada de algún otro representante del movimiento Colombianos por la paz, con los cuales las FARC se han comprometido a tal gesto.
Añade que también en el operativo pueda participar alguna personalidad democrática de un país hermano o de la comunidad internacional que también sirva de garante.
Las FARC consideran importante que el presidente Alvaro Uribe decidiera “si realmente le interesa el pronto regreso de los seis prisioneros a su hogar o si una vez más hará prevalecer sus viscerales odios por encima de cualquier consideración humanitaria”.
Finalmente señala que “tan pronto existan precisiones sobre lo mencionado, les haremos conocer día y lugar sobre lo cual ya estamos trabajando”.
La insurgencia anunció el 21 de diciembre la liberación de los políticos Alan Jara y Sigifredo Barrios, tres policías y un militar, aún no identificados, como un gesto favorable a la realización de un canje humanitario.
El gobierno colombiano ha reiterado que dará las garantías para esa operación, pero solo con la mediación de la Cruz Roja Internacional y sin presencia de personalidades extranjeras.
El compás de espera continúa aquí, aunque la víspera la senadora Piedad Córdoba y el director del semanario Voz, Carlos Lozano, expresaron que a partir de este miércoles pueden conocerse nuevas noticias sobre la liberación de los retenidos.
Esto fue informado directamente a la senadora opositora por el Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en una reunión de más de dos horas sostenida por ambos en esta capital.
Sin embargo, tras el encuentro ninguno confirmó ni descartó la posible participación de alguna personalidad extranjera en la operación para la liberación de los políticos Alan Jara y Sigifredo López, tres policías y un militar.
Córdoba declaró a la prensa que el gobierno parece tener buena disposición para que avance esta misión y advirtió que en el momento de las liberaciones no habrá prensa para evitar espectáculos políticos o electorales.
Este miércoles parecen acercarse las posiciones para una pronta liberación de los retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pues hoy el grupo insurgente expresó su acuerdo en que el CICR participe en el operativo.
Esa consideración fue manifestada por el Secretariado del Estado Mayor de las FARC en carta dirigida a la senadora liberal Piedad Córdoba y demás integrantes del movimiento Colombianos por la Paz.
La misiva de cuatro puntos, con fecha 30 de diciembre y publicada este miércoles en la web de la agencia ANNCOL, añade que la participación del CICR en el operativo “es una buena garantía aunque insuficiente”.
Al respecto recordó que se debe tener en cuenta los abusos que el gobierno ha cometido, en nombre de esa institución y bajo la protección de su distintivo con fines de engaño.
El texto insiste en que los seis liberados serán entregados a Piedad Córdoba “acompañada de algún otro representante del movimiento Colombianos por la Paz, con los cuales las FARC se han comprometido a tal gesto.
Añade que también en el operativo pueda participar alguna personalidad democrática de un país hermano o de la comunidad internacional que también sirva de garante.
Finalmente señala que “tan pronto existan precisiones sobre lo mencionado, les haremos conocer día y lugar sobre lo cual ya estamos trabajando”.
También queda pendiente la identificación de los cuatro uniformados cuya liberación anunciaron las FARC el pasado 21 de diciembre.
También, los que propiciaron estos nexos alentaron la táctica de aumentar el "conteo de cuerpos" para presentar "éxitos" matando civiles.
La idea era ocasionar el mayor número de bajas a la guerrilla en ese país, según los documentos diplomáticos, militares y ex funcionarios de inteligencia recientemente desclasificados por Estados Unidos.
Así, la práctica de "falsos positivos", o muerte ilegal de civiles que luego son presentados como guerrilleros muertos en combate, es una vieja práctica del Ejército colombiano, agregó Michael Evans, analista del grupo en Washington, en un comunicado sobre los documentos.
Esos documentos "arrojan luz sobre una política -examinada recientemente en un informe del Ejército colombiano aún no publicado- que influyó en la conducta de oficiales militares colombianos durante años, que conllevó a ejecuciones extrajudiciales y colaboración con paramilitares narcotraficantes", dijo el grupo.
El informe secreto ha contribuido al despido de 30 oficiales del Ejército y a la renuncia del general Mario Montoya como comandante en jefe del Ejército colombiano, según señala el documento.
La página de Internet de National Security Archive, que hizo público un informe que detalla que en un cable de 1994, el entonces embajador estadounidense en Colombia, Myles Frechette, ya había condenado la "mentalidad de conteo de cuerpos" que prevalecía entre los oficiales militares.
Frechette dijo entonces, que los oficiales de campo que no podían demostrar logros tangibles en contra de la guerrilla "sufrían desventajas a la hora de los ascensos".
Los oficiales tenían además, según ese informe de 1994, un historial de "asesinato de civiles de izquierda en áreas de control guerrillero, colaboración con paramilitares vinculados con el narcotráfico en ataques contra presuntos simpatizantes de la guerrilla, y el asesinato de combatientes capturados".
National Security Archive divulgó los documentos desclasificados, seis días antes de que el presidente Álvaro Uribe reciba, de manos del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, la Medalla Presidencial de la Libertad.
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