El sector ha destinado las millonarias inyecciones de liquidez a reducir sus deudas en vez de a la concesión de créditos.
¿Qué misterio rodea el funcionamiento del sistema financiero español para mantener todavía sus grifos casi cerrados al crédito de familias y empresas a pesar de las multimillonarias ayudas aprobadas por el Gobierno el pasado octubre para asegurar su liquidez? ¿Qué agujero negro devora sin piedad el dinero inyectado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero? No hay duda alguna. Todas las fuentes coinciden: la ingente deuda internacional de los bancos y cajas de ahorros, estimada en unos 800.000 millones de euros, que no encuentra posibilidades de refinanciación y que debe ser amortizada por el sector sin prisa, pero sin pausa.
Los bancos internacionales que han realizado préstamos a sus colegas españoles –sobre todo alemanes, franceses y también italianos– no parecen dispuestos a renovarlos y exigen su devolución. Ellos tampoco están para fiestas y necesitan recuperar sus posiciones de liquidez.
Además, no hay otras entidades con las que sustituirlos en un mercado de capitales que está prácticamente bloqueado y en el que, todavía, nadie se fía de nadie. La quiebra de Lehman Brothers y el reciente escándalo protagonizado por el ‘broker’ Bernard Madoff, que han dejado numerosos e ilustres damnificados en el sector, han echado el cerrojo a todas las ventanillas.
Consecuencia: los grupos financieros tropiezan con serias dificultades para lograr los recursos que les reclaman sus clientes con el objetivo de comprar un coche o una vivienda o de atender las necesidades de una empresa.
Hay que tener en cuenta que, cuando un banco presta cien euros, tan sólo 5,8 proceden de sus propios fondos –del dinero que han puesto los accionistas, más los beneficios acumulados durante años–; 45,6 euros vienen de los depósitos de sus ahorradores –cuentas corrientes y otros productos similares–; y los 48,6 restantes, de los créditos que ha tomado de otros competidores o de la emisión de deuda.
La ayuda insuficiente
El Gobierno ha aprobado una inyección directa por importe de 50.000 millones de euros –de los que ya han sido adjudicados 9.340 en dos subastas–, que no han conseguido fluir ‘aguas abajo’. «Mientras no se recupere la posibilidad de obtener liquidez con relativa normalidad en el mercado internacional, todo ese dinero irá destinado a hacer frente a los vencimientos de la deuda bancaria», apuntan profundos conocedores de esta actividad.
Aún falta por poner en marcha la concesión de avales –la segunda medida aprobada por el Ejecutivo y que puede llegar hasta los 200.000 millones de euros–, pero esto es una pescadilla que se muerde la cola: ¿para qué le sirven los avales a la banca si no hay nadie dispuesto a prestar dinero, ni siquiera con el la garantía del Estado español? La Administración y el propio sistema financiero confían en que el mercado mayorista se abra pronto y eso pueda facilitar, por fin, una masiva circulación de dinero. La colocación con éxito de dos emisiones de cédulas y bonos por un valor total de 4.750 millones, lanzadas por el BBVA en las últimas semanas constituyen una primera buena señal.
El empacho de deudas del sistema financiero es de tal magnitud que expertos de diversa índole coinciden en señalarlo como la principal amenaza para la economía nacional y también como la losa que puede lastrar la recuperación. El problema no es sólo de la banca, sino del conjunto del país. Los últimos datos aportados por el Banco de España cifran en 1,68 billones de euros el endeudamiento externo. La mitad gravita sobre los bancos y cajas de ahorros, pero el resto se reparte entre la Administración y las empresas.
A la banca española la crisis le ha pillado en mal momento. Catorce años de bonanza económica y una extraña sensación de euforia en la que la palabra ‘crisis’ no tenía cabida provocaron un flujo de dinero hasta nuestro país que parecía no secarse nunca. De cada cien euros invertidos durante ese período, 66 procedían del ahorro nacional, pero los 34 restantes los hemos pedido prestados fuera. Si hasta ahora existían dos opciones –devolver los créditos o pedir otros nuevos por un importe similar e incluso superior–, ahora sólo queda una: devolverlos. Ejecutivos del sector consultados por este periódico señalan que las entidades españolas deberán hacer frente a la cancelación de operaciones por un importe cercano a 200.000 millones de euros durante el año que acaba de comenzar.
La cifra –no es un misterio– se asemeja bastante a los avales que ha aprobado el Gobierno. De ahí que ya nadie dude de que su objetivo real no ha sido restaurar la concesión de créditos a las familias y a las empresas –eso sólo se conseguirá cuando se estabilice un sistema que ahora está sujetado con hilvanes–, sino evitar la quiebra, la suspensión de pagos de entidades financieras. «La prueba de que nuestros bancos y cajas no son tan solventes como dice el Gobierno –apunta un alto directivo del sector– es que no nos fiamos de nosotros mismos y no nos prestamos dinero en el mercado interbancario».
Existe, sin embargo, una coincidencia general: las medidas adoptadas para sostener el sistema financiero y el hecho de que sea cada Estado europeo quien adopte las actuaciones concretas que mejor se adapten a sus necesidades es «el único camino posible en estos momentos».
El peso del ladrillo en esta explosión del crédito nacional y del endeudamiento internacional es incuestionable. Del total de préstamos concedidos en España al sector privado –1,85 billones de euros entre empresas y familias– algo más de un billón está relacionado con el ‘boom’ inmobiliario y repartido entre compañías constructoras, promotoras y ciudadanos hipotecados.
Y ahora, la morosidad
Como las desgracias nunca vienen solas, a la dificultad para conseguir dinero ‘fresco’ bancos y cajas tienen que sumar ahora el aumento acelerado de la morosidad. Los últimos datos aportados por el Banco de España esta misma semana sitúan los créditos de dudoso cobro en el 3,18%, lo que supone 56.444 millones de euros. La cifra es 3,5 veces superior a la que existía al comenzar el pasado año. Una consecuencia lógica de la crisis –con algunos síntomas de depresión– que nos invade desde principios de 2008, por mucho que algunos responsables políticos se hayan empeñado en esconderlo.
La morosidad tienen un impacto demoledor en el sistema financiero. Los bancos no sólo pierden el dinero que han prestado –aunque sea temporalmente y durante algunos años, hasta que ejecutan las garantías, si es que existen–, sino que dejan de ingresar los intereses que ese capital tendría que generar; y deben anotar, además, unas provisiones –digamos que ‘pérdidas provisionales’– equivalentes al importe de los créditos, al tiempo que dañan su equilibrio patrimonial y las necesidades de fondos propios. El ex consejero delegado del BBVA Pedro Luis Uriarte llegó a aventurar en alguna de sus comparecencias públicas el impacto real del problema: por cada euro de morosidad en la banca, se retiran de la circulación crediticia ocho euros.
Algunas estimaciones no oficiales sitúan la previsión de morosidad a finales de este ejercicio en algo más del doble de la actual: en torno a los 130.000 millones de euros. Si los cálculos que hacía el ex ejecutivo del Bilbao Vizcaya Argentaria hace años son rigurosos, ese ‘roto’ dejará fuera del circuito del crédito nacional algo más de medio millón de euros.
El año puede traer una oleada de fusiones
El margen de maniobra para las entidades del sistema financiero español es realmente estrecho. Salvo los grandes –BBVA y Santander–, que han podido aliviar, aunque sea parcialmente, sus necesidades de tesorería más acuciantes mediante una ampliación y una emisión de bonos, respectivamente, el resto está condenado a buscar soluciones corporativas.
«Hay que prepararse para un auténtico festival de fusiones de bancos y cajas de ahorros este año», asegura un experto en el sector. Los ‘matrimonios’ entre entidades débiles y otras más ‘fuertes’ van a ser, para muchas de ellas, la única de las opciones posibles para evitar el colapso. Hay quien asegura, incluso, que las pugnas políticas pueden dificultar estos procesos de concentración en el segmento de cajas de ahorros y que en algunos casos será inevitable la cirugía mayor: la intervención directa del Banco de España en los casos en que resulte ineludible. Las dificultades de las cajas para mejorar sus fondos propios son mucho mayores que en el caso de los bancos.
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