La misión de Unasur que ha investigado la matanza de 20 campesinos en el departamento boliviano de Pando ha concluido que fue un crimen de les humanidad que debe ser juzgado por la vía ordinaria y no por un régimen especial como pedía la oposición derechista.
La misión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que investigó la matanza de 20 campesinos en Bolivia en setiembre concluyó ayer que se cometió un «crimen de lesa humanidad» y recomendó que los responsables sean juzgados por la vía ordinaria.
El coordinador de la misión, Rodolfo Mattarollo, presentó un informe sobre las conclusiones ayer en el Palacio de Gobierno en La Paz.
El informe fue entregado al presidente de Bolivia, Evo Morales, y es fruto de una investigación que comenzó tras los violentos sucesos ocurridos en la región amazónica de Pando el 11 de setiembre durante una oleada de protestas de la oposición.
Mattarollo dijo que lo ocurrido en la localidad de Porvenir y lugares aledaños fue «una masacre y un crimen de lesa humanidad» que, a su juicio, debe ser juzgado por la vía ordinaria y no en un juicio especial de responsabilidades.
La misión expresó su convicción moral e intelectual de que el 11 de setiembre «se cometió una masacre en el sentido empleado para este término por la ONU».
Sostuvo que en la matanza «fueron víctimas fatales un número no definitivamente establecido de campesinos», aunque el dato global registrado es de 20 que «fueron asesinados».
Mattarollo dijo que «una violación de esta naturaleza» configura, desde el punto de vista del derecho penal internacional, «un crimen de lesa humanidad».
La comisión también destaca que dos funcionarios de la prefectura de Pando murieron por arma de fuego la mañana del 11 de setiembre, por lo que pide a las autoridades judiciales de Bolivia «su investigación exhaustiva y la sanción correspondiente».
Justicia ordinaria
Asimismo, la misión de Unasur concluye que lo ocurrido no son delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas, sino que son comunes «que deben ser juzgados por la Justicia ordinaria».
El Gobierno y la Fiscalía responsabilizaron de la masacre al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, de la oposición derechista, que se encuentra detenido desde setiembre en la cárcel de La Paz.
Los abogados de Fernández, que era uno de los líderes de la oposición derechista a Morales, han planteado que sea juzgado bajo un régimen especial por su condición de ex autoridad regional, una petición que respaldó una corte regional de Chuquisaca.
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Anónimo
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jueves, 04 diciembre, 2008
Aunque la entrega oficial tiene lugar este miércoles en el Palacio de Gobierno, la opinión pública y la comunidad internacional conocen ya que la comisión designada por el bloque regional para estudiar el caso ratificó que sí hubo una matanza y demandó justicia.
Según declaraciones del abogado argentino y jefe de las pesquisas, Rodolfo Mattarollo, resulta indudable la participación de autoridades locales como el ex prefecto y ahora detenido Leopoldo Fernández en el crimen de lesa humanidad sellado con saldo de 18 muertos y decenas de heridos y desaparecidos.
Junto al reclamo de acciones legales contra los involucrados, el investigador criticó la incapacidad de la justicia boliviana para procesar a autores de delitos.
Tales reproches coinciden con criterios de funcionarios del ejecutivo de este país andino, quienes denuncian la corrupción del poder judicial y su subordinación a la extrema derecha.
La comisión de Unasur, integrada por forenses, peritos en balística y otros expertos, visitó el lugar de los hechos (el pandino poblado de Porvenir) y entrevistó a víctimas, testigos e implicados en los mismos.
Por su parte, el vicecanciller Hugo Fernández adelantó a la prensa que el informe tendrá una duración de dos horas aproximadamente y el acto se realizará en al hall de Palacio Quemado, donde se prepara una pantalla gigante para exhibir imágenes de esos hechos y los testimonios.
De acuerdo con miembros del grupo multinacional ejecutor de las pesquisas, sus actuaciones fueron transparentes y únicamente comprometidas con la verdad.
Sectores radicales de la oposición fustigaron las investigaciones de Unasur por considerarlas parcializadas con el gobierno boliviano.
La comisión especial fue creada por la Declaración de la Moneda, de 15 de septiembre pasado, para investigar los trágicos hechos acaecidos en Pando, donde al menos 18 personas resultaron muertas, decenas heridas y desaparecidas.
Luego de varias semanas de trabajo, que incluyó visitas al lugar de los hechos, testimonios y la opinión de peritos, la Comisión elaboró un informe que contiene conclusiones y recomendaciones que serán puestas en conocimiento del presidente Morales este miércoles.
Anónimo
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domingo, 07 diciembre, 2008
La representante de ese organismo en La Paz, Yorico Yasukawa, aseguró al diario La Prensa que este documento, como el de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el del Defensor del Pueblo, contribuirá a las investigaciones de la justicia boliviana.
Yasukawa adelantó que el documento en preparación se basa en entrevistas a los actores, en el lugar de los hechos.
Explicó que los informes de la UNASUR y del Defensor del Pueblo muestran “hechos graves y aportan elementos valiosos a la investigación porque hablan de la pérdida de muchas vidas y violaciones masivas de derechos humanos”.
Sugirió que ese documento debe leerse con cuidado, porque se deben investigar muertes de niños, enterramientos clandestinos, gente desaparecida, torturas y otros hechos denunciados.
La funcionaria aguarda que el informe del Alto Comisionado también sea un aporte a la justicia boliviana para establecer responsabilidades y sancionar a los culpables.
Sobre el carácter de estos informes e investigaciones, dijo que no son penales y recalcó que esa labor es de la justicia.
Todo lo que cualquier organismo local o extranjero pueda aportar es sólo una referencia que deberá ser refrendada o rechazada tras los procesos que definen las leyes bolivianas, aclaró.
El gobierno boliviano acusa al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, ahora confinado en La Paz, de ser el principal responsable de la matanza de labriegos, como parte de un golpe de Estado civil.
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