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Argentina: Expropiación de Aerolíneas |
El Congreso argentino aprobó el miércoles la ley de expropiación de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, controladas por el grupo Marsans y gestionadas por el Estado desde el pasado mes de julio, cuando se firmó un acta acuerdo de traspaso de las acciones de las dos empresas. La iniciativa impulsada por legisladores oficialistas con el apoyo del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández, fue aprobada esta tarde por la Cámara de Senadores por 42 votos a favor y 21 en contra, después de que la Cámara de Diputados diese el visto bueno al dictamen el pasado mes de diciembre.
Se trata de la primera expropiación que lleva adelante el gobierno del matrimonio Kirchner, considerando el mandato del ex presidente Néstor Kirchner y de su esposa. Durante el mandato del ex presidente se estatalizaron el Correo y la empresa de agua potable, pero tras haber llegado a acuerdos con las empresas que tenían las concesiones.
Las dos compañías aéreas fueron vendidas a la española Iberia en 1990 durante la presidencia del peronista Carlos Menem, y Marsans las compró en 2001 por el precio simbólico de un dólar, mientras el Estado español hizo un aporte de capital de 750 millones de dólares para que funcionaran. Desde que Marsans cedió el timón de las dos empresas al Gobierno argentino, el Estado aportó más de 200 millones de dólares para garantizar el servicio de las dos compañías que controlan el 80% del mercado doméstico.
"Utilidad pública"
La ley aprobada hoy declara de "utilidad pública" a ambas empresas aéreas, garantizando su funcionamiento por parte del Estado que deberá "instrumentar los mecanismos necesarios" para cubrir las necesidades financieras" de Aerolíneas y Austral y garantizar la prestación de servicios. El texto de la ley dice además que la expropiación apunta a "garantizar la continuidad y la seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga", de las dos empresas y que tienen unos 9.000 empleados.
El senador Eric Calcagno defendió la intervención del Estado en el manejo de Aerolíneas Argentinas al sostener que la situación de esa empresa aérea en julio de 2008 tenía "un parecido terrible a la que vivió el país en diciembre del 2001", cuando se declaró la suspensión de pagos de la deuda externa argentina.
El titular de la comisión de Presupuesto, el senador oficialista Fabián Ríos, advirtió que "el 65% de la deuda (de Aerolíneas) es la que garantiza la continuidad del funcionamiento" de la empresa "por los intereses y los insumos que están comprometidos". La oposición rechazó la iniciativa porque proponía la expropiación de las dos compañías sin deudas o directamente que se declarara la quiebra y crear una compañía nueva. El senador radical Gerardo Morales dijo estar de acuerdo con la apropiación sólo de los activos de Aerolíneas, con la creación de una "nueva empresa".
El Gobierno de la presidenta Fernández y el grupo Marsans habían firmado un acta acuerdo para la venta de las acciones de las empresas al Estado, pero el proceso nunca llegó a buen término debido a la acuciada diferencia entre las evaluaciones del patrimonio de las empresas realizadas por los auditores de ambas partes.
Mientras el Tribunal de Tasación de la Nación estimó un precio negativo de 832 millones de dólares, Marsans sostuvo que las empresas tenía un valor de unos 400 millones de dólares, en base a un informe del banco privado Crédit Suisse, cuya tasación tuvo en cuenta el futuro flujo de fondos y el valor de la marca de la aerolínea de bandera.

Etiquetas: conocimiento, memoria, monopolios, multitud, politica.
La ley determina que el Estado nacional debe, a partir de ahora, "instrumentar los mecanismos necesarios" para cubrir las necesidades financieras" de Aerolíneas y Austral, y garantizar la prestación de servicios.
La decisión de expropiar a ambas empresas de transporte aéreo de pasajeros fue tomada por el Gobierno luego de que fracasó un acuerdo sobre el precio con el Grupo Marsans, poseedor de la mayoría accionaria de las aerolíneas.
Según el proyecto, la expropiación apunta a "garantizar la continuidad y la seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga".
En no más de seis meses un organismo designado por el gobierno deberá presentar un Plan Estratégico para el funcionamiento de las compañías en el mediano y largo plazo.
De acuerdo con la iniciativa, se autoriza al Ejecutivo a ceder a los trabajadores el diez por ciento de las acciones de las compañías.
El senador Eric Calcagno defendió la intervención del Estado en el manejo de Aerolíneas Argentinas al sostener que la situación de esa empresa aérea en julio de 2008 tenía "un parecido terrible a la que vivió el país en diciembre del 2001".
Calcagno detalló cómo en los últimos meses el Estado nacional fue reduciendo el déficit de Aerolíneas, y advirtió que el gobierno tuvo que salir a garantizar el servicio aéreo porque la empresa "dejó de pagar las tasas de seguridad y la nafta".
"Estamos hablando de un costo pero también estamos hablando de efectos benéficos", resaltó Calcagno, para quien "las deudas exigibles" de Aerolíneas "son sólo de 500 millones".
Calcagno afirmó que "no se está nacionalizando la deuda", sino que "se expropia una empresa con deudas, que serán saldadas con el propio giro de Aerolíneas".
Por su parte, el titular de la comisión de Presupuesto, Fabián Ríos, advirtió que "el 65 por ciento de la deuda (de Aerolíneas) es la que garantiza la continuidad del funcionamiento" la empresa "por los intereses y los insumos que están comprometidos".
"Si ese 65 por ciento no se garantiza esta aerolínea no vuela", insistió Ríos, para quien la inversión del Estado en Aerolíneas "no tiene por qué ser superavitaria" porque el servicio aéreo "no es rentable en ningún lugar del mundo".
En cambio, la oposición, que reclutó 21 votos en contra, renovó sus cuestionamientos a la iniciativa oficial en los puntos referidos de la deuda que el Estado deberá asumir a partir de la expropiación.
El radicalismo de la Cámara alta, representado por Gerardo Morales, apuntó contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por la firma del acta-acuerdo con Marsans, que comprometió al Estado a "comprar" Aerolíneas, lo que -dijo- derivará en un juicio futuro "multimillonario" del grupo español contra Argentina.
De acuerdo con el proyecto oficial, el gobierno estará obligado a presentarse en todas las causas penales en las que se investiguen delitos que los accionistas mayoritarios, los administradores o aún terceros hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de las empresas.
Morales dijo estar de acuerdo con la apropiación sólo de los activos de Aerolíneas, con la creación de una "nueva empresa" y con el inicio de acciones legales a través de la Procuración contra Marsans para "lograr el resarcimiento por los perjuicios causados" por el grupo español.
El peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá volvió a postular como solución decretar "la quiebra con continuidad de la empresa", de acuerdo con su dictamen de minoría que no recibió acompañamiento de otros senadores.
En octubre de 2001, Marsans recibió de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de España, una AA que generaba pérdidas y deudas por 900 millones de dólares y una fuerte disminución de su mercado.
En ese entonces, el grupo español, pagó un dólar por la empresa y recibió de SEPI 765 millones de dólares para la cancelación de deudas.
Según un informe del Tribunal de Tasaciones de Argentina, de los 24 aviones propios de Aerolíneas y Austral, solo tres están operativos y el resto es "chatarra o a recuperar con altos costos".
Las dos aéreas tienen otros 62 aviones bajo sistema de alquiler con opción a compra, 31 inoperables, pese a lo cual las compañías pagan mensualmente por ellos un alquiler improductivo de 2,3 millones de dólares.
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