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Arrestan a jefe de Interpol en México |
Un juez de México ordenó la detención del máximo representante de la agencia policial internacional en el país como parte de una investigación sobre presuntos vínculos de autoridades con los carteles de la droga locales.
Ricardo Gutiérrez Vargas fue puesto en arresto domiciliario, situación en la que puede permanecer hasta 40 días mientras se investigan las acusaciones que pesan sobre él.
La causa en su contra se habría originado en la información obtenida por los fiscales tras el arresto en enero pasado de Alfredo Beltrán Leyva, sindicado como uno de los líderes del cartel de Sinaloa.
La caída de Gutiérrez Vargas es la última de una serie de detenciones de integrantes de la Policía y la Justicia, activos y retirados, en conexión con la llamada "Operación Limpieza".
La ofensiva gubernamental busca identificar y separar a los funcionarios de quienes se sospecha mantienen relaciones con las poderosas organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan en el país.
Negocio lucrativo
Los investigadores estiman que los carteles podrían haber hecho pagos a funcionarios de hasta US$450.000 mensuales a cambio de información.
Debido a su posición como enlace entre la Interpol y las autoridades mexicanas, Gutiérrez Vargas tenía acceso directo a la base de datos sobre criminales y organizaciones ilegales de la organización policial internacional.
Aunque las cifras que se manejan para los sobornos puedan sonar desmesuradas, el tráfico ilegal de drogas en México es un negocio multimillonario.
Los carteles mexicanos controlan el lucrativo mercado interno y, aún más importante, el flujo de drogas a través de la frontera con Estados Unidos.
El vecino del norte es el principal consumidor de drogas ilegales en el mundo.

Etiquetas: conocimiento, mentiras, monopolios, multitud, politica, violencia.
El gran jurado emitió la acusación luego que el procurador del condado de Willacy, Juan Angel Guerra, lo convocara para evaluar las evidencias que tenia contra los funcionarios.
La acusación critica las inversiones de Cheney en la firma Vanguard Group, que mantiene intereses en compañías privadas operadoras de cárceles federales.
La imputación acusa a Cheney de conflicto de intereses y “de al menos, asaltos ofensivos” a reos que realizan labores para las compañías de prisiones.
El ex procurador Gonzales está acusado de utilizar su cargo, cuando estaba en funciones, para frenar una investigación de abuso en los centros de detención federal.
La acusación también nombra como responsables a la juez estatal Janet Leal, a la también juez estatal Migdalia López y al senador estatal Eddie Lucio Jr.
Además aparecen acusados, la compañía de manejo de prisiones, GEO Group (conocida antes como Wackenhut Corporation) y a los ex procuradores federales Mervyn Mosbacher, Gus Garza y Gilberto Lozano.
Todos ellos enfrentan una serie de cargos que incluyen abuso de poder público y obtención de utilidades al ejercer un cargo público.
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