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La pobreza alcanza el 20 por ciento |
Recogemos algunos datos sobre cómo afecta la crisis a la economía española. Una ojeada a algunos de los principales indicadores sociales muestra un cóctel explosivo marcado por unas altas tasas de pobreza y unas rentas salariales profundamente deterioradas.
progresivo despliegue de los efectos de la crisis se encuentra con una situación de alto riesgo social, heredada de los desequilibrios que ha provocado el fuerte crecimiento económico basado en una economía de burbuja. Las altas tasas de pobreza y unas rentas salariales profundamente deterioradas coexisten además con uno de los incrementos más elevados de Europa en el consumo familiar.
1 de cada 5 personas es pobre
España es, junto a Letonia, Grecia y Lituania, uno de los países de la UE que supera tasas de pobreza del 20%. Una de las grandes diferencias entre España y el resto de los países centrales de la UE es que las transferencias sociales (gasto social) apenas reducen la tasa de pobreza. La tasa de riesgo de pobreza ha crecido un punto desde 1995 frente a un crecimiento medio del PIB del 3% en el mismo período.
Aún más ataques al trabajo
Tradicionalmente los jubilados y los parados han sido los colectivos más sensibles a la pobreza. Pero uno de los efectos más visibles de la precariedad laboral, del estancamiento de los salarios reales y de la congelación del salario mínimo es el crecimiento de las tasas de pobreza entre los trabajadores. Son los llamados working poor. En España, un 10% de la fuerza de trabajo es técnicamente pobre. En un paso más en la degradación de los salarios, entre 2006 y 2007, los beneficios brutos y las rentas de capital crecieron un punto más que los salarios. Los salarios llevan perdiendo peso continuamente frente a los beneficios empresariales desde el año 2000.
Consumo y endeudamiento
A pesar de estos datos, el consumo de las familias creció un 92% entre 1995 y 2007. El consumo ha crecido más en este período que en Japón, Francia o Alemania. Después de años viviendo esta expansión del consumo, actualmente la deuda de las familias españolas supera en un 120% su renta disponible. Según la Encuesta Financiera de las Familias, en 2005 un 19,1% de los hogares con deudas superaba el umbral de riesgo estándar, fijado en una deuda tres veces superior a la renta disponible. Entre el 20% de la población con menores rentas, el 42,6% de los hogares con deudas superaba los umbrales de riesgo, mientras que entre el 10% de la población con mayores rentas este porcentaje se reduce hasta el 4%.
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Etiquetas: conocimiento, memoria, monopolios, multitud, politica.
Anónimo
Este índice refleja que el 14,3% de los desempleados inscritos en el Inem (375.046) tenían muy pocas posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, mientras que para el 29,4% (771.683 parados) las probabilidades eran bajas.
En general, las posibilidades de salir del paro son menores para las mujeres, los inmigrantes, los trabajadores de mayor edad, los que tienen menor nivel de estudios, los demandantes de más antigüedad y los perceptores de prestaciones, especialmente los que cobran ayudas asistenciales, subsidios para mayores de 52 años y la Renta Activa de Inserción (RAI).
Cuanto más amplio es el ámbito territorial de búsqueda de empleo, más probabilidades hay de encontrar un puesto de trabajo. Así, el ámbito geográfico de búsqueda, y la antigüedad de la demanda son factores fundamentales para determinar la ocupabilidad de los desempleados.
Analizando la confluencia de estos factores sobre los desempleados registrados en septiembre, se obtiene que el 43,7% tenían un grado de ocupabilidad bajo o muy bajo, en tanto que el 37,2% (978.715 desempleados) presentaban un nivel de ocupabilidad medio, y sólo el 19% (499.924) tenían un grado de ocupabilidad alto.
Por sexos, el 40,6% de los 1,2 millones de parados varones registrados en septiembre en las oficinas del Inem tenían pocas o muy pocas posibilidades de encontrar un empleo, porcentaje que repunta hasta el 46,3% en el caso de las mujeres, colectivo que concentra al 53,5% de los desempleados a nivel nacional.
Por edades, el grado de ocupabilidad es bajo o muy bajo entre el 61,5% de los desempleados mayores de 45 años, cifra que desciende hasta el 34,6% en la franja de 25 a 45 años y hasta el 31,4% en el caso de los menores de 25 años.
Por sectores, sólo el 19% de los parados de la construcción y de la agricultura tienen muchas posibilidades de salir del desempleo, porcentaje que alcanza el 20,1% en el caso de los servicios y que baja al 15,5% y al 12%, respectivamente, en la industria y el colectivo sin empleo anterior.
Cuatro de cada diez desempleados del sector de la construcción tienen pocas o muy pocas opciones de encontrar un nuevo empleo. Los sectores llamados a sustituir a la construcción, es decir, la industria y los servicios, no presentan mejores cifras. Más de la mitad de los desempleados de la industria presentan una ocupabilidad baja o muy baja, mientras que en los servicios la proporción es de cuatro de cada diez, muy similar a la de la construcción.
En el colectivo sin empleo anterior, más de la mitad de los desempleados tienen complicado o muy complicado abandonar el paro y en la agricultura el porcentaje de parados en esta situación se sitúa en el 41,6%.
Por comunidades autónomas, Navarra sigue presentando el porcentaje más alto de desempleados que tienen una alta ocupabilidad. En esta región, uno de cada tres parados es altamente ocupable, es decir, que tiene más posibilidades estadísticas de salir del desempleo.
Les siguen Madrid, Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana y Asturias, donde algo más de uno de cada cuatro desempleados tienen más probabilidades de abandonar las listas del Instituto Nacional de Empleo (Inem). En Baleares, la ocupabilidad es alta para uno de cada cinco parados.
En el resto de comunidades, el porcentaje de parados altamente ocupables ni siquiera alcanza el 20%. Las cifras más bajas corresponden a Aragón, Cataluña, Murcia y La Rioja, donde apenas uno de cada diez parados tienen muchas posibilidades de salir del desempleo.
En general, las posibilidades de salir del paro son menores para las mujeres, los inmigrantes, los trabajadores de mayor edad, los que tienen menor nivel de estudios, los demandantes de más antigüedad y los perceptores de prestaciones, especialmente los que cobran ayudas asistenciales, subsidios para mayores de 52 años y la Renta Activa de Inserción (RAI).
Cuanto más amplio es el ámbito territorial de búsqueda de empleo, más probabilidades hay de encontrar un puesto de trabajo. Así, el ámbito geográfico de búsqueda, y la antigüedad de la demanda son factores fundamentales para determinar la ocupabilidad de los desempleados.
Analizando la confluencia de estos factores sobre los desempleados registrados en septiembre, se obtiene que el 43,7% tenían un grado de ocupabilidad bajo o muy bajo, en tanto que el 37,2% (978.715 desempleados) presentaban un nivel de ocupabilidad medio, y sólo el 19% (499.924) tenían un grado de ocupabilidad alto.
Por sexos, el 40,6% de los 1,2 millones de parados varones registrados en septiembre en las oficinas del Inem tenían pocas o muy pocas posibilidades de encontrar un empleo, porcentaje que repunta hasta el 46,3% en el caso de las mujeres, colectivo que concentra al 53,5% de los desempleados a nivel nacional.
Por edades, el grado de ocupabilidad es bajo o muy bajo entre el 61,5% de los desempleados mayores de 45 años, cifra que desciende hasta el 34,6% en la franja de 25 a 45 años y hasta el 31,4% en el caso de los menores de 25 años.
Por sectores, sólo el 19% de los parados de la construcción y de la agricultura tienen muchas posibilidades de salir del desempleo, porcentaje que alcanza el 20,1% en el caso de los servicios y que baja al 15,5% y al 12%, respectivamente, en la industria y el colectivo sin empleo anterior.
Cuatro de cada diez desempleados del sector de la construcción tienen pocas o muy pocas opciones de encontrar un nuevo empleo. Los sectores llamados a sustituir a la construcción, es decir, la industria y los servicios, no presentan mejores cifras. Más de la mitad de los desempleados de la industria presentan una ocupabilidad baja o muy baja, mientras que en los servicios la proporción es de cuatro de cada diez, muy similar a la de la construcción.
En el colectivo sin empleo anterior, más de la mitad de los desempleados tienen complicado o muy complicado abandonar el paro y en la agricultura el porcentaje de parados en esta situación se sitúa en el 41,6%.
Por comunidades autónomas, Navarra sigue presentando el porcentaje más alto de desempleados que tienen una alta ocupabilidad. En esta región, uno de cada tres parados es altamente ocupable, es decir, que tiene más posibilidades estadísticas de salir del desempleo.
Les siguen Madrid, Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana y Asturias, donde algo más de uno de cada cuatro desempleados tienen más probabilidades de abandonar las listas del Instituto Nacional de Empleo (Inem). En Baleares, la ocupabilidad es alta para uno de cada cinco parados.
En el resto de comunidades, el porcentaje de parados altamente ocupables ni siquiera alcanza el 20%. Las cifras más bajas corresponden a Aragón, Cataluña, Murcia y La Rioja, donde apenas uno de cada diez parados tienen muchas posibilidades de salir del desempleo.
Anónimo
Se deduce entonces, que el objetivo de la CEOE es el de conseguir transferir riesgos de la actividad desde las empresas hacia los trabajadores para que las compañías puedan ajustar de forma económica sus plantillas y adaptarlas fácilmente a la coyuntura económica. Sin embargo, este traspaso perjudica a la parte más débil y tiene efectos perniciosos, no sólo sobre los trabajadores afectados, sino también sobre la economía y sobre la sociedad.
En primer lugar, es evidente que el aumento del desempleo provoca una disminución de los ingresos de las familias, por lo que éstas tienen que reducir su nivel de vida. Las consecuencias de este hecho no son sólo económicas, sino también sociales, y se agravan por el hecho de que el paro suele afectar con mayor intensidad a los sectores más débiles de la sociedad. En numerosas ocasiones, el pensamiento económico dominante cita a la inflación como el principal enemigo de las clases humildes, pero, si bien es cierto que el aumento de precios es especialmente negativo para las familias con menores ingresos, son mucho peores los efectos que tienen sobre ellos la falta de un empleo o la precariedad laboral.
El desempleo puede contribuir a empeorar la salud mental de las personas, aumentando los casos de depresión, ansiedad, adicción y trastorno adaptativo. También deteriora la autoestima del individuo, lo que a su vez dificulta las posibilidades de recolocación, y trastorna la vida familiar, especialmente si éste afecta al cabeza de familia, provocando generalmente un aumento de tensiones que tienden a deteriorarla y a aumentar los conflictos entre los miembros. Todos estos factores, junto con la importante pérdida de ingresos, aumentan el riesgo de exclusión social.
La precariedad laboral y, evidentemente, el desempleo también aumentan la angustia de los afectados e influyen en la determinación de su plan de vida y su planificación familiar. Los jóvenes deben postergar su edad de emancipación ante la imposibilidad de acceso a la vivienda y de creación de una unidad familiar con unos ingresos estables, asimismo provocan una disminución de la natalidad y retrasan la edad a la que se tienen los hijos.
Conviene escapar de la concepción del desempleo como una mera cifra estadística, ya que detrás del número existen unas realidades humanas; sin embargo, como ya he comentado anteriormente, los efectos del desempleo no sólo afectan al individuo y, para aquellos menos preocupados con los problemas sociales, también hay argumentos que demuestran que es nocivo para la economía.
Es indudable que se produce una reducción de la demanda por la pérdida de poder adquisitivo de las personas afectadas por el desempleo. Este descenso es más pronunciado en aquellos bienes que por su coste requieren una mayor planificación, posponiendo su compra a futuros tiempos mejores. La contracción de la demanda tiene efectos negativos sobre el PIB y provoca una especie de "efectos de segunda ronda" contribuyendo a un mayor aumento del desempleo.
El siguiente efecto es sobre los ingresos y gastos del Estado. Por un lado, el aumento del paro disminuye la recaudación de impuestos tanto directos como indirectos; los primeros como consecuencia de la reducción de los ingresos familiares que tributarán por cantidades inferiores en el impuesto de la renta (reduciéndose también las cotizaciones a la Seguridad Social) y los segundos por la reducción del consumo que disminuirá la recaudación por IVA y otras tasas. Pero los efectos nocivos no acaban aquí, ya que el Estado debe hacer frente al aumento de los pagos por prestaciones al desempleo por lo que dispone de menos recursos para dedicar a otras partidas de gasto.
Por último, el desempleo supone un despilfarro de recursos; tasas elevadas suponen una pésima optimización de los mismos. Siendo el factor humano uno de los factores que influyen en la producción, resulta totalmente antieconómico mantener un stock de capital humano sin uso tan elevado. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, mantener un porcentaje de capital sin utilizar y sin embargo para algunos parece ser que el factor humano tiene menos importancia.
Por tanto, la reducción del desempleo debería ser una de las prioridades de políticos y autoridades, pero no sólo esto, el descenso no debe basarse en una precarización que únicamente provoque una reducción de las diferencias entre tener trabajo y no tenerlo, lo que trasladaría los problemas citados a la población "ocupada", sino que debe basarse en la creación de un empleo con unos estándares mínimos de estabilidad y retribución.
En primer lugar, es evidente que el aumento del desempleo provoca una disminución de los ingresos de las familias, por lo que éstas tienen que reducir su nivel de vida. Las consecuencias de este hecho no son sólo económicas, sino también sociales, y se agravan por el hecho de que el paro suele afectar con mayor intensidad a los sectores más débiles de la sociedad. En numerosas ocasiones, el pensamiento económico dominante cita a la inflación como el principal enemigo de las clases humildes, pero, si bien es cierto que el aumento de precios es especialmente negativo para las familias con menores ingresos, son mucho peores los efectos que tienen sobre ellos la falta de un empleo o la precariedad laboral.
El desempleo puede contribuir a empeorar la salud mental de las personas, aumentando los casos de depresión, ansiedad, adicción y trastorno adaptativo. También deteriora la autoestima del individuo, lo que a su vez dificulta las posibilidades de recolocación, y trastorna la vida familiar, especialmente si éste afecta al cabeza de familia, provocando generalmente un aumento de tensiones que tienden a deteriorarla y a aumentar los conflictos entre los miembros. Todos estos factores, junto con la importante pérdida de ingresos, aumentan el riesgo de exclusión social.
La precariedad laboral y, evidentemente, el desempleo también aumentan la angustia de los afectados e influyen en la determinación de su plan de vida y su planificación familiar. Los jóvenes deben postergar su edad de emancipación ante la imposibilidad de acceso a la vivienda y de creación de una unidad familiar con unos ingresos estables, asimismo provocan una disminución de la natalidad y retrasan la edad a la que se tienen los hijos.
Conviene escapar de la concepción del desempleo como una mera cifra estadística, ya que detrás del número existen unas realidades humanas; sin embargo, como ya he comentado anteriormente, los efectos del desempleo no sólo afectan al individuo y, para aquellos menos preocupados con los problemas sociales, también hay argumentos que demuestran que es nocivo para la economía.
Es indudable que se produce una reducción de la demanda por la pérdida de poder adquisitivo de las personas afectadas por el desempleo. Este descenso es más pronunciado en aquellos bienes que por su coste requieren una mayor planificación, posponiendo su compra a futuros tiempos mejores. La contracción de la demanda tiene efectos negativos sobre el PIB y provoca una especie de "efectos de segunda ronda" contribuyendo a un mayor aumento del desempleo.
El siguiente efecto es sobre los ingresos y gastos del Estado. Por un lado, el aumento del paro disminuye la recaudación de impuestos tanto directos como indirectos; los primeros como consecuencia de la reducción de los ingresos familiares que tributarán por cantidades inferiores en el impuesto de la renta (reduciéndose también las cotizaciones a la Seguridad Social) y los segundos por la reducción del consumo que disminuirá la recaudación por IVA y otras tasas. Pero los efectos nocivos no acaban aquí, ya que el Estado debe hacer frente al aumento de los pagos por prestaciones al desempleo por lo que dispone de menos recursos para dedicar a otras partidas de gasto.
Por último, el desempleo supone un despilfarro de recursos; tasas elevadas suponen una pésima optimización de los mismos. Siendo el factor humano uno de los factores que influyen en la producción, resulta totalmente antieconómico mantener un stock de capital humano sin uso tan elevado. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, mantener un porcentaje de capital sin utilizar y sin embargo para algunos parece ser que el factor humano tiene menos importancia.
Por tanto, la reducción del desempleo debería ser una de las prioridades de políticos y autoridades, pero no sólo esto, el descenso no debe basarse en una precarización que únicamente provoque una reducción de las diferencias entre tener trabajo y no tenerlo, lo que trasladaría los problemas citados a la población "ocupada", sino que debe basarse en la creación de un empleo con unos estándares mínimos de estabilidad y retribución.
Anónimo
«Compré una buhardilla en Bilbo por 95.000 euros, pero la inmobiliaria me lo subió a 126.000 euros. Me aplicaron una comisión exorbitante», explica Alberto G. H., de origen colombiano. Tiene trabajo «más o menos estable», pero entre febrero y abril «no pagué las cuotas de 580 euros de las dos hipotecas, una de la vivienda y otra para rehabilitarla por su mal estado». Entre mayo y junio «quise ponerme al día, pero no me aceptaron en La Caixa» e iniciaron el embargo de su vivienda.
«Me dijeron que para levantar el embargo tendría que hacer un desembolso de la totalidad del préstamo. En vez de ayudar a uno a mejorar y poder cumplir, lo que hacen es acabar de hundirte», relata desesperado.
Ante su insistencia, le dijeron que refinanciarían la hipoteca. Sin embargo, «a la vez que me decían eso y mandaban un perito a mi casa, que me cobró otros 210 euros, me llegó una carta del juzgado con el proceso de embargo. No me dejan respirar. El más interesado en pagar es la persona. Uno no paga porque no puede, porque tengo voluntad de hacerlo», subraya.
Recuerda que «en esos tres meses estuve desesperado. No sabía qué hacer y todos los días me llegaba el aviso del banco». Se puso en contacto con la Unión de Propietarios de Viviendas Familiares Hipotecas con Intereses Impagables, de Madrid, y «me han aconsejado que acuda al juzgado para indicarles qué debo hacer para entrar en suspensión de pagos».
Esta asociación se formó hace poco más de dos meses a iniciativa de AESCO, una ONG que potencia la asociación entre los inmigrantes de América Latina en el Estado español. Tienen cuatro importantes reivindicaciones: la reducción de la cuota de los préstamos a cantidades pagables por el deudor; la creación de un fondo de garantía hipotecaria; el nombramiento de jueces de apoyo para cubrir la sobrecarga de trabajo que se va a producir con los procesos concursales en los que están metidos para «evitar la sangría de los bancos», y el rechazo a la expropiación especulativa de las viviendas de los afectados.
Muchas familias ya no pueden hacer frente a las cuotas de las hipotecas, por lo que decidieron unirse, tras conocer que una sentencia dictada en Cuenca permitía a una persona a entrar en suspensión de pagos, igual que lo hace una empresa por la ley concursal.
Se calcula que en el Estado español hay ya 180.000 familias con problemas graves y se espera que para final de año 120.000 afectados podrían declararse en suspensión de pagos, en quiebra, amparados en esa legislación.
Gustavo Fajardo es abogado y participa activamente en este proyecto, que en Madrid ha movilizado a unas 3.000 familias, y sabe del problema de unas 250 familias que viven en Euskal Herria porque se han interesado por la iniciativa debido a que tienen problemas para hacer frente a los pagos. En principio, la iniciativa partió de los inmigrantes, pero Fajardo afirma que un 60% de quienes participan ya en las diferentes plataformas son originarios del Estado español.
«Abandonados a su suerte»
«El problema es muy grave. Los necesitados de vivienda fueron abandonados por la Administración a su propia suerte, convirtiéndose así en sujetos pasivos de la voracidad de las constructoras, bancos y financieras, haciendo de la necesidad social el más jugoso de los negocios para el enriquecimiento fácil y rápido de los últimos tiempos».
Este abogado manifiesta que «la burbuja inmobiliaria estuvo ambientada por el descenso de los intereses del dinero, siendo llevados artificialmente a los extremos mínimos posibles. El negocio fue redondo: el banco o entidad financiera prestaba dinero a las constructoras, a los compradores de vivienda vieja y financiaba las operaciones de compraventa de vivienda nueva, ya que al haber financiado a los constructores tenía esa exclusividad. Las inmobiliarias cobraron a todos comisiones jugosas por la captación de clientes e, incluso, por estudios financieros que no realizaron», manifiesta.
Fajardo explica que, en un primer momento, la especulación ha sido mayor con los inmigrantes, porque «los originarios del Estado español cuentan con los avales familiares para llevar a cabo una hipoteca, pero los inmigrantes carecían de ahorros para cubrir los gastos de notario, tasas e impuestos, que les eran cargados en su totalidad contraviniendo la previsión justa del Código Civil, así como las jugosas comisiones de las inmobiliarias y los seguros de todo tipo que fueron impuestos colateralmente». De hecho, algunos afectados aseguran que «las viviendas les fueron sobrevaloradas hasta en un 40%».
Deudores encadenados
Para llevar adelante la operación, el asesor legal de AESCO explica que «los bancos y financieras ofertaron la compraventa de vivienda antigua a los inmigrantes, elevando las tasaciones a fin de que el préstamo hipotecario cubriese todos los gastos mencionados».
Otra irregularidad que detecta es que «como carecían de avales familiares solventes, las inmobiliarias recurrieron a la mala praxis de incitar a sus clientes insolventes a conseguir familiares o amigos como avales que, a su vez, necesitaban ser avalados o que estuviesen interesados en adquirir una vivienda en propiedad».
De esa manera, «se encadenó» a varios deudores hipotecarios, dándose el caso de que «una persona es avalada por tres hipotecados, siendo él, a su vez, avalistas de los mismos».
Es por ello que Fajardo subraya que «el encadenamiento hipotecario constituye un riesgo altísimo, ya que basta con que uno de los eslabones deje de pagar para que el banco, que tiene domiciliado el pago de todos los encadenados, cobre el impago metiendo la mano en las cuentas de sus avalistas solidarios que venían cumpliendo con el pago, con lo que se va encadenando la mora de manera sistemática».
El encarecimiento del precio del dinero y la aparición de la crisis económica son, a juicio de Gustavo Fajardo, «malas noticias para quienes se encuentran atrapados en los créditos hipotecarios».
De hecho, «en los tres últimos años las cuotas mensuales amortizatorias del préstamo hipotecario han sido impactadas con el incremento del 100% de la cuota que corresponde con los intereses».
Advierte sin reparos que «muchas familias están desbordadas y se encuentran en mora en el pago de sus obligaciones; otras, recurren a la tarjeta de crédito para completar la cuota hipote- caria y han prescindido, incluso, de la compra de alimentos básicos y sus hijos menores sufren la pobreza absoluta».
Francisco Javier Rois, presidente de AESCO, precisa a GARA que el miércoles tramitaron ante los juzgados madrileños 400 demandas de suspensión de pagos (ahora ley concursal), a través de «la justicia gratuita». «Nuestra campaña pretende extender esta situación al resto del Estado español para que se vea el problema», explica. «Si logramos que se extienda, podremos conseguir nuestras reivindicaciones, porque hasta la fecha ni el Ministerio español de la Vivienda, ni otros organismos oficiales están solucionando el grave problema».
«Sólo te mueres una vez»
El presidente de AESCO explica que se han producido desmanes tan importantes como que «a algunos hipotecados les han hecho firmar dos seguros de vida, cuando sólo te mueres una vez» o a gente que «le obligaban a hacerse también el seguro de paro, pero en la letra pequeña se le indicaba que se validaría con un contrato indefinido. La mayoría no tiene contratos fijos».
Erick Játiva, impulsor de la iniciativa a través de internet, recuerda que las entidades financieras se aprovecharon de la necesidad de la gente, porque «es cierto que nadie te puso una pistola en la sien, pero el estado de necesidad obligó a la gente a aceptar lo que había y todo se ha ido al carajo».
«El problema -subraya Játiva- lo tenemos nosotros, que tenemos que pagar no por el coste real de la vivienda, sino por el total del préstamo, que estuvo sobrevalorado en un 40% más de media».
«En Alemania e Italia apoyan mejor a los hipotecados»
Francisco Javier Rois, presidente de la ONG AESCO, señala que en Alemania e Italia tienen soluciones específicas a los problemas generados por la crisis. «En Italia una norma obliga a que ante una situación de crisis familiar, se renegocien los créditos con las cuotas de 2002» y en Alemania se permite que el hipotecado pueda devolver la vivienda o renegociar la hipoteca, pero «es el juez quien establece las condiciones del crédito para que los afectados puedan pagarlas».
Rois señala que, en el Estado español, es distinto porque «la realidad del crédito es mayor que el valor de la vivienda. Mucha gente paga «en negro» una parte importante. De hecho, uno de los afectados que nos han visitado tiene un expediente de la Agencia Tributaria por evasión de impuestos». Las constructoras, promotoras, inmobiliarias y entidades de crédito hicieron el negocio del siglo. En 2006, se iniciaron 920.199 viviendas «más que las de Francia, Alemania y Gran Bretaña juntas» y con una población inferior a la de esos tres estados. La especulación, sin duda, fue el elemento común y que trajo «maletas llenas de dinero para unos pocos». Elkartzen recordó ya hace más de un año que la solución a «la especulación y urbanismo salvaje» se encuentra en aplicar el alquiler social a las «255.263 viviendas infrautilizadas y vacías de Euskal Herria».
J. BASTERRA
Berlín podría ofrecer garantía estatal a todos los depósitos privados
El Gobierno de Angela Merkel dejó ayer entrever la posibilidad de que Alemania siga el ejemplo de Irlanda y ofrezca una garantía estatal a la totalidad de los depósitos privados ante la crisis del banco hipotecario Hypo Real Estate.
El portavoz del ministerio de Finanzas, Torsten Albig, señaló que la garantía estatal iría así mucho más allá de lo que ofrece el sistema estatal de garantías, pues ofrecería seguridad absoluta a los clientes privados. Sólo un día antes, Merkel mostró su pesar por la decisión de Irlanda, pero la escala de la crisis del Hypo Real Estate le obligó a cambiar de rumbo y poner el acento en tranquilizar a los ahorradores. «No permitiremos que la crisis de un instituto financiero ponga en peligro todo el sistema. Por eso estamos trabajando a toda presión para salvar al Hypo Real Estate», manifestó Merkel.
GARA
«Me dijeron que para levantar el embargo tendría que hacer un desembolso de la totalidad del préstamo. En vez de ayudar a uno a mejorar y poder cumplir, lo que hacen es acabar de hundirte», relata desesperado.
Ante su insistencia, le dijeron que refinanciarían la hipoteca. Sin embargo, «a la vez que me decían eso y mandaban un perito a mi casa, que me cobró otros 210 euros, me llegó una carta del juzgado con el proceso de embargo. No me dejan respirar. El más interesado en pagar es la persona. Uno no paga porque no puede, porque tengo voluntad de hacerlo», subraya.
Recuerda que «en esos tres meses estuve desesperado. No sabía qué hacer y todos los días me llegaba el aviso del banco». Se puso en contacto con la Unión de Propietarios de Viviendas Familiares Hipotecas con Intereses Impagables, de Madrid, y «me han aconsejado que acuda al juzgado para indicarles qué debo hacer para entrar en suspensión de pagos».
Esta asociación se formó hace poco más de dos meses a iniciativa de AESCO, una ONG que potencia la asociación entre los inmigrantes de América Latina en el Estado español. Tienen cuatro importantes reivindicaciones: la reducción de la cuota de los préstamos a cantidades pagables por el deudor; la creación de un fondo de garantía hipotecaria; el nombramiento de jueces de apoyo para cubrir la sobrecarga de trabajo que se va a producir con los procesos concursales en los que están metidos para «evitar la sangría de los bancos», y el rechazo a la expropiación especulativa de las viviendas de los afectados.
Muchas familias ya no pueden hacer frente a las cuotas de las hipotecas, por lo que decidieron unirse, tras conocer que una sentencia dictada en Cuenca permitía a una persona a entrar en suspensión de pagos, igual que lo hace una empresa por la ley concursal.
Se calcula que en el Estado español hay ya 180.000 familias con problemas graves y se espera que para final de año 120.000 afectados podrían declararse en suspensión de pagos, en quiebra, amparados en esa legislación.
Gustavo Fajardo es abogado y participa activamente en este proyecto, que en Madrid ha movilizado a unas 3.000 familias, y sabe del problema de unas 250 familias que viven en Euskal Herria porque se han interesado por la iniciativa debido a que tienen problemas para hacer frente a los pagos. En principio, la iniciativa partió de los inmigrantes, pero Fajardo afirma que un 60% de quienes participan ya en las diferentes plataformas son originarios del Estado español.
«Abandonados a su suerte»
«El problema es muy grave. Los necesitados de vivienda fueron abandonados por la Administración a su propia suerte, convirtiéndose así en sujetos pasivos de la voracidad de las constructoras, bancos y financieras, haciendo de la necesidad social el más jugoso de los negocios para el enriquecimiento fácil y rápido de los últimos tiempos».
Este abogado manifiesta que «la burbuja inmobiliaria estuvo ambientada por el descenso de los intereses del dinero, siendo llevados artificialmente a los extremos mínimos posibles. El negocio fue redondo: el banco o entidad financiera prestaba dinero a las constructoras, a los compradores de vivienda vieja y financiaba las operaciones de compraventa de vivienda nueva, ya que al haber financiado a los constructores tenía esa exclusividad. Las inmobiliarias cobraron a todos comisiones jugosas por la captación de clientes e, incluso, por estudios financieros que no realizaron», manifiesta.
Fajardo explica que, en un primer momento, la especulación ha sido mayor con los inmigrantes, porque «los originarios del Estado español cuentan con los avales familiares para llevar a cabo una hipoteca, pero los inmigrantes carecían de ahorros para cubrir los gastos de notario, tasas e impuestos, que les eran cargados en su totalidad contraviniendo la previsión justa del Código Civil, así como las jugosas comisiones de las inmobiliarias y los seguros de todo tipo que fueron impuestos colateralmente». De hecho, algunos afectados aseguran que «las viviendas les fueron sobrevaloradas hasta en un 40%».
Deudores encadenados
Para llevar adelante la operación, el asesor legal de AESCO explica que «los bancos y financieras ofertaron la compraventa de vivienda antigua a los inmigrantes, elevando las tasaciones a fin de que el préstamo hipotecario cubriese todos los gastos mencionados».
Otra irregularidad que detecta es que «como carecían de avales familiares solventes, las inmobiliarias recurrieron a la mala praxis de incitar a sus clientes insolventes a conseguir familiares o amigos como avales que, a su vez, necesitaban ser avalados o que estuviesen interesados en adquirir una vivienda en propiedad».
De esa manera, «se encadenó» a varios deudores hipotecarios, dándose el caso de que «una persona es avalada por tres hipotecados, siendo él, a su vez, avalistas de los mismos».
Es por ello que Fajardo subraya que «el encadenamiento hipotecario constituye un riesgo altísimo, ya que basta con que uno de los eslabones deje de pagar para que el banco, que tiene domiciliado el pago de todos los encadenados, cobre el impago metiendo la mano en las cuentas de sus avalistas solidarios que venían cumpliendo con el pago, con lo que se va encadenando la mora de manera sistemática».
El encarecimiento del precio del dinero y la aparición de la crisis económica son, a juicio de Gustavo Fajardo, «malas noticias para quienes se encuentran atrapados en los créditos hipotecarios».
De hecho, «en los tres últimos años las cuotas mensuales amortizatorias del préstamo hipotecario han sido impactadas con el incremento del 100% de la cuota que corresponde con los intereses».
Advierte sin reparos que «muchas familias están desbordadas y se encuentran en mora en el pago de sus obligaciones; otras, recurren a la tarjeta de crédito para completar la cuota hipote- caria y han prescindido, incluso, de la compra de alimentos básicos y sus hijos menores sufren la pobreza absoluta».
Francisco Javier Rois, presidente de AESCO, precisa a GARA que el miércoles tramitaron ante los juzgados madrileños 400 demandas de suspensión de pagos (ahora ley concursal), a través de «la justicia gratuita». «Nuestra campaña pretende extender esta situación al resto del Estado español para que se vea el problema», explica. «Si logramos que se extienda, podremos conseguir nuestras reivindicaciones, porque hasta la fecha ni el Ministerio español de la Vivienda, ni otros organismos oficiales están solucionando el grave problema».
«Sólo te mueres una vez»
El presidente de AESCO explica que se han producido desmanes tan importantes como que «a algunos hipotecados les han hecho firmar dos seguros de vida, cuando sólo te mueres una vez» o a gente que «le obligaban a hacerse también el seguro de paro, pero en la letra pequeña se le indicaba que se validaría con un contrato indefinido. La mayoría no tiene contratos fijos».
Erick Játiva, impulsor de la iniciativa a través de internet, recuerda que las entidades financieras se aprovecharon de la necesidad de la gente, porque «es cierto que nadie te puso una pistola en la sien, pero el estado de necesidad obligó a la gente a aceptar lo que había y todo se ha ido al carajo».
«El problema -subraya Játiva- lo tenemos nosotros, que tenemos que pagar no por el coste real de la vivienda, sino por el total del préstamo, que estuvo sobrevalorado en un 40% más de media».
«En Alemania e Italia apoyan mejor a los hipotecados»
Francisco Javier Rois, presidente de la ONG AESCO, señala que en Alemania e Italia tienen soluciones específicas a los problemas generados por la crisis. «En Italia una norma obliga a que ante una situación de crisis familiar, se renegocien los créditos con las cuotas de 2002» y en Alemania se permite que el hipotecado pueda devolver la vivienda o renegociar la hipoteca, pero «es el juez quien establece las condiciones del crédito para que los afectados puedan pagarlas».
Rois señala que, en el Estado español, es distinto porque «la realidad del crédito es mayor que el valor de la vivienda. Mucha gente paga «en negro» una parte importante. De hecho, uno de los afectados que nos han visitado tiene un expediente de la Agencia Tributaria por evasión de impuestos». Las constructoras, promotoras, inmobiliarias y entidades de crédito hicieron el negocio del siglo. En 2006, se iniciaron 920.199 viviendas «más que las de Francia, Alemania y Gran Bretaña juntas» y con una población inferior a la de esos tres estados. La especulación, sin duda, fue el elemento común y que trajo «maletas llenas de dinero para unos pocos». Elkartzen recordó ya hace más de un año que la solución a «la especulación y urbanismo salvaje» se encuentra en aplicar el alquiler social a las «255.263 viviendas infrautilizadas y vacías de Euskal Herria».
J. BASTERRA
Berlín podría ofrecer garantía estatal a todos los depósitos privados
El Gobierno de Angela Merkel dejó ayer entrever la posibilidad de que Alemania siga el ejemplo de Irlanda y ofrezca una garantía estatal a la totalidad de los depósitos privados ante la crisis del banco hipotecario Hypo Real Estate.
El portavoz del ministerio de Finanzas, Torsten Albig, señaló que la garantía estatal iría así mucho más allá de lo que ofrece el sistema estatal de garantías, pues ofrecería seguridad absoluta a los clientes privados. Sólo un día antes, Merkel mostró su pesar por la decisión de Irlanda, pero la escala de la crisis del Hypo Real Estate le obligó a cambiar de rumbo y poner el acento en tranquilizar a los ahorradores. «No permitiremos que la crisis de un instituto financiero ponga en peligro todo el sistema. Por eso estamos trabajando a toda presión para salvar al Hypo Real Estate», manifestó Merkel.
GARA
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