Wonder News: Delito de inmigración

Europa insiste en sus metas de fortalecimiento interno, autodefensa y agresividad económica, pese a la frustración de no haber aprobado la "Constitución Europea" vía plebiscito y a pesar de los recientes obstáculos para la aprobación del Tratado de Lisboa. En plena crisis económica mundial, atribuye la responsabilidad a los bancos, al sistema financiero internacional y también a los inmigrantes.

El tema de la inmigración deja de ser polémico para los representantes europeos que, en consenso, aprueban políticas y principios de endurecimiento a la inmigración alegando motivos humanitarios y económicos. Curiosamente la población europea creció 0,48% en 2007, llegando a 497,5 millones de habitantes y cuatro quintos de este crecimiento se debe a los inmigrantes. Europa recupera su déficit poblacional y se proyecta al futuro gracias a esta población que, irónicamente, recibe la factura por la crisis.

La llamada "Directiva del Retorno", aprobada en el primer semestre de este año, se revela como una verdadera ley de expulsión de los inmigrantes, violando derechos fundamentales consagrados en pactos internacionales y contrariando los avances en materia de derechos humanos dentro del sistema europeo. También llamada Directiva de la Deportación o de la Vergüenza , la normativa establece, en última instancia, la criminalización de la inmigración y genera indignación y rechazo por parte de los gobernantes latinoamericanos y africanos.

Como medidas complementarias e igualmente xenófobas, ese jueves 25 de septiembre, el Consejo de Ministros de la Unión Europea (EU) aprobó formalmente el Pacto Europeo de Inmigración, tomando como referencia la política sobre inmigración desarrollada por Nicolas Sarkozy en Francia y que tiene como slogan "endurecer la lucha contra a inmigración ilegal y promover la inmigración legal". El documento todavía precisa ser ratificado en la Cúpula de líderes de la EU el 15 y 16 de octubre.

El texto final del Pacto posee cinco ejes principales:

1) la necesidad de organizar la inmigración legal de acuerdo con las prioridades y necesidades de Europa;

2) el combate a la inmigración irregular y la expulsión de los irregulares (según el Consejo, mas de ocho millones de personas);

3) el fortalecimiento del control de las fronteras;

4) la construcción de un sistema de asilo equilibrado entre los países del bloque;

5) y el aumento de colaboración global para con los países de origen.

Cada Estado-miembro deberá tomar en cuenta al resto del bloque al aprobar sus políticas en este tema y cada regularización deberá ser hecha caso por caso (ejemplifican con los matrimonios de conveniencia), evitando decisiones generales en el marco de las legislaciones nacionales.

Para atender el criterio de prioridad y necesidad de Europa, los ministros de Trabajo y del Interior de la EU ultimaron un acuerdo para crear el blue card, un instrumento que selecciona inmigrantes de alta calificación a semejanza del green card estadounidense. Los requisitos para la obtención del blue card incluyen cinco años de experiencia profesional, exigencia de un diploma o título equivalente y la necesidad de contratación con un salario mínimo superior en 1,5 veces al salario medio del país receptor, lo que en el caso de España excede los 33.000 euros brutos anuales. La condición de inmigración calificada será válida por un período de uno a cuatro anos y los titulares tendrán prácticamente los mismos derechos que los trabajadores europeos.

Las puertas de Europa seguirán abiertas para los "calificados", pero los ilegales serán perseguidos como criminales que amenazan el crecimiento equilibrado del continente. Al inicio del 2012 serán implantadas las visas con información biométrica y el registro electrónico de entradas y salidas, instrumentos que comprobarán la estadía ilegal y servirán para ordenar los procesos de detención de personas por "crimen de inmigración".

Las medidas dejan de ser un enunciado de principios y objetivan criterios que pasarán a tener validez en pocos años, trayendo consecuencias inéditas no solo para los inmigrantes irregulares, que serán expulsados, sino también para la relación de política externa de Europa con el resto del mundo, dando oportunidad, naturalmente, a que se aplique el principio de la reciprocidad.

Publicado por Pause

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Anónimo

► lunes, 06 octubre, 2008

La recién aprobada Directiva de Retorno, inmediatamente apodada “de la Vergüenza”, autoriza, entre otras medidas, la detención de los inmigrantes en situación administrativa irregular (incluyendo a los menores) por un plazo de hasta 18 meses, en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), centros de detención diseminados por todo el territorio europeo. Apenas unos meses antes, el mismo Parlamento Europeo publicaba un Informe sobre las condiciones de los CIE en Europa, cuyas conclusiones y recomendaciones chocan frontalmente con las medidas previstas en la Directiva.

El informe, elaborado tras una visita directa a diferentes centros de 25 de los Estados de la Unión Europea con el apoyo de diferentes asociaciones locales de defensa de los derechos humanos, cuenta con unas 250 entrevistas personales entre inmigrantes “detenidos” y personal que trabaja en los mismos. Es hasta ahora una de las radiografías más completas de las condiciones de detención de los inmigrantes y demandantes de asilo en la UE. En términos generales, aparte de recordar la “peculiaridad” jurídico-administrativa del encierro de personas que no han cometido ningún delito sino una infracción administrativa (no tener la documentación en regla), el panorama que esboza la investigación es simplemente abrumador: la mayoría de los centros son instalaciones “recicladas” para la detención de inmigrantes, cuyas condiciones no han sido adaptadas para el alojamiento de personas, o módulos de cárceles (el caso de Irlanda) o de comisarías de policía en las cuales tienen que convivir con personas condenadas penalmente. El informe subraya también la “inhumanidad” de alguna situaciones extremas (barracones en Italia y plataformas flotantes en Holanda); las condiciones higiénico-sanitarias son generalmente consideradas “decentes”, aunque en la mayoría de los países de la frontera sur los términos empleados son “inhumanos y degradantes” (Estado español, Italia, Grecia, Chipre y Malta).

El régimen interno aplicado a los inmigrantes y demandantes de asilo se parece, en la gran mayoría de los centros, al adoptado por las instituciones penitenciarias, o sea confinamiento en pequeñas celdas, reglamentación rígida de las actividades de ocio y de disfrute de los espacios libres, restricción de contactos con el exterior, celdas de aislamiento utilizadas de manera arbitraria por el personal del centro (casos francés y español) con la ‘pequeña’ diferencia que en este caso no se trata de personas condenadas a penas de reclusión.

El informe resalta el agravante de que este tipo de encierro comporta un deterioro del estado físico y mental parecidos a el de los condenados a penas privativas de la libertad. Deterioro que, subrayan los investigadores, se agrava cuanto más tiempo la persona pasa en estos centros y cuanto más se le dificulta el contacto con asociaciones que le puedan proporcionar un apoyo que no encuentra en el interior del centro. Asimismo, se señala la falta de información y asesoramiento de tipo legal, dificultado por los escasos contactos permitidos con el exterior y por la falta de preparación adecuada del personal del centro, lo que aumenta la sensación de precariedad y de pérdida de control sobre su propia vida. Esto lleva, como en un círculo vicioso, a un posterior deterioro de las condiciones de la persona encerrada, aún más preocupante si se tiene en cuenta que la asistencia de tipo sanitario y psicológico resulta sumamente escasa (cuando no prácticamente inexistente, como en los centros de la frontera este de la UE).

La investigación subraya las condiciones todavía más extremas de determinados colectivos especialmente vulnerables como los menores y las mujeres embarazadas o con niños pequeños.

Finalmente, el informe recoge recomendaciones para la UE y sus estados miembros: aplicación de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, prioridad de la atención medica sobre los controles de tipo policial, prohibición del internamiento de menores, posibilidad de acceso para las asociaciones civiles, posibilidad de una asistencia legal y de intérpretes y, sobre todo, una reducción de los tiempos de retención, para evitar el deterioro de personas que, siempre según el informe, tendrían que ser consideradas “potencialmente vulnerables”. En resumen, lo contrario de lo que prevé la Directiva de la Vergüenza.

Anónimo

► martes, 07 octubre, 2008