Tras una semana cargada de ilegalizaciones por parte de los tribunales españoles -horas después de su comparecencia se consumaba la de EHAK-, la izquierda abertzale ha convocado a la ciudadanía vasca para que este fin de semana salga a la calle y dé una respuesta acorde a la dimensión de las agresiones. Matizó que si bien es este sector el que las padece en carne propia, lo que está en juego es la pervivencia de Euskal Herria como sujeto y el cambio político pendiente.
"El vergonzoso guión del PSOE se está cumpliendo a rajatabla". Con esta introducción arrancó ayer por la tarde la comparecencia en la que participó una masiva representación de la izquierda independentista. La elección del lugar, ante el Ayuntamiento de Usurbil, no fue casual. Explicaron que lo escogieron como símbolo de que la determinación y el compromiso de la izquierda abertzale para continuar luchando y trabajando en todos los ámbitos, incluido el frente institucional, en pro de los derechos de Euskal Herria y por la consecución de un marco democrático sigue vigente y con más prioridad que nunca.
Mariné Pueyo e Itziar Lopategi, que ejercieron como portavoces de la nutrida representación independentista, realizaron un somero repaso de las últimas actuaciones represivas de la mano del Gobierno de Madrid y de "la policía del PNV".
Dos proyectos enfrentados
Aunque la lista era extensa, se limitaron a citarlos porque entienden que en el fondo ese cúmulo de ataques persigue un mismo objetivo: no son ya los organismos y asociaciones objeto de ataques e ilegalizaciones, sino el conjunto del único proyecto político que, a su parecer, defiende y construye el país.
"El PSOE quiere acabar con el proyecto independentista y socialista que la izquierda abertzale quiere para Euskal Herria. Y hoy es más evidente que nunca que en este país hay dos proyectos enfrentados: el que defiende los derechos de Euskal Herria y el de los proyectos constitucionales del Estado español y francés". Acto seguido, añadieron que lo único que éstos han ofertado ha sido más partición, más negación y más imposición para este país.
A tenor del escenario político, Lopategi y Pueyo censuraron que todo aquél que plante cara al statu quo está condenado a la cárcel, a ser objeto de torturas y a ser ilegalizado. Así las cosas, concluyen que el Estado español siguen sin instalar la democracia y sin abandonar el régimen franquista que, según la izquierda abertzale, sigue llevando las riendas en Madrid. "El PSOE no tiene escrúpulos para alinearse con esos fascistas y encarcelar a los que lucharon contra Franco. Quieren convertir las cárceles en unos campos de concentración para los independentistas", denunciaron con dureza.
La izquierda abertzale entiende que el objetivo estratégico que persigue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su empeño de "aniquilar" el independentismo vasco responde a razones de Estado y pasa por quitar del tablero político al motor para un cambio en coordenadas democráticas. Le acusaron de querer imponer así un marco en el que Euskal Herria esté diluída y eliminada dentro del único sujeto, que sería el Estado español. Y es por eso que alertaron a la sociedad vasca que de que lo que está en juego es la propia Euskal Herria.
Ante la pretensión de Madrid de "imponer un nuevo ciclo de opresión", la izquierda abertzale oferta la única receta que cree que puede invertir la ecuación: trabajar y luchar en la construcción nacional de Euskal Herria y en defensa de sus derechos.
Receta: más trabajo y más lucha
Pueyo y Lopategi afirmaron que precisamente mediante esa lucha se ha conseguido "quitar la careta de la España fascista". Pero no sólo eso. También recordaron que el marco autonómico que gestiona el PNV en las últimas tres décadas perseguía el único fin de "asimilar a Euskal Herria". Y denunciaron que a fecha de hoy queda más patente que nunca que ese proyecto autonomista "hace perdurar el conflicto y posibilita imponer el estado de excepción que vive Euskal Herria".
Afirmaron, además, que todo ello es posible gracias a que "el PNV solo ha ejercido como mero gestor de España en los últimos 30 años" y a que, según se desprende de las últimas declaraciones de su presidente, Iñigo Urkullu, pretenden seguir siendo "fieles a España" y, a cambio de "más negocio y poltronas", atacar a la izquierda abertzale.
La conclusión que extraen de este contexto represivo es que la única alternativa para que Euskal Herria sobreviva y sus ciudadanos puedan ser dueños de su futuro es la evidencia de que urge más que nunca la consecución de un estado independiente.
Por ello, la izquierda abertzale redobló su compromiso para "superar los topes constitucionales" y fijó, de nuevo, como objetivo prioritario, alcanzar un marco democrático para el país que permita algún día llegar a la independencia.
Fin de semana
La izquierda abertzale ha convocado a la ciudadanía vasca para que en todos los pueblos del país se dé una respuesta "acorde con los ataques sufridos" durante este fin de semana y en los días posteriores.
Decenas de convocatorias hoy tras las protestas de estos días
La sentencia contra el movimiento pro- amnistía, así como la ilegalización de EHAK y ANV, siguen suscitando protestas. Ayer fueron numerosos los ciudadanos que salieron a la calle para denunciar la situación de "excepción" que padece Euskal Herria, y que en estos últimos días se ha convertido en una oleada represiva.
Por citar algunos ejemplos, en el barrio iruindarra de Iturrama se concentraron por la mañana y por la tarde; 40 y 30 personas, respectivamente, lo hicieron en denuncia del fallo contra el movimiento pro-amnistía, pero de manera especial por su vecino Alex Belasko; en Arrosadia fueron 19, y 50 en la Txantrea y en Donibane. En Etxarri Aranatz se manifestaron 25; un centenar lo hicieron en las calles de Bilbo y 250 en Portugalete. En Berango 68 personas se manifestaron y cortaron la carretera.
Tras estas protestas puntuales, hoy se ha convocado un sinfín de protestas en pueblos y barrios. En Zaldibia, por ejemplo, comparecieron ante la prensa para animar a la ciudadanía a que participe en la movilización que se llevara a cabo hoy en Ordizia. Al igual que en Goierri, en Pasai Antxo, en Elizondo, en Lesaka, en Irun, en Bilbo, en Gasteiz o en Donostia, habrá movilizaciones en la tarde-noche.
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Anónimo
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viernes, 19 septiembre, 2008
Los «hechos probados» de la de ayer comienzan así: «En torno al año 1952, surgió el movimiento abertzale de carácter aconfesional y progresista que dio lugar a la Organización EGI, cuya mayoría de militancia creó en el año 1958 la Organización ETA, que se define a sí misma como un `movimiento socialista vasco de liberación que lucha por una Euskadi, socialista, independiente, reunificada y euskaldun'; partía de la necesidad de la lucha armada para alcanzar esa liberación, consistente en la construcción de un Estado Vasco independiente de España y Francia, cuyo territorio abarcaría a la actual Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Navarra y el Departamento Administrativo Francés de los Pirineos Atlánticos, y para su consecución se persigue la subversión frente a España, provocando graves alteraciones de la paz pública a través de los ataques a la vida y al patrimonio, en ese afán de destruir el marco constitucional, que rechaza por ser el obstáculo a las ideas soberanistas».
Cualquier historiador pondría varias pegas a este primer párrafo, partiendo de la necesidad de que alguien explique cuál era el «marco constitucional» en 1958.
Lo malo es que en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo no son los historiadores quienes certifican la historia, sino los llamados «peritos», policías o guardias civiles, cuyo mérito académico, según puede leerse en la sentencia, es «la experiencia acumulada a lo largo de más de quince años sobre ETA y las organizaciones que se mueven a su alrededor».
En base a esta experiencia, e interrelacionando, por ejemplo, un documento sobre «los arrepentidos» fechado en abril de 1994 y hallado en poder de un militante de ETA y una declaración pública sobre el mismo tema de Juan Mari Olano hecha en 1986 -es decir, ocho años antes- se establecen conexiones que conducen a convicciones que se transforman en verdades indiscutibles para acabar convirtiéndose en condenas de varios años de cárcel.
Ciento setenta y seis folios de sentencia demuestran que el Tribunal no tiene muchos más conocimientos de la historia y de la realidad vasca que la que le han proporcionado esos peritos. Y, en base a ello, establecen que Gestoras pro-Amnistía -en realidad, toda la izquierda abertzale y quién sabe si en adelante cualquier formación «soberanista»- es un brazo de ETA que busca «el derrocamiento de España en el territorio del País Vasco».
Fijado esto, ya no hace falta nada más.
No figura en las sentencia ninguna actuación concreta atribuible a Gestoras pro-Amnistía o Askatasuna que en sí misma sea calificada de delito, más allá de la genérica de ser una organización terrorista.
No hay armas, ni coordinación de la kale borroka.
No se habla de enaltecimiento del terrorismo, o de haber trasladado o escondido a militantes de ETA.
Ni siquiera de convocar manifestaciones ilegales.
Se acusa a Gestoras pro-Amnistía de mantener la cohesión del colectivo de presos, de denunciar la represión, incluso internacionalmente, la tortura y de exigir la retirada de las FSE.
Nada de eso contraviene ningún artículo del Código Penal.
Por lo tanto, la Audiencia Nacional recurre a la juris-prudencia que ha ido ampliando con los años el sentido estricto del concepto de «organización terrorista» para acomodarlo a las necesidades políticas del momento.
De esta forma, sentencia a sentencia, una organización armada ha pasado de ser una organización con armas a cualquier organización que hable de «territorialidad», «presos políticos vascos», «tortura», «alde hemendik». Hasta el punto de que el hecho de que los imputados mencionaran este tipo de cosas en el propio juicio es introducido en la sentencia como un elemento tan determinante para su condena como el reconocimiento de su pertenencia a Gestoras.
Porque otro de los elementos a tener en cuenta de ésta y otras sentencias similares es que no se acredita que ninguno de los condenados haya cometido individualmente ninguna acción delictiva.
Su mera pertenencia a Gestoras es lo que les condena a ocho o diez años de cárcel.
Dice el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que la sentencia confirma «lo que todos sabíamos», «que todo es ETA». Más bien habría de decir que la sentencia pone sello judicial a los informes que el Ministerio de Interior comenzó a remitir a la Audiencia Nacional en los tiempos de Jaime Mayor Oreja y con los que Baltasar Garzón hizo «copiar y pegar» para construir sus primeros autos del 18/98, y que se han ido rehabilitando y adornando en posteriores sumarios.
La sentencia es el certificado de la inexistencia de la separación de poderes.
Los informes de los policías que investigan y detienen son confirmados o convenientemente interpretados por «peritos», que en realidad no son expertos independientes sino los mismos policías, y con ellos se determinan las acusaciones. Luego, a los jueces ya sólo les corresponde fijar la pena a cumplir por cada uno de los condenados.
Anónimo
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viernes, 19 septiembre, 2008
La portavoz de Ezker Abertzalea, Nekane Erauskin, ha dicho que la ilegalización es una "decisión del PSOE, muy grave. Si antes teníamos claro que era una decisión política, ahora más, aunque se ha dado a conocer por medio de los jueces; el Gobierno del PSOE ha dicho claramente que aquel que no respete sus reglas de juego y no acepte la Constitución va a ser ilegalizado".
Con la ilegalización, ha agregado, "se conculcan los derechos civiles y políticos de miles de personas" que les votaron.
Su intención es recurrir la sentencia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, aunque antes sus abogados examinarán la sentencia del Supremo.
Los parlamentarios seguirán haciendo su trabajo en la Cámara de Gasteiz "como hasta ahora". En ese sentido, ante la previsible orden del TS al Parlamento de Gasteiz para que disuelva su grupo y queden como diputados individuales, Erauskin ha defendido su derecho a tener grupo propio. "Estamos aquí porque 150.000 personas depositaron su confianza cn su voto en nosotras".
"Si el Supremo da esa orden esperamos que la Mesa del Parlamento, en la que el tripartito PNV, EA, EB tiene mayoría, si está en contra de la Ley de Partidos como dice y en contra de las ilegalizaciones, esperamos que defienda que tenemos derecho a continuar como grupo parlamentario", ha insistido.
"Siempre ha defendido (el tripartito) que este Parlamento es soberano a la hora de tomar sus decisiones, así que pensamos que tienen que defender nuestro derecho a seguir teniendo grupo parlamentario propio", ha concluido.
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