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Del Ubérrimo a la Casa de Narquiño |
Si se hiciera una encuesta sobre Uribe en las barriadas de Barrancabermejao en las veredas del Río Cimitarra donde han sido asesinados 15 campesinos por el ejército, su popularidad sería cero.
Últimamente vemos un desfile de asombrados columnistas y políticos colombianos manifestando, con cierto cinismo, su indignación, en notas de prensa y artículos de opinión, sobre las visitas de jefes de escuadrones de la muerte y narcotraficantes a la Casa de Nariño, la sede presidencial, o a Palacio como la llaman cariñosamente sus usufructuarios. Como si de repente se hubieran dado cuenta de que estaban en un país diferente del que sale por la tele y en el lugar equivocado.
Esos mismos indignados no habían dicho nada, incluso, durante la visita de los jefes paramilitares y narcotraficantes al Congreso de la República para exponer las claves de su supuesta desmovilización antes sus colegas, los legisladores comprometidos con el descuartizamiento de seres humanos, o como alguien los denominó en el Magdalena Medio, los senadores de la "motosierra".
Los neo-indignados señalan a Uribe de estar relacionado con las mafias de matones y narcotraficantes, de tratar de usarlos para desprestigiar a la Corte y a ellos mismos, de presionarlos para que no delaten a los asesinos camuflados detrás de funcionarías públicas y cargos militares. Como lo demuestran las recientes órdenes de captura contra los mandos militares y policiales que se asociaron con el cartel mafioso del Norte del Valle y políticos del Valle del Cauca para asesinar de manera macabra a decenas de pobladores de Trujillo.
Paradójicamente, mientras algunos políticos de derecha se sacuden del caballista del Ubérrimo, como se llama el latifundio del presidente, ante su inminente crisis y ocaso; otros desde la "izquierda", a los que denominaremos los conversos y los calcetos, se aprovechan de su sombra con tal de hacer política de opinión en los medios de comunicación de sus posibles sepultureros, todo con tal de saciar su ambición de llegar a la Casa de Narquiño, a como dé lugar y sin cambiar las cosas.
Algunos en Colombia tienden a hablar del "fenómeno Uribe", por aquello de su incombustible alto nivel de popularidad. Su asesor de cabecera, José Obdulio Gaviria, primo hermano del narcotraficante Pablo Escobar, llegó a decir que su capo gozaba de una cierta "inteligencia superior" que lo hace diferente del resto de los mortales. Aquí hay que decir que si se hiciera una encuesta sobre Uribe en las barriadas populares de Barrancabermeja, azotadas por los escuadrones de la muerte de la mafia o en las veredas de la Zona Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra donde han sido asesinados 15 campesinos por el ejército durante su mandato, su popularidad tendería a cero.
Uribe es claro resultado de un proceso histórico, acumulativo del ejercicio del poder por parte de la oligarquía en Colombia, caracterizado por el uso de la violencia contra el opositor político, la precariedad del proyecto nacional y la corrupción. Terratenientes, esclavistas, propietarios de plantaciones, ganaderos, negociantes del saqueo de nuestros recursos naturales y después narcotraficantes, se convirtieron de tiempo atrás en los dirigentes políticos del país. Con Bolívar durante un atentado en Bogotá y con Antonio José de Sucre, asesinado en Berruecos, se ensayó el modelo criminal de hacer política, que perdura hasta nuestros días. La ausencia de un proyecto moderno impidió la conformación de una burguesía nacional. Las bonanzas del contrabando, de la marihuana, de la cocaína y de los contratos millonarios con las multinacionales se encargaron de hacer el resto y el país se desbarrancó por la oscura noche en la que nos encontramos.
Uribe no podía ser otro, representa esa mezcla de vaquero gángster con título universitario, Juanito Alimaña y Santander (el que atentó contra Simón) que engloba a la élite del poder en Colombia. Un personaje que ha tenido la enorme capacidad de fabricarle una realidad mediática a un país idiotizado entre la muerte y la supervivencia cotidiana mientras consolidaba un estado mafioso. Un personaje que tendrá que ser llevado a la justicia durante la transición democrática que inevitablemente llegará a nuestro país, ojalá antes de que sus propios compinches lo llamen a rendir cuentas.
Etiquetas: conocimiento, medios, mentiras, multitud, politica, violencia.
Según las ONG, que citan informes judiciales y policiales, el Estado es responsable directa o indirectamente en 75% de los casos en los que el autor fue identificado. En 24,5% de las muertes la responsabilidad recae sobre la guerrilla.
En seis de cada diez casos la responsabilidad del Estado está relacionada con la "tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por los paramilitares" de extrema derecha, añaden las organizaciones no gubermentales.
"Han aumentado dramáticamente los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y el desplazamiento forzado", sostiene el documento firmado por más de un millar de organizaciones agrupadas en la Alianza de Organizaciones Sociales, la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos.
En diciembre, el Consejo de Derechos Humanos tiene previsto realizar un examen detallado a la situación en Colombia.
El documento también asegura que "al contrario de lo que manifiesta el gobierno, el paramilitarismo no ha sido desmantelado" y unos 9.000 combatientes de esos grupos siguen combatiendo, pese al proceso de paz concluido en 2006 en el cual -según cifras oficiales- se desarmaron más de 31.000 milicianos de extrema derecha.
Señala el informe que tan sólo 116 de esos paramilitares están siendo investigados por sus crímenes "y ninguno ha sido condenado, por lo que no se han garantizado los derechos de las víctimas".
El texto igualmente denuncia "los ataques permanentes del gobierno en contra de la Corte Suprema de Justicia" que investiga vínculos de paramilitares y congresistas.
Unos 60 legisladores, casi todos oficialistas, han sido investigados por nexos con las organizaciones armadas de extrema derecha.
La encuesta ha sido realizada por la firma encuestadora Datexto Company S.A., para el ‘opinómetro’ de ese periódico. Fue realizada el 25 de septiembre, entre mujeres y hombres mayores de 18 años, por teléfono, a 700 personas, en plan ‘muestreo aleatorio simple ponderado por ciudad, género y estrato’, en 13 ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pasto, Pereira, Cúcuta, Manizales, Neiva, Montería y Villavicencio. La ficha señala que el nivel de confianza lo estiman en el 95%, con un error estándar típico relativo de estimación del 3,7%, etc.
A mi parecer, lo mas destacable del resultado –mas allá de que pueda una manipulación para que la liberada no haga sombra al gobierno actual en un futuro próximo– es ver la diferencia entre esa realidad manifestada por la encuesta de un diario de Bogotá y los fuegos artificiales lanzados fuera de Colombia, como ese premio gratuito ofrecido en Asturias… como si la señora en cuestión fuera la única protagonista de los sucesos de la selva colombiana.
"En este periodo, cada día, en promedio, fueron desplazadas 1.503 personas", agregó Rojas, al explicar que la geografía del desplazamiento se extiende a casi todo el territorio nacional.
Según el informe los casos más graves se registraron en el departamento de Antioquia (noroeste), con un total de 38.638 desplazados y un incremento del 105%; Bogotá (centro), con 39.950 casos y un aumento del 74%; y Meta (centro), que acogió entre enero y junio a 17.892 personas con un incremento del 133%.
En ese periodo, además, hubo 66 desplazamientos masivos que afectaron a 33.251 personas, un 12% del total de la población desplazada.
"Lamentablemente el país vuelve a la época en la que los éxodos de la población fueron una constante, tal y como ocurría antes de 2002", señala el informe de CODHES.
Mientras el gobierno reconoce que existen 2.6 millones de desplazados, la ONG Codhes asegura que esa cifra se aumenta en n 30 por ciento debido a que existe gran cantidad de familias que no se registran en la data oficial.
La grave crisis humanitaria que vive Colombia y en especial el fenómeno del desplazamiento forzado de familias de áreas rurales tiene origen en las políticas de tierra arrasada en los planes contra insurgentes aplicados por el gobierno con asesoría norteamericana y el auspicio oficial al paramilitarismo que se ha aliado con sectores narcotraficantes para despojar a los productores de sus parcelas.
De acuerdo a voceros de las organizaciones defensoras de los derechos humanos la salida a esta situación está en la iniciación de acercamientos o diálogos entre las FARC y el Gobierno colombiano para encontrar una solución negociada a la guerra interna y la implementación de reformas en aspectos políticos, económicos y sociales que enrute a Colombia por una nueva etapa de reconstrucción nacional.
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