Wonder News: Vivir en un estado fascista 4

España ya tiene la tasa de reclusos más alta de Europa, 157 por cada 100.000 habitantes, tras superar a Gran Bretaña que estaba en 152, según ha explicado la consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura.

La consejera, que ha presentado la estadística penitenciaria en Cataluña durante el primer semestre de 2008, ha puntualizado que esta comunidad autónoma está por debajo de esta cifra y se sitúa en 137 reclusos, a pesar de que la tasa ha subido en 5 puntos con respecto a 2007.

Según los datos que ha presentado Tura, la tercera posición la ocupa Holanda, con 126 reclusos, seguida de Austria y Portugal con 105, mientras que los países con menor población presa son Dinamarca con 67, seguido de Italia con 75, Suecia con 79 y Alemania con 88. Francia tiene una tasa de 91 por 10.000 habitantes. Tras señalar que la media en Europa está en 100, ha asegurado que los datos de España y de Cataluña demuestran que "no es verdad la impresión que tiene la población de que los delincuentes no van a prisión" remarcando que "estas cifras lo desmienten con convicción".

AUMENTA LA PETICIÓN DE MEDIDAS PENALES ALTERNATIVAS

Tura ha destacado el esfuerzo que hace su Departamento para evitar que ningún condenado quede impune, en especial, aquellos que, al no tener antecedentes penales, no ingresan en prisión cuando se les impone penas inferiores a los dos años. En ese sentido, ha subrayado el aumento de la petición de medidas penales alternativas (MPA) -especialmente por delitos contra la seguridad del tráfico-, que ha crecido un 65,49% en el primer semestre, hasta las 4.743 solicitudes frente a las 2.866 recibidas en el mismo periodo de 2007.

Ese incremento se enmarca en la última reforma del Código Penal, que endurece las penas por delitos de tráfico, y ha obligado al Departamento a adoptar medidas organizativas porque a 30 de junio estaban pendientes de aplicación el 47,05% de las MPA, que principalmente consisten en trabajos en beneficio de la comunidad.

Montserrat Tura ha justificado este número por la coyuntura general y por las últimas modificaciones del Código Penal en relación con los delitos de Tráfico, y por el cumplimiento íntegro de las condenas, que no se da en otros países. En Cataluña el número de reclusos durante el primer trimestre de 2008 era de 9.845 personas, frente a los 6.300 del mismo periodo del 2001, y Tura ha anunciado que este año "se superará la mítica cifra de 10.000 si este ritmo continúa como pasó en los meses de mayo y junio". El número de plazas es de 8.800 lo que significa para la consejera de Justicia que hasta que no se abran los nuevos centros penitenciarios de Els Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada, y el juvenil de Can Brians no se enjuagará este déficit de plazas.

EL 92,8% DE LOS RECLUSOS CATALANES SON HOMBRES Y EL 59,10% TIENE NACIONALIDAD ESPAÑOLA

El 92,8% de los reclusos catalanes son hombres, el 59,10% tiene nacionalidad española y los robos, con un 42,35%, los delitos contra la salud pública, con un 18,87% y los homicidios, con un 5%, son los delitos más habituales. También ha explicado que la media de la condena es de ocho años y dos meses, y que el coste diario por recluso está en 66,08 euros por persona. La titular de Justicia ha puntualizado que de los reclusos extranjeros, el 35,6% son del Magreb, el 27,3% de América central y del sur y el 9,4% proceden del África subsahariana.

Otro dato que ha destacado Tura es que el número de población juvenil atendida de 14 a 18 años ha descendido en un 7% y se sitúa en 5.258 personas, de los cuales el 57% está en régimen abierto, mientras que los reclusos de 18 a 21 años se han incrementado en un 15,25%. Además, aumentan las matrículas en los cursos educativos, el número de internos que trabajan en los centros, así como los programas de tratamiento de reclusos con conductas relacionadas con el sexo, por violencia y agresiones.

LA MODELO NO SE DESMANTELARA ANTES DE 2012

Con respecto a la situación de los centros penitenciarios catalanes, Montserrat Tura ha asegurado que la cárcel Modelo de Barcelona no se desmantelará antes del año 2012 porque para poder trasladar a todos los presos que acoge hace falta que esté construido el centro preventivo de Barcelona, en la Zona Franca, que se adjudicará en los próximos días ya que recientemente se ha publicado la convoctoria del concurso. Ha insistido en que se ha iniciado un camino irreversible para la construcción del nuevo centro, y ha remarcado además que este otoño se derrocará la prisión de Trinitat Vella, y que también está previsto que caigan en las capitales catalanas los centros de Wad-Ras de Barcelona, y los de Figueres (Girona), Tarragona y Girona.

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Anónimo

► sábado, 09 agosto, 2008

Anónimo

► sábado, 09 agosto, 2008

Sin embargo, ésta ya se aplica en la práctica. Los cumplimientos de condena son más largos que en países europeos donde sí se contempla. Y el ministro Rubalcaba se acaba de jactar de que Arkaitz Goikoetxea «saldrá a los 68 años».
Federico Trillo, portavoz de Justicia del PP, confirmó ayer en "El País" que su partido no tiene intención de plantear al PSOE la instauración legal de la cadena perpetua contra ETA. «En la interpretación más estricta de la Constitución no cabe la pena de reclusión perpetua», afirmó. La afirmación podía tomarse como una noticia de calado, sobre todo después de que el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, abogara la víspera por abrir ese debate. Pero no hay noticia, porque la cadena perpetua es una realidad en la práctica contra los presos vascos tras la reforma del Código Penal de 2003 -que elevó el cumplimiento de penas a 40 años- y la posterior imposición de la acumulación de penas -la denominada «doctrina Parot»-.

La existencia de facto de esta cadena perpetua es reconocida incluso desde el PSOE. Hace cinco años, cuando el PP impulsó y el PSOE asumió la elevación del máximo de cumplimiento a 40 años, el responsable de temas de Justicia y futuro ministro Juan Fernando López Aguilar afirmó que tal medida equivalía a la reclusión de por vida.

Pero no hay que irse tan lejos. Anteayer, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, remarcó que los actuales detenidos son juzgados con un Código Penal más duro que el que se aplicó a Iñaki de Juana, y en este contexto saludó que Arkaitz Goikoetxea, arrestado recientemente en Bizkaia, «saldrá de la cárcel con 68 años [ahora tiene 28]». ¿No es la suya una cadena perpetua en toda regla?

Los defensores de una instauración expresa de la cadena perpetua en el marco legal español se aferran habitualmente a los ejemplos del Estado francés, Alemania, Gran Bretaña o Italia. El propio Federico Trillo exponía ayer que «la reclusión perpetua es perfectamente democrática y está vigente en países como Alemania, aunque en España es de dudosa constitucionalidad». Pero lo que nadie dice es que en ninguno de estos países se imponen periodos de cumplimiento de condena tan largos como los que siguen padeciendo Joxe Mari Sagardui, Gatza -28 años- o Jon Agirre Agiriano -27, pese a hallarse enfermo-. Tampoco se dice que prácticamente nadie, ni siquiera los condenados a varias cadenas perpetuas acumuladas, superan los 20 años de reclusión, uno y medio menos de los atravesados por De Juana. Ni citan que, dando por bueno lo afirmado por Rubalcaba, Arkaitz Goikoetxea pasará entre rejas tanto tiempo como un activista de la RAF y otro de Acción Directa juntos.

Europa:

Justo el sábado, día en que era excarcelado Iñaki de Juana tras la condena añadida por escribir artículos de prensa, recuperaba también la libertad Nathalie Ménigon, militante de Acción Directa. Ambos han pasado 21 años en la cárcel y en condiciones severas de aislamiento. Ménigon pudo pasar el último año de condena en régimen de semilibertad -podía salir durante el día y volver a la cárcel para dormir-, aunque al contrario que De Juana ahora sigue sometida a algunas medidas de control. Como se aprecia, la cadena perpetua que se le había impuesto no ha hecho que supere el tiempo de estancia en prisión de Sagardui, Agirre o De Juana.

Según el Código Penal francés de 1994, los condenados a reclusión de por vida pueden salir en libertad a partir de los 15 años, e incluso a partir de los 10. No fue ése el caso de los vascos: Filipe Bidart pasó 19 años preso y sigue sometido a una especie de confinamiento, y Gabi Mouesca llegó a estar durante 17 años en situación de preventivo.

El PP parece apostar ahora por este modelo contra los vascos que fueron condenados antes de que el cumplimiento se estirara hasta los 40 años. Al parecer, ofrecerá al PSOE una reforma en la que se extreme el control sobre los ex presos, y en este ámbito la presión ejercida contra De Juana desde el sábado parece un primer ensayo.

En Gran Bretaña o Alemania existen también condenas a cadena perpetua, pero no periodos de cárcel reales como los impuestos por Madrid. Londres ha convertido la life sentence en una pena real de 25 años como máximo. Berlín sentenció también, a través de la Corte Constitucional, que estos condenados deben tener siempre una opción de libertad condicional, por lo que las penas se revisan a los 15 años; castigados por varios delitos de «terrorismo» han salido a la calle tras algo más de dos décadas en prisión.

Un juez pide «no tocar nada:»
Aunque el debate retórico sobre la cadena perpetua se deje a un lado, parece evidente que PSOE y PP usarán el efecto mediático del caso de Iñaki de Juana para proceder a alguna reforma legal. Hay otra cuestión curiosa al respecto: tras debatirse durante varios días sobre la necesidad de imponer penas de alejamiento de las víctimas a los ex presos, "El País" matizaba el sábado que éstas ya se están aplicando en las condenas de la Audiencia Nacional desde 2005. La anécdota deja clara la superficialidad y falta de rigor del debate público.
El juez del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín es una de las escasas voces discordantes. Ayer defendió «no tocar ni una sola coma de la ley», y alertó de que «una presión mediática excesiva puede llegar a ser peligrosa».

Anónimo

► sábado, 09 agosto, 2008

El colectivo de guerrilleros antifranquistas abajo firmantes expresan su parlamento en el día dedicado al monumento guerrillero antifascista de Santa Cruz de Moya, con motivo del encuentro anual en memoria de la lucha mantenida durante la pasada Dictadura por todos los ciudadanos que arriesgaron su libertad, su integridad física, y hasta su vida en la defensa de las libertades, y en particular de quienes desde la guerrilla fueron los últimos soldados del Ejército de la República tras el triunfo de los militares golpistas y los partidos de índole fascista e integristas católicos.

Creemos que la conmemoración, en cualquier lugar significado, de esta terrible lucha es una necesidad de nuestra sociedad que tras treinta años de pactos de silencio y forzado letargo empieza ahora a exigir saber la verdad de lo que ocurrió durante la dictadura franquista. Gracias a nuestra labor pedagógica desde AGE hemos conseguido que las conmemoraciones sean muchas y desde muchos territorios.

El principio de resistencia frente a la opresión o la tiranía está en la base del estado moderno de derecho y se encuentra recogido en algunas constituciones europeas. Los guerrilleros antifranquistas, tal y como hizo la resistencia en otros países europeos frente al nacional socialismo alemán y al fascismo italiano, defendimos la legalidad republicana y los valores democráticos plasmados en la misma. Reafirmamos, desde este punto de vista la legitimidad de nuestra lucha, frente a concepciones pre-modernas y negadoras de los derechos que aún se esgrimen, desafortunadamente, en España.

El colectivo de guerrilleros ha solicitado a todos los gobiernos democráticos desde los años ochenta, su reconocimiento jurídico y la anulación de todos los procesos por los que fueron condenados y llevados a presidio o fusilados los compañeros en el monte y en el llano o las ciudades. No podemos aceptar un simple reconocimiento moral sin verdaderas consecuencias sociales, jurídicas y políticas, que permita mantener el silencio de quienes pactaron un olvido ignominioso ante los crímenes del franquismo. Los miles de ejecutados, desaparecidos, torturados, exiliados y encarcelados nos exigen reclamar de todos los poderes públicos un reconocimiento jurídico y una anulación de los consejos de guerra que permita a la sociedad reconocerse en los ciudadanos que lucharon por sus libertades y mantener la dignidad y la honorabilidad de quienes resistimos al fascismo, tal y como hicieron los compañeros de la resistencia en otros países de Europa y frente a los denominados "Países Europeos del Eje".

El día 16 de julio de 2008 hemos mantenido una entrevista con el Director del Gabinete de la Ministra de Defensa, Dña. Carme Chacón Piqueras, a raíz de una solicitud que hicimos en tal sentido a través de nuestra asociación AGE. Es la primera vez en la etapa postfranquista que este Ministerio recibe a una delegación de guerrilleros antifranquistas. Durante la entrevista se ha mantenido un diálogo claro donde ambas partes expresaron sus posiciones. Esperamos ahora que el Ministerio de Defensa cumpla con lo acordado en dicha reunión para permitir una mejor defensa de los intereses jurídicos de los guerrilleros y otros colectivos sancionados por el franquismo.

Vemos con ánimo el hecho de que se multipliquen año tras año los actos de homenaje a los guerrilleros asesinados por la guardia civil o muertos en combate y que desde múltiples instancias se dediquen estudios y públicos debates a nuestra lucha, pero creemos que estos homenajes, esos estudios y debates sólo toman todo su contenido cuando quienes los inspiran y mantienen se suman a nuestras reivindicaciones. Creemos que es un mal síntoma social que se utilice la imagen de la lucha guerrillera contra el franquismo para medro de personas que no están ni interesadas verdaderamente ni convencidas de la dignidad de nuestra lucha. Exigimos por tanto a todos los que instan este tipo de actos que apoyen de corazón y con hechos nuestras reivindicaciones: nuestro reconocimiento jurídico, militar y social como últimos soldados del Ejército de la República, la declaración por ley de la nulidad de todas las sentencias dictadas por los tribunales militares y civiles del ilegal régimen franquista en el marco del sistema de la represión y el reconocimiento jurídico de las víctimas de la dictadura.

En defecto de una ley que conlleve el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, incluido nuestro colectivo, y que sea acorde a los principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos, instamos a los ayuntamientos y parlamentos regionales a emitir declaraciones institucionales en este sentido, lo que les permitirá adoptar una instancia moral y ética de cara a las víctimas al nivel de la adoptada por otros países europeos que tuvieron que hacer frente al problema de los fascismos.

Demandamos la adhesión formal y explícita a todas las gentes de bien para que nuestro reconocimiento jurídico sea aprobado por ley, y, aunque celebramos que en Santa Cruz de Moya se convoquen unas jornadas de estudios académicos sobre nuestra pasada lucha, lamentamos que ni el ayuntamiento ni el colectivo organizador hayan firmado su adhesión a nuestras viejas y legítimas reivindicaciones de justicia, razón por la que nos vemos obligados a comunicar a la opinión pública nuestra retirada de cualquier participación en esos actos que ayuntamiento y colectivo organizador han diseñado sin previa adhesión formal a nuestra justa causa y por tanto al objetivo que, como protagonistas de los hechos que se quieren conmemorar, nos corresponde. Sólo queremos que se nos dé nuestro verdadero lugar en la historia de todos y que se reconozca, jurídica y socialmente nuestro papel en la lucha contra la dictadura franquista.

A la espera de que sea pronto un clamor social el apoyo a estas reivindicaciones os esperamos a todos los demócratas, antifascistas, y especialmente a los jóvenes, para seguir adelante con la defensa de los valores democráticos y las libertades civiles por los cuales llevamos a cabo nuestra lucha y que se perdieron con el término de la Segunda República, de ahí que siga teniendo plena vigencia nuestra consigna "resistir es vencer". En cada Ayuntamiento se necesita una moción de adhesión a las reivindicaciones de los guerrilleros y un rechazo rotundo a la recientemente aprobada ley de "memoria histórica" del Gobierno.

Los guerrilleros antifranquistas seguimos defendiendo los valores democráticos desde todos los ámbitos posibles. Nuestros espacios son múltiples y seguiremos adelante luchando por una Ley de la Memoria que contemple los aspectos de verdad, justicia y reparación a los que tienen derecho las víctimas del franquismo. Consideramos que la recientemente aprobada no es acorde a los valores republicanos y democráticos, no estando en consonancia con la defensa de las libertades civiles y los derechos por los que tantos compañeros dejaron la vida.

Este comunicado ha sido firmado por los siguientes guerrilleros antifranquistas: Esperanza Martínez "Sole" (AGLA), Amada Martínez "Rosita" (AGLA), Angelita Martínez (AGLA), José Murillo Murillo "Comandante Ríos" (Agrupación Guerrillera de Sierra Morena, Córdoba), Francisco Martínez López "Quico" (Agrupación Guerrillera de León-Galicia), Jesús de Cos Borbolla "Pablo" (Agrupación Guerrillera Cántabro-Astur), Felipe Matarranz "Lobo" (Agrupación Guerrillera Cántabro-Astur), Gerardo Antón Garrido "Pinto" (Agrupación Guerrillera de Extremadura. Cáceres), Camilo de Dios Fernández (2ª Agrupación Guerrillera de Orense. Galicia), Antonio Pérez Barreiro (2ª Agrupación Guerrillera de Orense. Galicia), Consuelo Rodríguez López (Agrupación Guerrillera de León-Galicia), Gumersindo Seigido (Agrupación Guerrillera de Galicia). Y lo firmaron antes de fallecer en los pasados años, Julián Antonio Ramírez, Eduard Pons Prades, José Moreno Salazar, Benjamín Rubio y Miguel Padial. En su memoria nos hacemos eco de la voz de los que han quedado en el camino.

Para adhesiones:Pueden adherirse al Comunicado de los Guerrilleros Antifranquistas a la opinión pública enviando un mensaje a AGE a la siguiente dirección electrónica: age@derechos.org y especificando los siguientes datos: organización, nombre y apellidos, ciudad, país y correo electrónico.