La sanción a la central nuclear de Ascó (Tarragona) por los incidentes registrados en noviembre del pasado año, que incluyeron la detección de partículas radiactivas en el exterior del edificio, podrá oscilar entre 9 y 22,5 millones de euros, la máxima impuesta a una instalación de este tipo.
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear acordó este lunes proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la apertura de un expediente sancionador a esta central que incluye cuatro propuestas de sanción graves y dos leves, ha informado el CSN en una nota.
Las conclusiones del Pleno se fundamentan en que, aunque no ha existido daño a la población ni al medio ambiente y la estimación en términos de riesgo es remota y de carácter leve, se han producido fallos significativos en el control y el suministro de información al Consejo por parte del titular de la planta.
El acuerdo se ha adoptado por unanimidad y será ahora el Ministerio de Industria el que deberá iniciar el expediente y aplicar la sanción que corresponda.
La propuesta del Pleno incluye una sanción grave en grado máximo, cuya cuantía oscila entre 4,5 y 9 millones de euros; tres graves en grado medio (entre 1,5 y 4,5 millones) y dos leves en grado medio (de 15.000 a 150.000 euros), de acuerdo con la ley de reforma del CSN.
Esa ley, aprobada el pasado mes de octubre, elevó las sanciones hasta un máximo de 30 millones de euros, diez veces más de la multa que se podía imponer hasta ese momento.
Las instalaciones de la central registraron el 29 de noviembre del pasado año un escape de partículas radiactivas procedentes de la ventilación de la planta atómica, aunque el incidente no se conoció públicamente hasta principios de abril.
El Consejo de Seguridad Nuclear clasificó en principio el suceso de nivel 1, aunque posteriormente lo elevó hasta el 2 (incidente), de acuerdo a la escala internacional INES que mide este tipo de incidentes, que abarca desde el 0 (sin significación para la seguridad) hasta el 7 (accidente grave).
Aunque todos los datos recopilados apuntaban que el impacto radiológico sobre la población y sobre los trabajadores de la central nuclear estaba por debajo de los límites legales, la empresa realizó mediciones de radiactividad a todas las personas que pasaron por el emplazamiento desde el 28 de noviembre.
Superación del límite anual
La propuesta de sanción grave en grado medio se fundamenta en una emisión radiactiva con potencial de superación del límite anual de dosis para visitantes en el interior del doble vallado de la central establecidos.
Además, el CSN asegura que la central no estableció un control de contaminación externa del personal una vez descubierta la contaminación del emplazamiento y no clasificó, señalizó ni delimitó radiológicamente las zonas de libre acceso de la central tras la detección de partículas calientes el 14 de marzo de 2008 y en fechas posteriores, por lo que propone una sanción grave en grado medio.
Según el Consejo, Ascó incumplió también la instrucción sobre notificación de sucesos de centrales nucleares en operación y no proporcionó información pronta y veraz sobre la contaminación en la zona de libre acceso.
Los responsables de la planta tampoco dejaron constancia en los registros de vigilancia de la contaminación encontrada en esa zona de libre acceso.
Por su parte, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (Anav), titular de la instalación, ha informado en un comunicado de que analizará detalladamente la propuesta y efectuará las alegaciones pertinentes tan pronto como ésta sea notificada al Ministerio de Industria.
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Anónimo
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miércoles, 20 agosto, 2008
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear acordó hoy proponer al Ministerio de Industria la apertura de un expediente sancionador a Ascó I, que incluye cuatro propuestas de sanción graves y dos leves.
Será ahora el Ministerio de Industria el que deberá iniciar el expediente y aplicar la sanción que corresponda. En octubre de 2007, una reforma de la ley del CSN multiplicó por diez las multas a las nucleares por infracciones, pasando las de mayor gravedad de tres a treinta millones de euros.
Hasta lo ocurrido ahora con Ascó I, la sanción económica más severa ha recaído en Vandellós II -en agosto de 2006-, cuya cuantía ascendió a 1,6 millones de euros.
La multa se debió a la gestión del problema de corrosión en el sistema de aguas esenciales que se había detectado en agosto de 2004 y que mantuvo Vandellós parada cinco meses y medio al año siguiente.
Junto a la de Vandellós II, destaca la sanción aplicada a la central de Almaraz (Cáceres) en la década de los noventa, la segunda más grave: se elevó a casi 90 millones de pesetas (unos 540.000 euros) y se impuso a consecuencia de un problema del sistema de alimentación de aguas esenciales.
En mayo de 2006 fue cerrada definitivamente la central de Zorita (Guadalajara), que en 2002 fue multada con 240.000 euros por permitir que se mantuviera en funcionamiento, pese a que los sistemas de aspersión de la cúpula del reactor no funcionaban adecuadamente.
En 1997, Vandellós II ya recibió una multa de 50 millones de pesetas (300.500 euros), y en 1989, Vandellós I fue multada con 40 millones de pesetas (240.000 euros) por un grave accidente que motivó el cierre de la planta.
Por último, Trillo afrontó multas de entre cinco y tres millones de pesetas -30.000 y 18.000 euros, respectivamente- por incidentes registrados en 1992; y en 1995 Almaraz recibió un sanción de dos millones de pesetas (12.000 euros) por un retraso en la declaración de Prealerta de Emergencia.
Mapa nuclear español
Existen ocho centrales nucleares en España, Santa María de Garoña, cuya potencia eléctrica es de 466MWe; Ascó I y II, 1032,5 MWe y 1027,2MWe, respectivamente; Vandellós II, 1087,1MWe; Trillo, 1066MWe; José Cabrera,150 MWe; Almaraz I y II, 980 MWe y 984MWe, respectivamente. Hay una central más en marcha, Cofrentes, situada en Valencia, cuya potencia térmica es 3.237 MWt.
Anónimo
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miércoles, 20 agosto, 2008
La nueva ley de Seguridad Nuclear adolece del defecto fundamental de que las sanciones a aplicar a los explotadores por las infracciones cometidas no son disuasorias. La máxima sanción, a aplicar en el caso de infracción muy grave, está fijada por la Ley en 30 millones de euros, lo que vendría a ser la facturación de las dos unidades de Ascó durante unos 10 días. Claramente, ni las cantidades fijadas por el CSN en este caso, ni las dadas por la Ley, son suficientes para convencer a los explotadores de centrales nucleares de que antepongan la seguridad a su beneficio.
El CSN ha identificado seis infracciones, cuatro de ellas graves y dos leves. Para Ecologistas en Acción, al menos dos infracciones deberían ser calificadas como muy graves: la ocultación de los hechos, acompañada de la apertura de la central a las visitas de público, incluidos niños, y la manipulación de los medidores de radiactividad. Las consecuencias del incidente podrían haberse visto enormemente agravadas por la actitud de los responsables de la planta, que continuaron la explotación de la central como si no hubiera pasado nada, permitiendo el acceso de niños y el acarreo de sustancias radiactivas por camiones de chatarra. Para la organización ecologista el CSN debería ser más riguroso con los explotadores, aplicando al menos dos sanciones muy graves. Asimismo, esta asociación solicita del Ministerio de Industria la máxima contundencia a la hora de aplicar las sanciones.
Por otra parte, Ecologistas en Acción saluda la aprobación del Plan PROCURA y el endurecimiento de las medidas de inspección con la incorporación de un inspector residente más, pero lamenta que todas estas medidas se hayan tomado a posteriori, cuando ya se ha producido la fuga.
Durante los pasados meses hemos asistido a una serie de incidentes en las centrales nucleares españolas, de los que el de Ascó es el más grave, que ponen de manifiesto una degradación de la seguridad de estas instalaciones y de la ausencia de las Buenas Prácticas necesarias para reducir al máximo el riesgo en la operación de las plantas nucleares.
Ecologistas en Acción piensa que la actitud en exceso condescendiente del CSN ha permitido llegar a este punto. La organización ecologista pide, pues, mayor rigor de esta institución para evitar estos incidentes que merman la seguridad de las centrales nucleares y denuncia que se haya perdido una primera oportunidad.
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