Publicamos aquí una parte del informe relativo a la tortura en Colombia, informe hecho con mucha valentía y ahínco por las organizaciones sociales que han seguido protegiendo y organizando a las personas, pese al macabro Terrorismo de Estado que se viene abatiendo sobre ellas, diezmándolas cada vez más. El siguiente informe no ha tenido ningún tipo de cobertura mediática por los grandes medios, evidentemente porque pone en relieve el carácter genocida del régimen que protege y viabiliza el saqueo económico de Colombia mediante las masacres, el paramilitarismo, las desapariciones, la tortura y el Terror.
La Coalición Colombiana Contra la Tortura, integrada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Asociación Minga, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Avre, Corporación Reiniciar, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Fcspp), Organización Mundial Contra la Tortura (Omct) y Terre des Hommes, dio a conocer a la opinión pública, en el mes de julio 2008, los resultados del seguimiento que realizó en el año 2007.
De los 97 casos de tortura, trato cruel, inhumano y degradante que La Coalición logró documentar, 27 las víctimas fueron torturadas y dejadas con vida, mientras que en 43 casos, las víctimas fueron torturadas y luego asesinadas por los victimarios. Formaron parte de las personas martirizadas 11 niños y 18 mujeres.
En el 90.1 por ciento de las torturas que se lograron documentar está comprometido el Estado. Por acción directa de sus agentes en el 70.4 por ciento y por el uso de la estrategia paramilitar en el 19.7 por ciento.
Algunos casos, ejemplos de tortura
El 26 de marzo de 2007 al municipio de Bello (Antioquia), llegaron paramilitares autodenominados "Águilas Negras". Los criminales hirieron a dos niñas de diez años y violaron sexualmente a una de ellas de nombre Gabriela Alzate Perea*. Cuando las niñas pidieron auxilio, acudió inmediatamente José Mendieta, quién por este acto fue asesinado por los 'paras'. Mendieta y las dos niñas vivían en el asentamiento de desplazados Altos de Oriente, ubicado en la vereda Granizal, del municipio de Bello.
El 25 de junio de 2007 en el municipio de Tulúa (Valle), fueron torturadas y violentadas sexualmente por miembros de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, Vilma Helena Márquez* y Martha Eulalia Márquez*. Los militares ingresaron a la casa en la que ellas se encontraban junto con los campesino Alcides Granada Durango y Gerson Ladino Suárez...
El teniente Manotas agredió y acusó a Vilma Helena de ser guerrillera y la obligó a un interrogatorio a solas apuntándole con un arma. Cuando ella se quejó de un agudo dolor estomacal, el teniente le preguntó sí estaba embarazada y la golpeó brutalmente en el vientre ocasionándole desmayo y sangrado vaginal.
Posteriormente alias "Bombas", otro militar del mismo operativo, interrogó a Martha Eulalia agrediéndola y amenazándola con un cuchillo. Le exigió la entrega de unas armas que no existían y la obligó a quitarse el brasier para luego cogerle y apretarle los senos y las nalgas, sin ningún respeto por la dignidad de la persona.
Otro militar agredió y amenazó a las dos mujeres con violarlas. Los campesinos que acompañaban a las mujeres fueron brutalmente golpeados por los uniformados, quienes antes de ponerlos en libertad los fotografiaron y les abrieron procesos por narcotráfico.
Niños y mujeres entre las víctimas
El 7 de junio de 2007, en el municipio de Toribío (Cauca), dos niñas indígenas de 12 y 14 años fueron víctima de violencia sexual por parte de miembros del Ejército Nacional, cuando se dirigían a estudiar al colegio Eduardo Santos ubicado en la vereda Berlín.
Los uniformados las obligaron a apartarse del camino y luego a que se quitaran la ropa Las niñas lograron escapar y llegar hasta el colegio.
El 23 de diciembre del mismo año, en el municipio de Apartadó (Antioquia), fue torturada y asesinada por miembros del Ejército Nacional, María Margarita Giraldo Usura, perteneciente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Los militares entraron disparando a la vivienda de la víctima, poniendo en riesgo la vida de las dos hijas de María Margarita a quién se llevaron junto con algunos bienes de la desdichada mujer. Al día siguiente María Margarita fue reportada por el Ejército como "guerrillera dada de baja en combate" y remitida a la sede del Instituto de Medicina Legal del municipio de Turbo (Antioquia). El cadáver de la víctima presentaba señales de tortura.
El 23 de noviembre de 2007, en el municipio de Apartadó (Antioquia), fue detenido y torturado tanto física como psicológicamente el niño Efrén Espinoza Goes, de 10 años, por miembros del Ejército Nacional quienes lo golpearon por más de 15 minutos. Los uniformados amenazaron con cortarle los dedos y matarlo, acusándolo de ser guerrillero. El rostro y la cabeza del niño quedaron destrozados.
Los casos anteriores forman parte de los 97 que pudieron ser documentados por la Coalición que son una ínfima parte de las cifras reales, ya que muchas víctimas se abstienen de denunciar debido a las dificultades para acceder a la justicia, el temor a los victimarios y la ausencia de mecanismos de protección a víctimas y testigos, como también a la invisibilidad de este crimen a nivel nacional.
* Nombres cambiados para proteger los derechos del niño y la mujer
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medios, memoria, mentiras, multitud, politica, violencia.
Anónimo
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viernes, 01 agosto, 2008
El abogado que defiende a María Remedios García Albert, ha pedido al Gobierno colombiano que deje de criminalizar a quienes tienen contactos humanitarios con la guerrilla de las FARC.
El letrado, Enrique Santiago, ha aclarado que su cliente admitió ante el juez que había intercambiado información con el que fuera número dos de la narcoguerrilla, 'Raúl Reyes', muerto en combate en febrero pasado.
Sin embargo, ha matizado que esos contactos obedecían únicamente a motivos humanitarios: "Ella aceptó que transportó un dinero de América a Europa para una cuestión humanitaria, una operación médica de un refugiado en un país europeo que lo necesitaba en el marco de intermediación de diálogo que había abierto".
El abogado entiende que esto no quiere decir que cualquier persona que tenga este tipo de contactos sea un criminal, por lo que ha reiterado la inocendia de su defendida, de la que sostiene que no está involucrada con las FARC por el solo hecho de intercambiar correos electrónicos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, imputa a García Albert un delito de integración o colaboración con organización terrorista.
El pasado sábado le dio una semana de plazo para que reúna los 12.000 euros de fianza con los que podrá eludir la prisión.
En su auto, Garzón considera acreditado que, "al menos desde 2000" María Remedios mantiene una "relación fluida, cercana a la integración" con las FARC a través de 'Raúl Reyes', así como con otros representantes de la organización terrorista. "Con todos ellos y otros, la imputada ha tenido contacto y ha estado en 2002 y 2006 en sendos campamentos en los que había menores de edad, incluido alguno con uniforme militar, lo que evidencia la proximidad de María Remedios a la estructura de las FARC, que excede su interés pacificador", explica el auto.
El magistrado da por probado que García Albert, con los alias de 'Soraya' e 'Irene', recibió en 2006 de manos de 'Raúl Reyes' 6.000 dólares para que los hiciera llegar a Lucas Gualdron, representante de las FARC en Europa, además de dos millones de pesos (unos 1.000 dólares) para un destinatario no conocido.
El PCE ha comenzado una campaña para pagar los 12.000 euros de fianza de María Remedios.
Anónimo
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viernes, 01 agosto, 2008
Los movimientos sociales, de solidaridad, organizaciones políticas, asociaciones de derechos humanos, de refugiados e inmigrantes, así como otro tipo de colectivos musicales y artísticos abajo firmantes, ante la detención de nuestra compañera Remedios García Albert el pasado sábado 27 de julio en su domicilio de San Lorenzo del Escorial, bajo la acusación de “integración en banda armada”, en este caso las FARC-EP, declaramos:
Nuestro más profundo rechazo a esta inaudita detención, instada desde la fiscalía de Colombia (dirigida por Mario Iguarán, repetidamente señalado como vinculado al paramilitarismo y responsable de la sistemática impunidad en que quedan en Colombia los crímenes contra la población civil), sobre la base de pruebas de dudosísima procedencia, como son los supuestos correos electrónicos encontrados en el ordenador del recientemente asesinado, Raúl Reyes, ex-responsable de relaciones internacionales de las FARC-EP. Cabe destacar que dicho ordenador fue “recuperado” por el ejército colombiano tras un bombardeo e incursión ilegítimas, en territorio ecuatoriano, violando la soberanía de este último país, así como varios tratados internacionales. Además, quedó constatado por diversos organismos -incluida la Interpol, entre otros-, que la cadena de custodia del ordenador fue rota en varios momentos, así como la modificación de numerosos archivos, por lo cual estos supuestos correos electrónicos nunca deberían constituir una prueba válida y lícita en un juicio, ni motivo de una detención.
La compañera Remedios García ha desempeñado durante años un destacado trabajo en el ámbito de la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y el apoyo a una salida negociada al conflicto colombiano. Cabe desatacar su labor en el proceso de paz durante el gobierno del anterior Presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y en especial durante la Conferencia de paz desarrollada en el año 2000 en Alcalá de Henares, Conferencia que fue reconocida por los propios gobiernos Colombiano y Español. Ante la demagogia desatada estos últimos días es preciso recordar como, en el marco de dicha Conferencia, la presencia del dirigente de las FARC-EP, Raúl Reyes, fue amparada por múltiples instituciones oficiales.
Entendemos esta detención como un paso adelante del gobierno colombiano para acabar, por los medios que sean, con toda la oposición a su política militarista y guerrerista, especialmente con todos aquellos que buscamos una salida política y negociada al conflicto colombiano. Además, en esta ocasión, dicha política de amedrentamiento se agrava, pues se internacionaliza, gracias al apoyo incondicional del gobierno y la justicia españolas al gobierno de Uribe, los cuales no han servido más que de ejecutores de esta política que en Colombia ha sembrado ya varios miles de muertos.
El gobierno de Álvaro Uribe con su doctrina de seguridad democrática continúa apostando por la guerra y la represión como único medio para la solución del conflicto colombiano mientras, se hacen cada vez más evidentes sus vinculaciones con el paramilitarismo de Estado en Colombia, como se refleja en la detención de más de ochenta congresistas de su entorno más inmediato.
Lamentamos profundamente el brutal escarnio público al que ha sido sometida Remedios García por parte de la prensa española e internacional, los cuales, en una estrategia global de acoso a las ordenes de Colombia y su socio Norteamericano, han hecho un juicio paralelo encontrándola directamente culpable y obviando su derecho a la presunción de inocencia. Además se ha publicado su foto, su dirección, su portal y el número en el que vivía, incluso con imágenes de video, violando su derecho a vivir una vida normal teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones.
Esto último es ya el colofón de la ya mencionada internacionalización del conflicto: el “asesinato de imagen”; ya da igual que la acusada sea inocente, hay un daño de imagen irreparable. Esto ocurre día a día en Colombia, donde luchadores pacifistas, de derechos humanos, ecologistas, u opositores al gobierno de Uribe son criminalizados, insultados y acusados de terrorismo al unísono por todos los medios de comunicación, teniendo en muchos casos que poner tierra de por medio pues, una vez señalados, son blanco prioritario de organizaciones paramilitares que en la mayoría de casos, asesinan a los que deciden quedarse.
No podemos dejar de señalar el papel de las políticas antiterroristas en la erosión progresiva de los derechos de los ciudadanos y las garantías más básicas, utilizando la supuesta lucha contra el terror como un argumento para criminalizar la protesta social y las luchas por un mundo más justo.
Por todo esto, declaramos de nuevo, nuestra más firme solidaridad con Remedios García Albert, e invitamos a todas las asociaciones, organizaciones y movimientos que así lo deseen a sumarse a este manifiesto, así como al resto de acciones que se están llevando a cabo en solidaridad, especialmente la recaudación de fondos para el pago de la fianza de 12.000 €.-, cuyo impago, antes del viernes, conllevará la entrada en prisión de la compañera Remedios García.
Ingresos a nombre de Remedios García Albert
Concepto: pago de fianza
Ccc 2038 1969 67 3000193165
Asimismo, condenamos una vez más, la política represiva, asesina y criminal que practica el régimen de Álvaro Uribe contra su población y especialmente contra aquellos que trabajan día a día por un porvenir mas justo y en paz. Política que ya ha dejado varios miles de muertos y que ahora pretende ser exportada a Europa, con la amplia colaboración de esta última (que además necesita esta represión para sobrellevar la nueva crisis económica que acaba de empezar, como ya hemos visto en estos últimos meses: casos de censuras, juicios y encarcelamientos a activistas de los movimientos sociales)
Por ultimo, declarar firme y unánimemente que no cejaremos jamás, por mucha represión que haya, en nuestros empeños de cambio hacia un mundo mucho mas justo, solidario, en paz y con justicia social.
¡Libertad sin cargos para Remedios García!
¡No a la criminalización de los movimientos sociales!
Convocamos a la concentración que se celebrará hoy jueves 31 de julio, a las18.00 horas frente al Ministerio de Asuntos Exteriores español en la plaza de las provincias (junto a la Plaza mayor).
Organizaciones que suscriben este comunicado:
Asociación Argentina Pro Derechos Humanos – Madrid Asociacion de Solidaridad Bolivariana
Asociación Solidaridad Derechos Humanos Colombia
CINPROINDH
Colectivo 26 de Julio
Colectivo Madrileño por la Defensa de los Derechos Humanos en
Colombia (COMADEHCO)
Colectivo de Refugiados Colombianos en España (COLREFE)
Comité de España del Partido Comunista Colombiano
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
Comunistas-3
Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba-Madrid
Corriente Roja
Cultura Paz y Solidaridad
Derechos para Tod@s
El Militante
Espacio Alternativo
Foro de Sao Paulo en Madrid
Jóvenes del Polo Democrático Alternativo
Juventud Comunista de España (M-L)
Manos Fuera de Venezuela
OSPAAAL
Paz Ahora
Partido Comunista de los Pueblos de España
Partido Comunista de España
Partido Comunista de España (M-L)
Partido Comunista de Chile en España
Partido Comunista Uruguayo – Comite en España
Partido Nacionalista Peruano – Madrid
Periódico LaRepublica.es
Periódico LaDemocracia.es
Plataforma Bolivariana
Plataforma de Ciudadanos por la República
Red de Municipios por la Tercera República
Sodepaz-Madrid
Sindicato de Estudiantes
Unidad Cívica por la República
Unión de Juventudes Comunistas de España
Unión Proletaria
Anónimo
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viernes, 01 agosto, 2008
La confesión fue hecha ante la fiscalía de la ciudad de Barranquilla por Banquez (alias Juancho Dique), quien se acogió al proceso de negociaciones entre el gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que entre 2003 y 2006 permitió la desmovilización de cerca de 32 mil integrantes de esos grupos.
Explicó que los hechos ocurrieron cuando unos 300 miembros de las AUC llegaron al caserío de El Salado, en el departamento de Bolívar, con la intención de asesinar a los campesinos a quienes consideraban simpatizantes de las guerrillas, en el contexto de una política de contrainsurgencia que contaba con el apoyo de ciertos sectores del ejército.
Desde entonces se decía que la acción dejó alrededor de 60 víctimas, pero la Fiscalía General señaló el mes pasado que, de acuerdo con testimonios de los pobladores y las declaraciones de ex paramilitares, entre ellos Banquez, más de cien personas fueron asesinadas aquella vez, además de que las viviendas de las víctimas fueron quemadas y unas 280 personas tuvieron que huir.
"Lo que voy a decir es muy duro, pero es bueno contarlo. A algunas de las víctimas de la matanza de El Salado las guindaron con cáñamos en los árboles y las mataron con bayoneta, fusiles que tenían bayonetas, y eran degolladas", dijo el hombre en la audiencia de este martes, según declaraciones citadas por el diario El Tiempo de Bogotá.
Dijo que "mientras mataban, los otros, de puro ocio, tocaban gaitas, tamboras y violines. Eso fue durante la matanza que duró entre tres o cuatro horas", agregó este hombre, que además participó en otros 565 homicidios al citar diversas masacres como la de enero de 2001 en el caserío de Chengue, en el departamento de Sucre , que dejó 27 víctimas.
El paramilitar hizo la declaración ante la fiscalía en cumplimiento de los requisitos para acogerse a una rebaja en su condena a cambio de su desmovilización, según una controvertida negociación con el gobierno de Uribe para poner fin a 20 años de actividades de las AUC, que en ese lapso cometieron unos 9 mil asesinatos, principalmente entre la población civil.
La fiscalía llamó a juicio en febrero pasado por este caso de El Salado al capitán retirado de la Armada, Héctor Pita, debido a sospechas de que colaboró con los paramilitares.
El ataque armado en El Salado fue perpetrado por hombres al mando de Rodrigo Tovar Pupo, (Jorge 40), quien en mayo pasado fue extraditado a Estados Unidos con otros 13 ex jefes paramilitares, bajo cargos relacionados con el narcotráfico.
Una computadora incautada a Jorge 40 dio inicio al sonado caso de la parapolítica, llamado así por los nexos de varios políticos del oficialismo con los paramilitares, por lo cual la Corte Suprema de Justicia investiga a casi 70 congresistas, de los cuales 32 están en prisión.
En ese contexto, Juancho Dique denunció que los alcaldes de 18 municipios del norte de Bolívar fueron elegidos en 2003 por influencia de las AUC, y que él no sólo participó en asesinatos de políticos que supuestamente colaboraban con la guerrilla, sino también de sindicalistas y prostitutas.
En tanto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afirmaron que continuarán con la lucha armada y sólo buscarán una solución política al conflicto con otro gobierno distinto al del presidente Álvaro Uribe, de acuerdo con declaraciones del líder guerrillero Iván Márquez, en una entrevista con el canal de televisión multiestatal Telesur.
"La lucha armada no está en cuestión. Las causas que la motivaron no se han modificado", dijo Márquez en la entrevista. Afirmó que se engañan quienes afirman que la guerrilla está derrotada tras los más recientes golpes militares sufridos, al señalar que han sido múltiples los planes de aniquilamiento desde el gobierno, que datan desde el ataque de Marquetalia en mayo de 1964.
Sostuvo que si la guerrilla estuviera resquebrajada no se estaría hablando hoy del traslado de la base militar ecuatoriana de Manta –controlada por Estados Unidos– a Colombia, y que más bien se está resquebrajando "la podrida institucionalidad colombiana salpicada de sangre y cocaína, narcoparamilitarismo e ilegitimidad".
"Con Uribe la paz no es más que una quimera. La solución política al conflicto sólo es posible con otro gobierno... Un nuevo gobierno que, haciendo de la paz su objetivo cimero, recoja las tropas en sus cuarteles y mande a los gringos para su casa", añadió el comandante, integrante del secretariado o mando central de la mayor insurgencia del país.
Descartó que los líderes de las FARC estén dispuestos a aceptar un asilo político de Francia si acceden a un intercambio de rehenes por guerrilleros presos, al calificar ese planteamiento de "una afrenta a la dignidad de los guerrilleros", pues "los verdaderos combatientes no cambian las montañas de la patria ni sus convicciones por un humillante destierro en ultramar".
Sobre las críticas hechas por el líder cubano Fidel Castro a la decisión de las FARC de mantener rehenes civiles en la selva, Márquez sostuvo que la guerrilla está "en todo su derecho de buscar por todos los medios la libertad de los combatientes guerrilleros presos, tanto en las cárceles del régimen de Uribe como en las del imperio" estadunidense.
Subrayó que también se debe considerar la crueldad que sufren sus compañeros en las mazmorras colombianas y las estadunidenses, señalando que son las mismas que padecen "los cinco héroes cubanos" y los miles de prisioneros a quienes se ha violentado en sus derechos como ocurre en las cárceles de Abu Grahib y de Guantánamo.
Cumbre regional antidrogas
En otro orden, la cancillería colombiana informó que seis presidentes y representantes de 24 países asistirán, después de 18 años, a una cumbre regional antidrogas, en medio de un desalentador balance porque los golpes a los grandes jefes del narcotráfico no se han traducido en una merma de la producción de estupefacientes.
Al encuentro, que se realizará este viernes en el puerto colombiano de Cartagena, confirmaron su presencia los presidentes Felipe Calderón; Elías Antonio Saca, de El Salvador; Álvaro Colom, de Guatemala; Martín Torrijos, de Panamá; Leonel Fernández, de República Dominicana, y el mandatario del país anfitrión, Álvaro Uribe.
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