«« | »» |
Seguridad ciudadana inseguridad social |
Resulta terrible ver a masas enfervorizadas (lumpenproletarizadas, desclasadas, fascistizadas…) rodeando a un supuesto funcionario corrupto, o a un supuesto violador o a un supuesto asesino, mientras las «fuerzas de seguridad impiden democráticamente» su linchamiento, y las cámaras graban y emiten a placer y repetitivamente el evento. Preocupa, por lo paradigmático, el seguimiento informativo que se le hace al padre de una niña asesinada, pastor evangélico él, que reclama cadena perpetua para los pederastas y contundencia ante los errores judiciales, y al que concede audiencia el mismísimo presidente Zapatero.
Espeluzna la cancha mediática y política que, por ser, dicen, de «interés humano», se da de modo sensacionalista (no racional, sino impactante para los sentidos y el sistema nervioso) a todos aquellos acontecimientos que contengan básicamente sangre y sexo, pero también tintes racistas, líos amorosos, mobbyings, bullyings y anglicismos varios, asaltos, peleas, siniestros, asesinatos, hallazgos de cadáveres y «criminalidad» en general, estudiadamente mezclados, faltaría más, con asuntos de violencia política y de disidencia política y social; que no (¡eso nunca!) con casos de terrorismo patronal o institucional.
¿O acaso nos han mostrado, con el «morbo» que podría tener de acuerdo a sus parámetros, alguno de los cincuenta y dos trabajadores muertos ya en Euskal Herria en 2008, aplastados, abrasados, despedazados… y las dramáticas situaciones a las que se enfrentan sus familias?
¿O quizá no es periodísticamente «explotable» el que unas obras socialmente tan cuestionadas como las del TAV se acaben de cobrar su primer muerto (rumano y trabajador de una subcontrata de la UTE por más señas) y, por contra, y supuestamente desde la misma ética y visión económico - comercial mediáticas, sí se merece titulares, y analistas, y debates… un asunto tan banal como un piso comprado con hipoteca por la compañera de Iñaki de Juana, que consigue la inmediata petición de la probadamente «independiente» Fiscalía a la conocidamente «democrática» Audiencia Nacional para que promueva su embargo? ¿Será que el «estilo Hearst - Polanco» sigue vivo en todos los campos, entre ellos, y muy descaradamente, el político?
En todo caso, todo este amarillismo mediático asusta porque busca (y consigue) generar una inseguridad en la población, hacerle interiorizar (aunque los datos estadísticos no lo corroboren) que la criminalidad (siempre interconectada con la disidencia) va en aumento y que, en consecuencia, es preciso que el estado neoliberal «actúe» con mano dura, aún a costa de una grave cesión de las libertades civiles. Tolerancia cero, ley y orden, aumento de las penas, cámaras de vigilancia, detectores de metales, gravísima reducción del derecho de manifestación y expresión… Castigo como única solución.
Populismo punitivo y paroxismo legislativo en plena expansión.
Aceptación por parte de la masa trabajadora de la idea de que represión equivale a ¡seguridad ciudadana! Neutralización del hecho real y verificable de que la función del poder coercitivo del Estado no es otra que imponer los dictados financieros e ideológicos del neoliberalismo.
Banalización y descontextualización de la base real que alimenta la violencia contra las mujeres, los niños, los mayores, los obreros, los inmigrantes, los marginados… bajo un discurso populista como el manejado durante su último congreso por un PSOE probadamente neoliberal pero con un engrasado aparato de propaganda «izquierdista» (¡Hasta tararearon la Internacional!).
Despolitización y desideologización de la gran mayoría trabajadora que, ante una situación de desmantelamiento del ya de por sí poco musculado Estado del bienestar español, acepta o apoya su sustitución por un Estado - gendarme: ya no es un ciudadano, sino un individuo que produce y consume (cuando puede).
Disciplina, obediencia, militarización y judicialización como bases del «nuevo sistema». Implantación de un sistema educativo neoliberal - individualista - competitivo - jerárquico que, con la nueva reforma, definitivamente traspasa y envenena todas las escalas de la enseñanza; que valora el triunfo y la acumulación individual; que convierte a los alumnos en mercancías y en fondos de inversión; que jerarquiza entre público y privado y capacita clasistamente; que fetichiza las llamadas nuevas tecnologías; que impulsa los conocimientos, significados y valores del capitalismo en su actual fase, bajo la noción abstracta de «educación de calidad»; y que, como acertadamente señala K.J. Saltman en «The Securitized Student», intenta hacernos creer que existe una educación neutra y ocultar que «el curriculum escolar está impregnado de luchas de poder materiales y simbólicas».
No en vano, la aparición del término Euskal Herria en los libros de texto que, al parecer, van a definir el curriculum para los próximos cursos, es objeto de aparente enfrentamiento entre «constitucionalistas» y «nacionalistas»… aunque esa Euskal Herria que aparece sea un ente folklorizado y de muy frágil contenido.
«Think Gaur Euskadi 2020»… Por cierto, para cuándo el «think» ese en chino?
Nos quieren inseguros, sí, pero inseguros de una falsa inseguridad que, ante la actual situación de crisis y de aplicación estricta y sistemática de las más antisociales recetas neoliberales que son las que de verdad nos crean indefensión, le resulta de gran utilidad al sistema, puesto que erosionan el poder democrático público.
En primer lugar, esa amarillista potenciación del «miedo al otro», además de falsear nuestros temores, los individualiza, y, de ese modo, nos quita libertad para acciones colectivas, para desarrollar mecanismos de solidaridad, para imaginar otras alternativas y para defender lo que hasta ahora habíamos considerado eran nuestros derechos y nos van arrebatando: la sanidad, la vivienda, la educación, los servicios sociales, las pensiones, la protección del empleo y del empleado, la lucha en sus diversas formas… El resultado es que, en lugar de mayor seguridad, lo que conseguimos es mayor fragilización y desprotección sociales para que ciertos bolsillos muy concretos, con nombre y apellidos, puedan seguir engordando hasta reventar, y haciéndose con el gran pastel del dinero público (de todos).
La regresión es patente.
En segundo término, esa escandalosa inoculación mediática de la «inseguridad ciudadana», además de llevarnos a replegarnos en nuestro espacio «privado» (aunque permanentemente vigilado), está consiguiendo la fascistización - alienación - incapacitación ideológica de parte de la población de nivel bajo - medio: aumento de la audiencia de presentadores, personajes o grupos de presión claramente reaccionarios; desplazamiento de los debates de interés colectivo real (trabajo, vivienda, precariedad, privatización del dinero público…) hacia temas más propios del fascismo grannacionalista o del populismo reaccionario, que estaban supuestamente superados, y que acarrean un creciente peso de la Iglesia más retrógrada y de todo su aparato económico-ideológico, colegios, clínicas, fundaciones, universidades y lobbys varios incluidos.
El retroceso es innegable, aunque ahora tengamos muchas más ministras y autoridades salidas del armario.
Tras unas declaraciones en 2001 del entonces ministro de Interior francés para quien «la seguridad no es de derechas ni de izquierdas», Frédéric Maurin le proponía, con ironía, una serie de medidas consecuentes con su afirmación, como por ejemplo: fichar el ADN de todo aquel responsable de maltrato a los asalariados (precariedad, flexibilidad, exclusión); castigar las violaciones colectivas de derechos sociales en los grandes centros de negocios; embargar preventiva y diligentemente todos los bienes de personajes sospechosos de fraude; repatriar y juzgar a todos aquellos con cuentas irregulares en paraísos fiscales; organizar, dentro de la propia OTAN, ataques quirúrgicos contra esos mismos paraísos fiscales donde se esconden y reciclan miles de millones de euros del fraude fiscal, la droga, la venta de armas, las malversaciones de dinero público; ingresar en centros especializados a los toxicómanos del beneficio y el robo capitalista…
Con ese artículo titulado «¡Inseguridad: alto al laxismo!», su autor ponía en evidencia precisamente lo que en estas líneas queríamos mostrar: que nuestra seguridad no es en absoluto la del poder, concepción de seguridad que debemos denunciar y desarticular; que tenemos que redefinir lo que para la clase trabajadora en general y vasca en particular es la seguridad, que sólo lo puede ser en términos de poder deliberativo sobre el trabajo, la asistencia, la educación pública, la salud, la protección, la distribución justa y equitativa de recursos y de poder, el derecho a decidir…
Para lo que, claro está, tendremos que seguir desarrollando órganos de información, formación y debate alternativos… e irnos desenganchando de esos medios que desde el sensacionalismo nos envenenan.
Alizia Stürtze

Etiquetas: conocimiento, memoria, multitud, politica, sabiduria, violencia.
Recuerda esto, en mucho, a lo ocurrido entre los agentes de 'El Bloque' de Coslada, aunque este caso fue investigado por la Udyco, ya que las Policías Locales no cuentan con Asuntos Internos. Se produjeron, presuntamente, delitos de tráfico de drogas y explotación sexual e, incluso, asociación ilícita para delinquir.
En cuanto al narcotráfico, la reciente detención de un subinspector de la comisaría de Torrejón de Ardoz, en el marco de la operación 'Rosales', puso en la picota, aunque de manera aislada, el buen hacer de algunos funcionarios. En este caso, el policía Antonio Márquez Peña entabló relaciones con una mafia de narcos a través de su pareja, colombiana. Así fue como se convirtieron en testaferros de los dos locales de ocio donde se daba salida a la droga y, además, supuestamente, el subinspector pasaba información sobre vuelos a los narcos, valiéndose de su posición laboral.
También se les imputan delitos contra la salud pública a los guardias civiles Francisco Yepes y César Torollo, vinculados presuntamente al caso 'El Molar', el más reciente. Este asunto fue destapado por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil a raíz de las escuchas telefónicas a camellos españoles y dominicanos de ese municipio y de San Agustín del Guadalix.
Son los asuntos más recientes, los más llamativos, pero hay otros que también saltaron a la opinión pública y que aún no han quedado esclarecidos. Es el caso, por ejemplo, de la detención de cuatro agentes de los 'Centauros' de Madrid en marzo del año pasado.
Todo comenzó por la denuncia de inmigrantes chinos de Usera en la que exponían que agentes de paisano y de uniforme, del turno de noche, les sustrajeron hasta 5.700 euros en inspecciones a sus locales. Tanto la Jefatura Superior como el juzgado donde fueron interpuestas las denuncias de los chinos archivaron el caso al no encontrar pruebas suficientes, pero Asuntos Internos siguió adelante.
Pero el caso tuvo continuidad, puesto que los agentes detenidos, que siguen suspendidos de empleo y sueldo, denunciaron a su vez a los funcionarios de Asuntos Internos por detención ilegal. Es más, la Unidad de Centauros proporcionó datos sobre una operación que terminó con la detención de algunos de los chinos denunciantes por estafar con un millar de tarjetas de crédito falsas. A fecha de hoy, el caso está en manos del juzgado de Instrucción número 44 de Madrid, que admitió a trámite la querella de los 'centauros'.
Paralelamente a ese caso, fuentes policiales indicaron que Asuntos Internos también trabajaba en la investigación de presuntas coacciones de otros 'centauros' a porteros de discotecas madrileñas. Se especuló con que el tema de Usera no fuera más que un toque de atención a estos otros 'centauros'.
En octubre de 2007, el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional detuvo al jefe de Estupefacientes de la comisaría de Móstoles, Carlos G. L., alias 'El Armario', acusado de tráfico de drogas. También se le acusaba de falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos.
La investigación partió un año atrás, cuando empezó a detectarse que desaparecía droga tras las intervenciones y que, a veces, el alijo incautado era sustituido, algo parecido a lo que acaba de ocurrir en la Jefatura Superior de Sevilla. Tan sólo en tres años, se detuvo a cinco agentes de Móstoles por supuesta corrupción.
Dos años antes, en noviembre de 2005, un comisario de Policía Nacional, Santiago S. A., fue destituido en su cargo tras acusarle de dar información de 25.000 documentos nacionales de identidad (DNI) a una empresa privada. Una decena de agentes fueron interrogados por este caso y se intervinieron más de 500 hojas con los datos de los titulares del DNI. El comisario general de Extranjería decidió apartarlo del servicio como medida cautelar.
«« | Inicio | »» |