El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha afirmando este lunes que el crecimiento de la economía española en el segundo trimestre del año va a ser "algo inferior", pero ha asegurado que el Gobierno está tomando "todas las medidas" para incentivar la demanda. El PIB en el primer trimestre creció al 0,3 por ciento intertrimestral. Desde el ministerio se da por echo que en el segundo trimestre, el crecimiento será peor, y que a final de año la situación será aún más negativa, significa que el crecimiento del PIB estará por debajo del 1 por ciento en 2008. El ministro de Economía dice que "No es nuestro trabajo decir cuándo vamos a entrar o no en recesión" y a continuación dejó claro que piensa tomar medidas tan de derechas como liberalizar aún más los mercados.
Desde que el PSOE ganó las elecciones, Solbes ha revisado hasta en dos ocasiones las previsiones de crecimiento y ha vuelto a decir que en el segundo trimestre creceremos menos que en el primero (0,3 por ciento intertrimestral). Además, los datos de afiliación correspondientes al mes de junio, avanzan la llegada de la recesión económica a España a corto plazo.
Preguntado en Bruselas por las medidas más urgentes para evitar la recesión, el ministro ha respondido que el "objetivo fundamental" del Gobierno sigue siendo mejorar la demanda y la economía. "No es nuestro trabajo decir cuándo vamos a entrar o no en recesión, si vamos a entrar o no", ha comentado Solbes a los medios, a su llegada a una reunión del Eurogrupo.
"Lo que sí puedo decirles es que, de acuerdo con nuestros datos, en el segundo trimestre de este año el crecimiento es algo inferior; lógicamente vamos a hacer todo lo posible, se han tomado una serie de medidas para que mejore la demanda y la economía, y ése es nuestro objetivo fundamental". Solbes respondía a los comentarios del presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, quien reclamó al Gobierno que tome medidas "más tajantes" si no quiere que se alargue la situación de "crisis" que vive la economía española.
"Yo creo que es imprescindible seguir trabajando en la liberalización de los mercados; creo que no es el momento para hacer rebajas del impuesto de sociedades, y creo también que, en los salarios, hay que evitar los efectos de segunda vuelta en los que he insistido muchas veces". "Por lo tanto", ha resumido Solbes, "hay elementos de aproximación y elementos de discrepancia".
Respecto a la evolución de los precios de la vivienda, el vicepresidente económico ha asegurado que no es su trabajo preocuparse de que caigan los precios o no.
"Sí puede ser parte de mi trabajo el intentar que la gente gane confianza y vuelvan a comprarse casas en cantidades significativas en España". "El problema que tenemos es que ha habido, yo diría, una cierta indigestión en la construcción, por una construcción excesiva, y ahora lo que estamos viviendo es la digestión de esos excesos".
"No sabemos el tiempo que tardará, pero lógicamente yo creo que empieza a generarse ya un principio de demanda que antes o después se centrará en el mercado y acabaremos volviendo a una situación más normal de construcción, aunque parece que no está siendo este año", ha indicado el vicepresidente.
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Anónimo
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martes, 08 julio, 2008
Según los expertos, nos encontramos ante el ajuste más brutal que va a sufrir el empleo desde que existe estadística laboral.Se dan todas las condiciones, algunas desconocidas hasta ahora y otras que coinciden por primera vez, para la «tormenta perfecta» en el mercado laboral. Los despidos ya han comenzado y se acentuarán tras el verano, según coinciden los expertos consultados. Las grandes empezaron hace meses los ajustes, con la bonanza económica.Ahora es el turno de las pymes.
Desde el punto de vista laboral, se trata de una crisis atípica y desconocida hasta ahora. El mercado está estrangulado. Un tercio largo de los trabajadores tienen contrato temporal, y el ajuste ha empezado por ellos. No se les renueva y punto.
Por otra parte, a pesar de que se ha acusado a la legislación laboral de falta de flexibilidad, en la historia reciente nunca ha sido más barato despedir. Los sueldos son bastante más bajos que los que existían en la última crisis de principios de los 90. Despedir a un mileurista apenas tiene coste, dicen en los sindicatos. Además, una gran parte de los trabajadores apenas acumulan antigüedad. Incluso, dicen, muchas empresas, sobre todo del sector tecnológico, han creado la doble escala salarial (una, más elevada, para los empleados más antiguos, y otra, más baja, para los nuevos).
En este contexto se sitúan el 8% de los inmigrantes en alta laboral.Los abogados laboralistas reconocen que no plantean reclamaciones a la empresa (tampoco se sindican). «Trabajan en las condiciones que se les pida y están dispuestos a aceptar dinero B, e incluso a seguir trabajando, cobrar en negro y olvidarse de futuras prestaciones», dicen fuentes sindicales. «Muchas empresas de la construcción pagan en B y despiden también en negro», añaden.
El verano prepara una dura factura al empleo. Muchas empresas , sobre todo de los sectores más críticos (pesca, transporte, agricultura, construcción) aprovecharán el mes de agosto, de menor actividad, para asjutar definitivamente sus plantillas.Y los trabajadores que sobren no volverán en septiembre, según auguran los sindicatos.
En realidad, el duro ajuste ha comenzado ya, sobre todo en la construcción, donde son comunes los contratos temporales. Las empresas han empezado a no renovar a estos trabajadores contratados «por obra». Sólo hay que ver que en la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año ha decrecido la temporalidad a tasas próximas al 30%, frente al 33% de hace sólo unos meses.No se debe al aumento de contratos indefinidos, sino a que no se actualizan los no fijos.
También se observa ya que las compañías empiezan a pensar en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) como uno de los objetivos, pero no como una suspensión temporal por una situación adversa, sino como forma de extinguir definitivamente el empleo.También ha aumentado la conciliación de despidos, porque a las empresas les salen más rentables los acuerdos que acudir a la autoridad administrativa o judicial.
Los ERE son un instrumento habitual en tiempo de crisis económica, aunque a las sociedades les es más fácil que les sea autorizado por las autoridades administrativas en épocas en las que no haya crisis o elecciones. Un ERE se solicita por razones económicas, técnicas, organizativas o de fuerza mayor, con el objetivo de indemnizar a los trabajadores con 20 días por año trabajado.Lo habitual es que, si no viene pactado (suele usarse por las grandes empresas para prejubilar a sus trabajadores de mayor edad), las autoridades lo rechacen o incrementen el número de días a indemnizar.
Entre los cuatro primeros meses de 2007 (cuando la economía crecía al 4%) y los de 2008 (el PIB ha caído al 2,7%) hay una diferencia de unos 200 expedientes. Sin embargo, mientras que hasta abril del año pasado la mayoría de las empresas solicitaban un ERE para suspender temporalmente el empleo, ahora demandan directamente la extinción. Por ejemplo, la solicitud de extinción (autorizada) se ha incrementado un 27% (10.805 despidos más) mientras que la de suspensión ha decrecido un 76% (4.382).
Por sectores, los ERE en la construcción han aumentado un 170% y han afectado en este periodo a casi un millar de trabajadores, un crecimientro del 222% respecto al año anterior. Sin embargo, también se observa un aumento de los ERE que afectan a mayor número de empleados de otros sectores como la hostelería, las agencias de viajes, el transporte terrestre o el comercio al por mayor.
En cuanto al tamaño de las empresas que demandan estos expedientes, si hasta 2007 las que tenían entre 1.000 y 5.000 empleados eran las que más ERE demandaban (en su mayoría suspensiones de empleo temporal de las fábricas de automóviles), ahora, hasta abril, lideran la petición de ERE las medianas, que tienen entre 50 y 250 trabajadores.
Al analizar las causas alegadas en los expedientes, es cuando más se observa el reflejo de la crisis económica actual. Por ejemplo, por razones económicas, manifestando problemas de tesorería y financiación, se han presentado este año 177 expedientes (un 77% más que hace un año), que afectan a 3.469 trabajadores (frente a los 2.757 de 2007).
Los ERE que se presentan por la restricción de demanda y rescisión de contratos con otras empresas han aumentado un 21%, mientras que por razones técnicas (por ejemplo, reestructuración de empresas) han pasado de uno a 10. También crecieron (casi un 10%) los presentados por causas organizativas o de producción.
Las comunidades autonómas más prolíficas en aceptar ERE son las de mayor actividad económica, entre ellas Madrid y País Vasco, pero donde se observa un espectacular aumento es en la autonomías del arco mediterráneo con más actividades de la construcción y los servicios, como Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.
En diez años, con la economía en el mejor ciclo de crecimiento, se autorizaron 42.359 ERE, que afectaron a 753.804 trabajadores (141.121 correspondían a las sociedades con más de 5.000 empleados).Sin embargo, como afirma Enrique Lillo, responsable del Gabinete Jurídico Interconfederal de CCOO, «las empresas están optando ahora por negociar directamente con los trabajadores su salida porque presentar un ERE le acarrea gastos y un resultado impredecible».
Es decir, un ERE tiene que depositarse ante la autoridad administrativa con inclusión de una auditoría (las pymes no suelen tenerla), o las cuentas (incluso de la matriz u otras sociedades instrumentales).En algunos casos, tanta transparencia no interesa a muchas empresas.Lillo añade que las autoridades, además, están muy alertadas para evitar que les cuelen despidos objetivos y colectivos (por las mismas causas y que parten de la misma indemnización, pero que no exigen tanta documentación) que son ERE claramente porque suelen superar el 10% de la plantilla. A veces hay un acuerdo previo de salida con los trabajadores. Pero las autoridades persiguen estos casos y los suman para exigírselo.
Por otra patre, como indica Federico Durán López, socio coordinador nacional del Departamento Laboral del despacho Garrigues, «los ERE, paradójicamente, sólo han quedado para que los utilicen las empresas que tienen dinero para plantearse su coste y su resultado».
Lo habitual es, por tanto, la negociación directa con el trabajador mediante la promoción de bajas incentivadas o incluso el despido improcedente de 45 días por año trabajado (que ahora es más barato por la poca antigüedad que tienen la mayoría de los empleados y los sueldos, más bajos que hace años).
El acuerdo se lleva a las instituciones oficiales de mediación, arbitraje y conciliación para que el empleado pueda cobrar el paro. Si no se pacta, las resoluciones de los jueces en vía ordinaria suelen ser más perjudiciales para las empresas, sobre todo si no depositan el salario de tramitación. «Los empresarios han aprendido que defienden mejor los intereses de la empresa si hacen ajustes permanentes», afirma Ignacio García-Perrote, director del Departamento de Derecho Laboral del Despacho Uría Menéndez.
Los jueces deciden
Otra fórmula que han encontrado las empresas y que no existía hace cuatro años es la de los concursos de acreedores. La Ley concursal, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004, sustituye la anterior legislación sobre las antiguas suspensiones de pagos y quiebras.
Con la nueva norma, es el juez mercantil quien tiene que decidir si acepta la declaración de concurso de una empresa. Este mismo magistrado será quien apruebe las nuevas condiciones laborales de los trabajadores. Así, ha quedado suprimida la autorización administrativa para el despido colectivo y los jueces de lo social han sido sustituidos por jueces mercantiles para decidir sobre cuestiones laborales.
El despido se vuelve, generalmente, mucho más barato con los concursos de acreedores. «Cuando un ERE tiene que formalizarse ante un juez, dificulta las condiciones de los trabajadores, porque el juez vela también por los derechos de los acreedores», explica García-Perrote, el socio de Uría. «La tarea principal del magistrado es velar por la masa activa del concurso, y no por los trabajadores».
Los concursos de acreedores se han disparado en los tres primeros meses del año. De enero a marzo se han contabilizado 457 concursos, más de la mitad de lo alcanzado durante todo 2007, cuando se registraron 952 compañías en este proceso, según datos recopilados por la consultora Informa D&B. Se trata sobre todo de empresas de la construcción. Las primeras en abrir camino.
Aprovechar los paros para despedir
Los últimos paros en sectores como el transporte, la agricultura y la pesca están siendo aprovechados por muchas empresas para introducir despidos encubiertos. Así sucedió en el paro de los transportistas, a principios de junio. Las empresas automovilísticas, sobre todo, anunciaron de repente reducciones de plantilla alegando que el paro había provocado una crisis de producción que no se podía sostener con tantos trabajadores. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se vio obligado a intervenir, asgurando que su departamento «mirará con lupa» los ERE presentados con la «excusa» del paro. «No se puede plantear seriamente que 24 horas de falta de suministros motive la necesidad de un expediente de regulación de empleo», afirmó. Comisiones Obreras ha vuelto esta semana a detectar el mismo problema. El sindicato denunció el viernes que los empresarios aprovechan el «paro patronal» de la pesca, convocado por Cepesca desde el pasado 30 de mayo, para promover despidos encubiertos. La organización sindical dice tener constancia de que, coincidiendo con el cese de la actividad, se han producido un gran número de solicitudes por desempleo. Según CC OO, algunas de las solicitudes son por fin de obra, mientras que otras son despidos claros y otras obedecen a que el barco queda en tierra.
El sindicato se propone hacer un seguimiento «exhaustivo» de todas las situaciones para que se actúe contra las solicitudes de desempleo que resulten ilegales.
Anónimo
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martes, 08 julio, 2008
Ello tiene múltiples consecuencias negativas. La más inmediata, que provoca la sensación de crisis y ahoga a los consumidores y empresas, es la pérdida de poder adquisitivo, que puede llegar al 2% en el año. Visto esto mismo desde un punto de vista macroeconómico, nuestro abultado déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente aumentará este año dos puntos porcentuales del PIB, hasta el 12%, por la subida del petróleo y materias primas. Es decir, los desequilibrios y el endeudamiento, en vez de reducirse, que es lo que sucede en las fases cíclicas recesivas, siguen aumentando.
Otra consecuencia es la subida de los tipos de interés para cortar las expectativas inflacionistas que acordó el jueves el BCE. Por cierto, no sé por qué algunos han interpretado de las palabras del presidente del BCE que no va a haber más subidas de tipos. Si la inflación se va al 4,5% en la zona del euro, ¿quién puede creerse que con una sola subida de 25 puntos básicos se cortan las expectativas inflacionistas? No nos engañemos, los tipos seguirán subiendo, a no ser que se produzca el milagro de que el petróleo se de la vuelta y descienda a los 90 dólares con que comenzó el año. O bien, que se produzca otro milagro, que los Gobiernos de la zona euro, con el español en primera línea, lleven a cabo reformas en los mercados de trabajo y de bienes y servicios para flexibilizar los procesos de formación de precios y salarios, evitando que se produzcan los temidos efectos de segunda ronda sobre la inflación.
Más consecuencias: las cláusulas de salvaguarda de los convenios colectivos volverán a dispararse este año, los costes laborales aumentarán por encima del 5% -bastante más de lo que lo harán en la zona euro- y las empresas seguirán perdiendo competitividad. Éste es un tema muy serio que alguien debería detener, pues si no nos encaminamos a un suicidio económico colectivo. Cuando la inflación sube por el alza de los precios de los productos que importamos (petróleo y otras materias primas), no se puede pretender mantener el poder adquisitivo.
Si en el frente de los precios las cosas se complican, en el del empleo, que es más importante, también. Los datos de afiliados a la Seguridad Social de junio fueron pésimos y peores de lo previsto, quizás por los efectos de la huelga del transporte. En términos desestacionalizados y utilizando los datos de afiliación media diaria se produjo una disminución mensual de 93.500 afiliados, la mayor en lo que va de año [gráfico superior derecho]. El sector de la construcción cargó con más de la mitad de esta cifra, pero también el resto de sectores en conjunto muestran pérdidas de empleo por segundo mes consecutivo. El número medio de afiliados en el segundo trimestre se ha reducido un 0,5% (2,3% en términos anualizados) respecto al trimestre precedente, y la tasa interanual ha caído del 1,7% al 0,5%. Si la EPA, como es usual, confirma estos datos, ello significa que el crecimiento trimestral del PIB habrá sido nulo o ligeramente negativo, como venimos anunciando en esta página desde hace dos meses, y la tasa interanual se habría reducido del 2,7% en el primer trimestre al 1,6% o 1,7% en el segundo.
Coherentemente con esta evolución del empleo, el paro registrado volvió a aumentar notablemente en junio, concretamente en 70.800 personas en términos desestacionalizados [gráfico inferior izquierdo]. Tras conocer estos datos, no me extraña que al ministro de Trabajo le parezcan razonables las previsiones de paro de la OCDE para España, que dan un 9,7% de la población activa para 2008 (media anual) y 10,7% para 2009. Seguro que a él le salen más altas. A mí me dan un 10,5% para este año y 12,5% para el próximo. Al que esto le parezca mucho, que haga sus propios números.
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