Diez expertos independientes en derechos humanos del mecanismo de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en una carta dirigida a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea (Francia), expresan su preocupación acerca de la propuesta de la Directiva de Retorno de la UE.
Esta directiva busca proveer estándares y procedimientos comunes para todos los Estados Miembros de la UE en el retorno de ciudadanos de terceros países con permanencia irregular.
La norma fue aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de junio de 2008 y actualmente está siendo revisada por el Consejo de la Unión Europea, que considerará su adopción entre el 24 y 25 de julio de 2008.
"Hemos enviado esta carta a la Presidencia francesa y a todos los gobiernos pertinentes de la UE, para expresar nuestra preocupación acerca algunas de las previsiones de la Directriz, tal como está actualmente planteada", explica una de los expertos.
Agrega que una de las principales preocupaciones está relacionada con el régimen de detención previsto, en espera de los procedimientos de traslado de inmigrantes ilegales. La Directiva prevé períodos de detención de hasta 18 meses, "lo cual parece ser excesivo".
El conjunto de reglas propuestas permitiría a los Estados Miembros detener a niños no acompañados, a víctimas de tráfico de personas y a otros grupos vulnerables.
Al respecto, los titulares del mandato recuerdan "que los inmigrantes irregulares no son criminales. Por regla general no deberían ser sujetos a detención en absoluto".
Mencionan que los Estados Miembros están obligados a explorar la disponibilidad de alternativas a la detención, y la detención sólo debe ser por el período de tiempo más corto posible.
LEGALIDAD
En su carta los expertos en derechos humanos además alientan a los Estados Miembros a fortalecer el procedimiento de revisión judicial de la legalidad de la detención.
Esto supone que "los tiempos límite de revisión judicial establecidos deben seguir vigentes incluso en 'situaciones de emergencia', cuando un número excepcionalmente grande de inmigrantes indocumentados ingresan en el territorio de un Estado Miembro".
También, "de manera similar, las apelaciones a las decisiones relacionadas con el retorno, incluida la prohibición de reingreso, deben, tener efectos suspensivos en toda circunstancia".
En la carta los expertos expresan además su preocupación acerca de la posible duración de las prohibiciones de ingreso de hasta cinco años. "Tememos el impacto potencial, especialmente para los grupos vulnerables, tales como las víctimas del tráfico de personas. Creemos que las salvaguardas existentes en el texto propuesto deberían también ser reforzadas con vistas a lograr la completa conformidad con el principio de no devolución", señalan.
En la carta también sugieren que los Estados Miembros incrementen la protección para las víctimas de violación y para otras formas de violencia de género, y que aclaren hasta qué punto los Estados Miembros tomarán en cuenta el derecho a la educación de los niños.
Los expertos en derechos humanos también reconocieron que la Directriz puede ser vista como un esfuerzo que tiene el potencial de proveer estándares uniformes acerca del retorno de inmigrantes indocumentados a lo largo y ancho de la Unión Europea, y subrayaron algunos rasgos positivos de la directiva.
El título completo de la Directiva votada por el Parlamento Europeo es "Directive 2008/.../EC of the European Parliament and of the Council of common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)".
EXPERTO QUE FIRMAN LA CARTA
Los diez expertos en derechos humanos son: la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitaria, Manuela Carmena Castrillo; el Relator Especial sobre la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, Najat M'jid Maala.
El Relator Especial sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz Villalobos; la Relatora Especial sobre libertad de creencia religiosa, Asma Jahangir; el Relator Especial sobre la independencia de jueces y magistrados, Leandro Despouy:
El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Jorge A. Bustamante; el Relator Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Doudou Diéne.
El Experto Independiente sobre las consecuencias de las políticas de reforma económica y de la deuda externa para el goce efectivo de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, Cephas Lumina.
El Relator Especial sobre violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk; y el Experto independiente designado por el Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en Haiti, Louis Joinet.
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Anónimo
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jueves, 24 julio, 2008
Mil preguntas acuden a la cabeza de los cientos de miles de personas que podrán acogerse a esta ley. El número de beneficiarios es tan inexacto que las mismas autoridades españolas no conocen bien el número de cientos de miles que se podrán acoger. Voceros del Ministerio de Exteriores del estado español cifran en 1.500.000 los que podrán acogerse a la Ley, doblándose de esta manera el número de españoles residentes en el exterior, que llegaría a más de 3.000.000.
La concesión todavía no está clara en sus requisitos, ni el Ministerio los conoce a día de hoy, julio de 2008, pero lo que sí es seguro es que se hará una interpretación laxa del termino “exiliado” alargando su significado a los emigrantes económicos de la época de la dictadura.
Uno de los errores de la Ley de Memoria Histórica, a mi entender, es el pretender reducir el exilio a la dictadura de Franco. La República española, durante los dos años de gobiernos de la derecha, el llamado “Bienio negro” mandó al destierro a infinidad de políticos con las excusas más peregrinas. Antes de la República, la dictadura-monarquía del abuelo de Juan Carlos, Alfonso XIII, exilió a centenas de miles de hombres y mujeres huyendo de las guerras que organizaba en África para enriquecerse, a costa de los pobres campesinos que eran secuestrados en las aldeas para que el rey Borbón continuase jugando (y perdiendo) en los casinos de Europa.
Mi abuelo fue uno de esos exiliados que tuvo que huir a Cuba para volver a morir a su tierra cincuenta años más tarde.
Esta Ley que llega tarde, como les gusta a los políticos, llenará Latinoamérica de ciudadanos con ciudadanía española, que en su momento servirán de mano de obra barata y cotízante, cuando los españoles, ya viejos, necesiten hombres y mujeres que los ayuden a mantener su nivel de vida. Los primeros en llegar serán aquellos que tengan carreras universitarias y obligarán a las universidades públicas de Latinoamérica a exigir a los estudiantes a firmar un contrato por el que se comprometen a devolver el tiempo y dinero invertido en éllos en su país.
Pero... ¿cuál es su país? Esa es una buena pregunta, que un pasaporte no puede responder, porque la patria es mucho más que un pasaporte, es algo más... ¿o no?
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