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La crisis imperfecta |
La retahíla económica de Zapatero tiene tres ejes fundamentales. El primero es despiezar y negar la crisis económica. Por el momento hay datos menos malos que le ayudan a negar la existencia de una recesión con todas las dramáticas consecuencias contra los trabajadores y sus familias. Todavía no hay índices de crecimiento negativo más que en sectores determinados; si bien estos sectores, como la construcción, tienen una importancia económica determinante en nuestro país. El segundo es insistir en que el gobierno “mantendrá las políticas sociales prometidas en el programa electoral”. Semejante reclamo tiene un carácter totalmente publicitario porque pasa por alto que cientos de miles de trabajadores y, consecuentemente, de familias, perderán el empleo del que viven y se irán quedando también sin las prestaciones que les permiten sentir un largo vértigo antes de caer en la miseria. El paro creciente es paro de larga duración. Para Zapatero el paro parece ser un dato económico, de carácter técnico, que no responsabiliza a nadie, y que no tiene consecuencia social alguna. El tercer eje del discurso de Zapatero es el recurso a las referencias exteriores como origen de la crisis: precio creciente del petróleo, crisis hipotecaria en EEUU, aumento de los precios de los alimentos.
El presidente del Gobierno utiliza la estructura económica en la que nos han instalado los dos partidos –PP y PSOE- como una especie de Providencia Divina que determina nuestra felicidad o nuestra tragedia pero que está más allá de las posibilidades de actuación del gobierno.
El primer argumento de Zapatero –la negación de la crisis- es absolutamente irresponsable.
El segundo argumento de Zapatero: el mantenimiento de las “políticas sociales” es totalmente cínico, y encierra una crueldad fría o una estupidez peligrosísima.
El tercer eje de Zapatero: la subordinación impotente a los datos y procesos económicos exteriores es una negación realista de la soberanía política y económica, que debiera conducirlo ante un tribunal de justicia.
La aceptación de la situación económica como “una necesidad” inevitable puede arrastrarnos hacia una situación dramática en muy pocos meses.
Zapatero tiene la obligación estricta de asegurar el mínimo vital –vivienda, alimentación, asistencia sanitaria y trabajo- para todos los españoles y todos los residentes en nuestro país. El presidente del gobierno no puede esconderse tras la negación de la crisis, el olvido de sus consecuencias, y la apelación a la providencia.
A estas alturas es obvio que Zapatero ha pactado con las transnacionales y grandes empresas españolas que decidieron su triunfo sobre Rajoy el tratamiento psicológico, político y económico de la crisis. El primer acuerdo ha sido el de negar, el segundo el de aplicar bálsamos y paliativos de conservadurismo compasivo a los trabajadores gravemente golpeados por la crisis, el tercero el de mantener a toda costa el marco económico en el que se ha gestado el desastre. Son los tres ejes de la política económica del presidente.
Con la misma firmeza y pueril alegría vital con la que ha defendido a un sistema que se desploma tiene que buscarle alternativas. Si no las tiene, si es incapaz de concebirlas, debe marcharse inmediatamente.
Los ciudadanos y ciudadanas deben empezar a desterrar de sus conciencias el criterio de “moral pública” que garantiza la irresponsabilidad y la impunidad absoluta de sus políticos.
Antonio Maira
Etiquetas: conocimiento, inteligencia, monopolios, multitud, politica.
Los datos dados ayer a conocer no dejan lugar a dudas sobre el enfriamiento económico. Si en junio de 2007, la Seguridad Social contaba con 19,377 millones de afiliados en alta (ocupados), el pasado 30 de junio se registraban 19,358 millones, lo que supone un descenso de 19.000 cotizantes. El dato es enormemente representativo toda vez que recoge información de lo ocurrido en los doce últimos meses, por lo que no está ‘contaminado’ por factores estacionales o coyunturales. Para hacerse una idea del súbito empeoramiento de la afiliación hay que tener en cuenta que hace apenas dos años el número de cotizantes crecía a ritmos superiores al 5%, lo que indica la velocidad del ajuste.
Aunque en términos relativos el régimen de autónomos y el del carbón son los que pierden mayor número de afiliados (un 5% y un 8%, respectivamente), lo más significativo es que el régimen general -que es la columna vertebral del sistema- pierde un 0,47% de afiliados. O lo que es lo mismo. En estos momentos (medias mensuales) tiene 70.221 cotizantes menos que hace un año.
Dentro del régimen general, la caída tiene que ver fundamentalmente con lo que está sucediendo en el mundo del ‘ladrillo’, donde se observa retrocesos de considerable importancia. El número de afiliados a la construcción ha caído nada menos que un 13,5% en términos anuales, lo que significa la destrucción de 265.860 puestos de trabajo. De la misma manera, la industria manufacturera, en buena medida ligada al ‘ladrillo, ha perdido 59.788 empleos, el 2,5% de su fuerza laboral.
Aunque en términos cuantitativos su importancia es relativa, hay que destacar el desplome del empleo agrario, hasta el punto de que la afiliación está cayendo a ritmos del 24%. El 30 de junio pasado, había 729.667 cotizantes al régimen agrario, 250.000 menos que hace apenas un año.
La pérdida de dinamismo en la afiliación a la Seguridad Social se observa también entre los inmigrantes, pero de forma mucho menos intensa que en el caso de los trabajadores autóctonos. De hecho, el número de cotizantes extranjeros crece todavía a ritmos del 4,60%, la mitad que hace un año. En estos momentos hay 2,12 millones de inmigrantes que cotizan a la Seguridad Social, lo que da idea de que la capacidad de adaptación del trabajador extranjero a la crisis es mayor, por razones de salario y de movilidad geográfica. Un trabajador inmigrante acepta más rápidamente un empleo con menor remuneración que un nativo, mientras que en la mayoría de los casos está dispuesto a cambiar de residencia en aras de continuar viviendo en España. Del total de extranjeros, las dos terceras partes proceden de países ajenos a la Unión Europea.
Ante la coyuntura económica reinante y la negativa del Gobierno a no recortar en el gasto público, el editorial señala a la privatización, el recorte en el número de burócratas y la congelación de sueldos de los funcionarios como alguna de las posibles medidas para compensar gastos.
La publicación señala a un comentario del Banco de España, en el que dijo que la necesidad de la economía es el control del crecimiento de los sueldos y el dar facilidades a las empresas para poder realizar despidos de un modo más barato, y apunta que Zapatero ya ha pedido a sindicatos y empleadores que empiecen a dialogar.
Ante este panorama, The Economist dice que Zapatero podría tener como soluciones más fáciles a su falta de popularidad ser más duro con las autonomías, especialmente con aquellas con tintes nacionalistas, y endurecer las medidas contra la inmigración con planes tales como impedir a los inmigrantes que se traigan a sus padres o hijos adultos, de modo que se desanime a nuevos inmigrantes a buscar un futuro mejor en España.
"Ser duro en inmigración podría ser una manera más fácil de mantener el nivel de popularidad en comparación con la promoción de reformas económicas no deseadas", concluye la revista económica.
La parte positiva, según el funcionario del banco central, radica en que esa estrategia de política monetaria permitirá reconducir la inflación hacia tasas más razonables, siempre con el permiso de los precios del petróleo, que ayer se movieron en el entorno de los 146 dólares barril. Aunque no de forma inmediata. Funcas todavía no ha revisado sus últimas previsiones -lo hará a mediados de este mes-, pero hoy trabaja con la idea de que el IPC se situará cerca del 6% en los meses de agosto y septiembre (en torno al 5,8%).
Como se puede observar, mucha inflación para una economía que en el segundo trimestre de este año rozará el estancamiento. En términos intertrimestrales, el crecimiento se situará entre el 0% y el 0, 1%, lo que significa coquetear con la recesión. ‘Ahí está la paradoja’, sostiene Laborda, que en pleno ajuste económico la inflación no deja de subir’. A esto se le llama ‘estanflación’, pero el director de coyuntura de Funcas no cree que se alcance ni de lejos los niveles de la segunda mitad de los años 70, cuando el por entonces presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, decidido a coger el toro por los cuernos, subió de forma intensa los tipos de interés y restringió de forma intensa la liquidez del sistema para controlar la escalada de los precios. Al final lo consiguió, pero metiendo a EEUU en una recesión de la que no se recuperó hasta años después.
Una política monetarista
Esa estrategia ‘monetarista’ -salvando las distancias entre ambos periodos- es la que ahora parece haber abrazado el BCE, preocupado por la merma de competitividad que supone para las exportaciones europeas el persistente aumento de los precios (el IPC comunitario se encuentra en el 4%). La parte negativa de esa estrategia monetaria es que el euro se aprecia respecto al resto de monedas, pero la experiencia de los últimos años (fundamentalmente a causa de las deslocalizaciones industriales) ha demostrado que los grandes exportadores europeos han sido capaces de mantener cuota de mercado a nivel mundial, pese a la sobrevaloración del euro en relación a los fundamentos económicos de la eurozona.
Así las cosas, lo que parece fuera de toda duda es que la subida de tipos acelerará el ajuste (por la menor renta disponible de las familias). Pero, al mismo tiempo, lo prolongará, ya que los hogares tendrán que hacer frente a mayores gastos financieros. De ahí que desde algunos ámbitos se dude de que la economía española tenga fuelle suficiente para poder salir del estancamiento a partir de la segunda parte de 2009, tal y como sostienen las autoridades económicas.
Los problemas, desde luego, no hay que vincularlos únicamente a las dificultades de los hogares para hacer frente a una subida del euribor (que ayer superó el 5,4%). Las empresas, igualmente, están muy endeudadas, como pone de relieve el hecho de que las constructoras deben a los bancos y las cajas 154.237 millones de euros, pero es que en el caso de las inmobiliarias sus compromisos financieros ascienden (datos hasta el primer trimestre) a nada menos que 311.274 millones de euros. Mientras que la industria debe 143.816 millones de euros, a los que hay que sumar los 629.482 millones que adeudan las familias por rehabilitación y adquisición de viviendas.
Cantidades elevadas que ahora hay que devolver a tipos más elevados, no solamente como consecuencia de que el precio oficial del dinero se ha incrementado, sino también por el hecho de que la crisis financiera ha encarecido los diferenciales hasta niveles desconocidos en mucho tiempo. Hay menos dinero y es, lógicamente, más caro.
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