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Especulan en el G-8 |
Por más que las autoridades monetarias y financieras de los países más ricos se esmeran por controlar la inestabilidad prevaleciente, ésta sigue siendo el rasgo predominante del entorno económico.
En la reciente reunión del Grupo de los Ocho de Tokio se trató el asunto de la inflación que sigue al alza y de las posibilidades de un estancamiento de la producción. Ambas condiciones están vivas y no ceden ante la inyección de dinero que han hecho los bancos centrales, las alzas de las tasas de interés y los ajustes de cuentas en los grandes bancos comerciales.
En Estados Unidos el conjunto de los precios creció en mayo a una tasa anual (respecto del mismo mes del año anterior) de 4.2 por ciento. Pero el rubro de la energía aumentó 17.4 por ciento y el de los alimentos 5.1 por ciento.
En Europa, en los países de la zona del euro, la inflación llegó ya a 4 por ciento, el nivel más alto desde que esa moneda empezó a funcionar y significa el doble del alza de los precios proyectada por el Banco Central Europeo. En Alemania la inflación es la mayor de los 15 años recientes y en 11 años en España. El BCE subió las tasas de interés a 4.25 por ciento como medida para frenar las presiones sobre los precios.
La incertidumbre sobre la evolución de la economía es todavía muy grande y en un ambiente caracterizado naturalmente por los efectos del azar es difícil prever la reacción de los consumidores y de los inversionistas frente al cambio de los precios relativos y la disminución del empleo y del ingreso.
Las explicaciones más convencionales del resurgimiento de la inflación parten del efecto que provocan los altos precios del petróleo y, ligado a ellos, el uso alternativo de diversos cultivos para producir biocombustibles. En el caso del petróleo se aduce que hay exceso de demanda provocado por el fuerte ritmo de expansión de economías como las de China y la India. Ese mismo fenómeno se toma como fuente de una mayor demanda de alimentos que contribuye al alza de los precios.
Debe haber elementos ciertos en esa explicación, pero quedan, sin embargo, muchos cabos sueltos. No hay evidencia de escasez de crudo que haya dejado insatisfecha la demanda, incluso a los altos precios vigentes, tampoco la hay con respecto al manejo de los inventarios. La semana pasada, por ejemplo, se redujeron los inventarios de crudo de Estado Unidos, sin contar los de la reserva estratégica, pero al mismo tiempo subieron los de gasolinas.
En cuanto al maíz y otras fuentes de azúcares, se sabe que una parte de la producción se está usando para producir bioetanol. Pero no hay una idea clara de la relación que esto tiene con los precios de otros productos agrícolas y la sensibilidad de las condiciones de la oferta y la demanda de ellos de manera cruzada, es decir, cuando hay posibilidad de sustitución.
Se discute mucho sobre la especulación en los mercados de petróleo crudo y de sus derivados. Unas partes niegan que esa sea de una magnitud tal que tenga una incidencia sobre los precios. Pero tampoco se cuenta con análisis que aclaren las condiciones de los mercados de futuros y sobre cuál es su impacto en los precios actuales de diversos productos. Vaya, no hay una explicación suficiente de cómo funciona el proceso de fijación de los precios, cuestión clave para comprender la operación de los mercados.
Puede estar ocurriendo que ante las dificultades de los bancos comerciales, arrastrados por la crisis del mercado hipotecario de Estados Unidos, y que aún no están superadas, los inversionistas buscan nuevas formas de valorizar el capital. Entre ellas está la especulación con contratos y opciones de futuros de petróleo y productos agrícolas, así como de diversas materias primas industriales, cuyos precios también están subiendo notablemente.
En periodos de inestabilidad financiera como el que se registra ahora en la economía global, la especulación se acrecienta persiguiendo una mayor rentabilidad. Las operaciones especulativas pueden tener un cierto efecto positivo en la asignación de los recursos en mercados que no muestran grandes distorsiones de los precios, contribuye así con la estabilidad.
Pero esa actividad tiene repercusiones adversas sobre las cantidades y los precios cuando existe alta volatilidad y cuando los riesgos crecen y se pueden hacer grandes ganancias. Esta ventaja para quien invierte especulativamente se separa de las ventajas para los consumidores que no tienen defensa contra el alza de los precios.
Esta discrepancia entre las ganancias especulativas y las pérdidas del consumidor son un elemento clave de una situación inestable y proclive a la crisis como la que hoy existe. Hasta ahora se pone el énfasis en los mercados, todavía se hace poca referencia al efecto social de los desajustes económicos. Las presiones sobre la población van a intensificarse, sobre todo si se materializa la combinación de alto crecimiento de los precios con un estancamiento de la producción y la pérdida de empleos.
León Bendesky
Etiquetas: conocimiento, inteligencia, medios, mentiras, monopolios, multitud.
Esta «Constitución» no tiene el objetivo de unificar a la diversidad de pueblos del viejo continente, sino el de poner una pantalla a la realidad: de ocultar el hecho de que Europa no existe sino por su inserción en una estructura política globalizada, situada directamente bajo soberanía estadounidense. Es lo que nos demuestran el conjunto de acuerdos firmados entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Esa realidad, que estructura nuestra vida y suprime nuestras libertades fundamentales, está ausente de los actuales debates sobre ese «proyecto constitucional». Limitar el debate a la cuestión del Tratado de Lisboa sólo lleva a reproducir esa ocultación de la realidad.
El último acuerdo, firmado en junio de 2007, y concerniente al control de las transacciones financieras así como el relativo a los pasajeros aéreos (leer «Pasajeros europeos bajo el control de EEUU», GARA, 17-10-2007), consagran un nuevo modelo de existencia para el derecho internacional. De hecho, más que hablar de derecho internacional habría que hablar de un derecho nacional estadounidense aplicado directamente en territorio de la Unión Europea. El estilo de redacción que consagra la primacía del derecho estadounidense es la misma para los dos casos. No se trata de acuerdos entre dos potencias estatales situadas formalmente al mismo nivel, sino de un compromiso unilateral de parte de Estados Unidos que le consagra como potencia imperial que ejerce una soberanía directa sobre ciudadanos europeos. A fin de satisfacer las exigencias estadounidenses, la UE abandona su propia legalidad y transforma su ordenamiento jurídico. Se trata de legalizar una situación de facto, engendrada a partir de la decisión de las autoridades estadounidenses de hacerse con datos personales de súbditos europeos.
El 23 de junio de 2006, el «New York Times» revelaba la instalación, por la CIA, de un programa de vigilancia de las transacciones financieras internacionales. El periódico resaltaba el hecho de que la sociedad belga Swift transmitió, a partir de los atentados del 11-S, al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, decenas de miles de datos confidenciales concernientes a operaciones de sus clientes. Swift gestiona los intercambios internacionales de unas 8.000 instituciones financieras establecidas en 208 países. Asegura la transferencia de datos relativos a pagos o títulos, incluidas las transacciones internacionales en divisas, aunque no se dedica a transferir dinero. El conjunto de sus documentos son almacenados en dos servidores. Uno de ellos situado en Europa y el otro en Estados Unidos. Los mensajes interbancarios, que circulan a través de la red Swift, contienen datos de carácter personal, protegidos tanto por el derecho belga como por el europeo.
Esta sociedad está sometida igualmente al derecho estadounidense, al estar su segundo servidor alojado en dicho país. La sociedad a violado, por tanto, el derecho europeo a fin de cumplir las órdenes del ejecutivo estadounidense.
Desde 2002, la sociedad Swift informaba a sus autoridades financieras de tutela, belgas y europeas, es decir, al Banco Nacional de Bélgica y al Banco Central Europeo. En la práctica el conjunto de los bancos centrales del G-10 (Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón, Holanda, Suecia, Suiza, Gran Bretaña, EEUU) y de los países aliados de EEUU en la «guerra contra el terrorismo», estaban al corriente de esa transmisión de informaciones financieras. El Banco Nacional Belga no consideró útil informar de ello a su Gobierno. El BCE adoptó igual actitud con respecto a la Comisión y al Consejo Europeo. Su director justificó su silencio en que, como los exhortos hechos llegar a Swift se realizaban en nombre de la «lucha antiterrorista», esta información no podía no ser compartida con terceros ni hacerse pública.
En este caso, una firma privada y las autoridades financieras europeas se presentan como instituciones comprometidas en la «lucha antiterrorista» internacional y se colocan directamente bajo soberanía estadounidense. Ello justifica, a sus ojos, tanto el incumplimiento de sus obligaciones con respecto a sus autoridades de tutela como la violación del derecho nacional belga y del derecho comunitario. A pesar de probarse tales hechos, las autoridades belgas y europeas se negaron a perseguir judicialmente a la sociedad Swift y a adoptar sanciones hacia los bancos centrales.
Recordemos que el sistema Echelon y el programa de vigilancia de la NSA permiten proveerse de informaciones digitales, entre ellos los datos Swift, en tiempo real. Su lectura es tanto más fácil en cuanto que los sistemas de encriptado (DES, 3DES y AES), de los datos relativos a las transacciones mundiales entre bancos, son estándares estadounidenses patentados en EEUU. El Gobierno de Estados Unidos se asegura de que se le faciliten datos que o bien ya están en sus manos o puede obtener fácilmente. Y es que no se trata sólo de establecer un sistema de control de las transacciones financieras internacionales, sino sobretodo de legitimarlo.
Nunca se ha planteado que cesen estas transferencias de datos hacia las aduanas estadounidenses. Ese intercambio no ha cesado, de hecho, desde que se revelara el escándalo.
En lo que se refiere al «acuerdo» de 2007, que autoriza la obtención de datos personales de europeos por parte de los Estados Unidos, éste conduce a un compromiso unilateral estadounidense. No se trata de un acuerdo bilateral, como quería el Parlamento Europeo, sino de un texto cuyo contenido no precisa del consentimiento de las dos partes para poder ser modificado. En dicho documento, el Departamento del Tesoro da meras garantías formales en cuanto al uso de los datos. Se compromete a utilizarlos «exclusivamente para la lucha contra el terrorismo». Sin embargo, la definición de «terrorismo» es tan extensa que puede aplicarse a toda persona u organización que esté en el punto de mira de la Administración.
Con el objeto de que los datos inter-europeos no sigan siendo transferidos a EEUU, sino a un segundo servidor europeo, representantes de la sociedad Swift dejaron entrever en abril de este año que ese cerebro se situaría en la región de Zurich y estaría operativo a finales de 2009. El «acuerdo» debería ser adaptado a tal efecto. Y ese cambio sería en todo caso evolutivo. El «acuerdo» se ha construido para que pueda responder a nuevas exigencias estadounidenses y para que pueda seguir abasteciendo de los datos financieros europeos a las autoridades estadounidenses. De no existir el pretexto del servidor estadounidense, ello podría llevar a un reforzamiento aún mayor de la soberanía de ese país en suelo europeo.
Este «acuerdo», como el relativo a los pasajeros aéreos, revela la existencia de una estructura política imperial en la que el Ejecutivo de los EEUU ocupa el puesto de emisor de órdenes y las instituciones europeas tienen una función legitimadora con respecto a sus ciudadanos. No existen dos potencias soberanas. Sólo hay una parte que reafirma su derecho a disponer de informaciones personales de los europeos. En ese proceso unilateral, concede «garantías» formales que puede modificar o suprimir unilateralmente. El Gobierno estadounidense ejerce de este modo su soberanía directa sobre los pueblos europeos.
En cuanto a las sustancias que más empobrecen la calidad de nuestro aire destacan tres: las partículas en suspensión; un 48% de la población respira niveles excesivos de este contaminante; después estaría el dióxido de nitrógeno que afecta al 21% de los españoles, sobre todo en las grandes ciudades y el ozono que afecta a las áreas rurales y a las periferias de las grandes ciudades.
Según las conclusiones de este estudio realizado por Ecologistas en Acción, estos resultados son fruto, principalmente, de un modelo de transporte y movilidad centrado prioritariamente en el automóvil. Se calcula que el 80% de la contaminación en las áreas urbanas se debe a los coches.
¿Cómo evitar respirar aire tan contaminado?
En declaraciones a 20minutos, los responsables de Ecologistas en Acción han dado una serie de consejos para evitar a los ciudadanos respirar aire contaminado.
En primer lugar, y ya que los automóviles son los mayores causantes de contaminación, se recomienda no viajar tanto en coche. No sólo por la salud de los demás si no también por la propia: en el habitáculo del vehículo el aire está hasta 2 o 3 veces más contaminado que en el exterior.
Airear las casas por las mañanas, temprano ya que suele ser el momento de menor contaminación atomosférica y hacer ejercicio también a esas horas.
No permitir salir a la calle a la población de riesgo (ancianos, niño y personas con problemas respiratorios) cuando los niveles de contaminación sean muy altos. Para ello, piden a las administraciones que sean más diligentes a la hora de advertir a la ciudadanía en los momentos de concentraciones peligrosas.
Piden a los ciudadanos que pidan a sus autoridades (las Comunidades Autónomas son las responsables) planes para mejorar la calidad del aire en nuestro país.
Ambas eran promesas que el G-8 había asumido en cumbres anteriores y que en esta oportunidad debían concretar.
Según versiones de prensa, es casi imposible que en la declaración final de este miércoles, los jefes de Estado y de Gobierno de Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Canadá, Gran Bretaña, Italia, más Rusia, rectifiquen esta posición.
"Algunos de los dirigentes africanos sólo han querido enfatizar que aprecian las promesas del G-8 para ayudar a sus países, pero que al mismo tiempo les gustaría ver que esos compromisos se cumplen (...) Eso sí, tampoco les gustaría que hubiese un retroceso", declaró este lunes el Ministro de Exteriores japonés, Kazuo Kodama.
Durante la cumbre del bloque realizada en 2005 en Gleneagles (Escocia), el G8 acordó duplicar la asistencia humanitaria para 2010 a 50 mil millones de dólares, la mitad de los cuales irían a parar a África.
No obstante, un informe publicado en junio por el Comité de Progreso de África, establecido para hacer seguimiento a la aplicación de los compromisos de Gleneagles, señaló que bajo el actual presupuesto del G-8 el grupo quedaría a 40 mil millones de dólares de su objetivo.
"Hay buenos planes que se están desarrollando. También sabemos que cuando se hacen esfuerzos se pueden alcanzar grandes resultados. Pero el problema es que estos planes no están siendo apoyados por una financiación seria", dijo Oliver Buston, portavoz del activista ONE.
"Es como si el G-8 hubiera construido un automóvil pero no le hubiera puesto combustible. Es hora de que eso cambie", agregó.
Más de lo mismo
En la reunión de este lunes, los mandatarios abordaron temas de la agenda internacional, como el calentamiento global, los precios del petróleo y de los alimentos, que están afectando especialmente a los países africanos, según el portavoz del Ministerio de Exteriores nipón, Kazuo Kodama.
La reunión refrendó la posición que una cita previa de ministros de Finanzas del G7, que tuvo lugar el en febrero en Tokio, donde los países más industrializados pidieron a los exportadores de petróleo "un aumento" de la producción para reducir el precio del barril.
En aquella ocasión, el comunicado oficial animó "a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y a otros productores" a "aumentar su producción". La OPEP, de la que es miembro Nigeria, ha reiterado en repetidas ocasiones que el costo de los hidorcarburos obedece a las especulaciones de los mercados.
Otro de los temas a los que se le dio prioridad este lunes fue la conveniencia de imponer muevas sanciones a Zimbabue tras los polémicos comicios en los que fue electo Robert Mugabe, que países como Estados Unidos o Gran Bretaña calificaron como fraudulentos.
La Unión Africana (UA), en contraparte, consideró que la solución a la crisis en Zimbabue es la formación de un Gobierno de unidad nacional entre el partido de Mugabe, el ZANU-PF, y el opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MCD) de Morgan Tsvangirai.
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