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La operación lógica de inducción |
esta
jerarquía, unos
pocos, situados en
la cima de la Pirámide
del Poder, imponen sus leyes.
Se arrogan unos derechos que nos han
usurpado a todos los demás. Son los grandes
capos de la banca y la industria. Han acaparado más dinero
que nadie, y a través de él ejercen el control sobre seres humanos y recursos.
contiene 6
comentarios.
Etiquetas: conocimiento, mentiras, monopolios, multitud, politica, zen.
Anónimo
La operación que ha desarrollado la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, ha supuesto la investigación del patrimonio de más de doscientas personas y empresas. La cifra de investigados supone una de las mayores operaciones por delito fiscal. Las más de doscientas personas investigadas estarían vinculadas a unos 80 depósitos realizados en Liechtenstein.
Desde que se descubrió que la Agencia Tirbutaria había iniciado esa investigación algunos de esos particulares habría regularizado su situación fiscal. Algo que podrían hacer en la actualidad la más de doscientas personas cuyo patrimonio se ha investigado, antes de que les citen oficialmente a declarar en el marco de este proceso ahora en la Audiencia Nacional.
Una investigación cuyos datos surgen dentro del marco de colaboración entre entidades tributarias europeas. La investigación se centra en una serie de inversiones no declaradas en el LGT Group de Liechtenstein, según la Agencia Tributaria. Unos datos que procedería de la colaboración de un organismo europeo tributario, ya que las autoridades españolas no han tenido un contacto directo con la fuente de donde proceden lo datos. Unos datos que habría revelado un ex empleado de LGT, y con los que se hicieron las autoridades alemanas, que pagaron cinco millones de euros por el contenido de ese disquete con datos de los depósitos de ciudanos alemanes en esta entidad.
La operación realizada de forma simultánea desde primera hora de la mañana ha supuesto 19 registros en un despacho de abogados, asesores financieros y fiscales, y un banco privado que presumiblemente habrían proporcionado estructura fiduciarias.
Según informaron fuentes jurídicas, entre los presuntos implicados podría figurar algún miembro de la alta burguesía catalana. Los inversores dirigían importantes cantidades de dinero hacia Liechtenstein, que se gestionaba a través de fundaciones administradas por parte de sociedades ubicadas en distintos paraísos fiscales para evitar la relación del capital con el inversor, según la Agencia Tributaria.
Fuentes de la investigación explicaron que no se ha desarticulado una trama única, sino que se investiga a operadores que no tienen por qué tener relación entre ellos aunque utilizaran el mismo método de fraude.
Los registros se han practicado en varias agencias de inversión de Madrid, Barcelona y Zaragoza, un banco privado en Madrid y Málaga y en asesorías fiscales de Barcelona, Madrid y Marbella. También se han efectuado registros en varias sedes de personas físicas y jurídicas en Barcelona, Madrid y Málaga
Cómo funciona una fundación
La operativa de creación de las fundaciones en Liechtenstein, país incluido en la lista de paraísos fiscales de la OCDE, permiten ocultar quien es el fundador, es decir, la persona que aporta los bienes y hasta la identidad de sus beneficiarios. Además facilita desde esta figura la creación de un entramado de cuentas en países en los que se preserva el secreto bancario. Al frente de las fundaciones se interpone la firma de un administrador, un fiduciario que es la persona de total confianza del fundador.
El anonimato que permite la figura de la fundación en este país ha promovido una afloración de este tipo de figura jurídica. No en vano se calculan que existen cerca de 75.000 fundaciones en Liechtenstein, cuyos donantes y beneficiarios pueden ocultar su verdadera identidad, una cifra que asombra en un país donde habitan unas 35.000 personas.
Desde que se descubrió que la Agencia Tirbutaria había iniciado esa investigación algunos de esos particulares habría regularizado su situación fiscal. Algo que podrían hacer en la actualidad la más de doscientas personas cuyo patrimonio se ha investigado, antes de que les citen oficialmente a declarar en el marco de este proceso ahora en la Audiencia Nacional.
Una investigación cuyos datos surgen dentro del marco de colaboración entre entidades tributarias europeas. La investigación se centra en una serie de inversiones no declaradas en el LGT Group de Liechtenstein, según la Agencia Tributaria. Unos datos que procedería de la colaboración de un organismo europeo tributario, ya que las autoridades españolas no han tenido un contacto directo con la fuente de donde proceden lo datos. Unos datos que habría revelado un ex empleado de LGT, y con los que se hicieron las autoridades alemanas, que pagaron cinco millones de euros por el contenido de ese disquete con datos de los depósitos de ciudanos alemanes en esta entidad.
La operación realizada de forma simultánea desde primera hora de la mañana ha supuesto 19 registros en un despacho de abogados, asesores financieros y fiscales, y un banco privado que presumiblemente habrían proporcionado estructura fiduciarias.
Según informaron fuentes jurídicas, entre los presuntos implicados podría figurar algún miembro de la alta burguesía catalana. Los inversores dirigían importantes cantidades de dinero hacia Liechtenstein, que se gestionaba a través de fundaciones administradas por parte de sociedades ubicadas en distintos paraísos fiscales para evitar la relación del capital con el inversor, según la Agencia Tributaria.
Fuentes de la investigación explicaron que no se ha desarticulado una trama única, sino que se investiga a operadores que no tienen por qué tener relación entre ellos aunque utilizaran el mismo método de fraude.
Los registros se han practicado en varias agencias de inversión de Madrid, Barcelona y Zaragoza, un banco privado en Madrid y Málaga y en asesorías fiscales de Barcelona, Madrid y Marbella. También se han efectuado registros en varias sedes de personas físicas y jurídicas en Barcelona, Madrid y Málaga
Cómo funciona una fundación
La operativa de creación de las fundaciones en Liechtenstein, país incluido en la lista de paraísos fiscales de la OCDE, permiten ocultar quien es el fundador, es decir, la persona que aporta los bienes y hasta la identidad de sus beneficiarios. Además facilita desde esta figura la creación de un entramado de cuentas en países en los que se preserva el secreto bancario. Al frente de las fundaciones se interpone la firma de un administrador, un fiduciario que es la persona de total confianza del fundador.
El anonimato que permite la figura de la fundación en este país ha promovido una afloración de este tipo de figura jurídica. No en vano se calculan que existen cerca de 75.000 fundaciones en Liechtenstein, cuyos donantes y beneficiarios pueden ocultar su verdadera identidad, una cifra que asombra en un país donde habitan unas 35.000 personas.
Anónimo
Mollinedo –que participó hoy en el Curso “Crítica y Crisis del Diseño y Gestión del Sistema Tributario y de Modelo de Gasto Público” que organiza la Universidad Complutense (UCM) en El Escorial- apuntó que la práctica totalidad de estas operaciones fraudulentas con billetes de 500 euros fueron realizadas por sociedades, principalmente del sector inmobiliario o relacionadas con la compraventa inmuebles, poniendo de manifiesto, una vez más, la estrecha relación existente entre este ramo y estos billetes de alto valor facial.
Gestha estima que el dinero negro acumulado hasta diciembre de 2003 ascendió a 23.491 millones de euros, lo que sitúa el impago del Impuesto sobre Sociedades –por el uso fraudulento de los billetes grandes- en un mínimo de 8.200 millones de euros derivados de la práctica habitual de escriturar un inmueble por debajo del valor real del mercado con el pago de la parte correspondiente en “B” en billetes de 500 euros.
Según los Técnicos de Hacienda, a esta suma hay que añadir 600 millones de euros que tienen su origen en “fraudes comunes”, entre los que destaca, por su cuantía y frecuencia, las tramas de facturas falsas de empresas auxiliares que ingresan entre cuatro y cinco millones de euros al año, así como la emisión de facturas falseadas por un valor superior al real de los trabajos realizados por empresarios individuales en el sistema de módulos.
Dentro de esta categoría de “fraudes comunes”, menos frecuente y menos gravoso, se encuentra el diferimiento en el pago de impuestos, con prácticas como la manipulación en la valoración de las existencias de inmuebles realizadas de común acuerdo entre promotor y constructor.
Sin motivos para “sacar pecho”
Gestha reconoce que, si bien las actuaciones de la Agencia Tributaria sobre el sector inmobiliario se han incrementado en los últimos años, la Ley Antifraude -aprobada hace casi dos años- no ha conseguido detectar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo donde parece que el dinero negro encontró un refugio rentable. La evasión fiscal en el sector inmobiliario supera los 8.800 millones de euros anuales y sólo las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia concentran el 67% de este fraude.
Los Técnicos de Hacienda estiman que la Agencia Tributaria no tiene motivos para “sacar pecho” de sus resultados en la investigación de los billetes de 500, ya que el importe de 142,8 millones de euros recaudados hasta mayo de 2008 por autoliquidaciones extemporáneas presentadas por los contribuyentes investigados, apenas representa el 1,7% del saldo de billetes de alta denominación a diciembre de 2003.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “la propia investigación tributaria viene a confirmar las denuncias que veníamos realizando de manera reiterada desde hace años, según las cuales los billetes de 500 euros son el instrumento preferido de los defraudadores para saldar negocios al margen del Fisco y, muy especialmente, en todas aquellas actividades relacionadas directamente con el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales”.
Un periodo de gracia para los grandes defraudadores
Asimismo, este colectivo denuncia que la AEAT haya alentado una práctica “demasiado benevolente” que ha permitido a buena parte de los grandes defraudadores eludir sus responsabilidades fiscales o penales al facilitarles “previo aviso” un periodo de gracia de un mes para que ingresen “voluntariamente” lo defraudado sin sanciones, ni denuncias por los delitos fiscales cuando el fraude supera los 120.000 euros. Gestha recuerda que apenas se han remitido a la Fiscalía algunos de los 12.000 casos detectados con más de 1.000 billetes de 500 utilizados entre 2003 y 2006.
Por otro lado, explica que la caída registrada en la cifra de billetes de 500 euros en circulación desde mediados del pasado año no es consecuencia directa del mayor número de inspecciones sino, principalmente, del “ajuste” experimentado por el sector inmobiliario. La caída de las operaciones de compra-venta ha truncado la tendencia fuertemente alcista de estos billetes de alta denominación, que alcanzaron su máximo histórico en julio de 2007 con 113,9 millones de unidades, hasta bajar el pasado mes de mayo a los 110,4 millones de billetes.
Gestha estima que el dinero negro acumulado hasta diciembre de 2003 ascendió a 23.491 millones de euros, lo que sitúa el impago del Impuesto sobre Sociedades –por el uso fraudulento de los billetes grandes- en un mínimo de 8.200 millones de euros derivados de la práctica habitual de escriturar un inmueble por debajo del valor real del mercado con el pago de la parte correspondiente en “B” en billetes de 500 euros.
Según los Técnicos de Hacienda, a esta suma hay que añadir 600 millones de euros que tienen su origen en “fraudes comunes”, entre los que destaca, por su cuantía y frecuencia, las tramas de facturas falsas de empresas auxiliares que ingresan entre cuatro y cinco millones de euros al año, así como la emisión de facturas falseadas por un valor superior al real de los trabajos realizados por empresarios individuales en el sistema de módulos.
Dentro de esta categoría de “fraudes comunes”, menos frecuente y menos gravoso, se encuentra el diferimiento en el pago de impuestos, con prácticas como la manipulación en la valoración de las existencias de inmuebles realizadas de común acuerdo entre promotor y constructor.
Sin motivos para “sacar pecho”
Gestha reconoce que, si bien las actuaciones de la Agencia Tributaria sobre el sector inmobiliario se han incrementado en los últimos años, la Ley Antifraude -aprobada hace casi dos años- no ha conseguido detectar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo donde parece que el dinero negro encontró un refugio rentable. La evasión fiscal en el sector inmobiliario supera los 8.800 millones de euros anuales y sólo las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia concentran el 67% de este fraude.
Los Técnicos de Hacienda estiman que la Agencia Tributaria no tiene motivos para “sacar pecho” de sus resultados en la investigación de los billetes de 500, ya que el importe de 142,8 millones de euros recaudados hasta mayo de 2008 por autoliquidaciones extemporáneas presentadas por los contribuyentes investigados, apenas representa el 1,7% del saldo de billetes de alta denominación a diciembre de 2003.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “la propia investigación tributaria viene a confirmar las denuncias que veníamos realizando de manera reiterada desde hace años, según las cuales los billetes de 500 euros son el instrumento preferido de los defraudadores para saldar negocios al margen del Fisco y, muy especialmente, en todas aquellas actividades relacionadas directamente con el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales”.
Un periodo de gracia para los grandes defraudadores
Asimismo, este colectivo denuncia que la AEAT haya alentado una práctica “demasiado benevolente” que ha permitido a buena parte de los grandes defraudadores eludir sus responsabilidades fiscales o penales al facilitarles “previo aviso” un periodo de gracia de un mes para que ingresen “voluntariamente” lo defraudado sin sanciones, ni denuncias por los delitos fiscales cuando el fraude supera los 120.000 euros. Gestha recuerda que apenas se han remitido a la Fiscalía algunos de los 12.000 casos detectados con más de 1.000 billetes de 500 utilizados entre 2003 y 2006.
Por otro lado, explica que la caída registrada en la cifra de billetes de 500 euros en circulación desde mediados del pasado año no es consecuencia directa del mayor número de inspecciones sino, principalmente, del “ajuste” experimentado por el sector inmobiliario. La caída de las operaciones de compra-venta ha truncado la tendencia fuertemente alcista de estos billetes de alta denominación, que alcanzaron su máximo histórico en julio de 2007 con 113,9 millones de unidades, hasta bajar el pasado mes de mayo a los 110,4 millones de billetes.
Anónimo
Desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) no se comparte la explicación dada por Hacienda de que este desplome de la tributación empresarial se corresponde con la reducción del tipo impositivo en 2,5 puntos, acompañada por la reducción de las deducciones en cuota. Es más, consideran que estas dos medidas en su conjunto supondrían una caída de la recaudación no superior al 7%, por lo que consideran que la explicación reside en un incremento del fraude fiscal, precisamente en un tributo donde existe un menor control, al contrario de lo que sucede en el Impuesto de la Renta.
La organización de inspectores estima que la recaudación por Sociedades debería ser similar a la de 2007, en lugar del desplome que ha tenido lugar. A favor de esta estimación juegan los últimos datos conocidos de los resultados de las empresas no financieras del primer trimestre, que según el Banco de España aumentaron el 8,2% con respecto al mismo periodo de 2007. La misma fuente aseveró que, en el segundo trimestre, las empresas financieras redujeron sus beneficios el 1,5%, porcentaje que no se corresponde con el importante desplome recaudatorio por la tributación empresarial.
Algo parecido sucede con el IVA, ya que con una inflación del 5%, el consumo en términos nominales no ha descendido, lo que no resulta coherente con la reducción del 7,7% que acumula la recaudación desde el inicio del año.
Cambios en la inspección
Como contrapartida, la recaudación por IRPF sólo se moderó el 0,5% en los siete primeros meses del año, a pesar de la reducción de 200 euros en las retenciones de junio y que se abonaron en julio, la mitad de la promesa de los 400 euros que va a tener un coste próximo a los 3.000 millones de euros para el Ejecutivo.
Los inspectores señalan que en estos momentos de crisis es cuando hay que proceder a "cambios en las medidas organizativas, normativas y en el sistema de control para adaptarse a la situación actual". Piden llevar a cabo una profunda reforma en la lucha contra el fraude fiscal para evitar un escenario de déficit presupuestario y que el principal tributo estatal, el IRPF, cuyos parámetros de control han permitido que su recaudación no sea lo primero que el Estado deje de ingresar en época de crisis económica, experimente un importante incremento. Advierte que de no ser así, todo el peso de la crisis, desde un punto de vista fiscal, recaerá exclusivamente en las rentas más y mejor controladas, es decir, las de los asalariados.
► miércoles, 03 septiembre, 2008
Por otro lado, según se desprende de la encuesta Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2007 elaborada por el Instituto de Estudios Económicos, estas dos figuras tributarias son las más mencionadas a la hora de señalar dónde puede esconderse una mayor bolsa de fraude, especialmente en época de crisis. Los últimos datos de Ejecución Presupuestaria publicados por Hacienda la semana pasada ponen de relieve cómo la recaudación por el Impuesto de Sociedades ha experimentado a lo largo de los siete primeros meses del año un desplome del 17,8%, mientras que los ingresos por IVA lo han hecho un 7,7%.Desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) no se comparte la explicación dada por Hacienda de que este desplome de la tributación empresarial se corresponde con la reducción del tipo impositivo en 2,5 puntos, acompañada por la reducción de las deducciones en cuota. Es más, consideran que estas dos medidas en su conjunto supondrían una caída de la recaudación no superior al 7%, por lo que consideran que la explicación reside en un incremento del fraude fiscal, precisamente en un tributo donde existe un menor control, al contrario de lo que sucede en el Impuesto de la Renta.
La organización de inspectores estima que la recaudación por Sociedades debería ser similar a la de 2007, en lugar del desplome que ha tenido lugar. A favor de esta estimación juegan los últimos datos conocidos de los resultados de las empresas no financieras del primer trimestre, que según el Banco de España aumentaron el 8,2% con respecto al mismo periodo de 2007. La misma fuente aseveró que, en el segundo trimestre, las empresas financieras redujeron sus beneficios el 1,5%, porcentaje que no se corresponde con el importante desplome recaudatorio por la tributación empresarial.
Algo parecido sucede con el IVA, ya que con una inflación del 5%, el consumo en términos nominales no ha descendido, lo que no resulta coherente con la reducción del 7,7% que acumula la recaudación desde el inicio del año.
Cambios en la inspección
Como contrapartida, la recaudación por IRPF sólo se moderó el 0,5% en los siete primeros meses del año, a pesar de la reducción de 200 euros en las retenciones de junio y que se abonaron en julio, la mitad de la promesa de los 400 euros que va a tener un coste próximo a los 3.000 millones de euros para el Ejecutivo.
Los inspectores señalan que en estos momentos de crisis es cuando hay que proceder a "cambios en las medidas organizativas, normativas y en el sistema de control para adaptarse a la situación actual". Piden llevar a cabo una profunda reforma en la lucha contra el fraude fiscal para evitar un escenario de déficit presupuestario y que el principal tributo estatal, el IRPF, cuyos parámetros de control han permitido que su recaudación no sea lo primero que el Estado deje de ingresar en época de crisis económica, experimente un importante incremento. Advierte que de no ser así, todo el peso de la crisis, desde un punto de vista fiscal, recaerá exclusivamente en las rentas más y mejor controladas, es decir, las de los asalariados.
Anónimo
En algunas ocasiones se trata de simple fortuna, pero en otras hay sospechas de que no es una cuestión de azar. Martín fue denunciado en julio por la Fiscalía Anticorrupción por la aprobación del proyecto urbanístico de El Pocero. Entre 2002 y 2005, Martín llevó a cabo importantes transacciones económicas, que justificó ante la Fiscalía con un cupón de la ONCE premiado con 144.000 euros.
La investigación del caso Malaya destapó una red de compra de boletos premiados para el blanqueo de capitales. Según las pesquisas del juez instructor Miguel Ángel Torres, Juan Antonio Roca habría lavado 600.000 euros a través de billetes comprados con un extra del 15% para el agraciado original. El destino quiso además que José María del Nido, imputado en el caso Malaya y abogado de Julián Muñoz, se llevara 300.000 euros del Gordo de Navidad en 2006. Fue con el número 20.297, vendido en Santiponce (Sevilla).
Pero sin duda los casos más pintorescos de políticos afortunados son los de Fabra y Matanzo. Este último fue agraciado con 30 millones de pesetas en 1991, regalo de una lotera a la que le habían cerrado el local, y a quien este concejal del PP le permitió que continuara con el negocio. Tres años más tarde, Matanzo obtuvo 300.000 pesetas en el sorteo de la Lotería de Navidad en medio de una tormenta política que le llevó a ser expulsado del Partido Popular y a unirse al proyecto del empresario José María Ruiz Mateos.
Al controvertido Fabra le ha tocado la lotería en cuatro ocasiones y, como afirmó recientemente, este año buscará una quinta:
''He comprado el 27.931 y, si me toca, me sacaré la pirula y mearé en la sede de Izquierda Unida''.
Fabra respondió así a un fotomontaje en el que la imagen de Fabra aparece como la del famoso calvo de los anuncios de lotería, soplando los números 27.931. La apuesta de Fabra va en serio, ya que aseguró que había comprado una serie entera de este número en la administración 199 de Madrid.
La polémica por su fortuna en los juegos de azar se relaciona con el hecho de que el presidente de la Diputación de Castellón está siendo investigado por presuntos delitos contra la Administración y fraude fiscal. En sus investigaciones, la Agencia Tributaria localizó dos ingresos extraordinarios en 2004 que correspondían a sendos premios obtenidos en menos de tres meses.
Cuidado con los compradores de billetes
Y es que la suerte también se puede comprar, aunque no de forma legal. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) alertan, ante la celebración el próximo día 22 de diciembre del Sorteo Extraordinario de Navidad, de los ''riesgos fiscales'' que pueden derivarse para aquellos ciudadanos que vendan sus billetes de lotería premiados a defraudadores que los necesiten para lavar y blanquear capitales.
Fuentes de Gestha explicaron que ciertos ingresos de difícil justificación, como los derivados de operaciones de compra-venta de inmuebles o tramas relacionadas con el narcotráfico o la prostitución pueden buscar su salida mediante la compra de billetes, ya que el premio se encuentra exento de tributación.
Según los técnicos, los defraudadores ofrecen a los ganadores entre un 10% y un 20% más por su billete que el importe premiado, de manera que suponga un aliciente lo suficientemente tentador como para que el agraciado opte por desprenderse de su boleto para sacar otro pellizco.
Sin embargo, los técnicos de Hacienda avisan de que esta operación aparentemente redonda constituye una infracción tributaria y un auténtico engaño para el agraciado, ya que difícilmente podrá acreditar ante una inspección el origen de esos fondos, pudiendo terminar con una sanción que supere en más de la mitad el importe ganado. En cambio, el defraudador podrá acreditar el carácter de exento de esos fondos, sin pagar un solo euro y blanquear así un dinero negro de origen incierto.
A modo de ejemplo, desde Gestha apuntaron que un contribuyente con unos ingresos brutos anuales de 30.000 euros, que resulta agraciado con un premio de 300.000 y que, movido por su ambición, decida vender su billete a un defraudador por 350.000 euros, si Hacienda lo descubre, puede acabar pagando al Fisco más de 175.000 euros. Por el contrario, el comprador-defraudador del billete, que probablemente tributaría al 43% por la cantidad lavada, simplemente pagará el sobreprecio, y podrá en todo momento acreditar el carácter exento y lícito de esos fondos.
Por ello, Gestha recomienda a los agraciados por el sorteo que depositen los premios de elevada cuantía en una entidad financiera, de manera que sea ésta la encargada de gestionar su cobro. Asimismo, sugiere que rechacen cualquier transmisión del billete premiado por mucha seguridad que aparentemente ofrezca el comprador. Y es que puede que la buena suerte no se presente dos veces.
La investigación del caso Malaya destapó una red de compra de boletos premiados para el blanqueo de capitales. Según las pesquisas del juez instructor Miguel Ángel Torres, Juan Antonio Roca habría lavado 600.000 euros a través de billetes comprados con un extra del 15% para el agraciado original. El destino quiso además que José María del Nido, imputado en el caso Malaya y abogado de Julián Muñoz, se llevara 300.000 euros del Gordo de Navidad en 2006. Fue con el número 20.297, vendido en Santiponce (Sevilla).
Pero sin duda los casos más pintorescos de políticos afortunados son los de Fabra y Matanzo. Este último fue agraciado con 30 millones de pesetas en 1991, regalo de una lotera a la que le habían cerrado el local, y a quien este concejal del PP le permitió que continuara con el negocio. Tres años más tarde, Matanzo obtuvo 300.000 pesetas en el sorteo de la Lotería de Navidad en medio de una tormenta política que le llevó a ser expulsado del Partido Popular y a unirse al proyecto del empresario José María Ruiz Mateos.
Al controvertido Fabra le ha tocado la lotería en cuatro ocasiones y, como afirmó recientemente, este año buscará una quinta:
''He comprado el 27.931 y, si me toca, me sacaré la pirula y mearé en la sede de Izquierda Unida''.
Fabra respondió así a un fotomontaje en el que la imagen de Fabra aparece como la del famoso calvo de los anuncios de lotería, soplando los números 27.931. La apuesta de Fabra va en serio, ya que aseguró que había comprado una serie entera de este número en la administración 199 de Madrid.
La polémica por su fortuna en los juegos de azar se relaciona con el hecho de que el presidente de la Diputación de Castellón está siendo investigado por presuntos delitos contra la Administración y fraude fiscal. En sus investigaciones, la Agencia Tributaria localizó dos ingresos extraordinarios en 2004 que correspondían a sendos premios obtenidos en menos de tres meses.
Cuidado con los compradores de billetes
Y es que la suerte también se puede comprar, aunque no de forma legal. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) alertan, ante la celebración el próximo día 22 de diciembre del Sorteo Extraordinario de Navidad, de los ''riesgos fiscales'' que pueden derivarse para aquellos ciudadanos que vendan sus billetes de lotería premiados a defraudadores que los necesiten para lavar y blanquear capitales.
Fuentes de Gestha explicaron que ciertos ingresos de difícil justificación, como los derivados de operaciones de compra-venta de inmuebles o tramas relacionadas con el narcotráfico o la prostitución pueden buscar su salida mediante la compra de billetes, ya que el premio se encuentra exento de tributación.
Según los técnicos, los defraudadores ofrecen a los ganadores entre un 10% y un 20% más por su billete que el importe premiado, de manera que suponga un aliciente lo suficientemente tentador como para que el agraciado opte por desprenderse de su boleto para sacar otro pellizco.
Sin embargo, los técnicos de Hacienda avisan de que esta operación aparentemente redonda constituye una infracción tributaria y un auténtico engaño para el agraciado, ya que difícilmente podrá acreditar ante una inspección el origen de esos fondos, pudiendo terminar con una sanción que supere en más de la mitad el importe ganado. En cambio, el defraudador podrá acreditar el carácter de exento de esos fondos, sin pagar un solo euro y blanquear así un dinero negro de origen incierto.
A modo de ejemplo, desde Gestha apuntaron que un contribuyente con unos ingresos brutos anuales de 30.000 euros, que resulta agraciado con un premio de 300.000 y que, movido por su ambición, decida vender su billete a un defraudador por 350.000 euros, si Hacienda lo descubre, puede acabar pagando al Fisco más de 175.000 euros. Por el contrario, el comprador-defraudador del billete, que probablemente tributaría al 43% por la cantidad lavada, simplemente pagará el sobreprecio, y podrá en todo momento acreditar el carácter exento y lícito de esos fondos.
Por ello, Gestha recomienda a los agraciados por el sorteo que depositen los premios de elevada cuantía en una entidad financiera, de manera que sea ésta la encargada de gestionar su cobro. Asimismo, sugiere que rechacen cualquier transmisión del billete premiado por mucha seguridad que aparentemente ofrezca el comprador. Y es que puede que la buena suerte no se presente dos veces.
Anónimo
El portavoz de los Inspectores comentó que espera "una mayor presión política" en favor de la desaparición de los territorios 'off-shore' tras la petición de erradicarlos formulada ayer por los líderes mundiales reunidos en Berlín con motivo de la celebración del G-20.
En España, el 69% por ciento de las empresas del Ibex 35 está presente en paraísos fiscales, según se desprende de la V Edición del estudio 'La RSC en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35' -correspondiente al ejercicio 2007-, elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.
De éstas, 17 fueron obligadas a reconocer la presencia de sus filiales en territorios 'off-shore' y son: ACS, Acciona, Acerinox, Altadis, Banco de Sabadell, Banco de Santander, Banco Popular, Banesto, BBVA, Endesa, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Inditex, Prisa y Repsol YPF, según el informe.
"No deberían ser admisibles los países que no dan información, porque fomentan el blanqueo de capitales y favorecen la reintegración de los fondos obtenidos ilícitamente en la economía global", apuntó De la Torre, quien distinguió a los 'paraísos fiscales' frente a los países de "baja tributación" como Reino Unido e Irlanda.
El portavoz de los inspectores de Hacienda acusó a los territorios 'off-shore' de "contribuir a la crisis financiera" mediante el tránsito de fondos "sin control" y por "carecer de limitaciones" en las emisiones de todo tipo de títulos, con o sin respaldo, que "imposibilitan el trabajo de las autoridades financieras".
En cuanto a la evasión de impuestos de personas físicas, De la Torre destacó la necesidad de "compartir información" entre países para evitar que las personas que viven en España "tributen por su renta mundial en otro país y a la vez disfruten de los servicios públicos".
Utilizar sociedades opacas no es delito
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explicaron que utilizar sociedades llamadas "opacas" o "fantasma" en paraísos fiscales no constituye un delito en la legislación española y que "sólo un juez" puede determinar "caso a caso" si dichas sociedades "se utilizan para evadir impuestos u otros delitos".
Ante las peticiones de los líderes del G-20, los abogados consideraron que sus palabras "no llegaron a concretar nada" y que "confunden" el blanqueo de capitales, procedente de actividades delictivas, con la falta de transparencia del mercado de capitales y la evasión de impuestos. "El concepto de paraíso fiscal es subjetivo según países", apuntaron.
"No es lo mismo pedir un convenio internacional para luchar contra el blanqueo de capitales del narcotráfico que contra la evasión fiscal", explicaron los expertos, quienes advirtieron sobre la necesidad de mantener "las garantías jurídicas" y no equiparar la lucha contra dos delitos distintos.
En España, el 69% por ciento de las empresas del Ibex 35 está presente en paraísos fiscales, según se desprende de la V Edición del estudio 'La RSC en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35' -correspondiente al ejercicio 2007-, elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.
De éstas, 17 fueron obligadas a reconocer la presencia de sus filiales en territorios 'off-shore' y son: ACS, Acciona, Acerinox, Altadis, Banco de Sabadell, Banco de Santander, Banco Popular, Banesto, BBVA, Endesa, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Inditex, Prisa y Repsol YPF, según el informe.
"No deberían ser admisibles los países que no dan información, porque fomentan el blanqueo de capitales y favorecen la reintegración de los fondos obtenidos ilícitamente en la economía global", apuntó De la Torre, quien distinguió a los 'paraísos fiscales' frente a los países de "baja tributación" como Reino Unido e Irlanda.
El portavoz de los inspectores de Hacienda acusó a los territorios 'off-shore' de "contribuir a la crisis financiera" mediante el tránsito de fondos "sin control" y por "carecer de limitaciones" en las emisiones de todo tipo de títulos, con o sin respaldo, que "imposibilitan el trabajo de las autoridades financieras".
En cuanto a la evasión de impuestos de personas físicas, De la Torre destacó la necesidad de "compartir información" entre países para evitar que las personas que viven en España "tributen por su renta mundial en otro país y a la vez disfruten de los servicios públicos".
Utilizar sociedades opacas no es delito
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explicaron que utilizar sociedades llamadas "opacas" o "fantasma" en paraísos fiscales no constituye un delito en la legislación española y que "sólo un juez" puede determinar "caso a caso" si dichas sociedades "se utilizan para evadir impuestos u otros delitos".
Ante las peticiones de los líderes del G-20, los abogados consideraron que sus palabras "no llegaron a concretar nada" y que "confunden" el blanqueo de capitales, procedente de actividades delictivas, con la falta de transparencia del mercado de capitales y la evasión de impuestos. "El concepto de paraíso fiscal es subjetivo según países", apuntaron.
"No es lo mismo pedir un convenio internacional para luchar contra el blanqueo de capitales del narcotráfico que contra la evasión fiscal", explicaron los expertos, quienes advirtieron sobre la necesidad de mantener "las garantías jurídicas" y no equiparar la lucha contra dos delitos distintos.
Anónimo
Los últimos datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo indican que la inversión española efectuada a través de paraísos fiscales se sitúo en sólo 113,89 millones de euros durante los tres primeros trimestres del año pasado (últimas cifras publicadas). Se trata de un cantidad irrelevante respecto de los 23.295 millones de euros que invirtieron las empresas en el exterior (apenas un 0,5%), lo que da idea de la escasa importancia que tienen en la actualidad estas plataformas de ahorro fiscal.
La importancia también es irrelevante desde el punto de vista de la presencia de empresas extranjeras en España. La inversión exterior a través de paraísos fiscales se situó en los nueve primeros meses del año pasado en 141,04 millones de euros, cifra que contrasta con los 33.789 millones que invirtieron las empresas extranjeras en nuestro país.
Atrás quedan, por lo tanto, los años en los que los paraísos fiscales cumplían un papel determinante en los flujos comerciales españoles. Hay que tener en cuenta que en los últimos 15 años, la inversión española en el exterior a través de paraísos fiscales ha superado los 8.329 millones de euros en términos brutos, es decir sin tener en cuenta la repatriación de fondos. Eran los tiempos en los que la Islas Cayman (un enclave en el Caribe dependiente de la Corona británica) copaba casi la totalidad de la operaciones offshore. En 2008, sin embargo, las empresas españolas únicamente invirtieron en ese territorio 28,3 millones de euros, cantidad sólo superada por el principado de Lichtenstein, con unos escasos 48,63 millones de euros ‘legales’. Aquí, lógicamente, no se incluyen las operaciones delictivas que se realizan por razones fiscales.
Al margen de Lichtenstein e Islas Cayman, los paraísos fiscales utilizados por las empresas españolas son Andorra, Bahrein, Emiratos Árabes, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong y Panamá. En total, las legislación española incluye como paraísos fiscales a 48 países y territorios, entre los que se encuentran Mónaco, Andorra o Líbano.
Gibraltar, ¿en la lista negra?
Destaca el caso de Gibraltar, territorio en el que, según las estadísticas oficiales, las empresas españolas invirtieron una cantidad insignificante, apenas, 680.000 euros, cuando es algo más que notorio que el dinero procedente de España desviado al Peñón para eludir el pago de impuestos es sensiblemente mayor, principalmente el derivado de operaciones inmobiliarias. El papel de Gibraltar es tan relevante en el blanqueo de capitales que el Gobierno español llegó a anunciar que pediría a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que revise la condición de la colonia británica como paraíso fiscal cooperante y que sea devuelto a la lista negra de los "no cooperantes" en la lucha contra el fraude fiscal.
Las estadísticas oficiales sugieren, por lo tanto, que si antes los paraísos fiscales cumplían un papel importante para las empresas legales a la hora de optimizar sus inversiones en el exterior por razones fiscales, en la actualidad los centros financieros offshore han centrado sus actividades en proteger a capitales ilícitos, ya que las grandes empresas han abandonado esos territorios, al menos en el caso español. Básicamente por dos razones. Por un problema reputacional ante sus clientes y accionistas, y también por el hecho de que los países han optado por rebajar la fiscalidad de las inversiones en el exterior, lo que hace menos atractivos a los paraísos fiscales, que se han quedado como último refugio del dinero ilegal.
Las cifras oficiales contrastan, en cualquier caso, con las que da el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, que en su último informe estima que el 69% de las empresas del IBEX 35 tienen presencia en paraísos fiscales. Además las empresas, en general, evitan pronunciarse sobre si tienen algún tipo de política donde se establezca su posición al respecto o se presente un plan para ir abandonando progresivamente este tipo de prácticas.
Los paraísos fiscales son territorios en los que el sistema fiscal ofrece una escasa o nula tributación, generalmente en relación con los impuestos directos y que facilita la elusión fiscal de contribuyentes mediante la opacidad de la identidad de los inversores.
En el caso español, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales ha detectado en los últimos años un fraude creciente a través de paraísos fiscales utilizando las remesas de los inmigrantes. En su última Memoria anual da cuenta de la existencia de transferencias ordenadas con fondos de origen ilegal mediante giros de escasas cuantía, lo que les permite evadir los controles.
La importancia también es irrelevante desde el punto de vista de la presencia de empresas extranjeras en España. La inversión exterior a través de paraísos fiscales se situó en los nueve primeros meses del año pasado en 141,04 millones de euros, cifra que contrasta con los 33.789 millones que invirtieron las empresas extranjeras en nuestro país.
Atrás quedan, por lo tanto, los años en los que los paraísos fiscales cumplían un papel determinante en los flujos comerciales españoles. Hay que tener en cuenta que en los últimos 15 años, la inversión española en el exterior a través de paraísos fiscales ha superado los 8.329 millones de euros en términos brutos, es decir sin tener en cuenta la repatriación de fondos. Eran los tiempos en los que la Islas Cayman (un enclave en el Caribe dependiente de la Corona británica) copaba casi la totalidad de la operaciones offshore. En 2008, sin embargo, las empresas españolas únicamente invirtieron en ese territorio 28,3 millones de euros, cantidad sólo superada por el principado de Lichtenstein, con unos escasos 48,63 millones de euros ‘legales’. Aquí, lógicamente, no se incluyen las operaciones delictivas que se realizan por razones fiscales.
Al margen de Lichtenstein e Islas Cayman, los paraísos fiscales utilizados por las empresas españolas son Andorra, Bahrein, Emiratos Árabes, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong y Panamá. En total, las legislación española incluye como paraísos fiscales a 48 países y territorios, entre los que se encuentran Mónaco, Andorra o Líbano.
Gibraltar, ¿en la lista negra?
Destaca el caso de Gibraltar, territorio en el que, según las estadísticas oficiales, las empresas españolas invirtieron una cantidad insignificante, apenas, 680.000 euros, cuando es algo más que notorio que el dinero procedente de España desviado al Peñón para eludir el pago de impuestos es sensiblemente mayor, principalmente el derivado de operaciones inmobiliarias. El papel de Gibraltar es tan relevante en el blanqueo de capitales que el Gobierno español llegó a anunciar que pediría a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que revise la condición de la colonia británica como paraíso fiscal cooperante y que sea devuelto a la lista negra de los "no cooperantes" en la lucha contra el fraude fiscal.
Las estadísticas oficiales sugieren, por lo tanto, que si antes los paraísos fiscales cumplían un papel importante para las empresas legales a la hora de optimizar sus inversiones en el exterior por razones fiscales, en la actualidad los centros financieros offshore han centrado sus actividades en proteger a capitales ilícitos, ya que las grandes empresas han abandonado esos territorios, al menos en el caso español. Básicamente por dos razones. Por un problema reputacional ante sus clientes y accionistas, y también por el hecho de que los países han optado por rebajar la fiscalidad de las inversiones en el exterior, lo que hace menos atractivos a los paraísos fiscales, que se han quedado como último refugio del dinero ilegal.
Las cifras oficiales contrastan, en cualquier caso, con las que da el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, que en su último informe estima que el 69% de las empresas del IBEX 35 tienen presencia en paraísos fiscales. Además las empresas, en general, evitan pronunciarse sobre si tienen algún tipo de política donde se establezca su posición al respecto o se presente un plan para ir abandonando progresivamente este tipo de prácticas.
Los paraísos fiscales son territorios en los que el sistema fiscal ofrece una escasa o nula tributación, generalmente en relación con los impuestos directos y que facilita la elusión fiscal de contribuyentes mediante la opacidad de la identidad de los inversores.
En el caso español, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales ha detectado en los últimos años un fraude creciente a través de paraísos fiscales utilizando las remesas de los inmigrantes. En su última Memoria anual da cuenta de la existencia de transferencias ordenadas con fondos de origen ilegal mediante giros de escasas cuantía, lo que les permite evadir los controles.
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