| «« | »» |
Daniel Ortega con el pueblo colombiano |
El presidente Daniel Ortega insistió en su disposición de dialogar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) porque "para luchar por la paz no tenemos que pedirle permiso a nadie".
"Yo he encontrado disposición del secretariado de las FARC de trabajar por la paz y yo les digo a los hermanos de las FARC, que estamos dispuestos a dialogar, a conversar para trabajar por la paz en Colombia, porque bien se la merece ese pueblo", dijo Ortega al clausurar las celebraciones del XXIX Aniversario de la Revolución Sandinista.
Las FARC solicitaron recientemente platicar con Ortega sobre la "paz y la guerra en Colombia".
"Yo he sido bien claro, para luchar por la paz, no tenemos que pedirle permiso a nadie, y sobre todo cuando esa lucha por la paz se vuelve imperiosa por que está en riesgo la seguridad de la región", agregó.
El mensaje sería una contestación a la posición expresada por el gobierno de Colombia el jueves de que "no autoriza, ni avala, gestión alguna que pretenda adelantar el señor Ortega en relación con una organización terrorista, en este caso las FARC".
El gobierno de Colombia argumenta que ello "constituiría una violación al principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados" y que "cualquier actividad que se desarrolle en tal sentido, tiene que contar con la aprobación del gobierno de Colombia".
En esta capital se rumoraba sobre la presencia de presuntos representantes de las FARC que habrían llegado al país para platicar con Ortega, aprovechando las celebraciones del triunfo revolucionario.
La jefa de la policía nacional dijo que actuaría conforme a la ley respecto a cualquier persona sobre la cual la Interpol tuviera en su lista de requeridos internacionalmente. Los miembros de las FARC son considerados terroristas.
Durante el acto, Ortega presentó a una de las guerrilleras colombianas sobrevivientes del ataque del ejército de Colonbia contra un campamento de las FARC en Ecuador donde murió el segundo jefe de esa guerrilla, Raúl Reyes.
"Acérquense, que la Interpol no las esta deteniendo. Ya quisiera el gobierno colombiano detenerlas o asesinarlas, pero ya lo hemos denunciado", dijo Ortega.
El mandatario dijo que el ataque al campamento fue "un acto de terrorismo de Estado".
Al mismo tiempo pidió al gobierno de Colombia "respetar" una resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, respecto a un viejo diferendo territorial con Nicaragua en aguas del Mar Caribe.
"Respeten la soberanía de Nicaragua y tendremos paz y tendremos estabilidad", dijo.
Ortega rindió homenaje a cinco "hermanos cubanos" prisioneros en Estados Unidos acusados de terrorismo, porque "los terroristas están en Washington", señaló.
Culpó al capitalismo del proceso inflacionario que afecta al mundo y dijo que su gobierno ha invertido 205,5 millones de dólares en proyectos sociales.
Al acto asistieron miles de sandinistas que portaban banderas del partido de Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
En el mismo participaron el presidente de Venezuela, Hugo Chávez; el presidente de Honduras, Manuel Zelaya; el vicepresidente de Cuba, Estaban Lazo; el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo; Aleyda March, viuda de Ernesto "Che" Guevara, quien recibió la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío.
Ortega otorgó la Orden Agusto C. Sandino, de manera póstuma, al finado presidente de Chile Salvador Allende, la cual recibió su nieto, Gonzalo Meza Allende.
También fueron condecorados con la misma Orden, la hija de Guevara, Aleyda Guevara March; Margot Honnecker, esposa del ex presidente de Alemania del Este, Erick Honnecker; y el filósofo, Francois Houtart, sacerdote católico y sociólogo marxista belga.
contiene 3
comentarios.
Etiquetas: conocimiento, inteligencia, memoria, multitud, politica.
Anónimo
Nos están indicando que vamos bien cuando no recibimos razones que contradigan lo que exponemos sino denuestos. Agradecemos entonces el insulto deseando a quién lo profiere que por algo que solo puede ser casi sobrenatural, lea, se instruya y procure todos los días que le queden de vida, ser un poco más ignorante que el día anterior. Hará muy feliz a su familia y también lo será más él.
Una muy breve introducción
En Colombia, muchos de los que hoy son guerrilleros, lo asumieron como lo hicieron sus fundadores, en principio solo para salvar la vida. Otros, en distinta condición, lo hicieron sublevados por la injusticia asentada por décadas en el país.
El Comandante Raúl Reyes es un ejemplo vivo de ello. Dirigente sindical de Nestlé fue reiteradamente amenazado de muerte hasta que no le quedó otro recurso que enrolarse en las FARC-EP. Casi todos sus compañeros sindicalistas de aquella época, fueron asesinados, que es el destino casi seguro que le espera a cualquier dirigente sindical colombiano digno. Esto no es una afirmación arbitraria del que escribe, sino una conclusión extraída de la verificación de la distinta documentación existente que a ello se refiere.
Hoy las FARC-EP están esparcidas por toda la geografía colombiana. En el lugar más alejado del país, existe un comando de la organización. No es sólo con las armas que ejerce su influencia, sino que realiza actividades comunitarias ahí donde su ayuda pueda resolver los problemas que afectan a distintas colectividades rurales.
Los recientes hechos le han dado un gran sacudón. Ha recibido un duro revés, uno más en su ya larga marcha, golpe muy importante políticamente pues fortalece al procónsul que revierte con esto en parte, el desprestigio creciente que le afecta. Pero, como con los otros contratiempos sufridos, no es todavía el fin para las FARC-EP.
Los meses de mayo y junio fueron de intensos enfrentamientos en distintos puntos del país, con más bajas en el ejército que la guerrilla. Esa sangre derramada, no solo la de la guerrilla, sino también la de los soldados, merecen el respeto de todos aquellos que con toda buena fe deseen colaborar para terminar de una buena vez con la violencia. Las conminaciones deben ser para todos los actores de ese ya largo drama, y no solamente para una parte de él. Hablaremos a continuación, de algunos tópicos relacionados con la actividad sindical y sobre el paramilitarismo, para acercar lo más que se pueda al lector a lo que es la cotidianeidad colombiana.
Un breve repaso de la historia colombiana reciente, y sin referir nada relacionado con las FARC-EP nos dará aún así, la explicación de la razón de su existencia.
El acoso contra los sindicalistas
En el año 2000, de cada 5 sindicalistas asesinados en el mundo, 3 lo eran en Colombia. En el año 2002, le correspondió a esta nación el horrible mérito de contar con el 85 por ciento de los sindicalistas asesinados en todo el mundo. En el año 2003 se produjeron ahí el 73 por ciento de los homicidios de sindicalistas. En el 2004 el 66 por ciento y en el 2005, el 61 por ciento.
Las amenazas contra los sindicalistas se cuentan por miles, y producto de ello se provoca el abandono del trabajo, incluso el alejamiento de la región. Ha habido casos en los que la persecución siguió incluso más allá produciendo el exilio del afectado. A veces, el solo hecho de ser familiar de un sindicalista fue razón suficiente para ser secuestrado.
Investigaciones de la Fiscalía en el lapso comprendido entre el año 2001 y marzo pasado, permitieron que de 533 homicidios se produjeran 98 sentencias condenatorias contra 13 miembros de la Fuerza Pública, 73 de paramilitares y 53 de delincuentes comunes. Los tribunales de justicia colombianos han determinado, como resultado de sus investigaciones, que ¡Oh, milagro!, la mayoría de los crímenes fueron consumados por paramilitares.
En los cuatro primeros meses del año en curso, se superó las cifras de homicidios de sindicalistas de todo el año anterior, lo que claramente indica el pavoroso panorama del trabajador agremiado. Ningún trabajador está a salvo en Colombia. Se puede morir por los auspicios o la insinuación de un jefe, por un chisme, o simplemente por error.
El encargado del otro computador famoso -este sí contentivo de verdades y no mentiras-, el de Jorge 40, unteniente retirado del ejército conocido entre sus colegas asesinos como don Antonio, cuyo verdadero nombre es Edgar Ignacio Torres Fierro Flórez, admitió ante la Fiscalía que sin verificar un “informe de inteligencia”, operación que solo consistía en abrir un sobre y ver si en unas fotografías del Frente 37 de las FARC-EP, una persona señalada de estar en ella era o no la que se indicaba, dio, este criminal aberrado, la orden de asesinar a quien resultó ser el inocente portero del hospital de Barranquilla, Ángel Gabriel Castellón de la Hoz que si bien estaba afiliado al sindicato de la salud, no tenía ninguna relación con la guerrilla.
Confesamos que nos supera el asco haber reseñado lo anterior, pero estamos obligados a continuar y seguir para que se vea en las propias palabras del criminal, hasta dónde llega la perversión de estos sujetos, verdaderas escorias de la sociedad, por muy degradada que esa pudiera estar. Dijo: “Abrí el paquete con las fotos y vi que ahí no aparecía la persona señalada como objetivo militar. Por eso, señora fiscal, acepto plenamente mi responsabilidad”. Un error que generó posiblemente, una viuda y huérfanos. Nada importante para esas lacras. Para esa gente, no existe arrepentimiento.
Uno de los promotores de la muerte de Ëmerson José Pinzón Pertuz, ex dirigente sindical,el 11 de noviembre de 2003, fue sin duda, el director del Hospital de Ciénaga, Jaime Sánchez Maldonado, que le persiguió sin mengua y sin tregua. Fue el representante de los trabajadores en la presentación de un pliego negociador de peticiones. Su cargo era el de Jefe de Servicios Generales. Sánchez Maldonado le descendió hasta el cargo de camillero. ¿Dónde sino allí donde impera la arbitrariedad y el despotismo se pueden ver estas injusticias?
Es ese mismo 11 de noviembre que, según declarara otro criminal, Hernán Giraldo, en ese momento jefe del bloque paramilitar Tayrona, sus “hombres” ejecutaron a Zully Esther Codina Pérez, vecina de Pinzón Pertuz, comunicadora social y dirigente sindical. La Fiscalía General de la Nación sospecha que Codina Pérez pudiera haber estado en una lista que, según Rafael García, ex jefe de Informática del DAS, entregó a los paramilitares el en aquel momento director del organismo Jorge Noguera, para que aquellos llevaran a cabo una limpieza de dirigentes sindicales. Los funcionarios estos del DAS fueron enjuiciados por concierto para delinquir y condenados a penas de cárcel que, vistos quienes son y cuáles sus delitos, ya deben de estar libres.
Los Paramilitares, sus contactos y algunos de sus financistas
Salvatore Mancuso, tal vez uno de los hombres más diabólicos que pisó tierra colombiana, ha sido un ducho declarante. Ha dicho que son una parte de la estructura del Estado encargada del trabajo sucio, léase asesinatos extrajudiciales. No dejó de mencionar que políticos y militares les crearon como fuerzas de exterminio y que, luego de haber realizado la tarea asignada, pretenden hacerlos salir de la escena por la puerta trasera. No aceptan eso. Por eso se pusieron a hablar.
Esa es la razón de las extradiciones. Fueron extraditados todos aquellos que por sus declaraciones podían ser un peligro para el estamento político y financiero. Se los vinculan estrictamente con el factor político, pero nunca lo hacen con los que fueron sus nexos financieros que debieron de tener, necesarios para manejarles las cuantiosas fortunas que acumularon.
Quién podría creer que iban a callar cuando se veían segregados y olvidados por quienes les usaron. Iban a llegar en sus “confidencias” a involucrar políticos para seguir con militares y posiblemente terminarían con los financistas. Atiborrarían las cárceles. Eso era inadmisible. Mejor era extraditarlos.
De lo que habló Mancuso, quedó establecida la relación con el hoy ministro de la Defensa, Manuel Santos que, según dijo, le propuso un plan para desestabilizar al gobierno de Ernesto Samper cuyo período fue desde año 1994 hasta 1998. Es también por sus declaraciones que se sabe que sostuvo reuniones con miembros del gobierno de Uribe, con parlamentarios –muchos, pero no todos los que fueron, ya están en la cárcel-, y militares.
En declaraciones ante el juez, en actas judiciales donde lo corrobora, señaló que el ahora vicepresidente Francisco Santos, asistió a reuniones donde propuso la creación de un frente de autodefensa en la provincia de Cundinamarca.
En sus declaraciones señala que entre 1992 y 1995 fue entrenado por el ejército con manuales del gobierno. De sus relacionados mencionó a los generales Martín Carreño, Rito Alejo del Río e Iván Ramírez, con los cuales coordinó acciones militares que significaba, en buen romance, asesinar a quienes consideraran opositores.
Entre tantas cosas de las que dijo Mancuso, y que causó gran sorpresa, una de ellas fue cuando habló del súper policía y ex jefe de esa institución, general Rosso José Serrano. Nos cuenta Mancuso que este personaje se alió con el narcotraficante conocido por el remoquete de “El hombre del overol”, para lograr a través de él la liberación del hermano del ex presidente Gaviria.
No conocemos, ni suponemos ni nos interesa saberlo, los motivos que indujeron a este paramilitar a dar por primera vez, los nombres de políticos y militares involucrados con esa banda asesina, pero seguramente pese a ser tantos, probablemente no se haya acercado a la mayoría de los que se relacionaron con ellos. Se deduce esto cuando advirtió que diría toda la verdad sobre los nexos que la AUC sostuvo con todos los sectores de la sociedad. Esperaba así este personaje, obtener una sentencia blanda.
En el tercer interrogatorio al que le sometió la Fiscalía, Mancuso habló sobre sus financistas. Mencionó a las multinacionales estadounidenses Chiquita Brands, Del Monte y Dole Food Company que, según él les financiaron durante varios años. También nombró a la refresquera Postobón y a la cervecera Bavaria. No se salvan los sectores de transporte y tampoco el automotriz.
También financiaron la actividad paramilitar, Coca Cola, Drummond y Nestlé. Como compensación, los paramilitares eliminaron y expulsaron sindicalistas, sobre todo de Coca Cola, con acciones que dejaron varios muertos.
Dio detalles “íntimos” de esa relación, indicando que Chiquita Brands y Del Monte les cancelaban de soborno un centavo de dólar por cada caja de fruta exportada. Esto se investiga en el Departamento de Justicia de EEUU que ya ha obtenido el reconocimiento de ese hecho por alguna de las transnacionales. Postobón les pagaba 7 mil dólares mensuales por cada departamento donde distribuía sus mercancías. Bavaria entretanto, les vertía a las AUC, 70 centavos de dólar por cada 30 cervezas que vendía en la Costa Atlántica del país.
Mancuso mencionó a la empresa automovilística coreana Hyundai contribuyendo con las AUC con 4 automóviles por año. Carlos Castaño les exigió a los coreanos que le suministraran un helicóptero.
José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, reconoció que cientos de ellos, pero a título personal, brindaron asistencia económica a los paramilitares. Puede ser que por desarrollar tanto los ganaderos como las AUC su actividad en el campo, hayan sido aquellos los primeros que se conectaron con los paramilitares, para beneficio común. Los paramilitares recibiendo donativos de los ganaderos, que los retribuía asesinando y ahuyentando al campesino de las tierras que eran de interés de los ganaderos. Recordemos que los migrantes internos suman millones de personas, encontrándose su cifra entre las mayores del mundo.
En junio de 2002 la Fiscalía allanó la sede de la Federación de Ganaderos de Córdoba, que es donde nace el paramilitarismo. Computadoras, libros y documentos fue requisado por la Institución. Habían interceptado las comunicaciones entre el paramilitarismo y los ganaderos, registradas en 200 horas de grabaciones. No era tontería. En Córdoba posee una hacienda Uribe Vélez, presidente de Colombia que linda con una de las que tiene ahí el señor Salvatore Mancuso. Como se ve, son vecinos íntimos, cumpliéndose aquel famoso “Dios lo cría y ellos se juntan”.
El año pasado el senador Gustavo Petro dio a conocer una fotografía de Santiago Uribe Vélez, junto a narcotraficantes y paramilitares en el departamento de Antioquia. La presentó en una sesión plenaria del Congreso en una exposición cercana a las dos horas, donde demostró con documentos judiciales en su mano, la relación profunda de los políticos con paramilitares, ganaderos, comerciantes y agentes del estado.
El senador también presentó testimonios que indicaban que los paramilitares protegían una hacienda de la familia Uribe. Es la finca “Las Guacharacas”, que es propiedad de la familia Uribe, y es allí donde se ejecutaron guerrilleros. En otra también de la misma familia, de nombre “La Carolina”, tuvieron una base los paramilitares.
Como se puede calibrar pese a lo escaso de la información manejada, la complejidad es la dominante en Colombia. Pero, las enormes reservas morales del país le permitirían superarlas. Sólo deben procurar superar las dificultades que les impiden intentarlo.
Una muy breve introducción
En Colombia, muchos de los que hoy son guerrilleros, lo asumieron como lo hicieron sus fundadores, en principio solo para salvar la vida. Otros, en distinta condición, lo hicieron sublevados por la injusticia asentada por décadas en el país.
El Comandante Raúl Reyes es un ejemplo vivo de ello. Dirigente sindical de Nestlé fue reiteradamente amenazado de muerte hasta que no le quedó otro recurso que enrolarse en las FARC-EP. Casi todos sus compañeros sindicalistas de aquella época, fueron asesinados, que es el destino casi seguro que le espera a cualquier dirigente sindical colombiano digno. Esto no es una afirmación arbitraria del que escribe, sino una conclusión extraída de la verificación de la distinta documentación existente que a ello se refiere.
Hoy las FARC-EP están esparcidas por toda la geografía colombiana. En el lugar más alejado del país, existe un comando de la organización. No es sólo con las armas que ejerce su influencia, sino que realiza actividades comunitarias ahí donde su ayuda pueda resolver los problemas que afectan a distintas colectividades rurales.
Los recientes hechos le han dado un gran sacudón. Ha recibido un duro revés, uno más en su ya larga marcha, golpe muy importante políticamente pues fortalece al procónsul que revierte con esto en parte, el desprestigio creciente que le afecta. Pero, como con los otros contratiempos sufridos, no es todavía el fin para las FARC-EP.
Los meses de mayo y junio fueron de intensos enfrentamientos en distintos puntos del país, con más bajas en el ejército que la guerrilla. Esa sangre derramada, no solo la de la guerrilla, sino también la de los soldados, merecen el respeto de todos aquellos que con toda buena fe deseen colaborar para terminar de una buena vez con la violencia. Las conminaciones deben ser para todos los actores de ese ya largo drama, y no solamente para una parte de él. Hablaremos a continuación, de algunos tópicos relacionados con la actividad sindical y sobre el paramilitarismo, para acercar lo más que se pueda al lector a lo que es la cotidianeidad colombiana.
Un breve repaso de la historia colombiana reciente, y sin referir nada relacionado con las FARC-EP nos dará aún así, la explicación de la razón de su existencia.
El acoso contra los sindicalistas
En el año 2000, de cada 5 sindicalistas asesinados en el mundo, 3 lo eran en Colombia. En el año 2002, le correspondió a esta nación el horrible mérito de contar con el 85 por ciento de los sindicalistas asesinados en todo el mundo. En el año 2003 se produjeron ahí el 73 por ciento de los homicidios de sindicalistas. En el 2004 el 66 por ciento y en el 2005, el 61 por ciento.
Las amenazas contra los sindicalistas se cuentan por miles, y producto de ello se provoca el abandono del trabajo, incluso el alejamiento de la región. Ha habido casos en los que la persecución siguió incluso más allá produciendo el exilio del afectado. A veces, el solo hecho de ser familiar de un sindicalista fue razón suficiente para ser secuestrado.
Investigaciones de la Fiscalía en el lapso comprendido entre el año 2001 y marzo pasado, permitieron que de 533 homicidios se produjeran 98 sentencias condenatorias contra 13 miembros de la Fuerza Pública, 73 de paramilitares y 53 de delincuentes comunes. Los tribunales de justicia colombianos han determinado, como resultado de sus investigaciones, que ¡Oh, milagro!, la mayoría de los crímenes fueron consumados por paramilitares.
En los cuatro primeros meses del año en curso, se superó las cifras de homicidios de sindicalistas de todo el año anterior, lo que claramente indica el pavoroso panorama del trabajador agremiado. Ningún trabajador está a salvo en Colombia. Se puede morir por los auspicios o la insinuación de un jefe, por un chisme, o simplemente por error.
El encargado del otro computador famoso -este sí contentivo de verdades y no mentiras-, el de Jorge 40, unteniente retirado del ejército conocido entre sus colegas asesinos como don Antonio, cuyo verdadero nombre es Edgar Ignacio Torres Fierro Flórez, admitió ante la Fiscalía que sin verificar un “informe de inteligencia”, operación que solo consistía en abrir un sobre y ver si en unas fotografías del Frente 37 de las FARC-EP, una persona señalada de estar en ella era o no la que se indicaba, dio, este criminal aberrado, la orden de asesinar a quien resultó ser el inocente portero del hospital de Barranquilla, Ángel Gabriel Castellón de la Hoz que si bien estaba afiliado al sindicato de la salud, no tenía ninguna relación con la guerrilla.
Confesamos que nos supera el asco haber reseñado lo anterior, pero estamos obligados a continuar y seguir para que se vea en las propias palabras del criminal, hasta dónde llega la perversión de estos sujetos, verdaderas escorias de la sociedad, por muy degradada que esa pudiera estar. Dijo: “Abrí el paquete con las fotos y vi que ahí no aparecía la persona señalada como objetivo militar. Por eso, señora fiscal, acepto plenamente mi responsabilidad”. Un error que generó posiblemente, una viuda y huérfanos. Nada importante para esas lacras. Para esa gente, no existe arrepentimiento.
Uno de los promotores de la muerte de Ëmerson José Pinzón Pertuz, ex dirigente sindical,el 11 de noviembre de 2003, fue sin duda, el director del Hospital de Ciénaga, Jaime Sánchez Maldonado, que le persiguió sin mengua y sin tregua. Fue el representante de los trabajadores en la presentación de un pliego negociador de peticiones. Su cargo era el de Jefe de Servicios Generales. Sánchez Maldonado le descendió hasta el cargo de camillero. ¿Dónde sino allí donde impera la arbitrariedad y el despotismo se pueden ver estas injusticias?
Es ese mismo 11 de noviembre que, según declarara otro criminal, Hernán Giraldo, en ese momento jefe del bloque paramilitar Tayrona, sus “hombres” ejecutaron a Zully Esther Codina Pérez, vecina de Pinzón Pertuz, comunicadora social y dirigente sindical. La Fiscalía General de la Nación sospecha que Codina Pérez pudiera haber estado en una lista que, según Rafael García, ex jefe de Informática del DAS, entregó a los paramilitares el en aquel momento director del organismo Jorge Noguera, para que aquellos llevaran a cabo una limpieza de dirigentes sindicales. Los funcionarios estos del DAS fueron enjuiciados por concierto para delinquir y condenados a penas de cárcel que, vistos quienes son y cuáles sus delitos, ya deben de estar libres.
Los Paramilitares, sus contactos y algunos de sus financistas
Salvatore Mancuso, tal vez uno de los hombres más diabólicos que pisó tierra colombiana, ha sido un ducho declarante. Ha dicho que son una parte de la estructura del Estado encargada del trabajo sucio, léase asesinatos extrajudiciales. No dejó de mencionar que políticos y militares les crearon como fuerzas de exterminio y que, luego de haber realizado la tarea asignada, pretenden hacerlos salir de la escena por la puerta trasera. No aceptan eso. Por eso se pusieron a hablar.
Esa es la razón de las extradiciones. Fueron extraditados todos aquellos que por sus declaraciones podían ser un peligro para el estamento político y financiero. Se los vinculan estrictamente con el factor político, pero nunca lo hacen con los que fueron sus nexos financieros que debieron de tener, necesarios para manejarles las cuantiosas fortunas que acumularon.
Quién podría creer que iban a callar cuando se veían segregados y olvidados por quienes les usaron. Iban a llegar en sus “confidencias” a involucrar políticos para seguir con militares y posiblemente terminarían con los financistas. Atiborrarían las cárceles. Eso era inadmisible. Mejor era extraditarlos.
De lo que habló Mancuso, quedó establecida la relación con el hoy ministro de la Defensa, Manuel Santos que, según dijo, le propuso un plan para desestabilizar al gobierno de Ernesto Samper cuyo período fue desde año 1994 hasta 1998. Es también por sus declaraciones que se sabe que sostuvo reuniones con miembros del gobierno de Uribe, con parlamentarios –muchos, pero no todos los que fueron, ya están en la cárcel-, y militares.
En declaraciones ante el juez, en actas judiciales donde lo corrobora, señaló que el ahora vicepresidente Francisco Santos, asistió a reuniones donde propuso la creación de un frente de autodefensa en la provincia de Cundinamarca.
En sus declaraciones señala que entre 1992 y 1995 fue entrenado por el ejército con manuales del gobierno. De sus relacionados mencionó a los generales Martín Carreño, Rito Alejo del Río e Iván Ramírez, con los cuales coordinó acciones militares que significaba, en buen romance, asesinar a quienes consideraran opositores.
Entre tantas cosas de las que dijo Mancuso, y que causó gran sorpresa, una de ellas fue cuando habló del súper policía y ex jefe de esa institución, general Rosso José Serrano. Nos cuenta Mancuso que este personaje se alió con el narcotraficante conocido por el remoquete de “El hombre del overol”, para lograr a través de él la liberación del hermano del ex presidente Gaviria.
No conocemos, ni suponemos ni nos interesa saberlo, los motivos que indujeron a este paramilitar a dar por primera vez, los nombres de políticos y militares involucrados con esa banda asesina, pero seguramente pese a ser tantos, probablemente no se haya acercado a la mayoría de los que se relacionaron con ellos. Se deduce esto cuando advirtió que diría toda la verdad sobre los nexos que la AUC sostuvo con todos los sectores de la sociedad. Esperaba así este personaje, obtener una sentencia blanda.
En el tercer interrogatorio al que le sometió la Fiscalía, Mancuso habló sobre sus financistas. Mencionó a las multinacionales estadounidenses Chiquita Brands, Del Monte y Dole Food Company que, según él les financiaron durante varios años. También nombró a la refresquera Postobón y a la cervecera Bavaria. No se salvan los sectores de transporte y tampoco el automotriz.
También financiaron la actividad paramilitar, Coca Cola, Drummond y Nestlé. Como compensación, los paramilitares eliminaron y expulsaron sindicalistas, sobre todo de Coca Cola, con acciones que dejaron varios muertos.
Dio detalles “íntimos” de esa relación, indicando que Chiquita Brands y Del Monte les cancelaban de soborno un centavo de dólar por cada caja de fruta exportada. Esto se investiga en el Departamento de Justicia de EEUU que ya ha obtenido el reconocimiento de ese hecho por alguna de las transnacionales. Postobón les pagaba 7 mil dólares mensuales por cada departamento donde distribuía sus mercancías. Bavaria entretanto, les vertía a las AUC, 70 centavos de dólar por cada 30 cervezas que vendía en la Costa Atlántica del país.
Mancuso mencionó a la empresa automovilística coreana Hyundai contribuyendo con las AUC con 4 automóviles por año. Carlos Castaño les exigió a los coreanos que le suministraran un helicóptero.
José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, reconoció que cientos de ellos, pero a título personal, brindaron asistencia económica a los paramilitares. Puede ser que por desarrollar tanto los ganaderos como las AUC su actividad en el campo, hayan sido aquellos los primeros que se conectaron con los paramilitares, para beneficio común. Los paramilitares recibiendo donativos de los ganaderos, que los retribuía asesinando y ahuyentando al campesino de las tierras que eran de interés de los ganaderos. Recordemos que los migrantes internos suman millones de personas, encontrándose su cifra entre las mayores del mundo.
En junio de 2002 la Fiscalía allanó la sede de la Federación de Ganaderos de Córdoba, que es donde nace el paramilitarismo. Computadoras, libros y documentos fue requisado por la Institución. Habían interceptado las comunicaciones entre el paramilitarismo y los ganaderos, registradas en 200 horas de grabaciones. No era tontería. En Córdoba posee una hacienda Uribe Vélez, presidente de Colombia que linda con una de las que tiene ahí el señor Salvatore Mancuso. Como se ve, son vecinos íntimos, cumpliéndose aquel famoso “Dios lo cría y ellos se juntan”.
El año pasado el senador Gustavo Petro dio a conocer una fotografía de Santiago Uribe Vélez, junto a narcotraficantes y paramilitares en el departamento de Antioquia. La presentó en una sesión plenaria del Congreso en una exposición cercana a las dos horas, donde demostró con documentos judiciales en su mano, la relación profunda de los políticos con paramilitares, ganaderos, comerciantes y agentes del estado.
El senador también presentó testimonios que indicaban que los paramilitares protegían una hacienda de la familia Uribe. Es la finca “Las Guacharacas”, que es propiedad de la familia Uribe, y es allí donde se ejecutaron guerrilleros. En otra también de la misma familia, de nombre “La Carolina”, tuvieron una base los paramilitares.
Como se puede calibrar pese a lo escaso de la información manejada, la complejidad es la dominante en Colombia. Pero, las enormes reservas morales del país le permitirían superarlas. Sólo deben procurar superar las dificultades que les impiden intentarlo.
Anónimo
En el ya largo conflicto colombiano, de los que más caídos produjeron en él, permitiendo su continuación hasta los momentos, han sido los medios de comunicación. No sólo los de Colombia con su guerra interna, sino también los de Venezuela, y también las grandes cadenas que cubren el mundo que, deleznablemente, asumen abiertamente, la defensa del régimen Terrorista de Estado colombiano.
La primera baja en esa pelea fue la verdad. La adulteraron de tal manera que los malos pasaron a ser prácticamente algo así como los adoradores de la Virgen María. En tanto que aquellos que fueron las verdaderas víctimas de la violencia, que huyeron para proteger su vida cuando el conflicto llegó hasta ellos, pasaron a ser todo lo que no son. En los medios, los paramilitares y los militares que son quienes han asesinado a la mayoría de los caídos, no figuran como los autores de los mismos pues por mutación mediática, se los atribuyen a la guerrilla.
Los verdaderos responsables de la violencia
Cuando se investiga la violencia en Colombia, recorriendo lentamente su geografía, observando las declaraciones sobre las víctimas de quienes les sobrevivieron, nos encontramos en abierta contradicción con lo que nos dicen los medios. La conducta de estos no es que esté reñida con la ética, no, para nada; lo está con la verdad, lo cual es más grave y a la cual veja cuando atribuye a un actor aquello que hizo quien a él le enfrenta. Las matanzas, las horribles matanzas sucedidas en Colombia, fueron en su mayoría causadas por paramilitares en connivencia con contingentes militares.
Digreguemos para aclarar. Lo ético parte únicamente de la verdad, no de la mentira. No puede plantearse nada como ético, sobre una información falsa, carente de verdad. Puede especularse con la razón que explique un hecho, pero nunca sobre este en sí. En los casos que abordamos aquí, un asesinato es un crimen y por más vuelta que se le dé, nunca será otra cosa distinta que ese mismo crimen.
En el caso de la violencia colombiana, antes que sentir dolor debe sentirse respeto, respeto por todo aquel que es capaz de hablar sabiendo el riesgo que implica hacerlo. Respeto por esos familiares que con enorme tensión encima suyo, no han callado y con gran valor les reclaman al Estado el esclarecimiento de los hechos que le generaron la aflicción que hoy padecen.
Es precisamente por la presión de los familiares de las víctimas que los paramilitares han ido descubriendo los lugares donde se encontraban las fosas comunes. Estas son miles, muchas de las cuales, al ser halladas muestran tanto horror que incluso a la imaginación le cuesta dibujarlo. No se puede admitir tanta maldad como la que mostraron los asesinos. Pero menos aún la razón que en algunos de los casos motivaron las amputaciones: sembrar en el alma el miedo, que eso es precisamente el Terror. Inhibir de toda acción que pudiera generar una reacción de este tipo. Pero no lo lograron y ya se puede afirmar que nunca lo lograrán. Ese pueblo está demostrando que es indoblegable y que no habrá fuerza que le tuerza su voluntad.
Carlos Castaño, uno de los jefes y fundador de los paramilitares declaró que en 15 días ordenó no menos de 1000 asesinatos. Imagínese cuál será la totalidad de la que es responsable este asesino en su largo recorrido criminal. Ha señalado que muchas muertes fueron por error derivado de la mala información obtenida. Hoy se conoce que fue el responsable de la muerte del humorista Jaime Garzón, la que considera también equivocada.
Castaño le ordenó a don Berna, alias del desmovilizado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, que tomara las medidas precisas para ejecutar a Jaime Garzón. Este le ordenó a la banda “La Terraza” que llevara a cabo la ejecución, cosa que esa hizo. Estos sicarios de Medellín le contaron con todos los detalles, a la revista Semana en enero de 2001, cómo fue el procedimiento del 13 de agosto que terminó con la vida de Garzón. Esta banda tenía también en su macabro hacer, la muerte de Elsa Alvarado, Mario Calderón, Jesús María Ovalle y Eduardo Umaña, investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).
Este tétrico personaje que hoy conocemos como “don Berna”, poco tiempo después, también por órdenes de Carlos Castaño, dispuso la ejecución de los miembros de la banda La Terraza, cuestión que se hizo. Los mataron a todos. Lo que sorprendió fue que este bravío personaje no pudo concluir su declaración porque se desmayó. Tal cual.
La llegada de los paramilitares –todavía hoy llegan, pero ahora con distintos nombres-, a cualquier poblado por pequeño que fuera aterraba, pues cualquier cosa podía generar la muerte. Una pregunta no contestada inmediatamente; no responder lo que quien interrogaba quería oír tenía el mismo resultado: la muerte, siempre ella, siempre para los más desvalidos. Pero, no han doblegado pese a la locura engendrada, a ese pueblo que merece admiración, siempre posterior al respeto que la ha ganado.
Ever Veloza García, también conocido como HH, es otro de estos criminales que no le va a la zaga a los anteriores. Más de 3 mil muertos reconoció este sujeto, de los cuales mil doscientos lo fueron en un año en el Urabá. Ha suministrado información que ha permitido ubicar varias fosas comunes sobre las que ya están trabajando los organismos competentes.
Otros criminales como este también han informado sobre otras fosas por lo que, aunque lentamente todavía, se va a ir conociendo parte de la dimensión de su maldad pero, más importante aún, la verdadera responsabilidad que les cabe en el dolor de las familias colombianas.
Veloza seguramente para obtener privilegios judiciales, reconoció también con nombres y apellidos, a personeros de las fuerzas armadas colombianas como cómplices de sus fechorías, así también como quienes de ellos les pertrecharon muchas de las armas que usaron para matar gente en su mayoría inocente. Corrompieron cuánto hallaron a su paso. Todos tenían un precio que ellos pagaron.
Rodrigo Pérez Alzate, conocido como “Julián Bolívar”, ex jefe militar del Bloque Central Bolívar, también se ha puesto a cantar mejor que un chingolo, y ha puesto en manos de la Fiscalía, una lista de 700 personas, entre ganaderos y finqueros que, supuestamente colaboraron con las AUC.
Las declaraciones de los distintos paramilitares acogidos a los beneficios decididos por el Ejecutivo colombiano, llevaron a un número elevado de políticos uribistas a la cárcel. Muchos militares por esas confidencias se vieron gravemente involucrados en acciones junto con ellos, o con omisiones ex profeso que facilitaron el crimen que aquellos realizarían. Esto era muy grave, y lo era tanto que era necesario terminar de una buena vez con las confesiones.
No solo fueron las declaraciones de los paramilitares, sino también sus computadoras que comprometían al Poder: la oligarquía, la política, la fuerza militar, casi todo ese amplísimo espectro que era el sostén y el impulso de los paramilitares ejecutantes de la música ordenada: el Terror.
Hay que recordar que la primera computadora contentiva de comprometedoras pruebas fue la de Jorge 40, que condujo a varios altos miembros del uribismo a la cárcel. Las otras computadoras de los otros jefes paracos, por arte de birlibirloque perdieron los discos duros y todo vestigio de lo que hubieran podido contener. Quedaron vacías ¿quién lo habrá hecho? ¿Incoará la Fiscalía una investigación por ese suceso?
Una pauta que permite apreciar la degradación alcanzada por el Estado colombiano, es la denuncia de la senadora uribista Gina Parody, quien ha exigido a la Fiscalía que se investigue a fondo los acuerdos de 410 dirigentes políticos con los escuadrones paramilitares por los cuales pactaron repartirse los cargos políticos y los contratos en una zona del norte de Colombia. Este pacto se firmó el 28 de septiembre de 2000 y se conoce como “Pacto de Chivolo”.
Que personas como la senadora Parody tengan el valor de denunciar lacras de ese calibre, siendo partidarias del establecimiento, es el mejor indicio de las enormes reservas morales de ese país. Su acción le enaltece.
Porque es el Estado, el último y principal responsable del Terrorismo, este sí cierto, veraz, auténtico, y reconoce esa responsabilidad, al aventar con las extradiciones a los criminales que estaban dispuestos a desbrozar el camino que permitiría ubicar la responsabilidad de cada quién, en el Terrorismo de Estado. Impedir las confesiones que terminarían implicando a Uribe Vélez en la Violencia, es la verdadera razón del alejamiento de los criminales. Pero aun así no se logrará impedir que la verdad se conozca. Apuéstese que así será.
La primera baja en esa pelea fue la verdad. La adulteraron de tal manera que los malos pasaron a ser prácticamente algo así como los adoradores de la Virgen María. En tanto que aquellos que fueron las verdaderas víctimas de la violencia, que huyeron para proteger su vida cuando el conflicto llegó hasta ellos, pasaron a ser todo lo que no son. En los medios, los paramilitares y los militares que son quienes han asesinado a la mayoría de los caídos, no figuran como los autores de los mismos pues por mutación mediática, se los atribuyen a la guerrilla.
Los verdaderos responsables de la violencia
Cuando se investiga la violencia en Colombia, recorriendo lentamente su geografía, observando las declaraciones sobre las víctimas de quienes les sobrevivieron, nos encontramos en abierta contradicción con lo que nos dicen los medios. La conducta de estos no es que esté reñida con la ética, no, para nada; lo está con la verdad, lo cual es más grave y a la cual veja cuando atribuye a un actor aquello que hizo quien a él le enfrenta. Las matanzas, las horribles matanzas sucedidas en Colombia, fueron en su mayoría causadas por paramilitares en connivencia con contingentes militares.
Digreguemos para aclarar. Lo ético parte únicamente de la verdad, no de la mentira. No puede plantearse nada como ético, sobre una información falsa, carente de verdad. Puede especularse con la razón que explique un hecho, pero nunca sobre este en sí. En los casos que abordamos aquí, un asesinato es un crimen y por más vuelta que se le dé, nunca será otra cosa distinta que ese mismo crimen.
En el caso de la violencia colombiana, antes que sentir dolor debe sentirse respeto, respeto por todo aquel que es capaz de hablar sabiendo el riesgo que implica hacerlo. Respeto por esos familiares que con enorme tensión encima suyo, no han callado y con gran valor les reclaman al Estado el esclarecimiento de los hechos que le generaron la aflicción que hoy padecen.
Es precisamente por la presión de los familiares de las víctimas que los paramilitares han ido descubriendo los lugares donde se encontraban las fosas comunes. Estas son miles, muchas de las cuales, al ser halladas muestran tanto horror que incluso a la imaginación le cuesta dibujarlo. No se puede admitir tanta maldad como la que mostraron los asesinos. Pero menos aún la razón que en algunos de los casos motivaron las amputaciones: sembrar en el alma el miedo, que eso es precisamente el Terror. Inhibir de toda acción que pudiera generar una reacción de este tipo. Pero no lo lograron y ya se puede afirmar que nunca lo lograrán. Ese pueblo está demostrando que es indoblegable y que no habrá fuerza que le tuerza su voluntad.
Carlos Castaño, uno de los jefes y fundador de los paramilitares declaró que en 15 días ordenó no menos de 1000 asesinatos. Imagínese cuál será la totalidad de la que es responsable este asesino en su largo recorrido criminal. Ha señalado que muchas muertes fueron por error derivado de la mala información obtenida. Hoy se conoce que fue el responsable de la muerte del humorista Jaime Garzón, la que considera también equivocada.
Castaño le ordenó a don Berna, alias del desmovilizado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, que tomara las medidas precisas para ejecutar a Jaime Garzón. Este le ordenó a la banda “La Terraza” que llevara a cabo la ejecución, cosa que esa hizo. Estos sicarios de Medellín le contaron con todos los detalles, a la revista Semana en enero de 2001, cómo fue el procedimiento del 13 de agosto que terminó con la vida de Garzón. Esta banda tenía también en su macabro hacer, la muerte de Elsa Alvarado, Mario Calderón, Jesús María Ovalle y Eduardo Umaña, investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).
Este tétrico personaje que hoy conocemos como “don Berna”, poco tiempo después, también por órdenes de Carlos Castaño, dispuso la ejecución de los miembros de la banda La Terraza, cuestión que se hizo. Los mataron a todos. Lo que sorprendió fue que este bravío personaje no pudo concluir su declaración porque se desmayó. Tal cual.
La llegada de los paramilitares –todavía hoy llegan, pero ahora con distintos nombres-, a cualquier poblado por pequeño que fuera aterraba, pues cualquier cosa podía generar la muerte. Una pregunta no contestada inmediatamente; no responder lo que quien interrogaba quería oír tenía el mismo resultado: la muerte, siempre ella, siempre para los más desvalidos. Pero, no han doblegado pese a la locura engendrada, a ese pueblo que merece admiración, siempre posterior al respeto que la ha ganado.
Ever Veloza García, también conocido como HH, es otro de estos criminales que no le va a la zaga a los anteriores. Más de 3 mil muertos reconoció este sujeto, de los cuales mil doscientos lo fueron en un año en el Urabá. Ha suministrado información que ha permitido ubicar varias fosas comunes sobre las que ya están trabajando los organismos competentes.
Otros criminales como este también han informado sobre otras fosas por lo que, aunque lentamente todavía, se va a ir conociendo parte de la dimensión de su maldad pero, más importante aún, la verdadera responsabilidad que les cabe en el dolor de las familias colombianas.
Veloza seguramente para obtener privilegios judiciales, reconoció también con nombres y apellidos, a personeros de las fuerzas armadas colombianas como cómplices de sus fechorías, así también como quienes de ellos les pertrecharon muchas de las armas que usaron para matar gente en su mayoría inocente. Corrompieron cuánto hallaron a su paso. Todos tenían un precio que ellos pagaron.
Rodrigo Pérez Alzate, conocido como “Julián Bolívar”, ex jefe militar del Bloque Central Bolívar, también se ha puesto a cantar mejor que un chingolo, y ha puesto en manos de la Fiscalía, una lista de 700 personas, entre ganaderos y finqueros que, supuestamente colaboraron con las AUC.
Las declaraciones de los distintos paramilitares acogidos a los beneficios decididos por el Ejecutivo colombiano, llevaron a un número elevado de políticos uribistas a la cárcel. Muchos militares por esas confidencias se vieron gravemente involucrados en acciones junto con ellos, o con omisiones ex profeso que facilitaron el crimen que aquellos realizarían. Esto era muy grave, y lo era tanto que era necesario terminar de una buena vez con las confesiones.
No solo fueron las declaraciones de los paramilitares, sino también sus computadoras que comprometían al Poder: la oligarquía, la política, la fuerza militar, casi todo ese amplísimo espectro que era el sostén y el impulso de los paramilitares ejecutantes de la música ordenada: el Terror.
Hay que recordar que la primera computadora contentiva de comprometedoras pruebas fue la de Jorge 40, que condujo a varios altos miembros del uribismo a la cárcel. Las otras computadoras de los otros jefes paracos, por arte de birlibirloque perdieron los discos duros y todo vestigio de lo que hubieran podido contener. Quedaron vacías ¿quién lo habrá hecho? ¿Incoará la Fiscalía una investigación por ese suceso?
Una pauta que permite apreciar la degradación alcanzada por el Estado colombiano, es la denuncia de la senadora uribista Gina Parody, quien ha exigido a la Fiscalía que se investigue a fondo los acuerdos de 410 dirigentes políticos con los escuadrones paramilitares por los cuales pactaron repartirse los cargos políticos y los contratos en una zona del norte de Colombia. Este pacto se firmó el 28 de septiembre de 2000 y se conoce como “Pacto de Chivolo”.
Que personas como la senadora Parody tengan el valor de denunciar lacras de ese calibre, siendo partidarias del establecimiento, es el mejor indicio de las enormes reservas morales de ese país. Su acción le enaltece.
Porque es el Estado, el último y principal responsable del Terrorismo, este sí cierto, veraz, auténtico, y reconoce esa responsabilidad, al aventar con las extradiciones a los criminales que estaban dispuestos a desbrozar el camino que permitiría ubicar la responsabilidad de cada quién, en el Terrorismo de Estado. Impedir las confesiones que terminarían implicando a Uribe Vélez en la Violencia, es la verdadera razón del alejamiento de los criminales. Pero aun así no se logrará impedir que la verdad se conozca. Apuéstese que así será.
Anónimo
Cuando se habla de lucha armada, se especula en la última instancia, en una realidad donde matar o morir es una posibilidad palpable, no utópica. Se juega todo en el intento de lograr un fin que es el impulso de un proyecto político que, por las razones que sean tenía la vía pacífica vedada. Cuando se está dispuesto a realizar la mayor entrega que un individuo pueda hacer, como es ofrendar su vida, está ínsito en sus propósitos lo mejor del ser humano.
Por ejemplo en el caso colombiano, uno de los fines de la guerrilla, de los varios que conforman su proyecto, es que la democracia permita la polémica sin riesgo para la vida de quien manifiesta sus discrepancias.
Esa es una condición, que a los alzados en armas se le había asegurado en otros procesos de paz anteriores, que fueron incumplidos por el gobierno de turno y como consecuencia perdieron la vida miles de personas que creyeron en ese tipo de promesas. Este elemento es el que tiene que tener en cuenta quien quiera opinar. Sin previo aval de salvaguarda, cualquier conminación a la FARC-EP para que deje las armas, es tontería.
No puede nadie que pretenda comprender el conflicto que afecta a Colombia, dejar de lado la perversa manipulación de la información que a ese respecto realizan los medios de comunicación. El ejemplo más claro de ese nefasto resultado que produce esa adulteración de lo real, se observa en la carencia de argumentos sólidos de los defensores del establecimiento, que no tienen otro recurso que el insulto. Pero sí sirve para comprender de donde se nutre el sistema que no le queda otra opción que los estratos más bajos de su sociedad.
Antecedentes de otros intentos de Paz
Por ignorancia, por olvido, por desmemoria, por amnesia, o por la razón que sea, cuando se habla de procesos depaz en Colombia, quienes lo hacen solo se refieren a los que se llevaron a cabo con el gobierno de Belisario Betancur (1982 - 1986) que se conoce con el nombre de Acuerdo de la Uribe, y luego a los que se efectuaron en el gobierno de Pastrana (1998 - 2002) en el lugar ya hoy muy famoso del Caguán. Pero…, hubo un caso más, que fue el primero con las FARC-EP como protagonista.
Aceptando un decreto de amnistía, un 8 de septiembre de 1953, cerca de 10 mil guerrilleros dejaron las armas. Los que ocupaban territorioen el Tolima y estaban al mando de Manuel Marulanda y de Isauro Llosa no se desarmaron. Se retiraron y siguieron luchando contra la represión que desató Rojas Pinilla, luego que exterminó a varios miles de combatientes pacificados que creyeron en las palabras de paz de un felón.
Ignacio Ramonet, en el prólogo del libro de Hernando Calvo Ospina El Terrorismo de Estado en Colombia, en su párrafo inicial de la página 11, escribe: “En una fecha tan lejana como es el 2 de septiembre de 1958, esos campesinos guerrilleros le hacían llegar una carta al presidente Alberto Lleras Camargo: “la lucha armada no nos interesa, y estamos dispuestos a colaborar por todas las vías a nuestro alcance en la empresa pacificadora que decidió llevar este gobierno.” Entre los firmantes, Manuel Marulanda Vélez, actual jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC”. Como se ve, ya desde aquel viejo tiempo, las FARC-EP estaban abiertas a cualquier proceso de Paz.
La Unión Patriótica, que nace por los Acuerdos de la Uribe del 28 de mayo de 1985, entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur Cuartas, asume la condición de partido político legal, incluyendo en su seno, además de los pacificados de la guerrilla, otros sectores de izquierda ajenos a la lucha armada.
En las primeras elecciones en las que participa (1986), obtiene un caudal electoral que le permite contar con 5 senadores, 9 diputados, 14 diputados departamentales, 351 concejales y 23 alcaldes y sedes que le representaban en todos los rincones del país. Ese era un buen augurio, pero sobre todo, era la Paz. No vamos a extendernos en lo que ya conoce el lector, como es el exterminio masivo al cual fueron sometidos sus militantes hasta erradicarlos del espectro político colombiano.
Cuál ha sido hasta ahora la conducta de los gobiernos al exterior del país
El 13 de febrero de 2001, en la urbanización Santa Mónica de Caracas, agentes de INTERPOL, junto a miembros de la policía secreta colombiana, detienen a José María Ballestas acusado de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional ELN. Gobernaba en Colombia Andrés Pastrana. El alerta que les dieron a las autoridades venezolanas permitió frustrar lo que era un vulgar secuestro.
La molestia del gobierno venezolano se trasuntó en las declaraciones del titular del ministerio del Interior, que expresó el disgusto que provocó que una policía extranjera participara en una operación de ese tipo en el país. El gobierno venezolano, por cautelar las relaciones entre ambas naciones, dio una gran muestra de tolerancia y dejó pasar el incidente por debajo de la mesa.
Luego hubo un percance muy grave en el Estado Carabobo también con funcionarios de inteligencia colombiana que no fue muy difundido por los medios. En el Estado Zulia, al igual que en otros de la nación, han sido detenidos otros funcionarios policiales y militares colombianos. En una de esas operaciones usuales de irrespeto a la soberanía de otros países, se indujo con soborno a miembros de un componente militar para secuestrar en Caracas a Rodrigo Granda, y trasladarlo a Colombia, como se hizo. Hubo un escándalo, y el gobierno de Uribe, como es conducta ya usual en él, primero dijo que fue capturado en Cúcuta, para luego aceptar el delito disculpándose y sanseacabó. Es un gobierno el de Uribe irresponsable y mentiroso.
En el último día de enero de este año, se produjo en el Estado Mérida, el asesinato de un sujeto de nombre Wilber Varela, conocido como “Jabón”, y el de su guardaespaldas Antonio Pérez “el grasoso”. El primero sería un capo del narcotráfico, jefe del cartel del Norte del Valle y se le vincula con el hermano del general Naranjo, preso por drogas en Alemania. Se comentó que el guardaespaldas sería miembro de la Policía Nacional. Existen sospechas fundadas, que altas autoridades del estado colombiano fueron quienes dispusieron el crimen. El gobierno se desvinculó del asunto.
Es el mismo gobierno que engañó a Ecuador, cuando bombardearon el campamento de las FARC-EP. Sostuvo entonces, hasta que las evidencias lo desenmascararon mostrando lo contrario de lo que manifestaba, que habían realizado una persecución en caliente, tras haber sido hostigados por los guerrilleros que luego, al aparecer sus cadáveres en ropa interior, desmontó claramente la falacia. Uribe se disculpó con Ecuador. Pero siguió la fiesta.
Esa operación que conocimos denominada JAQUE, muy extraña, sumamente extraña, que permitió la liberación de los 15 retenidos en poder de las FARC-EP fue una muestra más de la calidad moral del estamento gubernamental colombiano al usurpar símbolos de una institución internacional. Ni Hitler se atrevió a tanto. Hasta último momento en que se vieron desbordados, negaron haber incurrido en prácticas ilegales. Pero eso hicieron, tal como lo admitieron luego, al reconocer haber utilizado los símbolos de la CRUZ ROJA INTERNACIONAL.
Como es ya usual en el gobierno colombiano, gobierno bien Pinocho, había negado esa posibilidad. Pero, seguramente lo abrumador de la evidencia le obligó a aceptarlo. Claro, efectúa la aclaración: “fue la responsabilidad de la acción personal de un individuo que no involucra ni a las fuerzas militares ni al gobierno”. Listo, en un santiamén, se exonera de toda responsabilidad en ese delito internacional, que eso es lo que perpetró con el hecho el gobierno de Uribe. También afirmó, no podía hacer menos, que no tomaría ninguna medida por quien se dejó llevar por el fervor y se disfrazó de miembro de esa institución internacional. Sabe Uribe que no le creen. No le importa.
Puede que el ingenuo, el incauto, el crédulo piense que esas acciones al exterior se reduce a los países fronterizos con Colombia. No es así. También tiene funcionarios de inteligencia policial y probablemente militar, en México, los ha habido en Brasil, Argentina, Francia, España y Dinamarca. Los colombianos que viven en este último país han descubierto en estos días, a uno de esos funcionarios del cual han dado nombre y apellidos. Puede ser que los haya también en otros países no nombrados por nosotros.
¿Cuál es al interior del país, la conducta del gobierno?
Nos enteramos por KAOS que los restos de Guillermo Rivera Fúquene, sindicalista de la Contraloría Distrital, fueron encontrados en estos días. Estabansepultados como NN en Ibagué Departamento de Tolima. Había desaparecido en Bogotá el 22 de abril de este año y fue enterrado 6 días después. Había sido, como varios compañeros de él, amenazado de muerte. Cumplieron y lo ejecutaron. Los indicios apuntan a la Policía Nacional. Era un trabajador, dirigente sindical y militante político sin relación con la guerrilla ¿por qué razón lo mataron? Por lo mismo que han matado a miles de personas en Colombia; por manifestar públicamente sus quejas, sus discrepancias.
Revisar en la poca información que dan los medios a ese respecto, ubica ya la cifra desindicalistas muertos en más de 30 personas en el transcurso del año. No puede generar extrañeza esta cuestión, pues es una práctica cotidiana de estado. Es que esa es una Política de Estado. Sin comprender esto, no se aprehenderá jamás las razones que explican el conflicto.
No es que se persigue a personas por ser de izquierda, sino a quienes discrepen con los métodos que se aplican, y un ejemplo es el de ese hombre decente llamado Álvaro Leyva Durán a quien incluso con cárcel se le ha amenazado.
Los desplazados que suman millones de personas, reciben el permiso para manifestar, pero cuando pretenden hacerlo encuentran todo tipo de dificultades que les obligan a transigir en su propósito. Los obstáculos que les crean artificialmente a periodistas que pretenden llevar a cabo sus actividades, como le ocurrió a un grupo de ellos que pretendieron reseñar uno de los enfrentamientos ocurridos el pasado 5 del corriente con bajas de personal del ejército, es una cuestión normal. No sólo no se les permitió cubrir el hecho, sino que por órdenes recibidas telefónicamente, para ahuyentarlos lanzaron dos o tres ráfagas por encima de sus cabezas.
El ejército no cesa de hostigar a campesinos cualquiera sea el lugar del país al que lleguen. En la escuela ubicada en la Resbalosa, que pertenece y funciona con la Comunidad de Paz, soldados escribieron leyendas como la que de seguidas le damos al lector: “fuera niños guerrilleritos y campesinos guerrilleros que hacen daño a Colombia. Esto ocurrió los días 15, 16 y 17 de este mismo mes.
En la misma vereda, llegaron hasta la casa de Juan y Dora Graciano para ultrajarlos y acusarlos de guerrilleros. Llegaron también al caserío de San Josesito en esa comunidad para avasallar y vejar con su trato a los que ahí moran y trabajan.
La acción permanente de las Fuerzas Armadas y de los paramilitares impide con su acoso, su hostigamiento, cualquier intento sano y honesto que propenda a crear un clima donde discutir la Paz sea una realidad.
Qué puntos serían los primarios en una negociación de Paz
La calidad y prestigio de los interlocutores para participar en las charlas que permitan abrir los resquicios por donde ir estableciendo los temas adiscutir, podrán darle consistencia a lo que se vaya acordando. Imposible sentarse a discutir la Paz sin darle condición de beligerante a la guerrilla.
Las FARC-EP no tendrían dificultad en nombrar a sus delegados. Por el Régimen, además de quienes designe el gobierno, deben estar miembros activos de las FFAA, de los Partidos Políticos, de los sindicatos y de toda agrupación colectiva representativa en el país.
Cualquier discusión seria de un Proceso de Paz, no puede evitar incluir en su primera o en su segunda cláusula, la reforma en la propiedad de la tierra lo que implica la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que establecerá la nueva condición jurídica de la nación. Es menester también incluir el problema de esa tierra usurpada a pequeños campesinos y algunos de rango medio, que hacen una cifra aproximada a los 6 millones de hectáreas.
Creemos que ahí estará la primera piedra de tranca o la más dura de todo el proceso, la más difícil de superar. Pensamos que todavía no está el campo listo para dirimir ese punto; y que la oligarquía, todavía confiada en su poder de fuego, ni siquiera aceptará ese planteo. Si se resolviera este asunto, las armas se harían innecesarias.
Los agentes ajenos al conflicto, pero que fueron afectados por él, tienen que ser compensados. Los cuerpos de los desaparecidos, depositados seguramente en eso que llaman fosas comunes, deben aparecer para que sean sus dolientes quienes les den sepultura definitiva.
Las garantías tendrían que ser internacionales, y afirmamos esto aún con toda la desconfianza que nos genera. Tendrían que estar investidos de una autoridad superior a la de las partes, licencia que les permitirá transitar todo el territorio nacional para lo que ellos mejor estimen y, sobre todo, destrancar el proceso cuando se frene.
En el desarrollo de la discusión, no debe haber bajas de ninguna de las partes. Si la hubiera, las autoridades de los responsables de la misma, los entregarán a las autoridades judiciales para que, sin ningún tipo de atenuantes, sean procesados con el mayor rigor que permita la ley.
Es concerniente al gobierno, resolver la condición del paramilitarismo. Tal como los creó, debe proceder a su desintegración. Estas condiciones creemos que son parte de las razones que permitirían discutir un verdadero Plan de Paz.
Por ejemplo en el caso colombiano, uno de los fines de la guerrilla, de los varios que conforman su proyecto, es que la democracia permita la polémica sin riesgo para la vida de quien manifiesta sus discrepancias.
Esa es una condición, que a los alzados en armas se le había asegurado en otros procesos de paz anteriores, que fueron incumplidos por el gobierno de turno y como consecuencia perdieron la vida miles de personas que creyeron en ese tipo de promesas. Este elemento es el que tiene que tener en cuenta quien quiera opinar. Sin previo aval de salvaguarda, cualquier conminación a la FARC-EP para que deje las armas, es tontería.
No puede nadie que pretenda comprender el conflicto que afecta a Colombia, dejar de lado la perversa manipulación de la información que a ese respecto realizan los medios de comunicación. El ejemplo más claro de ese nefasto resultado que produce esa adulteración de lo real, se observa en la carencia de argumentos sólidos de los defensores del establecimiento, que no tienen otro recurso que el insulto. Pero sí sirve para comprender de donde se nutre el sistema que no le queda otra opción que los estratos más bajos de su sociedad.
Antecedentes de otros intentos de Paz
Por ignorancia, por olvido, por desmemoria, por amnesia, o por la razón que sea, cuando se habla de procesos depaz en Colombia, quienes lo hacen solo se refieren a los que se llevaron a cabo con el gobierno de Belisario Betancur (1982 - 1986) que se conoce con el nombre de Acuerdo de la Uribe, y luego a los que se efectuaron en el gobierno de Pastrana (1998 - 2002) en el lugar ya hoy muy famoso del Caguán. Pero…, hubo un caso más, que fue el primero con las FARC-EP como protagonista.
Aceptando un decreto de amnistía, un 8 de septiembre de 1953, cerca de 10 mil guerrilleros dejaron las armas. Los que ocupaban territorioen el Tolima y estaban al mando de Manuel Marulanda y de Isauro Llosa no se desarmaron. Se retiraron y siguieron luchando contra la represión que desató Rojas Pinilla, luego que exterminó a varios miles de combatientes pacificados que creyeron en las palabras de paz de un felón.
Ignacio Ramonet, en el prólogo del libro de Hernando Calvo Ospina El Terrorismo de Estado en Colombia, en su párrafo inicial de la página 11, escribe: “En una fecha tan lejana como es el 2 de septiembre de 1958, esos campesinos guerrilleros le hacían llegar una carta al presidente Alberto Lleras Camargo: “la lucha armada no nos interesa, y estamos dispuestos a colaborar por todas las vías a nuestro alcance en la empresa pacificadora que decidió llevar este gobierno.” Entre los firmantes, Manuel Marulanda Vélez, actual jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC”. Como se ve, ya desde aquel viejo tiempo, las FARC-EP estaban abiertas a cualquier proceso de Paz.
La Unión Patriótica, que nace por los Acuerdos de la Uribe del 28 de mayo de 1985, entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur Cuartas, asume la condición de partido político legal, incluyendo en su seno, además de los pacificados de la guerrilla, otros sectores de izquierda ajenos a la lucha armada.
En las primeras elecciones en las que participa (1986), obtiene un caudal electoral que le permite contar con 5 senadores, 9 diputados, 14 diputados departamentales, 351 concejales y 23 alcaldes y sedes que le representaban en todos los rincones del país. Ese era un buen augurio, pero sobre todo, era la Paz. No vamos a extendernos en lo que ya conoce el lector, como es el exterminio masivo al cual fueron sometidos sus militantes hasta erradicarlos del espectro político colombiano.
Cuál ha sido hasta ahora la conducta de los gobiernos al exterior del país
El 13 de febrero de 2001, en la urbanización Santa Mónica de Caracas, agentes de INTERPOL, junto a miembros de la policía secreta colombiana, detienen a José María Ballestas acusado de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional ELN. Gobernaba en Colombia Andrés Pastrana. El alerta que les dieron a las autoridades venezolanas permitió frustrar lo que era un vulgar secuestro.
La molestia del gobierno venezolano se trasuntó en las declaraciones del titular del ministerio del Interior, que expresó el disgusto que provocó que una policía extranjera participara en una operación de ese tipo en el país. El gobierno venezolano, por cautelar las relaciones entre ambas naciones, dio una gran muestra de tolerancia y dejó pasar el incidente por debajo de la mesa.
Luego hubo un percance muy grave en el Estado Carabobo también con funcionarios de inteligencia colombiana que no fue muy difundido por los medios. En el Estado Zulia, al igual que en otros de la nación, han sido detenidos otros funcionarios policiales y militares colombianos. En una de esas operaciones usuales de irrespeto a la soberanía de otros países, se indujo con soborno a miembros de un componente militar para secuestrar en Caracas a Rodrigo Granda, y trasladarlo a Colombia, como se hizo. Hubo un escándalo, y el gobierno de Uribe, como es conducta ya usual en él, primero dijo que fue capturado en Cúcuta, para luego aceptar el delito disculpándose y sanseacabó. Es un gobierno el de Uribe irresponsable y mentiroso.
En el último día de enero de este año, se produjo en el Estado Mérida, el asesinato de un sujeto de nombre Wilber Varela, conocido como “Jabón”, y el de su guardaespaldas Antonio Pérez “el grasoso”. El primero sería un capo del narcotráfico, jefe del cartel del Norte del Valle y se le vincula con el hermano del general Naranjo, preso por drogas en Alemania. Se comentó que el guardaespaldas sería miembro de la Policía Nacional. Existen sospechas fundadas, que altas autoridades del estado colombiano fueron quienes dispusieron el crimen. El gobierno se desvinculó del asunto.
Es el mismo gobierno que engañó a Ecuador, cuando bombardearon el campamento de las FARC-EP. Sostuvo entonces, hasta que las evidencias lo desenmascararon mostrando lo contrario de lo que manifestaba, que habían realizado una persecución en caliente, tras haber sido hostigados por los guerrilleros que luego, al aparecer sus cadáveres en ropa interior, desmontó claramente la falacia. Uribe se disculpó con Ecuador. Pero siguió la fiesta.
Esa operación que conocimos denominada JAQUE, muy extraña, sumamente extraña, que permitió la liberación de los 15 retenidos en poder de las FARC-EP fue una muestra más de la calidad moral del estamento gubernamental colombiano al usurpar símbolos de una institución internacional. Ni Hitler se atrevió a tanto. Hasta último momento en que se vieron desbordados, negaron haber incurrido en prácticas ilegales. Pero eso hicieron, tal como lo admitieron luego, al reconocer haber utilizado los símbolos de la CRUZ ROJA INTERNACIONAL.
Como es ya usual en el gobierno colombiano, gobierno bien Pinocho, había negado esa posibilidad. Pero, seguramente lo abrumador de la evidencia le obligó a aceptarlo. Claro, efectúa la aclaración: “fue la responsabilidad de la acción personal de un individuo que no involucra ni a las fuerzas militares ni al gobierno”. Listo, en un santiamén, se exonera de toda responsabilidad en ese delito internacional, que eso es lo que perpetró con el hecho el gobierno de Uribe. También afirmó, no podía hacer menos, que no tomaría ninguna medida por quien se dejó llevar por el fervor y se disfrazó de miembro de esa institución internacional. Sabe Uribe que no le creen. No le importa.
Puede que el ingenuo, el incauto, el crédulo piense que esas acciones al exterior se reduce a los países fronterizos con Colombia. No es así. También tiene funcionarios de inteligencia policial y probablemente militar, en México, los ha habido en Brasil, Argentina, Francia, España y Dinamarca. Los colombianos que viven en este último país han descubierto en estos días, a uno de esos funcionarios del cual han dado nombre y apellidos. Puede ser que los haya también en otros países no nombrados por nosotros.
¿Cuál es al interior del país, la conducta del gobierno?
Nos enteramos por KAOS que los restos de Guillermo Rivera Fúquene, sindicalista de la Contraloría Distrital, fueron encontrados en estos días. Estabansepultados como NN en Ibagué Departamento de Tolima. Había desaparecido en Bogotá el 22 de abril de este año y fue enterrado 6 días después. Había sido, como varios compañeros de él, amenazado de muerte. Cumplieron y lo ejecutaron. Los indicios apuntan a la Policía Nacional. Era un trabajador, dirigente sindical y militante político sin relación con la guerrilla ¿por qué razón lo mataron? Por lo mismo que han matado a miles de personas en Colombia; por manifestar públicamente sus quejas, sus discrepancias.
Revisar en la poca información que dan los medios a ese respecto, ubica ya la cifra desindicalistas muertos en más de 30 personas en el transcurso del año. No puede generar extrañeza esta cuestión, pues es una práctica cotidiana de estado. Es que esa es una Política de Estado. Sin comprender esto, no se aprehenderá jamás las razones que explican el conflicto.
No es que se persigue a personas por ser de izquierda, sino a quienes discrepen con los métodos que se aplican, y un ejemplo es el de ese hombre decente llamado Álvaro Leyva Durán a quien incluso con cárcel se le ha amenazado.
Los desplazados que suman millones de personas, reciben el permiso para manifestar, pero cuando pretenden hacerlo encuentran todo tipo de dificultades que les obligan a transigir en su propósito. Los obstáculos que les crean artificialmente a periodistas que pretenden llevar a cabo sus actividades, como le ocurrió a un grupo de ellos que pretendieron reseñar uno de los enfrentamientos ocurridos el pasado 5 del corriente con bajas de personal del ejército, es una cuestión normal. No sólo no se les permitió cubrir el hecho, sino que por órdenes recibidas telefónicamente, para ahuyentarlos lanzaron dos o tres ráfagas por encima de sus cabezas.
El ejército no cesa de hostigar a campesinos cualquiera sea el lugar del país al que lleguen. En la escuela ubicada en la Resbalosa, que pertenece y funciona con la Comunidad de Paz, soldados escribieron leyendas como la que de seguidas le damos al lector: “fuera niños guerrilleritos y campesinos guerrilleros que hacen daño a Colombia. Esto ocurrió los días 15, 16 y 17 de este mismo mes.
En la misma vereda, llegaron hasta la casa de Juan y Dora Graciano para ultrajarlos y acusarlos de guerrilleros. Llegaron también al caserío de San Josesito en esa comunidad para avasallar y vejar con su trato a los que ahí moran y trabajan.
La acción permanente de las Fuerzas Armadas y de los paramilitares impide con su acoso, su hostigamiento, cualquier intento sano y honesto que propenda a crear un clima donde discutir la Paz sea una realidad.
Qué puntos serían los primarios en una negociación de Paz
La calidad y prestigio de los interlocutores para participar en las charlas que permitan abrir los resquicios por donde ir estableciendo los temas adiscutir, podrán darle consistencia a lo que se vaya acordando. Imposible sentarse a discutir la Paz sin darle condición de beligerante a la guerrilla.
Las FARC-EP no tendrían dificultad en nombrar a sus delegados. Por el Régimen, además de quienes designe el gobierno, deben estar miembros activos de las FFAA, de los Partidos Políticos, de los sindicatos y de toda agrupación colectiva representativa en el país.
Cualquier discusión seria de un Proceso de Paz, no puede evitar incluir en su primera o en su segunda cláusula, la reforma en la propiedad de la tierra lo que implica la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que establecerá la nueva condición jurídica de la nación. Es menester también incluir el problema de esa tierra usurpada a pequeños campesinos y algunos de rango medio, que hacen una cifra aproximada a los 6 millones de hectáreas.
Creemos que ahí estará la primera piedra de tranca o la más dura de todo el proceso, la más difícil de superar. Pensamos que todavía no está el campo listo para dirimir ese punto; y que la oligarquía, todavía confiada en su poder de fuego, ni siquiera aceptará ese planteo. Si se resolviera este asunto, las armas se harían innecesarias.
Los agentes ajenos al conflicto, pero que fueron afectados por él, tienen que ser compensados. Los cuerpos de los desaparecidos, depositados seguramente en eso que llaman fosas comunes, deben aparecer para que sean sus dolientes quienes les den sepultura definitiva.
Las garantías tendrían que ser internacionales, y afirmamos esto aún con toda la desconfianza que nos genera. Tendrían que estar investidos de una autoridad superior a la de las partes, licencia que les permitirá transitar todo el territorio nacional para lo que ellos mejor estimen y, sobre todo, destrancar el proceso cuando se frene.
En el desarrollo de la discusión, no debe haber bajas de ninguna de las partes. Si la hubiera, las autoridades de los responsables de la misma, los entregarán a las autoridades judiciales para que, sin ningún tipo de atenuantes, sean procesados con el mayor rigor que permita la ley.
Es concerniente al gobierno, resolver la condición del paramilitarismo. Tal como los creó, debe proceder a su desintegración. Estas condiciones creemos que son parte de las razones que permitirían discutir un verdadero Plan de Paz.
| «« | Inicio | »» |
