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El creciente escándalo de la para-política ha revivido la atención sobre los vínculos directos entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares. La reciente avalancha de revelaciones –resultado en parte del programa de desmovilización– ha tenido un grave impacto en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, al dilatar la aprobación del tratado de libre comercio y poner en riesgo el desembolso de millones de dólares en ayuda.

Ahora, un informe diplomático de 1979 de la embajada estadounidense en Bogotá suscita nuevas preguntas sobre los lazos entre el comandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe, y los paramilitares. El general Montoya fue expuesto a la luz pública en marzo de este año, cuando el periódico estadounidense Los Angeles Times publicó información sobre un documento clasificado de la CIA, el cual vincula al general Montoya con un grupo paramilitar en 2002.

El cable diplomático, desclasificado a través de una solicitud del Archivo de Seguridad Nacional (National Security Archive) bajo el Acta de Libertad de Información, revela que un batallón de inteligencia del Ejército colombiano ligado al general Montoya creó en secreto una unidad clandestina terrorista entre 1978 y 1979. Bajo la fachada de la Alianza Anticomunista Americana (AAA o Triple A), el grupo fue responsable de varios ataques dinamiteros, secuestros y asesinatos contra grupos de izquierda durante esos años.

El documento, anteriormente clasificado como “secreto”, es un examen del récord de derechos humanos en Colombia enviado por el embajador estadounidense Diego Asencio, el cual se constituye en la primera evidencia desclasificada que señala que un alto oficial del militar colombiano autorizó directamente una operación para-terrorista.

Según el informe, el entonces comandante del Ejército, general Jorge Robledo Pulido, aprobó el plan del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Ricardo Charry Solano (Binci) “para crear la impresión que la Alianza Anticomunista Americana se había establecido en Colombia y estaba preparando acciones violentas contra comunistas locales”.

Informes de inteligencia estadounidense desclasificados anteriormente ha revelado que militares colombianos a menudo le hicieron la vista gorda a grupos de derecha a los cuales se les atribuye un gran número de masacres y desplazamientos forzados durante la última década. El gobierno colombiano ha negado por mucho tiempo los vínculos entre oficiales del Ejército y paramilitares, al manifestar que si hubo episodios de directa colaboración, fueron de carácter aislado y que no fueron el resultado de una estrategia explícita. La organización paramilitar más grande, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue incluida en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado en 2001.

El cable del embajador Asencio constata que el general Robledo fue más que complaciente con el paramilitarismo, ya que fomentó activamente lazos entre el Ejército y grupos de derecha, aun cuando el movimiento paramilitar estaba todavía en proceso de formación. El documento también sugiere que jóvenes oficiales involucrados en esas operaciones –como el general Montoya– han ascendido a posiciones de mando dentro de las Fuerzas Armadas pese a que esta institución está supuestamente rompiendo sus vínculos con grupos paramilitares.

El general Montoya, actualmente un importante asesor militar cercano al presidente Álvaro Uribe, fue asignado al Batallón Charry Solano en el momento en que se llevaba a cabo la operación Triple A, según las afirmaciones hechas por cinco ex oficiales del Batallón, quienes en 1980 describieron las operaciones terroristas de la unidad militar en las páginas del periódico mexicano El Día. Los oficiales señalaron al entonces teniente Mario Montoya como el cerebro detrás de la bomba puesta al periódico del partido comunista Voz Proletaria.

Estados Unidos ha investigado los supuestos lazos del general Montoya con la operación Triple A en varias ocasiones como parte del proceso que examina el historial de derechos humanos de miembros de unidades del Ejército que reciben ayuda militar de Estados Unidos. En ningún caso, Estados Unidos encontró evidencia que soportara los cargos, por lo que los sindica de ser propaganda de izquierda.

En una evaluación de 2000, la única referencia de la embajada de Estados Unidos sobre la conexión del general Montoya con la operación Triple A fue hecha en 1992 en el libro Terrorismo del Estado en Colombia, una publicación con escasas fuentes de referencia preparada por un grupo de organizaciones de derechos humanos internacionales, incluida Pax Christi Internacional. Este libro repite los cargos hechos en el diario El Día, y cita “las confesiones de tres ex-agentes de inteligencia militar”, quienes señalaron que “el oficial Montoya Uribe hacía parte de la Triple A y tomó parte en algunos de los atentados dinamiteros”.

De igual manera, un informe de septiembre de 1999 de la Agencia de Inteligencia (DIA) no encontró evidencias que corroboraran los cargos hechos por Pax Christi en contra del general Montoya, quien en ese momento era el principal candidato para ser nombrado director de inteligencia de las Fuerzas Armadas. El informe describe las acusaciones –incluidos los “ataques dinamiteros a medios de comunicación”, amenazas de muerte, asesinatos y otras acciones contra oponentes políticos y supuestos simpatizantes de la guerrilla– como “una campaña de difamación de las organizaciones no gubernamentales que ya lleva 20 años”.

De hecho, dos décadas atrás, la embajada de Estados Unidos vinculó directamente al cuerpo de inteligencia del Ejército con operaciones terroristas y específicamente identificó la bomba de diciembre de 1978 que fue puesta en la sede del partido Comunista Colombiano como un acto llevado a cabo por el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Ricardo Charry Solano, disfrazado como una operación de la Triple A.

Las acusaciones van en aumento

Esta nueva revelación llega después de la sorpresiva divulgación hecha por el periódico Los Angeles Times en marzo de este año de un informe de la CIA, en el que se señala que el general Montoya participó en una operación conjunta con un grupo paramilitar de Medellín. La Operación Orión fue parte de una gran ofensiva militar que buscaba atacar las redes de las guerrillas urbanas en esta ciudad durante 2002 y 2003, que dejó al menos 14 muertos y docenas de desaparecidos. El informe desclasificado de inteligencia confirmó que la información fue “proporcionada por una fuente comprobada”, según los comentarios del agregado militar de Estados Unidos contenidos en el documento.

Este informe provocó una fuerte respuesta del senador estadounidense Patrick Leahy, presidente del subcomité del Senado que supervisa la ayuda a Colombia, quien en abril bloqueó el desembolso de 55 millones de dólares en ayuda a las Fuerzas Armadas colombianas tras conocerse los detalles que emergieron sobre los supuestos vínculos entre el comandante del Ejército y los paramilitares. Hace un par de semanas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos incrementó aun más la presión, al reducir dramáticamente el monto de asistencia monetaria destinada a las fuerzas de seguridad colombianas. La ley de Estados Unidos requiere que el gobierno colombiano tome las medidas necesarias para cortar los vínculos de las fuerzas militares con los grupos paramilitares antes de recibir ayuda militar.

“[Este] nuevo Congreso no va a aprobar [la ayuda a Colombia] de la misma manera que lo hizo el Congreso anterior”, Leahy señaló en una declaración del 2 de mayo, en la cual anunció que la ayuda se suspendería hasta que se investiguen las denuncias contra el general Montoya. “No queremos que nuestra ayuda vaya a personas que tengan vínculos con paramilitares”.

Acusaciones han persistido en contra del general Montoya durante su carrera militar sobre sus lazos con los paramilitares.

El hallazgo de una fosa común en el departamento de Putumayo en marzo pasado suscita interrogantes sobre las acciones del general Montoya como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, unidad financiada por Estados Unidos y encargada de coordinar las operaciones contranarcóticos y contraguerrilla en esta región entre 1999 y 2001. Los investigadores calculan que más de 100 víctimas de la violencia paramilitar halladas en la fosa común fueron asesinadas durante el mismo período en que el general Montoya lideró esta unidad militar.

Los documentos desclasificados previamente revelados por el Archivo de Seguridad Nacional señalan la preocupación del Departamento de Estado por los vínculos que tenía una de las unidades de la Fuerza Conjunta, la Brigada 24, bajo el mando del general Montoya, con paramilitares localizados en La Hormiga, lugar donde recientemente fue descubierta la fosa común. Un cable diplomático del Departamento de Estado mencionó las acusaciones persistentes contra la Brigada 24 estacionada en La Hormiga, la cual había estado “cooperando con grupos ilegales paramilitares que habían incrementado sus actividades en el Putumayo”.

Otras imputaciones acusan al general Montoya y a otros dos oficiales del Ejército de permitir que los grupos paramilitares pasaran por retenes militares sin ningún obstáculo antes de un enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares en Bojayá, en mayo de 2002, que dejó más de 100 muertos. Aunque oficialmente considerada esta acción como un error militar, partes sustanciales de los documentos desclasificados pertinentes a las acciones del general Montoya en este caso fueron redactadas por funcionarios del Departamento de Estado que tienen la autoridad para censurar documentos.

“Consecuencias inesperadas”

La revelación de la operación Triple A del Ejército también refuerza los recientes testimonios explosivos de dos ex comandantes paramilitares quienes señalaron que el gobierno colombiano fomentó los grupos paramilitares en los años 90, período durante el cual los grupos de derecha incrementaron dramáticamente sus filas y su influencia en el país.

Hasta este momento, las confesiones paramilitares, requeridas por la Ley de Justicia y Paz, sugieren que los lazos entre los paramilitares y el gobierno eran más profundos de lo que antes se imaginaba, lo que convierte el proceso en una investigación de facto sobre el Estado. “El paramilitarismo fue una política de Estado”, dijo el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Fiscalía el mes pasado. Las declaraciones de Mancuso fueron una acusación directa contra altos funcionarios del gobierno –muchos de ellos cercanos al presidente Álvaro Uribe– por fomentar el paramilitarismo.

El cable del embajador Asencio es un documento importante de esta historia oculta, el cual no sólo ilumina un episodio clave de la guerra sucia colombiana, sino también revela la manera cómo Estados Unidos confrontó el problema de los lazos entre los militares y los paramilitares durante ese período crítico. La posición condescendiente del entonces embajador Asencio en 1979 contrasta de manera abrupta con la actual línea dura respaldada por influyentes miembros del Congreso estadounidense.

Por su parte, Asencio catalogó la operación Triple A como un “hecho preocupante”. Aunque consideró que el uso de tácticas crueles era lamentable, lo veía como una exigencia inevitable de la guerra contrainsurgente. “En la guerra contra la subversión, las fuerzas militares son un instrumento crudo”, escribió el embajador, “y las operaciones militares pueden producir consecuencias inesperadas”.

Las recientes revelaciones sobre los vínculos entre los paramilitares y el Estado han producido sus propias “consecuencias inesperadas”, y así como el proceso prosigue, los archivos secretos de la embajada de Estados Unidos continuarán siendo una fuente valiosa para desvelar el pasado del paramilitarismo del país.

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