La crisis alimentaria que amenaza las vidas de millones de personas, ¿aminorará su ritmo o crecerá con el paso del tiempo? La respuesta puede ser las dos cosas. El reciente incremento de los precios alimentarios ha estado en gran parte causado por problemas temporales como la sequía de Australia, Ucrania y otros países. Aunque la necesidad de las grandes operaciones de rescate es urgente, la aguda crisis actual acabará finalmente. Pero hay un problema básico subyacente que se intensificará a menos que lo reconozcamos y tratemos de remediarlo.
Se trata de un cuento de dos pueblos. En una versión de la historia, un país con muchos pobres experimenta súbitamente una rápida expansión económica, pero solamente la mitad de la gente comparte la nueva prosperidad. Los nuevos favorecidos gastan buena parte de sus acrecidos ingresos en comida, y a no ser que la oferta crezca muy rápidamente, los precios se dispararán. El resto de los pobres se enfrenta ahora a unos precios más altos de los alimentos, pero sin disponer de una renta mayor, y comienza a morir de hambre. Tragedias como ésta ocurren reiteradamente en el mundo.
Un cruel ejemplo es la hambruna de Bengala de 1943, en la fase final del gobierno británico en la India. Los pobres que vivían en las ciudades experimentaron una rápida subida de ingresos, sobre todo en Calcuta, en donde los descomunales gastos dimanantes de la guerra contra Japón generaron un boom que cuadruplicó los precios de los alimentos. Los pobres del campo tuvieron que hacer frente a estas vertiginosas subidas de precios con menguadísimos incrementos de ingresos.
La disparatada política del gobierno agrandó el hiato. Los gobernantes británicos estaban resueltosos a prevenir el descontento urbano durante la guerra, de modo que el gobierno compró comida en las aldeas para venderla, muy subsidiada, en las ciudades, una maniobra que, de rechazo, contribuyó a incrementar todavía más los precios de los alimentos en el campo. Los aldeanos con salarios bajos murieron de hambre. Dos o tres millones de personas sucumbieron a la hambruna y a sus secuelas.
Gran parte de los debates actuales se centran pertinentemente en el hiato que separa a ricos y a pobres en la economía global, pero los pobres del mundo están también divididos entre los que están experimentando un gran crecimiento y los que no. La rápida expansión económica en países como China, India y Vietnam tiende a aumentar bruscamente la demanda de alimentos. Ello es, por supuesto, excelente cosa en sí misma, y si estos países lograran reducir el hiato en su crecimiento interno, incluso los peor situados podrían comer mucho mejor.
Ello es, empero, que el propio crecimiento ejerce presión sobre los mercados mundiales de alimentos, a veces mediante un aumento de las importaciones, pero también mediante las restricciones o prohibiciones a la exportación concebidas para moderar el aumento de los precios nacionales de los alimentos, tal como ha sucedido recientemente en países como India, China, Vietnam y Argentina. Los pobres son quienes se han visto particularmente golpeados, señaladamente en África.
Pero existe también una versión de alta tecnología del cuento de los dos pueblos. Cosechas agrícolas como las de maíz y de semillas de soja pueden ser empleadas para fabricar el combustible biológico etanol como substituto de la gasolina. De manera que los estómagos de los hambrientos deben competir con los depósitos de combustible.
La disparatada política gubernamental juega un papel aquí también. En 2005, el Congreso de los EEUU empezó a promover un uso extendido de etanol como combustible. Esta ley, combinada con un subsidio para esos usos, ha creado un floreciente mercado del grano en los EEUU, pero ha desviado también recursos agrícolas de los alimentos a los combustibles. Esto hace más difícil la competencia a los estómagos hambrientos.
El uso de etanol apenas sirve para prevenir el calentamiento global y el deterioro ambiental, y reformas políticas lúcidas podrían llevarse a cabo urgentemente si la política estadounidense lo permitiese. El uso del etanol podría ser restringido más que subsidiado o reforzado.
El problema mundial de los alimentos no está causado por una tendencia a la baja en la producción global, o por la baja producción alimentaria por persona (esto se afirma a menudo sin pruebas). Es el resultado de una demanda acelerada. Sin embargo, un problema inducido por la demanda también exige una rápida expansión de la producción de alimentos, la cual puede darse mediante una mayor cooperación global.
Aunque el crecimiento de la población sólo representa una pequeña parte del crecimiento de la demanda de alimentos, puede contribuir al calentamiento global, y un cambio climático a largo plazo puede amenazar a la agricultura. Felizmente, el crecimiento de la población es ya lento, y hay pruebas abrumadoras de que la capacitación de las mujeres (incluida la expansión de la escolarización de las niñas) puede reducirlo rápidamente todavía más.
Un reto más importante es el de encontrar políticas efectivas para tratar las consecuencias de la expansión extremamente asimétrica de la economía mundial. Las reformas económicas a escala nacional son urgentemente necesarias en muchos países de lento crecimiento, pero también hay gran necesidad de mayor cooperación y ayuda mundial. La primera tarea que tenemos por delante es comprender la naturaleza del problema.
Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, es profesor de Economía y de Filosofía en la universidad de Harvard. Su último libro es Identity and Violence: The Illusion of Destiny.
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Anónimo
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martes, 03 junio, 2008
Este llamamiento se produce justo el día antes del inicio de una gran conferencia de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria en Roma.
Las organizaciones son muy críticas con la postura de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, que niega que la persistencia en el apoyo europeo a los agrocombustibles esté contribuyendo al incremento del precio de los alimentos y a la falta de comida a nivel global. Las organizaciones quieren hacer notar que:
· Los análisis actuales estiman que los agrocombustibles (impulsados principalmente por la UE y EE.UU.) explican en torno al 30% del incremento de los precios de los alimentos.
· La UE es el mayor usuario y productor de biodiésel en el mundo y los propios científicos de la Comisión Europea mantienen que implementar los objetivos obligatorios necesitaría casi el 20% de los aceites vegetales mundiales.
· Los muy difundidos criterios de “sostenibilidad” que están siendo desarrollados por la UE no tienen en cuenta los efectos “colaterales” como los efectos sobre la subida del precio de los alimentos y el incremento de los problemas de hambre.
· La estimación más conservadora de la UE estima que el objetivo del 10% de la UE conducirá a un incremento de entre el 3 y el 6% en el precio de los cereales, que puede provocar que más de 100 millones más de personas tengan problemas de hambre en 2020.
José A. Hernández de Toro, portavoz de Intermón Oxfam para Agricultura afirmó: “Continuar la apuesta por los agrocombustibles frente a las crecientes, sólidas e imparciales evidencias de que están agravando la crisis de los alimentos es escandaloso y completamente indefendible.”
David Sánchez, responsable de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra España añadió: “Los agrocombustibles son una solución falsa frente al cambio climático y los problemas energéticos. Es una irresponsabilidad moral utilizar cultivos para alimentar a los coches mientras hay problemas de hambre. La Unión Europea debe abandonar su apoyo a los agrocombustibles e invertir en soluciones reales como coches menos contaminantes, reducción de nuestra demanda de energía y una Europa energéticamente más eficiente.”
Anónimo
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martes, 03 junio, 2008
Cuando cientos de miles de personas se manifestaron en México el año pasado contra un incremento al precio de la tortilla, muchos analistas culparon a los biocombustibles. A causa de los subsidios del gobierno estadounidense, los granjeros de ese país dedicaban más hectáreas al maíz para etanol que para alimento, lo cual disparó los precios.
Esta desviación del uso del maíz fue sin duda una causa de la elevación de precios, aunque probablemente la especulación de intermediarios con la demanda de biocumbustible tuvo mayor influencia. Sin embargo, a muchos se les escapó una pregunta interesante: ¿cómo es que los mexicanos, que viven en la tierra donde se domesticó el maíz, han llegado a depender del grano estadounidense?
La erosión de la agricultura mexicana
No puede entenderse la crisis alimentaria mexicana sin considerar que en los años anteriores a la crisis de la tortilla la patria del maíz fue convertida en una economía importadora de ese grano por las políticas de “libre mercado” promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y Washington. El proceso comenzó con la crisis de deuda de principios de la década de 1980.
México, uno de los dos mayores deudores del mundo en desarrollo, fue obligado a implorar dinero del banco y del FMI para pagar el servicio de su deuda con bancos comerciales internacionales. El precio de un rescate fue lo que un miembro del consejo ejecutivo del BM describió como “intervencionismo sin precedente”, diseñado para eliminar aranceles, reglamentaciones estatales e instituciones gubernamentales de apoyo, que la doctrina neoliberal identificaba como barreras a la eficiencia económica.
El pago de intereses se elevó de 19 por ciento del gasto federal total en 1982 a 57 por ciento en 1988, en tanto el gasto de capital se derrumbó de 19.3 a 4.4 por ciento. La contracción del gasto gubernamental se tradujo en el desmantelamiento del crédito estatal, de los insumos agrícolas subsidiados por el gobierno, los apoyos de precio, los consejos estatales de comercialización y los servicios de extensión.
Este golpe a la agricultura campesina fue seguido por uno aún mayor en 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunque dicho tratado consideraba una prórroga de 15 años a la protección de productos agrícolas, entre ellos el maíz, pronto comenzó a fluir maíz estadounidense altamente subsidiado, lo cual redujo los precios a la mitad y hundió al sector maicero en una crisis crónica. En gran medida a causa de ese acuerdo, México se ha consolidado como importador neto de alimentos.
Con el cierre de la entidad gubernamental comercializadora de maíz, la distribución de importaciones maiceras de Estados Unidos y del grano nacional ha sido monopolizada por unas cuantas comercializadoras trasnacionales, como Cargill. Eso les ha dado tremendo poder para especular con las tendencias del mercado, de modo que pueden manipular y magnificar muchas veces los movimientos de demanda de biocombustibles. Al mismo tiempo, el control monopólico del comercio doméstico ha asegurado que una elevación en los precios internacionales del maíz no se traduzca en precios significativamente más altos a pagar a los pequeños productores.
Cada vez resulta más difícil a los productores mexicanos de maíz eludir el destino de muchos otros pequeños productores en sectores como arroz, carne de res, pollo y cerdo, quienes se han venido abajo por las ventajas concedidas por el TLCAN a los productos subsidiados estadounidenses. Según un informe del Fondo Carnegie de 2003, las importaciones agrícolas de EU han dejado sin trabajo a 1.3 millones de campesinos, muchos de los cuales han emigrado al país del norte.
Las perspectivas no son buenas, pues el gobierno mexicano continúa en manos de neoliberales que desmantelan sistemáticamente el sistema de apoyo al campo.
Creación de la crisis del arroz en Filipinas
Que la crisis global de alimentos se origina en la restructuración de la agricultura por el libre mercado resulta más claro en el caso del arroz. A diferencia del maíz, menos de 10 por ciento de la producción mundial de arroz se comercializa. Además, en el arroz no ha habido desviación del consumo hacia los biocombustibles. Sin embargo, en este solo año los precios se han triplicado, de 380 dólares por tonelada en enero a más de mil dólares en abril. Sin duda, la inflación deriva en parte de la especulación de los cárteles mayoristas en una época de existencias escasas. Sin embargo, el mayor misterio es por qué varios países consumidores de arroz que eran autosuficientes se han vuelto severamente dependientes de las importaciones.
Filipinas ofrece un triste ejemplo de cómo la restructuración económica neoliberal transforma un país de exportador neto a importador neto de alimentos. Es el mayor importador mundial de arroz. El esfuerzo de Manila por asegurarse provisiones a cualquier precio se ha vuelto nota de primera plana, y las fotos de soldados que resguardan la distribución del cereal en comunidades pobres se ha vuelto emblemática de la crisis global.
Los trazos generales de la historia de Filpinas son similares a los de México. El dictador Ferdinando Marcos fue culpable de muchos crímenes y malos manejos, entre ellos no llevar adelante la reforma agraria, pero no se le puede acusar de privar al sector agrícola de fondos gubernamentales. Para paliar el descontento de los campesinos, el régimen les otorgó fertilizantes y semillas subsidiadas, impulsó mecanismos de crédito y construyó infraestructura rural. Durante los 14 años de su dictadura, sólo en uno, 1973, se tuvo que importar arroz debido al extenso daño causado por tifones. Cuando Marcos huyó del país, en 1986, había 900 mil toneladas métricas de arroz en los almacenes del gobierno.
Paradójicamente, los siguientes años de gobierno democrático vieron encogerse la capacidad de inversión gubernamental. El BM y el FMI, actuando por cuenta de acreedores internacionales, presionaron al gobierno de Corazón Aquino para que diera prioridad al pago de la deuda externa, que ascendía a 26 mil millones de dólares. Aquino accedió, aunque los economistas de su país le advirtieron que sería “inútil buscar un programa de recuperación que sea consistente con el pago de la deuda fijado por nuestros acreedores”.
Entre 1986 y 1993, entre 8 y 10 por ciento del PIB salió de Filipinas cada año en pagos del servicio de la deuda. Los pagos de intereses en proporción al gasto gubernamental se elevaron de 7 por ciento en 1980 a 28 por ciento en 1994; los gastos de capital cayeron de 26 a 16 por ciento. En suma, el servicio de la deuda se volvió la prioridad del presupuesto nacional.
El gasto en agricultura cayó a menos de la mitad. El BM y sus acólitos locales no se preocupaban, porque un propósito del apretamiento del cinturón era dejar que el sector privado invirtiera en el campo. Pero la capacidad agrícola se erosionó con rapidez, el riego se estancó, y hacia finales de la década de 1990 sólo 19 por ciento de la red caminera del país estaba pavimentada, contra 82 por ciento en Tailandia y 75 por ciento en Malasia. Las cosechas eran anémicas en general; el rendimiento promedio de arroz era de 2.8 toneladas por hectárea, muy debajo de los de China, Vietnam y Tailandia, donde los gobiernos promovían activamente la producción rural. La reforma agraria languideció en la era posterior a Marcos, privada de fondos para servicios de apoyo, que habían sido la clave para las exitosas reformas de Taiwán y Corea del Sur.
Como en México, los campesinos filipinos enfrentaron la retirada en gran escala del Estado como proveedor de apoyo. Y el recorte en programas agrícolas fue seguido por la liberalización comercial; la entrada de Filipinas en la Organización Mundial de Comercio (OMC) tuvo igual efecto que la firma del TLCAN para México. La membresía en la OMC requería eliminar cuotas en las importaciones agrícolas excepto arroz, y permitir que cierta cantidad de cada producto ingresara con bajos aranceles. Si bien se permitió al país mantener una cuota en importaciones de arroz, tuvo que admitir el equivalente a entre uno y 4 por ciento del consumo doméstico en los 10 años siguientes. De hecho, a causa del debilitamiento de la producción derivado de la falta de apoyo oficial, el gobierno importó mucho más que eso para compensar una posible escasez. Esas importaciones, que se elevaron de 263 mil toneladas en 1995 a 2.1 millones en 1998, deprimieron el precio del cereal, lo cual desalentó a los productores y mantuvo la producción a una tasa muy menor a la de los dos principales proveedores del país, Tailandia y Vietnam.
Las consecuencias del ingreso de Filipinas a la OMC barrieron con el resto de la agricultura como un tifón. Ante la invasión de importaciones baratas de maíz, los campesinos redujeron la tierra dedicada a ese cultivo de 3.1 millones de hectáreas en 1993 a 2.5 millones en 2000. La importación masiva de piezas de pollo casi acabó con esa industria, en tanto el aumento de importaciones desestabilizó las de aves de corral, cerdo y vegetales.
Los economistas del gobierno prometieron que las pérdidas en maíz y otros cultivos tradicionales serían más que compensadas por la nueva industria exportadora de cultivos “de alto valor agregado” como flores, espárragos y brécoles. Poco de eso se materializó. El empleo agrícola cayó de 11.2 millones en 1994 a 10.8 millones en 2001.
El doble golpe del ajuste impuesto por el FMI y la liberalización comercial impuesta por la OMC hizo que una economía agrícola en buena medida autosuficiente se volviera dependiente de las importaciones y marginó constantemente a los agricultores. Fue un proceso cuyo dolor fue descrito por un negociador del gobierno filipino durante una sesión de la OMC en Ginebra: “Nuestros pequeños productores agrícolas son masacrados por la brutal injusticia del entorno del comercio internacional”.
La gran transformación
La experiencia de México y Filipinas se reprodujo en un país tras otro, sujetos a los manejos del FMI y la OMC. Un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 14 países descubrió que los niveles de importaciones agrícolas en 1995-98 excedieron los de 1990-94. No era sorprendente, puesto que uno de los principales objetivos del acuerdo agrícola de la OMC era abrir mercados en países en desarrollo para que absorbieran la producción excedente del norte.
Los apóstoles del libre mercado y los defensores del dumping parecieran estar en extremos opuestos del espectro, pero las políticas que propugnan producen el mismo resultado: una agricultura capitalista industrial globalizada. Los países en desarrollo se integran en un sistema en el que la producción de carne y grano para exportación está dominada por grandes granjas industrializadas como las manejadas por la trasnacional tailandesa CP, en las que la tecnología es mejorada continuamente por avances en ingeniería genética de firmas como Monsanto. Y la eliminación de barreras tarifarias y no tarifarias facilita un supermercado agrícola global de consumidores de elite y clase media, atendidos por corporaciones comercializadoras de granos como Cargill y Archer Daniels Midland, y minoristas trasnacionales de alimentos como la británica Tesco y la francesa Carrefour.
No se trata sólo de la erosión de la autosuficiencia alimentaria nacional o de la seguridad alimentaria, sino de lo que la africanista Deborah Bryce-son, de Oxford, llama la “descampesinación”, es decir, la supresión de un modo de producción para hacer del campo un sitio más apropiado para la acumulación intensiva de capital. Esta transformación es traumática para cientos de millones de personas, pues la producción campesina no es sólo una actividad económica: es un modo de vida milenario, una cultura, lo cual es una razón de que en India los campesinos desplazados o marginados hayan recurrido al suicidio. Se calcula que unos 15 mil campesinos indios han acabado con su vida.
El derrumbe de precios por la liberalización comercial y la pérdida de control sobre las semillas ante las empresas de biotecnología son parte de un problema integral, señala Vandana Shiva, activista por la justicia global: “En la globalización, el campesino o campesina pierde su identidad social, cultural y económica de productor. Ahora un campesino es ‘consumidor’ de semillas y químicos caros que venden las poderosas corporaciones trasnacionales por conducto de poderosos latifundistas y agiotistas locales”.
Anónimo
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martes, 03 junio, 2008
La expansión de los cultivos en el mundo también fue ofrecida como una ayuda para absorber el dióxido de carbono, uno de los principales gases que se supone generan el calentamiento global.
Sin embargo, el abrupto encarecimiento de los alimentos en el mundo ha puesto la lupa sobre la política de utilizar siembras para obtener combustibles y no alimentos.
Los presidentes de Bolivia y de Perú -Evo Morales y Alan García, respectivamente- son algunos de los que responsabilizan a los biocombustibles como un factor determinante en el encarecimiento de los alimentos a nivel mundial.
Al momento existen varios debates. Mientras que algunos se han visto beneficiados -como los agricultores de países ricos y desarrollados que obtienen mayores ganancias por sus cultivos- los altos precios de los alimentos han golpeado directamente a las personas de bajos ingresos. Sobre todo en los países en desarrollo.
PERÚ: EL ETANOL
Unos doce millones de peruanos que viven bajo la línea de pobreza están siendo duramente golpeados por el creciente costo de los alimentos.
El 40% de la población lucha a duras penas contra la carestía de los alimentos, producto de la expansión de los biocombustibles.
Perú, como muchos otros países latinoamericanos, produce etanol y otros biocombustibles en tierras que antes estaban dedicadas al cultivo de alimentos.
Las consecuencias son ya patentes: el precio de la comida se ha disparado y, como resultado, la popularidad del gobierno de Alan García ha descendido a su nivel más bajo desde que asumiera el poder, en 2006.
Reacción
Hasta hace poco, el gobierno había tratado de restarle importancia al problema, pero, ahora, Alan García exhortó a las naciones desarrolladas a producir más alimentos.
Por otra parte, su gobierno ha comenzado a repartir provisiones en los barrios más pobres. También está tratando de incentivar el cultivo de papas como alternativa a la importación de trigo y maíz.
Todo esto ocurre en un país cuya economía es una de las de mayor crecimiento en el mundo, determinado, en gran medida, por los altos precios de los minerales en el mercado internacional.
El futuro
Perú recibió este mes la certificación de confiabilidad para la inversión, estatus del que disfrutaban sólo otras dos naciones latinoamericanas, México y Chile.
Sin embargo, su entrada en los mercados internacionales podría aumentar la desigualdad, si los programas sociales no dan prueba de eficiencia.
Los peruanos de todas las clases sociales recuerdan las colas para el pan y la hiperinflación del primer gobierno de Alan García, a fines de los 80.
A pesar de que García ya no es el izquierdista radical de entonces, sino un partidario del libre mercado, y aliado de Estados Unidos, muchos peruanos temen un regreso a aquellos días difíciles.
BOLIVIA: LAS TIERRAS
El debate sobre los biocombustibles no es nuevo en Bolivia, sobre todo en los efectos que tendría en los pequeños campesinos y en la utilización de la tierra.
De acuerdo con análisis realizados por organizaciones ambientalistas locales como la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) y el Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), uno de los peligros de la producción de biocombustibles en Bolivia es la competencia del suelo.
Productos como la caña de azúcar, con la cual se produce el etanol, ocupan áreas cada vez más extensas compitiendo con otros cultivos que son la base de la seguridad alimentaria en las diferentes regiones.
Según un informe del LIDEMA, la producción agropecuaria en Bolivia se ha "enfocado cada vez más en exportar sus productos hacia otros mercados", pero descuida el consumo nacional.
En 2006 las exportaciones de alimentos subieron un 8% con respecto a años anteriores "sin embargo la producción de alimentos per cápita apenas creció un 1.1% en 9 años", afirma el estudio.
Reacción
El alza de precios en los alimentos es otro de los elementos que cuestionan el beneficio real de los biocombustibles.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo durante una reciente intervención en la Organización de Naciones Unidas (ONU), que destinar cultivos para convertirlos en combustible es un serio error, sobre todo cuando no hay suficientes siembras para alimentos.
"Estas políticas que van implementando ya tienen un fenómeno negativo para la humanidad". dijo Morales.
"Los productos agropecuarios han empezado a subir tremendamente, especialmente el trigo, por tanto el pan. Tenemos problemas en Bolivia, en la inflación de este producto, pero no es un problema interno, es un problema externo", agregó.
El futuro
Tras su intervención en la ONU, Morales hizo un llamado para que los pueblos indígenas y campesinos inicien campañas de concientización para que la tierra sea usada para beneficio de los humanos "y no para chatarra".
Dijo también estar de acuerdo, por primera vez, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que reconocieron que la crisis alimentaria global es causada por los biocombustibles.
"Pero eso no sólo debe quedarse en pronunciamientos sino en hechos, por lo que el BM y el FMI deben generar políticas para frenar la producción del biocombustible y de ese modo evitar hambre y miseria para nuestros pueblos", aseveró el mandatario boliviano.
Esas políticas, según Morales, podrían ser el impulso a otras alternativas para enfrentar la crisis energética.
El presidente boliviano recomendó el uso de la geotérmica, la energía solar, la eólica y la hidroeléctrica antes que ocasionar hambre en las familias pobres del mundo.
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