Wonder News: Cuando el motor se gripa...

Se entiende por estanflación una situación de estancamiento económico con un fuerte y sostenido crecimiento de los precios. La publicación por la Fundación de las cajas de ahorro (Funcas), una de las más prestigiosas instituciones de análisis de la coyuntura, de unas previsiones de crecimiento para este año del 1,6%, y de un deflactor del consumo privado del 4,2%, ha hecho que los economistas vuelvan la mirada a los libros de texto. La conclusión es que el mundo no vivía una situación semejante desde los años setenta.

Existe un consenso generalizado en que las causas de la estanflación de los setenta fueron un shock de oferta de petróleo y una respuesta de política económica de corte keynesiano, más preocupada de inyectar demanda artificial mediante aumentos de gasto público que de anclar las expectativas de inflación. Cierto que la subida imparable del precio del petróleo debe hoy más a la demanda adicional de los países emergentes, notablemente China, que a problemas de abastecimiento.

Pero no deben despreciarse los efectos que la renacionalización de la industria de hidrocarburos está teniendo en la disminución de la capacidad de producción mundial por la insuficiencia de la inversión en el sector. También, que las autoridades monetarias han aprendido de sus propios errores y tienen todas ellas un objetivo más o menos explícito de inflación. Pero no cabe tampoco ignorar que la crisis financiera internacional ha puesto el énfasis político en la provisión de liquidez para asegurar la solvencia de las instituciones de crédito, en la esperanza de que tiempo habrá para combatir más adelante la inflación.

Esta estrategia depende crucialmente de que no se disparen las expectativas de inflación, como apercibió el Nobel Friedman. Por eso son tan preocupantes los síntomas de nerviosismo que se detectan en la población y que amenazan con provocar un otoño caliente que dispare el otro fantasma: una espiral de precios y salarial al alza.

La estanflación no es un fenómeno español, pero hay dudas razonables sobre si la política económica de este Gobierno contribuye a hacerla más factible. Su insistencia en que estamos ante de una crisis temporal e importada le ha llevado a adoptar medidas expansionistas del gasto público en la esperanza inútil de que escampe la tormenta.

Pero sin autonomía monetaria y con una política fiscal al servicio de la ampliación de derechos económicos al margen de las posibilidades reales de la economía, el panorama económico es sombrío. Combatir la estanflación requiere como condición previa arrumbar las expectativas de inflación y evitar que éstas cuajen en los comportamientos de los agentes económicos y sociales.

España sigue teniendo una negociación colectiva obsesionada con la recuperación de la capacidad adquisitiva, que deja muy poco juego a los factores de competitividad y productividad microeconómicos. Conseguir que sindicatos y patronal hagan de la competitividad exterior y de la productividad en el seno de las empresas el factor central de la negociación es el punto neurálgico de la estrategia adecuada. Ello requiere un diagnóstico correcto y un liderazgo político que el presidente Zapatero, por desconocimiento, error de juicio de sus asesores o simple optimismo antropológico, no parece en condiciones de querer asumir.

España tiene además un mercado de trabajo con evidentes rigideces y unas cotizaciones sociales muy elevadas que actúan como un impuesto a la creación de empleo. Por si faltara algo, tiene también una imposición sobre el beneficio de las sociedades muy altos. Impedir la estanflación es más fácil y menos costoso que salir de ella. Italia lleva casi quince años en una situación bien parecida. Evitarla exige una estrategia de deflación competitiva como la que ha puesto en marcha la canciller Merkel.

La receta es sencilla aunque dolorosa: un programa sistemático de reformas estructurales que reduzca los costes de hacer negocios. Al mismo tiempo, habría de contemplar un replanteamiento de la unidad de mercado, erosionada por el desarrollo autonómico. Es decir, un programa clásico de aumento de la capacidad productiva del país. ¿Está el Gobierno dispuesto a ponerlo en marcha?