| «« | »» |
Terrorismo mediático consentido |
Un 86,5 por ciento de los directores de periódicos españoles asegura recibir presiones externas con objeto de influir en la elaboración de la agenda de contenidos de su medio, según una encuesta realizada por la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad de Málaga.
Los resultados del sondeo -presentados hoy por el director de la citada cátedra, Bernardo Díaz Nosty, durante los actos con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa- reflejan que las administraciones públicas se han convertido en el estamento que más presión ejerce sobre los medios, desplazando así a la capacidad de influencia de los lectores.
El mayor porcentaje de las injerencias externas, un 76,5 por ciento, está relacionado con el intento de evitar la publicación de una noticia, mientras que un 71,2 por ciento de los directores afirma que ha recibido presiones relacionadas con amenazas de retirada de la publicidad.
El estudio, realizado el pasado abril y que ha contado con las respuestas de 52 directores de periódicos de información general, establece que los anunciantes están convirtiendo en práctica habitual una relación con el medio que se sale del terreno comercial y busca intervenir "de manera significativa" en aspectos relacionados con los contenidos que afectan a sus intereses.
En este sentido, la encuesta muestra que el 76,4 por ciento de los responsables de los medios ha recibido presión por parte de los anunciantes para evitar la publicación de una noticia, un 66,7 por ciento la ha percibido para modificar el contenido de una información y un 58,8 por ciento con objeto de que se incluya una noticia.
Además de las instituciones públicas, ha crecido también la posición del entramado político en lo relativo al grado de influencia externa, mientras que desciende la presión percibida procedente de la propia empresa y por parte de los anunciantes, aunque en el caso de estos últimos el sondeo establece que la mitad de los directores mantienen que su presión es "significativa".
Casi dos tercios de los encuestados consideran que las presiones ejercidas sobre su medio durante los últimos cinco años es similar a etapas precedentes, así como que permanecerán estables a corto y medio plazo.
Etiquetas: medios, mentiras, monopolios, multitud, politica.
Permitir reelección de Uribe
Así termina una crónica de El País del 24 de marzo sobre una reforma constitucional en Colombia que permita la reelección del presidente Alvaro Uribe, algo similar a lo que proponía Chávez. Comparemos el trato informativo: “Una campaña de recogida de firmas para modificar la Constitución y permitir que Uribe pueda optar a un tercer mandato va viento en popa”.
Miami protesta contra la liberación de presos en Cuba
En un teletipo de Efe del 25 de marzo descubro que el grupo anticastrista Consejo por la Libertad de Cuba, con motivo de la visita a Cuba del secretario de Estado del Vaticano Tarcisio Bertone, está difundiendo unas postales en protesta por la iniciativa de canjear a cinco cubanos presos por el gobierno estadounidense a cambio de la libertad de cubanos anticastristas condenados en Cuba por colaborar con una potencia enemiga. Parece que en Miami les disgusta que Cuba los libere y dejen de tener inspiración para sus campañas contra la isla.
Es que no se dejan entrevistar
Para una vez que entrevistan a un político proChávez en el medio digital Periodista Digital, comienzan así el 4 de abril: “No es común conversar con políticos partidarios del presidente venezolano Hugo Chávez, porque a la menor pregunta que no guste te pueden parar la entrevista. Es más: no acceden a entrevistas, y menos si el medio de comunicación no les es afín”. Es todo lo contrario, no es común que los medios accedan a entrevistar a políticos que sean afines a Chávez, ellos nunca han puesto ninguna objeción. ¿Para qué si no, convocan ruedas de prensa?.
El sueño de Luther King
El 4 de abril en RNE Radio 5 Todo Noticias, afirma la locutora que en el 40 Aniversario de la muerte de Martín Luther King "a todos nos viene a la cabeza" la candidatura de Barak Obama "como la realización de uno de sus sueños". No sé de donde se ha sacado que el sueño de Luther King era que Obama fuera presidente.
Fuera de nuestro control
Un breve de El País del 5 de abril, bajo el título “BBVA y el riesgo venezolano”, recoge que el “BBVA acaba de advertir sobre la situación venezolana en el capítulo de riesgos del informe anual presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, la SEC, por sus siglas en inglés”. Según la noticia, el BBVA afirma que “cambios regulatorios que están fuera de nuestro control podrían tener un efecto importante sobre nuestro negocio y operaciones, especialmente en Venezuela”. La pregunta es, ¿por qué los cambios y las regulaciones de un país deberían estar bajo el control de una multinacional bancaria? Quizás la normalidad democrática de Venezuela se haya convertido en una excepcionalidad para el mundo.
Enriquecerse gracias a la presidencia
En EEUU no hace falta que los presidentes sean corruptos y se lleven dinero del erario público durante su mandato. Por lo que leo en Público el 5 de abril, el matrimonio Clinton ingresó tras su abandono de la Casa Blanca 75 millones de euros por actividades (libros biográficos, conferencias, discursosm etc… ) relacionadas con el cargo que habían ejercido. No hay que robarlo durante la presidencia como sucede en los países del Tercer Mundo, existen fórmulas legales para conseguirlo después.
Bonanza pero desaciertos
Dice un reportaje del 7 de abril sobre Bolivia en el diario El País: “A poco más de dos años de su llegada al poder, el estilo sindical en la gestión de Gobierno ha derivado en huelgas, ayunos, cierres de carreteras y una creciente ola de críticas por los desaciertos en la política social y económica, a pesar de su bonanza”. O sea que, a pesar de la bonanza de las cifras económicas, la política de Evo es de desacierto porque lo dice el periodista.
Dos euros al día
Una noticia del diario boliviano El Deber, de Santa Cruz de la Sierra, del 7 de abril recoge las declaraciones de un dirigente latifundista que afirma que él no explota a los indígenas porque les paga 25 bolivianos al día por ocho horas de trabajo. Pero eso son aproximadamente dos euros, imaginemos cuanto pagan cuando les explotan.
Iraq sin interferencias
El País del 11 de abril recoge unas declaraciones de Bush donde afirma que “Un Irak libre no tolerará las interferencias de militantes iraníes”. Lo curioso es que eso lo afirmaba mientras informaba que suspendía el repliegue de sus tropas, es decir, interferencias de militantes iraníes no, pero de militares estadounidenses sí.
Reforma constitucional en Camerún
¿Alguien se enteró de que en Camerún se presentó el primer fin de semana de abril una reforma constitucional que, mediante acuerdo parlamentario sin necesidad de referéndum, eliminaba los límites de mandatos para un mismo presidente? Se pudo leer apenas el 11 de abril en el periódico 20 minutos: "Biyá podrá ser reelegido en 2011. El Parlamento de Camerún aprobó ayer una reforma constitucional que permitirá al presidente Paul Biyá presentarse a una nueva reelección en el 2011, según fuentes legislativas". Es decir, como la reforma constitucional de Venezuela, con la diferencia de que en el país sudamericano se debía votar por todos los ciudadanos y además en Camerún murieron medio centenar de manifestantes que protestaban contra el gobierno. Los medios españoles crucificaron a Hugo Chávez y apenas citaron al camerunés Paul Biyá.
Igualdad en Italia
A través de una noticia de El País del 11 de abril sabemos que la UE está a punto de sancionar a Italia “por no aplicar criterios de igualdad en sus políticas laborales y sociales”. Una de las desigualdades que ha denunciado la ministra en funciones Enma Bonino es que las mujeres se jubilan a los 60 años y los hombres a los 65. De forma que la igualdad que conseguirán las mujeres será la de tener que trabajar cinco años más para poder cobrar la jubilación.
El asesor de Hillary
Gracias a una jugosa columna de opinión de Martha Zein en Público el 11 de abril conocemos algunos detalles del que hasta entonces era el asesor de campaña de Hillary Clinton, Mark Penn, consejero delegado de Burson-Marsteller Worldwide. Resulta que su empresa tiene el siguiente currículum: Ha asesorado a corporaciones como Monsanto especializada en transgénicos; a Union Carbide, responsable de la fuga de gas en Bhopal (India) donde murieron entre seis y ocho mil personas; al Exxon Valdez, el petrolero que derramó 37.000 toneladas de crudo en Alaska; a la tabacalera Philip Morris frente a las demandas de los ex fumadores enfermos de cáncer; al gobierno de Nigeria tras la represión de Biafra en los años 60 o a la junta militar argentina para lavar su imagen durante los mundiales de fútbol de 1978.
Verdades periodísticas
Escucho un informativo del canal venezolano Globovisión el 13 de abril. Aparece una mujer en el estudio diciendo que la crisis que atraviesan los hospitales del país provoca que no funcionen las morgues, y “el olor de putrefacción es asfixiante en el hospital”. Y para confirmar la veracidad de esa afirmación, el presentador propone que “si alguien tiene pruebas para refutarlo y demostrar que eso es mentira que llame al programa”. De esta forma toda afirmación que alguien no pueda desmentir mediante pruebas presentadas a través de una llamada telefónica se convierte en verdad.
Cuatro mentiras en tres líneas
En un teletipo de la agencia DPA publicado en El Mundo el 14 de abril podemos leer este párrafo con motivo de la conmemoración en Venezuela de la vuelta al poder de Hugo Chávez tras un golpe de estado en abril de 2002: "La concentración llegó hasta un puente a dos cuadras del palacio de gobierno de Miraflores, desde donde el 11 de abril de 2002 pistoleros partidarios del gobierno dispararon contra una marcha de la oposición que intentó llegar a la sede del poder Ejecutivo, lo que dejó 19 muertos y más de 100 heridos”. La verdad es que no salió ni un solo disparo del palacio de Miraflores, los disparos a los que se refieren fueron en Puente Llaguno. No se trataba de ningún tipo de “pistoleros partidarios del gobierno” ni disparaban contra ninguna manifestación, lo hacían para defenderse de francotiradores, así quedó establecido en el juicio. Esos tiros no provocaron ni un solo herido, los muertos fueron en otro lugar y por disparos de francotiradores. La mayoría de las víctimas eran chavistas.
Reunirse con la oposición
Mediante la edición del 15 de abril de ABC sabemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado Abu Dhabi, uno de los siete emiratos que componen los Emiratos Arabes Unidos. Esperanza Aguirre encabezaba una delegación de empresarios que tenía como objetivo establecer futuros “acuerdos de cooperación”. Ese emirato está gobernado con carácter hereditario por el jeque Khalifa bin Zayed Al Nahayan, quien además es el presidente actual de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y que gracias al petróleo de su país cuenta con una fortuna personal de 19.000 millones de dólares. En los Emiratos Árabes Unidos no existen instituciones elegidas democráticamente ni partidos políticos. La libre asociación es restringida y los derechos de los trabajadores son bastante limitados. Las huelgas están prohibidas y muchos trabajadores son prisioneros virtuales, después de haber pagado grandes sumas a agentes de empleo para obtener los trabajos y los visados. La trata de blancas y el uso de niños extranjeros esclavizados como jinetes de camellos es frecuente. A pesar de todo ello, ningún medio de comunicación ni partido político se planteó si la presidenta debía recibir a la oposición o denunciar la situación de los derechos humanos como insisten siempre que un alto cargo visita Cuba.
Más muertos que en Iraq
Un vídeo difundido por Periodista Digital recoge las declaraciones de un estudiante opositor venezolano en un debate en la madrileña Casa de América el 15 de abril. Dice que en el último año “hubo catorce mil muertos por violencia en Venezuela, más que en la guerra de Iraq”. Según la revista The Lancet, en septiembre de 2007 los muertos en Iraq eran 700.000, según The Observer eran 1,2 millones y según la ONU 150.000. A ellos hay que sumar los cuatro mil soldados estadounidenses muertos, otros trescientos militares de otros países que integran la coalición de ocupantes y más mil mercenarios. Es decir, bastantes más de catorce mil. Si el estudiante venezolano maneja el mismo margen de error en los muertos venezolanos, nos hacemos una idea de la verdad que nos trajo de su país.
Sexo no, cortar la cabeza sí
Una encuesta de la que informan en el diario Público el 15 de abril sirve para conocer un poco más a los estadounidenses. Según revela, un 37 % de los encuestados “consideraron las escenas de sexo más ofensivas que ver imágenes en la que una persona le corta la cabeza a otra (26 %)”.
Una encuesta fantasma
El 16 de abril, El País titula así un teletipo de Efe: “Un 60% de los venezolanos rechaza las políticas de Chávez”. Cuando lo leemos descubrimos que se trata de dos encuestas. La primera ofrece ese dato, la otra afirma que el presidente “tiene un respaldo electoral de alrededor del 35%, frente al 17% de la oposición”. No sabemos el otro 48 por ciento que no respalda a gobierno ni a oposición qué dice. Observamos también en la noticia que “en ninguna de las dos encuestas se especifica la fecha del sondeo, ni el número de entrevistas realizadas, ni el margen de error”. Es decir, que quizás sea una encuesta de hace diez años efectuada mediante dos entrevistas. Pero resolvió un buen titular contra Chávez, qué más se le puede pedir.
¿Quién mató al periodista?
El diario El Clarín de Buenos Aires informaba el 17 de abril sobre la muerte de un periodista de Reuters en la Franja de Gaza. Titula “El camarógrafo que filmó los segundos anteriores a su muerte en la Franja de Gaza”, y se las arreglan para que, durante una entradilla y cinco párrafos, no decir nunca que murió por un ataque de los israelíes.
Dos manifestaciones
El 21 de abril fue noticia en todos los medios el desalojo de una protesta protagonizada por diez mujeres cubanas de la plaza de la Revolución, un desalojo por mujeres policía desarmadas. En cambio no se informó de la protesta esos mismo días de 100.000 hondureños que paralizaban su país exigiendo medidas a las difíciles condiciones en las que viven, entre las que destacan la no privatización de servicios públicos, el control por parte del estado de los alimentos, etc… Allí la policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma, que dejaron como saldo a muchas personas golpeadas, heridas y hasta detenidos.
Uribe y las FARC
Por lo que leo en un breve de Público de 25 abril, el gobierno colombiano enviará una nota de protesta al de Ecuador por las declaraciones de Rafael Correa en las que afirmaba que si la guerrilla de las FARC renunciaba al secuestro y a los atentados se mostraría favorable a reconocer su estatus político. Parece que a Uribe le molesta tener a las FARC como grupo político que renuncie al secuestro y a la violencia.
Héroes o terroristas
El 25 de abril en el informativo de Tele5 informan del testimonio de un “terrorista” que va a morir por Alá, inmediatamente después anuncian una exposición sobre el bicentenario del 2 de mayo donde se homenajean a “quienes daban la cara por España cuando la invasión francesa”. Parece que quienes dan la cara contra la invasión de Iraq o Afganistán son terroristas, pero quienes lo hicieron contra la invasión francesa son héroes.
ESPAÑA
El rey como cualquier otra persona
A través del diario Público del 9 de abril conocemos que el fiscal de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión del juez de archivar la querella contra los humoristas que publicaron un fotomontaje sobre el rey y el oso Mitrofan. El fiscal argumenta en su discrepancia con el juez la necesidad de salvaguardar la figura del rey “como cualquier otra persona, político o no, del insulto, de la injuria”. Si hubiera que tratarlo como a cualquier otro ciudadano no debería estar argumentando nada el fiscal del Estado contra la Audiencia Nacional sino su abogado después de haber presentado una denuncia en su juzgado de distrito.
Reacciones sobre los JJOO de China
El diario Público recoge el 11 de abril algunas reacciones a la pregunta “¿Debe ir el rey a inaugurar los JJOO?”. Reconozco que he sentido vergüenza leyendo algunas. Mario Armero, ex presidente de General de General Electric Iberia: “Sí. Los JJOO estimulan el comercio, que siempre ayuda a democratizar un país”. O sea que la democracia se consigue comprando y vendiendo cosas. Gustavo de Aristegui, diputado PP: “No apoyamos el boicot, pero es razonable no ir. Hay que planteárselo”. Es decir, sí pero no, o no pero sí. Pasqual Maragall, ex alcalde de Barcelona: “Debería ir. El Dalai Lama es amigo mío y ha dicho que no hay que hacer boicot”. No hay como preguntarle a los amigos para hacer la política adecuada.
La indecisión no existe
La solidez de los argumentos de nuestros políticos impresiona a cualquiera. Preguntado el portavoz de la Asamblea de Madrid por diario Público en su edición del 11 de abril, sobre la indefinición de Esperanza Aguirre para revelar si se iba a postular a la presidencia de su partido, responde: “No tomar una decisión no es ser indecisa; es tomar la decisión de no tomar la decisión”. Moraleja: hay que borrar la palabra indecisión del diccionario porque hasta cuando no se toma una decisión se está tomando.
Pérdida de confianza
En el telediario de Antena 3 de 22 de abril de 2008, se comenta la resolución judicial de un caso de despido improcedente de una trabajadora doméstica por estar embarazada. La sentencia fue favorable a la empleada, el juez ha declaró nulo el despido y condena a la familia contratante a readmitirla en su antiguo puesto y a pagar los salarios no cobrados durante el proceso y las costas del juicio. Para cerrar la noticia recogen el comentario de un “experto” en el tema, que opinaba que la sentencia es absurda, pues obliga a la familia a volver a confiar a la antigua empleada el cuidado de sus hijos, bienes, y hacienda, sin tener en cuenta que como consecuencia del proceso judicial ha habido una pérdida de confianza de la familia hacia la trabajadora. En realidad, según la sentencia, ha sido al contrario, la empleada nunca incumplió su compromiso con la familia, si alguien ha perdido la confianza han sido los contratantes, quienes con su indigna –e ilegal- decisión de despedirla por estar embarazada, han mostrado que no se merecen la confianza ni de la empleada ni de la ley.
Subcontratar
Tras la difusión de vídeos del Metro de Madrid donde se muestran a los vigilantes agrediendo a inmigrantes, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, según leo en Público el 25 de abril, “confió” en que Prosegur despedirá a los agresores y recalcó que “no son empleados del Metro”. Para eso parece que quieren las privatizaciones, para desentenderse de cualquier responsabilidad con los subcontratados. Así privatizando militares con mercenarios, o jueces, o médicos, ya no tiene que responder el estado sobre los crímenes de sus guerras, ni sobre las sentencias injustas, ni sobre los errores médicos, ya se encargarán las empresas contratadas de tomar medidas contra sus empleados.
Los 400 euros
Leo en Público el 25 de abril que 1’7 millones de contribuyentes, el diez por ciento, no se aplicaran íntegramente el descuento de los 400 euros fiscales porque no llegaba a esa cantidad lo que debían pagar a Hacienda. También que el coste de la medida es de 5.698 millones de euros anuales que dejará de ingresar el estado. Hagamos cuentas. Ese dinero hubiera supuesto 335 euros por contribuyente. De forma que debido a esa medida los 1’7 millones de contribuyentes más pobres ya no tendrán 335 euros per capita en recursos estatales porque se los han quedado los 15’3 millones de contribuyentes más ricos que ahora tienen 400 euros más en su bolsillo. Es el socialismo de Zapatero.
www.pascualserrano.net
Los «presos de opinión»
AI publica todos los años un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Casi ningún país escapa a su mirada vigilante. En cuanto a Cuba, la organización internacional levanta acta de «69 presos de conciencia» en su informe de 2007 y explica que éstos están encarcelados por «sus posiciones o actividades políticas no violentas». El gobierno cubano rechaza este cargo y acusa a AI de parcialidad. Las autoridades del país rompieron las relaciones con la organización en 1988, fecha de la última visita de AI a Cuba.
En una declaración del 18 de marzo de 2008, AI se refirió a «58 disidentes que permanecen encarcelados en distintas prisiones del país». La organización subraya que «el único delito cometido por esas 58 personas es haber ejercido pacíficamente sus libertades fundamentales». Kerry Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, señala que «los presos de conciencia deben ser puestos en libertad de manera inmediata e incondicional».
En su comunicado, la organización internacional reconoce que «la mayoría fueron acusados de delitos como ‘actos contra la independencia del Estado’». Amnistía Internacional también reconoce que esas personas fueron condenadas «por haber recibido fondos o materiales del gobierno estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba».
Para convencerse de tal realidad, vigente desde 1959, basta con consultar, además de los archivos estadounidenses parcialmente desclasificados, la sección 1705 de la ley Torricelli de 1992, la sección 109 de la ley Helms-Burton de 1996 y los dos informes de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre de mayo de 2004 y julio de 2006. Todos estos documentos revelan que el presidente de Estados Unidos financia la oposición interna en Cuba con el objetivo de derrocar al gobierno de La Habana. Se trata aquí del principal pilar de la política exterior de Washington con respecto a Cuba.
Así, la sección 1705 de la ley Torricelli estipula que «Estados Unidos proporcionará asistencia a las organizaciones no gubernamentales adecuadas para apoyar a individuos y organizaciones que promueven un cambio democrático no violento en Cuba».
La sección 109 de la ley Helms-Burton también es muy clara: «El presidente [de Estados Unidos] está autorizado para proporcionar asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a individuos y organizaciones no gubernamentales independientes para unir los esfuerzos con vistas a construir una democracia en Cuba».
El primer informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba libre prevé la elaboración de un «sólido programa de apoyo que favorezca la sociedad civil cubana». Entre las medidas preconizadas, se destina una financiación, por importe de 36 millones de dólares, al «apoyo de la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente».
El 3 de marzo de 2005 Roger Noriega, secretario adjunto para los Asuntos del Hemisferio Occidental de la administración Bush, señaló que se habían añadido 14,4 millones de dólares al presupuesto de 36 millones de dólares previsto en el informe de 2004. Noriega, incluso, fue tan sincero que llegó revelar la identidad de algunas de las personas que se encargan de la elaboración de la política exterior estadounidense contra Cuba.
Por fin, el segundo informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre prevé un presupuesto de 31 millones de dólares para financiar, todavía más, a la oposición interna. Además está prevista una financiación de al menos 20 millones de dólares anuales, con el mismo objetivo, para los años siguientes «hasta que la dictadura deje de existir».
Por lo tanto no hay ninguna duda sobre este asunto.
Contradicciones
AI admite ahora que las personas a las que considera como «presos de conciencia» han «recibido fondos o materiales del gobierno estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba». Aquí, la organización se halla en plena contradicción.
En efecto, el derecho internacional considera ilegal la financiación de una oposición interna en otra nación soberana. Dicha política viola de manera flagrante los principios y normas que rigen las relaciones entre los Estados. Todos los países del mundo disponen de un arsenal jurídico que les permite defender la independencia nacional contra este tipo de agresión extranjera, codificando como delitos las conductas que favorecen la aplicación de disposiciones que llevan a la subversión. Se trata de un deber primordial del cualquier Estado.
La legislación cubana
La legislación cubana castiga con sanciones muy severas cualquier asociación con una potencia extranjera con el objetivo de subvertir el orden establecido y destruir su sistema político, económico y social. La Ley n°. 88 de Protección de la Independencia Nacional y de la Economía de Cuba se adoptó el 15 de marzo de 1999, después de la decisión que tomó Estados Unidos de aumentar las sanciones económicas y la financiación de la oposición interna en Cuba.
Dicha legislación tiene como objetivo, como estipula el Artículo 1 «tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley ‘Helms-Burton’, el bloqueo y la guerra económica contra [el] pueblo [cubano], encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar el Estado socialista y la independencia de Cuba»
La ley prevé sanciones de siete a quince años de privación de libertad para toda persona que «suministre, directamente o mediante tercero, al Gobierno de los Estados Unidos de América, sus agencias, dependencias, representantes o funcionarios, información para facilitar los objetivos de la Ley ‘Helms-Burton’». Esta sanción será de ocho a veinte años de prisión si el delito se comete con el concurso de dos o más personas o si es estipendiado de una forma u otra.
La legislación n°. 88 sanciona con penas de tres a ocho años de prisión el hecho de reunir, reproducir o difundir material de carácter subversivo del «Gobierno de los Estados Unidos de América, sus agencias, dependencias, representantes, funcionarios o de cualquier entidad extranjera» con el objetivo de apoyar las sanciones económicas y desestabilizar la nación. Las sanciones serán de cuatro a diez años de cárcel si el delito se realiza con el concurso de otras personas o si es financiado.
Por fin, el Artículo 11 estipula que «el que, [...] directamente o mediante tercero, reciba, distribuya o participe en la distribución de medios financieros, materiales o de otra índole, procedentes del Gobierno de los Estados Unidos de América, sus agencias, dependencias, representantes, funcionarios o de entidades privadas, incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años».
Así, como admite explícitamente Amnistía Internacional, las personas a las que considera «presos de conciencia» realmente cometieron un grave delito que la ley cubana sanciona severamente. Por consiguiente, pasan del estatus de opositores al de agentes subvencionados por una potencia extranjera y tienen que rendir cuentas ante la justicia cubana. En realidad, los «presos de conciencia» son mercenarios al servicio de una potencia extranjera hostil y belicista.
¿Especificidad penal cubana?
También conviene recalcar que históricamente Estados Unidos ha sido enemigo acérrimo de la independencia y la soberanía de Cuba. En 1898, Washington intervino en la guerra anticolonial de Cuba para impedir que los cubanos accedieran plenamente a la autodeterminación y ocupó el país hasta 1902. Luego, Cuba se convirtió en una especie de protectorado dominado política y económicamente hasta 1958. A partir de 1959, Estados Unidos ha intentado de todo para destruir la Revolución Cubana: atentados terroristas, invasión armada, amenaza de desintegración nuclear, sanciones económicas, guerra política, mediática y diplomática y subversión interna.
Como cualquier Estado responsable, el gobierno revolucionario adoptó medidas legales para su supervivencia frente a esos actos. No obstante, ¿acaso tiene la legislación penal cubana un carácter particular? ¿Acaso es única? Veamos lo que prevén las legislaciones occidentales –que, sin embargo, no hacen frente a las mismas amenazas que Cuba– para los individuos que se pondrían al servicio de una potencia extranjera.
El Código Penal estadounidense
En Estados Unidos, esos actos se sancionan fuertemente. Según el párrafo 951 del Código Penal, «cualquiera que no sea funcionario diplomático o consular o agregado, que actúe en Estados Unidos como agente de un gobierno extranjero sin notificación previa al ministro de Justicia [...] es susceptible a este título de una sanción que puede llegar a diez años de prisión». El punto e/2/A del párrafo precisa que «toda persona involucrada en una transacción comercial legal debe ser considerada como un agente de un gobierno extranjero [...] si se trata de un agente de Cuba». Así, un cubano que comprase un aparato médico en Estados Unidos para un hospital de La Habana es legalmente susceptible de recibir una sanción que puede llegar a diez años de prisión.
El párrafo 953, conocido como la Ley Logan, estipula que «todo ciudadano de Estados Unidos, sea quien sea, que, sin autorización de Estados Unidos, emprenda o mantenga, directa o indirectamente, una correspondencia o una relación con un gobierno extranjero o cualquier funcionario o agente de éste, con la intención de influir en las medidas o la conducta de un gobierno extranjero o de cualquier funcionario o agente de éste, respecto a un conflicto o una controversia con Estados Unidos» es susceptible de una sanción que puede llegar a tres años de cárcel.
Si se aplicara dicha ley en Cuba, la inmensa mayoría de lo que la prensa occidental considera como «disidencia cubana» se encontraría tras las rejas. En efecto, los opositores cubanos se reúnen regularmente con el representante de Estados Unidos en La Habana, Michael Parmly, en las oficinas de la Sección de Intereses Norteamericanos (SINA) o incluso en la residencia personal de éste.
El párrafo 954 prevé una sanción de diez años de prisión para cualquier persona que emitiera «falsas declaraciones» con el objetivo de atentar contra los intereses de Estados Unidos en sus relaciones con otra nación. Aquí también, si el opositor Oswaldo Payá –quien acusa al gobierno cubano de ser responsable de desapariciones y de haber asesinado a más de «veinte niños»– fuera sometido a una legislación tan severa como la de Estados Unidos, estaría actualmente en la cárcel, sin suscitar ninguna conmoción entre las almas conservadoras occidentales. No obstante, el más famoso de los disidentes cubanos jamás ha sido molestado por la justicia cubana, pues ésta no tiene pruebas de que recibe dinero de una potencia extranjera. En comparación Raúl Rivero, que era un opositor relativamente moderado y tibio con respecto a Payá, fue condenado a veinte años de prisión (y liberado un año después) porque había aceptado los generosos emolumentos que ofrecía Washington.
El párrafo 2381 estipula que «cualquier persona que debiendo fidelidad a Estados Unidos, lleve una guerra contra el país o se asocie con sus enemigos, proporcionándoles una ayuda o apoyo en Estados Unidos o en otra parte, es culpable de traición y es susceptible de recibir la pena de muerte, o una sanción de cárcel superior a cinco años».
Así, si los ciudadanos estadounidenses tuvieran los mismos comportamientos que los individuos reconocidos culpables de asociación con una potencia extranjera por la justicia cubana, arriesgarían la pena capital. El párrafo 2385 prevé una pena de veinte años para cualquier persona que preconice el derrocamiento del gobierno o del orden establecido.
Como es fácilmente comprobable el código penal estadounidense es, en muchos aspectos, mucho más severo que la legislación cubana.
La legislación penal francesa
El Código penal francés también prevé sanciones sumamente severas en caso de asociación probada con una potencia extranjera. Según el artículo 411-4,
«El hecho de mantener relaciones de inteligencia con una potencia extranjera, una empresa, una organización extranjera o bajo control extranjero, o con sus agentes, con vistas a suscitar hostilidades o actos de agresión contra Francia, se castiga con treinta años de detención criminal y 450.000 euros de multa.
Se castiga con las mismas penas el hecho de proporcionar a una potencia extranjera, a una empresa o una organización extranjera o bajo control extranjero o a sus agentes los medios para emprender hostilidades o ejecutar actos de agresión contra Francia».
La ley francesa es, a este respecto, más severa que la legislación cubana.
La ley española
El Código Penal español de 1995 prevé sanciones severas para esos mismos delitos. Según el Artículo 592,
«serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran relaciones de inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras».
El Artículo 589 prevé una sanción de uno a tres años de prisión para «el que publicare o ejecutare en España cualquier orden, disposición o documento de un gobierno extranjero que atente contra la independencia o seguridad del Estado, se oponga a la observancia de sus Leyes o provoque su incumplimiento». Si las famosas Damas de Blanco cubanas hubieran tenido el mismo comportamiento en España, estarían privadas de libertad.
El Código Penal belga
El Capítulo II de la legislación belga que trata de «los crímenes y los delitos contra la seguridad exterior del Estado» y más precisamente el Artículo 114, estipula que
«el que realice maniobras o mantenga relaciones de inteligencia con una potencia extranjera o con cualquier persona que actúe en el interés de una potencia extranjera, para llevar a dicha potencia a emprender la guerra contra Bélgica, o para procurarle los medios, será castigado con prisión de veinte a treinta años. Si las hostilidades ocurren será castigado a cadena perpetua».
La legislación italiana
Según el Artículo 243 del Código Penal italiano,
«el que mantenga relaciones de inteligencia con el extranjero con el objetivo que un Estado extranjero declare la guerra o realice actos de hostilidad contra el Estado italiano, o cometa otros hechos con el mismo objetivo, será castigado con una reclusión no inferior a diez años. Si la guerra estalla, se aplicará la pena de muerte; si las hostilidades se comprueban, se aplicará la cadena perpetua. La pena de muerte se suprime y se sustituye por la cadena perpetua».
El Artículo 246 trata de la financiación del ciudadano por una potencia extranjera:
«El ciudadano que, incluso indirectamente, reciba o se haga prometer del extranjero, para él o para otro, dinero o cualquier otro artículo, o acepte sólo la promesa de ello, con el fin de cometer actos contrarios a los intereses nacionales, será sancionado, si el hecho no constituye el acto más grave, con la reclusión de tres a diez años». La pena se incrementará si «el dinero o el artículo se entregan o se prometen mediante propaganda por medio de la prensa».
Así, la legislación italiana es mucho más severa que la ley cubana. Si los famosísimos disidentes como Payá, Marta Beatriz Roque o Elizardo Sánchez se encontraran en Italia, estarían encarcelados y no libres.
La ley suiza
Incluso la pacífica Suiza prevé sanciones por el delito de asociación con una potencia extranjera. El Artículo 266 del Código Penal estipula que:
«1. El que cometa un acto que atente contra la independencia de la Confederación o suponga peligro para esta independencia, o provoque por parte de una potencia extranjera una intromisión en los asuntos de la Confederación, que suponga peligro para la independencia de la Confederación, será castigado con una pena de privación de libertad de un año como mínimo.
2. El que mantenga relaciones de inteligencia con el gobierno de un Estado extranjero o con uno de sus agentes con el objetivo de provocar una guerra contra la Confederación será castigado con una pena de privación de libertad de tres años como mínimo.
En los casos graves, el juez podrá pronunciar una pena de cadena perpetua».
El Artículo 266 bis también es muy claro:
«1. El que, con el objetivo de provocar o apoyar empresas o acciones organizadas desde el extranjero contra la seguridad de Suiza, entre en relación con un Estado extranjero, con partidos extranjeros, o con otras organizaciones en el extranjero, o con sus agentes, o lance o propague informaciones inexactas o tendenciosas, será castigado con una pena de privación de libertad de cinco años como máximo o de una pena pecuniaria.
En los casos graves, el juez podrá pronunciar una pena de privación de libertad de un año como mínimo».
La legislación sueca
En Suecia, el Código Penal prevé una pena de dos años de cárcel para
«el que reciba dinero u otras donaciones de una potencia extranjera o de cualquiera que actúe en el interés de ésta, con el fin de publicar o difundir escritos, o influir de cualquier forma en la opinión pública en lo que se refiere a la organización interna del Estado».
Esta democracia escandinava sanciona también a «el que propague o transmita a potencias extranjeras o a sus agentes informaciones inexactas o tendenciosas, con el objetivo de crear amenazas para la seguridad del Estado». Por fin, se aplica una pena de diez años a cadena perpetua al «que constituya una amenaza contra la seguridad del Estado por haber utilizado medios ilegales con el apoyo de una potencia extranjera».
Agentes al servicio de una potencia extranjera y no «presos de conciencia»
Los ejemplos se podrían multiplicar hasta el infinito. En cualquier país del mundo la ley castiga severamente la asociación con una potencia extranjera y no es posible, por consiguiente, otorgar el calificativo de «presos de conciencia» a los individuos financiados por un gobierno extranjero, como es el caso de los detenidos cubanos, lo que, por otra parte, reconoce honradamente Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional es una organización reconocida por su seriedad, profesionalidad e imparcialidad. Pero el trato que reserva para Cuba es discutible. Para poder seguir gozando del mismo prestigio y de la misma objetividad, AI haría bien en reconsiderar, sin esperar más, su juicio con respecto a los que considera «presos de conciencia» en Cuba, pues el doble rasero es inaceptable.
La Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y cuatro miembros del Gobierno, además de numerosas personalidades del mundo de la política y la cultura han asistido esta noche a la entrega de los Premios Ortega y Gasset del Periodismo, que entrega el diario El País.
Sanjuana Martínez, mexicana, por su investigación sobre la pederastia clerical en 'La Jornada'; la revista Zeta, también mexicana; la autora del blog 'Generación Y', la cubana Yoani Sánchez, a quien no se le ha permitido salir de Cuba, según dijeron los organizadores; y el periodista gráfico Gervasio Sánchez, han sido los galardonados.
Algunos de ellos han pronunciado discursos en el momento de recoger los premios, como ha sido el caso de Gervasio Sánchez, que ha hecho alusión a la hipocresía de gobiernos que aplauden fotos como la suya, que retrata a una mujer víctima de la guerra en Africa, mientras siguen vendiendo armas a otros países.
Además de la Vicepresidenta, han acudido a la entrega de premios la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, la de Educación, Mercedes Cabrera, la de Igualdad, Bibiana Aído, el de Cultura, César Antonio de Molina, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, y otros altos cargos, como Leire Pajín, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, asistió también al evento, al igual que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con quien se saludó brevemente una hora antes de que ambos, por separado, abandonaran el acto, antes de su final, poco antes de que comenzara el partido entre el Real Madrid y el Barcelona.
Escritores como Ian Gibson, José María Guelbenzu o Rosa Montero, cineastas como Manuel Gutiérrez Aragón, cantantes como Miguel Ríos y hasta el juez Garzón asistieron a la ceremonia, que condujo la periodista de la Cadena SER Angels Barceló y que culminó con una actuación al piano de Chano Domínguez.
La bloguera por teléfono
Un amigo suyo, el ensayista y bloguero cubano Ernesto Hernández Busto, recibió el premio en su nombre. Yoani Sánchez se dirigió a los asistentes a la ceremonia a través de una grabación, en la cual dijo que el hecho de que ella tuviera que hacerlo así era "la evidencia más clara del estado de indefensión que tenemos los ciudadanos cubanos con respecto al Estado".
El premio está dotado de 15,000 euros (unos $23,000).
"Nada de lo que he escrito en mi blog en estos 13 meses es tan evidente como mi ausencia en esta ceremonia", agregó Sánchez en la grabación. "El escudo protector que me han dado [con el galardón] no significa inmunidad, porque en la sociedad cubana uno nunca es inmune ante el Estado, pero sí me permite correr más fuertemente con este pequeño traje protector que me da el premio".
Sin embargo, Sánchez y sus amigos se reunieron ayer en su casa de Nuevo Vedado, en La Habana, en una ceremonia simbólica efectuara alrededor de las 2 p.m., coincidiendo con el acto de premiación en Madrid.
"Aquí le entregamos simbólicamente el premio a Yoani, pasamos una tarde maravillosa entre un grupo de colegas, amigos y familiares", dijo a El Nuevo Herald su esposo, el veterano periodista Reinaldo Escobar. "Fue muy emocionante".
Escobar, quien es también autor de un blog denominado Desde Aquí, dijo que "es el gobierno cubano quien realmente ha quedado muy mal con esta decisión, demostrando así que la supuesta tolerancia y los cambios anunciados [por Raúl Castro] no son más que una fachada para ocultar la naturaleza autoritaria del sistema".
La revista Time calificó este mes a Sánchez como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Su blog ha atraído a muchos internautas con sus comentarios sobre la realidad cubana y recibe más de mil hits cada mes.
Los EEUU siguen empeñados en aprovechar estas tragedias descomunales que occidente (gas y opio birmanos, pobreza extrema, ex colonia inglesa, régimen de paja del Imperio entre Indochina y China) provoca; para crear u ocupar militarmente alguno de los países títeres del Imperio que están en la frontera de China.
El show del Tibet está fresco todavía en la memoria de hormiga de las gentes.
El mismo día de ayer, en otro escenario muy distinto, gente mucho más humilde e infinitamente más civilizada decía lo siguiente: “Los datos son harto elocuentes. En el año 2005, pagábamos para importar una tonelada de arroz 250 dólares; ahora pagamos 1,050 dólares, cuatro veces más. Por una tonelada de trigo pagábamos 132 dólares; ahora pagamos 330 dólares, dos veces y media más. Por una tonelada de maíz pagábamos 82 dólares; ahora pagamos 230 dólares, casi tres veces más. Por una tonelada de leche en polvo pagábamos 2200 dólares; ahora 4,800 dólares. Es una situación perversa e insostenible”.
| «« | Inicio | »» |
