Paramilitares colombianos habrían ingresado a un caserío ecuatoriano ubicado en una zona selvática de la frontera para llevarse forzosamente a tres personas en lo que parece ser "un ajuste de cuentas", informó el jueves el ministerio de Defensa.
En un comunicado indicó que según las primeras investigaciones basadas en entrevistas a pobladores de San Martín, en la provincia de Sucumbíos, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, "se deduce que se trataría de grupos irregulares de paramilitares que han violado la soberanía" del Ecuador.
Según los testimonios recogidos, el lunes unas 30 personas uniformadas como militares y que portaban fusiles ingresaron al caserío y se llevaron consigo al lado colombiano a tres hombres: Aldemar Castillo, Jairo Santander y a una tercera personas solamente identificada como Javier. No se aclaró si los secuestrados son ecuatorianos o colombianos.
"Se presume que se trata de un grupo de paramilitares que operan en el hermano país de Colombia y que se trataría de un ajuste de cuentas", señaló el comunicado.
Agregó que se espera que la fiscalía de Sucumbíos inicie una investigación sobre el caso.
Testigos del hecho han denunciado que los presuntos paramilitares acusaban a los tres hombres raptados de ser cómplices de la guerrilla.
"Encañonaron a los varones, niños, mujeres y luego los golpearon (a los desaparecidos) hasta cansarse", contó al diario El Comercio, Giovanni Castillo, testigo y hermano de uno de los hombres raptados.
Otra testigo, Diana Rodríguez, relató que "a Aldemar (Castillo) lo culparon de ayudar a la guerrilla, lo golpearon y torturaron".
Ecuador y Colombia comparten una línea fronteriza de unos 720 kilómetros, la cual es frecuentemente escenario de combates e incursiones de grupos armados clandestinos que suelen cruzar la frontera como retaguardia para escapar de las tropas militares, descansar o también en busca de víveres.
Fuerzas regulares colombianas incursionaron el 1 de marzo a un poblado ecuatoriano en la Amazonia para atacar un campamento de las FARC. En la acción, que derivó en la decisión de Ecuador de romper relaciones con Colombia acusándola de violar su soberanía, fueron abatidas 25 personas, entre ellas el jefe rebelde Raúl Reyes, cuatro mexicanos y un ecuatoriano.
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Anónimo
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viernes, 30 mayo, 2008
Estos procesos han sido posibles por las denuncias del Polo Democrático Alternativo, el movimiento unitario de la izquierda colombiana, los estudios de ongs independientes, las denuncias de las comunidades y confesiones de los propios paramilitares. Contra la Corte el gobierno desarrolla campañas de desprestigio y ha demandado al presidente de la misma.
La crisis se ha profundizado al comprobarse que dos parlamentarios, ya detenidos, recibieron prebendas para votar a favor de la reforma constitucional lo que garantizó la reelección del actual presidente. Uribe ha sido acusado por organizaciones de derechos humanos de haber propiciado la creación del paramilitarismo. En 1983 la DEA lo ubicó como uno de los políticos colombianos comprometidos con el narcotráfico.
Los grupos paramilitares son narcotraficantes que en alianza con la cúpula militar, empresarios y terratenientes, y la total complicidad oficial, desataron en los últimos 20 años una política de terror y muerte. Màs de 50.000 personas asesinadas y 30.000 desparecidas. 4.000.000 de campesinos y habitantes de pequeños pueblos desplazados. Se apropiaron por la fuerza de cerca de 5.000.000 de hectáreas de tierra para dedicarlas al cultivo dela planta de coca y proyectos agroindustriales y ganaderos. Ejecutaron el exterminio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, asesinaron a mas de 2.500 sindicalistas y a centenares de dirigentes estudiantiles, indígenas y defensores de derechos humanos. El gobierno de Uribe les dio estatus político a los paramilitares y realizó con ellos un amañado proceso de paz y de desmovilización. Luego, para impedir que siguieran sindicando a mas cómplices dentro del mundo político, empresarial y militar, extraditó a los líderes a los Estados Unidos en una secreta negociación que les brindará protección y garantías.
Ante la profunda crisis y en la perspectiva de avanzar hacia una nueva reelección , el gobierno de Uribe ha lanzado una inmensa cortina de humo para esconder estos escándalos y para desarticular a la oposición. Manipulando la información de los computadores que supuestamente le encontraron a Raúl Reyes se está montando un gran proceso de judicializaciòn de la oposición y el movimiento popular
El Fiscal General, antiguo empleado de Uribe, ha pedido abrir investigaciones contra los parlamentarios Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja, contra el Director del Semanario Voz, Carlos Lozano, y contra otros dirigentes del Polo Democrático Alternativo. También contra la opositora senadora Piedad Córdoba y a un núcleo de personalidades, periodistas y corresponsales de prensa. Gloria Inés, Carlos y Wilson son miembros del Comité Central del Partido Comunista Colombiano. El PCC es uno de los objetivos a destruir por parte del gobierno.
De tiempo atrás el gobierno ha lanzado acusaciones contra la oposición , pretendiendo asimilar todo criterio diferente al oficial como vinculado a la guerrilla, llegando al colmo de calificar la Jornada Nacional e Internacional del pasado 6 de marzo, de defensa de los derechos de las víctimas del paramilitarismo y el Terrorismo de Estado, como marchas organizadas por la insurgencia.
Judicializar a la oposición y en especial al Polo Democrático Alternativo es una venganza por los debates de los parlamentarios del Polo que pusieron al desnudo la complicidad del uribismo con el paramilitarismo.
Nos encontramos en el comienzo de un juicio político que el presidente de la República pretende asimilar, extemporáneamente, a su peculiar justificación del Genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano en el que mas de 5.000 militantes de esta organización de izquierda fueron aniquilados y por lo cual el Estado colombiano esta ad portas de ser fuertemente condenado en los tribunales internacionales.
Una cacería de brujas que oculte y encubra los procesos contra los aliados narco-paramilitares del Gobierno y las demás investigaciones por los actos de corrupción oficial. Se trata de una verdadera razia que está apenas comenzando. Se ha amenazado con centenares o quizás miles de detenciones.
Sólo en las peores dictaduras se han conocido amenazas y juicios de esta naturaleza.
Se requiere la solidaridad urgente y decidida con el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista Colombiano y demás sectores de oposición en Colombia victimas de un infame proceso judicial abierto por el gobierno mafioso de Álvaro Uribe.
Que cesen las amenazas y los asesinatos contra la oposición y el movimiento popular. Y que se abran las puertas para el Intercambio humanitario y la búsqueda de la Solución Política Negociada al largo conflicto armado colombiano.
Anónimo
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viernes, 30 mayo, 2008
El objetivo geopolítico cardinal de EE. UU. después de la implosión del "socialismo real" europeo no es otro que consolidar su hegemonía unipolar. De este propósito mayor se derivan las metas estratégicas del Plan Colombia:
a) Reasegurar el control político-militar estadounidense del norte de Sudamérica (resquebrajado después del retiro de Panamá de la Base Howard, en 1999)
b) Instalar fortines militares para apropiarse de los recursos naturales, energéticos y bioenergéticos de la Amazonía
c) Controlar el comercio subregional con los países asiáticos
d) Despoblar territorios a través de operativos de genocidio y etnocidio
e) Debilitar la gravitación geopolítica del Brasil
f) Evangelizar a los latinoamericanos en el culto al mercado y a la democracia formal, entre otros
En el terreno estrictamente económico, el Plan busca reforzar las columnas del capital financiero sustentando la producción y la venta de armas, apuntalando la industria química y mejorando los réditos para Wall Street provenientes del tráfico internacional de drogas psicoactivas naturales. Los beneficios del programa para los "los señores de la guerra" estadounidenses se evidenciaron desde que la fracción sustantiva de los fondos provistos inicialmente por Washington tuvo como destino inicial la compra de helicópteros Blackhawks, que solo se fabrican en USA. Asimismo, un reporte del Nuevo Herald coincidente con la oficialización del Plan dio cuenta que las fumigaciones de los cultivos de coca y amapola se realizaban con el Roundup, un agrotóxico producido por la Monsanto. Intensificados los bombardeos químicos, se conoció que el precio del kilo de cocaína en Nueva York se disparó desde 120 mil a 240 mil dólares, para felicidad de los "blanqueadores" primermundistas que, en última instancia, son los mayores beneficiarios de ese colosal negocio, estimado actualmente en más de 700 mil millones de dólares y equiparable al del petróleo o al de la fabricación y comercio de material bélico.
En tiempos de la administración del republicano George W. Bush, el Plan Colombia fue redefinido con el sarcástico nombre de Iniciativa Regional Andina (IRA), con el abierto propósito de internacionalizar la guerra civil que flagela la hermana nación fronteriza como corolario del asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948; y, después del memorable 11-S del 2001, será incorporado a la fementida campaña mundial contra el terrorismo decidida por los "halcones" del complejo industrial-militar norteamericano como medio de profundizar un keynesianismo de guerra y "neutralizar" /eliminar a los disidentes de la globalización corporativa (llámense líderes de la oposición parlamentaria, dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos, ecologistas, guerrilleros, cristianos liberacionistas, indígenas o simplemente excluidos por la acumulación por desposesión institucionalizada por el “capitalismo del Pentágono”).
Como todo hecho histórico, el Plan Colombia se sustenta también en factores endógenos, en este caso inherentes al país neogranadino.
¿A qué aludimos?
Producto de una evolución contrahecha y subordinada, la crisis cafetalera colombiana de los años 70 derivó en una constelación de problemas económicos, sociales, políticos e institucionales cada vez más agudos. Una trágica deriva de su crisis multidimensional ha sido que el país sudamericano se convierta, a partir del citado decenio, en un importante productor y exportador de drogas al vasto mercado yanqui (un mercado de aproximadamente 60 millones de adictos irrecuperables), fenómeno inducido por el aperturismo comercial instrumentado por los gobiernos conservadores y liberales colombianos al tenor de las recomendaciones-imposiciones de entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, la CAF.
La apertura colombiana a la importación de bienes producidos por el poderoso y subsidiado "agrobusiness" norteamericano, a la par que provocó la ruina de los campesinos, forzó a estos al éxodo a las ciudades o a subsistir con cultivos no tradicionales. Esta "reconversión" de la agricultura colombiana resultó en la constitución de una matriz productiva con unas 100 mil familias establecidas en decenas de miles de hectáreas y dio paso a procesos de industrialización y comercialización de la marihuana, la coca y la amapola, actividades que representan réditos para un amplio espectro social interno que incluye desde partidos políticos del establecimiento liberal/conservador, legisladores, jueces, banqueros, periodistas, hasta paramilitares y capos de la droga de diverso perfil, proveedores de armas, oficiales y tropas del Ejército y la Policía, pequeños productores agrícolas, raspachines y "pericos". La guerrilla izquierdista de las FARC, conforme a declaraciones de sus comandantes, percibe ingresos por concepto de tributos cobrados a los campesinos, refinadores y narcotraficantes.
Además de defender su cuota en el gran pastel del narcotráfico, cuya fracción sustantiva es retenida e invertida en las metrópolis, la oligarquía norteña encontró en el Plan Colombia la mejor coartada para impulsar su reforma agraria "al revés", consistente en expulsar de sus asentamientos ancestra1es a los campesinos y a las comunidades indígenas, apropiarse de sus tierras a través de los operativo s del Ejército y las bandas de paramilitares y, ulteriormente, integrar latifundios para el cultivo de la palma africana, soya y otras producciones primarias congruentes con la vieja/nueva división internacional del trabajo promovida por el capital transnaciona1 desde los años 70 mediante la implantación de dictaduras fascistas en el Cono Sur, como las de Augusto Pinochet en Chile y Rafael Videla en Argentina.
El debilitamiento institucional y moral del Estado colombiano, que incluso le ha llevado a la pérdida del control de aproximadamente un tercio de su territorio y de la mitad de sus municipios, abrirá un ancho cauce para Estados Unidos asuma un virtual protectorado de la nación suramericana y para que, blandiendo el mito de la "sociedad sin drogas" o la metáfora de la "guerra infinita contra los terroristas" haya criminalizado a una sociedad entera en un intento por legitimar guerras neocolonialistas en connivencia con la Unión Europea.
La amarga experiencia colombiana no se circunscribe a sus fronteras. Producto combinado de la dominación externa y de la expoliación interna, el Plan
Colombia/lRA/Plan Patriota, adosado a los TLCs, al IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sud América) y al Plan Mérida (el flamante “Plan Colombia mexicano”), ha venido irradiando progresivamente sus siniestros instrumentos y consecuencias, especialmente a los países andinos.
Las recurrentes violaciones a la soberanía de países como Venezuela y Ecuador protagonizadas por Álvaro Uribe, un ex colaborador del “Jefe” Pablo Escobar, se inscriben en el contexto histórico lacónicamente descrito.
Anónimo
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viernes, 30 mayo, 2008
La detención de Ramírez, quien hace algunos años se había retirado del servicio activo, se hizo efectiva en las últimas horas y fue ordenada por la Fiscalía General de la Nación, que investiga la desaparición de una docena de personas.
Los hechos ocurrieron el 7 y 8 de noviembre de 1985, durante el operativo militar que retomó el Palacio de Justicia, después de haber sido asaltado por 35 guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19).
En ese entonces, Ramírez, que era coronel, era el encargado de la sección de inteligencia de una brigada del Ejército destacada en Bogotá. Años más tarde, el oficial llegó a ser el jefe de inteligencia de las Fuerzas Militares, durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998).
Además de Ramírez, otros dos generales del ejército, Jesús Armando Arias Cabrales y Rafael Samudio Molina, también están siendo investigados por los mismos hechos. Los dos ya no hacen parte del servicio activo.
Aunque hace 18 años la Procuraduría General de la Nación había sancionado con destitución a Arias Cabrales, el castigo fue derogado posteriormente, debido a supuestos vicios de forma.
Durante el asalto al Palacio de Justicia y la operación militar para retomar el edificio -que se incendió y fue cañoneado por un tanque del Ejército- murieron un centenar de personas, entre ellas los más importantes magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
No obstante que más de un centenar de personas sobrevivió al combate entre la guerrilla y el ejército, desde entonces 11 civiles y una guerrillera están desaparecidos.
El ex procurador general Alfonso Gómez Méndez celebró la decisión de la Fiscalía. Gómez Méndez, quien sancionó a Arias, declaró a BBC Mundo que "parece que se rompió el pacto de silencio que hubo para ocultar los hechos".
El ex procurador, que también fue Fiscal General, dijo: "A mí me dejaron solo cuando sancioné a Arias".
"Lo triste es que hayamos tenido que esperar tanto tiempo", añadió.
Otros dos generales
Mientras los guerrilleros responsables de la toma de rehenes y de homicidios dentro del Palacio fueron favorecidos por amnistías e indultos a principios de los años 90, los responsables del operativo militar solo habían sido sancionados disciplinariamente.
Desde un principio se denunció que miembros de la Fuerza Pública cometieron desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, ante la aparición de nuevas pruebas, como videos, fotografías y grabaciones de audio, la Fiscalía General reabrió el caso en agosto de 2006.
En los videos que se han conocido, algunas de las personas que están desaparecidas han sido identificadas saliendo vivas del Palacio de Justicia, cuando iban en poder de miembros del Ejército.
"Salieron vivos"
Cuando decidido reabrir la investigación sobre las desapariciones, Iguarán dijo que "la Fiscalía tiene pruebas de que salieron vivos y de que no aparecen".
Antes de Ramírez ya habían sido detenidos dos ex coroneles del ejército por los mismos hechos, uno de inteligencia y otro que estuvo a cargo de las tropas que retomaron el edificio, en pleno corazón de Bogotá.
Además de los generales y coroneles que están siendo procesados por los delitos de desaparición y secuestro, el Fiscal General, Mario Iguarán, le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigue la conducta del ex presidente colombiano Belisario Betancur.
La detención de Ramírez fue celebrada por defensores de derechos humanos en Colombia.
El profesor Mario Madrid-Malo le dijo a BBC Mundo que "en la llamada batalla del Palacio de Justicia se violaron todos los principios y normas del derecho internacional humanitario que por entonces eran aplicables a Colombia, como el artículo tres común de los Convenios de Ginebra".
Madrid-Malo, quien trabajó para la Defensoría del Pueblo, añadió que durante muchos años "hubo una sospechosa falta de acción de las autoridades judiciales sobre los crímenes de estado que se perpetraron en el Palacio de Justicia".
A diferencia de Ramírez, en la investigación por la retoma del Palacio de Justicia la Fiscalía todavía no ha definido la situación jurídica de los otros dos generales procesados. Y la Cámara de Representantes tampoco ha resuelto la situación del ex presidente Betancur.
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