La asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) mostró ayer su «preocupación» por las condiciones en las que se está desarrollando el juicio contra el movimiento vasco pro-amnistía en la Audiencia Nacional (Tribunal de Orden Público de las Españas) y denunció que se han vulnerado derechos fundamentales, como el derecho a la defensa. Por ello, reclamó la derogación del tribunal especial, al que acusó de aplicar una «legislación excepcional».El presidente de la asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED), Gilberto Pagani, denunció ayer en Bilbo, acompañado por miembros de la asociación de abogados vascos Eskubideak, que también forman parte de dicho organismo, la carencia de «garantías jurídicas» en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional española contra el movimiento pro-amnistía.
Pagani presentó también, en la rueda de prensa ofrecida en la sede del Colegio de Abogados de Bizkaia, la moción aprobada por la asociación AED en referencia a este sumario el pasado mes de abril en Amsterdam. En el documento se exige «la derogación de tribunales de excepción tales como la Audiencia Nacional».
El presidente de la AED recordó que la situación que se está viviendo «no es nueva» en lo que respecta a la Justicia española, ya que esta asociación europea ya siguió de cerca el juicio del macrosumario 18/98 que se celebró durante año y medio en el mismo tribunal especial.
Según se recoge en el texto, la AED ha mostrado «desde hace ya varios años su preocupación en repetidas ocasiones en relación a procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional, entre otros, el sumario 18/98, por la aplicación de una serie de leyes de excepción que vacían de contenido principios universales del derecho, garantías básicas y derechos fundamentales de la persona detenida y procesada».
La asociación de abogados europeos recuerda que entre los 27 ciudadanos vascos procesados se encuentra el miembro de Eskubideak Julen Arzuaga -que asistió a la rueda de prensa-, y denuncia «la vulneración del derecho a la defensa y el secreto profesional» que se han producido en la instrucción del sumario. En este sentido, criticó una serie de medidas como «la entrada y registro de despachos profesionales sin las garantías debidas al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes, la dilación indebida del proceso y el abuso de las medidas cautelares, tales como la prisión preventiva hasta el máximo de cuatro años y la suspensión judicial de la actividad de estas asociaciones», en referencia a Gestoras pro amnistía y Askatasuna.
El documento aprobado muestra también el rechazo «a la criminalización del ejercicio del derecho a la defensa con el fin de limitarlo» y «la arbitraria e inadmisible extensión del concepto de terrorismo hasta alcanzar actividades públicas y democráticas acogidas al derecho de la libertad de expresión y a la acción política y social libre». A juicio de AED, la aplicación de esta legislación excepcional ha dado lugar «a la vulneración de derechos fundamentales, del derecho a la defensa y del derecho a la presunción de inocencia».
Acudirán como observadores
Pagani anunció que al igual que en el macrosumario 18/98, la AED enviará observadores de todos los paises europeos que forman parte de la asociación a seguir el juicio.
El presidente del organismo insistió en que es «inadmisible la existencia de la Audiencia Nacional» y explicó que acudirán a las sesiones de la Casa de Campo para seguir de cerca el proceso 33/01 y «denunciar y hacer públicas las vulneraciones que puedan producirse en relación al derecho a un juicio con todas las garantías y al ejercicio al derecho a la defensa».
El presidente de la AED consideró que «las cosas han cambiado desde el 11-S», y afirmó que «la simple exposición de ideas ahora se considera un delito».
«En toda Europa se están dando situaciones en las que dar una opinión se considera un crimen y denunciar situaciones desde una actividad política dentro de la legalidad y sin ejercer ningún tipo de violencia, un ataque al Estado», añadió.
«Es un juicio político»
La letrada y miembro de Eskubideak, Ainhoa Baglieto, que está ejerciendo de abogada en el juicio contra el movimiento pro-amnistía, señaló que los 27 acusados se encuentran «indefensos». En este sentido, criticó que en comparación con otros sumarios, el tribunal pretende «vender» una imagen más democrática, sin gritar ni descalificar, pero denunció que «no estamos ante un Estado de Derecho».
Baglieto manifestó que es un juicio contra la labor de un movimiento popular y denunció que «el objeto penal es difuso», ya que «no hay una individualización de los hechos».
El propio representante del Ministerio Fiscal, Carlos Bautista, reconoció en una charla con los alumnos universitarios que asistían al juicio como invitados que no existen imputaciones individualizadas contra los procesados, contradiciendo uno de los principios básicos del Derecho Penal español que se rige por acusar a cada persona de hechos concretos y acreditarlo con pruebas.
Por ello, consideró que «nos hayamos ante un juicio político que sólo puede enjuiciar un tribunal especial, como es la Audiencia Nacional, porque no hay ningún delito» tras la actuación de los imputados.
Baglieto declaró que el «verdadero» delito que pretende juzgar la Audiencia Nacional no está tipificado en el Código Penal, y se trata de «haber denunciado la falta de derechos y la existencia de un conflicto político». «Están aplicando el derecho para juzgar al enemigo», sentenció.
La abogada señaló que con este tipo de procesamientos, al igual que con los del 18/98, el sumario contra «Jarrai-Haika-Segi» o el encarcelamiento de la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro, «el Estado quiere demostrar que no hay margen para la disidencia política».
Moción aprobada por la AED
La Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) ha tenido conocimiento de la apertura del juicio oral en relación al sumario 33/01 contra las organizaciones Gestoras pro amnistía y Askatasuna, dedicadas a actividades públicas en denuncia de violaciones de derechos humanos y a la solidaridad con las personas presas y con las víctimas de dichas violaciones. En este procedimiento se encuentran imputadas 27 personas, y entre ellas el abogado Julen Arzuaga, representante de Eskubideak en nuestra asociación.
La AED desde hace ya varios años ha mostrado su preocupación en repetidas ocasiones en relación a procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional, entre otros el sumario 18/98, por la aplicación de una serie de leyes de excepción que vacían de contenido principios universales del derecho, garantías básicas y derechos fundamentales de la persona detenida y procesada.
La interpretación extensiva de tipos terroristas y la aplicación de esta legislación excepcional, ha dado lugar a la vulneración de derechos fundamentales, del derecho a la defensa y del derecho a la presunción de inocencia.
En este contexto, debemos mostrar nuestra preocupación por las condiciones en las que se ha desarrollado la instrucción de este sumario. Entre otras, la entrada y registro de despachos profesionales sin las garantías debidas al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes; la dilación indebida del proceso y el abuso de las medidas cautelares, tales como la prisión preventiva hasta el máximo de cuatro años y la suspensión judicial de la actividad de estas asociaciones. Por todo ello, queremos hacer constar que:
- Denunciamos la vulneración del derecho a la defensa y al secreto profesional.
- Exigimos la derogación de tribunales de excepción tales como la Audiencia Nacional.
- Rechazamos la criminalización del ejercicio del derecho a la defensa con el fin de limitarlo.
- Rechazamos la arbitraria e inadmisible extensión del concepto de terrorismo hasta alcanzar actividades públicas y democráticas acogidas al derecho de la libertad de expresión y a la acción política y social libre.
La AED seguirá de cerca el proceso 33/01 para, en su caso, denunciar y hacer públicas las vulneraciones que puedan producirse en relación al derecho a un juicio con todas las garantías y al ejercicio al derecho a la defensa.
Asociación de Abogados Europeos Demócratas
Amsterdam, a 19 de abril de 2008
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Anónimo
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viernes, 09 mayo, 2008
Todos ellos han sido arrestados a primera hora de la mañana por la Ertzaintza, que registra sus domicilios. En el caso de Sendoa Jurado, la detención se ha producido sobre las 7.00 cuando salía de casa con su padre para ir a trabajar. Al no presentar ninguna orden, el padre se ha negado a que la Policía entrara en la vivienda.
Según ha sabido este diario, esa situación se ha repetido con otros detenidos.
Las agencias españolas señalan que la Ertzaintza se ha incautado de varias cajas y de un ordenador en un domicilio de la calle José Espronceda. Poco antes de las 11.00 de la mañana los agentes han salido del inmueble acompañados de uno de los detenidos.
Por su parte, Askatasuna ha informado de que los detenidos no están incomunicados, según les han transmitido a sus abogados.
Interior de Lakua vincula a los arrestados con actos de kale borroka llevados a cabo en los últimos meses en Ezkerraldea, según las agencias españolas.
Dentro del mismo operativo policial, varias furgonetas de la Policía autonómica han acudido sobre las 7.30 de la mañana al gaztetxe situado en el número 5 de la calle Errekatzu de la localidad fabril y, tras romper la puerta de cristal de la entrada, han registrado y precintado el local.
Agentes de la Ertzaintza también se han desplegado en la calle Apuko, del barrio de Santa Teresa de la misma localidad, y en la calle Bizkaia, donde registran otros locales.
Ocho redadas
Esta operación policial se produce apenas dos semanas después de que la Policía española llevase a cabo un operativo en Oarsoaldea que se saldó con un total de doce detenidos. Los jóvenes permanecieron varios días incomunicados en manos de las fuerzas policiales españolas y, tras comparecer ante el magistrado Fernando Grande-Marlaska, siete de ellos quedaron en libertad.
Con la de hoy, son ya ocho las redadas efectuadas por los distintos cuerpos policiales contra jóvenes independentistas en los últimos meses. Las anteriores tuvieron lugar el 19 de febrero en Gasteiz, con la detención de seis personas; pocas semanas antes, el 23 de enero, la Policía arrestó a ocho jóvenes en la comarca de Lea-Artibai.
A esas dos redadas les precedieron otras cuatro en Donostia y Burlata, a finales de octubre y en noviembre de 2007, y en la comarca de Uribe-Kosta y en Araba, en octubre y en julio, respectivamente.
Denuncia de Askatasuna
El organismo antirrepresivo ha denunciado la actitud que muestran tanto el PNV como la Ertzaintza al detener a jóvenes vascos. A su juicio, la formación jeltzale no tiene "ningún escrúpulo para colaborar con la Audiencia Nacional, dejando en sus manos a los ciudadanos vascos para que sean encarcelados y dispersados en prisiones españolas".
"En las últimas semanas ha quedado claro que la Ertzaintza está profundizando en las vías represivas bajo el mandato del PNV" y, según han dicho, son muchos los sucesos que lo demuestran; "las detenciones de Oarsoaldea, la carga de Durango, la intervención de ayer durante la rueda de prensa en Arrasate..."
Ante la "nueva alianza represiva" de PNV y PSE, Askatasuna ha hecho un llamamiento para participar en las movilizaciones que se llevarán a cabo en Ezkerraldea.
La Policía española arresta a Fernando Etxegarai
El arresto de Fernando Etxegarai se ha producido esta mañana en su casa de Plentzia. Posteriormente ha sido trasladado al Juzgado de Bilbo y desde allí será llevado a prisión.
El movimiento pro amnistía ha convocado una encartelada para las 20.00 de esta tarde en Plentzia, y una manifestación a las 19.30 de la tarde en Indautxu, que partirá desde Kirruli.
El ex preso vasco quedó en libertad en enero, después de permanecer casi 21 años en prisión. Fue la Sección Primera de la Audiencia Nacional, respondiendo a la petición de su defensa, quien decretó su puesta en libertad mediante un auto.
Sin embargo, dos meses más tarde, la misma Sala dictaba un fallo en el que se decretaba la "detención e ingreso en prisión del represaliado de Plentzia. Asimismo, fijaba como límite máximo de cumplimiento el de 25 años de prisión conforme al Código Penal de 1995 por ser la norma "más favorable al reo" y ordenaba al centro penitenciario correspondiente que eleve una nueva propuesta de licenciamiento definitivo calculada sobre 25 años de prisión sin redenciones.
En un hecho insólito y sin precedentes, la Audiencia Nacional decretaba el aumento de la pena a una persona que se encontraba en libertad con la condena cumplida. Según el fallo, Etxegarai debería volver a ser encarcelado para cumplir cuatro años más de condena, y la justificación que esgrimían los jueces que firmaron el último auto -Javier Gómez Bermúdez, Manuela Fernández Prado y Ramón Sáenz Valcárcel- es que la libertad de Etxegarai se acordó "por el tribunal de turno durante las vacaciones".
En una entrevista concedida a GARA, Etxegarai señaló que sentía "miedo" de tener que volver a ingresar en prisión y expresaba su temor de que no sabía si iba a poder aguantar otros cuatro años preso, al tiempo que denunciaba que "nos quieren aplicar la pena de muerte".
A pesar de ello, el vecino de Plentzia no se ocultó y pocos días más tarde compareció ante los medios de comunicación para reiterar su decisión de vivir en Euskal Herria, acreditando además que está en perfecto derecho para ello.
La Ertzaintza detiene a Pablo Ussia en Laudio
Según han informado sus familiares a GARA, el arresto se ha producido sobre las 16.00 en el lugar de trabajo de Pablo Ussia. La Ertzaintza se ha presentado allí y se lo ha llevado esposado, a la cárcel de Langraiz.
Pablo Ussia fue detenido tras la manifestación que tuvo lugar el 15 de febrero de 1997 en Bilbo para denunciar el encarcelamiento de la Mesa Nacional de HB, en la que la Ertzaintza disparó fuego real contra los asistentes. A raíz de los incidentes que se produjeron, la Policía autonómica interpuso denuncias contra siete personas en el juzgado de Bilbo.
Ussia fue condenado a una pena de tres años y nueve meses de prisión, de la que cumplió tres años y seis meses. Ahora ha sido detenido para cumplir los tres meses restantes, aunque el juez que lo excarceló aceptó los argumentos de la defensa de que la sentencia por la que fueron encarcelados no era firme, después de que el Tribunal Constitucional español anulara la confirmación de la misma realizada por la Audiencia Provincial de Bizkaia en 2003 al considerar que no se respetaron las garantías procesales de los imputados.
Anónimo
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viernes, 09 mayo, 2008
Tras su detención y denuncia de torturas en 2003, a raíz del cierre de "Egunkaria", ha contado que entonces recibió el apoyo del movimiento pro amnistía, que le invitó a participar en charlas y conferencias para exponer su caso y le facilitó entrevistas en diferentes organismos europeos de derechos humanos.
Otamendi ha negado que recibiera órdenes de ETA para denunciar su caso y ha recordado que denunció los malos tratos ante el juez Juan del Olmo, mientras todavía estaba incomunicado.
El tolosarra ha subrayado que, al ser el director de un periódico y, por lo tanto, una persona pública, se sintió obligado a dar a conocer lo que sufrieron para que no se produjeran más casos de torturas y para que se creara "una ola de solidaridad" ante esa lacra.
Torturas
La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha querido cortar en todo momento el relato de torturas de Otamendi y, tras señalar que no le interesaba si había sido torturado o no, le ha ordenado que se limitara a detallar su relación con los miembros de Gestoras y Askatasuna.
Por su parte, Usoa Esteban ha recordado que desde el movimiento pro amnistía les aconsejaron tras la detención de su hermano Esteban y les ayudaron a dar a conocer y denunciar las duras condiciones de vida a las que fue sometido éste durante todos los años que estuvo preso, así como la desatención médica que padeció, que le llevó a morir pocos meses después de ser excarcelado, ya con un cáncer terminal.
La tercera en comparecer ha sido Arantxa Lasa, hermana de Joxean Lasa, secuestrado y torturado hasta la muerte en 1983 por los GAL junto a Joxi Zabala.
Lasa ha explicado que tras la desaparición de los dos jóvenes no supieron a quién recurrir y contactaron con Juan Mari Olano, después de que las autoridades francesas se desentendieran del caso alegando que eran dos ciudadanos españoles y en vista de que en el Parlamento de Gasteiz hicieran lo propio con el argumento de que no podían hacer nada al haberse producido el secuestro en el Estado francés.
En ese estado de indefensión, desde Gestoras les apoyaron y ayudaron a hacer una denuncia pública de lo ocurrido.
Goreti Ormazabal, hermana de Juan Mari Ormazabal, "Tturko", muerto en un tiroteo de la Ertzaintza en Bilbo, en 1991, ha explicado que cuando se enteraron a través de la radio que había habido un tiroteo en el Parque Etxebarria desde el movimiento pro amnistía les ayudaron a dar los primeros pasos ante el "desamparo, confusión e impotencia" que sentían debido al silencio de las autoridades.
Con la intermediación del organismo antirrepresivo pudieron confirmar que la persona que falleció en el tiroteo era su hermano, y pudieron asimismo hablar con el forense, quien les confirmó que había sido una emboscada y que "Tturko" había sido rematado en el suelo.
Edurne Brouard, hija del dirigente abertzale Santi Brouard, muerto por los GAL en su consulta en 1984, ha explicado que fue entonces cuando inició su relación con el movimiento pro amnistía.
En un momento en el que Brouard ha empezado a explicar lo ocurrido con su padre la presidenta del tribunal le ha ordenado que se ciñera a explicar su relación con el movimiento pro amnistía.
Así, ha señalado que dicho movimiento ha colaborado con ella en denunciar la muerte de su padre, impulsando actos de denuncia ya que "no hay nadie en la cárcel por su asesinato". Ha añadido, que de esa forma se ha podido reunir también con más víctimas del "terrorismo de Estado".
"Ayuda y apoyo"
Jose Campos, compañera del preso político Bautista Barandalla, ha explicado la ayuda que recibió del movimiento pro amnistía cuando el etxarriarra fue detenido y estuvo "3 días secuestrado". "Me ayudaron, me dieron su apoyo", ha señalado. Además, ha añadido, que de esa manera pudo comprobar que su compañero había sido torturado.
Por otra parte, ha hecho referencia a la "cruel" política penitenciaria, y ha puesto como ejemplo que en ciertos momentos en los que trasladan a su compañero de prisión, y ella no sabe dónde está, el movimiento pro amnistía la ha solido ayudar a localizarlo.
Unai Romano, detenido en setiembre de 2001 por la Guardia Civl y torturado durante cinco días, ha explicado que tras du arresto inició sus contactos con el movimiento pro amnistía.
Romano ha mostrado a Teresa Palacios la foto en la que se evidencian las torturas sufridas, y nada más hacerlo la presidenta del tribunal le ha respondido que "esto no forma parte del procedimiento", aduciendo que no tiene nada que ver con su relación con el movimiento pro amnistía.
En ese sentido, Romano ha explicado que el organismo antirrepresivo le asesoró cómo hacer pública la denuncia de torturas. Según el mismo, ese ha sido siempre su objetivo, denunciar la tortura, al mismo tiempo que ha añadido que nadie le ha obligado a hacerlo.
Relación con los procesados
Tanto el fiscal como el abogado de la AVT han dedicado sus interrogatorios a cuestionar a los testigos en la relación que mantenían con los procesados y a preguntarles si era Gestoras la que les ordenaba hacer las denuncias. Todos han negado ese extremo.
Por su parte, Teresa Palacios ha insistido en que "no se está enjuiciando la política del Estado" sino la labor del movimiento pro amnistía, y ha instado a los testigos a que hablaran sólo sobre ese aspecto.
Ayer, el representante del Ministerio Fiscal reconoció en una charla con los alumnos que asistían al juicio que no existen imputaciones individualizadas contra los procesados, pero que con los atestados buscaría probar que generaban el "ambiente" para que se produjeran ataques contra sedes y representantes de la Justicia.
Reanudación del juicio
El juicio se reanudará el próximo lunes con la declaración de los otros siete testigos de la defensa, y los próximos dos días se dedicarán a las pruebas periciales.
Anónimo
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viernes, 09 mayo, 2008
La mayoría de los vecinos de Arrasate han echado el cierre en sus puestos de trabajo y han salido a la calle para denunciar el ingreso en prisión de su alcaldesa, Ino Galparsoro, dictado por el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón.
La jornada de huelga, que fue convocada por un grupo de vecinos de la localidad, ha recibido el respaldo de la mayoría de la ciudadanía.
A pesar de que varias patrullas de la Ertzaintza han hecho acto de presencia en el municipio guipuzcoano, el día de paro transcurre con total normalidad.
A mediodía se ha llevado a cabo desde la plaza del Ayuntamiento la primera de las dos manifestaciones convocadas para hoy, bajo el lema "Ino askatu" y que ha contado con la presencia de Rafa Díez, secretario general de LAB, que también se adhirió a la jornada de protesta.
Según han dado a conocer tras la movilización, en los comercios y en el sector servicios el paro es total, y en la industria la actividad ha parado casi por completo. Entre las empresas que han parado se encuentran JMA, Eroski, Asmobi, Utillajes Mnoldcam, Giauto, Ibaiker, las cooperativas Fagor Arrasate y Emun, el Ayuntamiento de Arrasate y la Mancomunidad de Debagoiena.
En otras empresas ha habido paros puntuales y en Mondragon Unibertsitatea los alumnos han hecho huelga aunque no los profesores.
Los convocantes han subrayado que con la de hoy no terminan las protestas para denunciar el encarcelamiento de la alcaldesa y exigir su puesta en libertad y ha añadido que la situación afecta a toda Euskal Herria, ya que en muchos municipios se siguen presentando mociones para tratar de desalojar a EAE-ANV de los ayuntamientos.
La segunda marcha tendrá lugar a las 19.00 de la tarde desde Sebero Altube.
Además de en Arrasate, se realizarán varias manifestaciones y concentraciones en toda Euskal Herria coincidiendo con la jornada de movilización llamada para hoy.
Anónimo
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sábado, 10 mayo, 2008
En el curso de las operaciones policiales contra el movimiento pro amnistía vasco en la madrugada del 31 de octubre de 2001, el juez Garzón ordenó registrar varios locales y oficinas, dos de ellos despachos de abogados, en Hernani y en Pamplona. Estos despachos estaban inscritos en sus Colegios de Abogados respectivos. En el registro de Hernani, uno de los abogados detenidos, Julen Zelarain, solicitó la presencia de un miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. La policía desatendió esta petición y procedió al registro, incautándose de documentación, ordenadores y soportes informáticos. Posteriormente precintó los despachos. En la actuación policial en Pamplona, se registró el despacho y se incautó el ordenador de la abogada Ainhoa Baglietto. El Juez Garzón, desplazado a Bilbao para coordinar toda la operación, fue informado por la abogada Arantxa Zulueta de la actuación irregular en los despachos de los abogados pero la operación siguió adelante.
Los abogados presentaron recursos solicitando la nulidad de los registros así como la devolución de todo lo incautado. El juez Garzón dictó un nuevo auto el 7 de noviembre, ordenando la devolución del material incautado, pero antes hizo una copia del material informático y de los documentos intervenidos. Los abogados vieron, así, violentados diversos derechos: a) Derecho al secreto profesional, b) derecho a la defensa como obligación de los abogados y garantía de los justiciables, c) a la inviolabilidad del domicilio profesional y d) el registro de sus despachos e incautación de sus pertenencias vulnerando gravemente la ley.
Tras seis años y medio de espera, el pasado 21 de abril de 2008, se produce la apertura de la vista oral del sumario 33/01 contra las asociaciones del movimiento pro amnistía vasco, integrado por Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna. La actividad de estos organismos es la denuncia de la violación sistemática de garantías jurídicas y procesales y de derechos humanos que padecen los presos vascos así como impulsar la solidaridad con estas personas. Todas las personas encausadas en este nuevo sumario tienen un indiscutible arraigo social, su actividad siempre ha sido pública y forman parte de la sociedad civil que de manera activa participa en la denuncia de las expresiones represivas del estado en la ayuda a las víctimas de esa represión a la vez que desarrollar iniciativas políticas que ponen el énfasis en la defensa de las libertades y los derechos humanos.
El sumario 33/01, es un eslabón más de la cadena de macroprocesos impulsados por Garzón y los partidos mayoritarios tras el Pacto contra el Terrorismo del año 2000 y la Ley de Partidos Políticos de junio de 2002. Todo ello precedido por el cierre del periódico Egin en julio de 1998. Estos procedimientos tienen como objetivo debilitar al movimiento independentista vasco y ha acabado por imputar a 27 personas, entre ellas el abogado Julen Arzuaga, miembro de la Asociación de Abogados Euskaldunes (Eskubideak).
En el comienzo del juicio todos los procesados, acusados de integración en banda armada sin individualizar los hechos presuntamente delictivos, han decidido renunciar a su defensa jurídica, por dos razones. La primera, porque no reconocen al tribunal que les juzga, la Audiencia Nacional. La segunda, por la convicción de que la sentencia ya está hecha. Los procesados, manifestaron al Tribunal el primer día del juicio, que estaban convencidos de que la sentencia estaba escrita y sería condenatoria pero que ese tribunal de excepción no les iba a “juzgar por sus ideas”.
La Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED), reunida en Ámsterdam el 19 de abril de 2008, hizo público un comunicado para mostrar su preocupación, por estos procedimientos seguidos ante la Audiencia Nacional. Tanto el sumario 18/98, como por las leyes de excepción que dejan sin contenido principios universales del derecho, garantías básicas y derechos fundamentales de las personas detenidas y procesadas.
La AED, declara que “… La interpretación extensiva de tipos terroristas y la aplicación de esta legislación excepcional, ha dado lugar a vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia“.
La AED, muestra su “… preocupación por las condiciones en la que se ha desarrollado la instrucción de este sumario. Entre otras, la entrada y registro de despachos profesionales sin las garantías debidas al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes; la dilación indebida del proceso y el abuso de las medidas cautelares, tales como la prisión preventiva hasta el máximo de cuatro años y la suspensión judicial de la actividad de estas asociaciones“.
Por último, la AED, denuncia la vulneración del derecho a la defensa y al secreto profesional; exige la “derogación de tribunales de excepción como la Audiencia Nacional”; rechaza “la criminalización del ejercicio del derecho a la defensa con el fin de limitarlo” y “la arbitraria e inadmisible extensión del concepto de terrorismo hasta alcanzar actividades públicas y democráticas acogidas al derecho de la libertad de expresión y a la acción política y social libre“.
Este nuevo dislate jurídico que supone el juicio a las personas que han venido desarrollando su trabajo militante en el movimiento de denuncia de la represión y de solidaridad con las personas que la sufren, sólo se puede explicar por la intencionalidad política que contamina todos estos macroprocesos. Tras el 11 marzo 2004, PSOE y PP rompieron el consenso en esta materia, aunque mantuvieron en vigor el Pacto por las Libertades y la Ley de Partidos Políticos. Esto ha supuesto un uso virulentamente partidista del problema vasco en el que la única diferencia ha sido la intensidad con que pedían su aplicación. Tras el fracaso del periodo de negociación y tregua entre el Gobierno PSOE y ETA, a finales de 2006, las líneas maestras del Pacto vuelven a desplegarse con más énfasis que nunca.
El encarcelamiento de casi toda la dirección política de la izquierda independentista vasca, los nuevos procesos de ilegalización de partidos políticos en curso (ANV,PCTV) y el ingreso en prisión el pasado 30 de abril de 2008 de la alcaldesa de Mondragón, Ino Galparsoro, acusada por el fiscal y el juez Garzón de ser “rebelde contumaz“ a la suspensión judicial de su partido (por hablar en rueda de prensa de ANV), expresan una profundización de la excepcionalidad de normas que conculcan derechos fundamentales proclamados en la Constitución Española de 1978.
La Ley de Partidos Políticos de 27.06.02, principal fruto del Pacto por las Libertades del año 2000, suscrito por PSOE y PP, permitió, tras su tramitación del procedimiento especial ante el TS, la ilegalización de Batasuna. La implantación de este partido en la sociedad vasca, queda fuera de toda duda. Pero el apriorismo de "Todo es ETA", inventado por el juez Garzón e impulsado por PP-PSOE y por casi todo el arco parlamentario y asumido por la Audiencia Nacional, acabó con la 2ª ilegalización de Batasuna y la prohibición de concurrir en procesos electorales posteriores a expresiones políticas y/o electorales que pudieran ser referentes del sector de la sociedad vasca que aquella representaba, dejando fuera del juego electoral a un sector importante de la sociedad vasca. El juego electoral y la vida civil han sido eliminados para cientos de miles de ciudadanos por el mero hecho de sus ideas políticas. La opción independentista que preconizan y su desacuerdo con el marco constitucional vigente, tiene todo que ver con esta privación de derechos políticos.
La Asociación Europea de Abogados Demócratas (AED) en declaración pública de 21.04.07 desde Munich, requería a las autoridades españolas para que “abran un proceso de derogación de la Ley de Partidos Políticos“ y “adopten las medidas tendentes a asegurar unas elecciones con todas las garantías democráticas y con la presencia de todas las fuerzas políticas“.
La politización de la justicia es el reflejo de que el sistema no funciona. Sin separación de poderes no hay Constitución. Sin control de poderes no hay democracia. Si la Constitución regula el pluralismo político y el derecho al sufragio como valores superiores de nuestro ordenamiento y se ilegaliza a opciones políticas contestatarias, se constata el déficit democrático del Estado español. No sólo no se protege la discrepancia, sino que, se la discrimina y persigue legalmente eliminándola por ley. La defensa de los derechos políticos y las libertades lo son para todas las personas y los pueblos. La defensa de las libertades es condición necesaria para la democracia. Condenar las ideas y prohibir la confrontación electoral y política a ciertas opciones, abona el avance del totalitarismo. La identidad de un sistema democrático se acredita, precisamente, por la existencia de grupos que discrepan del ordenamiento establecido.
La separación de poderes y la garantía de los derechos de las personas son principios que caracterizan al Estado democrático. Estos principios esenciales son lo sustantivo de la democracia. Es en las situaciones de excepcionalidad cuando aparece la razón de Estado.
El proceso constitucional español de 1978 fijó, de hecho, varios mecanismos para aplicar medidas excepcionales. Uno, las situaciones “clásicas” de excepción (alarma, sitio, etc…) para declarar el estado de excepción (art. 55, 1 CE) y Ley Orgánica 4/81. Dos, en materia de integridad del territorio, y la aplicación del artículo 8 de la CE y la misión encomendada a las FFAA de garantizar la soberanía y la integridad territorial y la propia Constitución. Tres, la suspensión de derechos específica por motivos de terrorismo. La excepcionalidad a las leyes generales, se integra como legislación excepcional en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal (detención preventiva e inviolabilidad del domicilio y secreto de telecomunicaciones). Esta solución, no es garantista de los derechos de las personas afectadas y en ese sentido es contraria al precepto constitucional.
La separación de poderes exige la soberanía parlamentaria, es decir, la inviolabilidad del parlamento. La ley deber ser la norma inatacable por los demás poderes. El poder ejecutivo debe estar sometido a la ley y al derecho. Del poder judicial se ha de predicar la independencia de todos sus miembros. La práctica política y mediática de criminalización de las ideas independentistas, cuando no las nacionalistas sin más, así como su identificación con la violencia, supone tanto la deslegitimación de las ideas y como la justificación de la razón de Estado como excusa para quebrar el principio de la separación de poderes para limitar derechos fundamentales.
La plena libertad ideológica, asociativa y de expresión es la mejor forma de asentar y hacer creíble un sistema democrático. Hacer más estrechos los márgenes de libertad, criminalizar al disidente, potenciar el “derecho penal del enemigo” para perseguir a la oposición, así como imponer y considerar la Constitución como algo intocable, a pesar de sus enormes déficits democráticos, es un atentado a la democracia que se dice defender.
El Ministro Rubalcaba falta a la verdad cuando acusa de manera genérica a la izquierda independentista, de ser causante de la violencia en Euskadi. Se equivoca cuando se sube de nuevo al carro del Pacto Antiterrorista del 2000, pues esa mirada unilateral muestra una parte de la violencia, pero no toda. La única solución justa y democrática, pasa por asumir que existe un conflicto político que hay que resolver. El sentimiento y el derecho de un pueblo a decidir por sí mismo, no puede ser ni ignorado, ni prohibido.
La solución a un conflicto político ha de ser política y justa. La Constitución Española de 1978, puede y debe ser cuestionada, discutida y reformada, para que el derecho de autodeterminación de los pueblos pueda ser ejercitado por aquellos que así lo decidan democráticamente. Actualmente es un derecho prohibido fruto de la transacción política llevada a cabo al morir Franco. No hacerlo así, no apostar por la política con mayúsculas y el diálogo como forma de resolver los conflictos, nos conduce a menos democracia y más desestabilización, a la proliferación de las leyes excepcionales ad hoc (expresamente) destinadas a sectores sociales que cuestionan el orden establecido, en definitiva al imperio de la Razón de Estado sobre las leyes y sus secuelas de represión y degradación de la democracia.
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