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La evolución reciente de indicadores sociales como el empleo, la renta o el acceso a los servicios públicos ya puede consultarse en el Barómetro Social de España, una herramienta para la crítica y la acción.Imaginen un índice que permite apreciar en diferentes consultas la evolución social de un país. Algo así es el Barómetro Social de España, que reúne la evolución de 11 grandes campos como la renta, el género, el medio ambiente o la política internacional entre 1994 y 2006. Y la imagen que devuelve esta obra resulta tan poco favorecedora como la de cualquier espejo enfrentado a una mirada demasiado narcisista. En este caso, la del “España va bien” asociada a la etapa ya cerrada de expansión económica.

Miguel Ángel de Prada pertenece al colectivo IOE, el grupo de investigación social que ha elaborado el índice a partir de 180 indicadores extraídos de las estadísticas oficiales. “Queremos contribuir a retomar la cuestión social en España”, afirmaba de modo rotundo en la presentación del tomo y de la página web, barometrosocial.es. Se trata de un tipo de enfoque sepultado por datos más presentes en el discurso político y económico, como que el producto interior bruto del Estado español aumentó un 62% en los 12 años estudiados. Ante esta avalancha, la obra se plantea como una herramienta para el combate ideológico. Lo resalta Walter Actis, otro de sus autores. “Se trata” –cuenta– “de polemizar con el discurso dominante, en el mismo terreno y con las mismas armas”, en referencia al caudal impresionante de datos que integran este diagnóstico de la situación social española. El de una sociedad que se ha hecho más desigual al tiempo que aumentaba su riqueza.

Pasen y vean

¿Hay realmente para tanto? En el área de empleo, la mayor credencial del Estado español ante sus socios europeos en los años del boom, “una élite de millón y medio de personas asalariadas contaba [en 2006] con unos ingresos mensuales medios de 5.000 euros, mientras que seis millones percibían un promedio inferior a los 300 euros”. Han leído bien: menos de 300 euros al mes. El dato no hace sino confirmar lo avanzado por los informes de la Agencia Tributaria: la explosión del empleo se ha centrado en los puestos peor remunerados, con jornadas a tiempo parcial y contratos temporales que se han cebado con la inmigración, las mujeres y la juventud.

En la misma línea van los datos sobre renta –la desigualdad entre los hogares más ricos y los más pobres aumentó un 37% sólo entre 2002 y 2005–, salud –estamos entre los países europeos que más ha privatizado su sistema sanitario desde 1990–, educación -los terceros con más peso de la privada no universitaria, y con un aumento continuado del abandono escolar desde 1999-. En los mejores casos, como la desigualdad de género -las mujeres consiguen más acceso a la formación y al empleo pero se ensancha la brecha salarial en su perjuicio-.

A estos índices se suman otros menos frecuentes, como la política internacional o el medio ambiente. El balance también resulta negativo: la ayuda oficial al desarrollo avanza muy por debajo del PIB y representa cinco veces menos que lo ingresado por la devolución de la deuda de los países empobrecidos. Al mismo tiempo, la diferencia con el tope de emisiones de CO2 establecido en Kioto ha aumentado cada año. El capítulo de seguridad ciudadana, uno de los favoritos en los medios, destaca que el descenso de la criminalidad ha coincidido con un aumento de las reclusiones, que ya superan las 65.000.

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