Wonder News: 695 casos de torturas en 2007

Entre el 1 de enero de 2001 y los cinco meses transcurridos de 2008, son ya más de 5.400 los casos de torturas en el Estado español documentados por organismos de defensa de los derechos humanos. Una investigación sobre malos tratos que se hará pública próximamente afirma que de estos casos sólo un 12% llega a juicio oral y un 5% acaba en sentencia firme en primera instancia.

A lo largo de 2007, se han recopilado más de 1.025 casos de torturas o malos tratos en comisarías, cárceles, centros de internamiento o en plena calle. Un aumento del 40% respecto a las denuncias recogidas el año anterior. Y la misma respuesta institucional : minimizar su práctica por funcionarios públicos. Éstas son algunas de las conclusiones del informe que la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), integrada por más de 40 organismos de defensa de los derechos humanos de todo el Estado, presentará en Bilbao el 31 de mayo. El informe, que la CPT ultima, detalla caso por caso las circunstancias y situación procesal de cada una de las 695 denuncias documentadas. La propia CPT aclara que tiene información de 330 casos más, pero no los ha incluido en su investigación por petición de las personas afectadas o por estar todavía en fase de estudio.

Caso a caso

Los datos recopilados vuelven a mostrar la variedad del maltrato y la tortura aunque el grueso de las personas agredidas lo conforman activistas sociales, inmigrantes, personas privadas de libertad o detenidos bajo régimen de incomunicación antiterrorista. De las denuncias, el 39,6% provienen de activistas de diferentes movimientos sociales (un total de 285 denuncias), un 11,1% son inmigrantes (80 denuncias), un 9,9% personas presas (71 casos) y un 4,4% provienen de detenidos bajo incomunicación antiterrorista (32). Desde los centros de menores, llegan nueve denuncias, un 1,2% del total.

Entre los casos recogidos en el informe 2007 los hay que tuvieron gran repercusión como los abusos en la comisaría barcelonesa de Les Corts, donde cámaras ocultas registraron numerosos episodios de malos tratos. Pero hay muchos más casos. Al testimonio estremecedor de las torturas relatadas por Gorka Lupiañez, detenido en diciembre en Durango, se contraponen los golpes denunciados por un matrimonio de sordomudos, que fueron agredidos por policías locales de Sevilla que consideraron que les estaban insultando con el lenguaje de signos.

Las policías locales encabezan esta vez el ranking, con un total de 220 denuncias (un incremento del 54% respecto a 2006), seguidas por el Cuerpo Nacional de Policía, con 185 (disminución del 30% respecto al año anterior). En tercer lugar, con 128 denuncias, pero con un disparado crecimiento del 132%, se sitúa la policía autonómica catalana. Siguen los funcionarios de prisiones, que acumulan 73 denuncias y la Guardia Civil, con 66 y un aumento de los casos del 32%. La policía autonómica vasca, con 48 denuncias, experimenta también un 128% de crecimiento. Geográficamente, Cataluña vuelve a encabezar las denuncias conocidas, acumulando un cuarto del total, con 173 denunciantes relativos a 69 casos. Madrid con 119 personas denunciantes, Andalucía con 109, la Comunidad Autónoma Vasca con 84 –a las que cabe añadir las 23 de Navarra–, Galiza con 49, el Pais Valencià con 39 y las Islas Canarias con 33 completan el mapa de las denuncias.

Los datos recopilados por la CPT sitúan las muertes bajo custodia (en cárceles, comisarías, reformatorios, etc.) en un mínimo de 115 personas. Este triste saldo eleva a 558 las muertes producidas bajo custodia en el Estado español entre el 1 de enero de 2001 y finales del pasado año.

Visita del relator de la ONU

La CPT ultima esta semana las conclusiones, estadísticas y valoraciones definitivas sobre el año 2007. Para Jorge del Cura, lo más destacado “ha sido el significativo aumento de la interposición de denuncias respecto a años anteriores” y se queja de que las investigaciones siguen adoleciendo de “prontitud, eficacia e independencia”. Del Cura, portavoz de la CPT, resalta también “la no implementación, de forma reiterada, de los mecanismos estatales para la erradicación de la tortura al que el Gobierno español está obligado tras firmar y ratificar el nuevo Protocolo Facultativo de la OU en 2006”.

Por otro lado, Martin Scheinin, relator especial de la ONU para los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, visitó el Estado español entre el 7 y 14 de mayo pasados. Scheinin hizo públicas sus consideraciones provisionales y alertó de la preocupante deriva del sistema legal español que califica como “terrorismo” –con definiciones “vagas y amplias”– delitos que no lo son.

Scheinin señaló que “cuando se empieza a caer por esa pendiente se corre el riesgo de conculcar muchos derechos”. El relator solicitó, asimismo, la derogación del régimen de incomunicación de los detenidos y que se estudie el régimen especial de la Audiencia Nacional y su monopolio, en detrimento de otros tribunales, de los delitos de terrorismo. A juicio del relator esto conculca derechos y crea deficiencias estructurales –no permite la posibilidad de recurrir ante un tribunal superior– en el funcionamiento democrático de la Justicia.

LA RESPONSABILIDAD NO RECAE SÓLO EN LOS AGENTES
La falta de voluntad de los jueces y tribunales

Año tras año –éste es el cuarto– los informes de la CPT constatan que los afectados por la brutalidad de los cuerpos de seguridad tienen muchas dificultades para obtener una tutela judicial adecuada debido a la dilación de los procesos y la investigación judicial insuficiente. Los informes describen un camino de obstáculos en los tribunales que desemboca, cuando éstos llegan a iniciarse, en el archivo de la mayoría de los procesos. El pasado año los tribunales volvieron a dar pruebas de ello. En abril de 2007 la Audiencia Provincial de Almería condenaba a 15 meses de prisión y a tres años de inhabilitación por un delito no grave contra la integridad moral al teniente de la Guardia Civil que protagonizó la paliza que acabó con la vida, en julio de 2005, del agricultor Juan Martínez Galdeano en el cuartel de Roquetas. Otros tres agentes fueron multados por una falta de lesiones leve mientras otros cinco guardias, también inculpados, fueron absueltos. Meses más tarde, otro tribunal de Almería condenaba por un delito de lesiones a seis meses de prisión a un familiar del agricultor fallecido. Los hechos se remontan al juicio del caso Roquetas. Los familiares y allegados del agricultor estaban en las puertas de los juzgados cuando llegaron las mujeres de los guardias civiles del cuartel y otros manifestantes portando pancartas de apoyo a los agentes. El acusado se dirigió hacia ellas e intentó arrebatarles la pancarta. Se produjo un forcejeo en el que una de las mujeres terminó con un esguince en la muñeca. El juez considera que hubo dolo porque si bien existe el atenuante de la tensión de la situación, el condenado conocía el riesgo de lesionar cuando actuó.

David Fernández

Publicado por Pause

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Anónimo

► domingo, 01 junio, 2008

He oído a policías y jueces decir que en el Estado español la tortura no existe, no se practica porque no es útil ni eficaz para averiguar la verdad. En ocasiones, incluso, he oído que la detención, momento previo a la tortura, sólo debería producirse cuando la investigación ya está finalizada y, en estos caso, la tortura no aportaría nada a esta e incluso podría desbaratar el trabajo realizado.

El problema está en que el torturador no pretende llegar a la verdad. Sin embargo, la tortura es útil para el control de la población y para la represión de la disidencia. Obteniendo información de la persona torturada, no sólo sobre sus posibles actividades, sino sobre personas y hechos que el detenido pueda conocer. Destruyendo al disidente tanto física como anímicamente. O imponiendo el terror a un colectivo, mediante la generalización del miedo tanto a sufrir torturas, como a sufrir las consecuencias de conocer a personas posible objeto de torturas, de las que, se le sugiere, conviene alejarse.

Al mismo tiempo, para que el torturador pueda efectuar su trabajo sucio, es decir, pueda practicar la tortura, es necesario que tenga y perciba que está apoyado, que su trabajo es valorado. Para ello necesita el apoyo de sus compañeros –corporativismo– y el apoyo de sus jefes y responsables políticos (normalmente a través de declaraciones públicas de reconocimiento de la labor policial y, al mismo tiempo, descalificación y amenazas a quienes pongan en cuestión esa labor). Necesita saber que su ‘verdad’ obtenida mediante tortura, no será cuestionada, que goza de ‘presunción de veracidad’, sobre todo y ante todo, frente al torturado. Al tiempo, necesita saber que no sufrirá sanciones por realizar el trabajo sucio. Pero sobre todo, necesita apoyo social.

Pero, si la idea de tortura provoca un rechazo unánime, ¿cómo hacer que sea aceptada y no sólo consentida por temor a sufrirla? En 1992, el reconocido sociólogo Niklas Luhmann reabre el debate formulando la pregunta: ¿perviven aún en nuestra sociedad normas irrenunciables?, ¿en caso de amenaza de una bomba de relojería, cabe levantar la norma de la garantía de la dignidad humana para conseguir indicaciones para localizarla y desactivarla? Su respuesta es afirmativa y sostiene la conveniencia de dar entrada a la tortura en el ordenamiento jurídico de los Estados democráticos.

Estas propuestas posteriormente han sido repetidas, si bien de una forma más suave: ya no se hablará de tortura, sino de “uso moderado de la fuerza física” (Israel) o “interrogatorios científicos” (según el ex general de la Guardia Civil Rodríguez Galindo en 1985). El supuesto de la bomba de relojería ha sido discutido pero sobre todo aplicado en muchas ocasiones. Se trata de un análisis coste-beneficio del que se seguiría la justificación de la tortura y que ha sido utilizado de forma clara y pública por el Gobierno de Bush. Y también ha sido y es utilizado en el Estado español.

Y va cambiando la percepción social de la tortura, que se presenta como una eficaz arma en la lucha contra el terrorismo. En contra de anteriores tendencias a la ocultación, hoy se reivindica públicamente como un derecho del Estado… y esto no sólo desde el 11-S. Así, una de encuesta efectuada en 2006 por la BBC en 27 países constataba que un tercio de sus poblaciones apoya el uso de la tortura en algunos casos.

“Para solucionar algo primero hay que reconocer que pasa”

A finales de 2006 el Parlamento vasco reclamaba en una iniciativa sin precedentes al Gobierno español “reconocer la existencia de las torturas y su aplicación, en algunos casos, de forma sistemática”. En febrero de 2006, en unas jornadas para la prevención de la tortura, Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional, afirmaba que el principal escollo en la lucha contra la tortura seguía siendo el no reconocimiento del problema y su reducción a “casos aislados”. En la misma jornadas, Jorge del Cura, portavoz de la CPT, afirmó que “para solucionar algo primero hay que reconocer que pasa. Hay que reconocer que la tortura existe y hay que hacer saber que eso es inaceptable. Que no hay excepción a su prohibición. Y eso es precisamente lo que ningún gobierno hace: niegan su práctica y defienden a los agentes implicados”. Y los hechos parecen darle la razón. Cuando el pasado 16 de mayo, en una nueva resolución el Parlamento vasco reprobaba “la actitud que el Gobierno español adopta sistemáticamente ante las denuncias de torturas amparando sin excepción a las fuerzas policiales”, el Gobierno rechazó la acusación que consideró “muy grave”. Varios miembros del gobierno aprovecharon la ocasión para “apoyar el trabajo de las Cuerpos de Seguridad”.