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13.000 muertos en Birmania |
Estado de emergencia en Rangún, una región al sur de Birmania. La Junta militar birmana cuenta con un balance provisional de 13.000 muertos tras el paso del ciclón tropical Nargis, mientras otras 3.000 se dan por desaparecidas. Miles de edificios han quedado destruidos o dañados por los fuertes vientos. Las rachas de 190 a 240 kilómetros por hora han obligado a evacuar a más de 70.000 habitantes de la zona. El corte del suministro de electricidad y de las líneas telefónicas en todas las poblaciones del delta del río Irrawaddy mantienen la ciudad en el caos, según los medios oficiales.
El ministro birmano de Asuntos Exteriores, Nyan Win, ha reunido al cuerpo diplomático y a representantes de la ONU para exponerles la grave situación. Además, ha informado de que el número de víctimas mortales puede llegar a las 13.000 personas, aunque hasta el momento la cifra oficial difundida por medios de comunicación del Estado es de 4.000 muertos.
De las cinco regiones donde se ha declarado el estado de emergencia -Rangún, Pegu, Irrawaddy y los estados Mon y Karen-, el área más afectada, con 223 muertos, es la división de Ayeyawaddy, 220 kilómetros al suroeste de la antigua capital en Rangún.
Otras 162 personas perdieron la vida en la isla de Haing Gyi, en el Océano Indico, donde los meteorólogos anunciaron que el ciclón generará olas gigantes de casi cuatro metros de altura. Las autoridades y las organizaciones de ayuda humanitaria trabajan contrarreloj para llevar material de emergencia a las víctimas, aunque es prácticamente imposible acceder a zonas remotas y la mayoría de líneas telefónicas no funciona.
La Federación Internacional de la Cruz Roja ha establecido un fondo de emergencia de 200.000 francos suizos (123.168 euros o 190.393 dólares) para los damnificados, mientras sus cooperantes en Birmania ya distribuyen auxilios básicos entre los afectados, como plásticos con los que cubrir los tejados que arrancó el ciclón, o pastillas para potabilizar agua, además de mantas, ropas.
Elecciones en Birmania
La tragedia de Nargis se produce sólo una semana antes de que los birmanos voten, el próximo 10 de mayo, en el referéndum sobre el proyecto constitucional redactado por el régimen, sin contar con la oposición democrática. Ante la importancia de esta cita, las autoridades ocultaron inicialmente el impacto real del ciclón y se desconoce si la catástrofe afectará a la celebración del plebiscito en las zonas dañadas.
Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, multitud, violencia.
Los preparativos hacia esa consulta se han visto bruscamente interrumpidos por el paso de ciclón Nargis. El viento y la lluvia parecen multiplicar su fuerza cuando azotan a regiones en que las personas carecen de lo más esencial. Así un fenómeno natural, habitual en la zona, deja miles de muertos. Es posible que este ciclón merezca atención diferente por tratarse de Myanmar y de un régimen hostil a Washington. Sin embargo, con gobiernos o regímenes de otro color como Bangladesh, India o Pakistán los balances ante desastres naturales no serían muy diferentes. Myanmar precisa hoy de ayuda urgente y que ésta alcance a quienes la precisan. Sin embargo, antes y después de este ciclón la tarea global pendiente es impulsar un modelo de relaciones internacionales más justo e igualitario.
"Necesitamos ayuda", admitió hoy el ministro birmano de Información, Kyaw Nsan, en Rangún, tras confirmar que sólo en la población de Bogalay, a unos 90 kilómetros al suroeste de esa ciudad, han perdido la vida unas 10.000 personas.
Las zonas más afectadas son las regiones de Irrawaddy, Pegu y Rangún y los estados Karen y Mon, donde se declaró el estado de emergencia el sábado pasado, al día siguiente de que el ciclón tocase tierra por el delta del río Irrawaddy.
El encargado de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Rangún, Mac Pieczowski, explicó que "todas las líneas telefónicas están cortadas y es extremadamente difícil obtener información de las áreas afectadas".
"Pero, por las informaciones que nos llegan, aldeas enteras han desaparecido y la cifra final de víctimas mortales será inmensa", añadió.
La ayuda internacional y la que facilitan las autoridades birmanas desde la nueva capital del país, Naypyidaw, inaugurada en 2005 en la región central, comienza a llegar a Rangún.
Esta mañana, un tren de mercancías proveniente del norte, con cerca de 30 vagones que contenían tiendas de campaña y bidones de agua, se detuvo en la estación de ferrocarriles de Rangún.
Unas 800 toneladas de arroz aguardaban en los almacenes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) a la espera de la autorización oficial para ser repartidos.
La población de las áreas afectadas lleva desde el sábado sin suministro de agua y electricidad, los alimentos básicos escasean y sus precios se han disparado debido a la especulación y la creciente demanda.
Personal de la Cruz Roja ya distribuye entre los afectados ayuda básica como plásticos con los que cubrir los tejados que arrancó el ciclón o pastillas para potabilizar agua, además de mantas y ropa.
La ONU culpó hoy a la Junta Militar birmana del elevado número de personas que han muerto por no haber prevenido a la población del peligro que suponía el ciclón.
Los portavoces de varias agencias de las Naciones Unidas también apuntaron que el trámite de los visados para entrar en Birmania demora las operaciones de ayuda.
La ONU calcula en cientos de miles los birmanos que han perdidos su casas y que se encuentran sin techo, cifra que algunas ONG sobre el terreno elevan por encima del millón.
Las zonas más afectadas son las regiones de Irrawaddy, Pegu y Rangún y los estados Karen y Mon, donde se declaró el estado de emergencia el sábado pasado, al día siguiente de que el ciclón tocase tierra por el delta del río Irrawaddy.
La Junta Militar acepta que "necesitan ayuda"
La Junta Militar, que mantiene el país bajo una férrea dictadura militar, ha decidido permitir la entrada de alimentos y otro material de emergencia en el país pese a que tradicionalmente se había negado a recibir ayudas del exterior.
"Necesitamos ayuda", admitió el ministro birmano de Información, Kyaw Nsan, en Rangún, tras confirmar que sólo en la población de Bogalay, a unos 90 kilómetros al suroeste de esa ciudad, habían perdido la vida unas 10.000 personas.
El encargado de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Rangún, Mac Pieczowski, ha explicado que "todas las líneas telefónicas están cortadas y es extremadamente difícil obtener información de las áreas afectadas". "Pero, por las informaciones que nos llegan, aldeas enteras han desaparecido y la cifra final de víctimas mortales será inmensa", ha añadido.
Necesitan agua y comida
La población de las áreas afectadas lleva desde el sábado sin suministro de agua y electricidad, los alimentos básicos escasean y sus precios se han disparado debido a la especulación y la creciente demanda.
La ONU ha culpado a la Junta Militar birmana del elevado número de personas que han muerto por no haber prevenido a la población del peligro que suponía el ciclón.
Ayuda internacional
Mientras Estados Unidos ha abierto un fondo de ayuda a través del Programa Mundial de Alimentos y de otras agencias, la Comisión Europea va a enviar de manera urgente a Birmania dos millones de euros de ayuda humanitaria. A estos se unen Singapur, Tailandia, la India y otros países de la región y de los demás continentes también han ofrecido su solidaridad a los birmanos.
ONG's como Cruz Roja, UNICEF o World Vision han comenzado el reparto de arroz, agua, lonas y mantas, pero aún se necesitan medicinas y refugios temporales para los supervivientes que eviten la proliferación de enfermedades infecciosas propias de la contaminación del agua.
Desde España, el Gobierno destinará inicialmente 500.000 euros al fondo dispuesto por el Programa Mundial de Alimentos para paliar las consecuencias del paso del ciclón por Birmania.
Referéndum
La Junta Militar de Birmania ha anunciado que aplazará la celebración del referéndum constitucional del próximo sábado en las áreas afectadas por el ciclón tropical Nargis.
El plebiscito es el primer paso de la llamada "hoja de ruta" hacia la democracia del régimen, que concluirá, según su plan, con elecciones libres en 2010.
La aprobación de las autoridades birmanas fue comunicada tras una reunión entre representantes del Gobierno y de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA) celebrada el martes en Nueva York. El avión despegará de una base logística de la agencia de la ONU en el sur de Italia. Ayer se estaba preparando el cargamento y finalizando los trámites correspondientes. Mientras tanto, poco pueden hacer los trabajadores humanitarios que operan en la zona de la catástrofe. El azote del ciclón ha dejado un largo y desastroso rastro por el sur del país asiático, especialmente en la ciudad de Rangun, la mayor de la antigua Birmania. Un avión con 40 toneladas de material de primera necesidad, plástico para refugio, comida terapéutica y materiales de higiene, estaba preparado para salir de Europa anoche.
'No estamos preparados por el momento para recibir esta clase de misiones de información, búsqueda y rescate de otros países', apuntó el departamento birmano de Asuntos Exteriores a través de un comunicado.
Es por esta razón que a un equipo de 62 especialistas se le impidió el jueves descender de un avión con ayuda procedente de Qatar que había aterrizado en el aeropuerto Mingalardon de Rangún.
'Myanmar no fue informada de la misión de búsqueda y rescate que llegó con la asistencia humanitaria. El Gobierno sólo tenía constancia de que el avión iba a entregar ayuda humanitaria', señaló la junta birmana en su nota difundida desde Naypyidaw, la capital del país desde 2005 y donde la furia del 'Nargis' no llegó.
La Junta Militar cuenta en la zona afectada, el estado de excepción está declarado en las regiones de Irrawaddy, Rangún y Pegu y los estados Kayin y Mon, con cuatro divisiones de infantería, según los medios de comunicación estatales, pero la población afectada se queja de que nadie les ayuda, y menos el Ejército.
La embajada de Estados Unidos en el país asiático calcula que habrán muerto unas 100.000 personas, aunque la radio, la televisión y la prensa birmana sólo confirman unos 23.000 muertos y 42.000 desaparecidos.
La actitud del régimen militar birmano, de controlar toda persona que ingresa en el país para impedir que se cuelen 'enemigos de Estado', tiene perplejas a las agencias de la ONU y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) humanitarias, que ven frustrado su plan de atender con rapidez a los necesitados.
'¡Es asombroso!', manifestó el portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Paul Risley, a los periodistas en Bangkok, en relación a la lentitud con que las autoridades birmanas tramitan las solicitudes de visado.
La embajada de Birmania en Bangkok no abrió hoy debido a una festividad, lo que quiere decir que hasta el lunes o el martes próximos, según un empleado de la legación, no se extenderán visados.
'La frustración causada por lo que parece ser un retraso en los trámites no tiene precedentes en los trabajos de ayuda humanitaria modernos', detalló Risley, e instó al Gobierno birmano a tramitar las solicitudes lo antes posible, 'aunque sea trabajando durante el fin de semana'.
El PMA logró que su primer avión con ayuda aterrizase ayer en Rangún, cinco días después de la tragedia, y otro vuelo fletado por la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) con cien toneladas de artículos básicos tomó tierra en el mismo aeropuerto horas más tarde.
La Cruz Roja, el PMA, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS), Cáritas, Manos Unidas, Save the Children y otras organizaciones cuentan con personal sobre el terreno, aunque no todo el que consideran necesario, que preparan la logística o trabajan ya con los afectados.
La situación es grave, hace una semana que 'Nargis' entró por el sur de Birmania y el cólera ha comenzado a cobrarse las primeras víctimas mortales en Bogalay, que quedó casi completamente anegada y donde los medios estatales birmanos informan de 10.000 muertos, y Laputta, donde se cree que hay 80.000 muertos, no confirmados por la Junta.
"Chevron y sus socios del consorcio recurren al ejército birmano para garantizar la seguridad del gasoducto y esas fuerzas someten a miles de aldeanos a trabajos forzados, torturas, violaciones, asesinatos y otros abusos graves", denuncia el informe de 76 páginas de la organización con sede en Washington.
Chevron debe respetar "sus obligaciones legales y morales en materia de derechos humanos, en vez de aprovecharse de esas violaciones", indica el informe acerca del proyecto energético de Birmania.
El emprendimiento le deparó a la junta militar que gobierna Birmania unos 1.100 millones de dólares en 2006, más de la mitad de las ganancias procedentes de la venta de gas a Tailandia, que ese año alcanzaron los 2.160 millones de dólares.
"Chevron puede ser demandada por los residentes de la zona si no frena las violaciones de derechos humanos", señaló en conferencia de prensa el coordinador del Proyecto Birmania de EarthRights International, Naing Htoo, con motivo del lanzamiento del informe. "Todos los días ocurren violaciones".
"Chevron ayuda e instiga ese patrón de abusos", añadió Katie Redford, directora del capítulo estadounidense de EarthRights. La trasnacional "es responsable del trabajo forzado, torturas y violaciones perpetradas por las fuerzas de seguridad al apoyar su contrato".
La divulgación del informe coincide con el intento de Chevron de promover su imagen como empresa responsable ante los ciudadanos y dedicada a ayudar al mundo a cubrir sus necesidades energéticas de forma limpia.
La ingeniosa iniciativa de prensa y televisión fue lanzada en septiembre de 2007 en Estados Unidos. La "campaña publicitaria verde" de Chevron tendría un costo de 15 millones de dólares, según una versión de prensa.
Chevron trata de distanciarse de las denuncias de violaciones de derechos humanos en la región del gasoducto de Birmania, señaló Redford.
"A pesar de la ingeniosa campaña publicitaria, si Chevron tiene un contrato con la dictadura birmana, es su socia. No puede tratar de distanciarse de las acusaciones, que es lo que hace", apuntó.
Total, la compañía francesa socia de Chevron en el proyecto de Yadana, también es objeto de acusaciones, pero a diferencia de la estadounidense, optó por admitir algunas de las acusaciones lanzadas desde el sur del Birmania.
"Total señaló en su sitio de Internet que existen casos de trabajos forzados", dijo a IPS la editora de un sitio dedicado a la responsabilidad empresarial en los países en desarrollo, Joelle Brohier. "Aprendieron de experiencias pasadas que es necesario mostrar cierta transparencia."
La única compañía de extracción de Francia involucrada en proyectos de gas natural no puede obviar denuncias de violaciones de derechos humanos, añadió. "No puede hacerlo, debe tratar y dar respuestas para lidiar con esos problemas existentes".
Los principales abusos son atribuidos a los batallones birmanos encargados de proteger el gasoducto, señaló Naing Htoo.
"Los soldados confiscan tierras y obligan a los aldeanos a cultivar arroz. También a trasladar suministros del ejército para sus campamentos y los someten a otro tipo de trabajos forzados. Además de cometer violaciones y torturas", añadió.
Dos batallones, los de infantería 282 y 273, fueron asignados a "la seguridad del gasoducto", reveló. Cada una de esas unidades militares cuenta con 300 soldados.
En total operan en la zona 14 batallones, lo que la convierte en una de las más militarizadas de ese país de Asia sudoriental.
El proyecto de Yadana fue polémico desde sus inicios en 1991. El emprendimiento para extraer gas natural del mar de Andaman y llevarlo por un gasoducto terrestre a Tailandia contó con respaldo de la compañía estadounidense Unocal, la francesa Total y una subsidiaria de la empresa estatal tailandesa.
La socia local fue Gas and Oil Enterprise, vinculada con el Ministerio de Energía de Birmania.
Las crecientes violaciones de derechos humanos fueron entonces registradas en el primer informe de EarthRights, "Negación Total", en 1996.
Posteriormente, varias víctimas del proyecto Yadana, asistidas por la organización y un equipo de abogados, entablaron una demanda contra Unocal ante un tribunal federal de Estados Unidos, acusándola de "complicidad en los daños".
Nueve años después, en marzo de 2005, las víctimas birmanas lograron un triunfo cuando Unocal decidió resolver la prolongada batalla legal y compensar a los pobladores locales.
Poco después, Chevron compró la participación de Unocal en el gasoducto de Yadana.
El resultado fue un hito en disputas por violaciones de derechos humanos en el ámbito internacional.
"El caso se convirtió en una gran prueba en términos de responsabilidad corporativa, porque hasta entonces no se sabía cómo manejarían los tribunales los procesos contra compañías acusadas de violaciones de derechos humanos en territorio extranjero", señaló el profesor canadiense de derecho Doug Sanders.
"Tradicionalmente, el derechos internacional en materia de derechos humanos se aplicaba sólo a países y no a personas ni compañías", añadió Sanders, de visita en la Universidad de Chulalongkorn, en Bangkok.
Ese fallo "hizo que las grandes compañías que no respetan sus responsabilidades sociales en otros países sintieran la presión de la justicia", señaló Sanders.
Además, "reafirmó que las corporaciones tienen que ajustarse a la legislación internacional en materia de derechos humanos porque un tribunal las va a obligar a respetarla", apuntó.
"Ya lo hemos hecho, aun si nos lleva 10 años", señaló Redford, ante un posible proceso contra Chevron.
En realidad, la única acción concreta de la campaña consiste en un banner para colocar en blogs con la imagen de un niño birmano, que sirve como enlace a la misma página. Eso sí, a través de ella puede accederse a otra web para reservar hoteles de hasta cuatro estrellas en Rangún, algunos de los cuales, por cierto, son usados por la Junta militar birmana para celebrar congresos y reuniones de todo tipo. Publicidad disfrazada de ciber-activismo. "La solidaridad vende", como reza una máxima del marketing.
Uno debería hacer inmediatamente una pausa y ponerse a recordar los resultados de similares ejercicios “humanitarios”. En 1999, EEUU y sus aliados explotaron y aprovecharon la dramática situación de los refugiados kosovares para emprender la guerra contra Serbia, transformando la provincia en un protectorado de la OTAN donde se llevó a cabo una gran “limpieza” de su minoría serbia. Ese mismo año, Australia, con el apoyo de EEUU, utilizó la violencia de las milicias apoyadas por Indonesia para justificar una intervención militar en Timor Este e instalar allí un régimen muy comprensivo con los intereses estratégicos y económicos de Canberra. Casi una década después, las poblaciones locales de ambos países continúan viviendo en condiciones atroces, sin haber podido satisfacer ninguna de sus necesidades fundamentales.
No cabe duda que la pasada semana sobrevino una inmensa tragedia social. Las cifras oficiales birmanas indican que el número de muertos y desaparecidos supera los 60.000. Los funcionarios de Naciones Unidas estiman que el número de víctimas sobrepasa las 100.000 y la cifra de personas gravemente afectadas por el ciclón es de casi dos millones. Gran parte del enorme delta del Irrawaddy ha quedado devastado por la oleada de tormentas avivadas por el Ciclón Nargis, que inundaron todas las tierras bajas. Ciudades y pueblos enteros han sido arrasados, dejando escenas que recuerdan la destrucción que en diciembre de 2004 produjo el tsunami que se abatió sobre las costas de Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia.
Es asimismo verdad que la junta birmana es un régimen brutal que ha matado una y otra vez a quienes se manifestaban contra el gobierno con tal de seguir manteniendo su propio poder y privilegios. Sus esfuerzos de acudir al rescate se han visto claramente obstaculizados no sólo por el atraso en el que se encuentra el país, sino también por la cruel indiferencia del régimen ante la grave situación del pueblo birmano. Ante la campaña actual de los medios de comunicación, uno debería aproximarse con gran cautela a toda la información ofrecida en esas noticias. Por desgracia, tenemos bastante claro que la conducta habitual hacia la inmensa mayoría de las víctimas de los ciclones es la del abandono y el pensamiento de “que se las arreglen como puedan”, como hicieron los gobiernos de los países más afectados con los supervivientes del tsunami de 2004.
No obstante, nadie debería conceder mucha credibilidad a las protestas de preocupación manifestadas por la administración Bush y sus aliados. La Secretaria de Estado Condoleeza Rice insistió el miércoles pasado en que la ayuda de Washington ante el ciclón no estaba motivada por “un objetivo político” sino por un “asunto de crisis humanitaria”. “Lo que cabe esperar es que el gobierno birmano permita que la comunidad internacional ayude a su pueblo”, declaró Rice.
En realidad, toda la ayuda estadounidense va siempre acompañada de resortes políticos. La administración Bush ha ofrecido una irrisoria cantidad de 3,5 millones de dólares de ayuda financiera aunque no deja de presionar para que entren los funcionarios estadounidenses, los trabajadores de la ayuda humanitaria y el personal militar que controla las operaciones de emergencia en vez de intentar que sean las autoridades birmanas quienes lleven a cabo dichas operaciones. Paradójicamente, y al mismo tiempo, los EEUU y sus aliados siguen manteniendo unas sanciones contra el régimen birmano que han agravado las dificultades económicas del país. En la semana anterior al ciclón, la administración Bush intensificó las prohibiciones sobre el comercio, la inversión y la congelación de activos, todo lo cual sigue en pie, excepto una leve suavización de las restricciones para la ayuda financiera.
El Ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, sugirió el miércoles que se reuniera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para invocar su “responsabilidad a la hora de proteger” y anular la soberanía nacional birmana para poder entregar la ayuda internacional, con o sin la aprobación de la junta. La resolución propugnando “la responsabilidad de proteger”, que tiene una historia que se retrotrae a la guerra de la OTAN contra Yugoslavia de 1999, se aprobó en 2006 como instrumento para que las principales potencias pudieran justificar sus agresiones militares bajo la excusa de prevenir “el genocidio, la guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad”. La sugerencia de Kouchner serviría para extender el ámbito de cobertura de esas intervenciones a los desastres naturales como el del Ciclón Nargis.
Washington ha apoyado públicamente ya los comentarios de Kouchner, aunque la sugerencia se está discutiendo claramente dentro de la administración. El Embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Zalmay Jalilzad, declaró que la mayoría de los gobiernos se sentían “indignados” por la lentitud del régimen birmano en aceptar la ayuda internacional. Aludiendo a las potencias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, añadió: “Un gobierno ha de ser responsable de proteger a su propio pueblo, de proporcionar a su pueblo lo que necesite… No implica problema alguno aceptar la oferta hecha por la comunidad internacional”.
El Director de la Oficina de EEUU para la Asistencia en Desastres en el Exterior, Ky Luu, fue más explícito. Indicó que el lanzamiento de ayuda por aviones militares estadounidenses era una de las opciones a considerar si la junta seguía rechazando la ayuda estadounidense. Cuatro buques de guerra están ya dirigiéndose hacia Birmania y helicópteros de la Marina y aviones de carga de las Fuerzas Aéreas han aterrizado ya en la vecina Tailandia. El Secretario de Defensa, Robert Gates, comentó que no podía imaginar una intervención militar sin permiso birmano. El portavoz del Departamento de Defensa, Bryan Whitman, señaló: “Si no se te ha requerido ni solicitado tu ayuda, eso se considera invasión”. No obstante, está claro que se están discutiendo intensamente tanto la opción militar como sus ramificaciones políticas.
El Tsunami asiático
Como parte de la campaña de presiones contra la junta birmana, se está creando una nueva mitología que describe la respuesta internacional al tsunami asiático como un modelo de entrega humanitaria rápido, eficiente y compasivo en la que todos se implicaron. Cada vez se señalan más contrastes entre el régimen birmano actual y sus “democráticos” homólogos de Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia en 2004.
Sin embargo, cualquier examen objetivo de la tragedia de 2004 revela un cuadro harto diferente. Las inmensas olas del tsunami se tragaron aquel 26 de diciembre a todos los depauperados pueblos situados en la Bahía de Bengala. Durante días, y aunque el número de víctimas ascendió rápidamente a decenas de miles, el Presidente estadounidense Bush, el Primer Ministro Tony Blair y otros dirigentes mundiales brillaron por su ausencia a la hora de hacer cualquier declaración sobre el desastre. Cuando finalmente rompieron sus vacaciones navideñas, su desdén colectivo por el destino de las víctimas quedó muy patente en sus superficiales comentarios y patéticas ofertas de ayuda. Fue sólo tras la avalancha de simpatías y donaciones de los pueblos trabajadores de todo el mundo, horrorizados ante la magnitud del desastre, cuando los EEUU y las principales potencias empezaron a actuar.
En los países más afectados, los esfuerzos de la ayuda de emergencia se vieron anulados a causa del papeleo y de las agendas políticas, tanto en los regímenes locales como en los países donantes. Los gobiernos de Indonesia y Sri Lanka habían emprendido guerras brutales desde hacía largo tiempo contra diversos movimientos separatistas y se mostraban extremadamente reacios a permitir que organizaciones de ayuda humanitaria, y mucho menos ejércitos extranjeros, accedieran a las zonas del desastre. Lejos de ayudar a las víctimas, el ejército indonesio aprovechó la oportunidad para intensificar sus operaciones contra los rebeldes Achnese. En Sri Lanza, los intentos de establecer una entidad de ayuda conjunta con los Tigres por la Liberación de los Tamiles EElam (LTTE, siglas en inglés), bajo los auspicios del alto el fuego de 2002, se vinieron abajo, entre amargas recriminaciones comunales por cualquier reconocimiento oficial de los separatistas.
El gobierno indio insistió en controlar sus propias operaciones de ayuda y rechazó cualquier sugerencia a favor de que se implicaran ejércitos extranjeros. El ejército indio fue especialmente suspicaz con la presencia de trabajadores de la ayuda internacional en las Islas de Andaman y Nicobar, que estaban entre las zonas más golpeadas, debido a la presencia de bases estratégicas aéreas y navales en las islas, así como en otras partes de la India, Indonesia y Sri Lanka, que siguen aún viviendo en condiciones miserables en refugios temporales.
Nadie, en los círculos gobernantes europeos o estadounidenses, sugirió en aquel momento que iba a organizarse una operación militar que anulara la soberanía india o que se iban a hacer lanzamientos desde el aire sobre las Islas de Andaman y Nicobar. En el caso de Sri Lanka e Indonesia, los gobiernos permitieron finalmente que el ejército estadounidense ayudara en las operaciones desplegadas en sus territorios. En ambos casos, el propósito fundamental de Washington era político: fraguar relaciones más estrechas de trabajo con los ejércitos de los dos países y, sobre todo, sentar así un precedente, que se está invocando ahora para ejercer presiones sobre la junta birmana.
En enero de 2005, la Secretaria de Estado de EEUU, Condoleeza Rice, declaró sin rodeos en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que el tsunami había constituido “una magnífica oportunidad para mostrar no sólo la actitud del gobierno de EEUU sino el corazón del pueblo de EEUU…. Y pienso que hemos obtenido grandes dividendos”. Rice manifiesta ahora que las ofertas de ayuda de EEUU a Birmania no “implican una cuestión política” sino que la administración Bush está intentando transformar este último desastre en una nueva “oportunidad política” para hacer que sus intereses económicos y estratégicos avancen en la región.
Intereses estratégicos
La decisión de la junta birmana de aceptar selectivamente la ayuda de países con los que mantiene algunas afinidades, como China, India y Tailandia, y no de EEUU, no debe sorprendernos. La administración Bush no oculta el hecho de que es favorable al “cambio de régimen” en Birmania: despedir al régimen militar para reemplazarlo por un gobierno encabezado por la líder de la oposición Aung San Suu Kyi, mejor dispuesta ante los intereses de Washington y a la apertura del país a los inversores extranjeros.
Que la junta constituya un objetivo de EEUU no tiene nada que ver con la preocupación por los derechos democráticos o el bienestar del pueblo birmano. La hostilidad de Washington hacia el régimen birmano está motivada por la estrecha asociación de dicho régimen con China, a quien EEUU considera su principal rival potencial. En los últimos ocho años, la administración Bush ha seguido la estrategia de fortalecer lazos militares y establecer bases en el anillo de países que rodean China: desde Corea del Sur y Japón a Filipinas, Australia e Indonesia y alrededor de la India, Pakistán, Afganistán y las repúblicas de Asia Central.
Birmania supone un boquete importante en los esfuerzos estadounidense por “contener a China”. El país se asienta cerca del estratégico Estrecho de Malaca: la principal ruta marítima que une el Noreste asiático, incluida China, con los recursos energéticos del Oriente Medio y África. El control de esos “cuellos de botella” ha sido vital desde hace mucho tiempo para los planes navales de EEUU. China ha ayudado a Birmania en la construcción de diversas instalaciones navales para acceder a los puertos birmanos como parte de sus esfuerzos para proteger las rutas de navegación vitales para su propia economía.
Los medios internacionales están ya criticando a China por no presionar más a su aliado para que se abra a la ayuda internacional. La Secretaria de Estado Rice telefoneó esta semana a su homólogo pekinés para que el gobierno chino ejerza más presiones sobre Birmania. Si la administración Bush decidiera presionar para conseguir que Naciones Unidas dicte una resolución a favor de la intervención, Pekín se convertiría velozmente en objetivo directo de difamación. China se ha opuesto a cualquier intento de que el desastre del ciclón se lleve ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Hay también una agenda económica más amplia detrás de la hostilidad de Washington hacia la junta birmana. Durante décadas, ésta ha mantenido una economía en gran medida cerrada y aislada en la que las empresas dirigidas por el ejército dominan aún los sectores claves. Para las corporaciones estadounidenses, el país es una nueva fuente potencial de trabajo basura, así como de recursos muy importantes, como petróleo y gas. La administración Bush ha permitido silenciosamente que la corporación petrolífera Chevron avance con sus inversiones multimillonarias en dólares en Birmania, aunque esas operaciones se han visto entorpecidas por las malas relaciones entre los dos países.
A la administración Bush no la motivan más las preocupaciones humanitarias hacia Birmania que hacia Iraq o Afganistán. Al rechazar las últimas mentiras e hipocresías de la Casa Blanca, es necesario considerar las cuestiones fundamentales subyacentes. ¿Por qué esas catástrofes golpean de forma repetida a las capas más vulnerables de la población mundial? ¿Por qué la enfermedad, el hambre y la pobreza continúan devastando a las masas de Asia, África y América Latina?
Los recursos existen para acabar con el sufrimiento y la miseria, así como para minimizar el impacto de desastres naturales como el Ciclón Nargis. En las últimas tres décadas, la globalización de la producción ha ampliado inmensamente la capacidad económica de la humanidad, estableciendo las bases para una planificación racional y despliegue de recursos a escala mundial que asegure un nivel decente de vida para los pueblos en cualquier lugar del globo. Sin embargo, bajo el capitalismo, se explota esta inmensa capacidad económica y científica con el único objetivo de conseguir beneficios para una minoría de ricos, mientras la inmensa mayoría, incluidos los países industrializados más importantes, luchan cada día para poder sobrevivir.
La pobreza y el desempleo son una aberración. Las inmensas capas de pobres del mundo urbano y rural son un rasgo esencial del capitalismo global. Forman una inmensa reserva de un ejército de trabajo que es utilizado para presionar constantemente a la baja en los salarios y condiciones de la clase trabajadora internacional. Los únicos medios para acabar con el inmenso y cada vez mayor abismo entre ricos y pobres es a través de la reestructuración revolucionaria de la sociedad con planteamientos socialistas, para que las candentes necesidades de la abrumadora mayoría de la humanidad tengan precedencia sobre la ambición de la minoría de conseguir cada vez mayores beneficios.
Peter Symonds
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