El colectivo de familiares y víctimas de paramilitares en Colombia pidió hoy por la vía judicial que se suspenda la extradición a Estados Unidos de Carlos Mario Jiménez, jefe ultraderechista al que se le atribuyen unos 10.000 crímenes.
Con ello, los familiares de las víctimas pretenden que los delitos del jefe paramilitar colombiano no queden impunes en Colombia.
La solicitud fue presentada ante el Consejo de la Judicatura en Bogotá por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que recurrió al recurso constitucional de tutela para impedir que Jiménez sea enviado a EEUU.
La extradición de 'Macaco', alias de Jiménez, fue autorizada el pasado viernes por el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, dos días después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) considerara legal la petición formalizada por Washington en octubre pasado.
Jiménez afronta en tribunales de Washington y Florida procesos por narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo.
El portavoz del Movice, Iván Cepeda, dijo en una rueda de prensa que el recurso está dirigido contra Uribe, el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, y el presidente de la CSJ, Francisco Javier Ricaurte, responsables de decidir sobre el caso de 'Macaco'.
Jiménez es una de las 'principales y poderosas figuras' de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue jefe del Bloque Central Bolívar (BCB), estructura principal de esa organización paramilitar, y tuvo bajo su mando a unos 7.000 hombres, que actuaron en diez departamentos del país, declaró Cepeda.
Además, 'tiene un imperio económico y una riqueza significativa que se ha erigido a través del narcotráfico, pero también de la usurpación de inmensas extensiones de tierra a miles de personas en esos diez departamentos', agregó.
Señaló que en una sola de estas regiones, el Putumayo, la fiscalía ha documentado unas 3.000 fosas comunes con víctimas del BCB, y se le atribuyen unos 10.000 casos de asesinato y desaparición forzada.
Cepeda afirmó que esta extradición tendrá como consecuencia que no haya sentencias judiciales contra Jiménez en Colombia, que su fortuna quede en la impunidad y que 'secretos muy comprometedores que tienen que ver con la identidad de figuras políticas, empresariales y, además de eso, con jefes militares, queden también en el silencio'.
En el recurso, la organización defiende que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación son preferentes y que sobre ellos la Corte Constitucional tiene argumentos suficientes en relación con la jerarquía de estos mismos principios.
Asimismo, Cepeda dijo que 'no es posible transmitirles al país y al mundo el mensaje de que para Colombia importa más la persecución de crímenes considerados de delincuencia común, que la persecución universal de los crímenes contra la humanidad'.
El fiscal de la Corporación Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' (CCAJAR), Alirio Uribe, declaró en la rueda de prensa que el recurso tiene carácter urgente, con lo que se pretedne que el juez lo falle antes de que el Ejecutivo confirme la extradición de 'Macaco' y éste sea enviado a Estados Unidos.
El jefe paramilitar tiene cinco días, a partir del momento en el que se notifique la decisión del presidente Uribe, para solicitar que la orden de su entrega sea revocada.
En el mismo acto, el secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Luis Jairo Ramírez, expresó el temor a que esa extradición sea un 'acto premeditado' del Gobierno ante la posibilidad de que Jiménez tenga 'informaciones muy valiosas' sobre la implicación en las AUC de 'altas figuras de la vida política y social' de Colombia.
El Ejecutivo autorizó la extradición de Jiménez tras acusarle por no haber respetado los compromisos que asumió en el diálogo de paz con las AUC, que se disolvieron a mediados de 2006 con el desarme de unos 31.000 paramilitares.
Jiménez forma parte de un grupo de 16 antiguos mandos de esa organización paramilitar reclamados por Estados Unidos bajo los mismos cargos.
La entrega de 13 de ellos ha sido dejada en suspenso por Uribe, mientras que la CSJ tiene en estudio los casos de los otros dos.
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Anónimo
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martes, 08 abril, 2008
Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco", es solicitado por la cortes de los distritos de Columbia y Sur de Florida por 20 casos relacionados con el tráfico de drogas, informó la Presidencia en una nota divulgada en internet.
El ex jefe paramilitar depuso las armas en el marco de un proceso de paz auspiciado por el gobierno pero, según las autoridades colombianas, siguió delinquiendo desde la cárcel lo que generó la perdida de los beneficios que le otorgaba la ley de Justicia y Paz, mediante la cual se desmovilizaron los jefes de las milicias ilegales de extrema derecha.
Jiménez tiene derecho a apelar la decisión de extradición en cinco días.
Antes de entregar las armas en diciembre de 2006, Jiménez, señalado de ordenar masacres y extorsiones en la parte norte y noroeste de Colombia, ya traficaba con toneladas de cocaína que enviaba a Estados Unidos, según las autoridades.
El presidente Alvaro Uribe, desde que asumió el poder en agosto de 2002, ha firmado la extradición de más de 500 personas acusadas de narcotráfico y otros delitos conexos.
Jiménez sería el primer ex jefe paramilitar desmovilizado en ser extraditado ante la justicia de los Estados Unidos por romper el compromiso adquirido con el gobierno de no volver a delinquir, de acuerdo con las normas de la ley de Justicia y Paz.
Anónimo
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miércoles, 09 abril, 2008
Sería imposible pensar que la inteligencia francesa haya pecado de ingenuidad, especialmente cuando hace poco más de un mes un campamento, específicamente instalado en territorio ecuatoriano para mantener negociaciones tendientes a la liberación de rehenes, fue bombardeado por el ejército colombiano y sus asesores estadunidenses, produciendo una masacre y la violación de la soberanía de Ecuador.
Las investigaciones determinaron que se utilizaron bombas inteligentes que sólo pueden ser manipuladas por Estados Unidos y sus propios helicópteros.
Los detalles que se van conociendo con el paso de los días determinan la brutalidad conque se actuó, matando además a civiles no involucrados en el conflicto y rematando heridos, entre ellos mexicanos y ecuatorianos. También hay desaparecidos en este caso.
Hacia ese lugar estaban yendo funcionarios franceses para entrevistar al jefe negociador de las FARC Raúl Reyes, conocido por presidentes parlamentarios y políticos en todo el mundo, precisamente por sus tareas casi diplomáticas.
Parecía inminente la liberación de Betancourt, cuando nuevamente, como lo hiciera en todas las ocasiones anteriores en que se estaban dando pasos en este mismo sentido, el presidente Uribe, actuó para frustrar ese nuevo intento. No fue otro el resultado del bombardeo del 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano.
Uribe se ha negado
sistemáticamente a establecer un corredor humanitario o una zona de despeje a pesar de todos los esfuerzos internacionales y especialmente de América Latina en estos últimos meses.
Vale la pena preguntarse como podría volar un avión con médicos hacia un campamento de las FARC para llevar atención médica a alguien, sin que llegaran antes o en el mismo momento o después los helicópteros, aviones militares y paramilitares del gobierno de Uribe.
¿Puede hacerse una operación de este tipo sin un despeje, sin una zona bajo observación internacional?. Es imposible a todas luces. Ninguna organización guerrillera se suicidaría tan fácilmente. Y menos aún si se considera que las Farc tiene casi medio siglo de existencia, territorios liberados y que varios intentos de entrega de rehenes han terminado dramáticamente.
Por esa razón los familiares de quienes están en manos de las FARC, han solicitado una y otra vez que no intervengan ni el ejército colombiano ni los paramilitares, porque en todos esos casos la vida de los rehenes es la que corre mayores peligros .
Es razonable pensar que los militares de la Doctrina de Seguridad Nacional a la que obedece el ejército colombiano o los paramilitares de ese país y sus asesores estadunidenses no perderían semejante oportunidad histórica de acabar con sus enemigos, guiados “cándidamente” por un avión con médicos franceses.
Uribe y su jefe supremo George W.Bush, han impedido no ya el canje sino incluso la liberación unilateral, como se ha visto en todos los episodios desde fines de 2007 hasta ahora. Su último acto fue la masacre producida en el campamento negociador ubicado en Ecuador. ¿Qué mayor mensaje que éste?.
El 3 de abril, en un informe firmado por Rodrigo Granda, el llamado canciller de las Farc, secuestrado en territorio venezolano-otra violación de la soberanía de un país vecino- y liberado por solicitud de Sarkozy hace seis meses para dinamizar la negociación con esa organización guerrillera, dijo que la liberación de Bentancourt y otros rehenes sólo se producirá como resultado de un canje por unos 500 guerrilleros presos.
Esa posición se asumió después que las entregas unilaterales de dos rehenes en un primer paso y de otros cuatro en una segunda acción recibidos por el presidente de Venezuela Hugo Chávez, la senadora Piedad Córdoba,y otros enviados de la región, fueron respondidos por Uribe con el bombardeo al campamento negociador, de cuya existencia conocía tan bien, que uno de sus colaboradores detuvo a tres funcionarios franceses cuando iban a reunirse con Reyes.
Granda ha dicho también que no son peores las condiciones de cautiverio de las personas en poder de las Farc, que las que sufren guerrilleros y campesinos en las cárceles de Colombia. También recordó la situación de los comandantes de las Farc Simón Trinidad (Ricardo Palmera), y Sonia, (Anayibe Rojas), ilegalmente extraditados por el gobierno de Colombia a Estados Unidos, quienes fueron condenados a 60 años de prisión en enero de este año, a pesar de que otros jueces habían determinado que no había razones para que continuara detenido, y la segunda a 16 años .
Los 60 años impuestos a Trinidad deberán ser cumplidos en una cárcel subterránea en Florence, Colorado y Sonia en Fort Worth,Texas. Ninguno de ellos había actuado contra Estados Unidos.
Asimismo el hecho de que Bush haya colocado a las FARC en el listado de “organización terrorista” hace imposible que se haga una negociación en Colombia o que se imponga un corredor humanitario o nada parecido. Washington, con el secuestro de Trinidad en Ecuador, de Granda en Venezuela, y con su guerra contraterrorista y preventiva puede actuar en cualquier circunstancia en que ese grupo guerrillero aparezca en una zona de negociación. Esto quedó muy claro el 1 de marzo pasado en Ecuador.
Es por todo eso, que organismos humanitarios y sectores políticos de América Latina y Europa solicitan a Uribe que las FARC sean nuevamente reconocidas -como lo fueron en todos los intentos de negociación anteriores- como fuerzas beligerantes. Pero a Estados Unidos no le conviene la paz en Colombia. Tiene reservado a este país el destino de portaviones, de sede de sus planes geoestratégicos de recolonización regional.
Y por eso mantiene el mayor ejército de “su” seguridad nacional allí y el mayor ejército paramilitar que registre la historia de América Latina, para los cuáles destina el tercer presupuesto de ayuda militar en el mundo. Tiene tropas y bases estadunidenses en territorio colombiano y un proyecto regional que está apresurando en estos momentos ante el fracaso de su invasión y ocupación de Irak.
En los últimos días comenzó a correr el rumor de un agravamiento en el estado de salud de Betancourt, muy difundido por los medios colombianos, expertos en mentiras y manipulación, como se ha visto en el burdo esquema de guerra sucia armado después de los sucesos de Ecuador.
Esto movilizó a Uribe a mostrar su presunta decisión de liberar a guerrilleros presos, inclusive a los que estén condenados por delitos graves, a cambio de que las FARC entreguen a las personas que están en sus manos.
Políticos de la izquierda colombiana así como la senadora Piedad Córdoba, han analizado que Uribe “no sólo busca aparentar que está dispuesto a buscar una salida, sino que se lava las manos previendo un desenlace fatal en el caso de Ingrid Betancourt”.
Córdoba advirtió en declaraciones a La Jornada de México sobre las severas contradicciones del gobierno de Uribe.“Un día emite dos decretos para liberar guerrilleros presos y al otro anuncia que hará un cerco militar en las áreas donde supone están los retenidos. Al día siguiente, Uribe dice que hará un despeje militar para permitir que una misión médica visite a Ingrid, al mismo tiempo que el ministro de Defensa asegura que sus tropas no renunciarán nunca al rescate de los rehenes por la vía militar” .
Es entonces lejanamente probable que haya una respuesta a la misión francesa por un lado y por el otro se hace cada vez más lejano el intercambio humanitario, que, con la buena voluntad de América Latina, parecía estar al alcance de la mano.
En este caso el presidente de Venezuela Hugo Chávez -a quien los familiares de los rehenes en manos de las FARC siguen pidiendo su intermediación humanitaria-, ha puesto el dedo en la llaga, al sugerir a su par de Francia que hablara con Bush. “Dígale a Bush que él tiene mucho que ver en esto” le dijo Chávez, en una síntesis de donde está la mayor responsabilidad en este caso.
Y esto lo hizo Chávez, mientras Uribe con la misión francesa en casa, reiteraba que no habría zona de despeje para negociar con la guerrilla. Y entonces ¿cómo sería esa actividad?.
El esquema contrainsurgente impera en Colombia desde mucho tiempo atrás, desde que los paramilitares (pájaros) salieron a diezmar al pueblo campesino colombiano después del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, a manos de sicarios de la CIA estadunidense, el 9 de abril de 1948.
Cinco años más tarde(1953) comenzaba la mejor avanzada contrainsurgente al regresar el Batallón Colombia que estuvo involucrado con Estados Unidos en la Guerra contra Corea.
La contrainsurgencia o la Guerra de Baja Intensidad de aquel período histórico, hoy reciclada con nuevos elementos , nuevas tecnologías, nuevas armas, pero con las mismas bases esquemáticas: ilegalidad, acciones criminales encubiertas, torturas, asesinatos masivos, guerra sucia, desinformación, desconocimiento de cualquier regla de guerra común, nunca se fueron de Colombia.
El terrorismo de Estado fue encubierto una y otra vez por seudodemocracias. Todo candidato presidencial peligroso para Estados Unidos simplemente terminó asesinado como Gaitán. También cuando se avanzó en acuerdos de paz, los asesinatos masivos de dirigencias y militantes que emergían a la vida política destruyó todo lo actuado.
Las investigaciones sobre las violaciones de Derechos Humanos en Colombia calculan en más de 200 mil los desaparecidos. Otros miles son “ejecutados extrajudicialmente”. Miles de fosas comunes están regadas en todo el territorio de ese país que registra la cifra del mayor número de muertos en América latina desde principios del siglo XX. Y en este momentos hay millones de refugiados internos en el abandono.
Los recientes acuerdos de Uribe con “las fuerzas beligerantes paramilitares”, autoras de las mayorías de estos crímenes de lesa humanidad, permitieron conocer la magnitud del horror con la apertura de sólo unas 200 fosas comunes, donde todos los cadáveres de campesinos, indígenas, poblaciones afrocolombianas, tenían señales de inenarrables torturas.
Después de todo, los militares colombianos de acuerdo a un artículo introducido cuando se aceptaron los protocolos de Ginebra-recién en 1997- no podrán ser juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos en 'actos de servicio', sino hasta 20 años después de su vigencia. Con impunidad asegurada todo puede hacerse en Colombia.
El Terrorismo de Estado está cada vez más al descubierto con el gobierno de Uribe. No otra cosa significa la “seguridad democrática “ o “la Democracia de la Seguridad Nacional” como en plena Guerra Fría.
El mayor espejo que tienen donde mirarse es el de la “democracia de seguridad” como llama Bush a la invasión y ocupación de Irak, donde han matado a casi un millón de personas, torturando a más del 60 por ciento de la población, saqueando y destruyendo todo a su paso. Una “democracia” de seguridad de cementerios y fosas comunes.
Esta es una realidad que nadie puede desconocer o ignorar cuando se habla del conflicto en Colombia. Y es por eso que el mundo no puede ser atrapado en la perversidad de juegos de guerra y de desinformación utilizando gestos humanitarios, que no sólo son saltos en el vacío, sino que incluso pueden terminar agravando un conflicto a extremos de tragedia. Es criminal jugar con la esperanza y desesperación de un pueblo como el colombiano en estos momentos. Y hacerlo por especulaciones de Baja Intensidad.
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